APORÍAS PARA LOS TIEMPOS DEL CÓLERA

De las dos actuaciones que el IVIMA ha tenido en San Fernando de Henares desde su creación, solo una de ellas realizada en los años noventa conserva la titularidad del instituto público regional de la vivienda. La otra, en la calle Somorrostro, hace años que fue vendida a un fondo de inversión inmobiliario.

APORÍAS DE ESTOS DESCONCERTANTES TIEMPOS

(O COMO SER INSOLVENTE Y SIN EMBARGO TENER UN BANCO POR CASERO)

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Durante todos estos años del boom inmobiliario financiero más conocido como la prodigiosa y maldita década de la burbuja, las actuaciones en materia de vivienda protegida han quedado relegadas a las imprescindibles, especialmente en relación con las denominadas de régimen especial, para aquellas personas con rentas que no superan 2,5 veces el INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES más conocido como el IPREM. La mayor parte de los operadores tradicionales como gestoras de cooperativas, cooperativas, sindicatos, etc, abandonaron el segmento de las tradicionales viviendas protegidas de régimen general al olor de los formidables beneficios que las de renta libre ofrecían en aquellos momentos. Incluso nuestra municipal EMS se apuntó al beneficio rápido y fácil en sus promociones. Eran los tiempos de la fiebre del oro inmobiliario. 

La multiplicación exponencial del precio de la vivienda libre unido al exceso de liquidez y dinero abundante y barato, hizo disparar los precios y con ello los beneficios y las rápidas tasas de retornos de promotores y demás operadores del mercado inmobiliario, que naturalmente hicieron su agosto durante todos estos años. Operadores inmobiliarios y administraciones, claro, porque aproximadamente un 20 % del precio final de la vivienda son impuestos de las diferentes administraciones: ayuntamientos, comunidades y finalmente del propio estado, que han venido nutriendo sus arcas con todo tipo de impuestos sobre este oscuro objeto del deseo; este bien de primera necesidad que es la vivienda pero al mismo tiempo con un evidente componente especulativo. Y así nos ha lucido el pelo, claro.

Por esa razón, las promociones en este tipo de viviendas protegidas bajaron estrepitosamente, produciéndose, por el contrario, un fenómeno insuficientemente estudiado que aún hoy permanece debidamente oculto por las administraciones: el impacto de las descalificaciones de las viviendas protegidas durante todos estos años de la burbuja. No hay datos estadísticos a la vista al menos, por lo que las cifras reales son un misterio. Solo puras estimaciones a ojo pero fiables indican que en nuestro municipio, más del 40 % del parque de vivienda protegida fue descalificada durante los doce o quince últimos años. La razón es bien clara: viviendas que costaron una media de diez millones de pesetas en su día, pocos años después valían tres veces más. Por esa razón era más rentable pagar la devolución de los intereses y demás ayudas para vender la vivienda de VPO. Es decir, descalificar la vivienda y luego venderla como libre.

Solo ha habido desde los años noventa dos actuaciones dirigidas al segmento de las rentas más bajas en régimen de alquiler en nuestro municipio, llevadas a cabo ambas por el IVIMA de la Comunidad de Madrid. En ambos se trata de promociones de aproximadamente unas 60 viviendas cada una. La primera lo fue a inicios de los años noventa, y la segunda a comienzos de 2000. Pero esta última promoción no pertenece al IVIMA precisamente desde el mismo año 2000, puesto que fue vendido a un fondo de inversión inmobiliario de un banco.

Los fondos de inversión inmobiliario en nuestro país no han tenido mucho éxito, y la mayor parte de ellos están promovidos o gestionados por bancos. Estos fondos no pueden construir ellos mismos sus promociones ya que solo pueden adquirir los inmuebles a otros. Uno de sus atractivos se basa en el excepcional régimen fiscal, pues solo tributan el 1 % de sus beneficios. A cambio de este extraordinario trato fiscal, se ven obligados a invertir un porcentaje de sus compras en inmuebles como residencias de ancianos o de estudiantes, o inmuebles en alquiler de viviendas protegidas del régimen especial.

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Lo peculiar del caso de estas viviendas de la calle Somorrostro y de estos tiempos; la paradoja inextricable, es que más de sesenta inquilinos de un inmueble que fue promovido por una administración pública, hoy son inquilinos de un fondo de inversión inmobiliario promovido por un banco, pero no podrán acceder (y mucho menos hoy día) a un solo préstamo de la misma entidad bancaria que sin embargo es su casero.

El fondo de inversión que compró inicialmente este inmueble de viviendas públicas en el año 2000, lo era de una división bancaria muy exquisita, y que se conoce en el argot financiero como la "banca privada". Es decir, la banca que solo trabaja con clientes de rentas muy muy altas. Una mala inversión realizada por el banco en cuestión consistente en confiar sus inversiones al célebre financiero de Wall Street (mejor habría que decir estafador) Madoff, estuvo a punto de dar al traste con todo. Madoff es un sorpredente caso moderno de engaño a personas muy listas y muy ricas de todo el mundo, pero por medio del viejo método piramidal Pozzi. Así pues, algunos ricos y confiados inversores españoles fueron engañados por este viejo método. Inexplicable en los tiempos de tantos y tantos reguladores. 

Pues bien, este caso provocó el primero y único "corralito" financiero durante dos años en nuestro país y en esta crisis, al cundir el pánico entre los partícipes de esos fondos de inversión que pidieron en masa su rescate. Y tras dos años, algunas querellas por medio y muchas pérdidas (la rentabilidad de estos fondos cayeron estrepitosamente), la fiscalía llegó a la conclusión de que el banco privado en cuestión, que gestionaba el fondo de inversión inmobiliario titular del inmueble de la avenida de Somorrostro, había realizado inversiones peligrosamente especulativas. Y tanto. A punto ha estado este inmueble de ser carne de subasta en los juzgados. Hoy, muy recientemente, el banco matriz del grupo financiero ha absorbido a la división de la banca privada y ahora está en un nuevo fondo de inversión inmobiliario del más importante banco del país. Eso sí, se desconocen las pérdidas habidas y quién las ha pagado.

Pero claro está, todos los inquilinos de los inmuebles que pertenecieron al IVIMA (entre los que está el de la Avda. de Somosrrostro), no conseguirán obtener un solo préstamo de ese banco en estos momentos. Son las ineluctables aporías para estos deconcertantes y peligrosos tiempos del cólera financiero. Inquilinos insolventes sirven para formidables deducciones fiscales al casero, que no es otro que un fondo de inversión inmobiliario formado por y para rentas muy selectivas y exigentes de los barrios y urbanizaciones exclusivas. Así funciona este enloquecido mundo.

DOS VARAS DE MEDIR

En amarillo las zonas donde se han producido algunas demoliciones de construcciones ilegales por el Ayuntamiento, la última muy reciente en la zona denominada La Granja. En rojo, dos de las infracciones urbanísticas más graves cometidas con licencia municipal, pero que fueron anuladas por los tribunales. Se trata de la ampliación del centro comercial de PRYCA y de la campa de vehículos de TRADISA. A pesar de que nuestra asociación pidió la ejecución de las sentencias y la demolición de lo ilegalmente construido, el equipo de gobierno nunca ejecutó las sentencias. La diferencia en el trato de uno y otro caso se debe, naturalmente, al pago de dinero en forma de "compensaciónes" urbanísticas tras la firma de sendos convenios urbanísticos.

INFRACCIONES URBANÍSTICAS EN NUESTRO MUNICIPIO

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La pariente pobre de la gestión del territorio en nuestro municipio ha sido tradicionalmente la disciplina urbanística. Algo que es casi inexistente. Centrados solo en el planeamiento que es lo más fácil (ya se sabe, pintar como querer), y con evidentes dificultades para entender la gestión, la disciplina urbanística es una quimera.

Cuando en el año 2001 el equipo municipal de gobierno tramitaba ante la consejería correspondiente el PGOU, ésta le pidió al Ayuntamiento un inventario de todas las edificaciones ilegales levantadas en nuestro municipio antes de adoptar acuerdo de aprobación alguno. Dicho inventario arrojó la pavorosa cifra de más de 200 edificaciones ilegales levantadas sobre el territorio de San Fernando, la mayor parte de las cuales estaban localizadas en la zona denominada de La Granja (en la confluencia de la carretra con Loeches), donde hoy hay levantado todo un asentamiento ilegal que se expande como una mancha de aceite, a lo largo y ancho de varias hectáreas de un suelo que el PGOU clasifica, además, como no urbanizable y protegido.

Las apenas tres intervenciones municipales lo han sido sobre un grupo de chabolas en la carretera del INTA en agosto  de 1997, y demolidas directamente sin intervención judicial. Las otras dos lo han sido en el año 2007 y en 2012 en la zona de La Granja, sobre algunas naves y cuatro viviendas levantadas, estas últimas demolidas por orden judicial. Lo característico de estas actuaciones municipales de restauración de la legalidad urbanística es que, en todas ellas, las construcciones carecían de licencia municipal.

Sin embargo, en el inventario entregado por el Ayuntamiento a la Consejería de Urbanismo en cumplimiento de lo pedido, no figuraban aquellas infracciones y edificaciones ilegales levantadas en nuestro municipio pero al amparo de respectivas licencias de obras. Es decir, con autorización municipal. Dos de estos casos más escandalosos son los de la ilegal ampliación del centro comercial de PRYCA (hoy CARREFOUR), y de la campa de vehículos de TRADISA, levantada sobre una superficie de 200.000 m2 de suelo no urbanizable especialmente protegido.

PRYCA, LICENCIAS (ILEGALES) A CAMBIO DE DINERO

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El Estudio de detalle de la entonces COPLACO, permitió una superficie máxima para este centro comercial situado en el arranque de la N-II de 15.000 m2. Muy pronto, la multinacional francesa de COMER CENTER propietaria del centro pidió al Ayuntamiento una ampliación del mismo. Primero de 5.000 m2 en 1983 y después de 2.500 m2 más en 1987. Ambas ampliaciones fueron autorizadas por el Ayuntamiento previo pago por parte de PRYCA de 50.000.000 de pesetas. 

La primera ampliación se produjo a cambio de 28.000.000 de pesetas, que naturalmente fue autorizada una vez quedó garantizado por PRYCA mediante aval bancario o seguido del correspondiente mandamiento de ingreso. La siguiente ampliación lo fue también tras un convenio urbanístico y un compromiso de pago ahora de 22.000.000 pesetas. Todo ello bajo el compromiso de llevar estas ampliaciones al nuevo PGOU entonces en tramitación y aprobado definitivamente en 1988. Lo cual no impidió a PRYCA, naturalmente, obtener muy anticipadamente sendas licencias antes de la aprobación definitiva del PGOU. Y por supuesto a levantar las ampliaciones antes de su entrada en vigor. Ventajas de poner la pasta por delante.

Pero la Consejería de Urbanismo no aprobó las ampliaciones en su aprobación definitiva del PGOU, dejando la superficie del centro comercial en los iniciales 15.000 m2. Los restantes 7.500 m2, naturalmente debían de ser demolidos. 

Después de numerosos recursos judiciales, fue en 1999 cuando el Tribunal Supremo confirmó lo acordado por la Consejería de Urbanismo, quedando las sucesivas ampliaciones realizadas (ejecutadas además mucho antes de que fuera aprobado el PGOU), en situación de clara ilegalidad.

Nuestra asociación solicitó insistentemente al Ayuntamiento la ejecución de las sentencias y, por lo tanto, la correlativa demolición de lo ilícitamente construido para así restaurar la legalidad urbanística infringida. Y el entonces equipo de gobierno nunca ejecutó esta sentencia. Y no solo eso, sino que hoy, con el nuevo PGOU, han "legalizado" (mejor dicho, lo han intentado) esas ampliaciones. Si bien no tenemos constancia de que CARREFOUR haya solicitado las correspondientes licencias de legalización. Estamos esperando que lo haga, desde luego.

Una campa de vehículos de más 200.000 m2 y otros 20.000 m2 más de naves construidas, levantada sobre un suelo que el PGOU clasificaba como NO URBANIZABLE Y ESPECIALMENTE PROTEGIDO. Nuestra asociación llevó estas licencias a los tribunales y consiguió que fueran anuladas. Pedida la ejecución de la sentencia, el equipo de gobierno en lugar de ejecutarla llevó esta misma clasificación al nuevo PGOU. Y, según ellos, así quedó "legalizado" este atropello a la legalidad urbanística. Pero ya veremos a ver si es así.

TRADISA, O COMO BURLAR LA LEGALIDAD A CAMBIO DE DINERO Y OTROS FAVORES

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Acababa de ser aprobado el nuevo PGOU en 1988 y este suelo era clasificado como NO URBANIZABLE Y ESPECIALMENTE PROTEGIDO DE INTERÉS PAISAJÍSTICO. No obstante lo cual, fue aprobado apenas unos meses después un convenio urbanístico mediante el cual, la empresa TRADISA, previo pago de 10.000.000 de pesetas y la matriculación en el municipio de 80 camiones de su propiedad, le sería concedida la correspondiente licencia. Y así fue, le fueron concedidas. Nuestra asociación, después de muchas peripecias, recurrió las licencias que fueron anuladas por el TSJM en el año 2006. Y, naturalmente, pedimos al entonces equipo de gobierno que restaurara la legalidad urbanística y, en cumplimiento de lo acordado por los tribunales, procediera a demoler lo ilegalmente construido, además, sobre suelo no urbanizable y especialmente protegido. Pero nunca lo hizo. Al contrario. Luego supimos que las licencias concedidas lo fueron coetáneamente a que TRADISA regalara a Protección Civil una ambulancia o de que financiara un programa de fiestas del Área de Educación.

Este caso de TRADISA, que ya hemos comentado en otras entradas, nunca fue investigado, y, por el contrario, además de echar sobre él un manto de olvido, la empresa TRADISA creó una división inmobiliaria, adscribió esta finca a sus activos, y no solo consiguió que no le fueran demolidas las instalaciones sino que fuera premiada con la clasificación del suelo como urbanizable en el nuevo PGOU con unas condiciones muy ventajosas. Tanto, que lo ha vendido a una conocida familia del municipio. 

Nunca será ya investigado cómo se realizó el pago del sobreprecio al vendedor inicial de esta finca, incluido el realizado mediante una fabulosa finca en Argentina. Así como una cantidad que se aproximaba a los 29 millones de pesetas en efectivo pero no declarados. Ni, por supuesto, cómo fue posible que esta sociedad consiguiera tan alegremente levantar un complejo industrial en un paraje que estaba destinado a replantar árboles. Todos estos misterios quedarán en el arcano de los tiempos, sin deseo alguno de ser investigado por quienes firmaron y aprobaron las autorizaciones, el convenio urbanístico incluido. Al contrario, todo quedará enterrado bajo una pesada losa de cínico disimulo municipal.

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Traemos aquí estos dos ejemplos tan distintos, como demostración de la doble vara de medir utilizada por nuestra autoridades municipales cuando de restaurar la legalidad urbanística se trata. Mientras que en unos casos (los señalados en amarillo) se procede a la demolición de unas modestas chabolas aprovechando la ausencia de sus moradores, o un pequeño grupo de viviendas levantadas sin licencia alguna, las grandes y potentes corporaciones consiguen mantener sus imponentes edificaciones ilegales (así acordado por los tribunales), enhiestas e indemnes. Y no solo eso, sino que luego son premiadas recogiendo así el fruto afanoso de sus desvelos: la legalización de esas infracciones por el nuevo instrumento de planeamiento.  

PRYCA y TRADISA son solo dos ejemplos. Ambos agotaron los trámites judiciales con sus mejores y más caros abogados, incluyendo el asesoramiento legal de algún conspicuo exjuez del Tribunal Supremo. Pero los casos eran tan alevosos como ilegalizables. La diferencia no obstante entre la suerte corrida por unos (las chabolas y viviendas sin licencia, demolidas), y por los otros (las edificaciones ilegales con licencia, no demolidas), se debe a una razón muy poderosa: se llama dinero.

BANANA BEACH Y LA UG - 6

Ámbito de la parcela permutada en su día  a ECHEVESTE Y CÍA. SA, donde se encuentra la Unidad de Gestión UG - 6 que tiene suspendidas las determinaciones urbanísticas del nuevo PGOU. En estos momentos, a este ámbito le es de aplicación la normativa de la Modificación 6 del anterior PGOU, donde solo se permiten construir un máximo de 31 viviendas y 12.000 m2. Hoy hay construidas 200 viviendas con licencias municipales otorgadas varios años antes de la entrada en vigor del nuevo PGOU, aunque hoy suspendido para este ámbito como se dice.

 AVISO A NAVEGANTES

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Si hemos titulado así esta entrada referida al caso de la UG-6 no es por simple frivolidad, sino porque el caso del complejo BANANA BEACH de Marbella ha dado lugar a una muy reciente doctrina basada en una definitiva sentencia del Tribunal Supremo, donde se despliegan por parte del alto tribunal todo un elenco de razonamientos y citas jurisprudenciales prolijas sobre el asunto. Para, finalmente, acordar la demolición de varios bloques construidos al amparo de licencias municipales ilegales otorgadas con la cobertura de un PGOU aprobado por silencio administrativo y que dio lugar, además de a varias condenas a los conocidos firmantes de las mismas, a la cuantificación de un número aproximado de 1.009 ilegalidades urbanísticas cometidas al amparo de dicho PGOU semiclandestino, y más de 17.000 viviendas afectadas.

Disuelto el Ayuntamiento de Marbella, los nuevos grupos aprobaron en el año 2010 el nuevo PGOU, cuyo contenido más importante es la revisión, caso a caso, para la regularización de las tropelías cometidas por los anteriores. Y ello ha dado lugar a la regularización de la mayoría de las situaciones irregulares que había, todas ellas con licencia municipal. Pero ha habido un importante grupo de situaciones que no han podido ser salvadas, y ese es el caso del complejo de apartamentos en primera línea de playa conocido como BANANA BEACH (3 bloques y cerca de 300 viviendas).

Los propietarios actuales de estos apartamentos y de otras situaciones irregulares que no han podido ser legalizadas, se han movilizado lógicamente, llegando, como se dice, hasta el Tribunal Supremo. También se han pronunciado los respectivos Defensores del Pueblo (del Estado y de Andalucía, viva la duplicidad) que abogaban por darle una "solución negociada" al caso, aduciendo y recogiendo las tesis de los afectados de ser adquirentes terceros de buena fe amparados por lo que prescribe el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. 

Pero el Tribunal Supremo ha dejado las cosas muy claras al respecto, y ha razonado por qué no pueden ser legalizadas estas viviendas reiterando una muy repetida doctrina suya. Así lo argumenta el T.Supremo en sus fundamentos legales:

«Frente a los deberes derivados del incumplimiento de la legalidad urbanística no cabe aducir la condición de tercero adquirente de buena fe amparado por el acceso de su derecho de dominio al Registro de la Propiedad, puesto que, conforme al principio de subrogación de los sucesivos adquirentes en el cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento urbanístico, la demolición de lo indebidamente construido no sólo pesa sobre quien realizó la edificación ilegal sino sobre los sucesivos titulares de la misma, sin perjuicio de la responsabilidad en que aquél hubiese podido incurrir por los daños y perjuicios causados a éstos ».

Es decir, que las ilegalidades urbanísticas (y por supuesto las propias cargas urbanísticas no cumplidas por los promotores del plan o de las edificaciones), al igual que las deudas, se heredan. Poca gente sabe pues, que las obligaciones urbanísticas son subrogables cuando se compra un piso. Y eso es lo que les ha pasado a los adquirentes de los apartamentos de BANANA BEACH de Marbella. Y eso puede ser también lo que les pueda suceder a los compradores de los pisos de la UG-6, que, además de tener obligaciones urbanísticas pendientes tal y como prescribe el nuevo PGOU, pueden haberse subrogado también otras obligaciones más. Veamos por qué.

La ficha urbanística del nuevo PGOU establece para este ámbito de la UG-6 (hoy suspendido) un techo máximo de edificabilidad patrimonializable de 16.600 m2, y unas obligaciones pendientes de cesión y urbanización que han de pagar y cumplir los propietarios actuales.

Sin embargo, la ficha catastral revela que en este ámbito se han construido hasta un total de 24.416 m2. Es decir, casi 8.000 m2 más de lo permitido por el nuevo PGOU, y más de 12.000 m2 de los autorizados por la norma actualmente vigente del anterior PGOU bajo cuya cobertura se dio la licencia municipal de obras. Lo que resulta inexplicable es por qué le fue otorgada la licencia de primera ocupación si, como es evidente, lo finalmente construido supera y casi duplica lo permitido por el Plan General vigente entonces. Aun admitiendo que las plazas de garaje no computaran, cosa insólita de nuestro Plan General, lo construido es a todas luces muy superior a lo permitido. Por esa razón no son legalizables estas edificaciones.

La permuta acordada con ECHEVESTE Y CIA SA, se inicia con un convenio firmado en el que ambas partes, ECHEVESTE y AYUNTAMIENTO, declaran solemnemente que las parcelas permutadas (la del solar del nuevo Ayuntamiento y la parcela municipal que entonces pertenecía a un ámbito de suelo no urbanizable en ejecución) tenían el mismo valor, aunque no dicen cuál era ese valor idéntico ni desde luego nos consta que se hiciera informe oficial de valoración o tasación alguno.

Para conocer el valor que ambas partes otorgan a las propiedades permutadas, es preciso recurrir al Registro de la Propiedad donde, como puede verse, acuerdan valorar dichas parcelas en 218 millones de pesetas. También puede verse que es preciso realizar la inscripción de un exceso de cabida de más de 7.000 m2, sencillamente porque ECHEVESTE no pudo demostrar que era propietario de esos 7.000 m2 que, para más desconcierto, resulta que ya eran de titularidad municipal desde 1880.

A pesar de todas las advertencias y de las propias denuncias que se realizaron, incluida la de nuestra Asociación así como otros particulares y los grupos de la oposición con una moción en un pleno que fue rechazada de plano por el grupo municipal de IU, entonces con mayoría absoluta, estas viviendas se comercializaban mucho antes incluso de aprobar el famoso Estudio de Detalle que, contraviniendo el PGOU vigente entonces, sirvió para que luego otorgaran las licencias municipales con que se han levantado. Tan seguros estaban de ello los promotores, claro. Esto dio lugar, tras una denuncia de un funcionario municipal, a la apertura de un expediente de infracción urbanística por parte de la Consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, conminando al Ayuntamiento a revisar esos acuerdos. Pero el Ayuntamiento, lejos de hacer lo propio, se dedicó a recurrir a los tribunales paralizando así las actuaciones. El resultado es este que conocemos hoy.

Tal y como puede apreciarse, las viviendas se comercializaban al margen de la polémica surgida antes incluso de tener aprobado ni siquiera el instrumento de planeamiento que habilitaba para su construcción. Las viviendas tipo costaban unos 17 millones de media cada una. Es decir, toda la promoción fue vendida por un monto total de más de 3.400 millones de pesetas. Aun admitiendo un modesto beneficio del 20%, la cantidad superaba los 680 millones de pesetas. Ya queda dicho más arriba que ambos permutantes (ECHEVES y AYUNTAMIENTO) consideraban que el valor de ambas parcelas era de 218 millones de pesetas. El pelotazo de ECHEVESTE con esta permuta fue bien considerable. Y desde luego, sin necesidad de esperar a 2002 para la aprobación del nuevo PGOU tal y como habían pactado, por cierto.

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(continuará)

UG-6: 200 VIVIENDAS EN EL LIMBO URBANÍSTICO

TRAS EL DEFINITIVO PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MARZO DE 2011 ACORDANDO SER CONFORME A DERECHO LA SUSPENSIÓN DEL PGOU RESPECTO DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN UG - 6 (C/ ÁVILA CON VUELTA A C/ ZAMORA), ESTAS 200 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN UN AUTÉNTICO LIMBO URBANÍSTICO. LA HISTORIA TRAE CAUSA NADA MENOS QUE DE LA CONFUSA E INEXPLICADA PERMUTA PARA OBTENER LA PARCELA DE ECHEVESTE.

AVISO A NAVEGANTES

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Una buena parte de importantes actuaciones de gestión urbanística en nuestro municipio, han estado jalonadas de polémicas ilegales decisiones de los diferentes equipos de gobierno de IU que luego, por desistimiento de los grupos de la oposición (caso del PP), cuando no por la complicidad ocasional de otros (caso del PSOE en sus intermitentes pactos de gobierno con IU), han acabado en el más completo olvido o falsamente regularizadas a base de aprobar con posterioridad instrumentos de planeamiento general que las legalizaran. Pero muchas de estas actuaciones que fueron auténticas y gravísimas infracciones urbanísticas perpetradas con licencia municipal, eran en realidad ilegalizables y en la mayor parte de los casos solo cabía en rigor un destino: el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida mediante su directa demolición. Pero nada de eso ha sucedido.

El equipo de gobierno ha recurrido sistemáticamente a maniobras procesales inadmisibles, como no remitir los expedientes a los tribunales o retardarlos maliciosamente. O simplemente firmando apelaciones para llegar hasta el mismísimo Tribunal Supremo con la sola intención de ganar tiempo o agotar la paciencia (y la economía) de los denunciantes. Otras veces recurriendo  directamente la pura desobediencia a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, que no han impedido no obstante percibir cada caso como un mayúsculo escándalo bien revelador de un estilo de gobernar basado en el desprecio a la legalidad, y su correlato menosprecio también a todo aquel que trate de hacer valer esa legalidad mediante la denuncia. Desde luego ese ha sido nuestro más palmario caso.

Nuestra asociación se ha visto obligada en numerosas ocasiones a denunciar este tipo de atropellos de los diferentes gobiernos de IU (o de IU-PSOE otras veces), caracterizados casi siempre por la puesta en práctica de la arbitrariedad más descarada, amparada, eso sí, por la conformación de las mayorías configuradas en solitario o en compañía de otros. Y ese es el caso de actuaciones no resueltas aun después de los muchos años transcurridos porque, a pesar de todo, cuando se vulnera la legalidad y se incurre en flagrantes arbitrariedades (infracciones urbanísticas graves incluidas), su disimulo mediante la aprobación de instrumentos que traten de legalizarlos son, en la mayor parte de los casos, levantados sobre intolerables agravios cuando no sobre sospechosas complicidades que, lejos de dar cobertura legal a una actuación contraria a derecho, no es sino un monumento a la pura y simple impunidad de los gobernantes infractores.

Así, desde la ilícita ampliación de PRYCA anulada por el Tribunal Supremo en 1999, pasando también por las resoluciones firmes de anulación de las licencias a TRADISA en el año 2006 en su campa de vehículos, levantada sobre suelo no urbanizable especialmente protegido (y bajo sospecha de corrupción y nunca ejecutadas), pasando por la más actual de la UG-5 (actualmente en los tribunales), son algunas de las actuaciones más notorias. Y entre ellas una que ha pasado desapercibida al menos en su desenlace: la que se corresponde con la Unidad de Getión UG-6. Veamos.

LA UG-6 EN EL MÁS ABSOLUTO LIMBO URBANÍSTICO

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Unas 200 viviendas de la manzana de la calle Ávila con vuelta a la calle Zamora, se hallan en el más absoluto limbo urbanístico y, en rigor, con unas confusas ordenanzas que remiten a una modificación del PGOU anterior que, en cualquier caso, solo autorizaban 31 viviendas y no las 200 que finalmente han sido construidas.

El consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid cuando aprobó el PGOU de San Fernando en septiembre de 2002, dejó sin efecto la propuesta que pretendía regularizar mediante su legalización estas 200 viviendas, cuyo ámbito fue designado en el nuevo PGOU como la UG-6. La evidente ilegalidad de la licencia otorgada en su día para la construcción de estas viviendas, provenía de la nunca bien explicada operación de permuta realizada por el Ayuntamiento con la sociedad ECHEVESTE SA, para la obtención del solar ocupado por sus almacenes desde 1946 en lo que era el palacio o la fábrica de paños, de unos 19.000 m2.

Las desorbitadas exigencias económicas de ECHEVESTE fueron inexplicablemente atendidas en su totalidad por el entonces equipo de gobierno, permutando varios solares de propiedad municipal procedentes de algunos de los sectores de suelo urbanizable programado, y donde finalmente a ECHEVESTE le fueron dadas toda clase de facilidades, incluida la cesión de varias parcelas de uso y dominio público como zonas verdes y espacios públicos, para que levantara las dos únicas gasolineras que hay en el caso urbano con bandera de BP.

Por su parte, a la parcela destinada a uso residencial solo le estaba permitido destinar su edificabilidad a la construcción de 31 viviendas. Pero el pacto con ECHVESTE era el de poder acumular hasta 16.000 m2 en dicha parcela o lo que es lo mismo construir 200 viviendas. Para poder cumplir ese objetivo era necesario esperar a la siguiente revisión del PGOU. Pero algo sucedió para que el equipo de gobierno de IU, en lugar de esperar al nuevo PGOU, hallara una mágica fórmula para transferir más de 4000 m2 de edificabilidad procedentes de un solar municipal (suelo urbano) de la calle Mª Teresa León, al permutado a ECHEVESTE de la calle Ávila (suelo urbanizable programado), cosa que la ley de suelo no permitía de ninguna forma. Y mucho menos cuando todo ello se pretendía, además, ordenarlo mediante un Estudio de Detalle.

Nuestra asociación alegó en su día la tropelía que se pretendía ejecutar por parte del equipo de gobierno, obteniendo una negativa de plano en el pleno correspondiente. Igual suerte corrieron las alegaciones del PP y del PSOE, que también presentaron las suyas advirtiendo del atropello a la legalidad que pretendía hacerse. Finalmente fue la Comunidad de Madrid la que tuvo que intervenir a resultas de una denuncia de un funcionario municipal del área de urbanismo, que fue sancionado y suspendido de empleo durante un buen número de años. 

No fue sino hasta el año 2007 (ya gobernaban juntos IU y PSOE) cuando, sospechosamente, y tras larguísimas maniobras dilatorias del Ayuntamiento (consistentes básicamente en no remitir los expedientes a lo tribunales), cuando las partes recurrentes (Comunidad de Madrid y el funcionario denunciante ya readmitido previsiblemente mediante un pacto  con el equipo de gobierno y bendecido por el PSOE) no formularon las correspondientes demandas dejando así decaer sus recursos, y de paso evitando con ello que los tribunales se pronunciaran finalmente sobre la nulidad tanto de los Estudios de Detalle, como desde luego de las licencias. Ambos claramente ilegales. El desistimiento de los recurrentes después de varias acumulaciones y escandalosas dilaciones, fue desde luego muy sospechoso.

Pues bien, el equipo de gobierno municipal inició una carrera de recursos judiciales contra la decisión de suspensión por parte del consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, de la ordenación propuesta (para legalizarla, vamos) para la actuación en la UG-6, alegando, precisamente, la existencia de procedimientos judiciales abiertos a la fecha de su aprobación (2002). Esa carrera iniciada por el equipo de gobierno, además de ser una prueba más del compulsivo espíritu litigioso inspirado por Dª CARMEN CRIADO, acabó con el fallo desfavorable a las pretensiones municipales y la condena en costas al Ayuntamiento. O lo que es lo mismo, la irregular situación en que se encuentra la UG- 6 y todos los edificios de la calle Ávila con vuelta a la calle Zamora (ver la foto de arriba) es bien patente. Hasta el extremo de que, en nuestra opinión, no es legalizable porque, siguiendo los argumentos de la Comunidad de Madrid, los acuerdos (licencia y Estudio de Detalle) adoptados por el equipo de gobierno entonces eran manifiestamente nulos de pleno derecho. 

Hay, desde luego, muchas razones para suponer que su legalización no es posible. La cuestión no obstante es: ¿por qué razón el equipo de gobierno, que conoce el fallo judicial del Tribunal Supremo desde marzo de 2011, no trata de regularizar esta evidente situación de limbo urbanístico en que se encuentran estas 200 viviendas de la UG-6? Y ya puestos ¿qué piensan ahora los dos grupos de la oposición del PP y PSOE que, junto con nosotros, alegaron entonces también la barbaridad que pretendía ejecutar y ejecutó IU? Nosotros lo tenemos muy claro: la licencia y el Estudio de Detalle eran nulos de pleno derecho, entonces y ahora.

DE MERCADERES Y VÍCTIMAS

Aspecto de una de las propiedades de la plaza de España que pertenecía a un solo titular, antes y después de la rehabilitación. La vieja y destartalada vivienda y el solar colindante fueron tasados a un justiprecio de 588.000 € (701,10 € por m2). Hoy, este mismo titular le reclama a PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL en el procedimiento del concurso de acreedores 2.728.000,00 €. Es decir, aproximadamente a unos 3.300 €/m2. He aquí un ejemplo magnífico de capitalismo especulativo puro, o cómo "añadir valor" a bienes raíces con la complicidad de un Ayuntamiento. Es la artificiosa multiplicación de los panes y los peces. Pero algo ha fallado en todo este delirio de la fiebre del oro en forma de burbuja inmobiliaria/financiera, porque falta el pobre pagano final: el comprador. 

 UN CASO DIGNO DE ESTUDIO

Cuando en el futuro sea estudiada en las cátedras de economía o en las escuelas de negocios las causas de nuestro actual desastre económico, deberían de poner como ejemplo de todos los vicios especulativos del negocio financiero/inmobiliario al que debemos todo el desastre, este caso de la plaza de España de San Fernando.

Una actuación relativamente sencilla diseñada por la propia administración actuante, el Ayuntamiento, a gestionar por expropiación, acabó derivando hacia una borrachera especulativa consistente en que una parte de la actuación (el 49%) tendría que soportar los costes del resto (el 51 %). Estos últimos además no pondrían un solo euro, y sin embargo habrían de recibir los nuevos inmuebles en la misma proporción aportada pero totalmente reformados, sin coste adicional alguno para ellos.

El justiprecio fijado lo fue incomprensiblemente en forma de tasación conjunta, y si bien lo acordado en el pleno del 28 de mayo de 2008 (cuando fueron aprobados los convenios expropiatorios) lo fue por justiprecios diferentes para las construcciones y para el suelo, finalmente, cuando fueron a constituir la sociedad mixta el día 9 junio de 2008, las condiciones acordadas se las saltaron a la torera y acordaron fijar un justiprecio único (para cualquier clase de aportación, ya fuera de suelo ya de construcciones) de 701,10 €/m2. Para todos igual. En realidad lo que hizo finalmente el Ayuntamiento es convertir lo que era un sistema de expropiación en un sistema de cooperación, pero exonerando a los propietarios del pago de cantidad de ninguna clase. Nada de lo que se ha hecho finalmente por el Ayuntamiento en esta actuación, tiene encaje legal en ninguno de los sitemas de gestión vigentes.

El Ayuntamiento, cuando aprobó los convenios el 28 de mayo de 2008, obligaba en realidad a asumir unas desorbitadas obligaciones a la futura sociedad mercantil mixta que iban a designar como entidad "beneficiaria" de la actuación: las cargas de ejecutar los inicialmente 18.693 m2 de la operación, pero pagándolos solo con poco más de 8.000 m2. He aquí el primer gran error de cálculo que, no obstante, pensaron subsanarlo mediante la ilícita aportación a la sociedad mixta de la plaza de España y de su subsuelo, ambos demaniales de titularidad pública.

Pero solo fue cuestión de tiempo y del formidable descontrol habido. La actuación duró lo que duró el dinero que puso Caja Madrid. Una gestión calamitosa y a nuestro juicio culposa, hizo todo lo demás. Eso y el estrepitoso estallido de la burbuja, claro, que vino a dar la puntilla. La demanda que esperaban recibir en forma de compulsivos compradores de todo lo que se construía aunque solo estuviera en proyecto, se convirtió en eso: pura demanda insolvente. Y así acabó también el enloquecido señuelo desatado por la propiedad de bienes raíces que nos asoló como una plaga bíblica durante todos estos años, pero arruinando la economía del país, endedudados hasta las orejas las familias y las empresas, y ahora el Estado. Y uno de los ejemplos más evidentes de este formidable fiasco colectivo puede ser este de nuestra plaza de España. Impulsado además por la ensoñación delirante de unos políticos de una corporación pública, que no se habían enterado de que la fiesta inmobiliaria en forma de orgía especulativa que todo lo tapaba, había concluido justo cuando comenzaban ellos la actuación.

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Naturalmente, en esta actuación hay víctimas propiciatorias que se vieron arrastradas por la moderna versión del tocomocho inmobiliario, confiados en que si al frente del invento estaba el Alcalde, todo serían ventajas. Pero también hay mercaderes que olieron el fabuloso negocio y ahora vuelven su vista hacia el Ayuntamiento, claro, exhibiendo los famosos convenios.

Que el Ayuntamiento acabará siendo quien pague los destrozos de este delirio municipal, parece evidente que será poco menos que inevitable. Y no habrá caso de mayor injusticia, porque los responsables de este descabellado invento se irán probablemente de rositas. Por ello, es bueno que el personal vaya conociendo algunos detalles de lo que, si nadie lo remedia, será el más agraviado escarnio que se haya cometido en nuestro municipio por parte de unos gestores públicos irresponsables, metidos a promotores inmobiliarios sin tener ni idea y, lo que es más lamentable, sin exponer ni un duro de sus bolsillos, sino de todos los demás. Y en esto no se salva grupo alguno.

El caso que exponemos en las fotografías de arriba es bien representativo de lo que decimos. Un inmueble que pertenecía a quien fue un alto funcionario municipal adscrito al área de Hacienda y que fue adquirido hacia los años setenta, presentaba el lamentable aspecto de una de las fotografías. Se trataba de una de las pocas viviendas de la plaza de España que aún conservaba elementos auténticos de su construcción original. Pero estaba prácticamente en ruinas. Su propietario no había gastado un euro en su conservación, salvo para apuntalar la construcción para que no se cayera. Junto con el anexo, la finca en cuestión tenía 740 m2 y fue tasada para el justiprecio en 588.000 €. Hoy, este propietario le reclama a la sociedad mixta 2.728.000 €. Es decir, 3.300 €/m2 cuando el precio de la tasación lo fue por 701,10 €/m2. Este propietario, además, naturalmente no vivía en esa casa, lo cual no le impide tampoco reclamarle a la sociedad mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL importantes cantidades en concepto de indemnizaciones por realojo. Ver para creer.

El propietario en cuestión es además muy afortunado porque cuenta con un formidable patrimonio inmobiliario en nuestro municipio: dos locales (uno en Parque Henares y otro en la calle de la Huerta donde tiene su sede el PSOE local). Por supuesto una céntrica vivienda habitual, dos solares al final de la calle de la cuesta de la Grilla, y otra amplia finca en uno de los sectores clasificados por el nuevo PGOU para usos terciarios e industriales. Ah, y un solar urbano que perteneció a la promotora quebrada COPASA, y que fue embargada por el propio Ayuntamiento por el impago precisamente de tributos municipales. Como decimos, es muy posible que el Ayuntamiento, como responsable subsidiario, tenga que pagarle a este propietario los 2.728.000 € que le reclama a la sociedad insolvente mixta que, para más desconcierto, preside el alcalde.

En este drama del "caso plaza de España" hay desde luego víctimas, pero también hay avispados mercaderes. Pero, si finalmente se confirman los negros presagios, víctima de este impresentable fiasco lo será sin duda el propio Ayuntamiento. Es decir, todos nosotros.

CURADOS DE ESPANTO

EL EXCONCEJAL DE URBANISMO Y CEO DE LA EMPRESA MIXTA FIRMÓ DOCUMENTOS VARIOS MESES DESPUÉS DE HABER CESADO

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Circulan por ahí un buen montón de documentos firmados con los afectados de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL que ponen los pelos de punta. Aunque a nosotros ya nada nos extraña, pues estamos bien curados de todos los espantos en relación con lo que vamos conociendo de la gestión cotidiana de la sociedad mixta que preside el alcalde. 

En efecto, un comunicante anónimo nos hace llegar un documento que, en forma de anexo a los convenios de expropiación, al parecer fue firmado con los propietarios afectados de la UE-1 por el exconcejal de urbanismo D. JOAQUÍN MARTÍNEZ, en nombre y representación del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y de la propia sociedad mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Lo asombrso es que esos anexos fueron firmados el día 30 de septiembre de 2012, tal y como puede verse en los documentos de arriba. Es decir, un año y tres meses después de haber cesado como concejal (junio de 2011), y cuatro meses después de haber cesado como consejero delegado de la sociedad mixta (19 de junio de 2012).

Como decimos, a nosotros ya nada nos pilla de sorpresa ante la ingente cantidad de irregularidades de todo tipo que vienen apareciendo en la gestión de esta sociedad por parte de los responsables municipales, y que empiezan a tener todo el aspecto de una pandemia. Pero aún teniendo asimilados todos los horrores posibles, sinceramente a duras penas podíamos imaginarnos este: la firma de documentos y obligaciones con los propietarios, por parte de alguien que carecía de poderes y facultades de ningún género, sencillamente porque había cesado varios meses antes de todos los cargos en nombre de quien dice intervenir. Inaudito y para salir corriendo.

Por las manos de este consejero delegado han pasado más de 57 millones de euros, y con su sola firma se han extendido pagarés por varios millones de esos euros. Nadie se explica cómo es posible que D. JOAQUÍN MARTÍNEZ (hoy asalariado del Ayuntamiento a nuestra costa, nombrado por el alcalde auxiliar del grupo municipal de IU), fuera nombrado consejero delegado de esa sociedad ni qué méritos profesionales tenía para ello. Ni, desde luego, si entre algunos de sus desconocidos méritos empresariales, está el de ser capaz de saber siquiera interpretar un simple balance de la sociedad. Pero lo que es inenarrable ya y no se comprende bien, es cómo es posible que el alcalde no lo cese como cargo de confianza de IU y lo mantengan ahí, arropado por el grupo y con cargo a los presupuestos municipales que pagamos todos. Es sencillamente un escándalo.

Como lo es el hecho de que nadie de los que quedaban del extinto consejo de administración, incluido el señor SETIÉN, se atrevieran a firmar estos documentos (solo él podía hacerlo en aquellos momentos en nombre de la sociedad), y sin embargo se lo endosen al exconcejal MARTÍNEZ para que los firme, a sabiendas de que ni era ya concejal (y por lo tanto no podía intervenir en nombre del Ayuntamiento), ni desde luego era ya consejero delegado ni tampoco consejero de la sociedad, puesto que había dimitido con fecha 19 de junio de 2012. Esto es la apoteosis de todos los desmadres. 

Y la oposición de vacaciones...

MILONGAS DE VERANO

EL DESPACHO DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL DE PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL EN LA CALLE FERRAZ DE MADRID, ES YA COMO UNA ROMERÍA. AHORA LES HA TOCADO EL TURNO A LOS AFECTADOS POR LA ACTUACIÓN QUE LO HAN VISITADO PARA SABER QUÉ PASA CON LO SUYO. Y LA SOLUCIÒN A SU DRAMA (SU RETORNO ES UN DERECHO CLARAMENTE INCUMPLIDO) PROVOCADO POR LOS GESTORES MUNICIPALES, PASA, SEGÚN EL A.C., PORQUE CERCA DE 90 ACREEDORES DE BUENA FE QUE CONTRATARON CON LA SOCIEDAD MIXTA PAGUEN EL PATO Y RENUNCIEN AL 35% DE SUS DERECHOS DE CRÉDITO. Y NOSOTROS CREEMOS QUE, ADEMÁS DE INJUSTO, ES UN CAMELO INÚTIL MÁS. VEAMOS EL PORQUÉ.

EL ESTUDIO DE VIABILIDAD INICIAL REALIZADO POR EL ARQUITECTO DIRECTOR DE LA OBRA, CONTIENE EL PECADO ORIGINAL DE ESTE FIASCO QUE NADIE ADVIRTIÓ

EL PECADO ORIGINAL

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En el año 2006 (en plena euforia inmobiliaria de promotores, banqueros y políticos irresponsables), le encargaron al arquitecto autor del proyecto de plaza de España un estudio de viabilidad. Ese estudio luego fue manejado y utilizado para el acuerdo del pleno de 28 de mayo de 2008. Después, en 2009, fue actualizado con los edificios adheridos de las calles Coslada y G. Córdoba.

El estudio concluía que la viabilidad de la promoción estaba asegurada y que arrojaría un saldo positivo final (beneficio) de unos 647.000 €. De la misma forma, contenía un cuadro de costes referidos a la repercusión que tendría la ejecución de los compromisos adquiridos con los propietarios afectados, y que el arquitecto autor del proyecto cifró en 19,3 millones de euros (ver el cuadro de arriba). Estos costes, si bien estaban calculados como puede ser comprobado, no fueron tenidos en cuenta para calcular el balance final de la operación y, desde luego, nunca fueron contabilizados como compromisos contraídos con los partícipes privados a los que había que retornarles al menos el 51 %. Eso sí, totalmente libres de cargas.

El impacto sobre el balance final de esos compromisos de retorno ha sido calculado por los propios partícipes en 45 millones de euros, por la propia sociedad mixta en 31 millones, y por nosotros en unos prudentes 22 millones de euros al menos (correspondiente al 50 % del importe de las hipotecas descontada la de los aparcamiento subterráneos).

Y así como el pleno de 28 de mayo de 2008 ignoró este evidente déficit (en realidad pérdidas que tendrían que ser absorbidas por el 49 % de los activos restantes), los administradores de la sociedad no contabilizaron nunca ese importante impacto en el balance, ignorando la repercusión del mismo en la cuenta de resultados de la sociedad. Y claro, ahora no salen las cuentas. Razón por la cual la administración concursal de un plumazo no ha querido reconocer esos importes como créditos contra la sociedad, porque si lo hiciera tendría que liquidarla y no le conviene. Es la consecuencia del pecado original: un estudio de viabildiad encargado al arquitecto (qué sabrá de ello un arquitecto) que, lógicamente, solo aspiraba a que lo nombraran director de la obra y obtener así como honorarios el 6,5 % del presupuesto. Pero nadie advirtió nada de esto, y la bola de nieve comenzó a rodar. Y así sigue.

RESUMEN FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL EN SU INFORME PROVISIONAL. EL ADMINISTRADOR TAMBIÉN NOS ASEGURA QUE LA SOCIEDAD ALCANZARÁ BENEFICIOS SI REALIZA TODO EL ACTIVO. INCREÍBLE PERO CIERTO. PERO, LO QUE NO SE COMPRENDE BIEN ES POR QUÉ NO LO HACE. ¿SERÁ ACASO QUE AHORA COMIENZA A DARSE CUENTA DE QUE LAS CUENTAS NO LE SALEN? EN FIN, ALGO MÁS BIEN DELIRANTE POR LA INSEGURIDAD JURÍDICA EN QUE INCURRE, Y LOS EVIDENTES PERJUICIOS PARA LOS ACREEDORES.

LAS MILONGAS DE VERANO

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El administrrador concursal no hace sus deberes, pero influye con la sola autoridad que le da ser nombrado por el juez. Él cobrará, desde luego. Pero ¿y los demás? 

A la reciente entrevista celebrada con representantes de los afectados, les ha salido con un dilema: si el resto del 50 % de los titulares de los créditos ordinarios no aceptaran la quita del 35 %, lo ordenará el juez. Así habla el administrador por boca del juez. Ya no hace falta el derecho, solo la voluntad de los administradores concursales. Porque de otra forma, les asegura el administrador, habría que liquidar la sociedad y eso sería la ley de la selva. Al mismo tiempo les recomendó no ejecutar los avales.

No es muy comprensible lo que viene haciendo el administrador concursal con esta sociedad. Aparte de sugerirle al oído al alcalde y demás corporativos de IU que revocaran los acuerdos adoptados por ellos mismos el día 19 de junio de 2012 ¡viva la seguridad jurídica!, ahora va sugiriendo a los partícipes (a los que les ha negado sus derechos en su informe provisional), que no ejecuten los avales. Y para ello les ha contado un camelo (uno más) consistente en hacerles creer que la solución a la viabilidad de la sociedad es un simple problema de liquidez transitoria, cuando en realidad es un problema de sobreendeudamiento y ruina patrimonial. No querer ver eso es marear la perdiz, y solo alargar la agonía inútilmente causando más daños que los que se intenta solucionar.

En efecto señor administrador concursal. Ha de llevar usted a los balances de forma clara, transparente (debidamente publicada en el Registro Mercantil) y ajustado a los más elementables principios contables, el impacto que sobre la cuenta de resultados de la sociedad que administra han de tener los diferentes compromisos con los partícipes, así como, naturalmente, contabilizar también con rigor el evidente deterioro de los activos inmobiliarios que, sin ir más lejos, Bankia ya se ha visto obligada a tasar en la mitad precisamente.

Sin olvidar tampoco, que de las tres fincas sobre las que se hallan levantadas las Existencias del activo y que usted asegura que valen 80 millones de euros (que no se los cree nadie), al menos dos de ellas (parte de la 31.183 y toda la 31.185) no son propiedad de la sociedad, sino del Ayuntamiento. ¡Ya está bien señor administrador! Devuelva usted al pueblo lo que es suyo y déjese de camelos. No olvide que hay unas dilegencias abiertas por apropiación indebida contra la sociedad en el juzgado 5 de Coslada. Y usted lo sabe perfectamente porque se lo hemos comunciado nosotros. De otra forma, nos veremos obligados a exigir medidas cautelares. Y de paso, si quieren seguir con esta farsa alargando artificiosamente (amparados en la parálisis frustrante para los acreedores que supone la aplicación de la ley concursal), al menos dejen de contar milongas de verano al pesonal, porque finalmente pueden resultarles indigestas.

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CODA: Es incomprensible que el administrador concursal, que asegura que la sociedad mixta puede tener hasta nada menos que 8 millones de euros de beneficios, no ejecute y realice ya los activos. ¿Cómo es esto posible? Venda usted esos activos si está seguro de ello, y todos tan felices. ¿O es que en realidad el resumen de su informe es solo eso: una demostración más de cómo se pueden manipular las contabilidades?

BALANCE Y ESTÍO

DESDE QUE EL PLENO MUNICIPAL SE CELEBRA EN EL PROSCENIO DEL TEATRO G. LORCA, EN LUGAR DEL FLAMANTE ARRUINADO SALÓN DE PLENOS DEL NUEVO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO, EL AMBIENTE POLÍTICO ES BIEN SIMBÓLICO: UN LÚGUBRE, ENLUTADO Y TEATRAL ESPACIO DONDE LOS EDILES Y SUS GRUPOS REPRESENTAN ESO, SU PAPEL MÁS FÚNEBRE. ESTO PARECE UN CATAFALCO.

AVISO A NAVEGANTES

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Hemos tenido algunas dudas para titular esta entrada como BALANCE Y HASTÍO, pero dadas las fechas veraniegas entendemos que es más apropiada la que figura finalmente. Y aunque en el fondo la otra no hubiera desmerecido mucho, al fin y al cabo nos sentimos indulgentes por esa misma razón.

Comienza agosto y el tráfago político se relaja por lo general, salvo que algún desgraciado incidente haga salir a la turba (políticos y periodistas) de su letargo veraniego. Afortunadamente no obstante, durante algunas semanas descansaremos de unos y otros, y no saben bien cuánto agradecemos su marcha, ni cuánto maldecimos su vuelta o cuando menos cuánto les hubiéramos agradecido que se quedaran para siempre donde estaban.

Pero también va para dos años ya, la mitad del mandato, desde que quedó constituido el nuevo Ayuntamiento y es un buen momento para hacer algún balance. Y a estas alturas el juicio sobre lo hecho durante todo este periodo de dos años no puede ser precisamente bueno.

Se inició el mandato con la investidura de JULIO SETIÉN, quien acabó abandonando hace unos meses tras una huelga, a refugio de una jubilación oportuna y una imputación por un juzgado por presunta falsedad en documento oficial y malversación de inmueble público. Demasiados sobresaltos los últimos de D. JULIO. No hace falta decirlo, el caso de la plaza de España, según sus propias palabras, no le dejaba dormir. Y se marchó. Dejando eso sí una situación económica calamitosa y un enrevesado e impúdico lío en la gestión de la sociedad mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Creó el problema, y como no sabía resolverlo y además se olía la citación judicial, decidió marcharse. Con la sociedad en concurso de acreedores, las viviendas embargadas y por entregar, un reguero de proveedores sin cobrar, y, definitivamente, la sociedad en quiebra.

Todo este periodo de tiempo ha estado marcado por ese escandaloso caso de la mercantil mixta que, inevitablemente, ha llevado también a evidentes fisuras y enfrentamientos en los diferentes grupos que componente la coalición de IU.

En rigor, no puede hablarse de impulso de gestión propiamente dicha, sino realmente de pura gestión ordinaria de las diferentes áreas municipales. Con unos presupuestos sin aprobar (están funcionado con los presupuestos prorrogados desde 2010), el gobierno municipal se gestiona a golpe de decreto del Alcalde y con innumerables expedientes de modificación de créditos y partidas presupuestarias, que no son sino reflejo de la lamentable situación de penuria económica y política con solo una consigna: resistir como puedan.

Incapaces de aprobar unos nuevos presupuestos (elemento clave en toda gestión municipal), un déficit galopante y un endeudamiento cada vez más asfixiante, la gestión del Equipo de gobierno se mueve entre el voluntarismo más genuino y la impotencia más exasperante. Por no aprobar ni siquiera han sido capaces de aprobar la Cuenta General de 2011. Pero ahí siguen, tan panchos.

Todo lo demás han sido malas noticias para el Equipo de gobierno. Y casi todas ellas han venido en forma de fallos judiciales. Desde la anulación del acuerdo de las expropiaciones de lo que llamaron la futura Casa de Campo de San Fernando, hasta los fallos sobre las adjudicaciones de la UG-5, por no hablar de la amenazante requisitoria de CYTEC por incumplimiento de los pagos por la parcela de QUÍMICA IBÉRICA, o el fallo declarando ajustado a derecho lo decidido en su día por la aprobación del PGOU sobre la UG-6, lo que deja este ámbito en un limbo urbanístico. Esto son solo algunos de reveses más inquietantes y a los que el Equipo de gobierno no puede y no sabe cómo hacer frente.

LA RUEDA DE LAS MOCIONES

Pero si hay algo que ha caracterizado este periodo de dos años desde que se constituyó el nuevo Ayuntamiento en julio de 2011, es la formidable proliferación de mociones de los grupos municipales. Hasta 128 mociones han sido presentadas en este nuevo mandato de un total de asuntos tratados que no superan los 300. Es inaudita la capacidad para producir mociones que tienen los grupos municipales que integran el pleno. Para los más variados y complejos asuntos de la política nacional, tienen nuestros grupos su solución mágica en forma de retórica soflama que llaman moción, pero que en la mayor parte de los casos no es otra cosa que una recurrente proclamación de lugares comunes de consignas políticas partidistas, poco pensadas, escasamente elaboradas, y muy manoseadas ya. Desde pedir la dimisión de un ministro (de los de los otros, claro) hasta exigir (es el verbo más utilizado) compentencias sobre un espacio aéreo municipal propio, todo cabe en las mociones.

Ya queda dicho que la gestión municipal languidece entre la indolencia y la incompetencia propia. Uno de los mejores ejemplos es lo ocurrido con la actuación de la UE-1 de plaza de España. Un proyecto iniciado con el acuerdo de los tres grupos y que ha acabado como el rosario de la aurora donde nadie, ningún grupo municipal que entonces apoyara con sus votos la actuación, desea reconocerse ahora responsable (al menos en lo que le toque) de la deriva de este desastre. Un ejemplo magnífico de la frivolidad con que muchas veces se ve envuelta la gestión municipal. 

Pues bien, estos ediles nuestros serán incapaces de dar soluciones a los problemas propios que ellos mismos han contribuido a crear, pero son capaces de tener soluciones para todos los problemas más complejos del país e incluso del planeta. No hace falta más que leer muchas de esas mociones que son auténticos brindis al sol. Del total de las 128 mociones presentadas, casi ninguna ha tenido efecto alguno más que el olvido. De ellas, 28 lo fueron de IU, 22 del PP y 47 (casi tantas como las de los otros dos) del PSOE, y el resto de los titulares de las áreas. Resulta sencillamente grotesco que el grupo municipal más pequeño (solo 3 concejales) sea el que más veces utiliza esta técnica de incontinencia propagandística. Como lo es igualmente que sea también el que más veces se abstuvo (se abstuvo de votar, es decir, no votó en asuntos importantes municipales), para facilitar así la aprobación de tapadillo de acuerdos al Equipo de gobierno.

Es de suponer que los dos años próximos que nos quedan sean más de lo mismo. Mientras tanto, habremos pasado por un mandato de cuatro años con más pena que gloria, pero, eso sí, con más concejales liberados (nada menos que 5 de la oposición) que nunca. Es una nómina escandalosa e insufrible por su evidente inutilidad. Ponerse de acuerdo para solucionar algunos problemas de fondo que aquejan a nuestro municipio es una quimera, pues cada cual está atrincherado en su frente electoralista. Es nuestro particular lujo político, demasiados liberados a sueldo nuestro para constatar que a lo máximo que llegan es a eso, a presentar una panoplia de evanescentes mociones como quien escribe un ripio. Porque los problemas de verdad, sobre todo los que han sido creados por ellos mismos, son insuperables para quienes han hecho de la política municipal simplemente eso, una forma de profesión para la que no se necesita preparación ni titulación alguna. Que no nos pase nada.