domingo, 18 de marzo de 2018

IRRESPONSABLES (I)


El parcelario histórico de las fincas originales de la plaza de España tal y como fueron registradas por el Catastro en 1865,  unos meses antes de promulgarse la ley de 12 de mayo de 1865 por la que se declaraba San Fernando en estado de venta. Es decir, era desamortizado por la Corona.



Ordenanza Particular de Protección de los Edificios y Parcelas del Conjunto Histórico del PGOU vigente, que NO PERMITE NI LA DIVISIÓN O ADICIÓN A EFECTOS REGISTRALES DE LAS UNIDADES EDIFICATORIAS ORIGINALES.


Fincas que fueron sin embargo agrupadas registralmente por el Proyecto de Reparcelación de la UE- 1 aprobado sin información pública por la Junta de Gobierno Local en julio de 2009. Como puede verse, también fue agrupada la plaza de España, cosa que el PGOU prohibía taxativamente.

Y las dos fincas resultantes previa agrupación de todas las demás tal y como fue aprobado por los acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de julio de 2009. En rojo la que hoy es finca número 31.184. Y en azul la 31.183 con la plaza de España agrupada también. Es decir, los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de julio de 2009, permitieron la destrucción de todo vestigio del parcelario histórico conculcando así las prescripciones del Catálogo de Edificios Protegidos del PGOU. Hoy, registralmente no hay rastro alguno del parcelario histórico que prácticamente se conservaba como en 1865.


De la misma forma, aquellos acuerdos de la Junta de Gobierno que aprobaron el Proyecto de Reparcelación sin someterlo a información pública, privatizó los sistemas locales (en amarillo) de la Unidad de Ejecución UE-1, creando, contra lo que prescribe el PGOU, unos espacios privativos de las comunidades de propietarios a constituir en lugar de públicos como ordenaba el Plan General.



Asimismo, el Proyecto de Reparcelación aprobado por la Junta de Gobierno Local segregó la finca número 16 de la plaza de España del resto, para luego ejecutar un proyecto autónomo con el Museo de la Ciudad. Esta segregación no está permitida tampoco por el PGOU.

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UNA GRAN INFRACCIÓN URBANÍSTICA CON EFECTOS IRREVERSIBLES PARA EL CONJUNTO HISTÓRICO

(O cómo unos irresponsables pueden conseguir la descalificación como Conjunto Histórico)
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En las próximas entradas explicaremos por qué es ilegalizable, como decíamos en la anterior, buena parte de las actuaciones llevadas a cabo en la Unidad de Ejecución UE-1 del PGOU, y su incidencia en la declaración como Conjunto Histórico en 1983. Independientemente del incalculable quebranto económico que ha sido causado a particulares y contratistas de PESF LS así como al propio Ayuntamiento, hay también un daño irreversible sobre elementos esenciales del Conjunto Histórico que sirvieron de base para su declaración. Y es que,  cuando fue aprobado el Proyecto de Reparcelación por la Junta de Gobierno en julio de 2009 sin someterlo nunca a información pública, no solo agruparon la plaza de España, sino que se cargaron absolutamente todo el parcelario histórico que precisamente el PGOU a través de las Ordenanzas Particulares de los elementos Catalogados, protegía de forma especial y enfática. Al mismo tiempo, los sistemas locales que con esta actuación se preveía obtener con destino público, fueron también privatizados despreciando así olímpicamente las previsiones del Plan General. En definitiva, una serie de acuerdos cuyas consecuencias para el futuro del Conjunto Histórico es prácticamente irreversible, razón por la cual será preciso en el futuro modificar el Catálogo de Edificios Protegidos del PGOU, con muy probables efectos sobre la declaración de Conjunto Histórico.

Como se dice, este intolerable atropello a la legalidad urbanística y al patrimonio histórico de nuestro municipio, fue perpetrado por un puñado de irresponsables que han de responder ante la justicia. Y, como se dice, no solo por el inmenso quebranto económico que ha supuesto toda una batería de alocadas decisiones adoptadas en su día, sino también por el inmenso daño al que era nuestro patrimonio histórico que, para más inri, ha sido perpetrado por el propio Ayuntamiento representado por las Juntas de Gobierno de 2009. En fin, desarrollaremos más adelante las razones que nos han llevado a presentar de nuevo una denuncia ante la Fiscalía por este asunto que entendemos no puede quedar impune.


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