LOS PROBLEMAS CRECEN

PROMOCIÓN DE 154 VIVIENDAS EN EL SOLAR MUNICIPAL DE ECHEVESTE ENCOMENDADA A LA EMS. NUNCA SABREMOS SU COSTE REAL NI TAMPOCO LAS PÉRDIDAS REALES QUE ESTA PROMOCIÓN HA SUPUESTO PARA LA EMPRESA MUNICIPAL, HOY AMENAZADA TAMBIÉN DE INSOLVENCIA Y EN CAUSA LEGAL DE DISOLUCIÓN

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O LA INEXORABLE LEY DE MURPHY

La EMS está en causa de disolución sino en quiebra y además le crecen los enanos. Ciertamente nunca sabremos con exactitud cuánto costó realmente la promoción de las 154 viviendas del solar de Echeveste generosamente donado por el Ayuntamiento, ni tampoco las pérdidas reales que esta sociedad íntegramente municipal ha tenido que soportar por la calamitosa gestión de esta actuación que todavía colea. Hasta el extremo como se dice de hallarse en causa de disolución legal, pero solo aplazada y ocultada su verdadera situación por los anteriores gestores y los actuales, por pura conveniencia política.

Esta promoción iniciada en el año 2004, ha sido un cúmulo de desgracias de todo tipo incluidas desde luego la de una gestión atroz cuyas consecuencias para sus protagonistas aún están por depurar. Primero fue la empresa adjudicataria DICO Construcciones, quien al poco de iniciar las obras pidió una revisión de precios de 6 millones de euros (había sido adjudicada por 15 millones de euros con una considerable baja calificada por los técnicos como temeraria), para declararse en concurso pocas semanas después de cobrar la liquidación millonaria pactada con la EMS.

Luego fueron las obras del metro ejecutadas por la entidad pública MITRA, las que provocaron también retrasos y gastos que acabaron siendo cargados a la cuenta de explotación de la sociedad municipal, con el resultado de un considerable agujero en sus cuentas.

Y además y por si fuera poco, no faltaron tampoco calamidades cuya resolución costó retrasos y con ello, claro está, voluminosos gastos no previstos imputados a la cuenta de resultados de la EMS. 

Este último fue el caso de una filtración de aguas que se creía procedentes del colector de Coslada, pero cuya localización exacta duró varios años (de 2006 que comenzaron hasta 2010 que no cesaron), y un pleito con el Ayuntamiento de Coslada por responsabilidad patrimonial que la sala de lo contencioso del TSJ de Madrid acaba de fallar en una reciente sentencia del pasado mes de junio, con nulo éxito para la EMS y con confirmación total de otra desestimatoria también del Juzgado 31 de lo Contencioso de Madrid. La reclamación patrimonial que la EMS realizaba al Ayuntamiento de Coslada ascendía a nada menos que 6,44 millones de euros, pero tras el fallo contrario de esta sentencia la EMS ha tenido que soportar como pérdidas íntegras a su cargo.

La sentencia del TSJ de Madrid es firme y por lo tanto ya no es posible recurrirla por parte de la sociedad municipal. Y sus fundamentos legales para desestimar la reclamación patrimonial al Ayuntamiento de Coslada, son bien reveladores porque a pesar de que la causa de la inundación padecida durante cuatro años, era imputada al colector de aguas fecales de Coslada a la altura del antiguo centro comercial de la Cañada, el tribunal sin embargo la desestima por un buen cúmulo de errores cometidos por técnicos y ejecutivos de la EMS.

Uno de ellos y principal invocado por el Ayuntamiento de Colsada y atendido por los tribunales, es que el estudio geotécnico realizado ya en el año 2001 advertía de la existencia de un nivel freático, que se vería superado por la excavación según el proyecto de la obra, razón por la cual era precisa la construcción previa a la excavación de una pantalla de hormigón perimetral que impidiera las filtraciones de agua. Sin embargo esa pantalla fue sustituida por otra menos costosa de pilotes discontinuos que lógicamente permitían el paso del agua, y que el propio Ayuntamiento vecino atribuyó como la causa de la inundación y no la rotura de su colector A en la avenida de la Cañada. La diferencia entre la primera solución recomendada por el estudio geotécnico pero no ejecutada y la que finalmente se ejecutó fue de 500.000 €. La solución adoptada por la Dirección Facultativa con la anuencia de los responsables de la EMS ha supuesto unas pérdidas de 6,44 millones de euros.

Así pues, tanto la sentencia del Juzgado 31 de lo contencioso de Madrid, como el propio Tribunal Superior concluyen categóricamente que la causa de la inundación de la parcela (que duró cuatro años) y su posterior paralización de los trabajos, "...tuvo como causa eficiente la elección de un proyecto que desatendió las recomendaciones y advertencias del estudio geotécnico...", quien advertía en su informe de que previamente al vaciado de la parcela, "...era necesaria la ejecución de una pantalla de hormigón armado en todo el recinto perimetral para controlar y evitar el flujo del agua al interior de la parcela...". 

Sin embargo, en lugar de ejecutar lo que el estudio geotécnico prevenía optaron por la solución más fácil y más económica: la pantalla de pilotes, con el resultado de inundaciones permanentes durante casi cuatro años que no conseguían controlar y que le imputaban al colector A de Coslada. Incluso llegaron a desviarlo mediante un baypas a un colector de San Fernando.

Y ese estudio geotécnico que no fue seguido por la DF de la promoción ni por los ejecutivos de la EMS, debidamente invocado como se dice por el Ayuntamiento de Coslada, es lo que ha sido tenido en cuenta por los tribunales desestimando ahora definitivamente la reclamación patrimonial pedida por la EMS, también dirigida por cierto contra MAPFRE como compañía de seguros responsable civil subsidiaria. 

La inundación del solar, que duraría nada menos que cuatro años, no era debida pues al colector de Coslada, sino a que el nivel freático de la obra y sus filtraciones se vio favorecida por un ahorro en el proyecto de medio millón de euros, y que finalmente ha provocado unos daños cifrados por la propia EMS en 6,44 millones de euros. Originada según ahora nos descubren los tribunales y solo imputable pues, a un error en el proyecto propiciado por los responsables de la obra y de la propia EMS.

TU COBRAS Y YO PAGO

Poca atención ha merecido la situación de la EMS incluso a la oposición, quien solo en el último ejercicio se negó a aprobar las cuentas del 2013. Sin embargo, entre otras cuestiones que ya hemos comentado o que comentaremos en sucesivas entradas, hay una esperpéntica acaecida bajo el mandato precisamente de Javier BLANCO como consejero delegado entre 2011 y 2015, que tantas lecciones de buen gobierno quiere darnos ahora a los críticos de la gestión de PESF SL. Y es que mientras la EMS era despojada de la propiedad de los 20 locales comerciales de la promoción, por medio de una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 que lleva el concurso de acreedores de PESF SL, y se los adjudicaba a esta última, la empresa municipal ha venido haciéndose cargo de las cuotas de los préstamos hipotecarios, mientras que PESF SL era quien cobraba los alquileres de los cinco locales que tiene alquilados.

Esto es una buena demostración del formidable descontrol habido en la EMS, sobre cuya inquietante e irreversible situación de insolvencia y su calamitosa gestión justificarán volver en breve, porque sin duda la EMS será noticia y no precisamente agradable en las próximas semanas.

PIRÓMANOS BOMBEROS

EL EXALCALDE MORENO RODEADO POR LOS BOMBEROS BLANCO Y ESCUDERO. PERO ESTOS PIRÓMANOS DE ANTAÑO, SE LAMENTAN AHORA EN UNA CARTA ABIERTA DE NO HABER DINAMITADO LAS POLÍTICAS DEL EXALCALDE DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. ES DECIR, SE LAMENTAN DE NO HABER IMPEDIDO AL EXALCALDE MORENO HABER TIRADO DE LA MANTA (AL MENOS EN PARTE) EN EL CASO PLAZA DE ESPAÑA SL. AH, Y TAMBIÉN LLAMAN IMBÉCILES A QUIENES MIRAN ATRÁS.

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NO SE HAN ENTERADO DE NADA

Los restos del naufragio de IU representados por los exconcejales Javier BLANCO y Miguel A. ESCUDERO, nos admonizan en una carta advirtiéndonos sobre el "gran negocio" que, según ellos, harán los acreedores de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, si el plan de liquidación aprobado por el Juzgado 6 de lo Mercantil sigue adelante. Y particularmente si el adjudicatario resultara ser BANKIA, principal acreedor como todo el mundo sabe. Nos previenen estos visionarios de las finanzas, acerca del gran negocio especulativo que haría el banco que ha tenido que ser rescatado precisamente por haber protagonizado muchos pufos como el de PESF SL, si finalmente el administrador concursal le adjudicara los activos de la sociedad a un valor equivalente al 50 % de su valor de mercado. Así lo dicen y sin pestañear, claro.

Olvidan, tal vez ofuscados por la gran coartada que han hallado de la especulación, que BANKIA es el principal acreedor de la sociedad mixta por el título de 7 préstamos hipotecarios. Que es el único que ha puesto dinero físico en este negocio (hasta 54 millones de euros), y que PESF SL no le devolvió ni un solo euro con las consiguientes pérdidas y provisiones que ha tenido que hacer lógicamente, incluidos los ajustes por deterioros de sus activos y garantías en, al menos, la mitad de su valor.

Los activos inmobiliarios y mucho más los residenciales han caído en valor de mercado a casi la mitad, y por lo tanto las posibilidades de que PESF SL lograra equilibrar y liquidar con ello su pasivo (más de 100 millones) eran más que remotas, remotísimas. Por eso está en liquidación. 

Pero ¿dónde estaría el negocio de BANKIA que los firmantes de la carta avizoran, si resultara la adjudicataria de los activos inmobiliarios de PESF SL al 50% de su valor de tasación cuando concedió los préstamos, cifrado según las escrituras en 77 millones? ¿Serán capaces de explicárnoslo estos genios del mundo financiero? 

Porque obviamente si BANKIA se quedara con esos activos en los que ya ha invertido 54 millones de euros, por 38,5 millones de euros (el 50% de su valor de tasación) por seguir el ejemplo que ponen estas eminencias, y una de las condiciones que se pusiera es la de desembolsar en efectivo el remate, el coste final para BANKIA sería de 54+38,5 = 92,5 millones de euros. Es decir, mucho más que su tasación para subasta en plena burbuja inmobiliaria que fue de 77 millones. Luego BANKIA tendría que vender ahora esos activos por 15,5 millones de euros más que su valor de tasación en plena euforia de la burbuja (2008), solo para conseguir igualar más o menos su coste si se lo adjudicara por 50%. Pero, ¿alguien puede sostener sensatamente que los activos inmobiliarios hoy valen más que en el 2009? 

Es evidente que los firmantes de la carta, que encabezan además con el título de EL ESCÁNDALO DE PLAZA DE ESPAÑA, se fumaron las clases de matemática financiera cuando iban al cole. Porque si no es inexplicable tanto disparate.

EL BORRACHO QUE MIRABA LA LUNA

Cuentan que un borracho iba con un amigo tambaleándose por un puente, cuando se detuvo a ver el río e intrigado y en medio de los los vapores etílicos, preguntó a su amigo señalando el cauce:

- ¿Qué es eso que hay allí bajo?

- Es la luna que se refleja en el río.

Y el borracho que quedó desconcertado con la respuesta del amigo, no pudo evitar preguntarle de nuevo:

- Sí, claro. Pero ¿cómo ha llegado hasta allí?

Es exactamente la pegunta que no quieren hacerse los dos emisarios que quedan en los restos del naufragio de IU: cómo ha llegado PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL hasta aquí. Es decir, a su liquidación por quiebra. Y es la pregunta que no quieren que nos hagamos sugiriéndonos no mirar atrás, a riesgo incluso de considerarnos imbéciles. Grave insulto desde luego a la inteligencia de los ciudadanos que no se conformen y se hagan esa simple pregunta, ¿como ha llegado hasta ahí PESF SL?

ESPECULACIÓN, CODICIA Y QUIEBRA

Primero provocaron el incendio como buenos pirómanos, y ahora vienen a advertirnos cómo hay que apagar el fuego. Primero arruinaron la empresa mixta dejando más de doscientos damnificados, y ahora vienen a advertirnos y salvarnos del negocio que pueden hacer algunos.

No es que sean olvidadizos, es que son unos malvados. Porque una de las razones por las que PESF SL ha quebrado es, precisamente, por la codicia desatada que alentaron con sus decisiones, que toleraron con su mirar para otro lado (ellos sí que han mirado para otro lado cuando comenzaron las primeras denuncias), y que finalmente vienen a disculpar o a pedirnos que lo olvidemos todo. O lo que es lo mismo, pretenden encubrir.

Y si no, es suficiente con recurrir a lo que el Ayuntamiento que es nada menos que el socio mayoritario de PESF SL, dice en su escrito de personación para la calificación de concurso, acerca de algunas de esas deleznables actuaciones de los administradores de la sociedad que han dado con PESF SL en la pura y desgraciada ruina y que por eso está en liquidación. Repetimos que esto lo dice el propio Ayuntamiento en el concurso de acreedores. No lo dice un acreedor cualquiera, no, lo dice el socio dominante de la sociedad:

Lo anterior es una simple muestra del reciente informe remitido por el Ayuntamiento al Juzgado 6 de lo Mercantil para la calificación del concurso (que no duda en calificar pues como culpable). Y desde luego pone el dedo en la llaga al advertir que en el seno de la gestión de la sociedad se produjeron conductas que solo tenían por objeto el vaciamiento patrimonial de la sociedad. De forma tal que, entre otras cosas, se pagaron a un selecto grupo de socios nada menos que 4,6 millones en compensaciones y con euros contantes y sonantes salidos de la caja de la sociedad. Y por bienes y derechos que en muchos casos habían sido expropiados por un valor ocho veces menor. ¿Acaso no es especulación pura y dura y de la peor especie, expropiar a alguien en sus bienes y derechos a 701,10 €/m2, y unos días después recomprárselos a 3.200 €/m2? Pues así se esfumaron como se dice 4,6 millones de euros de las cajas de la sociedad y solo por este concepto. 

Y ojo, porque las expropiaciones las hizo claro está el Ayuntamiento, que es como administración actuante la institución que solo podía hacerlo por motivos urbanísticos. Pero claro, era el concejal de urbanismo quien votaba en el pleno expropiar a 701,10 €/m2, para después firmar al margen del propio pleno y como consejero delegado de la sociedad mixta, anexos a esos convenios totalmente opacos y desconocidos para la recompra de esos derechos expropiados, a 2.700 o 3.200 €/m2. ¿Hay algún ejemplo mejor de la especulación más codiciosa?

Por no hablar de los más de 5,1 millones de euros que se han gastado en alquileres, realojos y lucros cesantes pagados a lo loco. La representación legal del Ayuntamiento pone el ejemplo de dos socios que percibieron 12.000 y 7.700 €/mes respectivamente durante 30 meses, por lucros cesantes de negocios que en sus balances presentaban pérdidas. Por no hablar de numerosos socios que han percibido abonos de 900 €/mes por alquiler de viviendas que nunca habían ocupado. 

Así y por este método, se han esfumado 5,1 millones de euros. Cobrar en no pocos casos alquileres de 900 € de la sociedad, por "realojos" de viviendas que nunca han sido ocupadas porque estaban inhabitables, no es especular, es algo peor. O cobrar lucros cesantes de 12.000 €/mes, 7.700 €/mes, 4.400 €/mes, etc. por negocios que declaraban pérdidas, no es especular, es pagar alocada e irresponsablemente un fondo de reptiles a unos expropiados (otro selecto grupo, claro está) para que callen y no protesten.

Estas y otras conductas, algunas como se ve denunciadas por el propio Ayuntamiento en su informe último presentado, son las que estos señores, bajo cuyo mandato municipal han venido sucediendo, quieren que olvidemos. Pretenden que tengamos un ataque de amnesia colectivo general y solo miremos para adelante. Porque mirar para atrás es, según ellos, solo de imbéciles. Magnífico argumento que pueden utilizar los responsables de la quiebra cuando comparezcan en el juicio de calificación. Pueden decirle pues al señor fiscal y al juez eso, que no miren para atrás en el caso PLAZA DE ESPAÑA SL porque eso es solo cosa que hacen los imbéciles. 

Ni una disculpa ni tampoco un simple acto de arrepentimiento. Nada. No son capaces de reconocer sus numerosos errores en este asunto, y mucho menos del daño que han causado y que pueden haber endosado también a la corporación. Solo se arrepienten, eso sí, de no haber dinamitado la dinámica del exalcalde Moreno en los dos últimos años. Es decir, no haber podido evitar taparle la boca e impedirle que realizara las denuncias que hizo. Pero a los demás; a los damnificados, proveedores y acreedores, y en su caso a los contribuyentes, que los zurzan. 

Esta es la más descarnada demostración de los estragos que pueden llegar a provocar ciertas ideologías, cuando caen en conciencias refractarias y blindadas por sectarios resabios dogmáticos.  Ni una sola concesión a la autocrítica más leve. Todo es culpa siempre de los malignos que habitan extramuros. Son pues las inevitables secuelas de un pensamiento que más que encapsulado está ya petrificado y sin posibilidad alguna de recuperar la racionalidad.

EL PLENO SE DIVIERTE

LA SEÑORA ALCALDESA INTERVINIENDO EN EL PLENO CELEBRADO EL PASADO DÍA 16 DE JULIO

LA ALTERNATIVA A LA CASTA ERA ESTO: MÁS DE LO MISMO

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El pasado día 13 de junio de 2015 nuestra asociación dirigió dos escritos a la alcaldía con objeto de que por parte de la señora secretaria general municipal, se expidieran los correspondientes certificados relativos a la fecha de publicación del PLAN ESPECIAL DE REORDENACIÓN DE LA UE-1 (plaza de España), así como acerca del número de páginas que contiene el documento que fue sometido a aprobación inicial de la Modificación del PGOU, a cuyo amparo fue otorgada la licencia de obras a PESF SL para la construcción de las plazas de garaje que se han construído en el subusuelo público de la plaza de España.

Sospechamos nosotros que el PLAN ESPECIAL nunca fue publicado y por lo tanto no ha entrado en vigor, con las consecuencias obvias acerca de la validez de las licencias otorgadas a su amparo. De la misma forma y aunque ya tenemos constancia de que el documento de la Modificación del PGOU sometido a aprobación provisional el día 3 de diciembre de 2009 era uno distinto al de la aprobación inicial, queremos saber también si la diligencia que dicho documento contiene expedida por el entonces señor secretario municipal, fue realizada con posterioridad al periodo de información pública.

Naturalmente de la respuesta que la señora secretaria general municipal nos dé, dependerá, entre otras cosas, la posible nulidad de todas las licencias otorgadas a la sociedad PESF SL que ha acometido las obras de la plaza de España. En definitiva, que podían ser nulas de pleno derecho todas esas licencias. Además, naturalmente, de que si la información que se nos suministre confirmara nuestras sospechas, procederíamos a poner en conocimiento del juzgado dichos documentos en la diligencias penales abiertas desde 2011.

Nuestra petición se basa como es natural en el derecho de acceso a la información que todo ciudadano tiene, y que regula desde 2013 la Ley de Transparencia, Acceso a la información pública y de Buen gobierno. Éso, y también el derecho a obtener copias y certificados. Constituye pues un derecho básico y elemental de todo ciudadano. Y mucho más en el caso de nada menos que unos planes de urbanismo que contienen como es natural ordenanzas y disposiciones que afectan a todos en general. Sería pues muy grave que no se hubiera publicado adecuadamente el Plan Especial como dispone la legislación correspondiente.

Pues bien, la administración tiene un plazo de un mes para contestar y si bien es cierto que puede ser prorrogado por otro más, nadie nos notificó esa prórroga. Y no fue sino hacia finales de julio cuando recibimos una notificación en el sentido de que los certificados pedidos ya habían sido confeccionados, pero que para recogerlos teníamos que pasar por ventanilla antes e ingresar 50 € del ala por cada uno, y poder acceder y recoger los documentos que habíamos pedido ya desde principios de junio. Pagamos pues los 100 euros de tasas para la obtención de copias y certificados (carísimas tasas) y naturalmente con el resguardo del ingreso procedimos a reclamar nuestros certificados.

Pero aquí comenzó nuestro calvario. Nadie en todo el Ayuntamiento sabía dónde estaban los certificados que unos días antes nos habían comunicado que estaban a nuestra disposición. Ni en hacienda ni tampoco en urbanismo ni, desde luego, en información. Todo lo que conseguimos saber es que podía tenerlo un empleado del área de urbanismo pero que estaba de vacaciones y que naturalmente no era posible saber dónde había podido guardar los documentos que habíamos pedido y cuyas tasas acabábamos de ingresar religiosamente. De modo que aún hoy, mediados de agosto, estamos esperando a que el funcionario en cuestión vuelva de vacaciones. Calculamos pues que no conseguiremos obtener los certificados que hemos pedido hasta mediados de septiembre. Es decir, tres meses de espera.

Pero no obstante ser víctimas del lamentable estado de nuestra burocracia, que no parece haber evolucionado mucho desde el siglo XIX, vemos con inmensa alegría que lo que a nuestros munícipes les preocupa en realidad, no es el correcto funcionamiento de los servicios municipales y no maltratar el ciudadano que se ve en la necesidad de usarlos, sino otras cuestiones mucho más trascendentes e importantes como la alta política nacional e incluso internacional.

Así es desde luego si nos atenemos a lo que es tratado en los plenos y particularmente en el último ordinario celebrado (y único) el pasado día 16 de julio. En realidad les preocupa como se dice la alta política o la política de salón, no las calamidades que puede pasar un humilde administrado para obtener en plazo lo que tiene derecho según la reciente Ley de Transparencia. Por lo que además tiene que pagar a precio de oro con tasas exorbitantes y claramente abusivas. 

En efecto, de un total de quince asuntos del orden del día del pleno citado y quitando el primero para la lectura y aprobación del acta, el resto fueron siete asuntos para la dación de cuentas (es decir, mera información de asuntos casi todos relacionados con expedientes de modificación de créditos ya ejecutados), y otras cinco lo fueron para mociones presentadas por los grupos. Mociones casi todas ellas sobre asuntos de lo más variopinto; continuando con la penosa e inveterada trayectoria de la anterior legislatura en la que fueron tratadas cerca de mil mociones. La gran mayoría absolutamente inútiles y desde luego para asuntos sobre los que el Ayuntamiento carece de competencia alguna.

Hubo dos mociones contra el Tratado Transatlántico Internacional de Comercio. Sí dos mociones, no se conformaron con una, dos. Otra contra lo que denominan "ley mordaza", es decir, contra la Ley de Seguridad Ciudadana, otra más para expresar la solidaridad con el pueblo griego, y una más a modo de panegírico al concejal Zerolo del Ayuntamiento de Madrid. La única que guardaba alguna relación con asuntos propios de la corporación fue la relacionada con la personación en unas diligencias judiciales en nombre del Ayuntamiento y que sí pueden afectarle.

Es bastante desolador comprobar el nivelazo de las preocupaciones de nuestros ediles cuando se proponen sobreactuar si hay público presente, y tratan de utilizar esa plataforma del pleno como caja de resonancia para lanzar soflamas y consignas de todo tipo, casi siempre cargadas de retórica huera y con sobredosis de ideología. Aprovechando asuntos de actualidad sobre los que, además, o conocen mal o simplemente están trufados de prejuicios sectarios porque casi siempre son arrojadizas; es decir, se lanzan contra algo o contra alguien. ¡Pero cómo se divierten los condenados y además les pagamos por esto!

Así es como descubrimos que nuestro pleno está plagado de expertos conocedores en comercio exterior y derecho internacional, o de conspicuos especialistas en derecho y seguridad ciudadana. Cuando no de retóricos lugares comunes de solidaridad con otros pueblos víctimas del FMI o de la Troika, del recetario de la ya consabida sofística dogmática tan al uso de Podemos vulgarmente conocida como populismo sin cuento. Y por supuesto, que no falta tampoco quien aproveche la oportunidad del cauce de las mociones, para soltar todo un obituario a un correligionario propio fallecido, con el conmovedor pretexto de su lucha por los derechos cívicos como si del Harvey Milk español se tratara.

Que todo lo anterior sea el objeto de preocupación de nuestro munícipes con mociones y pomposas declaraciones de por medio, mientras cualquiera de nuestros sufridos administrados o usuarios, como ha podido ser nuestro caso, sufre el humillante trato de que su derecho a obtener copias y certificados en el plazo legal de un mes es inalcanzable por mor de una burocracia municipal inamovible y cara, revela con redundante contumacia que no ha cambiado nada con el cambio de gobierno. Ni tampoco en los hábitos del pleno y la oposición, tan blanda y perdida que debemos abandonar toda esperanza ya para esta legislatura. ¡La que nos espera!

Así pues el pleno se ha convertido en un mero divertimento para los grupos municipales, quienes ni saben ni les interesa arreglar y preocuparse por lo que el simple ciudadano de la calle tiene que sufrir ante la burocracia municipal para, por ejemplo, conseguir que ésta respete sus derechos más básicos y pueda ser cierta y cumplida la propia Ley de Transparencia en sus preceptos más básicos. Y en lugar de ello y de dedicarse a solucionar y remover los obstáculos que lo impiden, acaben creyéndose que ellos solo han salido elegidos para empresas más altas como grandes esoñanciones sobre política internacional, o para lanzar cacofonías que reproducen consignas una y otra vez de política nacional y partidaria, para las que ya hay otras instituciones y otras plataformas con competencias sustantivas propias. 

¿Cómo vamos a tomarnos en serio a estos aprendices de brujo de la política local, con todo este despliegue una y otra vez de ingenua propaganda partidaria metida de matute por el falso cauce de las mociones municipales, con las que pretenden arreglar el mundo mundial, si son incapaces de cumplir y hacer cumplir con el más elemental de los derechos municipales ciudadanos como obtener copias y certificados en el razonable tiempo que fija la ley de un mes? 

Y todo ello que tras pagar elevadísimas tasas, aún le quede al sufrido ciudadano que esperar la incertidumbre de que el funcionario o empleado municipal que debe de haber guardado esos certificados en su cajón, vuelva de sus vacaciones y así, con un poco de suerte, recuerde que tiene pendiente de remitir unos certificados que sus destinatarios no solo han pagado a precio de oro, sino que esperaban desde dos meses antes con la ilusa esperanza de ver que en nuestra burocracia municipal algo habría cambiando con el nuevo equipo. 

No, nada ha cambiado como puede verse. Todo sigue igual si no peor. Ciudadanos maltratados y con sus derechos ignorados, mientras nuestro pleno se divierte porque sus grupos políticos están convencidos de que los hemos elegido para arreglar el mundo mundial y sus problemas de todo tipo. No para cumplir algo tan básico y elemental como conseguir tener un simple certificado en el razonable plazo de un mes, aunque para ello te sableen cobrándote por anticipado varios meses antes, unas abusivas tasas de 100 euros. Certificados que no entregarán no obstante hasta que el empleado municipal vuelva de sus vacaciones y acaso en un golpe de suerte, descubra que en el fondo de su cajón y antes de marcharse, había dejado esos documentos que confiados administrados como nosotros necesitábamos para el mes de julio.

Definitivamente, es desmoralizador comprobar que el recambio de la casta era exactamente esto: más de lo mismo. En efecto, San Fernando de Henares sí puede incurrir en los mismos tics de siempre e incluso corregirlos y aumentarlos. No sabemos si los griegos estarán reconfortados con tanta solidaridad como dicen profesarles estos partidos nuestros de la extrema izquierda fieles a su internacionalismo proletario y de los pueblos, como si de la periclitada III Internacional se tratara. Pero lo que sí sabemos es que como sufridos administrados suyos, no solo no conseguimos ni conseguiremos que se cumplan leyes como la de transparencia, sino que hemos interiorizado ya que no somos para ellos, exquisita élite política de intocables destinados a las más grandes empresas, otra cosa que unos indefensos parias víctimas de nuestra burocracia más infernal. Vamos, como siempre.

Y todo ello mientras en los plenos, uno tras otro desde la otra legislatura, nuestros grupos y portavoces nos inundan de mociones de todo tipo para acordar de todo y sobre todo. Ya falta poco para que los ocurrentes ediles rememoren otras viejas mociones antológicas ya escuchadas en lejanos plenos, que abogaban por reclamar competencias municipales sobre el espacio aéreo del pueblo. Doble contra sencillo a que algo parecido lograremos ver durante esta legislatura. Y todo eso mientras son incapaces como se dice, de conseguir que cumplan la ley de Transparencia en sus aspectos más simples, sencillos y elementales.

CODA

Asombra bastante la flojera de la oposición con el equipo de gobierno, no se sabe si por la modorra del calor o porque estaban pensado en las vacaciones, o por la bobada esa de los cien días de gracia. Pero la señora alcaldesa se soltó varias veces el pelo ante preguntas de los ediles, con la misma soltura que si estuviera presidiendo una junta de vecinos o una asamblea del círculo de Podemos. No hacía falta más que fijarse en el lenguaje no verbal para comprender que contestaba lo primero que se le ocurría, o lo que le soplaban al oído. Y así, por ejemplo, entresacamos uno de entre otros insólitos disparates evasivos escuchados como respuesta a las preguntas hechas, cuando declaró directamente derogado por ella y sin más detalle el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. Y aseguró también que en su lugar puede aplicar la Ley de Sociedades de Capital en sustitución del artículo 93.3 del RSCL que regula la composición del consejo de administración de la EMS formado en un pleno extraordinario anterior, con dos miembros del equipo de gobierno de un total de tres. El desparpajo con que se despacha la alcaldesa deja pálido al mismísimo Marx, D. Groucho, claro. Si no le gustan a usted mis principios, pues tengo otros. ¡Y la oposición se lo cree todo tan complaciente!

AJUSTE DE CUENTAS

EL EXALCALDE MORENO RODEADO POR LOS SUYOS EN UNO DE LOS TENSOS PLENOS ...

EL ALEGATO FINAL

El día 3 de junio pasado, Ángel MORENO, cabeza de lista de IU, anunciaba que no recogería el acta de concejal. Se habían celebrado las elecciones e Izquierda Unida había cosechado sus peores resultados en toda su historia en San Fernando de Henares, quedando incluso como cuarta fuerza política. Una catástrofe desde luego.

Pero al mismo tiempo que anunciaba su intención de no recoger el acta de concejal para la nueva corporación que tenía que constituirse unos días después, dio instrucciones a la abogada Marta FLORES, profesora de la Autónoma y experta en derecho concursal, para que el Ayuntamiento se personara en la pieza separada de calificación del concurso de acreedores de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, con la consigna además muy clara: que el Ayuntamiento, socio mayoritario de la propia mercantil, abogara por calificar el concurso como CULPABLE. Y ese alegato de la corporación, inspirado sin duda por la querella interna de Izquierda Unida, ha tenido como colofón la ya sabida misma calificación que ha merecido a la Administración concursal como concurso CULPABLE. 

Ángel MORENO ha querido así y a través del último alegato municipal de calificación del concurso, no solo manifestar su posición personal sobre el caso, sino ajustar cuentas con sus debeladores de IU alineados con la exalcaldesa MUÑOZ y su grupo de Izquierda Abierta. Y ese alegato, que expresa no obstante aunque limitadamente lo que ha pasado en realidad con el caso PLAZA DE ESPAÑA SL, es una especie de pieza de acusación total, de enmienda a la totalidad, especialmente dirigida a quienes en el propio escrito se consideran los verdaderos gestores del desastre, los administradores de hecho o de derecho como Joaquín MARTÍNEZ y Carmen CRIADO, así como a WDOOMAN SL y sus tres administradores.

Que el partícipe mayor y con control total de la propia sociedad se lance a calificar el concurso de acreedores como culpable, pone sin duda a los pies de los caballos a sus administradores efectivos responsables, pero también al propio Ayuntamiento. Ha sido como un testamento político póstumo de Ángel MORENO, inspirado por la venganza de la herida abierta e irreconciliable de los dos bandos principales en liza: la del PCE y los grupos que controla, contra el resto de las formaciones de IU, pero entregados ambos a la aniquilación total mutua. 

DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y SOCIETARIA

En el escrito dirigido al señor Juez de lo mercantil, se relata crudamente cómo el propio alcalde se vio obligado a forzar las cerraduras del despacho de la entonces secretaria del consejo de PESF SL, Carmen CRIADO, en "...un intento desesperado de acceder a la documentación de la misma [de la sociedad]. Solo se encontraron partes residuales de esta documentación."

Y continúa diciendo que "Esta conducta, [estaba] encaminada a la ocultación, sustracción y destrucción de documentos y puede subsumirse en el supuesto que contemplado en el artículo 164.2 - 5º [de la Ley Concursal] que contempla la salida fraudulenta del patrimonio de bienes del deudor...". De la misma forma sigue afirmándose en el alegato, que esas conductas se inscriben en una decidida y contumaz falta de colaboración con el juez del concurso, así como de no facilitar la información necesaria o conveniente para el interés del concurso.

La acusación formulada por el Ayuntamiento cuando ya prácticamente nadie del anterior equipo de gobierno iba a estar presente en la nueva corporación, y claramente inspirada en la posición del exalcalde MORENO contra los más encarnizados enemigos de su propia formación, era toda una bomba de relojería colocada en el corazón mismo del teatro de operaciones. Cuyo resultado, solo provisional, es que ha sido dinamitada toda posibilidad de convivir ni en el grupo ni tampoco en la propia coalición, que recientemente ha anunciado su ruptura total y su traslado a otra sede para constituir otro partido o disputar la titularidad de la siglas. También el grupo municipal está totalmente roto irremisiblemente.

ACTUACIONES ENCAMINADAS AL VACIAMIENTO PATRIMONIAL DE PESF SL

El Ayuntamiento alega y acusa también a los administradores de hecho de PESF SL, de haber realizado toda una serie de operaciones económicas con la sociedad, que solo tenían por finalidad la de vaciarla patrimonialmente. Afirma pues que se dedicaron a firmar anexos a los convenios expropiatorios con un selecto grupo de vecinos propietarios, absolutamente opacos y con el resultado de causar a la sociedad un irreversible quebranto económico próximo a los cuatro millones de euros.

Igualmente el escrito no duda en calificar como una gestión temeraria, la llevada a cabo por los administradores de hecho de la sociedad, al haber formalizado acuerdos con algunos socios privados de la sociedad absolutamente abusivos al fijar lucros cesantes o indemnizaciones totalmente disparatadas. A este respecto ponen como ejemplo como uno de los muchos casos habidos, el de un socio que fue expropiado con un justiprecio de sus bienes cifrado en 91.143,00 €, y al día de la fecha dicho socio ha recibido de la propia sociedad nada menos que 780.491,40 €. Es decir, ocho veces más del justiprecio pactado.

No dudan en calificar la gestión de los administradores de hecho de la sociedad, de la que el propio Ayuntamiento es socio mayoritario con un control del 97,21 % de sus participaciones con derecho a voto, como carente de la atención debida, de falta de profesionalidad, de imprudente y de faltar el elemental deber de vigilancia.

Asimismo afirman que todas las graves anomalías que se denuncian en dicho escrito (y que desde luego son numerosas), fueron puestas en conocimiento de la Administración Concursal en su día, sin que la propia AC haya adoptado medida alguna al respecto.

Por último, el Ayuntamiento, por medio de su representación procesal, además de calificar el concurso como CULPABLE, señala también a las personas que considera responsables: Dª Carmen CRIADO, en tanto en cuanto que administradora de hecho de la sociedad. D. Joaquín MARTÍNEZ, como consejero delegado y por lo tanto como administrador de derecho de la sociedad. A la sociedad mercantil WOODMAN SL, en tanto en cuanto que gerente de la propia sociedad por cuyo concepto cobró nada menos que 4,6 millones de euros. Considera también pues a esta sociedad administradora de hecho de PESF SL. Y también considera responsable a D. Victoriano CUESTA en tanto en cuanto que administrador de JOVICASA SL y CARFER 1959 SL, que firmaron numerosos contratos con PESF SL con objetos irregulares. Para acabar señalando también como responsables del concurso a los administradores de WOODMAN SL, D. Miguel ROMERO y D. José Antonio PRIETO.

Sin embargo, sorprendentemente no señalan como responsable del concurso a exalcalde SETIÉN, quien ostentó precisamente el cargo de PRESIDENTE del consejo de administración de la sociedad cuando todas estas cosas ocurrían. Lo citan, eso sí, como testigo. Lo cual es absolutamente desconcertante porque si evidentemente el señor SETIÉN hubiera sido solo testigo de lo acontecido, resultaría muy embarazoso para él justificar por qué no lo denunció.

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El exalcalde MORENO dejó como se dice toda una bomba de relojería en el Ayuntamiento el mismo día que anunció su retirada de la corporación. Y con unos claros destinatarios: sus irreconciliables enemigos internos del partido cuya lucha a muerte entre ambos bandos ha dejado como primera víctima a la propia coalición, que ha saltado por los aires totalmente. El alegato que el Ayuntamiento ha presentado al Administrador concursal, es toda una declaración de guerra llevada a sus últimas consecuencias: la total aniquilación mutua. Ya veremos cómo acaba incluso para la viabilidad de la propia corporación.

La lucha a muerte entre ambos bandos ha tenido muchas manifestaciones públicas (como el cese del portavoz y bestia negra del grupo del alcalde, Javier BLANCO), y otras internas que se van conociendo ahora. Inquietante resulta sin embargo lo manifestado por el anterior coordinador de IU Ángel ESCUDERO en una reunión interna del grupo celebrada a finales de 2014, y con el caso de PESF SL como único punto pues se trataba de decidir si se proponía a la AC liquidar o no la sociedad. 

Al final de la muy agría y acalorada reunión, Ángel ESCUDERO tomó la palabra como coordinador de IU y dejó muy clara la propia posición política de organización:

"La posición oficial de la organización [de IU, se entiende] a este respecto es muy clara. No denunciaremos a WOODMAN SL si con ello ponemos en riesgo perjudicar a un compañero". 

En esta lapidaria consigna expresada en el ambiente de una agresiva reunión mantenida por el grupo, queda resumido el fondo del asunto y el orden de las prioridades para al menos la posición oficial de IU sobre el caso: primero proteger a los suyos, aunque para ello haya que renunciar a perseguir a los culpables. Así de claro quedó en la reunión. WOODMAN SL no será denunciada por IU porque hay que garantizar la indemnidad de un compañero. A buen entendedor pocas palabras más.

Pero los asistentes a dicha reunión (todos los miembros del equipo de gobierno con sus asesores de confianza incluidos) sabían, entre otras cosas, que incluso ese compañero al que la organización ordenaba proteger a toda costa, renunciando a ejercer acciones judiciales contra WOODMAN SL incluso, había firmado documentos como concejal y como consejero delegado de PESF SL varios meses después de haber cesado en ambos cargos. Así queda recogido en el acta levantada. ¿Colegas protectores o en realidad cómplices?