AVISO A NAVEGANTES
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Nos escriben algunos de los afectados por la lamentable situación de la sociedad mixta que preside el señor Alcalde, para hacernos preguntas que revelan el formidable desconcierto en que se hallan y la confusión que tienen respecto de los actores de este drama. Procuraremos contestar a ellas en futuras entradas, pero hablándoles claro para que luego no se llamen a engaño. Los intereses que ellos tienen en juego y que son legítimos (al fin y al cabo muchos de ellos han entregado sus viviendas confiados), no pueden ocultar (como vienen haciendo desde los diferentes grupos políticos) la cruda realidad: la sociedad mixta de la que son partícipes está en quiebra (eso es lo que nosotros creemos al menos), y en sus balances aparecen activos que no le pertenecen (como la plaza de España y los aparcamientos construidos en su subsuelo) sino que pertenecen a todo el pueblo. Por lo demás, conviene recordarles algunas cuestiones previas, como estas:
EL JUSTIPRECIO
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El justiprecio calculado para la actuación de la UE-1 por los servicios técnicos municipales fue de 12.702.060,35 €, incluido el 5% de premio de afección. Esta era la valoración de los bienes y derechos a expropiar que luego serían aportados al capital social de la sociedad mixta a crear. De esos derechos expropiados (18.591 m2 de edificiabilidad), el 49% sería retenido por el Ayuntamiento para financiar las obras a ejecutar, incluidas lógicamente las nuevas edificaciones a retornar a los propietarios (el 51 % restante). Así pues, el Ayuntamiento tenía que acometer estas obras con la venta del 0,8673 m2/m2 del aprovechamiento asignado a la Unidad, lo que ya hacía la operación claramente inviable.
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EL JUSTIPRECIO APROBADO
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El justiprecio aprobado por el pleno municipal de 28 de mayo de 2008, fue exactamente el calculado por los servicios técnicos. Lo que nadie ha explicado es por qué cuando se funda y constituye la sociedad mixta ante el señor notario 15 días después, el justiprecio aprobado es distinto y el capital social también, pasando de 12.702.060,35 € a más de 18 millones. Repetimos, el acuerdo del pleno del día 28 de mayo de 2008 fue cambiado e incumplido el día 9 de junio cuando se constituyó la sociedad, irregularidad que nadie ha explicado y de la que nadie se ha molestado en pedir expliciaciones tampoco.
LA FÓRMULA
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La fórmula elegida fue una sociedad mixta (gestión indirecta) privada con participación de los propietarios (parte privada) en proporción al 51 %. En realidad lo que hicieron fue cambiar el sistema de gestión de expropiación por el de cooperación, pero al revés. Un informe redactado por los cargos de confianza de IU (asesora jurídica y luego secretaria del consejo de la sociedad, y la directora del Área de Urbanismo) advertía de que no era indiferente para el régimen legal y jurídico de la sociedad que el Ayuntamiento tuviese menos del 50 % de las participaciones. Lo cual pone de manifiesto que en el Ayuntamiento eran perfectamente conscientes de que esta fórmula impedía considerar a esta empresa como pública y ni siquiera semipública, sino enteramente privada al menos por la composición de su capital social.
LOS COSTES PRESUPUESTADOS...
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Un Estudio de Viabilidad firmado por la dirección facultativa y debidamente actualizado, cifraba los costes totales de las obras en algo más de 51 millones. Por su parte, los costes a financiar íntegramente de los bienes a devolver a los propietarios libres de cargas, ascendían según este Estudio a más de 19 millones de euros. Es decir, eran valorados en 7 millones más del Justiprecio aprobado. Los propietarios recibirían pues unos bienes revalorizados en casi el doble. Este es el documento oficial que manejaron y aprobaron los responsables municipales.
... Y LA REALIDAD CUATRO AÑOS DESPUÉS
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La realidad es bien distinta cuatro años después, pues aquellos costes de 51 millones se han convertido en 78 millones de pasivo exigible a corto plazo, tal y como se recoge en los balances contables a 31 de diciembre de 2011 (nos llegan noticias de que han aparecido 4 millones más de deudas). Las cuentas de la sociedad no fueron aprobadas durante varios ejercicios, y nadie se ocupó de exigir y conocer su estado. Solo cuando en el último mes de junio, impulsados por la necesidad, los administradores llevaron sus cuentas a la Junta de partícipes, éstos pudieron tener una idea aproximada de la situación. Si bien para entonces ya era demasiado tarde, pues unos días antes los administradores habían declarado su insolvencia en un juzgado de lo mercantil de Madrid.
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(continuará)
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