domingo, 23 de octubre de 2016

CASO PLAZA DE ESPAÑA: DE DERROTA EN DERROTA Y DE BOCHORNO EN BOCHORNO

CARTEL ELECTORAL DE SAN FERNANDO DE HENARES SÍ PUEDE (PODEMOS) EN EL QUE OFRECÍAN RECUPERAR "NUESTRO" MUNICIPIO


RESOLUCIÓN RECIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y NOTARIADO QUE CONFIRMA LA CALIFICACIÓN DE LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE SAN FERNANDO DE HENARES, EN VIRTUD DE LA CUAL SE DENIEGA LA INSCRIPCIÓN DE LA PLAZA DE ESPAÑA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO


LO QUE NO NOS CUENTAN...




Esta semana hemos asistido a un nuevo acto del esperpento en que se ha convertido el caso plaza de España, al desestimar el Juez de lo Mercantil que lleva el concurso, el incidente instado por el Ayuntamiento con objeto de obtener un fallo judicial que permitiera reponer la plaza de España a su legítimo dueño: el pueblo de San Fernando.



En efecto, mediante un Auto dictado el pasado día 19, el Juez desestimó las pretensiones del Ayuntamiento en una muy fundamentada resolución en la que se citan profusos antecedentes jurisprudenciales. Hay que decir no obstante, que este Auto estuvo precedido de otro previo de fecha once de julio de 2016, en el que el mismo Juez declaraba la competencia objetiva del juzgado pero solo sobre una de las pretensiones del Ayuntamiento: la posible nulidad de las aportaciones realizadas al capital social por la Corporación. Sobre las demás peticiones (tres más), se declaraba incompetente. Y lo hacía en este caso, además, no sin reprochar duramente a la Corporación que osara la pretensión por la vía civil (mercantil) de obtener un resolución judicial anulatoria, que sin embargo traen causa de los propios actos firmes del Ayuntamiento en vía administrativa.

Dejaba pues dicho Auto abierta la puerta a obtener una resolución anulatoria pero solo de la aportación al capital social del Ayuntamiento. Y que la Corporación (no hay que olvidar que el recurso del Ayuntamiento estaba consensuado por todos los grupos) tuviera pues la posibilidad de que, por esa vía, recuperara la plaza de España. Pero el Juez de lo mercantil les ha dado un sonoro portazo a todo el Ayuntamiento pleno, al negar la vía mercantil y más concretamente la concursal, como la vía idónea para obtener la anulación de lo que considera no son otra cosa que resoluciones firmes municipales de naturaleza administrativa, que le está vedado revisar o anular a la jurisdicción mercantil. Resoluciones que, además, el propio Ayuntamiento no ha revisado por los cauces que le son propios.

DE DERROTA EN DERROTA
(O SAN FERNANDO DE HENARES SÍ PUEDE... TAMPOCO PUEDE)

El actual equipo de gobierno municipal ha demostrado en todo el tiempo que lleva gobernando, que no tenía plan alguno para acometer los graves problemas que aquejaban la gestión municipal. Es más, que adolecía de un profundo desconocimiento de la naturaleza y alcance de esos problemas. Obligándose pues a improvisar iniciativas descabelladas o simplemente equivocadas una vez se encontraron inopinadamente con el gobierno municipal. Pero llevados, eso sí, por un afán absurdo de protagonismo delirante y con la vista solo puesta pues en hallar la fórmula que les permitiera presentarse como los exclusivos campeones del bien de dominio público, ofreciendo como trofeo y presente su recuperación con su exclusivo protagonismo. Pero en lugar de trofeos que ofrecer, no están recibiendo más que desastrosos varapalos judiciales uno tras otro.

De todos los itinerarios iniciados en solitario por SFHSP y no sin reproches públicos a la estulticia de los anteriores (estos señores están en la delirante idea de que ellos y solo ellos han adoptado las decisiones correctas), han resultado un rotundo fracaso de los que, obviamente, solo cuentan lo que les interesa.

TAMBIÉN LA D.G. DE REGISTROS Y NOTARIADO DIJO NO A LA ALCALDESA

La Dirección General de Registros y Notariados (ver los documentos de arriba), también le ha dicho que NO a la alcaldesa mediante una Resolución publicada en el BOE del pasado mes de agosto. Había intentado la vía directa de la inscripción de la plaza de España aportando un certificado de un acuerdo del Pleno municipal de 9 de junio de 2014, pero la Registradora de la Propiedad sin embargo denegó en su calificación extender el asiento a favor del Ayuntamiento pretendido por la alcaldesa. Y el Ayuntamiento recurrió la negativa de la Registradora ante la D.G. de Registros y Notariado quien, como se dice, confirmó en julio pasado la negativa de la Registradora. Así pues, otro portazo que le han dado a la alcaldesa esta vez por la vía Registral. Pero de estos fracasos no dicen tampoco absolutamente nada, claro.

EL AYUNTAMIENTO NO PUEDE SER ACUSACIÓN PARTICULAR

Otra de las iniciativas adoptadas por el equipo de gobierno con la alcaldesa a la cabeza y anunciada a bombo y platillo con grandes aspavientos en varios plenos, es la de personarse como acusación particular en el procedimiento penal abierto en la causa del Juzgado número 5 de Coslada. Esta decisión, que como se dice fue anunciada por la alcaldesa en medio de reproches a los anteriores como si fuera una vía que solo a ellos se les hubiera ocurrido, ha sido también tumbada por el Juez inadmitiendo su personación como acusación particular (perjudicado), dejando claro algo que ya había confirmado años antes: que el Ayuntamiento solo puede ser en esta causa actor civil como responsable directo o subsidiario en su caso. Y aunque están incurriendo en la empecinada decisión de recurrir esa resolución del Juzgado, el destino de la misma no será otro que la desestimación también acumulando no obstante de nuevo una maniobra dilatoria más, en una causa que lleva abierta nada menos que desde 2011 a resultas de la denuncia presentada por nosotros.

Al igual que en los demás casos, de estos reveses judiciales naturalmente nada informa ni el equipo de gobierno ni, por supuesto, la alcaldesa.

DENUNCIA DE LA EMS ¿ALGUIEN ENTIENDE EL SENTIDO DE ESA DENUNCIA?

Hace unos meses, la alcaldesa de nuevo se descolgaba presentando una denuncia en los juzgados de Coslada, si bien ahora como Presidenta de la EMS, contra los que fueron dos de sus consejeros delegados en los últimos años, uno del PSOE y otro de IU, a los que acusa de malvender los activos de los locales de la fábrica de Paños a PESF SL, ya que lo hicieron por debajo del precio de mercado, causándole un perjuicio a la empresa municipal de algo más de 5 millones de euros. Es decir, que según la tesis de su presidenta, la alcaldesa pues, la EMS quebró porque le vendió unos activos (20 locales y 30 plazas de garaje) por 8 millones de euros a PESF SL cuando estaban tasados por IBERCAJA en 12 millones.

El primer correlato pues es que esta denuncia (que ha sido acumulada precisamente en la causa que se sigue en el juzgado número 1), va contra lo que sostienen todas las acusaciones personadas, pues es patente que la venta de esos locales se hizo precisamente por todo lo contrario a lo que denuncia la alcaldesa: la inyección de liquidez a la EMS a costa, precisamente, de descapitalizar PESF SL. 

Todo parece indicar que esta disparatada denuncia - que de prosperar obligaría a PESF SL a tener que pagar a la EMS 5 millones de euros, cuando es todo lo contrario ya que la EMS recibió 3,2 millones de euros por la compra de unos locales que luego no pudo pagar y se hizo con la sola finalidad de salvar la tesorería de la empresa municipal EMS -, tiene en realidad una motivación puramente política de bajos vuelos del Equipo de gobierno. Pues no es casualidad que los denunciados, los dos consejeros delegados de la EMS de PSOE e IU, lo sean precisamente de los mismos partidos que urdían una moción de censura contra la propia alcaldesa por aquellas fechas. Esta maniobra judicial con trasfondo político, es una de las muchas razones para repudiar y desconfiar de todos estos gestos maniobreros que, sin embargo, se utilizan en provecho propio casi siempre.

¿HAY VIDA INTELIGENTE EN NUESTRO AYUNTAMIENTO?

Si fue allá por el año 2008 cuando la plaza de España fue aportada subrepticiamente por el alcalde SETIÉN al capital social de una sociedad mercantil privada, sin que nadie de la Corporación lo advirtiera hasta que lo denunciamos nosotros en el año 2009, ahora, ocho años después, podemos asistir estupefactos al bochornoso espectáculo de comprobar cómo, tres gobiernos municipales nuevos y muchos nuevos concejales, son incapaces de recuperar para su legítimo dueño, el pueblo de San Fernando, el más emblemático de sus bienes demaniales concedido por el Estado hacia 1888 y con el mandato de conservarlo y mejorarlo. 

Hoy está pues circulando por el tráfico mercantil un bien que, por su naturaleza, está fuera del "comercio de las cosas". Y por lo mismo, no puede formar parte de capital mercantil alguno ni, desde luego, de activos concursales de ningún género. Pero todo esto no ha surgido porque haya habido un desaprensivo usurpador que se ha apropiado de estos bienes sin conocimiento de las autoridades, no, sino que han sido precisamente las propias autoridades municipales quienes, por acción u omisión, han llevado a estos bienes que además son bienes declarados de interés cultural, a formar parte del tráfico jurídico mercantil y acabar, finalmente, en manos de un fondo buitre. Y si al gobierno municipal en coalición de entonces (constituido por IU y PSOE), les cabe el deshonor de haber dispuesto ilícitamente de la plaza de España para su aportación al capital social de una mercantil privada, a toda la corporación actual en pleno le corresponde el deshonor también de no ser capaces de recuperarla para su legítimo dueño: el pueblo de San Fernando.

Y llegados a este punto hay que preguntarse necesariamente, ¿hay vida inteligente en la Corporación municipal? ¿Cómo es posible que una y otra vez, se empecinen colegiadamente en incurrir en el desvarío de iniciar actuaciones por las vías jurisdiccionales inadecuadas? ¿Pero quién está asesorando a nuestros inermes munícipes a recorrer vías judiciales que solo pueden conducir al bochorno inexplicable, de que una plaza pública pase a ser propiedad de un fondo buitre extranjero, y toda la corporación en pleno asista impotente y con explicaciones que revelan su general desconcierto, sin que además dimita nadie o cuando menos reconozcan su incompetencia colectiva?


jueves, 20 de octubre de 2016

DEFINITIVAMENTE EL JUEZ AUTORIZA LA VENTA DE LA PLAZA

D. FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN, TITULAR DEL JUZGADO NÚMERO 6 DE LO MERCANTIL DE MADRID

NOTICIA DE ALCANCE
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EL JUEZ DE LO MERCANTIL DESESTIMA EL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO
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Mediante Auto dictado en el día de ayer, el Juez de lo Mercantil del Juzgado número 6 de Madrid que lleva el concurso de acreedores de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, ha desestimado los recursos presentados por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares en su día, permitiendo con ello pues la adjudicación de la plaza de España al fondo buitre PACÍFICA CAPITAL GESTIÓN. 

Esta decisión del Juez cuyos detalles será necesario estudiar detenidamente, es la lamentable consecuencia de una serie de decisiones alocadas así como de una lamentable dejación de todos quienes han estado gobernando el Ayuntamiento, desde que en el año 2008 se decidiera constituir una sociedad mercantil privada para gestionar una unidad de actuación urbanística al margen de todo control público. Han transcurrido ya más de siete años desde que desde este blog denunciáramos la incomprensible alcaldada y no menor burrada de aportar una plaza pública al capital social a una sociedad mercantil, y también desde que advirtiéramos también del riesgo de que la plaza pública fuera subastada. Nadie del gobierno municipal hizo entonces nada útil para salvar al menos la plaza pública. Hoy vemos con bochorno e indignación cómo es posible que ocurran estas cosas en nuestro municipio. No hace falta muchas preguntas sin embargo para obtener la contestación: somos víctimas de la más absoluta estulticia. Y la verdad, nos lo tenemos merecido.


viernes, 14 de octubre de 2016

EL DEFENSOR DEL PUEBLO NOS ESCRIBE



LA ALCALDESA CATALINA TAMPOCO QUIERE CONTESTAR AL DEFENSOR DEL PUEBLO
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Nos comunica el adjunto primero al Defensor del Pueblo D. FRANCISCO FERNÁNDEZ MARUGÁN, que a raíz de la denuncia presentada por nuestra Asociación el pasado mes de agosto por la negativa del Ayuntamiento, y más concretamente de la Alcaldesa Catalina RODRÍGUEZ, a facilitarnos copias de documentos y expedientes municipales así como a ponernos de manifiesto expedientes en los que somos parte interesada, se muestra renuente a contestar a la institución defensora del pueblo también. Lo cual les obliga a reiterarle de nuevo que les remita la oportuna información requerida por nosotros en su día ya allá por el mes de marzo de este año. Vamos que Dª CATALINA tampoco se da por concernida cuando es requerida por el Defensor del Pueblo para que cumpla con sus obligaciones legales para con el pueblo. ¡Así andamos aquí, sufriendo estas actitudes predemocráticas en nuestra institución municipal!

Simultáneamente leemos que el jefe de la cosa de estos señores de PODEMOS, D. PABLO IGLESIAS, se declara patriota pero solo de la patria de la gente. ¡Pobre gente pues, si como hacen aquí sus correligionarios patriotas de la gente aquí, se pasan sin embargo por el forro los requerimientos de las respetables instituciones que defienden al pueblo (y por lo tanto a la gente) de sus abusos como autoridades! Que no nos pase nada.

domingo, 9 de octubre de 2016

UNAS INSTALACIONES EN SUELO MUNICIPAL SIN LICENCIA

INSTALACIONES ACTUALES DEL AQUÓPOLIS EN SAN FERNANDO DE HENARES

INSTALACIONES DEL DENOMINADO PARQUE ACUÁTICO LEVANTADO EN UNA ZONA VERDE MUNICIPAL DETRÁS DEL CENTRO COMERCIAL DE CARREFOUR, QUE CARECE DE LICENCIA

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UNA ROCAMBOLESCA SUCESIÓN DE DISPARATES Y CORRUPTELAS
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En mayo de 2000, el Tribunal Supremo ponía fin a una interminable batalla judicial iniciada en 1987 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a raíz de la concesión administrativa y más concretamente de las licencias municipales otorgadas por la corporación municipal para las obras y actividad del conocido como Parque Acuático hoy Aquópolis.

La sentencia del Tribunal Supremo del año 2000, confirmaba otra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1993 que anulaba dichas licencias municipales por ser contrarias al planeamiento vigente cuando fueron concedidas en 1987. Así pues y desde ese fallo judicial del Supremo, AQUÓPOLIS carece de licencia municipal porque fue anulada por el TSJM. Dándose la particularidad además, de que sus instalaciones se levantan sobre una zona verde de titularidad municipal y está ocupada en razón de una concesión administrativa a cincuenta años que siempre estuvo bajo sospecha no obstante. Constituye este un caso más de las gravísimas infracciones urbanísticas perpetradas con licencia municipal, pero bajo sospecha de haber intentado ser "blanqueadas" por el nuevo PGOU aprobado en 2002 y con el que han intentado ser tapadas graves actuaciones municipales anteriores. Una de ellas es esta del Parque de Atracciones en la zona norte de la de CORREFOUR.

UNA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA AMAÑADA

La aprobación del Plan de Grandes Equipamientos Comerciales por parte de la Comunidad de Madrid en los años ochenta, trajo la autorización y localización de la cadena francesa de COMER CENTER (entonces PRYCA y hoy CARREFOUR) a nuestro municipio. Y cuyas condiciones urbanísticas autorizatorias estaban delimitadas en un Estudio de Detalle tramitado por la propia Comunidad de Madrid, que eran la de un centro de 15.000 m2 localizado en la zona norte de la Nacional II. La Comunidad ejercía así sus competencias propias en materia de grandes superficies comerciales no solo en este caso, sino en toda la Comunidad aprobando otros grandes centros. 

Pero inicialmente el Ayuntamiento de entonces gobernado por el PCE se opuso de forma contundente, e incluso amenazó con no dar la correspondiente licencia. Esto desencadenó una dura pugna entre ambas administraciones. Si bien, finalmente, el Ayuntamiento accedió a cambio de que PRYCA le "diera" al Ayuntamiento nada menos que cien millones de pesetas. Ahí se acabó toda oposición municipal. Y no solo le dio cien millones de pesetas, sino que también la cedió la titularidad de una parcela de 104.000 m2 en la zona norte como zona verde de la actuación contenida en el Estudio de Detalle. Así pues, el Ayuntamiento disponía de una gran zona verde que hoy incluso forma parte de un Sistema General verde.

Sin embargo, el destino final de aquella cesión obligatoria de PRYCA no iba a ser del disfrute de todos los ciudadanos de San Fernando, ya que el Ayuntamiento ignoró que, en previsión del uso de todas zonas verdes que además son de dominio público, hubiera debido ser aprovechado por el Ayuntamiento para la construcción de un gran parque junto a río. En realidad, el entonces equipo de gobierno tenía otros planes y así se había concertado con algunos avispados socios de PRYCA. Todo acabó pues de otra forma bien distinta. 

El día 28 de julio de 1986, el Ayuntamiento aprobaba en el pleno un pliego de condiciones para la "cesión del uso" de esta parcela a particulares, y para la explotación de un "parque fundamentalmente acuático". Simultáneamente a la tramitación de esta concesión municipal, el día 1 de agosto de 1986, quedaba constituida ante un notario de Madrid una sociedad mercantil denominada precisamente PARQUE DE ATRACCIONES SAN FERNANDO SL, y que, oh casualidad, tenía precisamente como objeto social la "explotación de un parque acuático en San Fernando de Henares". Predestinada pues para la concesión. Blanco y en botella. 

Naturalmente esta mercantil constituida dos días después del acuerdo planeario, fue quien se quedó con la "concesión" porque así estaba pactado entre el entonces equipo de gobierno y los accionistas y partícipes de la mercantil, favorecida luego por el acuerdo municipal. Y no solo eso, sino que los accionistas, partícipes y administradores de dicha sociedad eran, precisamente, varios de los administradores de la firma comercial PRYCA. Todo quedaba en casa pues. A cambio, el Ayuntamiento recibía durante los cincuenta años un canon que apenas superaba el millón de pesetas al año. Es decir, 6.000 euros de ahora por la explotación y ocupación de una zona verde de titularidad municipal de nada menos que 104.000 m2.

La Comunidad de Madrid que entonces mantenía varios reñidos contenciosos con el Ayuntamiento de San Fernando, mandó la inspección urbanística y comprobó que las instalaciones autorizadas por el Ayuntamiento en la parcela destinada al uso de zona verde cedida a la mercantil PARQUE DE ATRACCIONES DE SAN FERNANDO SL, contravenía las determinaciones urbanística del Estudio de Detalle aprobado por la propia Comunidad de Madrid, ordenando, además al Ayuntamiento, la suspensión de las obras. 

A partir de entonces comenzó una larga batalla judicial entre ambas administraciones abierta en varios frentes contenciosos, en todos los cuales el Ayuntamiento se alineó siempre con los intereses de la sociedad mercantil concesionaria. Y así hasta nada menos que mayo de 2000, en que el Tribunal Supremo convalidó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1993 que anulaba todas las licencias dadas a la sociedad concesionaria.

Hoy estamos pues frente a unas instalaciones levantadas sobre suelo público destinado a zona verde y por lo tanto de uso y dominio público, objeto sin embargo de una concesión administrativa claramente amañada, y que además en la actualidad carece de licencia municipal. Y para que no faltara de nada, se produjo también un acuerdo municipal adoptado por el pleno de entonces, en virtud del cual esta parcela de 104.000 m2 destinada por su uso y destino a ser zona verde (ya decimos que hoy el PGOU clasifica esta parcela como Sistema General verde) y por lo tanto de dominio público, fue declarada sin embargo por el órgano plenario municipal como un "bien municipal patrimonial", naturalmente con el solo objeto de evitar la nulidad de la concesión. No obstante lo cual por su destino urbanístico es muy claro que esta finca municipal no puede ser en ningún caso un bien patrimonial, sino que es un bien de uso y dominio público. Toda una sucesión de disparates que el PGOU pretende ocultar tratando de blanquear un flagrante atropello a la legalidad. Uno más.

Hoy, el parque "fundamentalmente acuático" y su sociedad beneficiaria de la concesión amañada, PARQUE DE ATRACCIONES SAN FERNANDO SL, está explotada por la mercantil multinacional GRUPO DE PARQUES REUNIDOS. Desconocemos si el Ayuntamiento autorizó el cambio de beneficiario de la concesión.