VISTO PARA SENTENCIA

JUEZ D. FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN TITULAR DEL NÚMERO 6 DE LO MERCANTIL DE MADRID DONDE SE SIGUE EL CONCURSO DEL CASO PLAZA DE ESPAÑA DE SAN FERNANDO DE HENARES

NO HABRÁ JUICIO SINO SENTENCIA DIRECTA

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En el juzgado número 6 de lo Mercantil de Madrid donde se sigue el concurso de acreedores del caso PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, se avanza inexorablemente hacia el desenlace final de la calificación del concurso que la administración concursal, la representación legal del Ayuntamiento, así como el resto de las partes de los numerosos acreedores, consideran como un concurso culpable. Señalando a los administradores de la sociedad como los responsables del mismo, excepto los dos consejeros propuestos por el PP que han sido exonerados por haber dimitido del consejo ya en el año 2010.

Las causas de esa calificación de culpable del concurso que formula la administración concursal, se deben, según su informe de calificación, a que los administradores agravaron la situación de insolvencia de la sociedad por haber retrasado mucho la petición del concurso, la existencia de doble contabilidad en la sociedad y la falta de depósito de la cuentas anuales. El administrador concursal pide pues en su escrito de calificación que los administradores responsables de PESF SL sean inhabilitados por quince años para administrar sociedad alguna, la pérdida de sus derechos si fueran acreedores de la sociedad, así como al pago a los acreedores de los importes que no puedan ser satisfechos con la realización de los activos. Hay que tener en cuenta que la liquidación de todos los activos solo ha reportado unos ingresos de 31 millones de euros, mientras que los créditos reconocidos por el AC en el pasivo final de la sociedad ascienden a 94 millones de euros. Es decir, la diferencia tendrían que pagarla los administradores de PESF SL a los acreedores si finalmente el Juez considera efectivamente que el concurso es culpable, y tendrán que responder con todo su patrimonio. Por otra parte, la existencia de esas causas señaladas por el AC, conducen inevitablemente a la calificación directa de concurso culpable, pues la ley no prevé que, si existen tales hechos como el de la doble contabilidad, sea posible alegar nada al respecto.

LAS AUDITORAS, A ESCENA

El Juez ha dictado una reciente Providencia en virtud de la cual acuerda rechazar casi todas las peticiones realizadas por las partes personadas incluidas algunas de varios de los administradores, y al mismo tiempo ha decidido que no se celebrará vista (juicio) judicial, sino que resolverá él directamente mediante la oportuna sentencia.

En la misma Providencia el Juez de lo Mercantil ha decidido no obstante pedir los informes emitidos por las empresas auditoras LAES NEXIA AUDITORES SL y MACE MANAGEMENT SERVICES SA. Asimismo que acrediten quién de PESF SL las contrató. La primera auditó las cuentas de la sociedad para los ejercicios de 2009, 2010 y 2011, y sus informes fueron conocidos y presentados a la Junta celebrada el día 19 de junio de 2012. Sin embargo, en los diferentes procedimientos penales abiertos en los Juzgados de Coslada, LAES NEXIA niega que llegara a hacer informe alguno alegando, además, que los administradores de PESF SL no le facilitaron la documentación que requerían. Esta empresa auditora fue fundada en su día por socios que compartían intereses urbanísticos en mercantiles de los administradores de WOODMAN SL.

Por su parte, MACE MANAGEMENT realizó funciones de supervisión y auditoria de las obras ejecutadas. Y al igual que la anterior, también niega haber contado con toda la documentación que requería a PESF SL. En total MACE emitió dieciocho informes mensuales de la marcha de las obras, y su contratación por parte de PESF SL fue exigida por Caja Madrid. Esos informes eran reportados a su vez al área de Negocio de Promotores de BANKIA, y servían de base para autorizar los pagos de las certificaciones de las obras. Y si bien MACE MANAGEMENT incomprensiblemente no detectó los grandes pagos desviados (compra de locales a la EMS, compra de autocartera, etc), sin embargo sí que detectó la improcedencia de algunas certificaciones giradas por JOVICASA SL (empresa propiedad de uno de los socios de WOODMAN SL). No obstante lo cual fueron pagadas dichas certificaciones a JOVICASA SL.

El procedimiento concursal sigue su curso pues, y por lo que se refiere a esta sección 6ª de calificación del concurso, el juez ha acordado que tan pronto como reciba los informes de las empresas auditoras (que pueden llegar a ser declaradas cómplices también), dictará sentencia directamente. Los administradores responsables de PESF SL están pues en capilla y en la última fase para conocer si son condenados a tener que pagar el descomunal pasivo no cubierto por la realización del activo, de 63 millones de euros a los acreedores. Todo está pues visto para sentencia que conoceremos, salvo recursos dilatorios, en breves semanas.

CONFUNDEN LAS VOCES CON LOS ECOS

INSTALACIONES DE CYTEC EXPROPIADAS POR EL AYUNTAMIENTO POR 13,5 MILLONES DE EUROS PARA LO CUAL HA SIDO PRECISO VENDER TODO EL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO RESIDENCIAL

COMPROMISO POR ESCRITO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA COOPERAR ECONÓMICAMENTE CON EL TRASLADO DE LA INDUSTRIA QUE NUNCA SE MATERIALIZÓ

ESCRITO FIRMADO POR EL ENTONCES CONSEJERO DE ECONOMÍA LUIS BLÁZQUEZ MEDIANTE EL CUAL SE COMPROMETÍA A COLABORAR CON EL AYUNTAMIENTO PARA EL TRASLADO DE LA INDUSTRIA, QUE POR SUPUESTO NUNCA LLEGÓ

AVISO A NAVEGANTES
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El que podemos denominar ya como el caso CYTEC pasará muy probablemente a los anales de los disparates económicos más incomprensibles y onerosos que han podido recaer sobre nuestro municipio. Más incluso que el caso plaza de España. Solo será cuestión de tiempo para comprobarlo.

Por otra parte, cada vez que hacemos una crítica fundada y documentada al actual equipo de gobierno, aparece la legión de trolls en forma de plaga no ya replicando los datos que aportamos (la mayoría no tiene ni idea de lo que hablamos), sino descalificando o insultando que es la forma implacable con la que se manifiesta hoy en día la militancia más obtusa, porque vive en un mundo maniqueo donde no crece atisbo alguno de inteligencia y mucho menos de autocrítica. Tienen, en efecto, la piel muy fina, y reproducen con la misma estúpida insistencia los viejos tics autoritarios de la casta de la que decían nos iban a librar. Y lo insólito es que alguno de ellos se dirige a nosotros hablando en plural mayestático y en nombre del gobierno municipal, ¡pero como anónimo! Ver para creer.

Y, como no son muy originales precisamente, no dudan en reproducir viejos y manidos retruécanos y otras ocurrencias más o menos al uso. Así, sueltan la poco original frase de los autosatisfechos de que si ladramos (se supone que nosotros) es porque cabalgan (ellos claro). Sin caer en la cuenta de que en realidad están confundiendo las voces con los ecos. Es decir, en realidad están escuchando sus propios ladridos. No tienen mucho remedio tampoco por lo que vemos.

Este caso CYTEC nos ha costado un ojo de la cara al municipio en el sentido más descarado del término y nadie ha puesto remedio alguno. Y unos industriales muy avispados afincados en el paraíso fiscal del estado americano de DELAWARE que llevaban esperando hacer caja varios años, han hecho desde luego un gran negocio con este asunto a costa de unos políticos y pueblo entregados sin remedio a la anomia más boba, y a resultas de un conjunto de decisiones tan incomprensibles como, desde luego, plagada de irregularidades. De momento se han salido con la suya, pero en la medida en que podamos haremos todo lo posible para impedir este expolio perpetrado y consumado con el reciente pago realizado por el equipo de gobierno actual. Y sin que nadie, ni oposición ni del tejido asociativo, haya dicho esta boca es mía sobre el caso. Inaudito. Iremos pues a los tribunales.

Tendremos ocasión de hablar pues más veces de este asunto, e iremos exponiendo las razones por las que nosotros consideramos que este caso al menos es de la misma o parecida gravedad que el caso plaza de España. Por lo pronto traemos hoy aquí dos de las cartas firmadas por los que entonces eran máximos responsables de la Comunidad de Madrid en las cuestiones de la economía regional. El PGOU de San Fernando no fue aprobado directamente a la primera por el Consejo de Gobierno, sino que el día 6 de junio de 2002 en una sesión del mismo fue suspendida su aprobación definitiva, entre otras razones, precisamente por este asunto de la planta química que entonces pertenecía a la química belga UCB QUÍMICA. Pueden pues leerse bien los compromisos del propio Consejero de Economía de colaborar en el coste del traslado de la industría, implicando incluso la participación del IMADE. Sin embargo nunca pusieron un euro; todo el coste de nada menos que 13,5 millones de euros ha sido soportado por el Ayuntamiento. El metro cuadrado de esta zona verde que además anuló como sistema general un tribunal ha salido nada menos que a 465,56 €/m2, cuando en otras expropiaciones que se han realizado en la zona para la misma clase de suelo pero por la propia Comunidad de Madrid, no pasa en el mejor de los casos de 28 €/m2. Hay que tener en cuenta además, que hubo una primera valoración o justiprecio realizada por el propio Ayuntamiento en 2008, que cifraba el justiprecio con el premio de afección incluido en 4,7 millones de euros. Es decir, unos 162 €/m2. ¿Cómo es posible y a qué obedece pues esta descomunal diferencia respecto de la valoración realizada solo dos años después ya en el 2010? Nadie del Ayuntamiento, ni del gobierno ni de la oposición, nos ha sacado del asombro. Una vez más pues, tendremos que iniciar la lucha por nuestra cuenta.

LOS CANTOS DE MALDOROR

INSTALACIONES EN SAN FERNANDO DE HENARES DEL GRUPO AMERICANO RADICADO EN EL PARAÍSO FISCAL DE DELAWARE, EE.UU.,  CYTEC, (VENDIDAS EN 2015 AL GRUPO BELGA SOLVAY), EXPROPIADAS POR EL AYUNTAMIENTO POR 13,5 MILLONES DE EUROS.

LA ALCALDESA CATALINA Y LA CONCEJALA DE HACIENDA, PRESENTANDO EN RUEDA DE PRENSA EL FORMIDABLE LOGRO DE HABER LIQUIDADO LA DEUDA DE 5,7 CON CYTEC. EUFÓRICAS Y AL PARECER FIELES AL FAMOSO DICHO DE QUIEN PAGA, DESCANSA. EN REALIDAD SOMOS 5,7 MILLONES MÁS POBRES, PORQUE SE HA HECHO VENDIENDO PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO.

FOLLETO PROGRAMÁTICO DE PODEMOS FIRMADO POR CATALINA ANTES DE LAS ELECCIONES, SEGÚN EL CUAL ASEGURABAN QUE REALIZARÍAN UNA AUDITORIA DE LA "DEUDA" MUNICIPAL. POR SUPUESTO NO HAY TAL AUDITORÍA.

PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPAL DE SFHSP EN MAYO 2015. PROMETIERON TAMBIÉN REALIZAR UNA AUDITORÍA DE LA DEUDA MUNICIPAL. LA REALIDAD ES QUE NO HAN HECHO AUDITORÍA ALGUNA, Y SI ALGUNA DEUDA ERA NECESARIO AUDITAR Y REVISAR POR ESTAR BAJO SOSPECHA DE ILEGALIDAD ERA, PRECISAMENTE, LA DEUDA CON CYTEC.

FÓRMULA INCOMPRENSIBLE APLICADA PARA CALCULAR EL JUSTIPRECIO DE LA PARCELA DE CYTEC. QUE NADA TIENE QUE VER CON LO QUE DICE LA LEY DE SUELO NI TAMPOCO CON LA LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA, SINO QUE ES UN FORMIDABLE GALIMATÍAS CALCULADO EN PESETAS (ESTE INFORME SIN EMBARGO ES DE 2010), Y COPIADO LITERALMENTE DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL PGOU (2002). INCREÍBLE PERO CIERTO. CON ESTE INSÓLITO CÁLCULO DEL JUSTIPRECIO SE LE HAN PAGADO A CYTEC 13,5 MILLONES DE EUROS, DOS AÑOS ANTES CALCULADO EN 4,7 MILONES DE EUROS. VER PARA CREER.

LA ANOMIA BOBA

Hace unos días, la alcaldesa catalina y su concejala de hacienda daban una rueda de prensa al objeto de explicarnos que por fin, gracias a sus desvelos y eficaces gestiones, el Ayuntamiento había saldado su deuda con CYTEC cifrada en 5,7 millones de euros, a resultas de la expropiación iniciada en 2008 por los anteriores equipos de gobierno entonces formados por IU y PSOE.

Sorprende desde luego que estos nuevos gobernantes de ahora, que hicieron bandera en sus agitaciones preelectorales inspiradas en las consignas del 15-M, se presenten ahora como adalides del cumplimiento de compromisos económicos municipales bajo sospecha, presumiendo además de haber conseguido que la "generosa" multinacional nos haya condonado 1,7 millones de euros en concepto intereses de demora. Vamos que es como si un atracador te despluma la cartera, pero te deja una propina de veinte euros para que cojas un taxi.

La forma de saldar esta deuda no ha sido tampoco muy original, por cuanto se han limitado a vender el poco Patrimonio Municipal de Suelo que nos quedaba y que ya estaba previsto en los convenios firmados. Convenios que, por cierto, no han sido sometidos a información pública; ni por los de entonces ni por estos de ahora a pesar de que lo hemos pedido expresamente.

LOS TRIBUNALES TIENEN LA PALABRA

Lamentablemente nos vemos obligados a acudir a los tribunal sobre el que consideramos este escandaloso asunto, respecto del cual el actual equipo de gobierno no ha hecho otra cosa que perfeccionar lo hecho ya por los anteriores, pero incurriendo en los mismos vicios y por lo mismo asumiendo su misma responsabilidad.

La fórmula del cálculo utilizado para obtener los 13,5 millones de euros es tan esperpéntica que, cuando menos, habría merecido la pena que alguien de los asistentes a la rueda de prensa le preguntara a la alcaldesa de dónde ha sacado este Ayuntamiento, que para calcular el justiprecio para obtener un sistema general que además habían anulado los tribunales, no se aplicara ni la ley de suelo ni tampoco la de expropiación forzosa, sino una alambicada e inexplicada fórmula contenida en el Programa de Actuación del PGOU. Y que, independientemente de otras consideraciones, solo tiene un mero valor indicativo y en absoluto puede ser aplicable para calcular justiprecios en actuaciones urbanísticas. Entre otras cuestiones porque a la fecha de su aplicación efectiva en 2008, había sido aprobada una nueva ley de suelo que trataba de evitar precisamente que se hicieran formidables negocios como este de CYTEC en actuaciones expropiatorias.

Hemos intentado que el Equipo de gobierno rectificara y revisara todo lo actuado en este caso mediante la presentación de alegaciones, porque nosotros consideramos un auténtico expolio esta operación realizada además a costa del Patrimonio Municipal de Suelo. Y sin que hayan sometido a información pública los convenios firmados. Es decir, con nula transparencia y desde luego conculcando la ley del suelo. Pero no ha sido posible. No solo no han hecho caso a lo alegado, sino que han utilizado arteras maniobras para evitar y deslegitimar nuestros alegatos. No puede decirse tampoco que la oposición haya estado a la altura, pues se ha lavado las manos inhibiéndose como siempre. Ya verán cómo, al igual que ha sucedido con el caso plaza de España, llegarán tiempos en que ellos, y no pocos ciudadanos que disfrutan de la lamentable anomia boba en que sobreviven, acabarán asegurando que también en este caso ya lo denunciaron y lo sabían.

AUDITORES SIN FRONTERAS

Se presentaron a las elecciones municipales con una literal empanada de consignas contra la casta y otras milongas de propaganda sin cuento que, como desde luego se ha demostrado en el caso de San Fernando, no encubría sino una manifiesta ignorancia de la verdadera naturaleza de los problemas municipales. Así es que prometieron todo aquello que, cazado al vuelo y a caballo entre el populismo peronista y el izquierdismo más infantil, se formuló como la síntesis de una venganza contra los gobernantes de la casta señalados como los responsables de nuestras desgracias. Y la verdad es que si tenemos que juzgarlos por lo que han hecho aquí tras casi año y medio de gobierno, no puede ser más decepcionante por muchas razones, pero sobre todo por una: porque se han revelado como un grupo fundamentalista de la logomaquia, sin conocimiento ni siquiera somero de los problemas municipales, y con un más que arrogante desprecio a sus propios compromisos y la inteligencia del personal.

Prometieron auditorias de la deuda invocando la segregación entre deuda "buena" y deuda "mala". Pero no han hecho nada de eso. El Ayuntamiento tenía ciertamente una deuda propia (20 millones) y otra adherida como la de la EMS cifrada en otros 20 millones. Pero además tenía también la deuda de PESF SL que, aunque incalculable en estos momentos, sin embargo sí que hay bastante de ella ya cuantificable porque está sancionada en firme por varios tribunales y otros pronunciamientos que hay en marcha. Y, por si fuera poco, hay otra deuda invisible o latente que no figuraba provisionada en ninguno de los estados de la contabilidad municipal. Una de ellas era esta precisamente, la de CYTEC. Que no solo hubiera merecido ser auditada, sino revisada totalmente porque fue contraída violentando todos los preceptos legales de aplicación. Empezando por uno de los más graves, no haber sometido a información pública tanto el convenio de expropiación firmado en 2008 como su adenda de 2010. Trámite cuya omisión no solo es responsabilidad de los anteriores, sino de los de ahora también. Ya veremos pues qué dicen los jueces al respecto.

VIVIENDA PROTEGIDA: LA CORRUPCIÓN INVISIBLE (I)

RAMÓN ESPINAR O LAS TRIBULACIONES FINANCIERAS DE UN SENADOR DE PODEMOS

LA SEDICENTE NUEVA IZQUIERDA
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"No hay nada más revolucionario que especular con una vivienda de VPO"
A. Gramsci
(En versión castiza; de casta, y apócrifa de J.C. Monedero. Prólogo de Jorge Verstrynge, profesor y multipropietario inmobiliario)
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El senador de Podemos Ramón Espinar tuvo un sueño con apenas veinte años cumplidos: hacerse con una vivienda en propiedad. Carecía no obstante de recursos como casi todos los jóvenes de su edad, pues por entonces al parecer estudiaba con una beca de 450 euros/mes. Pertenecía pues al segmento económico que en la jerga del área de Riesgos de la banca se denomina como "demanda insolvente". Sí, Ramón Espinar era un insolvente y sin embargo el BBVA le concedió un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda protegida en Alcobendas, al norte de Madrid.

Cualquier joven en su misma situación hubiera desistido de hacerse propietario, pero esa aspiración ancestral tan nuestra (ésa y la de ser funcionario) pudo más en nuestro senador favorito y, en lugar de alquilar, decidió aprovechar los resortes de nuestro corrompido sistema y hacerse finalmente con una vivienda protegida en una zona chic del norte de Madrid.

La vivienda elegida por Espinar era pues protegida, de las que se conocen como de protección oficial, es decir, financiada con nuestros impuestos. Y se levantaba en una zona de nueva urbanización y sobre una parcela de titularidad municipal del Ayuntamiento de Alcobendas. La parcela en cuestión le fue adjudicada a VITRA, cooperativa de Comisiones Obreras. Quien a su vez y según el pliego de condiciones municipal podía al parecer reservar un 15 % de las viviendas de la promoción para personas que no figuraran en las listas o bolsas de peticionarios. Es decir, la cooperativa de Comisiones se reservaba un porcentaje de viviendas para adjudicatarios VIP. Sin sorteos, reservas o bolsas de espera como los demás mortales.

Además, lo normal es que los pliegos de condiciones de los concursos municipales, establezcan preferencias para solicitantes que se hallen empadronados durante al menos dos años antes en la localidad. En este caso, Alcobendas. Nuestro senador no cumplía tampoco ese requisito.

No tenía Espinar tampoco ahorros para pagar la entrada exigida por la cooperativa de CC.OO, que ascendía más o menos a unos 50.000 €. Esta entrada es la que normalmente se utiliza para pagar el coste del suelo municipal, además de los honorarios de gestora del sindicato que se lleva nunca menos del 3 %, que es donde está el negocio de estas cooperativas sindicales. Y como tampoco tenía otros ingresos que los correspondientes a la beca universitaria, le pidió un préstamo tipo cero al papá, que era prohombre del socialismo madrileño y del gobierno regional de otros tiempos. Y que, además, como otro selecto grupo de privilegiados de la política regional, disfrutó durante muchos años de la canonjía del balneario del consejo de administración de Caja Madrid, designado entonces por su partido el PSOE. También se ha conocido que gozaba con otros consejeros de la Caja del beneficio de una tarjeta opaca fiscalmente y de libre disposición.

LAS PLUSVALÍAS PARA EL QUE LAS TRABAJA

Pero como nuestro célebre senador portavoz hoy de Podemos en el senado y miembro del mismo por designación de la Asamblea de Madrid, era de letras porque había estudiado en la facultad de Políticas de la Complutense recibiendo enseñanzas de Pablo Iglesias, Monedero y Verstrynge (tenedor de un formidable patrimonio inmobiliario por cierto), resulta que al parecer no le habían enseñado que con una beca de 450 euros al mes no era posible pagar una cuota hipotecaria de 500. Algo tan elemental que sin embargo está al alcance de cualquier obrero manual. 

Pero la verdad es que no está claro si es que nuestro flamante senador carecía de cultura financiera simplemente, o por el contrario era gran experto en manejar activos inmobiliarios aprovechando las oportunidades de negocio que ofrece el sistema capitalista, con la complicidad de los agujeros negros que nuestro nefasto sistema político tiene. Y por lo mismo, capaz de convertir en jugosas plusvalías de 30.000 € una inversión de 50.000 y en apenas un año. Lo que solo está al alcance de unos pocos con contactos e influencias, porque si algo tiene este sistema corrupto es precisamente eso, que solo premia a los madrugadores que saben manejarse por los vericuetos de la política y del capitalismo de amiguetes y familiares. Practicando así la más moderna versión del viejo grito revolucionario de Emiliano Zapata, pero adecuada a los tiempos que corren: la plusvalía para el que la trabaja.

Sea como sea, debió de resultarle muy útil a nuestro senador por la gracia de la Asamblea de Madrid,  la magna obra en forma de estudio sobre la vivienda en Andalucía, de otro ilustre becario de la banda y colega de escaño aunque en este caso en el Congreso: el congresista Íñigo Errejón. Obra que también nos ha costado un ojo de la cara a los contribuyentes, porque si algo tiene de vieja esta nueva izquierda, es que casi todos gozan o han gozado de vivir del cuento y de sablear al erario público. Es decir, a nuestros impuestos. 

Errejón tenía pues "necesidad" de hacer un estudio sobre la vivienda en Andalucía, y se "encontró" con otra beca facilitada a dedo en esta caso por un colega del partido de la Universidad de Málaga. Y la verdad es que nos ha deslumbrado con un encargo que lleva por título nada menos que: "La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda". Ahí es nada.

Y nuestro senador por Madrid debió de sentir la llamada de la "desmercantilización" del folleto de Errejón (lástima que la Universidad de Málaga no lo publique), y decidió deshacerse de su vivienda protegida, pero no renunciando a ella, sino vendiéndola claro. Bueno, para los entendidos, decidió desinvertir, pero para el pueblo liso y llano, o sea la gente esa que dicen representar, "dar el pelotazo". Y ello una vez escriturada a su nombre. Asegura que fue entonces cuando cayó en la cuenta de que no podía pagar la hipoteca, algo que solo le ocurre a los muy despistados claro, pues no cabe en cabeza humana que alguien que compre una vivienda, no calcule lo primero si la puede pagar. De modo que se propuso vender la dichosa vivienda, y de este modo realizar unas jugosas plusvalías este virulento dirigente de una asociación luego integrada en Podemos llamada precisamente Jóvenes Sin Futuro. Y así, mientras nuestro senador madrileño y portavoz de Podemos en el Senado, fustigaba desde sus escaños parlamentarios sin piedad a los especuladores de viviendas protegidas, él ponía anuncio de la venta de la suya pero con unas plusvalías de cuarenta mil euros. Y finalmente la vendió sí, previa obtención de unas ganancias de 30.000 € conseguidas en un tiempo récord de apenas un año.

Su jefe, Pablo IGLESIAS, que también vive en una VPO a pesar de haber declarado ingresos el año pasado por sus actividades políticas y profesionales de más de 97.000 €, ha absuelto con todas sus bendiciones a su protegido Espinar de haber cometido irregularidad alguna, alegando que es algo que hace todo el mundo. Es decir, Ramón ESPINAR no ha pecado porque al fin y al cabo el que más y el que menos trinca las plusvalías que puede y hace negocio con las VPO. Y tiene razón Pablo IGLESIAS, solo que ese es el grave e invisible estado de la cuestión: el formidable negocio que han resultado ser las masivas descalificaciones de VPOs durante la burbuja inmobiliaria de los años 2003 a 2008. Algo que el Ministerio de la cosa no tiene contabilizado porque carece de estadísticas y por lo tanto permanece oculto e invisible. 

Es esta una gigantesca bolsa de fraude que se produjo durante la burbuja y que a nadie le interesa estudiar y aflorar, y de las que el caso Espinar es solo la punta de iceberg. Millones de viviendas protegidas del régimen general fueron descalificadas voluntariamente por sus adjudicatarios, abonando los importes en su caso de los intereses subvencionados o de las cantidades facilitadas a fondo perdido y financiados con nuestros impuestos. Y ello con la sola finalidad de proceder, una vez descalificada, a venderla libremente. Las plusvalías obtenidas así por millones de adjudicatarios o beneficiarios de viviendas protegidas en los años ochenta y noventa, que luego descalificaron años después ha sido enorme, porque el gap entre el módulo oficial de las VPO y el precio del mercado se multiplicó fácilmente por cien en los años siguientes por el efecto de la burbuja inmobiliaria. De ahí también que muchos expertos consideren que las administraciones, para hacer una política de viviendas más justa y equitativa, solo debían promover suelo para viviendas en alquiler, pero no enajenar suelo para vivienda protegida en venta que además solo tiene por finalidad hacer caja, y cuyo control acaban perdiendo una vez se han entregado las promociones.

(CONTINUARÁ)

Próxima entrada

II

LA VIVIENDA PROTEGIDA EN NUESTRO MUNICIPIO

(Los ingresos perdidos por nuestro Ayuntamiento durante la burbuja)