EL PLENO CREA UNA NUEVA COMISIÓN QUE YA ESTABA CONSTITUIDA HACE MUCHO TIEMPO

 

SI QUIERES QUE ALGO NO FUNCIONE CREA UNA COMISIÓN

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El pasado día 19 de septiembre de 2025 se celebró una sesión plenaria pedida por el Grupo Municipal Popular, con objeto de que el equipo de gobierno informara a los concejales acerca de las sucesivas sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto del caso plaza de España. 

Previamente, el día anterior 18 del mismo mes y en la sesión ordinaria también del pleno, en su punto del orden del día nº 14 tuvo lugar una moción suscrita tanto por Más Madrid-SFH como por el Grupo Municipal Socialista para: 

14.Aprobación, si procede, de la proposición conjunta presentada por Dª. Leticia Martín García, portavoz del Grupo Municipal Socialista y Dª. Ana Isabel Luque Morales, concejala del Grupo Mixto por la candidatura de Más Madrid-SFH, para la defensa del interés general en conservar y proteger el conjunto de Plaza de España.

En este caso, acordaron crear una comisión informativa especial para tratar el conocido como caso plaza de España. Hay que decir que esta es la segunda vez que se crea dicha comisión especial constituida ya hacia el año 2014 con la misma pretensión que esta de ahora, pero cuyo fracaso es muy obstensible dado que ahora se ven obligados a crear otra con los mimos objetivos: hacer creer al personal que hacen algo. Es conocido el dicho que proclama la inutilidad de la burocracia administrativa y que dice que, si quieres que algo no funcione, crea una comisión. Bueno, pues eso, fracasaron estrepitosamente con la primera a la vista del resultado y, no escarmentados, crean de nuevo otra pero que es la misma. Pues nada, que siga la fiesta porque, cada vez que esta comisión se reúna, es pasta para sus asistentes que paga el contribuyente.

Cabe decir que la constitución de la anterior comisión especial de Plaza de España, no impidió en absoluto:

- Que hasta seis veces el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya acordado la nulidad de pleno derecho de otros tantos acuerdos, actos o disposiciones relacionados con la actuación urbanística de la conocida como plaza de España, incluidas las licencias de obras

- Que, asimismo, haya hasta seis causas penales abiertas en diferentes juzgados en dos de ellas ya pendientes de señalar juicio

- Que, de la misma forma, el TSJ de Madrid pero ahora la sección de expropiaciones, haya dictado casi sesenta sentencias firmes (la última muy reciente), por las que de forma unánime en todas ellas se condene al Ayuntamiento por responsabilidad patrimonial a pagar gravosísimas indemnizaciones a los socios privados de la mercantil mixta, por ocupacion ilegal de sus fincas

-Una actuación urbanística, la más emblemática, paralizada y en trance de su inevitable demolición por ser toda ella un monumento a la ilegalidad y con un agujero patrimonial ya causado próximo a los 100 millones de euros pero, eso sí, SIN QUE EXISTA UN SOLO RESPONSABLE DE ESTE DESASTRE. 

Es como si esta calamidad de gestión la hubieran perpetrado unos extraterrestres, y que tiene su continuidad con la etapa del alcalde Corpa incapaz de dar respuesta a lo que él mismo contribuyó a ejecutar pues no envano lleva casi veinte años en la Corporación. Y sin que tenga tampoco la más mínima idea de cómo afrontar este formidable embrollo judicial y urbanístico que él mismo ha contribuido a crear pero por lo que pretende no dar explicaciones a nadie y mucho menos hacerse responsable de nada.

Si todo lo anterior ha sucedido con una Comision Especial constituida desde 2014, imagínense lo que va a suceder ahora con otra Comisión Especial pero, en este caso, para la ejecución de las sentencias encima. Qué Dios mos coja confesados.

CUANDO LOS PIRÓMANOS SE VISTEN DE BOMBEROS

Aquí vemos al hoy alcalde Corpa supervisando las obras cuando era concejal de cultura  y formaba parte del entonces equipo de gobierno (finales de 2011) rodeado de investigados pedientes de juicio por esto mismo. El señor Corpa había tenido ocasion de ponunciarse sobre tres acuerdos que luego el TSJ de Madrid ha declarado nulos de pleno derecho: los correspondientes al Proyecto de Reparcelación en el seno de la Junta de Gobierno Local a la que pertenecía los días 3 y 29 de julio de 2009, y respecto del Plan Especial también declarado nulo de pleno de derecho por el TSJ de Madrid, y votado por él mismo favorablemente en sesión del pleno de 2 de diciembre 2009 pervio rechazo a nuestras alegaciones que advertían ya de su ilegalidad. Para entonces, ya nuestra asociación había pedido la revocación de las licencias por ilegales mediante escrito de 2 de septiembre de 2010. Nunca contestaron ni resolvieron nada continuando adelante con los faroles porque se creen eso: impunes.

Resulta ciertamente escandaloso que, quienes por acción o por omisión hayan permitido llegar a esta situación con plena complicidad y, como es el caso del alcalde Corpa, con su plena participación también en buena parte de los hechos, se presenten ahora como los que van a salvar la integridad del patrimonio histórico tras las salvajadas perpetradas que lo han arrasado y, además, pretendan hacerlo en el nombre del interés general que ellos mismos han contribuido a infringir descaradamente como si ese concepto jurídico indeterminado fuera un chicle que sirve tanto para un roto como para un descosido. 

Hace falta mucho morro para que, quienes no solo no impidieron todos los tremendos atropellos a la legalidad urbanística sino que contribuyeron activamente a ejecutar esta monstruosidad, ahora se presenten como los salvadores de la demolición plena de una actuación urbanística que no hay por donde cogerla, por cuanto que TODA la actuación ha sido literalmente arrumbada por los tribunales y ya es demasido tarde para rectificar porque, entre otras barbaridades, alguna de las resoluciones anuladas es ya irreversible para el patrimonio histórico. 

De ahí que solo acertemos a ver con estupor que, con acuerdos como esos de los días 18 y 19 de septiembre de 2025, sobrevuele la idea de que lo ejecutado ilegalamente y con sentencias firmes de nulidad de las licencias, pretenda ser burlado aprobanado un nuevo PGOU que eluda el cumplimiento de las sentencias. Algo que ya intenteron en Marbella y fue tumbado por el Tribunal Supremo. No parece desde luego que hayan aprendido nada ni siquiera en cabeza ajena.

UN CONCEJAL A MEDIA JORNADA PARA ABORDAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS

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Santos Rozalen, flamante concejal de Planficación de la Ciudad y Desarrollo Sostenible (de urbanismo de toda la vida), resulta ser que ha sido desginado (no se sabe por quién), como el responsable encargado de la ejecución de las dos sentencias firmes ya del TSJ de Madrid, incluida la de la nulidad de las licencias. Tiene dedicación a media jornada porque la otra mitad la dedica a ejercer de abogado y atender otras dos sociedades mercantiles y una asesoría en Coslada. Es decir, goza de una más que presuntamente irregular compatibilidad que el propio alcalde propuso y votó al inicio del mandato. Además, ejerce también de abogado del alcalde Corpa y otros concejales en sus campañas coactivas contra nuestra asociacion mediente la compulsiva interposición de querellas y otras iniciativas judiciales para conseguir nuestro silencio. Así, asistió como letrado del alcalde al juicio celebrado el pasado 30 de mayo en el Juzgado número 3 de Coslada contra nosotros y que se celebró a las 9 y 30 horas de la mañana. Algo que la ley no permite. Sus explicaciones dadas en las sesiones plenarias de 18 y 19 de septiembre sobre el caso plaza de España, han estado presididas por su falta de rigor, no poco desconocimiento de lo que maneja y, en algunos casos, simplemente son falacias. Dado que la oposición no parece que acierte precisamente en su labor de control al equipo de gobierno sino más bien todo lo contrario, aceptando sumisamente explicaciones ciertamente inconcebibles, es por lo que nos vemos obligados a salir al paso de algunas de las más groseras ya que es imposible hacerlo de todas las manifestaciones hechas por este señor que ha aceptado constituirse en el brazo ejecutor de las sentencias en nombre del Ayuntamiento y, por ello, quien ha de proceder a demoler lo ilegalmente construido. Vamos a ver pues algunas de las más inconcebibles afirmaciones hechas por él en ambas sesiones:

PUNTO 14 DEL PLENO DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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EL MANTRA DE LOS FONDOS BUITRES

El concejal a media jornada Rozalén interpelado por el portavoz de Vox apelando a su condición de jurista en una de las sesiones, comienza su perorata ya faltando a la verdad descaradamente afirmando de entrada que se han dado pasos (se supone que por el Ayuntamiento), para evitar que los inmuebles levantados en la actuación de plaza de España, caigan en manos de los fondos buitres.

Este mantra repetido una y otra vez por el equipo de gobierno para justificar la absurda (e ilegal) compra de los activos de la mercantil PESF al Administrador Concursal, constituye ciertamente una de esas afirmaciones absolutamente falaces que mueven a la indignación. Porque, los fondos inversores serán buitres, pero no son tontos.

Al parecer y según contó el representante del fondo, había sido la propia Bankia quien les había sugerido se pusieran en contacto con nosotros para conocer de primera mano la situación judicial de las actuaciones urbanísticas que se habían llevado cabo, por cuanto que la entidad financiera, personada en el procedimiento contencioso del Proyecto de Reparcelación, le había comunicado al fondo inversor la existencia de varios recursos interpuestos por nosotros donde poníamos en cuestión la legalidad de nada menos que el Proyecto de Reparcelación. Querián pues conocer la situación y en qué fase se hallaban esos procedimientos. Así, hacia el mes de septiembre del año 2020, se puso en contacto con nuestra asociación un representante de una filial del fondo inversor KING STREET CAPITAL con sede en Londres, interesado en la posible compra de los activos de la mercantil PESF en la actuación de la UE-1. En aquellos momentos estaba en plena negociación la adquisición de Bankia por Cixabank y esta le había exigido a entidad madrileña que, peviamente, se deshiciera de varios activos tóxicos entre los que se hallaba el fallido de plaza de España.

Las condiciones económicas presentadas al fondo por parte de Bankia para la adquisición de los activos de PESF en concurso de acreedores, eran exactamente las mismas que luego, en septiembre de 2023, le ofrecieron al Ayuntamiento; las mismas. Sin embargo, bastaron un par de conferencias celebradas por zoom y algunos intercambios de correo para que el fondo inversor conociera de primera mano la situación y los riesgos que, ciertamente, entrañaba la operación por cuanto que entendían que un posible fallo muy probable por parte de los tribunales respecto de los recursos interpuestos, podían suponer una catástrofe. Y, como no lo vieron claro, renunciaron a la compra de esos activos por esa razón y así se lo comunicaron a Bankia.

Un año después, en septiembre de 2021, el responsable de la entidad que agrupa una serie de cooperativas de viviendas y ligadas a la izquierda denominada CONCOVI, se puso también en contacto con nosotros para tratar de conocer de primera mano nuestra posición respecto de los recursos contenciosos que teníamos interpuestos contra las resoluciones municipales respecto de la actuación. En este caso, además, el responsable de la entidad cooperativa interesada póximo a Podemos, nos indicó que había mantenido alguna reunión con el alcalde Corpa y este se había ofrecido incluso a comprarle el aparcamiento subterráneo pues, según ellos, solo tenían interés en las viviendas y los locales.

En ese caso bastó una sola entrevista y un par de llamadas telefónicas para que dicha entidad sin ánimo de lucro, eso dicen ellos al menos, se desentendieran de la operación por cuanto que, al igual que el fondo inversor londinense, entendían que la entidad bancaria (ya entonces era Caixabank), trataba de liarlos en una operación muy atractiva económicamente pero muy enrevesada desde el punto de su viabildiad práctica por los problemas judiciales. Vamos, que, al igual que los responsables del fondo no veían el horizonte legal precisamente despejado, razón por la cual, también desistieron del intento de adquirir los activos.

Por lo tanto, falta a la verdad el concejal y el alcalde Corpa con la matraca de que la compra de los activos de PESF, había evitado la adquisición de los mismos por parte de fondos de inversión buitres, por cuanto que, como pudimos comprobar personalmente, ni los fondos ni las cooperativas vinculadas a la izquierda, tenían interés alguno en comprar un formidable lío urbanístico con pronunciamientos pendientes por parte de los tribunales, lo que les llevó a desistir de su adquisición en condiciones iguales a las que un año después ofrecieron al propio Ayuntamiento. Pero con una gran diferencia, allí donde fondos y cooperativas de viviendas vieron un riesgo cierto, el Ayuntamiento no las vio venir a pesar de hallarse personados en todos y cada uno de los procedimientos contenciosos. 

Si el CEO o el responsable de adquisiciones del fondo inversor o el responsable de las cooperativas, hubieran adquirido los activos de la sociedad a sabiendas de la existencia de recursos judiciales contra los actos y acuerdos municipales, les habrían cortado la cabeza en ambos casos. Sin embargo, el Ayuntamiento predidido por elcalde Corpa picó el anzuelo y, teniendo muchísima más información que los otros interesados, se lanzaron a la piscina cuando no había agua. Y, con la evidencia de que los 21,5 millones de préstamo del ICO y ya fuera del plazo de carencia, se ven obligados ahora a amortizar a sabiendas de que, lo que realmente han comprado es una monumental y gigantesca infracción urbanística y cuyos activos comprados incluso con la implicación del gobierno central (al menos así lo han anunciado), están destinados a su demolición pura y dura.

Esta es la verdad, y no la milonga que dicen de evitar la adquisición por fondos de inversión que, como se dice, al menos los que contactaron con nosotros deisistieron directamente de adquirirlos al menos hasta que se pronunciaran los tribunales al respecto. Ya lo han hecho y los fondos eludieron el fiasco y el riesgo; el Ayuntamiento, sin embargo, metió de pleno la cabeza en el embrollo, lo que les va a costar otra buena millonada de euros a los contribuyentes.

NUESTROS PARTICULARES GENIOS DE LAS FINANZAS

Ya hemos visto que ni los fondos de inversión ni las cooperativas de viviendas querían entrar en la operación que, tanto Bankia como luego Caixabank, le ofrecieron en condiciones económicas exactamente iguales a las que luego le ofrecieron al Ayuntamiento un año más tarde. El doce de septiembre de 2023 el alcalde Corpa firmaba la escritura de compraventa junto con el Administrador Concursal y los apoderados de Caixabank. Y al día siguiente, convocaban eufóricos una rueda de prensa y decían esto:

Bajo el titular "Solución al problema de Plaza de España", los tres genios de las finanzas locales afirmaban haber terminado con el problema de plaza de España mediante la gestión "desde lo público", e insistían ahora ya en el doble mantra: el miedo a los fondos buitres y la rebaja de la deuda municipal. Ambos absolutamente falsas.

Ya hemos visto cómo los fondos de inversión rechazaron absolutamente entrar en la operación (en las mismas condiciones económicas que las ofrecidas al Ayuntamiento) y la Confederación de Cooperativas próximos a las organizaciones de la izquierda también lo rechzaron. En ambos casos porque recabaron los detalles de los pleitos judiciales de los que previamente habían advertido las entidades financieras. Sin embargo, el Ayuntamiento, que, por razones obvias, era quien más información tenía de esos asuntos pues no en vano estaba personado en todos ellos, incumpliendo la ley incluso pues se establece que, antes de adquirir cualquier inmueble, el Ayuntamiento ha de depurar la situación física y jurídica de los mismos, se lanzó irresponsablemente a la compra de unos activos que estaban bajo cuestión en varios procedimientos judiciales. Y aquí los tenemos, insistiendo incluso a día de hoy en el mismo mantra solo apto para adictos: hemos metido la pata pero lo hicimos con vuestro dinero y en nombre del interés general. Si los ejecutivos del fondo hubieran comprado esos activos y ahora estuvieran en la situación de tener que demolerlos hubieran sido despedidos. Otro tanto hubiera ocurrido al responsable de las cooperativas si hubiera aceptado la oferta de Caixabank. Pero si quien compra esta ruina inmobiliaria resultan ser estos políticos presentándose con esta operación a sí mismo como verdaderos genios de las finanzas,  el resultado es que incluso las millonarias pérdidas que tendrán que consignar en los próximos Presupuestos 2026 por la demolición obligada, lo han hecho en el nombe del interés general. Y es que, los otros se jugaban el dinero propio y el riesgo lo tenían que pagar los inversores o los cooperativistas, pero en el caso del Ayuntamiento, no juegan con su dinero; juegan con el de todos los contribuyentes. Y así todo queda diluido en el marasmo de una gestión que de pública no tiene nada, más bien de jugadores de ventaja apostando a la ruleta con el dinero de los demás.

PROXIMA ENTRADA

REFUNTANDO FALACIAS DEL EQUIPO DE GOBIERNO SOBRE EL CASO PLAZA DE ESPAÑA (II)

CRÓNICA JUDICIAL: LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID TAMBIÉN RECHAZA LA APELACIÓN DEL ALCALDE CORPA CONFIRMANDO LA ABSOLUCIÓN

 

LA AP DE MADRID RECHAZA LA APELACIÓN DE ALCALDE CORPA Y CONFIRMA LA ABSOLUCIÓN DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN DE DELITOS DE CALUMNIAS E INJURIAS

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El pasado mes de mayo se celebró el juicio en el Juzgado nº 3 de lo Penal de Alcalá de Henares por querella presentada por el alcalde Corpa contra el presidente, el secretario y la propia asociación por delitos de calumnias e injurias vertidas contra él en varias entradas de este blog los días 12 y 14 de mayo de 2022. Pedía penas de prisión así como una indemnización de 20.000 € por supuestos daños morales.

El Juzgado nº 3 no dudó en dictar sentencia de forma contundente y muy rápida, absolviendo con todos los pronunciamientos favorables a ambos, así como a la propia asociación por cuanto que el alcalde Corpa no había podido acreditar que no fueran ciertas las imputaciones que se hacían al respecto en las entradas referidas.

El alcalde, asesorado por quien resulta ser actual concejal de urbanismo, decidió apelar dicha resolución ante la Audiencia Provincial alegando error en la apreciación de las pruebas por parte de la señora magistrada del Juzgado 3 de Alcalá de Henares. Sin embargo, la correspondiente sección de la Audencia Provincial constituida por tres magistrados ha dictado una rápida sentencia el pasado 28 de noviembre de 2025, rechazando el recurso de apelación del alcalde Corpa y confirmando la del Juzgado 3 de Alcalá de Henares de absolución del presidente y del secretario de la asociación de todos los cargos y con todos los pronuncimientos favorables.

LAS TRIBULACIONES DE UN ALCALDE CON EVIDENTES HÁBITOS POLÍTICOS PREDEMOCRÁTICOS

Que al alcalde Corpa no le gustan las críticas es muy evidente y ha dado muestras de ello en numerosas ocasiones. En ese sentido, cree que las críticas a su gestión por parte de quienes, como es el caso de nuestra asociación, no le bailan el agua ni a él ni a nadie, son siempre injuriosas o calumniosas porque su gestión de la cosa pública ya en el gobierno ya en la oposición (no olvidar que lleva en el Ayuntamiento 2007; es decir, 20 años cuando acabe este mandato) es cuestión vetada a la crítica. Tiene tan alto concepto de sí mismo, que considera un agravio personal cualquier crítica, sobre todo la realizada con conocimiento de la opinión pública que es lo que realmente le molesta. No que la crítica sea certera o no, sino, sobre todo, que se haga llegar a la opinión pública.

En ese sentido, ha dado pruebas más que fehacientes y contumaces de ser un pólitico con la piel muy fina y presto siempre a amanezar a sus críticos con acciones judiciales. Confunde así un régimen democrático donde la libertad de expresión afortunadamente está protegida y muy especial cuando se realiza para poner en cuestión conductas de los políticos, y sin que se admitan injerencias intolerables en un régimen democrático y libre, con un régimen totalitario.

La suya, su concepción de esa libertad de expresión, es claramente predemocrática porque lo que le gusta es vivir en un régimen donde toda opinión sobre la gestión crítica de los políticos y desde luego de la suya, está siempre amenzada por acciones judiciales hechas de forma arrogante y con todo el aparato institucional a su servicio. Los poderes públicos, sin embargo, están sujetos a la ley y al derecho y no hay; no debe haber, espacio alguno para la impunidad y mucho menos a costa de amenazar y acosar a los críticos con penas de prisión e indeminizaciones exorbitantes, con la finalidad de domesticar y someter al silencio a los medios y sus organizaciones que no se resginan a callar y silenciar sus atropellos. Casi siempre por cierto soportados por decisiones administrativas luego anuladas por los tribunales, como es el caso de lo sucedido con la actuación urbanística de plaza de España, en la que él ha tenido amplio protagonismo con decisiones y votaciones luego anuladas judicilamente.

Hemos aguantado pues con decisión y sin titubeos la presión coactiva que una intervención judicial desplegada tras una querella donde se nos pedía nada menos que penas de prisión e indemnizaciones desproporcionadas, porque sabíamos que teníamos razón y que nos amparaba la ley en este ataque inusual y nunca visto a lo largo de la vida demócratica del Ayuntamiento desde 1979. 

Nunca jamás había tenido lugar semejante ataque a la libertad de expresion por parte de ningún edil desde que el Ayuntamiento celebró sus primeras elecciones hasta hoy. Solo el carácter intolerante de un alcalde cuyos fundamentos democráticos no parece que sean su fuerte, ha roto esa tradición por parte de los alcaldes que le antecedieron en el cargo. Sí bien no le faltaron tampoco rifirrafes con la alcaldesa Catalina incluso en la oposición del señor Corpa, en esa compulsiva conducta de amenzar con querellas y denuncias a quien simplemente ose realizar cualquier crítica a su gestión. Hemos pues aguantado este embate antidemocrático y abusivo por parte de quien debería dar muchas explicaciones y no parece que vaya a hacerlo voluntariemente ni tampoco a pedir disculpa alguna, pero no vamos a poner la otra mejilla en absoluto. Al contrario, este espaldarazo de la justicia nos afianza mucho más en la lucha que mantenemos contra el estado de cosas en San Fernando de Henares, donde, como se ha demostrado en el caso plaza de España, cualquier actuación acorde con la legalidad resulta pura coincidencia.

EL TIRO POR LA CULATA

El alcalde, asesorado como se dice por su hoy concejal de urbanismo a media jornada porque compatibiliza el cargo con el ejercicio profesional de la abogacía y otras asesorías y de las que nos encargaremos en breve, quiso obtener una suerte de resolución absolutoria en su actuación y protagonismo en el trámite de aprobación del proyecto de reparcelación de la UE-1, cuyos acuerdos ilegales han sido sancionados por el TSJ de Madrid y por lo que van a ser procesados el ex alcalde Setién y el concejal Martínez, en una causa ya solo pendiente de juicio. Y pretendía obtenerla así por la vía torticera indirecta de una condena nuestra que él reputaba de calumniosa y que no era otra cosa que una imputación que ya le hacíamos reiteradamente mediante denuncias y pruebas que obran en los Juzgados, de su participación también en los mismos hechos presuntamente delictivos al votar repetidamente acuerdos de aprobación del Proyecto de Reparcelación que ahora el TSJ de Madrid ha anulado por ilegales.

Su obsesiva y repetida amenaza contra quienes le acusan de esas votaciones ilegales y presuntamente delictivas del Proyecto de Reparcelación, no tenían por finalidad la denuncia de actos en los que sabía perfectamente había participado, sino en el simple hecho de que se dieran a cononcer. Su creencia de que si obtenía una sentencia favorable que condenara a los directivos de la asociación y a la asociación misma, le permitiría presentarse como inocente de los presuntos hechos delictivos a pesar de saber que había participado en los mismos así como la de dar un escarmiento a sus críticos, le llevó a esta aventura que ha acabado estrepitosamente para él porque, independientemente de las reclamaciones que interpondremos ahora nosotros, ha tenido que comparcer en sede judicial para reconocer palmariamente que sí, que participó en dos de los acuerdos ilegales y por lo tanto incurrió en las mismas conductas que Setién o Martínez. El hecho pues de que no vaya a ser juzgado por ello de momento no es porque no participara en los mismos, exactamente los mismos hechos que ambos colegas de la Junta de Gobierno Local, sino porque la Fiscalía, en un alarde de negligencia, olvidó cumplir sus propias diligencias pues el Instructor había autorizado que fuera llamado a declarar en calidad de investigado.

Momento del juicio en el que el alcalde Corpa se ve obligado a reconocer que participó en los hechos sin que, incluso en esta declaraciòn como testigo que le obliga a decir la verdad, dejara también de buscar eludir su responsabilidad al alegar que quienes tenían la obligación de publicar los acuerdos eran los funcionarios municipales. Cosa que es radiclamente falsa, pues la Junta de Gobierno Local a la que perteneció entre junio de 2007 y junio de 2011, constituida al amparo de un Decreto del Alcalde, tenía entre sus funciones no solo la de aprobar los instrumentos de gestión urbanística como los Proyectos de Reparcelación, sino también la de publicar sus acuerdos. Hasta en estos asuntos tan facilmente comprobables se permite faltar a la verdad incluso en sede judicial endosándole la responsabilidad a los funcionarios municipales.

CASO PLAZA DE ESPAÑA: EL ESPERPENTO QUE NO CESA

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EL AYUNTAMIENTO PRETENDE QUE LA DEMOLICIÓN DE LO ILEGALMENTE CONSTRUIDO EN LA ACTUACIÓN DE PLAZA DE ESPAÑA LA PAGUE LA ASOCIACIÓN

El último movimiento del Ayuntamiento respecto del contencioso de la demolición ya en fase de ejecución forzosa de la sentencia firme del TSJ de Madrid, consiste en interponer un Recurso de Apelación contra el Auto de despacho de ejecución del Juzgado 7 de lo CA de Madrid, admitiendo que acata la sentencia pero que la demolición de lo ilegalmente construido, que es todo sobre y bajo rasante, ¡corra por nuestra cuenta!

Ciertamente ya nada nos coge desprevenidos. O sea, que el más grave infractor conocido en toda la Comunidad de Madrid como es el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en una actuación donde todo, instrumentos de planeamiento, de gestion y licencias ha sido anulado por sus atropellos a la legalidad, y cuya inapelable demolición resulta ser la única forma que los Tribunales con unanimidad afirman es de restablecer la legalidad urbanística, hemos de pagarla nosotros que intervenimos en este asunto, precisamente, en condición de acción pública y por lo mismo plenamente legitimados para exigir el cumplimiento de la legalidad tanto en materia de urbanismo como de patrimonio histórico, tenemos que pagar la demolición de lo ileglamente construido en supuestos actos y disposiciones ilegales dictados temerariamente por el Ayuntamiento actuando con arrogante desprecio a las denuncias y avisos debidamente comunicadas en su momento. 

Cuando, sin embargo, podría haberse evitado todo esto cuando, instados los procedimientos contenciosos, en lugar de reconocer los hechos y buscar los acuerdos más favorables para restablecer la legalidad, se dedicaron a desafiarnos con empecinada contumacia como se infiere de este esperpento último consistente en reconocer las brutales ilegalidades cometidas, pero tratando de endosar las consecuencias a los denunciantes, nosotros, corriendo con el coste de restablecer la legalidad, es decir, la demolición total de lo ilegalmente construido. Las carcajadas van a sentirse en todo el TSJ de Madrid pues, entre los muchos pretextos de los infractores que conocemos en casos parecidos, hasta ahora a nadie se le había ocurrido semejante disparate. No hay duda ya de que este Ayuntamiento con su alcalde a la cabeza, en lugar de ejecutar la sentencia incluida la demolición si no quiere ser objeto de sanciones penales, está dispuesto, en su desesperación, a incurrir en estos disparates trantando de invertir la carga de la infracción no sobre quien la ha cometedio sino sobre quien la ha denunciado. Sinceramente, este Ayuntamiento merece más respeto y su población también y no asistir a estos dislates nunca vistos en los anales civilizados de la política local.

DEMANDAREMOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR TENER PARALIZADO EN UN CANJÓN UN EXPEDIENTE SANCIONADOR CONTRA EL AYUNTAMIENTO DESDE 2014

Bartolomé González ex alcalde de Alcalá de Henares y actualmente Director General de Patrimonio Histórico

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Conocida la Sentencia del TSJ de Madrid dictada en julio de 2025 por la que era anulado el Plan Especial de reordenación de la UE-1 y adheridos, hemos podido comprobar que dicho Centro Directivo pudo incurrir también en grave responsabilidad en los destrozos que dicho Plan Especial ha podido favorecer por los graves atropellos a los valores históricos del BIC. La intervención de la Junta Local de Patrimonio Histórico unas horas antes del pleno de 2 de diciembre de 2009, en el que también intervino el alcalde Corpa, emitiendo informes por los que luego permitieron que el pleno municipal aprobara el Plan Especial a pesar de que no era competente para ello, como ha quedado señalado en la sentencia del TSJ de Madrid y que ha decretado su nulidad,  podía conllevar la corresponsabilidad también en los altos cargos de la Dirección General que participaron en dichos acuerdos de la Junta Local de Patrimonio Histórico. 

A mayor abundamiento, fue incoado un expediente sancionador contra el Ayuntmiento, por infracción muy grave del patrimonio histórico al ejecutar obras sobre el BIC que dicho Centro Directivo no informó preceptivamente por haberlo omitido el Ayuntamiento. Con fecha de septiembre pasado procedimos a pedir a D. Bartolomé González que levantara la suspensión del expediente sancionador contra el Ayuntamiento y lo ejecutara en todos sus términos por la sencilla razón de que la suspensión de su ejecución no puede basarse en la existencia de prejudicialidad penal por cuanto que, estando dicho expediente incoado contra el Ayuntamiento, es archiconocido que las administraciones públicas son inimputables penalmente. Por lo tanto, la suspensión del expediente sancionador ha de ser levantada y ejecutado plenamente y a la mayor brevedad. Así mismo le hemos pedido también los nombres y cargos de las personas que intervinieron en la tramitación del Plan Especial informando favorablemente el mismo unas horas antes de la celebración del pleno de 2 de diciembre de 2009. 

Parece ser que el flamante Director de Patrimonio Histórico no se da por aludido porque no se digna ni siquiera acusar recibo de nuestras denuncias, y que, ni levanta la suspensión ni tampoco nos facilita los nombres y cargos de las personas que informaron favorablemente los acuerdos de la Junta Local. No nos temblará la mano tampoco interponiendo las acciones judiciales necesarias contra los responsables de la Comunidad de Madrid que intervinieron también en todo este lamentable y desgraciado asunto del caso plaza de España. Ya lo verán.