COMIENZA EL GRAN EXPOLIO (I)

O DONDE DIJE DIGO...

...QUISE DECIR DIEGO...

CUADRO QUE EXPLICA EL EJEMPLO VIVO DE UN CASO REAL POR EL QUE EL AYUNTAMIENTO, ES DECIR, USTED CONTRIBUYENTE, VA A PAGAR UN FORMIDABLE NEGOCIO PARTICULAR CON ESTE PRÉSTAMO DEL FONDO DE IMPULSO ECONÓMICO

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O CÓMO ENDEUDARSE PARA ENCUBRIR UN EXPOLIO

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El Ayuntamiento en pleno del pasado día 22 de marzo autorizó al equipo de gobierno acogerse a un denominado Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda, para suscribir un préstamo con el ICO por importe del 33 millones de euros para pagar lo que denominan "sentencias del caso plaza de España". Pero que en realidad no es otra cosa que pura y dura responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.

Por lo que hemos podido leer y escuchar, algunos de nuestros conspicuos corporativos han presentado esta operación incluso como el inicio del principio de la "solución" del caso del plaza de España. Ignorando y confundiendo al personal (no sabemos si intencionadamente o porque desconocen de lo que hablan), lo que son deudas por responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento (anormal funcionamiento de la administración), con las deudas contraídas por PESF SL, que objetivamente no se saldan con esta operación sino que se mantienen y engrosan cada día que pasa. Se trata pues de pura responsabilidad municipal in vigilando que ocurrió durante el periodo de tiempo de 2008 a 2011. Y, por consiguiente, bajo el gobierno de la coalición de IU y PSOE.

El pleno municipal acordó efectivamente autorizar esta operación de endeudamiento con el voto favorable de SFHSP, IU y PSOE. Sin embargo nadie explicó ni tampoco se preguntó de dónde vienen todas estas deudas y, particularmente, el origen de estas sentencias de lo contencioso muchas de ellas en fase de ejecución. Vamos pues a explicar al personal un caso real que se puede seguir en el cuadro de arriba (y que es de fácil comprensión) con objeto de que todo el mundo entienda de dónde provienen todas estas condenas que finalmente van a representar un formidable negocio para muchos de los antiguos socios de PESF SL, pero respecto de cuya responsabilidad personal directa nadie ha dicho nada. 

Hay que tener en cuenta que la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento lo es, según las sentencias, por ocupaciones ilegales de fincas, daños patrimoniales a particulares, falta de vigilancia de la solvencia financiera de PESF SL, etc. Es decir, de hechos objetivos del funcionamiento anómalo del Ayuntamiento durante el periodo de 2008 a 2011, y de los que nadie, absolutamente nadie, se ha hecho responsable. Es como si en ese periodo el Ayuntamiento hubiera estado gobernado por unos extraterrestres.

GRAN NEGOCIO A COSTA DEL EXPOLIO MUNICIPAL

Como decimos, el caso del cuadro de arriba es un caso real ocurrido con la gestión de PESF SL, y los importes que figuran en el mismo son reales y responden a cantidades e importes contenidos tanto en los documentos contractuales como en las propias sentencias judiciales. Y he aquí el formidable negocio.

Un pequeño local de apenas 130 metros cuadrados en el cual se realizaba una modesta actividad de venta de zapatos, es propiedad de una sociedad que a su vez tiene otras dos tiendas más en la localidad. Este local en realidad no estaba afectado por la actuación de la UE-1, pero por diversas circunstancias junto con otros 35 propietarios, decidieron adherirse a la actuación no sin mediar varios engaños por parte de los responsables de la sociedad mixta. Para ello firmaron un denominado convenio expropiatorio, pero ese convenio nunca lo autorizó el pleno ni órgano municipal alguno. Simplemente fue firmado por el que entonces era consejero delegado de PESF SL, quien, obviamente, carecía de facultad alguna para expropiar a nadie. 

En dicho convenio se establecieron una serie de condiciones, entre ellas el pago de un formidable lucro cesante de 12.000 euros al mes durante los 39 meses previstos de las obras. Es decir, en total le fueron abonados por PESF SL nada menos que 468.000 € en concepto de lucro cesante.

A su vez, el local tenía constituida una hipoteca por importe de 252.601 €, que naturalmente PESF SL le amortizó anticipadamente. Por su parte y según el citado convenio, se equiparaba su justiprecio (ya decimos no obstante que estos convenios nunca pasaron por el pleno municipal) a 91.143 €, con lo cual suscribió 130 participaciones de la sociedad. Es decir, a este socio (y otros muchos también), se le permitió pagar las 130 participaciones con una aportación no dineraria (el local) que en realidad estaba hipotecado. O lo que es lo mismo, se le permitió pagar pero aportando una deuda de más de 250.000 € de la que no obstante PESF SL se hizo cargo pero abonándola con cargo a los préstamos hipotecarios. ¿Alguien en su sano juicio puede suponer que una sociedad mercantil cualquiera, admitiría el pago de la suscripción de unas participaciones de un socio aportando el adquirente una deuda que, en este caso además, es casi tres veces superior al valor del justiprecio acordado? Bueno pues en el caso de PESF SL sí fue posible eso: suscribir y pagar participaciones societarias con una deuda del adquirente que, además, era tres veces superior al valor facial de las participaciones.

Y, además, se le constituyó un aval por importe de 50.890 € que naturalmente ejecutó en julio de 2013. De forma tal y que al día de la fecha, la sociedad propietaria de este local habría cobrado de PESF SL la nada despreciable cantidad de 771.491 € por un inmueble que la propia sociedad mercantil mixta y la adquirente aceptaba valorar en 91.143 €. ¡Formidable negocio!

Pues bien, llegado el momento, dicha sociedad interpuso una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento en 2014, al tiempo de personarse también en el concurso de acreedores donde el AC le tiene reconocido un formidable crédito contra la masa. Y, en dicha demanda, exigía el pago por el Ayuntamiento de 575.763 € entre otras cuestiones. En una primera instancia, dicha reclamación le fue reconocida por el juzgado de lo contencioso así como el pago de los intereses legales menos el importe de la hipoteca. Recurrida por el Ayuntamiento al TSJ de Madrid el fallo fue aún más oneroso, pues el Tribunal Superior añadió además una indemnización del 25 % del valor del inmueble que habría de ser realizado por un perito, por ocupación ilegal por parte del Ayuntamiento.

Pues bien, ateniéndonos al literal de las sentencias y utilizando el importe reclamado por el demandante, los intereses legales desde 2009 a 2017, la indemnización fijada del 25 %, y deducido también el importe de la hipoteca y el aval, lo que a esta sociedad habría que abonarle por parte del Ayuntamiento junto con lo que habría cobrado ya de PESF SL, ascendería a nada menos que 1.484.221 €. O lo que es lo mismo, por cada metro cuadrado de este local se habrían pagado finalmente por parte de PESF SL y del Ayuntamiento nada menos que 11.415 €/m2. ¡El precio que cuesta el metro cuadrado de un local en la calle Preciados de Madrid!

Pero es que, además, dado que la propietaria de local es una sociedad mercantil que tiene sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil, nos permite hacer un seguimiento de la evolución de su cuenta de resultados. De forma tal que en los años 2007 y 2008, arrojaba unas pérdidas de -87.000 y -46.000 euros respectivamente, mientras que entre 2009 y 2011 arrojó beneficios de entre 26.000 y 23.000 euros.

He aquí un ejemplo (hay muchos más por supuesto) de cómo, la operación de endeudamiento del Ayuntamiento por nada menos que 33 millones de euros, autorizada el pasado día 22 por el pleno, está destinada en realidad a completar una serie de escandalosas operaciones encubiertas que, como es este ejemplo, no son sino verdaderos casos de expolio acordados en el seno de la lamentable gestión del PESF SL, soportado con la aquiescencia de Bankia, y ahora endosadas al Ayuntamiento con el apoyo de SFHSP, IU y PSOE. Esto es realmente, sufrido contribuyente, lo que va a pagar usted en los próximos diez años. Un formidable negocio particular soportado por un préstamos de 33 millones de euros que en realidad encubre una operación de expolio municipal y el intento de exoneración de sus verdaderos responsables.

LA CASTA QUE SE RESCATABA A SÍ MISMA...CON LA AYUDA DE PODEMOS

ESPERPENTO EN DOS ACTOS

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El pasado día 22 de marzo se produjo uno de esos esperpentos que uno nunca espera ocurra en el seno de una sesión plenaria de una administración pública. Estaban citados los corporativos por el gobierno municipal con objeto de aprobar una operación de crédito por importe de nada menos que 33 millones de euros para hacer frente a las "sentencias ya firmes del caso plaza de España". Estas condenas del TSJ de Madrid  que se aproximan a cerca de treinta, lo son todas por RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO y por demandas interpuestas por los socios de PESF SL. El acuerdo requería mayoría absoluta, para lo cual el Equipo de Gobierno (el más interesado en aprobarlo) requirió implorante el apoyo del grupo municipal socialista y de lo que queda de IU. Es decir, de los autores del formidable agujero económico provocado por la gestión del caso plaza de España en las legislaturas anteriores. Y así, en la primera sesión, el acuerdo fue rechazado porque el grupo municipal socialista al parecer había adoptado un acuerdo en virtud del cual su voto sería en el mismo sentido que el del grupo municipal popular. Lo cual es bastante desconcertante. Y como éste se abstuvo, el grupo socialista también lo hizo. De modo que la propuesta del equipo de gobierno quedó rechazada.

El nerviosismo del equipo de gobierno degeneró luego en pánico al ver que su propuesta para endeudar aún más al Ayuntamiento por los próximos quince años no prosperaba, teniendo además la espada de Damocles sobre sus cabezas en forma de ejecución de sentencias millonarias acordadas por el TSJ de Madrid, y sin liquidez suficiente para hacer frente a esas obligaciones. Pero he aquí que apenas una hora después y previa negociación con el grupo municipal socialista, se llegó a un acuerdo y, previa nueva convocatoria urgente, celebraron de nuevo un pleno donde, por fin, los socialistas accedían a aprobar la operación de endeudamiento de nada menos que 33 millones. ¿Qué había pasado en ese encuentro? De todo.

Nos han llegado unas grabaciones de estas reuniones que ponen los pelos de punta, por cuanto que, al parecer, lo que indujo realmente a los socialistas a cambiar de opinión en tan solo una hora, fue debido a la presión ejercida por empleados y cargos sindicales municipales, pendientes de este acuerdo porque de otra forma veían la quiebra municipal a la vuelta de la esquina. Como si este préstamo pudiera evitarla, cuando solo la aplaza además de agravarla, claro. Así fue pues cómo los grupos municipales, presionados por los empleados municipales y convertidos en verdaderos representantes sindicales suyos, decidieron aprobar una operación de endeudamiento brutal (casi el importe de un ejercicio económico entero) para pagar las millonarias deudas (solo una parte de ellas, claro está) que ha dejado su gestión del conocido como caso plaza de España. Y que, naturalmente, acaba pagando el Ayuntamiento. Es decir, todos los sufridos contribuyentes.

En definitiva, que tras esos plenos con desacuerdo y marcha atrás protagonizados por el grupo municipal socialista, se rescataron a sí mismos con la inestimable ayuda de la versión local de PODEMOS. Sí, los mismos que nos aseguraban en su programa electoral de 2015 que harían una auditoría de la deuda municipal y que llevarían a los tribunales a sus responsables. Pues ya ven, nada de nada sino todo lo contrario. Han conseguido rescatarse a sí mismos y se lo ha puesto en bandeja el propio equipo de gobierno. Quien no solo ha pasado de auditoría independiente alguna, sino que, además, lo ha presentado todo como si de rescatar a los empleados municipales se tratara. Lo dicho, un esperpento que sin embargo ni soluciona el problema de fondo ni, a lo que parece, servirá para otra cosa que para agravar aún más la situación. Solo es cuestión de tiempo.

Programa electoral de SFSP con que se presentó a la elecciones municipales de 2015. Como se puede ver, afirmaban que realizarían una auditoría independiente junto con las empresas municipales. Pero la realidad es que la EMS está quebrada y en liquidación y PESF SL igual. Ni han hecho auditoría alguna ni tampoco han exigido responsabilidad a nadie. Ni por el caso de plaza de España ni por la UG-5 ni por nada. Se han limitado a pagar o a endeudarse con la aquiescencia precisamente de los responsables de todos los atropellos habidos en las legislaturas anteriores. Es decir, se han convertido en cómplices del desastre acumulando una tras otra todas las deudas que, en algunos clamorosos casos, nunca debieron pagarse. Ya veremos no obstante cómo acaba todo esto. De momento, el programa electoral de SFSP lo ha tirado a la papelera el propio equipo de gobierno a poco más de un año de las próximas elecciones.

Incomprensible documento que los grupos municipales exigieron que firmara la alcaldesa para apoyar la propuesta del equipo de gobierno en el pleno pasado. El caso plaza de España cogestionado con la oposición a través de la Comisión Especial del mismo nombre. Es decir, con buena parte de los causantes del desastre. Inaudito todo.

Escrito del Ministerio de Hacienda dirigido a la alcaldesa en mayo de 2017, según el cual el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento consolidado (con las deudas de la EMS y de PESF SL), se situaría en un 206,56 %. Teniendo en cuenta que, al parecer, la deuda registrada en el Banco de España perteneciente a la empresa mixta asciende a más de 65 millones de euros. ¡Ojalá fueran solo 65 millones! Cuando el endeudamiento máximo permitido por la Ley de Haciendas Locales es del 110 % de los ingresos corrientes.

Sentencias firmes ya del TSJ de Madrid (hay casi treinta) por las que se condena al Ayuntamiento de San Fernando por Responsabilidad Patrimonial. Al parecer al pago de estas sentencias quieren dedicar los 33 millones de euros del conocido como Fondo de Impulso Económico creado por el Ministerio de Hacienda en el año 2014. ¿De verdad es posible acogerse a este fondo par pagar deudas por responsabilidad patrimonial? Lo que hay que ver.

La Responsabilidad Patrimonial por la que viene siendo condenado el Ayuntamiento de forma unánime por cerca de treinta sentencias ya firmes del TSJ de Madrid, lo es por un funcionamiento anormal de la administración; un daño patrimonial ocasionado en este caso por el Ayuntamiento  al ejecutar la actuación en la UE-1 de la plaza de España, con ocupaciones ilegales de propiedades de particulares incluidas y sin expediente de expropiación alguno. Además de que se trata de negocios jurídicos realizados por el Ayuntamiento quien, según esas sentencias, tuvo también una responsabilidad decisiva in vigilando que no ejerció: obligación de vigilar la solvencia de la sociedad mercantil que constituyó y que, como todo el mundo sabe, se halla en quiebra y con un pavoroso pasivo de, al menos, 104 millones de euros.

Y todo esto sucedió en un periodo de tiempo determinado (2008-2011) y con unos responsables municipales con nombres y apellidos. Sin embargo nadie en la corporación ha promovido una reclamación de responsabilidad contra los verdaderos causantes de éste desastre que ahora tiene que pagar el pueblo. Incluso en una sola ocasión en que un grupo (el grupo municipal popular) trató de exigirlo a la ex secretaria de PESF SL, se acojonaron y retiraron la moción a la menor amenaza velada proferida por la afectada a través de un medio digital local. Lo dicho, han decidido todos que, en lugar de reclamar a los responsables, pague el pueblo. Es más cómodo pero, desde luego, tremendamente injusto.

AVISO A NAVEGANTES

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La alcaldesa Catalina tiene un plan que en realidad es la continuación de lo acordado el otro día en el pleno pero ahora involucrando a Bankia y al Administrador Concursal. En ese plan Bankia se iría de rositas, y el resto de las deudas precisamente por responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, pretende pagarlas la alcaldesa mediante el recurso a la permuta (que es una forma de enajenación) de solares pertenecientes al Patrimonio Municipal de Suelo. Cuestión esta que en absoluto permite la ley de suelo. Estaremos atentos a esto y, desde luego y en la medida de nuestras posibilidades, evitaremos que Bankia se vaya de rositas. De momento ya hemos cursado ambos burofax a Bankia y al Administrador Concursal advirtiendo a ambos que hay acciones judiciales en marcha iniciadas por nosotros que pueden afectar a estos planes. De la alcaldesa depende todo lo demás.

IRRESPONSABLES (I)

El parcelario histórico de las fincas originales de la plaza de España tal y como fueron registradas por el Catastro en 1865,  unos meses antes de promulgarse la ley de 12 de mayo de 1865 por la que se declaraba San Fernando en estado de venta. Es decir, era desamortizado por la Corona.

Ordenanza Particular de Protección de los Edificios y Parcelas del Conjunto Histórico del PGOU vigente, que NO PERMITE NI LA DIVISIÓN O ADICIÓN A EFECTOS REGISTRALES DE LAS UNIDADES EDIFICATORIAS ORIGINALES.

Fincas que fueron sin embargo agrupadas registralmente por el Proyecto de Reparcelación de la UE- 1 aprobado sin información pública por la Junta de Gobierno Local en julio de 2009. Como puede verse, también fue agrupada la plaza de España, cosa que el PGOU prohibía taxativamente.

Y las dos fincas resultantes previa agrupación de todas las demás tal y como fue aprobado por los acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de julio de 2009. En rojo la que hoy es finca número 31.184. Y en azul la 31.183 con la plaza de España agrupada también. Es decir, los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de julio de 2009, permitieron la destrucción de todo vestigio del parcelario histórico conculcando así las prescripciones del Catálogo de Edificios Protegidos del PGOU. Hoy, registralmente no hay rastro alguno del parcelario histórico que prácticamente se conservaba como en 1865.

De la misma forma, aquellos acuerdos de la Junta de Gobierno que aprobaron el Proyecto de Reparcelación sin someterlo a información pública, privatizó los sistemas locales (en amarillo) de la Unidad de Ejecución UE-1, creando, contra lo que prescribe el PGOU, unos espacios privativos de las comunidades de propietarios a constituir en lugar de públicos como ordenaba el Plan General.

Asimismo, el Proyecto de Reparcelación aprobado por la Junta de Gobierno Local segregó la finca número 16 de la plaza de España del resto, para luego ejecutar un proyecto autónomo con el Museo de la Ciudad. Esta segregación no está permitida tampoco por el PGOU.

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UNA GRAN INFRACCIÓN URBANÍSTICA CON EFECTOS IRREVERSIBLES PARA EL CONJUNTO HISTÓRICO

(O cómo unos irresponsables pueden conseguir la descalificación como Conjunto Histórico)

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En las próximas entradas explicaremos por qué es ilegalizable, como decíamos en la anterior, buena parte de las actuaciones llevadas a cabo en la Unidad de Ejecución UE-1 del PGOU, y su incidencia en la declaración como Conjunto Histórico en 1983. Independientemente del incalculable quebranto económico que ha sido causado a particulares y contratistas de PESF LS así como al propio Ayuntamiento, hay también un daño irreversible sobre elementos esenciales del Conjunto Histórico que sirvieron de base para su declaración. Y es que,  cuando fue aprobado el Proyecto de Reparcelación por la Junta de Gobierno en julio de 2009 sin someterlo nunca a información pública, no solo agruparon la plaza de España, sino que se cargaron absolutamente todo el parcelario histórico que precisamente el PGOU a través de las Ordenanzas Particulares de los elementos Catalogados, protegía de forma especial y enfática. Al mismo tiempo, los sistemas locales que con esta actuación se preveía obtener con destino público, fueron también privatizados despreciando así olímpicamente las previsiones del Plan General. En definitiva, una serie de acuerdos cuyas consecuencias para el futuro del Conjunto Histórico es prácticamente irreversible, razón por la cual será preciso en el futuro modificar el Catálogo de Edificios Protegidos del PGOU, con muy probables efectos sobre la declaración de Conjunto Histórico.

Como se dice, este intolerable atropello a la legalidad urbanística y al patrimonio histórico de nuestro municipio, fue perpetrado por un puñado de irresponsables que han de responder ante la justicia. Y, como se dice, no solo por el inmenso quebranto económico que ha supuesto toda una batería de alocadas decisiones adoptadas en su día, sino también por el inmenso daño al que era nuestro patrimonio histórico que, para más inri, ha sido perpetrado por el propio Ayuntamiento representado por las Juntas de Gobierno de 2009. En fin, desarrollaremos más adelante las razones que nos han llevado a presentar de nuevo una denuncia ante la Fiscalía por este asunto que entendemos no puede quedar impune.

JUGANDO A LA RULETA RUSA

ENTRE ELLOS ANDA EL JUEGO

(O CATALINA TIENE UN PLAN)

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La verdad es que habíamos decidido darle un voto de confianza al actual equipo de gobierno, pero la decepción se confirma una y otra vez con decisiones que no es posible comprender o, lo que es más grave, por actuaciones que no solo se contradicen con lo que se supone que sostenían cuando se presentaron a las elecciones, sino que van en la dirección contraria de lo que entonces afirmaban. Y que, además, pareciera que no haya nadie en el gobierno municipal que entienda nada del grave problema del caso plaza de España, ni tampoco que su entorno le advierta que van por el mismo camino que los anteriores si siguen así, porque se hallan enredados cada vez más en decisiones que agravan la situación y costará mucho más dinero al Ayuntamiento y no pocos disgustos futuros a sus responsables. 

Todo parece indicar que el equipo de gobierno ha decidido jugárselo todo a la ruleta rusa, a la espera de que una única bala les salve la jugada en el último minuto o que se produzca un milagro. Pero si bien ya hablaremos de eso en otro momento, es preciso preguntarse ahora la razón por la que el equipo de gobierno ha decidido oponerse a las medidas cautelares de anotación de la demanda en el contencioso promovido por nosotros y que se sigue en el juzgado número 19 de Madrid, mientras que ellos, el Ayuntamiento, pedía esas mismas medidas cautelares ante el juez de lo Mercantil. ¿Cómo es posible este disparatado comportamiento contradictorio que va contra sus propios actos, y que desde luego favorece inequívocamente los intereses de Bankia, y también los del administrador concursal o un hipotético comprador buitre que tenga la tentación de hacerse con el complejo? Quienes, por cierto, han sido invitados a personarse en el procedimiento pero han rehusado. 

Veamos pues el lamentable doble juego que se trae el equipo de gobierno con este asunto, oponiéndose a las medidas cautelares pedidas por nosotros, que no son otras que las pedidas por el propio Ayuntamiento en un incidente promovido en el seno del procedimiento concursal. Y es que una de dos: o en el Ayuntamiento los abogados deciden por su cuenta lo que se hace sin contar con el equipo de gobierno, o éste ha delegado todo el embrollo judicial del caso plaza de España en esos abogados sencillamente porque no tienen ni idea de lo que hay en juego en estos contenciosos. De momento vamos a ver lo que hacen en la contestación a la demanda ya presentada, porque sería un esperpento tratar de oponerse defendiendo la legalidad de uno de los atropellos a la legalidad más grave que se ha dado en nuestro municipio. Naturalmente, nadie conoce, ni siquiera la oposición que debería al menos preguntar por estas cosas en los plenos en lugar de promover mociones para arreglar el mundo mundial, qué intenciones tiene el equipo de gobierno, pero si nos atenemos a los antecedentes de este contencioso como es el caso de las medidas cautelares, nos vemos a la alcaldesa defendiendo que sus antecesores en el cargo lo hicieron todo maravillosamente bien. ¡Lo que nos quedará por ver con este desastroso caso y con estos desconcertantes gobernantes!

ME PIDO MEDIDAS CAUTELARES EN EL CONCURSO PERO ME OPONGO A LAS TUYAS EN EL CONTENCIOSO ¿ALGUIEN LO ENTIENDE?

Arriba, reciente Auto de la Audiencia Provincial de Madrid en apelación de la negativa del Juez del concurso de PESF SL, a autorizar la medida cautelar de anotación de la demanda en el Registro de la Propiedad de San Fernando de Henares. El Ayuntamiento pedía pues las mismas medidas cautelares que nosotros pedimos en el contencioso. La Audiencia Provincial no accedió sin embargo porque esas medidas fueron pedidas cuatro meses después de presentada la demanda. El Ayuntamiento pretendía pues en este caso que le autorizaran la medida cautelar de anotación de la demanda en el Registro de la Propiedad en las fincas registrales propiedad de PESF SL. Es decir, exactamente igual que nosotros pedimos ahora en el contencioso. Pero he aquí que el Ayuntamiento se opone a las cautelares pedidas por nosotros. ¿Tendrá algo que ver en esta incongruente decisión, las conversaciones o negociaciones que al parecer mantiene la alcaldesa con el Administrador concursal y con Bankia? La verdad es que no lo sabemos, pero sí que lo parece.

Y este es el escrito presentado por el Ayuntamiento en el contencioso instado por nosotros y por el cual se opone a las medidas cautelares pedidas y donde, como puede verse, alega que no proceden porque, entre otras cosas, no se da uno de los requisitos: la apariencia del buen derecho. Es decir, un Ayuntamiento que no puede aportar tres expedientes administrativos porque evidentemente alguien los ha hecho desaparecer intencionadamente de los archivos municipales, habiéndose cometido de paso un flagrante delito de infidelidad en la custodia de documentos, y de los que se desprende no obstante que fue omitido el trámite preceptivo de información pública, el actual equipo de gobierno lo considera un procedimiento perfectamente ajustado a derecho. ¡No es posible hallar argumento más burdo y descaradamente arbitrario en esta causa, que si sigue así anuncia una ridícula batalla que saben bien tienen perdida!

Y este es el documento que ha presentado el Ayuntamiento en el Procedimiento en lugar de los expedientes, y que evidencia que nada menos que tres expedientes y un escrito han desparecido del Ayuntamiento. Es decir, en lugar de aportar los expedientes administrativos y técnicos de los tres acuerdos adoptados por las Juntas de Gobierno de 3 y 29 de julio de 2009 y de 22 de diciembre de 2011, aportan un documento firmado por los funcionarios del área de urbanismo en el que aseguran que no encuentran esos expedientes y que, por lo tanto, no los pueden aportar. Y no solo eso, sino que al parecer pretenden defender en el juzgado que esos expedientes que han desaparecido han sido correctamente tramitados. ¿Cabe mayor disparate?

¿QUO VADIS CATALINA?

Los tres Proyecto de Reparcelación de la UE-1 están siendo investigados en la causa que se sigue en el Juzgado número 5 a raíz de la querella presentada por nosotros, y por ello están imputadas varias personas y es probable que en los próximos días lo sean también los concejales que votaron a favor de su aprobación. Y es en esos Proyectos, cuya desaparición exigiría una investigación interna al menos y desde luego una denuncia en el Juzgado porque no hay duda alguna de que su desaparición ha sido intencionada (no cabe en cabeza humana que se hayan extraviado nada menos que tres expedientes de fechas tan diferentes como julio de 2009 y diciembre de 2011), se contiene el origen de todos los disparates urbanísticos de esta actuación. Entre ellos uno de los más graves, consistente en que en él no se afecta ni un solo metro de las fincas para cumplir las obligaciones urbanísticas. Con lo cual, si por ejemplo Bankia fuera la adjudicataria de este complejo, se encontraría con el formidable regalo de que no hay ni una sola obligación urbanística que la obligue porque el Proyecto de Reparcelación lo omitió intencionadamente. Y tal vez por eso y por otras razones que evidentemente conculcaban todo el ordenamiento urbanístico, alguien los ha hecho desparecer.

Pero usted, señora alcaldesa, en lugar de hacer las correspondientes denuncias por la dolosa desaparición de esos expedientes y ordenar una investigación para tratar de esclarecer la suerte de los mismos, ha decidido correr el riesgo del más abrumador ridículo, consistente en defender la legalidad de unos proyectos que ni siquiera conoce porque han desaparecido del Ayuntamiento. ¿Es usted consciente de verdad de este disparate? ¿Se ha pasado usted pues a la práctica tan querida de los sus antecesores de sostenella y no enmendalla?

Saldremos de dudas si en el escrito de contestación a la demanda que tiene usted que presentar próximamente, se empecina en sostener el absurdo de defender la legalidad de unos expedientes que no conoce porque alguien madrugó a todos los grupos municipales, a los propios funcionarios responsables de los archivos y, por supuesto, a todos los ciudadanos claro está, llevándose unos expedientes que saben perfectamente que son delatores del urbanismo de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, que se ha venido practicando en este municipio desde hace muchos años y que, al parecer, usted y su equipo de gobierno parecen decididos a continuar. Allá usted pues y su equipo de gobierno, pero para esto, señora alcaldesa, no hacían falta las alforjas de Podemos porque, evidentemente, Podemos en su versión local, no es que no pueda, es que ni siquiera sabe. Lo cual es peor.

AMAÑANDO LA SALIDA

AMAÑANDO LA SALIDA

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Las obras ejecutadas en la plaza de España son manifiestamente ilegalizables. Una gigantesca infracción urbanística perpetrada con licencias municipales, arrasó con el parcelario histórico protegido por el PGOU, adjudicó sistemas locales públicos a complejos inmobiliarios privados, mezcló alevosamente diferentes categorías de suelo en un verdadero aquelarre, agrupó o segregó fincas que el PGOU no permitía y, en fin, quedó en evidencia que el PGOU no existía o se ignoraba porque a la actuación estorbaban ciertas determinaciones de sus ordenanzas. En definitiva, se conculcó de forma irreversible tanto el PGOU como la propia Ley de Suelo o de Patrimonio Histórico.

Sin embargo nada de esto parece preocupar ni al equipo de gobierno actual ni a los grupos de la oposición, absortos como están en buscar falsas salidas a este impresentable caso con el afán pueril de ver quién abre primero el melón de la recuperación efectiva de la plaza, o de encontrar la fórmula mágica para presentar como solución lo que no es otra cosa que una formidable chapuza añadida a todo el clamoroso atropello a la legalidad ya irreversiblemente consolidado, y al que parece se han resignado unos y otros.

La semana pasada nos sorprendió la alcaldesa y su equipo de gobierno con la convocatoria de la inútil comisión especial de Plaza de España, con el anuncio incluso de que habían alcanzado al parecer una suerte de acuerdo tanto con el administrador concursal como con Bankia, para adjudicar a la entidad financiera como acreedora hipotecaria los inmuebles a través de una resolución del Juzgado Mercantil número 6, para, después, mediante una permuta de suelo con el Ayuntamiento, que éste accediera a la propiedad de todo el complejo. Lo cual puede ser la antesala de un nuevo conflicto grave, pues se asemeja mucho a un fraude de acreedores pues no hay que olvidar que el Ayuntamiento es el principal deudor en el concurso. Que en un concurso de acreedores ya en fase de liquidación, uno de sus acreedores principales llegue a un acuerdo tácito con el deudor principal, una administración pública además, de espaldas al resto de la masa de acreedores, es, como se dice, lo más próximo a un fraude. Pero ya nada nos extraña en este lamentable caso la verdad.

Pero es que, además, es incomprensible que el Ayuntamiento no haga uso de sus prerrogativas legales en tanto que administración actuante, rescatando para el municipio la actuación bien mediante el cambio de sistema (por el de ejecución forzosa) bien aplicando otros mecanismos que la ley de suelo le brinda para hacerse con el control de la actuación en su totalidad, y por lo tanto dejando de estar a merced del Juzgado de lo mercantil o de los caprichos y oscuros acuerdos del Administrador concursal con fondos buitre y otros pájaros de mal agüero.

Muy al contrario, el equipo de gobierno, bien por incapacidad bien por desconocimiento o por miedo, ha rehusado hacer valer su condición de administración actuante. Es decir, está haciendo dejación de sus competencias legales para encamarse con el Administración concursal y sus oscuros manejos. Y es que, cuando una Junta de Compensación, por ejemplo, no cumple sus obligaciones urbanísticas en una actuación, el Ayuntamiento la interviene, cambia el sistema de gestión y lo ejecuta por su cuenta. En el caso de plaza de España es más sangrante el caso, pues se trata de una sociedad designada beneficiaria de las expropiaciones que abandonó la actuación desde el ya lejano año de 2012. Y sin embargo el Ayuntamiento, que además era el socio dominante de la sociedad mercantil mixta, no solo no ha hecho nada por rescatar la actuación, sino que se está convirtiendo en el verdadero pagano de todo este formidable desaguisado. Y lo que es peor, está buscando acuerdos de dudosa efectividad, para tirar por la fácil calle de en medio prestándose al juego que le marcan otros.

En ese contexto se inscriben decisiones absolutamente incomprensibles por parte del equipo de gobierno actual, que sin embargo no trascienden porque nadie, tampoco los grupos de oposición, se caracteriza sino por mostrar una formidable ignorancia acerca de los verdaderos problemas con los que se enfrentaría el Ayuntamiento al día siguiente de aceptar esa fórmula mágica que, apadrinada al parecer por el Administrador concursal y aceptada por Bankia, dejaría al Ayuntamiento al pie de los caballos. 

Así, una de esas decisiones adoptadas por el actual equipo de gobierno consiste en declarar vigentes las licencias de Plaza de España. Y no solo por el manifiesto abandono en que se encuentran con superación flagrante de los plazos de ejecución (concedidas en julio de 2009, tenían un plazo de ejecución de 18 meses, siendo evidente además que se hallan abandonadas desde al menos 2012), sino también porque se trata de licencias manifiestamente ilegales (que van contra el PGOU). ¿Aceptará pues el Ayuntamiento la permuta de unos solares de su Patrimonio Municipal de Suelo, para hacerse cargo de un complejo inmobiliario levantado no solo contra el PGOU, sino sobre el que pesan presuntos ilícitos penales contra la ordenación del territorio y el patrimonio histórico? Nos tememos que sí, que la alcaldesa con su actual equipo de gobierno, han decidido ya meterse en ese avispero por imprudente desconocimiento o simplemente por dejarse llevar por los cantos de sirena de otros.

Pero lo que resulta absolutamente desconcertante es la actuación del equipo de gobierno en el contencioso que tenemos presentado nosotros para pedir la nulidad del Proyecto de Reparcelación ya en plena fase de respuesta a la demanda. Y es que, en lugar de remitir los expedientes al Juzgado, han remitido unos certificados y un escrito que dice que esos expedientes han desparecido de los archivos municipales. Y aun así, es decir, a pesar de que reconocen que los expedientes no los pueden aportar porque han desaparecido del Ayuntamiento (nada menos que tres expedientes distintos), ¡están dispuestos a defender la legalidad de los mismos! ¿Alguien entiende este disparate o sabe a qué juega este equipo de gobierno, como no sea a favorecer precisamente la salida de Bankia del embrollo y buscando también la aquiescencia del Administrador Concursal?

Hemos intentado hacerle ver al equipo de gobierno y a la alcadesa la necesidad que tienen, antes de decidir nada al respecto, de tratar de legalizar toda la actuación que en estos momentos se halla cuestionada tanto en los juzgados de lo penal como en los contenciosos. Sin ese requisito que indudablemente requiere, entre otras cosas, modificar el PGOU, no será posible conseguir pacificar el caso en su plenitud, y desde luego con nosotros que no cuenten. Pretender defender la legalidad de las actuaciones anteriores como es el caso del Proyecto de Reparcelación que agrupaba, entre otras, la propia plaza de España declarando su titularidad privada, o declarar la vigencia de licencias ilegales es ya la gota que ha colmado nuestra paciencia. Este municipio no tiene remedio a lo que parece, y este equipo de gobierno en este asunto parece haberle cogido gusto al juego de la ruleta rusa. Ellos sabrán lo que hacen, porque por nuestra parte lo hemos intentado todo para que rectificaran y reflexionaran. Parece que no es posible porque es más sencillo y más conveniente a los intereses electorales tirar por la calle de en medio. Es decir, amañar una salida que sin embargo no tiene salida, porque más pronto o más tarde se verán obligados a estrellarse contra la realidad de la legalidad.

DE PRESUNCIONES E INOCENCIAS (III)

REFRESCANDO LA MEMORIA (MALA) DE DON VICTORIANO

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D. VICTORIANO, quien fuera administrador de hecho y gerente de PESF SL y de las sociedades de su propiedad JOVICASA SL y CARFER 1959 SL (ambas contratistas de la primera), nos deleita de nuevo con su memoria selectiva en una nueva entrega en SAN FERNANDO DE HENARES NEWS TV. Demostrando una vez más cuán olvidadizo es en un ejercicio en el que de nuevo se supera a sí mismo tratando de hacerse pasar por un abnegado bienhechor de la sociedad mercantil mixta PESF SL, habiendo puesto incluso dinero de "su bolsillo" en bien de los pobres afectados. Pero la realidad señor CUESTA es bien distinta como con seguridad usted sabe. EL MOLINO ha tenido acceso a documentación anónima que así lo acredita, y al amparo de lo previsto en el artículo 13 del Convenio de Naciones Unidas Contra la Corrupción, lo hacemos público porque los ciudadanos tienen derecho a saber qué pasó realmente con este lamentable caso de PESF SL en el que, como siempre, acabarán siendo los paganos de los desmanes de unos pocos. Unos pocos que, mientras estaban en el machito porque mandaban, ocultaron, manejaron e instrumentalizaron como les vino en gana en la creencia de que podían hacerlo impunemente. Eso sí, casi siempre, como es el caso, con pingües beneficios propios. 

Ahora, cuando el Ayuntamiento se ve en la encrucijada de tener que pagar todos aquellos desmanes, resulta grotesco que quienes hicieron y deshicieron como les vino en gana al amparo además de un acuerdo político IU - PSOE que lo convirtió todo en un cortijo privado, que no solo manejaron en beneficio propio unos pocos (como es el caso de WOODMAN y las empresas del señor CUESTA), sino también en el de otros muchos beneficiados que hicieron de esta actuación un verdadero puerto de Arrebatacapas, se presenten ahora como víctimas de sus propias tropelías. Teniendo en cuenta, además, que todo pudo hacerse al sacaire de un manto de absoluta opacidad que cayó sobre la actuación por decisión y cooperación de quienes entonces, cuando aún era posible rectificar, persistieron empecinadamente en la más absoluta y cómplice inacción cuando no de encubrimiento. Todos ellos han de responder ante la justicia si es posible y desde luego ante la ciudadanía. Porque no es de recibo que mientras los ciudadanos se ven obligados a pagar estos desmadres, queden impunes los abusos de estos logreros perpetrados con la cómplice aquiescencia de quienes debieron evitarlo y no lo hicieron, y ahora pretenden además ponerse a la cabeza de la manifestación. La verdad señor CUESTA es muy distinta a ese cuento delirante que usted pretenden endilgar al personal. No nos cuente pues más milongas y responda por todo esto.

JOVICASA SL, la empresa de D. VICTORIANO, emitió una factura contra PESF SL el mismo día que firmaba un contrato en marzo de 2010 para el acondicionamiento de veinte locales comerciales que la sociedad mixta había comprado a la EMS. Asegura en la entrevista sin rubor que su sociedad JOVICASA SL en realidad contrató estos supuestos trabajos a la EMS, cuando, como puede verse, giraba las facturas a PESF SL. Lo cierto es que este trabajo nunca lo realizó JOVICASA SL, lo cual no fue obstáculo para que, con la misma fecha del contrato, fueran librados una docena de pagarés a su favor por el importe de la factura. Es decir, el mismo día que se firmaba el contrato, era girada y pagada con una docena de pagarés la factura de JOVICASA SL.

Por su parte, Don VICTORIANO endosó todos esos pagarés que previamente había recibido a través de JOVICASA SL de la sociedad mercantil PESF SL que entonces presidía el alcalde SETIÉN, a la financiera de descuento PAGARALIA, quien una vez recibido el contrato ficticio y los instrumentos cambiarios endosados (pagarés), se apresuró a obtener la conformidad y validación de los mismos remitiendo copias mediante fax a los responsables de PESF SL. De esta forma PESF SL obtenía liquidez si bien pagando un precio muy alto, y desde luego simulando negocios jurídicos que en absoluto existían. Y si bien luego recibiría PESF SL un ingreso de 437.000 € por trabajos no realizados según transferencia de JOVICASA SL, lo que hay que preguntarle necesariamente al señor CUESTA es: ¿dónde quedó el resto del dinero hasta los 1.1890.000 € descontados?

La validación de los pagarés endosados por JOVICASA SL a favor de PAGARALIA, se hacía, como puede verse, desde las instalaciones municipales. Es decir, desde el fax del gabinete de Alcaldía, y su manipulación era realizada por empleados municipales. Este reporte evidencia que a PAGARALIA le fue facilitado el número de fax de Alcaldía para que fueran "validados" estos pagarés que, una vez más hay que decir, no respondían a ningún trabajo efectivo real.

Con fecha 30 de julio de 2010 fue necesario sin embargo firmar un contrato de reconocimiento de deuda con PAGARALIA, para lo cual fueron librados otros tantos pagarés a favor de JOVICASA SL, quien a su vez los descontó de nuevo a la entidad financiera. Quien no obstante lo anterior, retenía a su vez todos los pagarés anteriormente descontados. Por supuesto ninguna de estas operaciones tuvo reflejo contable alguno, razón por la cual el Administrador Concursal de PESF SL, calificó en su momento el concurso de acreedores como culpable. Había pues una contabilidad B y una caja B en la sociedad que entonces presidía el alcalde SETIÉN.

Y de nuevo y como en el anterior caso, fueron utilizadas instalaciones y empleados municipales para validar estos nuevos pagarés librados a favor de JOVICASA SL por PESF SL, y endosados por Don VICTORIANO a la entidad financiera PAGARALIA.

Y al igual que en el caso anterior, PAGARALIA se dirigió a través del fax del gabinete de Alcaldía para la validación de los pagarés. La entidad financiera endosataria obtenía así la validación de estos pagarés librados por PESF SL a favor de JOVICASA SL por trabajos simulados, mediante confirmaciones vía fax de Alcaldía y previa firma del que era consejero delegado de la sociedad y al mismo tiempo concejal de urbanismo.

Lo de arriba desmiente también a Don VICTORIANO, por cuanto que, como puede verse, JOVICASA SL no solo recibía pagarés que luego eran endosados en la entidad de descuento PAGARALIA, sino que también ingresaba directamente en su cuenta de la oficina del banco Santander de Vicálvaro. Esa misma cuenta corriente era la de abono de los pagos realizados por PAGARALIA. Pudiendo decirse pues que esa cuenta corriente de JOVICASA era realmente la caja B de PESF SL.

El pagaré de arriba cuyo pago a JOVICASA SL no está respaldado realmente por trabajo o prestación de servicio alguno, fue ingresado directamente en la cuenta abierta a nombre de JOVICASA SL en la oficina del Banco Santander de Vicálvaro. Naturalmente Don VICTORIANO niega con contumacia que JOVICASA SL recibiera pago alguno. Desconocemos no obstante si el señor CUESTA dispuso para sí o su sociedad de este y otros importes o si por el contrario tuvo otros destinatarios.

Y esta es la sentencia firme de la Audiencia Provincial de Madrid de junio de 2014 que lo puso todo patas arriba cuando fue descubierta, y que evidencia que PESF SL tuvo una caja B y una contabilidad B. PAGARALIA demandó tanto a JOVICASA como a PESF SL por el impago de varios de los pagarés descontados. Sin embargo, la existencia de este pleito fue cuidadosamente ocultado al Administrador Concursal por los administradores de PESF SL, a pesar de la obligación que tenían de poner en conocimiento del Juzgado Mercantil la existencia de todos los pleitos que la concursada tenía en marcha. Solo comunicaron los procedimientos cambiarios que las empresas constructoras tenían contra PESF SL, pero el de PAGARALIA (que además era el más antiguo) no lo notificaron al Juzgado. Con la evidente intención de ocultar la existencia de la contabilidad B y por lo tanto evitar también que el AC descubriera esos manejos contables. Se da la circunstancia de que PAGARALIA reclama en el concurso de acreedores importes mucho mayores que los que realmente le reconocen en esta sentencia. Sin que por lo demás, ni el AC ni nadie, haya dicho esta boca es mía. En fin, he aquí toda una antología de disparates de los que de verdad ocurrieron, y no de los delirios que el señor CUESTA maneja ante los medios con la pretensión de que nos los creamos.

PURA COINCIDENCIA

Durante el año 2010 PESF SL manejó una considerable bolsa de dinero sin control y sin reflejo contable alguno, a resultas de las ya referidas ruedas de pagarés que concertaron con JOVICASA SL, la mercantil propiedad de D. VICTORIANO. Y hoy sabemos que durante ese periodo, hubo buenas sumas dinero de PESF SL incontrolado y sin reflejo contable alguno. Buena parte de ese dinero descontado por JOVICASA SL contra PESF SL en la financiera PAGARALIA, no solo respondía por trabajos nunca realizados, sino que ha desaparecido en la penumbra de una oscura cuenta corriente en la oficina del banco Santander de la que era titular JOVICASA SL, y cuyo destino final desde luego desconocemos.

Sin que esto quiera decir que exista una relación causa efecto, no deja de llamar al atención que sea durante ese mismo ejercicio de 2010, cuando la formación de IU recibió según sus propias cuentas, nada menos que 305.000 € en concepto de donaciones recibidas contra los 30.000 previstos. Así como contra los recibidos también tanto en 2009 como en 2011. No es que estemos asegurando que una cosa es consecuencia de la otra, sino que simplemente constatamos la casualidad. 

Es conocido no obstante, que el Tribunal de Cuentas ha rechazado las cuentas electorales presentadas por esta y otras formaciones políticas, por cuando que no detallan ni identifican tampoco a los generosos donantes que, al parecer, realizan anónimas entregas en momentos de campañas electorales. Y si bien reiteramos que no podemos establecer relación entre una cosa y la otra, mientras los órganos supervisores como el Tribunal de Cuentas emitan informes declarando que las formaciones políticas no identifican a esos donantes, tenemos perfecto derecho a dudar que la transparencia de que presumen estas formaciones sea realmente eso, transparencia.