EL INSÓLITO EMPECINAMIENTO EN EL ERROR DEL ALCALDE CORPA ARROPADO POR CIUADADANOS
(O CÓMO HEMOS LLEGADO A ESTO)
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El conocido como caso plaza de España, la descabellada actuación urbanística llevada a cabo en el corazón mismo del conjunto histórico de nuestro municipio, se ha producido como consecuencia de una inconcebible sucesión de dislates y atropellos dignos de la mejor antología de los horrores urbanísticos (y económicos) jamás ocurrido en municipio alguno de la Comunidad de Madrid. Y, el problema, es que esos disparates no cesan por lo que se ve y se acredita mediante el último de los acuerdos adoptados por el pleno municipal en el sentido de autorizar al alcalde para formalizar un crédito ¡avalado al parecer por el Ministerio de Hacienda!, con objeto de "comprar activos" que, así lo aseguran, tiene en su balance la mercantil Plaza de España San Fernando SL.
El empecinamiento en el error es una característica de políticos predestinados que aspiran a sustituir la legalidad por su exclusiva voluntad. Puro voluntarismo suicida porque, en el fondo, hay políticos que viven en una permanente creencia de que se hallan investidos de poderes mágico por el solo hecho de que la suya, su ideología, no solo es infalible porque para eso recibe los votos, sino inmune al error hasta que, como sucede ahora, algunos años después se ven sentados en un banquillo de los acusados para dar cuenta de sus trapacerías. Es entonces cuando aparece el llanto y el crujir de dientes. Pero, mientras tanto, que le quiten lo bailado.
Hay tres cosas que llaman poderosamente la atención del caso plaza de España: i) la ausencia total de expediente alguno de infracción urbanística por parte del Ayuntamiento contra PESF, a pesar de las numerosas y muy graves violaciones del ordenamiento jurídico urbanístico incluido el propio PGOU, ii) la ausencia total de acciones de los grupos de la oposición en los procedimientos penales abiertos, a pesar de las graves imputaciones que en las dos causas ya en trance de juicios orales, se formulan contra los que fueran administradores y responsables políticos del caso plaza de España, y iii) la circunstancia también de que nadie, ningún grupo de la oposición, haya pedido responsabilidad alguna a los autores de estos desmanes por el escandaloso daño patrimonial y económico infligido a la Corporación. Cuyo monto en forma de millonarias indemnizaciones alcanzará fácilmente la espeluznante cifra al final de las actuaciones judiciales muy próxima a los 150 millones de euros.
EL SUICIDA (Y SIMPLE) PENSAMIENTO POLÍTICO DEL ALCALDE CORPA EN RELACIÓN CON EL CASO PLAZA DE ESPAÑA: LO QUE NO PUEDO (O NO QUIERO) LEGALIZAR LO COMPRO. JESÚS GIL NO LO HARÍA MEJOR
El alcalde Corpa parece estar en la creencia de que su misión como tal a juzgar por su actitud a lo largo de estos casi ya cuatro últimos años (en realidad en mayo próximo hará la friolera de dieciséis años que llevará viviendo del presupuesto municipal; todo un récord en nuestro Ayuntamiento), es la de no hacerse cargo de nada.
Arropado por visionarias asesoras áulicas (cuanto daño han hecho a nuestro municipio estos políticos y políticas en la sombra que son las que de verdad deciden en el fondo, pero sin presentarse nunca a las elecciones ni dar la cara), le han hecho interiorizar que ninguna responsabilidad le alcanza porque, en el fondo, no se sienten vinculados por la ley y, en todo caso, esta puede ser fácilmente burlada.
Y mucho más cuando, además, han conseguido incorporar con plena complicidad a Ciudadanos (un partido que no ha abierto la boca para mostrar una sola disidencia del PSOE a lo largo de este mandato), y una oposición atomizada o más despistada que una cabra en un garaje, como ha quedado de manifiesto en el asunto de las petición de los 22 millones para comprar "activos" inexistentes a PESF o no incorporados a su patrimonio.
Vienen sucediendo muchas cosas en la penumbra (que no es de acceso público) de la gestión municipal, que va en la misma dirección empecinada de la época del alcalde Setién cuando, allá por el mes de marzo de 2010, fue emplazado a parar la actuación en la UE-1 por las muchas irregularidades ya apreciadas entonces (luego se conocieron muchas más que ponen los pelos de punta). Apostando, por el contario, por emprender una huida hacia adelante que, varios años después no era sino un huida hacia el banquillo de los acusados próximamente y por partida doble: por las graves irregularidades urbanísticas y por las gravísimas irregularidades económicas.
Y ello porque, emplazado el señor Setién a parar la actuación en una sesión plenaria a instancias del PP cuando ya se advertían graves irregularidades (como la aportación de una plaza pública al capital social de un mercantil que empecinadamente negaba), decidió que los votos (la mayoría arropada con la complicidad entonces de su socio de gobierno, el PSOE) le daban la razón y, con arrogante menosprecio a las voces denunciantes, decidió por el contrario seguir adelante simplemente porque tenía más votos.
Algo parecido le viene sucediendo ahora al alcalde CORPA, solo que en esta ocasión su acompañante cómplice resultar ser Ciudadanos. Un partido que no tuvo responsabilidad alguna cuando sucedieron los hechos, pero metido hasta cuello ahora como socios de gobierno (mudos además) del POSE, en lo que de nuevo es una huida hacia ninguna parte (o en todo caso hacia los banquillos también), al participar de lleno en una absurda solución del caso plaza de España digna del gilismo de Marbella: lo que no puedo legalizar, lo compro.
Resulta además incomprensible que se le ocurra esto precisamente a quien, formando parte de la Junta de Gobierno, acordó junto con los demás asistentes que no había que cederle nada al Ayuntamiento, ni siquiera la plaza pública usurpada por PESF, y que ahora, catorce años después se propone obtenerla pero comprándosela a la usurpadora. O, lo que es lo mismo, se propone "comprar" a PESF lo que hace catorce años le regaló en tanto que miembro de la Junta de Gobierno Local.
Vamos pues a ir desgranado en los próximos días la que parece es ya una decisión irreversible del alcalde Corpa, incapaz de aprender en la cabeza ajena del exalcalde Setién, en esta carrera enloquecida emprendida con la complicidad de Ciudadanos (y la complaciente abstención del PP; menos mal que al menos hubo dos votos en contra por parte de los grupos de la oposición para salvar la dignidad), hacia lo que bien puede ser el nuevo viaje hacia ninguna parte o, en el peor de los casos, hacia el precipicio político de sus autores.
UNAS OBRAS CLANDESTINAS
Esto que ven ustedes amables seguidores de este blog en la foto de arriba, es la plaza de España tras su remodelación llevada a cabo por la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL aunque aún están sin terminar. Pues bien, todo lo que ven aquí junto con la zona sur que no se ve, es lo que en leguaje forense de las resoluciones jurisprudenciales de los tribunales de justicia, se conoce como "obras clandestinas" porque han sido ejecutadas sin amparo del PGOU y mucho menos del Plan Especial que el propio alcalde Corpa votó en un pleno de 2 de diciembre de 2009, previas desestimaciones de nuestras alegaciones al mismo.
Este Plan Especial aprobado por el señor Corpa como se dice en diciembre de 2009, no se halla publicado y, por lo mismo, las obras ejecutadas en plaza de España son, según la definición de los Tribunales, unas obras clandestinas por esa razón.
COMENZAR LA CASA POR EL TEJADO
Visitando unas "obras clandestinas"
De las cuatro personas que aparecen en la foto, tres de ellas se hallan encausadas por presuntos delitos contra la ordenación del territorio entre otras causas. Y otros dos además por presuntos delitos de insolvencia punible de la sociedad mercantil en otra causa y para los que la fiscalía pide penas de cuatro años de prisión según ha podido saber El Molino. Ahora, el alcalde Corpa que también está denunciado por nuestra Asociación, parece querer acudir al rescate de todos (y de sí mismo) pretendiendo comprar un formidable embrollo urbanístico que él mismo contribuyó a crear. Razón por la cual, como mínimo debería de abstenerse en las votaciones relacionadas con este asunto, porque tenemos perfecto derecho a suponer que, en realidad, trata de rescatarse a sí mismo.
Cuando se iniciaron las primeras actuaciones relacionadas con la ejecución de la UE-1, allá por el año 2006 (gobernaba en solitario IU y era alcaldesa Monserrat Muñoz), se sabía que el PGOU tenía graves errores cuyo corrección previa a iniciar cualquier actuación era absolutamente imprescindible. Sin embargo, las urgencias electorales y por lo tanto el calendario político, llevó al entonces equipo de gobierno a ignorar esos graves inconvenientes técnicos y acelerar el inicio de las actuaciones por expropiación.
Esos errores sin embargo intentaron ser corregidos muchos años después (en el 2009), incluso cuando ya se habían otorgado las licencias de obras.
Nuestra asociación presentó alegaciones al Plan Especial promovido precisamente para dar solución a esos errores por PESF, pero el pleno municipal, con el voto solidario del señor Corpa, las rechazó. Y, lo que es más insólito, aquel Plan Especial que fue aprobado definitivamente el día 2 de diciembre de 2009 con el voto favorable de IU y PSOE y por supuesto del hoy alcalde Corpa, ¡aún está sin publicar y por lo tanto no ha entrado en vigor y al señor Corpa le consta esto!
Es archiconocido también que las licencias otorgadas sin la cobertura de los planes (incluidos los planes no vigentes por su no publicación), entre otras consecuencias, no permiten a su promotor atribuirse la patrimonialización del aprovechamiento y mucho menos si además las obras no han sido plenamente ejecutadas. Razón por la cual, PESF no puede ser titular en absoluto de esos aprovechamientos urbanísticos (activos los llaman ahora) y, por lo mismo, PESF no puede vender a nadie lo que no le pertenece y nadie se lo puede adjudicar tampoco. A ver si se enteran nuestros corporativos y singularmente el alcalde Corpa.
VENDER EL OSO ANTES DE CAZARLO
(O LO QUE LOS AFECTADOS POR EL METRO DEBERÍAN DE SABER Y NADIE LES EXPLICARÁ)
Aquí vemos al hoy alcalde Corpa (circulado en rojo) en la mesa presidencial de un sorteo de viviendas protegidas de la UE-1 en el año 2011 precisamente, y en cuyo acto, intervenido por notario además, se llevó a cabo una de las operaciones más mendaces de cuantas se han perpetrado en este lamentable caso de plaza de España: el sorteo de 52 viviendas de VPPL entre cuatrocientos solicitantes que ni siquiera tenían solicitada la calificación correspondiente, no estaban terminadas, etc. Y, lo más importante: a esa fecha la sociedad mercantil PESF ya estaba en situación de insolvencia total. Lo cual no impidió que, después del sorteo, fueran requeridos los agraciados para que ingresaran en la caja de la sociedad mercantil PESF 12.480 euros en concepto de "reserva" de las viviendas.
Por supuesto, los cándidos agraciados por el sorteo nunca fueron advertidos de nada al respecto, y cuando han pretendido reclamar incluso sus "reservas" al propio Ayuntamiento, el alcalde Corpa y Ciudadanos les han hecho un corte de mangas y a otra cosa mariposa.
Interpelado el señor Corpa acerca del motivo de ocupar la mesa presidencial del sorteo, alega que fue "engañado" sin que diga por quién. Pero, los que sí que fueron engañados fueron los ilusos agraciados por el sorteo porque hoy, doce años después, ni tiene las viviendas ni tampoco el dinero que depositaron y que ha desaparecido en el marasmo de la administración de PESF. El señor Corpa estaba en la mesa presidencial para arañar votos nada más, que es lo único que le interesa a los políticos.
Y el engaño de que dice fue objeto no le costó a él un solo euro. Al contrario, tal vez le cayó algún voto porque nunca faltan almas cándidas que se dejan seducir por promesas de políticos cuyo único interés consiste en eso; hacer creer al personal que lo que sortean o entregan (en este caso unas viviendas que nunca fueron entregadas), es gracias a ellos. A los que sin embargo sí les ha costado y han sido víctimas de una presunta estafa cada uno de ellos, son esa veintena de víctimas de segunda arrinconadas e ignoradas por el actual equipo de gobierno encabezado por el alcalde Corpa, y que se propone, además, comprar esas viviendas comprometidas casi contractualmente con los agraciados del sorteo, para, según dicen, adjudicárselas a los afectados por la situación de la línea del metro. Víctimas de primera que, por su singular instrumentalización política, son de primera. Contra las víctimas de la plaza de España que, como es este caso, son víctimas pero de segunda porque de su calamidad son responsables ellos y no otros.
Sirva lo anterior para advertir a unos y otros, que si se fían de las promesas de estos políticos y más en año electoral, pueden acabar como les pasó a los agraciados del sorteo porque, con seguridad, nadie se ha ocupado ni se ocupa de depurar previamente la situación física y jurídica de esos inmuebles que, al parecer, han sido objeto de una doble promesa en todo caso: la de los agraciados del sorteo (52 viviendas al menos) y ahora, al parecer, también a los realojados víctimas de la línea del metro.
POR QUÉ EL ALCALDE CORPA SE NIEGA A RESTABLECER LA LEGALIDAD URBANÍSTICA EN LA ACTUACIÓN DE LA PLAZA DE ESPAÑA Y LA RESPONSABILDIAD EN LA QUE PUEDE ESTAR INCURRIENDO
La actuación urbanística en la plaza de España ha sido llevada a cabo atropellando en no pocos casos la legislación urbanística. Esto es algo que sabe el Ayuntamiento al menos desde que, en octubre de 2014, uno de los arquitectos municipales expuso en un detallado informe las razones por las que no era posible autorizar u otorgar la licencia de primera ocupación en estas viviendas a petición de PESF.
En congruencia con ello, nuestra asociación procedió a pedir al alcalde Corpa a primeros del año pasado, que procediera a incoar los oportunos expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida por PESF y, en su consecuencia, previa comprobación de las infracciones y su posible legalización, si ésta no era posible procediera a ordenar las demolición de lo ilegalmente construido.
Sin embargo, el alcalde Corpa, seguramente asesorado por esas voces áulicas que nunca dan la cara, ha decidido que no le da la gana restablecer la legalidad urbanística porque, según él, eso lo tienen que resolver los jueces. Así, como suena. Es decir, que allí donde la ley de suelo fija como responsable del restablecimiento de la legalidad urbanística al alcalde, y que éste ineludiblemente debe actuar, el alcalde Corpa dice que eso se lo dé resuelto un juez.
En fin, el señor Corpa sabrá lo que hace (es un decir) o, cuando menos, él sabrá por qué se niega a restablecer la legalidad urbanística palmariamente infringida por PESF en esta actuación. Pero, lo que desde luego es infumable es suponer que no incurre en ninguna responsabilidad de todo tipo si no lo hace.
Pero sea como sea, lo que todo el mundo debe saber es que, si no proceden a depurar la situación urbanística de lo que ellos denominan "activos" de PESF antes de adquirirlos, lo que va a suceder es que, quien los adquiera incluso de buena fe, se subroga en las obligaciones urbanísticas incluida la obligación de la demolición de lo construido contra el ordenamiento urbanístico, aunque se trate incluso de terceros de buena fe como pueden ser los futuros adjudicatarios a los que parece el alcalde Corpa pretende favorecer con esta operación.
Y para que nadie se llame a engaño o diga luego que nadie se lo advirtió, vamos a ver algunos ejemplos de lo que decimos, esto es, gravísimas infracciones urbanísticas que el alcalde Corpa se niega a restablecer ordenando su demolición dado que se trata de obras manifiestamente ilegalizables.
ALGUNAS DE LAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS MÁS GRAVES QUE EL ALCALDE CORPA SE NIEGA A RESTABLECER
Esto que ven ustedes aquí es un reciente certificado expedido por el señor Secretario General Municipal a petición de un juzgado, con el visto bueno del propio señor Corpa, y en el que se expresa que el aprovechamiento máximo permitido en la UE-1 según el PGOU es de 18.591 m2.
Y esto es lo que realmente se ha construido sobre rasante: 21.659 m2. Es decir, 3.068 m2 más de lo que permite el PGOU.
Pues bien, el señor Corpa, al parecer, ha decidido que, en lugar de cumplir con su obligación de ordenar demoler lo ilegalmente construido porque obviamente es ilegalizable ya que el PGOU solo permite 18.591 m2, lo mejor es comprarlo. Es decir, que el Ayuntamiento, mediante esta operación, lo que realmente va a comprar es un formidable embrollo urbanístico y que, si adjudicara esas viviendas sin depurar su legalidad, le endosaría el muerto a los adquirentes porque, en nuestro ordenamiento urbanístico, las obligaciones urbanísticos incluidas las infracciones se van subrogando de adquirente en adquirente. Con lo cual nos podíamos ver conque les serían adjudicadas viviendas a esos nuevos adjudicatarios, que sin embargo se verían obligados luego a demoler ellos mismos.
O por ejemplo esta otra gravísima infracción perpetrada con las plazas de garaje subterráneo, cuya edificabilidad máxima autorizada por la licencia es de 7.996,17 m2 como puede verse en la parte dispositiva de la misma.
Cuando en realidad se han construido nada menos que 18.287,88 m2 bajo rasante, sin perder de vista que casi un centenar de esas plazas han sido construidas en suelo de dominio público como bien saben en el Ayuntamiento desde, al menos, octubre de 2014.
O las obras de urbanización de la propia Plaza de España, ejecutadas sin licencia municipal y sin autorización tampoco de la D.G. de Patrimonio Histórico de la CAM.
Y aquí tenemos de nuevo la prueba de que, al menos desde octubre de 2014, el Ayuntamiento, sus técnicos, sus corporativos y desde luego el alcalde Corpa, saben que las obras de urbanización de la plaza de España son ilegales porque fueron ejecutadas sin licencia ni autorización alguna.
Y, para que no falte de nada, aquí vemos que también desde al menos octubre de 2014, el Ayuntamiento, los técnicos municipales, todos los corporativos y singularmente el señor Corpa, saben que las obras ejecutadas en el ámbito de plaza de España adolecen de la falta de cobertura del Plan Especial porque, sencillamente, nadie se ha ocupado de ordenar su publicación y por lo tanto no ha entrado en vigor. O, lo que es lo mismo, las licencias que fueron otorgadas para la ejecución de las obras de plaza de España, lo fueron sin la cobertura legal del PGOU.
El bloque que aparece en la foto para la historia y en la que se hallan representados nada menos que seis partidos distintos, ha decidido tirar por la calle del medio y, en lugar instar la legalización de las obras de plaza de España ilegalmente ejecutadas, lo mejor es comprar las infracciones. Descabellada tesis a la que se sumó con entusiasmo también el grupo municipal del PP, si bien, por pudor tal vez, decidieron abstenerse. Abstenerse de votar. Así, como suena.
Decididamente, este municipio no tiene solución.
AVISO A NAVENGANTES
El acuerdo de pedir un crédito de 22 millones de euros para comprar un formidable embrollo urbanístico por parte del Ayuntamiento, no puede sino causar estupefacción. Es patente que estamos gobernados por personas con una escasa o mínima preparación técnica o que están muy mal aconsejados, porque de otra forma no se explica. Que el alcalde Corpa se niegue a restablecer la legalidad urbanística infringida es una decisión que, además de no ajustarse a derecho como acordarán los Tribunales, es una grave irresponsabilidad porque, inexorablemente y aunque él no lo sepa o no se lo hayan advertido, está vinculado por la ley y, ordenar la suspensión de los obras, revisar las licencias ilegales y acordar la demolición de lo ilegalmente construido, es una obligación legal que no puede eludir. Pero, decidir además que, en lugar de cumplir con sus obligaciones legales de restablecer la legalidad urbanística infringida, la solución es comprar este formidable caso de infracciones urbanísticas al por mayor, constituye una irresponsable deriva a la que no le faltan acompañantes decididos a sustituir la legalidad por el puro voluntarismo irresponsable. El caso plaza de España no es que entre en vías de solución, es que se desliza inexorablemente por la misma senda que está en el origen del problema: la creencia de que, por tener los votos, la legalidad no es otra que su sola voluntad. Más pronto o más tarde se darán cuenta de que esas vías esperpénticas no las puede asumir una administración pública seria. Y si no, alguien acabará enseñándoles que eso no se puede permitir. Todo acabará en otro escándalo más a añadir a este esperpento que parece no tener fin. Al tiempo.