CASO PLAZA DE ESPAÑA: EL LARGO Y TORTUOSO VIAJE HACIA LA IMPUNIDAD (I)

 

El alcalde Corpa cuando era concejal de Cultura visitando las obras de plaza de España (año 2010)

***

POR QUÉ APARECE EL ALCALDE CORPA EN LA DILIGENCIA DEL JUZGADO COMO IMPUTADO Y NO ES UN ERROR

***

Desde el equipo de gobierno que está formado por el PSOE y Ciudadanos, no olvidarlo, han lanzado un comunicado a la opinión pública descalificando nuestra información acerca de la imputación del alcalde Corpa, en la causa que ha recaído en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Alcalá de Henares procedente del Juzgado de Instrucción nº 5 de Coslada. En él, además de descalificar sin más nuestra contrastada información sin citar el medio, la califican de "radicalmente falsa". Y piden, además, que cesen estos "ataques injuriosos dirigidos tanto al alcalde como al equipo de gobierno y a los/as trabajadores/as municipales, que se vienen prolongando en el tiempo con el único objetivo de manchar, de manera malintencionada y torticera, el nombre del Gobierno Local"

El comunicado que denominan "oficial" y que no lleva firma de nadie que se haga responsable, contiene una triple falacia: i) la negación de la imputación del alcalde Corpa en esa causa atribuida a un error ya corregido por el juzgado, ii) la creencia de que un órgano como el gobierno local, en tanto que institución pública,  es depositario de alguna forma de derecho al honor susceptible de su defensa, y iii) la creencia totalitaria de que la crítica ciudadana a la gestión de este gobierno, constituye un ataque a su honor extensivo también a los funcionarios públicos municipales, como si estos, por ese solo motivo, estuvieran exentos también de la sana crítica ciudadana cuando hay motivos para el reproche más allá de la responsabilidad de los políticos.

EL ALCALDER CORPA FUE REQUERIDO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR EL JUZGADO 5 DE COSLADA A PRESTAR FIANZA SOLIDARIA DE 319.000 EUROS EN RAZÓN, PRECISAMENTE, DE SU IMPUTACIÓN EN LA CAUSA

Contra lo que se afirma en el "comunicado oficial", el alcalde Corpa sabe y conocía desde septiembre de 2021 al menos, que se hallaba imputado (hoy investigado) en una causa abierta en el año 2019 a resultas de una denuncia nuestra junto con el resto de los miembros de las sucesivas Juntas de Gobierno Local, por su votación unánime en los correlativos acuerdos de dicho órgano colegiado respecto del proceloso e inusitado procedimiento seguido para aprobar el Proyecto de Reparcelación de la UE-1, sin ser sometido al preceptivo trámite de información pública.

Sin embargo, en lugar de personarse en la causa con su abogado y procurador, lanzó por delante a la asesoría jurídica municipal que depende de él precisamente y que se halla personada en la causa pero a título de responsable civil subsidiario solamente, lo que le impide ejercer acciones penales y mucho menos en nombre de otros cual es el caso, para promover incidentes procesales que no afectan al Ayuntamiento sino al señor Corpa. Y careciendo de legitimidad además, pero, so pretexto de errores que no son tales, tratar de impedir que el señor Corpa sea encausado a pesar de haber incurrido en exactamente la misma conducta y el mismo presunto ilícito penal por el que se va a juzgar a los señores Setién y Martínez. Como si con su solo y exclusivo voto hubiera sido posible adoptar los acuerdos por unanimidad de las tres Juntas de Gobierno celebradas y con el mismo resultado: impedir que el Proyecto de Reparcelación de a UE-1 fuera sometido al preceptivo trámite de información pública y, con ello, nuestra intervención o de la ciudadanía en general formulando alegaciones.

Así, el mismo Juzgado de Instrucción que había acordado la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil, ya que en la causa penal hay víctimas de la presuntas conductas dolosas de los encausados que reclaman el resarcimiento económico a los responsables por importe de 319.000 euros, dirigió oficio al propio señor Corpa en el mes de octubre para que, en razón de hallarse imputado en dicha causa, prestara fianza en el plazo de 24 horas por el importe solidario referido de 319.000 euros. Fianza que, si no fuera prestada en el plazo señalado entrañaría obviamente el embargo de sus bienes por el importe proporcional que le correspondiera.

Así pues, los autores desconocidos del "comunicado oficial" que tacha nuestra información como radicalmente falsa, o desconocen esta circunstancia o simplemente son cómplices de un engaño a los ciudadanos que, más pronto que tarde, será puesto en negro sobre blanco por los propios Juzgados.

LA FISCALÍA PIDIÓ FORMALMENTE LA IMPUTACIÓN DEL SEÑOR CORPA YA EN 2016

Esto de arriba es un escrito presentado en el año 2016 por la Fiscalía en la que ya se pedía que fuera citado como investigado el hoy alcalde Corpa, precisamente por haber votado en la Junta de Gobierno Local a favor de omitir el trámite de información publica del Proyecto de Reparcelación de la UE-1. Omisión que,  indiciariamente, el Ministerio Público consideraba podía ser constitutivo de un presunto delito de prevaricación.

Por lo tanto, ya en el año 2016 y en la causa principal, la propia fiscalía pedía al juez que fuera llamado en calidad de investigado (junto con otros más), por haber realizado exactamente la misma conducta por la que se va a juzgar al ex alcalde Setién y al ex concejal de urbanismo señor Martínez. Ahora bien, ¿por qué razón no se llamó nunca al señor Corpa para comparecer al Juzgado y ser interrogado al respecto? Todo parece indicar que se debió a un olvido de la Fiscalía, ya que en la causa no hay antecedente alguno que indique renuncia o rechazo formal a lo pedido en dichas diligencias complementarias.

NUESTRA DENUNCIA DE MAYO DE 2019 Y LA DECISIVA INTERVENCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN EL FORMIDABLE EMBROLLO DEL CASO PLAZA DE ESPAÑA

Esquema de cómo funcionó la complicidad y confusión de cargos en los diferentes órganos formados exclusivamente por miembros del equipo de gobierno entre 2007 - 2011, y el papel decisivo de la Junta de Gobierno Local para que la plaza de España acabara adjudicada a la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. 

El voto del entonces miembro de la Junta de Gobierno Local, el señor Corpa, fue decisivo junto con los del resto, para consumar esta formidable aberración de que la plaza de España esté agrupada a una finca registral , la 31.183, y adjudicada a nombre de una sociedad mercantil. Obviamente, el señor Corpa podía haber votado en contra de la propuesta, pero no lo hizo. Por el contrario, junto con los demás, votó a favor de omitir el trámite de información publica del Proyecto de Reparcelación de la UE-1. Es un dato incontrovertible pues que todos los miembros de la Junta de Gobierno Local que en tres ocasiones diferentes votaron en el mismo sentido y realizaron exactamente la misma actividad: evitar que el Proyecto fuera sometido a información pública y por lo mismo conocido por la ciudadanía.

La operativa y la complicidad de la Junta de Gobierno, el alcalde (en su triple condición de alcalde, presidente de la Junta de Gobierno y presidente también de PESF), y los cargos de confianza política, funcionaron sincronizadamente con la misma finalidad: acortar los trámites obligados y con ello el tiempo en la tramitación del Proyecto de Reparcelación de la UE-1, con la finalidad de disponer lo antes posible del dinero de los préstamos de Caja Madrid. Cosa que finalmente hicieron en septiembre de 2009, pero a costa de atropellar toda la legalidad de la que fue cómplice o cooperadora necesaria la Junta de Gobierno Local a la que pertenecía el señor Corpa.

EXPEDIENTES QUE DESAPARECEN DEL AYUNTAMIENTO

Arriba, un escrito firmado por el señor Corpa en octubre de 2012 en tanto que portavoz del PSOE entonces dirigido a la secretaria general municipal, con objeto de que le fuera proporcionada una copia del Proyecto de Reparcelación de la UE-1.

Por su parte, hasta tres secretarios municipales diferentes y por lo tanto tres fedatarios públicos, han sido requeridos por los Juzgados (es el caso del Juzgado número 5 donde se sigue la causa penal y 19 de lo contencioso de Madrid), para que fueran aportados los expedientes completos que sirvieron de base para adoptar los respectivos acuerdos por parte de la Junta de Gobierno Local o bien emitieran certificados al respecto, para aprobar el Proyecto de Reparcelación y sus dos modificaciones por la Junta de Gobierno.

Sin embargo, ninguno de los tres fedatarios públicos ha podido remitir a los Juzgados respectivos expedientes porque, afirman, los originales no se hallan en el Ayuntamiento.

Esta circunstancia ha hecho que hayamos presentado una denuncia por infidelidad en la custodia documentos cuya causa se sigue en el Juzgado 6 de Coslada. En dicha causa, el alcalde Corpa fue requerido como testigo a nuestra propuesta, con objeto de que dijera en el Juzgado si había recibido copia del Proyecto de Reparcelación referido o, por el contrario, ya en el año 2012 conocían la desaparición de los expedientes.

Pero la declaración del señor Corpa y la posterior conducta del propio Ayuntamiento en esta causa, rebela una sórdida coincidencia con los intereses de los imputados. El señor Corpa, que como testigo está obligado a decir la verdad, realizó afirmaciones inquietantes difícilmente compatibles con la verdad. Así, cuando fue preguntado si mantenía algún tipo de enfrentamiento o enemistad con una de la personas imputadas, manifestó que no, a pesar de que fue objeto en su día de una demanda por esa misma persona por la que le pedían además 216.000 euros a él y a su partido como indemnización.

Asimismo, asegura también que vio, consultó y obtuvo una copia de los informes técnicos de los expedientes en los que votó a favor. Sin embargo, nadie ha visto esos informes técnicos.

CIUDADANOS, UNA COMPLICIDAD MANIFIESTA

Alberto Hontecillas, el flamante concejal de Archivos entre otras cosas. 

Este concejal ni sabe ni tiene interés en conocer dónde están los famosos informes técnicos que el alcalde Corpa asegura, en sede judicial, que vio, leyó y obtuvo una copia de los mismos y que lógicamente debería de obrar en los archivos municipales de los que es responsable.

Ciertamente, la actitud de Ciudadanos en este lamentable caso de Plaza de España en el que no participaron para nada, empieza a ser inquietante. No se explica muy bien cómo este grupo asume, con plena complicidad, las mismas maniobras de distracción que el señor Corpa tiene acreditadas para con los imputados en estas causas, pidiendo, como Ayuntamiento y por lo tanto como titular de los expedientes desaparecidos, el archivo de las mismas. Cuando obviamente en un caso en el que han desaparecido tres expedientes administrativos completos de los archivos municipales, la primera perjudicada es lógicamente la propia administración. 

¿Cómo es posible pues que el Ayuntamiento, cuyos secretarios de niegan a certificar nada respecto de este asunto a petición de diferentes juzgados porque los originales han desaparecido de los archivos municipales, y por lo tanto es la más directamente perjudicada, no formule acusación alguna en la causa que se sigue por presunta infidelidad en la custodia de documentos, un delito enjuiciable además por Tribunal Jurado, y pida directamente el archivo de la causa en la misma línea y coincidencia que los imputados?

Si el señor Corpa en sede judicial, participando además en calidad de testigo, asegura que vio, leyó y obtuvo copia de dos informes técnicos que nadie ha visto, parece lógico que en los archivos municipales de los que es responsable el señor Hontecillas, tendrían que existir y facilitarnos copias de los mismos y así se lo pedimos oficialmente. Pero he aquí que el concejal y portavoz de Ciudadanos nos da una larga cambiada, vamos, que nos hace un corte de mangas administrativo emboscado tras un informe jurídico infumable, y en lugar de facilitarnos copia de dichos informes técnicos que el señor Corpa asegura en sede judicial y actuando como testigo ha visto y leído, nos deniega copia de los mismos. Vamos, que no le da la gana facilitarnos copia alguna como si esos documentos fueran de su propiedad.

Es asombroso pero esto funciona así. La larga mano del presunto encubrimiento que solo busca la impunidad de los responsables de este formidable fiasco que tan caro le está saliendo al contribuyente, goza de unas claras coincidencias que hacen sospechar de un pacto en la sombra con los encausados en las diferentes causas abiertas. La negativa del concejal y portavoz de Ciudadanos, el señor Hontecillas, a nuestra petición de la copia de los informes técnicos que el alcalde asegura vio por partida doble además, no puede sino llevarnos a la conclusión de que Ciudadanos se ha pasado al otro lado del espectro, y se ha entregado con fruición solidaria a esta bochornosa ceremonia de la impunidad. No obstante, haremos todo lo posible para que respondan también por ello.

PRÓXIMA ENTRADA

ADJUDICAN EL CONTRATO DE LOS RECORTES DE LOS TOROS A UNA EMPRESA QUE SE CONSTITUYÓ UNOS DÍAS ANTES DE LA LICITACIÓN

EL CASO PLAZA DE ESPAÑA Y EL ALCALDE CORPA (I)

 

CONTRA FACTUM NON VALET ARGUMENTUM

(Contra los hechos no valen argumentos)

***

Desde la factoría del gabinete de prensa municipal vuelven a la carga y califican nuestra información acerca de la situación procesal del alcalde Corpa en la causa citada en la entrada anterior, como absolutamente falsa e incluso injuriosa. Y, en la misma línea de otros comunicados, advierten, henchidos de arrogancia, que el Ministerio de la Verdad son ellos y exclusivamente ellos.

Como estos asuntos judiciales son tremendamente complejos y áridos, no es posible explicar en una entrada de blog la peripecia judicial del caso plaza de España. Y, en particular, cuál fue el papel que jugó el actual alcalde en aquel formidable fiasco perpetrado entre los años 2008 y 2012, cuando formaba parte entonces del equipo de gobierno de la coalición de IU y PSOE.

Desde que el PSOE y el señor Corpa dejaron el gobierno municipal tras las elecciones de 2011, el hoy alcalde pero ya entonces portavoz del grupo socialista pero ya en la oposición, desplegó una inusitada y agresiva campaña contra los gobiernos de IU en relación con el caso plaza de España, en lo que aparentó ser una estrategia de blanqueamiento de su anterior complicidad en el equipo de gobierno, sin descartar tampoco mala conciencia. 

Sea como sea, el señor Corpa firmaba comunicados en la Calle de la Libertad como estos de abajo en los que acusaba a IU y sus gobiernos de llevar a San Fernando de Henares a la ruina por el caso plaza de España, y defendía una moción en la que instaba al equipo de gobierno a ejercer acciones judiciales de todo tipo, civiles, administrativas e incluso penales contra los administradores de hecho o de derecho de la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Obviamente, el señor Corpa no podía desconocer que desde principios de 2011 y formando parte él del equipo de gobierno, ya existían unas diligencias penales, las que hoy han llegado al Juzgado de lo Penal nº 3 de Alcalá de Henares, abiertas en los Juzgados de Instrucción de Coslada. Independientemente de lo absurdo que resulta instar a iniciar esas acciones al alcalde de entonces, y no hacerlo él mismo mediante, por ejemplo, el ejercicio de la acción popular. En lo que es casi una constante en estos asuntos, tirar la piedra pero esconder la mano.

Pues bien. De los actuales corporativos solo el alcalde Corpa formó parte de aquel gobierno en coalición (IU y PSOE). Pero el problema que al parecer tiene es que es incapaz de reconocer que, formando parte de dicho de gobierno de coalición durante el mandato de 2007 a 2011 y, más concretamente de la Junta de Gobierno Local, adoptó acuerdos y realizó votaciones que no se ajustaban precisamente a la legalidad. Razón por la cual, dos de los asistentes a aquellas Juntas de Gobierno hoy se hallan encausados en la causa penal que ha recalado en el Juzgado 3 de Alcalá de Henares, pero ni él ni otros cuatro o cinco asistentes también a dichas Juntas de Gobierno y que votaron exactamente igual todos ellos porque el acuerdo fue adoptado por unanimidad, sin embargo no se hallen imputados o investigados en la misma causa. El asunto es tan absurdo como injusto obviamente.

Como se dice, el tema es de cierta complejidad y solo los que estén algo familiarizados con los vericuetos de la actividad procesal judicial, podrán llegar a comprenderlo. Por eso, vamos a intentar explicarlo aun a sabiendas de que es imposible citar aquí todos los matices e incluso todas las circunstancias que concurren en este caso, y que llevan a la representación procesal del Ayuntamiento en la causa a calificar como un error del juzgado lo que, en rigor, no es sino una patente omisión.

Para ello, nos atendremos a los hechos exclusivamente (si bien esto va a requerir alguna entrada más porque no será posible hacerlo en una sola), porque contra los hechos (que son los que siempre son objeto de examen judicial) no valen argumentos como indica el aforismo latino. 

Y, además, como sucede en estos casos también, obviamente el poder y sus instrumentos de propaganda se esfuerzan en ocultar la verdad porque no quieren que la opinión pública la conozca bien. Para ello, lanzan cortinas de humo (incluso amenazan con querellas) como en el comunicado de marras del que llaman gabinete de prensa pero que no es más que de propaganda. 

De forma tal que desafiamos a cualquiera a que demuestre si desde los sucesivos gabinetes de prensa desde aquellas épocas a esta de hoy, alguna vez han dicho una sola verdad relacionada con el caso plaza de España. O simplemente han informado al ciudadano acerca de la situación de las causas judiciales abiertas que, lentas pero inexorables, van abriéndose paso para que el juzgado mediante sentencia establezca al menos la verdad judicial.

Al contrario, toda la actividad desplegada por estos gabinetes de prensa sobre el caso de estos procelosos asuntos, ha estado presidida por acciones para embarrar el campo o lanzar cortinas de humo como el último comunicado que en realidad no comunica nada porque, de entrada, renuncian a dar explicaciones sobre el caso y ponen el foco en defender el honor del alcalde. Como si decir lo que objetivamente es riguroso y cierto fuera una injuria tratándose además de un funcionario público. Por el contrario, se dedican a descalificar y amenazar con la sola idea de blindar al alcalde pero sin dar explicación alguna plausible del caso.

Y para muestra, este titular de abajo (uno de los muchos) de uno de los números de La Calle de la Libertad correspondiente a los días previos a las elecciones de 2011, donde se aseguraba que en agosto del mismo año los propietarios de los inmuebles expropiados podían retornar a sus nuevas y flamantes casas. Once años después ya han abandonado toda esperanza. ¿Hay una muestra mejor de esta fábrica de fake news que son los gabinetes de prensa municipales cualquiera que sea el gobierno que esté en el poder?

Toda esta información enlatada y destinada a incautos votantes (las elecciones como se dice eran inmediatamente después, en mayo de 2011), era confeccionada, elaborada y distribuida (esta revista municipal tenía una tirada mensual de 16.000 ejemplares), por una serie de personas que, según la mancheta de la revista que puede consultarse abajo, formaban un denominado staff que confeccionaba esta propaganda, sin que, por lo demás, esté regulada por alguna norma interna su función, de quién dependen y quien es el responsable de las toneladas de propaganda que vierten. Eso sí, no hallarán ustedes en ese medio una sola noticia o referencia relacionada con el caso plaza de España. Pero ni en ese ni en los responsables actuales, claro. Porque su misión no es contarle precisamente la verdad, sino ocultársela.

El staff era este:

VAMOS A LOS HECHOS PUES

1. Con fecha 6 de julio de 2009 y bajo la presidencia de Miguel Blesa, se reunía el consejo de administración de Caja Madrid con objeto de autorizar un préstamo al promotor a la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL presidida entonces por el alcalde Setién, por importe de 54 millones de euros destinado al pago de las obras de remodelación de la que se conoce como la UE-1 del PGOU o plaza de España.

2.- El acuerdo del consejo de administración de Caja Madrid autorizó la operación, pero impuso una serie de condicionalidades antes de poder disponer del dinero que debía cumplir la mercantil PESF presidida por Setién: i) que debían presentar la licencia de obras definitiva y no condicionada, y ii) que, asimismo, debían presentar un Proyecto de Reparcelación debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad.

3.- Como la mercantil PESF carecía de recursos propios porque el pacto societario consistía en que nadie, ninguno de los socios, iba a poner un solo euro físico, inmediatamente después de su constitución en julio de 2008, una mercantil del GRUPO WOODMAN, Residencial Alperchines SL, le hizo un préstamo de 1,5 millones de euros. Esta mercantil había sido favorecida precisamente apenas unos meses antes por una permuta de solares de propiedad municipal en el polígono industrial, por otro solar en la calle Alperchines que el Ayuntamiento luego cedió a la EMS.

4.- Así pues, los administradores de PESF que obviamente eran los mismos que el equipo de gobierno, a la vista de las fechas (julio de 2009), se hallaban acuciados por las siguientes prisas que, como dice el refrán, siempre son malas consejeras: i) la falta crónica de liquidez dada la ausencia de recursos propios ya que la operación financieramente se acometió mediante el recurso al puro apalancamiento. ii) la necesidad de iniciar las obras rápidamente dado el plazo de las siguientes elecciones (mayo de 2011), y iii) porque ya desde el inicio de 2009, los propietarios se hallaban realojados en viviendas cuyo alquiler corría a cargo de PESF con un coste mensual de aproximadamente 150.000 euros cada mes.

5.- Ante eta situación, los administradores de PESF y del equipo de gobierno (que no hay que olvidar que lo formaban IU y PSOE), idearon un plan: saltarse trámites preceptivos y acortar al máximo los tiempos con objeto de iniciar lo antes posible las obras y, sobre todo, acceder a la mayor brevedad al dinero de los préstamos hipotecarios autorizados por Caja Madrid, pero de los que no podían disponer sin cumplir antes las condicionalidades impuestas.

6.- De modo tal que, ya en mayo de 2009, sabían que el proyecto de edificación presentado incumplía el PGOU, porque así se lo había hecho saber la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Fomento de la CAM. Esta contrariedad les obligaba a dos opciones: i) rechazar el proyecto (que dicho sea de paso es lo que le sucedería a cualquier mortal si presentara un proyecto para una obra que no cumple las determinaciones del PGOU), y ii) o bien modificar el PGOU y aprobando también un Plan Especial.

7.- Pero estos trámites entrañaban mucho tiempo, un tiempo del que no disponían como se ha dicho antes. Y en el caso de la Modificación Puntual del PGOU, suponía que, además, su aprobación definitiva tenía que hacerlo la Comisión de Urbanismo de la CAM. Lo que, como poco, suponía no menos de seis meses en su tramitación.

8.- De modo que le encargaron al propio autor del proyecto que no cumplía el PGOU, tanto su modificación como la redacción del Plan Especial para conseguir que fuera autorizado. Este encargo lo fue ya en mismo mes de julio de 2009, si bien tenía un grave inconveniente: lo incompatibilizaba como director de la obra por infracción del Código Deontológico del Colegio de Arquitectos.

9.- De forma tal que, visto lo visto, decidieron saltarse todos los trámites y arrancar las obras dando cumplimiento a las exigencias de Caja Madrid, pero no al cumplimiento de las prescripciones legales y de planeamiento, con clara intención de acelerar al máximo los trámites para poder disponer lo antes posible del dinero de los préstamos.

10.- Y entonces pusieron en marcha el plan. De forma que firmaron la Licencia el 31 de julio de 2009. Licencia de obras para ejecutar un proyecto que, obviamente, a la fecha de su emisión no cumplía el PGOU. Conscientes de ello, decidieron pues que la licencia fuera condicionada. Es decir, condicionada a la futura aprobación del Plan Especial. Lo cual la convierte en una licencia ilegal. Pero, aún así, dieron la licencia en esas condiciones a PESF.

11.- No hay que decir a propósito de lo anterior, que quien era el consejero delegado de PESF y por lo tanto titular de la licencia, era al mismo tiempo el concejal de urbanismo. O sea, que se daba las licencias a sí mismo. De forma tal que, con la licencia "condicionada" en la mano, firmaron los contratos con las constructoras al día siguiente y el once de agosto comenzaron las obras. Y ello a pesar de que sabían en aquella fecha, que ni el proyecto cumplía el planeamiento ni, por supuesto, la licencia tampoco.

12.- Así pues, "solucionado" mediante este atajo legal el problema de la licencia, quedaba el más peliagudo del Proyecto de Reparcelación que exigía Caja Madrid. Pero, cuando eres juez y parte, es decir, el consejo de administración de la mercantil es el mismo que el equipo de gobierno, no hay problema que no pueda ser resuelto mediante atajos legales. Y, de esta forma, el día 1 de julio de 2009, aparece como por ensalmo redactado un misterioso Proyecto de Reparcelación para una tramitación exprés nunca visto por estos lares, pues su aprobación se hizo en solo tres días.

13. - Y es aquí donde entra en juego la complicidad de la Junta de Gobierno Local de la que formaba parte, precisamente, el hoy alcalde Corpa pero entonces teniente de alcalde y concejal de cultura. De forma tal que sucede la siguiente insólita peripecia para aprobar de manera urgentísima el Proyecto de Reparcelación cuya presentación exigía Caja Madrid: i) no se sabe quién ha redactado del Proyecto de Reparcelación porque no va firmado por nadie. ii) no lo pasan por el Registro General Municipal, iii) tampoco lo registran en el registro auxiliar de Urbanismo donde tienen un programa informático de seguimiento de los expedientes, iv) tampoco es informado por los servicios jurídicos y técnicos de urbanismo, v) solo es informado jurídicamente por la asesora jurídica y la directora del área de urbanismo dos cargos de confianza política y la primera demás secretaria de la sociedad que supuestamente presentaba el Proyecto.

14.- En esas condiciones llega este expediente a la Junta de Gobierno Local donde se somete a aprobación el Proyecto de Reparcelación de la UE - 1 y adheridos, que es aprobado por UNANIMIDAD de los asistentes, incluido, lógicamente el voto favorable del señor Corpa. Esto puede comprobarse simplemente consultando el acta de una de las dos sesiones en las que votó el alcalde Corpa que se exhibe abajo.

15.- Finalmente, tras una modificación en otra Junta de Gobierno Local celebrada el día 29 de julio de 2009 y a la que asistió también el señor Corpa y el voto también fue unánime, se había dado vía libre a las exigencias de Caja Madrid, de forma tal que el 14 de septiembre de 2009, PESF pudo por fin acceder a los préstamos concedidos al haber aprobado en tiempo récord tanto la Licencia como el Proyecto de Reparcelación, aun a costa obviamente de atropellar toda legalidad.

¿QUÉ ES LO QUE VOTÓ PUES EL ALCALDE CORPA EN AQUELLA SESIÓN?

Ya hemos visto que el acuerdo fue adoptado por la unanimidad de todos los asistentes a aquella Junta de Gobierno Local celebrada el día 3 de julio de 2009, seis en total entre los que se encontraba el señor Corpa. Ahora bien, ¿qué consecuencias para el futuro horizonte penal tuvo (y tiene) aquella votación por la que de forma unánime se procedió a aprobar el denominado Proyecto de Reparcelación de la UE-1 y adheridos?

El Proyecto que fue aprobado por aquella Junta de Gobierno luego modificado por otros dos acuerdos también de la misma Junta, se aprobó con las siguientes circunstancias y consecuencias: i) carecía del preceptivo informe técnico, ii) tampoco fue informado preceptivamente por la Dirección General de Patrimonio Histórico, iii) el Proyecto de Reparcelación arrasó literalmente con el parcelario histórico, que se hallaba protegido por el Catálogo del PGOU, iv) el Proyecto NO fue sometido al trámite de información pública (trámite obligado legalmente) con el solo y único objeto de acortar al máximo todos los plazos, y v) tampoco se hacía cesión alguna al Ayuntamiento ni siquiera de la plaza de España, razón por la cual hoy día sigue figurando en el Registro de la Propiedad a nombre de PESF, ya que TODAS las fincas resultantes se le adjudicaron a la mercantil mixta.

Obviamente, en la tramitación de este Proyecto se perpetraron otras muchas irregularidades ordinarias administrativas, pero una de ellas fue objeto del interés de la Fiscalía por contener posible relevancia penal: la ausencia del preceptivo trámite de información pública.

Por ello, precisamente, se hallan encausados en esta causa que ha llegado al Juzgado de lo Penal de Alcalá de Henares, a quienes acusa la Fiscalía de presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, tanto el exalcalde Setién como el que era concejal de urbanismo, Martínez. Ahora bien, ¿cómo es posible sin embargo que, habiendo incurrido todos en exactamente la misma conducta típica de votar a favor del Proyecto de Reparcelación, solo se pretenda juzgar a dos de sus asistentes y no a los seis restantes?

Pues esta es la pregunta que toda persona medianamente informada y no intoxicada por el Ministerio de la Verdad del gabinete de prensa municipal, tendría que hacerse obviamente. Porque no es posible hallar algo tan de sentido común (y de justicia) en esta peripecia judicial.

No pierdan ustedes el tiempo amigos seguidores del blog, porque en el Ministerio de la Verdad del Ayuntamiento, constituido bajo  una suerte de limbo legal porque no se sabe bien cuál es su misión ya que no figura en resolución o norma legal alguna, ni desde luego ante quién responde  (aunque les pagamos todos), nunca, nunca le van a contar de las cosas como se las contamos nosotros; es decir, como son. Y no como desde el gabinete de prensa dice que son porque, entre otras cosas, es probable que ni siquiera las conozcan todas, y, en algunos casos, incluso aun conociéndolas es dudoso que las entiendan.

PRÓXIMA ENTRADA

¿POR QUÉ APARECE EL ALCALDE CORPA EN LA DILIGENCIA DEL JUZGADO COMO IMPUTADO Y NO ES UN ERROR?

NUEVA CRÓNICA DE JUZGADOS

 DE NUEVO EL TSJ DE MADRID NOS DA LA RAZÓN FRENTE A LA CERRIL NEGATIVA DEL AYUNTAMIENTO

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla de nuevo a nuestro favor contra la negativa del Ayuntamiento a que el señor Secretario, en cuanto que titular de la fe pública municipal, certifique cuáles fueron los elementos patrimoniales que salieron del Ayuntamiento para ser aportados a la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL.

Aunque parezca mentira y en los tiempos que corren, obtener una cosa tan elemental de este Ayuntamiento es imposible dada la ausencia total de transparencia del equipo de gobierno, y su empecinada inclinación a menospreciar a la ciudadanía que ose simplemente ejercer su indeclinable derecho a obtener copias y certificaciones de los acuerdos adoptados por los diferentes órganos municipales. Así estamos, víctimas de una cultura política consistente en la creencia de que los antecedentes administrativos contenidos en los acuerdos y resoluciones, les pertenecen a ellos y solo a ellos.

Pues bien, este inconcebible celo oscurantista del equipo de gobierno, nos ha llevado incluso hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde, después de muchas peripecias, reclamaciones y demandas, al fin se va abriendo paso la legalidad con una sentencia reciente que nos da la razón plenamente estimando nuestro recurso. Frente al oscurantismo más retrógrado de un indigente equipo de gobierno incapaz de entender que pisotear los derechos de los ciudadanos no les va a salir gratis.

Y, para que desde el gabinete de prensa reconvertido en oficina de propaganda e intoxicación, no osen tildar nuestra información de fake news de nuevo, aquí está una copia del fallo del TSJ de Madrid, que debería llenar de vergüenza al alcalde Corpa y su equipo de gobierno. Ya solo nos falta que nos sorprendan de nuevo recurriendo el fallo en casación al Tribunal Supremo, en esta absurda carrera por batir todos los récords del sostenella y no enmendalla.

EL CASO PLAZA DE ESPAÑA SERÁ JUZGADO EN EL JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO 3 DE ALCALÁ DE HENARES

El conocido como caso plaza de España ya tiene por fin asignado el juez de lo penal que lo juzgará: será el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Alcalá de Henares. Tras casi diez años de instrucción en el Juzgado número 5 de Coslada en unas diligencias abiertas tras una querella de nuestra asociación en el año 2011, por fin el caso ha pasado al Juzgado que se encargará de juzgar a los imputados y dictar en su día sentencia contra los responsables de todo el formidable fiasco de la actuación municipal, en el conocido como caso plaza de España.

EL ALCALDE CORPA APARECE  COMO IMPUTADO EN ESTA CAUSA SEGÚN DILIGENCIAS REMITIDAS POR EL JUZGADO 5 DE COSLADA

En las Diligencias de traslado de la causa remitida por el Juzgado instructor número 5 de Coslada, el alcalde Corpa aparece en el listado de imputados junto con otros cuatro miembros de las Junta de Gobierno Local que acordó aprobar en varias sesiones de julio de 2009, el Proyecto de Reparcelación de la UE - 1 o más conocido de plaza de España. Este Proyecto no fue sometido a información pública incumpliendo así lo que prescribía la ley, y en las votaciones participó también entonces el alcalde Corpa.

LA ASESORÍA JURÍDICA AL RESCATE DEL SOLDADO CORPA

Pero he aquí que, como viene siendo habitual, la asesoría jurídica en lugar de defender el interés general municipal (en esta causa se tiene al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario), no ha dudado en acudir rauda y veloz como el viento en defensa del señor Corpa, arrogándose su defensa y suscitando un incidente procesal alegando que su imputación es un error cuando no lo es.

Es inaudito todo lo que está pasando con el caso plaza de España, y la lamentable peripecia judicial a la que hay que añadir la inconcebible trayectoria procesal que viene siendo mantenida por el Ayuntamiento en función de quién esté en el gobierno. La instrumentalización en beneficio propio de la asesoría jurídica municipal, no puede salirle gratis al alcalde Corpa. Solo es cuestión de tiempo.