LA CONTABILIDAD CREATIVA Y EL ADMINISTRADOR CONCURSAL (II)

AVISO A NAVEGANTES

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El informe provisional del administrador concursal sobre la contabilidad de la sociedad en concurso PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, merece unas buenas dosis de paciente lectura porque no tiene desperdicio. Errores contables (al menos esa apariencia tienen) u otras cuestiones como esta que hoy comentamos, revelan que bajo la contabilidad de la sociedad mixta participada por el Ayuntamiento, absolutamente opaca, hay no pocas nebulosas que el Administrador Concursal tiene la obligación de esclarecer . A menos, claro está, que no haya caído en la cuenta y recfique en su informe definitivo.

En el año 2009 el Consejo de Administración de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL acordó comprar a la Empresa Municipal de suelo de San Fernando SA, una veintena de locales y medio centenar de plazas de garaje de su propiedad en lo que se denominó "locales de Echeveste", la unidad UE-2 que está detrás del Ayuntamiento. Los motivos "oficiales" para justificar esta compra no pudieron ser más pueriles, pero la verdadera razón era la necesidad de liquidez de la EMS y la imposible venta de aquellos locales a particulares. Los consejos de administración de ambas sociedades están formados casi por las mismas personas y de ambos es su presidente D. JULIO SETIÉN.

Pues bien, ahora podemos conocer a través del informe preliminar de la administración concursal, cómo se han ido produciendo las diferentes secuencias de esta operación, y, como se verá al final, hay sorpresa incluida. Veamos pues:

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ACUERDO DEL CONSEJO

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El día 20 de julio de 2009 fue convocado el Consejo de Administración de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL presidido por D. JULIO SETIÉN, con objeto de acordar la compra de 20 locales comerciales y 50 plazas de garaje a la Empresa Municipal de Suelo de San Fernando SA, también presidida por el señor SETIÉN.

El precio: 8.000.000 € a pagar de la siguiente forma: 3.000.000 € en efectivo, y los 5 millones restantes subrogándose una hipoteca con  IBERCAJA. El acuerdo final fue de comprar los locales a la EMS si bien con el voto en contra de los representantes del PP en el consejo.

El mismo acuerdo fue adoptado por el Consejo de Administración de la EMS (la verdad es que eran casi los mismos). La formalización del acuerdo es encomendada al entonces Consejero Delegado de la EMS y portavoz del PSOE en el equipo de gobierno.

La EMS conseguía así, además de vender unos inmuebles que no conseguía vender, obtener liquidez y rebajar la deuda que tenía acumulada con IBERCAJA en la promoción de ECHEVESTE. Eso sí, a costa de endeudar más a PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL.

Sin embargo, solo por el informe provisional del administrador concursal  sabemos que en realidad esa compra, que fue realizada como se dice en el año 2009, no fue elevada a pública hasta el día 27 de julio de 2011. ¿Cuál es la razón de tan formidable retraso teniendo en cuenta que había por medio una subrogación de una hipoteca? Pues sinceramente no lo sabemos. Aunque no es descabellado pensar que andaba por medio retrasar la obligada liquidación del IVA, que si bien debió de realizarse en 2009 no lo elevaron a público sino en 2011. Pero este retraso provocó que la operación fuera gravada ya con la subida al 21% en lugar del 16%, tipo del IVA que  hubiera sido si la liquidación se hubiera realizado cuando obligaba la ley: en el momento de suscribir la compra y emitir las facturas correspondientes. Es decir, en el año 2009.

Lo que sí sabemos ahora es que en el ejercicio contable de 2009 aparece contabilizado un importe de 1.500.000 € en el epígrafe de Inmovilizado Material en curso - Anticipos, que se corresponde con un supuesto pago realizado a la EMS, si bien en las cuentas del ejercicio de la sociedad municipal correspondiente al ejercicio de 2009 no aparece contabilizado como tal.

Pero vemos que no es sino hasta el ejercicio de 2010 cuando en la contabilidad de la sociedad PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, aparecen dos partidas de 1.500.000 €: una el 1 de enero de 2010 y la otra el 5 de marzo de 2010. El monto total de los anticipos pagados a la EMS es de 3.000.000 €. Es decir, se supone que PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL ha pagado a la EMS, ambas presididas por D. JULIO SETIÉN, la cantidad de 3.000.000 € en concepto de compra de los famosos "locales de ECHEVESTE". Eso es desde luego lo que dice el informe provisional de la A.C.

Y, efectivamente, el saldo de 3.000.000 € que figuraba en el Inmovilizado es traspasado a la cuenta de Existencias en concepto de Anticipo a proveedores. Es decir, según la contabilidad de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, la concursada ha anticipado a la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO SAN FERNANDO SA, presidida también por el señor SETIÉN, 3.000.000 € en concepto de compra de los 20 locales y las 50 plazas de aparcamiento. Al menos eso es lo que figura en la contabilidad entregada al Administrador concursal por la sociedad en situación de insolvencia.

Tal y como podemos ver por los estados contables el importe del precio de 8.000.000 € figura en el Activo Corriente, epígrafe  Existencias, como Terrenos y solares, junto con la plaza de España y las entregas realizadas por los propietarios. Es decir, que en este epígrafe aparecen contabilizados por los 8 millones de euros, unos locales que sin embargo, a finales de 2011 no aparecen pagados. Es decir, no son propiedad aún de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Por su parte, en la contabilidad de la EMS de 2010 y 2011, no aparece contabilizada la salida patrimonial de esos 8 millones, sino que aún aparece como activos propios. O lo que es lo mismo, el importe de esos locales aparecen contabilizados como tal en ambos activos del balance de ambas sociedades.

Los terrenos y edificaciones aportadas por los socios, entre las que están la plaza de España (valorada en más de 11 millones de euros), así como las viviendas aportadas por los propietarios y que luego fueron demolidas (valoradas en más de 4 millones de euros), aparecen todas ellas junto con el importe de 8.000.000 € de los locales de Echeveste que aún no han sido pagados, formando parte del epígrafe de Existencias de la sociedad insolvente y con los cuales pretende el A.C. pagar parte de las deudas.

Sin embargo, oh sorpresa, los auditores de las cuentas del ejercicio de la EMS de 2011, nos dicen en su informe que en el balance de la sociedad municipal aparece una partida correspondiente a Clientes con un importe pendiente de cobro de 6.040.000 €, por la venta de los locales de Echeveste a PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Asimismo, los auditores recomiendan a la Empresa Municipal de Suelo de San Fernando SA, que dado que su deudor, PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, está en concurso de acreedores, la EMS debería de realizar las oportunas provisiones en orden a contabilizar adecuadamente esta venta como fallida.

Y, para mayor desconcierto, vemos que la A.C. ha reconocido un crédito a favor de la EMS por parte de la concursada de nada menos que 6.820.179,89 €. Es decir, si PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL le pagó ya en 2010 al menos 3.000.000 €, y el importe total de la venta era por 8.000.000 €, eso significa que la diferencia entre los 5.000.000 € que le quedarían por pagar (subrogándose la hipoteca con IBERCAJA), y los 6.820.179,89 € reconocido, hay un importe de 1.820.179,89 € que deben de corresponderse con el IVA. IVA que, obligatoriamente, debió de ser pagado en el año 2009 y que, o bien la EMS lo ha anticipado a Hacienda o sencillamente no ha sido ingresado. Lo cual viene a arrojar más inquietud sobre esta operación "locales de Echeveste". Y por si fuera poco, nos aseguran  que IBERCAJA no ha aceptado finalmente la subrogación de la hipoteca por PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, lo cual es perfectamente lógico. En el activo de la masa concursal hay pues otros 8.000.000 € en el aire.

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NOTA: Aunque no nos ha sido posible confirmarlo, nos llegan noticias también de un posible embargo de la Agencia Tributaria a la EMS por el importe del IVA no liquidado correspondiente a esta operación de "locales de Echeveste". El señor SETIÉN no gana para disgustos. Pero, naturalmente, estas noticias no salen nunca en la revista municipal.

LA CONTABILIDAD CREATIVA Y EL ADMINISTRADOR CONCURSAL (I)

AVISO A NAVEGANTES

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El administrador concursal ha emitido su primer informe (bien es cierto que provisional) en relación con la situación financiera y patrimonial de la sociedad mixta concursada PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Y no puede ser más desconcertante. Tanto, que merece la pena dedicarle dos o tres entradas para desmenuzarlo y tratar de comprender las evidentes contradicciones en que incurre. 

De entrada viene a reconocer que los activos de la sociedad recogidos en su partida más importante de existencias del balance, son en estos momentos de escasa liquidez, lo cual es muy evidente. Para después llegar a la conclusión de que puede ser realizable todo el activo e incluso tener un superávit de más de 8 millones. Y esto lo dice, además, después de rechazar los créditos solicitados por los propietarios y que ascienden a más de 45 millones. La razón: que PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL no ha incumplido acuerdo alguno con ellos.

Dado que el informe basa sus conclusiones finales en una contabilidad del ejercicio de 2012 al parecer aportada pero no aprobada, y que buena parte del análisis del informe se basa no obstante en la contabilidad ya aprobada de los ejercicios de 2009, 2010 y 2011, nos atendremos en esta primera entrega a estudiar críticamente algunas cuestiones importantes del informe del administrador concursal que, sinceramente, nos dejan perplejos. Veamos.

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EL RATIO DE SOLVENCIA

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El señor administrador concursal da por buena la contabilidad de la sociedad y asegura que que el total del activo real de la concursada es de 95.821.820,59 €. E incluso se permite añadir 100.000 € más de su cosecha que no sabemos de dónde los saca. Y, dado que el pasivo exigible asciende a 78.385.576,17 €, el ratio de solvencia de la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL es de 1,22. Ratio que, al ser mayor de 1, supone que la concursada puede pagar fácilmente sus deudas. Según nuestros cálculos el ratio de solvencia de la sociedad es de 0,62 y ya explicaremos el porqué. Es la sorprendente magia de la contabilidad creativa. Un auténtico espejismo como se verá.

EL ESTUDIO DE VIABILIDAD

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El arquitecto director de la obra realizó un estudio de viabilidad en el año 2006, que luego ha sido utilizado para justificar la viabilidad económica de la operación. Una de las consecuencias de lo erróneo de este estudio ha sido precisamente que el propio arquitecto autor del mismo no cobre sus honorarios. Gajes del oficio.

Pues bien, el arquitecto director nos aseguraba entonces (repetimos, año 2006) que los ingresos por la venta de los activos proporcionarían liquidez suficiente a la sociedad por más de 51 millones de euros. Esos ingresos saldrían de la venta de las plazas de garaje de la plaza de España a 30.000 € cada una, de la venta de los locales comerciales a 4.000 € el metro cuadrado, de la venta de las viviendas protegidas con más de 9 millones, y de desconocidas subvenciones por importe de 6 millones. 

Cualquier persona con unos pocos conocimientos de la situación inmobiliaria y financiera hoy, incluso ya hace tiempo, tacharía a este estudio de viabilidad de pura ensoñación. Lo asombroso, sin embargo, es que el administrador judicial asegura que los activos de la sociedad pueden realizarse hoy día ¡casi por el doble! Es decir, pretende obtener más de 95 millones de euros hoy contra los 51 que preveía el arquitecto director de la obra en el año 2006. 

Así pues, podrían venderse - según el administrador concursal - las plazas de garaje de la plaza de España a 60.000 € cada una, y los locales comerciales a 8.000 € m2. Es, como decimos, la pérfida magia de la contabilidad creativa pero que, más pronto o más tarde, acaba estrellándose con la cruda realidad.

 CÓMO SE PUEDE MANIPULAR LA REALIDAD CON LA CONTABILIDAD

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En el ejercicio contable de 2009 aparecen contabilizados en el epígrafe de Inmovilizado material nada menos que 24.296.266,50 €. Como puede apreciarse, en el ejercicio siguiente de 2010 este epígrafe es cero. ¿Qué ha pasado? Veamos.

El inmovilizado material de 24.296.266,50 € se corresponde básicamente con la contrapartida en el pasivo del capital social aportados por los socios que superaba los 22 millones de euros. Es decir, son todos los solares, casas y locales aportados por los socios, y, naturalmente, también los bienes aportados por el Ayuntamiento, básicamente la plaza de España.

Por indicación de la empresa auditora LAEX NESIA, para el año 2010 y 2011 esa partida fue traspasada a un epígrafe distinto del activo: existencias. Desde entonces, el inmovilizado permanece acumulado a las existencias de la sociedad. Es decir, que de los más de 88 millones de euros que en el ejercicio de 2011 aparecen como activo corriente, más de 22 millones se corresponden con la plaza de España (11 millones) y con las aportaciones hechas inicialmente por los propietarios que, como es sabido, todas han sido demolidas. ¡Pero siguen apareciendo contabilizadas! Es la magia de la contabilidad creativa.

 LOS DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS, EN EL AIRE

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Volviendo al estudio de viabilidad realizado por el arquitecto director de las obras en el año 2006, se reconocía que hay un coste que proviene de acuerdos parasociales con los propietarios de la UE-1, que han de ser sorportados por el resto de los activos. Esos activos (inmuebles a retornar a estos propietarios), hay que devolverlos sin cargas (excepto los que tuvieran alguna hipoteca) a esos mismos propietarios.

El importe que el arquitecto calculaba sobre los costes era de, aproximadamente, el 38 % de los ingresos. Es decir, aproximadamente el 38 % de los ingresos por la venta de los activos de la sociedad, están comprometidos para liberar las cargas hiootecarias que tengan y para pagar los costes.

O dicho de otra forma, es claro que los propietarios tienen un crédito parasocial reconocido por la propia sociedad en su acto de constitución, sin que sin embargo figuren contabilizados en ninguna parte y, lo más sorprendente, sin que el administrador concursal se los reconozca. Según nuestros cálculos, esos importes (deducidas cargas hipotecarias anteriores) ascenderían a más de 24 millones. Sin embargo, como se dice, no aparecen contabilizados ni reconocidos.

 

En un informe realizado en el año 2006 por los servicios técnicos municipales, se viene a decir que la valoración que se hace de los bienes y derechos de los propietarios, a efectos del justiprecio por la expropiación, ascendía a más de 12 millones. De los que 4.597.112,20 € lo serían por la valoración de las construcciones que aportaban.

Pero esas construcciones fueron lógicamente demolidas, aunque formaban parte del capital social. Es decir, el capital social de la mercantil debió de registrar una baja por importe de al menos los más de 4 millones de euros que fueron reducidos a escombros una vez iniciadas las obras. Sin embargo, estos inmuebles ya desaparecidos y que en 2009 figuraban como inmovilizado, ahora figuran en el activo corriente ¡como existencias! De nuevo la magia de la contabilidad. Y el señor administrador concursal pretende, además, que estos inmuebles ¡pueden ser vendidos y generar liquidez a la sociedad!

Como puede observarse, todas las viejas construcciones que habían sido aportadas al capital social por sus socios es lo primero que desapareció y solo quedaron los solares. Por lo tanto, el patrimonio neto de la sociedad sufrió unas pérdidas lógicamente provocadas por estas demoliciones. Pero no solo no fue contabilizada pérdida alguna por esta razón, sino que fueron traspasadas a existencias, donde aún hoy figuran como activos. 

¿DÓNDE HAN CONTABILIZADO LA PLAZA?

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Pues la plaza de España, además de figurar en el pasivo como capital social, figura contabilizada en el activo también como existencias, y por lo tanto susceptible de ser vendida (previamente habrán de levantar los embargos, claro) al igual que el resto de los activos de la sociedad. Todo esto según el señor administrador concursal.

Es decir, los inmuebles aportados inicialmente por los propietarios y la plaza de España aportada por el alcalde, figuran como parte del activo real susceptibles de generar liquidez a la sociedad. Pero, las construcciones aportadas fueron demolidas y esta plaza es un bien de uso y dominio público. O dicho de otra forma, el epígrafe de existencias de la contabilidad de la sociedad está simplemente inflado.

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Los activos que maneja el administrador concursal están inflados, además de por incluir inmuebles que no pueden venderse (unos porque ya no existen y otros porque no son enajenables), porque es preciso reconocerle a los propietarios determinados derechos que se hallan firmados y comprometidos con plena validez. Esos derechos impiden, por razones lógicas, que se pueda disponer de al menos la mitad de esos activos para su venta. Razón por la cual los cálculos de los ratios de solvencia difieren de modo drástico si se hacen correctamente y teniendo en cuenta estas circunstancias.

De la misma forma, a nadie que tenga hoy día los pies en la tierra, se le puede ocurrir que pueden ser vendidas todas las plazas de garaje de la plaza a 60.000 € (y eso en el supuesto de que puedan disponer legalmente de esos activos, que está por ver), de la misma forma que es una quimera tratar de vender los locales comerciales al precio de 8.000 €/m2 como si estuvieran en pleno barrio de Salamanca. Algo suena a tomadura de pelo en este primer informe de la administración concursal.

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(CONTINUARÁ)

LOS PAPALES DE D. VICTORIANO

AVISO A NAVEGANTES

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Algunos seguidores de nuestro blog nos han venido pidiendo noticias de nuestro anuncio acerca de los papeles de D. VICTORIANO. Aquí están algunos. Ahora solo nos queda esperar a que el grupo municipal de IU, en cuyo nombre y en el de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL parece que habla este señor, sea consecuente. Esperemos que así sea.

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D. VICTORIANO nos aseguró en esta esperpéntica y surrealista intervención suya, que él sí sabe quién ha robado mucho en San Fernando. Pero no lo dijo. Esperemos que lo haga en otra ocasión

D. VICTORIANO CUESTA ha sido el verdadero responsable en la sombra de la gerencia de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. De ahí que el día de la despedida del alcalde SETIÉN, sorprendiera a todos tratando de contestar las protestas de los afectados "papeles en mano". Este caballero, bajo el paraguas de WOODMAN SL (cuyo contrato de gerencia le ha costado a la mercantil mixta, que sepamos, nada menos que 4.000.000 €, y eso sin tener empleado alguno declarado), ha firmado casi todo en nombre de la "propiedad". Es decir, en nombre de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Eso sí, no hay constancia oficial registral de su nombramiento (ni del de WOODMAN SL), pero firmar lo ha firmado casi todo: planos, proyectos, memorias, peticiones de licencias, incluso encargos de instrumentos de planeamiento. Y no solo eso, sino que cesado en WOODMAN SL (vaya usted a saber por qué) la sociedad contratada como gerente realmente, ha venido compareciendo con el alcalde SETIÉN y la secretaria, Dª CARMEN CRIADO, en cuantos eventos y reuniones, públicas o privadas, se han celebrado de septiembre hasta hoy, relacionadas con PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Habla pues en nombre de la mercantil mixta de la que dice es asesor (aunque no tenga nombramiento legal alguno) y, lo más sorprendente: utiliza el plural, y no precisamente de modestia,  cuando habla de IU. Por supuesto, entra y sale del Ayuntamiento (sede social de la sociedad mixta, claro) como si fuera un funcionario más. Sinceramente no entendemos bien por qué razón el grupo municipal de IU permite que este caballero sea su portavoz en estas cuestiones.

D. VICTORIANO tiene o ha tenido todo un elenco de sociedades mercantiles, solo o en compañía de otros, que han venido contratando con PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Mejor dicho, autocontratando. Dos de estas sociedades, además de WOODMAN SL claro, JOVICASA SL y CARFER 1959 SL, aparecen interviniendo en varias operaciones con la sociedad mixta que preside el ex alcalde SETIÉN. La última incluso aparece en el listado de acreedores. Todas ellas tienen el mismo objeto social que la sociedad mixta que gerenciaba WOODMAN SL, cuyos socios, por cierto, también aparecen autocontratando con PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL a través de otras sociedades. No han desaprovechado su evidente posición privilegiada, a pesar de tenerlo prohibido por la ley.

D. VICTORIANO acudió a la ampliación de capital fallida de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL el día 19 de junio de 2012. Y lo hizo, además de con sus hijos, con la sociedad PROYECTOS ALBACETE SL. Suscribieron, según dicen los papeles de D. VICTORIANO, 363 participaciones: desde la 36.660 a la 37.023. Pero esa sociedad con la que se presentó D. VICTORIANO es inexistente en realidad, razón por la cual, según el acta firmada por Dª CARMEN CRIADO, acabaron adjudicándole estas participaciones a otra sociedad del clan: IRIS RIVER SL. Esto explica por qué el administrador judicial ha pedido el libro de socios diligenciado de la sociedad, pero sin éxito.

El señor notario de Torrejón de Ardoz trata de convencernos de que la firma que aparece bajo la antefirma de la mercantil CEDEÑO LOOR SL, pertenece a su administradora, Dª JENNY MARIANA CEDEÑO LOOR, cuando es evidente que no es así sino que pertenece a D. VICTORIANO. Pero, ¿cómo es posible que D. VICTORIANO firme las cuentas de una sociedad de la que, al menos aparentemente, solo es apoderado? Se trata acaso de una fiduciaria (por decirlo de forma elegante, porque no queremos utilizar la palabra testaferro). ¿Conoce IU esto? ¿lo aprueba? ¿lo ampara? ¿ha intervenido D. VICTORIANO a través de esta sociedad en alguna actuación del entorno de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL? ¿O simplemente es un sociedad instrumental a la que apodera? Y si es así, ¿cómo es posible que firme las cuentas si es una facultad indelegable de la administradora?

Pero, como puede verse, el ilustre señor notario de Torrejón de Ardoz conoce muy bien la firma de D. VICTORIANO. Así lo testimonia esta otra legitimación de firma en otra de sus sociedades de la que, ahora sí, es administrador.

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PRÓXIMA ENTREGA: LA CONTABILIDAD CREATIVA Y EL ADMINISTRADOR JUDICIAL

EXPEDIENTES QUE DESAPARECEN

AVISO A NAVEGANTES

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Que haya expedientes que desparezcan de las dependencias municipales es grave, muy grave. El Código penal vigente impone penas severas para los funcionarios públicos que cometan estas tropelías. Penas de prisión, multas e inhabilitación. El problema, claro está, es probar los hechos. Sin embargo, no es la primera vez que iniciativas judiciales de nuestra Asociación tienen como correlato inmediato la desaparición de los expedientes que se reclaman por los juzgados. A nosotros ya no nos sorprende nada. Si acaso, la cándida ingenuidad de la oposición en este nuevo caso al parecer denunciado. El juego de denunciados y denunciantes y sus guerras particulares, son de nuevo objeto de atención (y en el caso de uno de los partidos opositores no solo de atención), con la táctica oportunista de señalar al equipo de gobierno pero por persona interpuesta. Lástima de oposición tan miope. Y de Equipo de gobierno tan torpe. 

Veamos pues algunos de los antecedentes en los que nuestra Asociación ha sido protagonista además de víctima, claro. Ah, y este caso solo es una muestra.

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 EXPEDIENTES QUE SE TRASPAPELAN

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Nuestra Asociación se vio obligada a recurrir ante los tribunales varias licencias "provisionales" otorgadas a la entidad TRADISA para una campa de vehículos levantada sobre suelo no urbanizable especialmente protegido. Y decimos que nos vimos obligados porque la oposición, como simpre, no se enteraba o no quería enterarse de nada. Esto ocurría en el año 1997, y la defensa del Ayuntamiento la llevó una vieja conocida: Dª CARMEN CRIADO. Hasta siete largos años tardó el caso en ser fallado por el tribunal. Ahora, la razón no era la proverbial lentitud de la justicia, sino que el Ayuntamiento no enviaba los expedientes (un total de 5). Más de tres años tardó el Ayuntamiento en remitir los expedientes al tribunal, en un trámite que la ley le concede de solo veinte días. Y para asombro nuestro y de los jueces, con todo el desparpajo del mundo, vienen a decir que no encuentran algunos de los expedientes porque se han "traspapelado" por los numerosos traslados del Ayuntamiento. Inaudito. Vean quién firma el escrito casi cuatro años después de haber presentado nosotros el recurso. Las licencias fueron anuladas por sentencia firme en 2004. Pero pedida su ejecución, el Ayuntamiento nunca las ejecutó. Y es que, al tiempo que a TRADISA le daban esas licencias ilegales en suelo no urbanizable, regalaba una ambulancia a Protección Civil y patrocinaba programas del Área de Cultura. Y los expedientes desaparecían, claro.

 MÁS EXPEDIENTES DE TRADISA QUE DESAPARECEN

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Algo debe tener esta empresa de transporte de vehículos cuyos expedientes municipales de urbanismo desparecen como por ensalmo. Se trata de licencias ilegales, así declaradas por los tribunales por haber sido otorgadas en suelo no urbanizable y especialmente protegido. Pero, cuando se reclaman los expedientes, han desaparecido. Basta una simple denuncia nuestra para que una ola de traspapeleo consiga hacer desparecer de los archivos expedientes enteros. Y, curiosamente todos afectan a la misma empresa. ¿Por qué será?

Es el caso de esta licencia principal de obras que fue otorgada a TRADISA y que luego fue anulada por los tribunales. Se trata de una licencia ilegal; un infracción urbanística grave en suelo no urbanizable perpetrada con licencia municipal y precedida de un convenio también ilegal pero votado por el pleno municipal. Pero nadie sabe dónde está el expediente original. ¿Por qué será?

EL DIAGNOSTICO EN LA TRAMITACIÓN DEL PGOU

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Cuando fue tramitado el PGOU a principios de 2000, la Consejería de Urbanismo de la CM ya decía que en el suelo no urbanizable se habían producido parcelaciones ilegales y autorizaciones ilegales también que habían impactado gravemente en suelos clasificados como no urbanizables y especialmente protegidos. Y citaban el caso de la campa de vehículos de TRADISA. El diagnóstico era correcto. Y sin embargo...

 OTRO EXPEDIENTE QUE DESAPARECE

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En la resolución del Consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid de aprobación del PGOU, se hace un relato de la documentación remitida por el Ayuntamiento a la Consejería de Urbanismo para su aprobación. Entre los anexos que fueron exigidos y al parecer aportados en el expediente remitido, hay uno, el número 4, denominado de "viabilidad ambiental de la zona de TRADISA". Pero, oh misterio, nadie sabe dar cuenta de dónde está ese informe, y no ya para obtener una copia del mismo, sino al menos consultarlo. En el expediente  de la Consejería no está. Y eso que lo hemos pedido reiteradamente por escrito. Pero nadie sabe ni explica por qué no se halla ese documento entre la documentación del expediente de tramitación del PGOU. Y por supuesto, tampoco en el Ayuntamiento quieren dar razón de esta misteriosa desaparición.

UN EXPEDIENTE X

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Teníamos y tenemos curiosidad por saber quién firmaba esos informes "de viabilidad ambiental de la zona de TRADISA" que en 1999 presentaba este aspecto de pleno funcionamiento. Estábamos nosotros peleando para que remitieran los expedientes al tribunal, pero Dª CARMEN CRIADO se resistía a hacerlo. Pretendía ganar tiempo para aprobar el PGOU con este suelo clasificado ya como urbanizable.

Ahora bien, ¿cómo es posible que un suelo en el que se han dado licencias de obras, apertura y funcionamiento, pueda luego ser clasficado por el nuevo PGOU como urbanizable? Misterios de nuestro Ayuntamiento. Pero es sencillo de explicar. Se encarga un informe que seguramente ha pagado la propia empresa y todo solucionado. Por eso queremos saber nosotros quién firmó ese misterioso informe de viabilidad que figura en una resolución del Consejo de gobierno. Y sin embargo ha desaparecido también.

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El caso TRADISA nunca quisieron en el Ayuntamiento investigarlo. Trae causa de un convenio aprobado por el pleno municipal (IU más los carrillistas del PTE, hoy en el PSOE) apenas tres meses después de serlo también el PGOU de 1988. Ya hemos dedicado varias entradas a este asunto anteriormente. Pero lo traemos ahora por el curioso caso de la desaparición o traspapeleo de expedientes en el Área de urbanismo. Entre denunciantes y denunciados anda el juego. Pero los grupos de la oposición solo se alarman y hacen aspavientos cuando están en la oposición. Cuando están en el gobierno, simplemente miran para otro lado. Es decir, encubren.

UNO DE LOS NUESTROS

SETIÉN y LLAMAZARES. Uno de los nuestros

 AVISO A NAVEGANTES
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La imputación judicial del ex alcalde SETIÉN por la enajenación de la plaza de España ha provocado tres tipos de reacciones  y declaraciones típicas y tópicas por parte de los correligionarios y funcionarios del partido: prietas las filas, solidaridad ciega y descalificación del denunciante. Es de manual. Pero en nuestro municipio ya conocemos bien el ritual porque hubo sonados precedentes con peripecias que se asemejan mucho. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones: el "caso Gullón" y el "caso plaza de España" tienen trayectorias similares. ¿Acabará este último como el primero? Naturalmente no lo sabemos, pero lleva exactamente la misma puesta en escena. La negativa a reconocer por parte del portavoz de IU de que la plaza de España fue enajenada por el ex alcalde en aportación a una sociedad mercantil privada, es la evidencia más clara de que nos hallamos ante empecinados personajes de nuestra política local que consideran que somos idiotas. Un verdadero insulto a nuestra inteligencia.

Pero, veamos el nítido paralelismo entre las reacciones del caso plaza de España y el famoso "caso Gullón", así como sus sorprendentes concomitancias.

Arropando a uno de los nuestros

PRIETAS LAS FILAS

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Era 1989 y lo que luego sería conocido como el "caso Gullón" saltó a la prensa. Una querella presentada por un particular tres años antes contra el entonces alcalde del PCE y varios funcionarios más del Ayuntamiento, así como contra el gerente de PRYCA, les acusaba de cohecho, prevaricación, apropiación indebida, etc. La reacción del PCE local y regional, los cargos municipales, los correligionarios y demás simpatizantes, fue la de acudir raudos a la llamada gregaria de la manada para arropar al alcalde en multitudinaria rueda de prensa. Allí, además de proclamar su inocencia a todos los vientos y rodeado de los suyos en una exhibición de fortaleza y unidad, acusó a elementos de la intolerante derecha de estar detrás de la operación de acoso y derribo. Ninguno de los cargos que lo arroparon en aquella ocasión se ocuparon de conocer bien la verdad, solo sabían que estaban allí en un acto obligado de solidaridad con un compañero que, por el solo hecho de serlo, no solo tenía que ser  inocente sino inmaculado. Es la fe de carbonero de los correligionarios y militantes. Una fe ciega en la inocencia del agraviado camarada, cualquiera que fuese la fechoría de la que se le acusase. Es la llamada de la banda en defensa de uno de los nuestros. Poco importa la verdad y que una persona y su familia estuvieran sufriendo los atropellos más indecentes. Lo que importaba era eso: la defensa numantina de lo hecho por uno de los nuestros que necesariamente y por ello, debía de estar bien hecho. Lo demás no importaba. ¿No suena esto igual que ahora? Sostenella y no enmendalla. Uno de los nuestros nunca se equivoca y mucho menos delinque. Es el primer síntoma de la impunidad: no admitir la más leve autocrítica y cerrar filas hasta el mismo infierno. Una mal entendida solidaridad equivocada y dañina.

EL PRECEDENTE DEL  "CASO GULLÓN"

(desde 1986 a 2007 y aún colea)

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El conocido como "caso Gullón" en nuestro municipio marcó un hito de la incapacidad de una organización política (entonces el PCE) para conseguir reconducir hacia la racionalidad, lo que no era sino una impresentable acumulación de decisiones arbitrarias (y como luego sancionó el Tribunal Supremo, delictivas) que hubo de sufrir un ciudadano de apellido Gullón (pero que podíamos ser cualquiera de nosotros) en lo que fue un verdadero calvario para él y su familia. Tanto que murió en el intento al poco de iniciar su solitaria y desproporcionada lucha, que debieron de continuar sus herederos. Ahora se solidarizan con los desahuciados, pero tomen nota del escrache administrativo a que fue sometida esta familia.

Y así, sin ayuda de nadie, el señor Gullón inició una larguísima y desigual batalla judicial contra todos los atropellos sufridos por una alianza infernal que traía causa de una venganza: la de PRYCA y el entonces alcalde Enrique GUERRA.

Como el señor Gullón había presentado un interdicto contra las obras de PRYCA en 1983, el asesor fiscal de la poderosa multinacional francesa le buscó las vueltas y encontró, en la persona del entonces alcalde (que esperaba recibir de la cadena de distribución nada menos que 100 millones de pesetas para el Ayuntamiento), un aliado ideal con el que perpetrar la venganza contra aquel osado ciudadano que consiguió paralizar por unos meses las obras. Y así, fue denunciado por el asesor de la gran superficie por no haber abonado un impuesto de transmisiones por la compra de su finca un buen montón de años antes. Y se quedó sin finca. Pásmense los desahuciados.

 "ABSOLUTA TRANSPARENCIA"

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El Ayuntamiento inició rápidamente un procedimiento de recaudación ejecutiva y luego un embargo contra la finca del ciudadano Gullón, y el recaudador consiguió registrar en el registro de la propiedad la finca y luego embargarla por impagos de unos 7 millones de pesetas de liquidaciones tributarias ya prescritas. Para, finalmente, en una supuesta subasta celebrada en agosto de 1986, adjudicarse la finca el Ayuntamiento omitiendo la notificación al embargado. Por una deuda prescrita de 7 millones de pesetas, el Ayuntamiento se adjudicó una finca que, según su propietario, valía 100.

Poco tiempo después la finca, que ya figuraba inscrita como propiedad municipal, fue vendida directamente por el propio alcalde a un asiduo contratista de obras municipales, en pago de deudas por importe de 39 millones de pesetas. Y pocos meses después, el nuevo propietario de la finca del señor Gullón contratista y amigo del alcalde, la transmitió a su vez a otra empresa filial suya por 9 millones de pesetas. 

Es decir, por una deuda prescrita de 7 millones de pesetas, la familia Gullón había sido desposeída de un finca valorada en al menos 39 millones, y luego, el nuevo propietario, simulando una venta ficticia a una filial suya, trabó la finca con una operación hipotecaria como si fuera un tercero de buena fe con el objeto de impedir así que su legítimo propietario recuperara su propiedad.

A todo esto, el señor Gullón había afianzado y recurrido la deuda, comunicándoselo fehacientemente al alcalde y al Ayuntamiento. Pero no le hicieron ni puñetero caso. El señor Gullón veía con zozobra e impotencia cómo la maquinaria administrativa arrollaba sus más elementales derechos y se había puesto en marcha hasta despojarlo de su propiedad, sin que importara nada ni se dieran los responsables municipales por aludidos ni por notificados. Haciendo oídos sordos incluso a resoluciones administrativas y judiciales que daban la razón al señor Gullón. La finca pertenecía oficial y registralmente a un tercero y por lo tanto podía darla por perdida.

Anuncian una investigación que no investigará nada

 DE NUEVO UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN...QUE NO INVESTIGA NADA. ¿Les suena..?

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Se anunció a bombo y platillo la constitución de una comisión de investigación acordada y propuesta por unanimidad en un pleno municipal, celebrado precisamente en el teatro García Lorca. Y en medio de una expectación escenificada como una demostración de fuerza desafiante, proclamaron la inocencia del alcalde y responsabilizaron a los medios de la derecha de una persecución sañuda contra una fuerza política genuina y auténticamente de izquierdas. Y no faltaron tampoco graves alusiones contra el gobierno del PSOE de entonces, al que acusaban también de interferir contra el PCE por el éxito de la huelga general ¡de 1984! Todo bastante delirante con tal de no reconocer que habían metido la pata y bien.

Y en aquella ocasión la oposición también se arrugó. Empequeñecida, acomplejada, dividida y desorientada, lo fió todo a una Comisión de investigación, que, naturalmente, no investigó nada. Solo tuvo una reunión para concluir que no había nada que reprocharle al alcalde. Esto ya lo hemos vivido hace poco también.

Un juez que no se dejaba impresionar

UN JUEZ QUE NO SE DEJÓ PRESIONAR ...

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A pesar de proclamar su inocencia y de todos los gestos y puestas en escena de desagravios públicos al alcalde por parte de los suyos, la maquinaria subterránea del partido no las tenía todas consigo y puso en marcha un plan B para intentar parar el golpe.

Una conocidisima abogada militante del PCE hizo una llamada telefónica a un amigo suyo, casualmente entonces presidente de la Audiencia Nacional. El objeto de la llamada: interesar a su amigo para que llamara al juez instructor (entonces de Alcalá de Henares) y sugerirle que cerrara el caso. Pero el juez de instrucción ni se dejó sugerir ni tampoco intimidar por la llamada de tan ilustre colega. Al contrario. De ahí que anunciara en la prensa que no admitiría presiones políticas. Y no las admitió, desde luego. Solo ocurrió que la instrucción duró nada menos que doce larguísimos años hasta que fue acordada la apertura del juicio oral. Es decir, procesados los imputados, entre ellos el alcalde. Mejor dicho, el ex alcalde, pues para entonces hacía años que ya había dejado de serlo. 

En algún rincón polvoriento de algún desvencijado armario del vetusto edificio de los juzgados de instrucción de Alcalá de Henares, durmió durante años y años el sumario que, aunque declarado secreto, según declaraciones del propio juez a la prensa contenía "datos terroríficos".

La sentencia final del Supremo ¡veinte años después!

Y LA SENTENCIA DEL SUPREMO

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No fue hasta el año 2006 cuando el Tribunal Supremo hizo algo para reparar, al menos en parte, las calamidades que se habían hecho sufrir a la familia Gullón. A la sala de lo penal llegó el caso después de que fueran absueltos todos los querellados (el ex alcalde incluido) por la Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia dictada en 2004 que no pasará a los anales de la jurisprudencia por ser precisamente un modelo. La Audiencia provincial absolvía de todos los cargos a los encausados porque no consideró probado que hubiera una relación entre los 100 millones que PRYCA pagó al Ayuntamiento, y el cambio de actitud de éste respecto de su oposición a su localización en San Fernando. Tampoco consideró probado que existiera trato de favor al señor alcalde por un buen descuento en la compra de un coche, en un concesionario amigo del contratista asiduo del Ayuntamiento. Ni tampoco que hubiera razón para sospechar nada anómalo porque los obreros del contratista y amigo del alcalde, fueran los mismos que reformaron su nueva casa en Madrid. O que la aparición de unos cheques ingresados en la cuenta corriente de la mujer del alcalde procedentes de la empresa del contratista municipal, tuvieran origen venal. Ni que, desde luego, la transmisión de la finca de la familia Gullón al contratista  amigo del alcalde y hecha mediante una opaca transmisión directa, guardara relación alguna con la simulación de una subasta pública que nunca existió. En definitiva, que nada había de reprochable en la conducta de los inculpados y fueron absueltos. Es de imaginar la terrible desesperación de los herederos de la familia Gullón. Y la impotencia, claro está,

Menos mal que unos años después, en el 2006, fue el Tribunal Supremo el que, al menos en parte, enmendó la plana a la Audiencia Provincial y puso algo de sensatez en este caso que, circunstancias políticas que lo rodearon aparte, es un ejemplo de auténtica vergüenza para la justicia. A lo largo de casi veinte años, un ciudadano desposeído ilegalmente de su propiedad por la venganza cómplice y prepotente de un alcalde, haciéndole el juego sucio a una poderosa multinacional de la distribución, tuvo que soportar numerosos pleitos judiciales, gastarse ingentes cantidades de dinero en abogados y peritos, y, sobre todo, luchar desesperadamente contra el calamitoso funcionamiento de nuestra justicia penal, experimentando durante muchos años la desoladora sensación de vivir una pesadilla terrible en un país tercermundista.

La sentencia del Tribunal Supremo fue contundente no obstante. Llama la atención la presencia del Ayuntamiento de San Fernando en este pleito, y su asistencia por una abogada bien conocida: Dª CARMEN CRIADO. El Supremo condenó e inhabilitó al alcalde (veinte años después, se dice pronto) y otros dos funcionarios (alguno ya jubilado muchos años antes). Eso sí, les rebajó mucho la pena por dilaciones indebidas ¡de la propia justicia, claro! Y ordenó al Registro de la Propiedad anular todas las inscripciones y transmisiones y reponer la propiedad a sus legítimos dueños: la familia Gullón. El Ayuntamiento de San Fernando fue condenado como responsable civil subsidiario. La responsabilidad civil pedida por los herederos del señor Gullón la cifraban en 200 millones de pesetas. Ah, y el ponente de la sentencia del Supremo no fue un magistrado carcamal de la derecha, sino el conocido y muy progresista magistrado Martín Pallín, a la sazón, visto en un acto electoral reciente en apoyo precisamente del diputado de IU señor Llamazares.

Sabemos, eso sí, que en los años siguientes hubo intentos de ejecutar la sentencia, pero no sabemos a cuánto asciende la indemnización pagada si es que así ha sido. En todo caso, si ha sucedido lo ha sido bajo el mandato ya de D. JULIO SETIÉN, que, junto con su asesora de confianza Dª CARMEN CRIADO, conocen bien las secuelas del caso. Pero, a juzgar por la trayectoria del "caso plaza de España", mucho nos tememos que no hayan aprendido mucho la lección. O sí, porque al fin y al cabo, es probable que piensen que, en el peor de los casos, hay una larguísima trayectoria por los atribulados juzgados españoles hasta llegar al Supremo, y no hay que preocuparse porque si hay alguna sanción, será inocua, tardía y siempre, siempre, acabará pagando el Ayuntamiento. Es decir, todos nosotros. Así funciona realmente este perverso sistema.

LAMPEDUSA EN SAN FERNANDO

PUBLICACIÓN DE HOY 6 DE ABRIL EN EL DIARIO EL MUNDO

AVISO A NAVEGANTES

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Ahora que se cumplen cincuenta años de la publicación de la célebre novela El Gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, príncipe del mismo nombre, podremos decir que el viejo y cínico principio de cambiarlo todo para que todo siga igual es una reiterada y muy actual práctica en nuestra política local. Y particularmente en IU como alumnos muy aventajados del gatopardismo en nuestro municipio. Claro que no siempre les ha salido bien.

La renuncia de Julio SETIÉN a la alcaldía de San Fernando guarda relación con lo que hoy publica en sus páginas de Madrid el diario El Mundo, y, desde luego, confirma nuestra impresión de que la suya, más que una retirada fue una huida. La elección del nuevo alcalde, D. ÁNGEL MORENO, perteneciente al sector vinculado al PCE y enfrentado al de la ex alcaldesa Monserrat MUÑOZ (cuyo compañero sentimental y hoy portavoz del grupo presentó su candidatura alternativa en la asamblea local de IU, y acabó en un pacto más o menos frágil), augura malos presagios y la evidencia de que, hipotecado por ese pacto y por su situación minoritaria en el grupo, hará lo que finalmente le ha exigido la otra parte: continuar con la oscuridad de lo que ha sucedido en PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. No tiene pues muchas opciones y tampoco las esperamos.

Izquierda Unida ha pasado en tres ocasiones por este mismo trance desde que en el ya lejano 1979 ganara las primeras elecciones locales como PCE. La primera ocasión la sufrió el primer alcalde democrático A. F. LUPIÓN, cuando en 1981, en solidaridad con los concejales del PCE del Ayuntamiento de Madrid, Ramón TAMAMES, Cristina ALMEIDA y Eduardo MANGADA, violentamente expulsados del PCE por Carrillo, (curiosamente estas expulsiones dieron la oportunidad de acceder a Julio SETIÉN como concejal del PCE en el Ayuntamiento de Madrid), dimitió como alcalde para dar paso al que sería el nuevo alcalde que accedía en una nueva reelección, pero en el mismo mandato: Enrique GUERRA.

Y fue luego en 1990 cuando de nuevo Enrique GUERRA, que había salvado una moción de censura en 1988 que le presentaron sus propios compañeros "carrillistas" (hoy en el PSOE local), quien se vio obligado a dimitir presentando de nuevo la misma como una renuncia personal. Involucrado en un largo e inacabable proceso penal, acabó finalmente siendo inhabilitado por el Tribunal Supremo en el año 2006. Aquella dimisión y su sustitución por otro concejal de IU, J.L. COPADO, le salió cara porque perdieron las elecciones de 1991, única ocasión en que el PSOE consiguió ganarles.

Y es ahora cuando de nuevo se repite la jugada, sustituyendo en pleno mandato a uno por otro. A Julio SETIÉN por D. Ángel MORENO, haciéndonos creer que la sucesión es por mero "accidente" laboral: la jubilación del primero. 

El dilema del nuevo alcalde no deja mucho margen de maniobra porque nace hipotecado (y nunca mejor dicho). Hipotecas políticas y de las otras que él mismo ha contribuido a otorgar. Razón por la cual, es difícil esperar que asome en su gestión un solo gesto de autorcrítica (que tan saludable sería para IU en su versión local), por la sencilla razón de que no está demostrado ni hay caso conocido en la política nacional o local, que nadie en el poder admita haberse equivocado, porque eso sería tanto como reconocer que el intelectual orgánico que es el partido (en este caso la coalición), es trágicamente falible. Y eso, para el cuasi concepto mesiánico sacramental (y de agencia de colocación) que para muchos militantes es el partido, es tanto como admitir que los dogmas y las consignas ideológicas pueden ser puestas en cuestión como la verdad revelada por el Comité Central. Lo que sería más o menos como una herética y pública retractación. No tenemos pues esperanza alguna en que D. Ángel MORENO haga la más mínima autorcrítica y rectifique en nada la línea seguida por su antecesor. Todo lo contrario, esperamos el enroque más feroz y la autocomplacencia más diletante.

Corre el riesgo el nuevo alcalde no obstante de que el caso PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL le estalle estrepitosamente en su cara, pero en el bolsillo de los sanfernandinos. Será la prueba del nueve ver cómo resuelve IU el dilema. Y también de la oposición, claro está, porque siendo mayoría en el pleno sabremos pronto si en el momento decisivo estarán a la altura de las circunstancias (con el interés general), o por el contrario seguirán en ese calculado letargo de indecisiones víctimas del tactismo más miope. En definitiva, todos, gobierno y oposición en San Fernando, bajo el síndrome del gatopardismo.