PLAZA DE ESPAÑA: LOS AVALES

¿POR QUÉ LOS AFECTADOS NO EJECUTAN LOS AVALES?

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Aunque ya estamos acostumbrados a que en este lamentable asunto de la sociedad mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL nada sea lo que parezca, o que cada cual intente transmitir a la opinión pública su propia versión interesada, la verdad es que a los ciudadanos que asistimos desde hace tiempo al seguimiento preciso de los hechos como son y no como nos los quieren contar, por un elemental servicio a la verdad, no podemos dejar de sorprendernos de la causa o la razón por la que los afectados por esta lamentable actuación que, además, tiene unos responsables con nombres, apellidos y cargos, no ejecutan los avales que tienen (o que deben tener) y que le fueron entregados en su día cuando firmaron las actas de ocupación de sus viviendas. Es incomprensible, desde luego, a menos que existan razones de otra índole que se nos escapan. Así, y aunque tienen esos avales en sus bolsillos, se manifiestan contra el Ayuntamiento como corporación, donde por cierto está domiciliada su sociedad, sin ejecutar ninguno de ellos los avales a pesar de haber transucurrido ya con creces el plazo con prórroga de la entrega de las viviendas firmado y acordado también. Sinceramente no lo entendemos.

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BANKIA Y LOS AVALES

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BANKIA es la entidad financiera de "primer orden" que afianzó mediante aval (y por lo tanto sustituye a la sociedad avalada en su obligación) a PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNAND SL. Y obligó a la sociedad mixta que preside el señor Alcalde a hacer algo muy poco ortodoxo dede el punto de vista la práctica bancaria, pero desgraciadamente muy común: disponer de una parte de los importes de los préstamos hipotecarios (que deberían de ser destinados a pagar las certificaciones de las constructoras), y depositar esa cantidad en una cuenta indisponible con lo que garantizar los importes avalados. Es decir, PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL aceptó pignorar parte de su propio préstamo hipotecario. Con esta irregular práctica, BANKIA (entonces Caja Madrid), evitaba aumentar su riesgo con la sociedad (no otra cosa es un aval bancario), y así era la sociedad la que se avalaba a sí misma en realidad. El importe de estos avales es ahora la madre del cordero del acuerdo que nunca se materializó a pesar de lo que diga el Alcalde, pues BANKIA exige que para liberar el importe, antes los propietarios afectados han de depositar sus avales y renunciar a su ejecución. Pero ni los propietarios renuncian o entregan sus avales, ni tampoco los ejecutan. Por su parte, si ese importe fuera liberado y con ello se pagara parte de la deuda con las constructoras, aún quedarían por avalar cerca de otros diez millones más que se le deben, y que nadie está  en condiciones de avalar. Esta es la enrevesada situación de este embrollo.

EJECUTAR LOS AVALES

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Los propietarios afectados tienen garantizados con avales de Caja Madrid las cantidades al precio de coste de las viviendas. Y el plazo con la prórroga (29 meses más 24 de prórroga) ya ha vencido. No se entiende bien por qué razón no ejecutan esos avales que, como puede verse por lo estipulado en los convenios, les garantiza la recuperación del importe de su vivienda más los costes de las nuevas. PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL ha incumplido sus compromisos, y sin embargo no ejecutan los avales. ¿Es esto razonable o tiene alguna explicación que desconocemos?

AVALES A PRIMER REQUERIMIENTO

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"Será causa de ejecución del aval por parte del beneficiario si la afianzada incumpliese el plazo de ejecución de las obras establecido en la Estipulación Quinta y si, dentro de dicho plazo, incluido el periodo de tiempo de la prórroga fijado, no se hubiese hecho entrega al BENIFICARIO de los bienes comprometidos y consginados en la Estipulación Tercera y debidamente inscritos a su favor en el Registro Mercantil".

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No puede ser más explícita la causa incumplida por la sociedad mixta para ejecutar los avales. Sinceramente no se entiende bien la razón por la que no los ejecutan.

LA EXPLICACIÓN (TAL VEZ)

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En el Activo del balance de la sociedad solo aparece un importe de 7.730.000 euros como un depósito  bancario. Y sin embargo, los costes reales de la ejecución son muchos mayores y estaban valorados en unos 19 millones por un Estudio de Viabilidad firmado por el arquitecto director de la obra. Tal vez sea esta la razón por la que los afectados no quieren ejecutar los avales. Es decir, porque esos avales que tienen, si bien garatizan la recuperación del valor de los bienes que entregaron, no llegan sin embargo a cubrir sus expectativas. Si esta es la razón, lo dicho: en este melodrama en varios actos, casi nada es lo que parece.

PLAZA DE ESPAÑA: WOODMAN SL Y LOS ADLÁTERES

COSAS QUE NUNCA NOS ACLARARÁN

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En la sociedad mercantil mixta privada PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, declarada insolvente por sus administradores y en tramitación el procedimiento de declaración de concurso voluntario de acreedores, tiene invertidos nuestro Ayuntamiento cerca de 12 millones de euros. Desconocemos si existe alguna iniciativa de los grupos municipales para que el Ayuntamiento como tal se persone en el concurso de acreedores. Pero lo que sí sabemos es que al menos en los últimos presupuestos municipales aprobados, esa importante participación accionarial en la sociedad mercantil mixta, no aparecía reflejado. Es decir, en la contabilidad oficial del Ayuntamiento esta inversión no aparece o lo que es lo mismo, es inexistente. Y nadie se ocupa de hacer que sea contabilizado. Entre otras cuestiones además de por legalidad presupuestaria, porque ese importe lo puede perder la corporación municipal si finalmente la sociedad es liquidada por orden del juzgado.

Por otra parte, la casi fallida Junta Universal del pasado mes de junio nos sigue proporcionando cuestiones que no pueden sino dejarnos absolutamente perplejos, y que, cerrada la comisión especial antes de haber comenzado prácticamente, nadie nos explicará ya nunca ni se interesará por ello. Algunas de estas cuestiones son estas:

WOODMAN SL Y LAS EMPRESAS SATÉLITES

Los propietarios afectados conocen bien el número 22 de Ventura de Argumosa, pues aunque la sociedad mixta privada tiene su domicilio social en el Ayuntamiento (¿nos explicará alguien alguna vez la razón por la que una sociedad privada tiene su domicilio social en el Ayuntamiento?), han recorrido ese trayecto muchas veces. Aquí está domiciliada también WOODMAN SL, la gerente de la sociedad. Y con ella un buen número de sociedades vinculadas a los administradores de WOODMAN SL, y que han tenido alguna relación mercantil directa o indirecta con PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Nos referimos a AGRÍCOLA MONTESINOS SL, IRIS RIVER SL, PERSIAN BOLD SL, RESIDENCIAL ALPERCHINES SL, PROYECTOS DE ALBACETE SL o JOVICASA SL. Está por dirimir no obstante, si la administración efectiva de la sociedad era de los cargos públicos municipales, o si en realidad lo era de la gerencia WOODMAN SL. Pero si fuera de los primeros, las contrataciones de esta sociedad han violado todas la ley de contratos. Hay razones de peso, desde luego, para que en el último comunicado público de la sociedad, se recalcara que se trata de una sociedad privada, porque de otra forma su presidente tendría grandes dificultades para justificar la legalidad de todas las contrataciones realizadas.

En la Junta Universal del pasado día 19 de junio, se intentó a la desesperada una ampliación de capital a la que acudieron, previa renuncia de los demás (eso se dice en el acta al menos), precisamente WOODMAN SL, PROYECTOS ALBACETE SL (sociedad patrimonial de D. VICTORIANO CUESTA), así como D. JOAQUÍN BARRAL y D. FERNANDO PASTOR. La verdad es que la primera cuestión que hay que preguntarse es la razón por la que estas sociedades y estos señores acuden a una ampliación de capital de una sociedad que acaba de ser declarada insolvente por sus administradores, y lo que es más insólito, cuál es la razón por la que a esa ampliación acuden haciendo aportaciones no dinerarias si lo que necesita precisamente la sociedad es liquidez. Desconcertante todo. Qué misterioso interés encerrará esta operación (que finalmente fracasó por falta de quórum) para atraer el interés de estos "inversores" a la ampliación de capital. Y muy particularmente el de WODMAN SL, que acude nada menos que con 4.571 m2 ¡en forma de fincas! Cuando son fincas precisamente lo que le sobran a la sociedad mixta que preside el señor Alcalde. Por cierto, ¿cuáles son esas fincas que dice aportar WOODMAN SL? ¿serán acaso las que tiene en la UE-3 realojados a los propietarios a los que ahora quiere desahuciar? ¿serán tal vez las que figuran como propiedad de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL en los convenios expropiatorios firmados en noviembre de 2008?¿nos explicará D. JULIO SETIÉN alguna vez este insólito misterio?

En este punto de la ampliación de capital, los propietarios afectados y presentes se dividieron en la votación, y el 50% se abstuvo y el resto votó a favor. Es un misterio también saber cómo dividieron a la mitad 325,15 partipaciones, pero la aritmética se transforma en números cabalísticos cuando se trata de esta sociedad. Y ahí tienen ustedes a WOODMAN SL , suscribiendo participaciones por nada menos que 3.205.324 €, en una sociedad que ya había sido declarada insolvente por sus administradores en el juzgado de la mercantil. ¿No les parece demasiado sospechoso todo? Ah, y naturalmente, no podía faltar otra de las empresas de Argumosa 22: IRIS RIVER SL, que también acude a la ampliación, pero tampoco con dinero en efectivo que es lo que necesita la sociedad, sino con otra vivienda de su propiedad. ¡Pero si lo que le sobran a la sociedad son precisamente inmuebles! Insólito.

Y es otra de las sociedades de los administradores de WOODMAN SL, PERSIAN BOLD SL, la que ha iniciado un procedimiento judicial cambiario contra la sociedad mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, embargando sus propiedades. Desde el punto de vista de la lógica, no se comprende bien que los administradores de WOODMAN SL por un lado estén reclamando deudas a la sociedad y embargando sus bienes, y por el otro acudan a su ampliación de capital, pero ¡con más bienes inmuebles! Claro que todo tiene su explicación, pero dudamos de que alguna vez alguien quiera darlas públicamente. Mientras tanto, solo cabe el asombro con estos cambalaches.

Nadie se ocupó durante más de tres años de conocer la verdadera situación contable de la sociedad, y menos que ninguno los propietarios de la sociedad. Y eso que está al alcance de cualquiera porque su acceso es público. Nadie explicó tampoco la razón por la que las cuentas depositadas del ejercicio 2009, fueron retiradas el 22 de noviembre de 2010 por sus administradores. Como también es posible que nadie explique tampoco qué está pasando ahora con los cuentas aprobadas en junio de 2012, que también están siendo retiradas por sus administradores después de haberlas depositado, el pasado día 15 de octubre. Lo dicho, nadie nos explicará nada de esto.

PLAZA DE ESPAÑA: HABLANDO CLARO (A LOS AFECTADOS)

(Continuación)

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APORÍAS EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA

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Asistimos a fenómenos sociales curiosos en medio de un desolador paisaje lleno de oportunistas, donde nadie, absolutamente nadie, asume responsabilidad alguna por lo que nos ha sucedido. Así, directivos de cajas de ahorros puestos ahí por los políticos y con los bolsillos llenos, se llaman a andana y nos sonrojan porque aseguran haberlo hecho todo bien en su gestión. Y directivos de esas mismas cajas hoy arruinadas casi todas, aseguran, después de haberse llenado bien los bolsillos también con emolumentos indecentes, que ellos solo pasaban por allí y eran lo que en realidad eran: vicarios de lujo de los partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y asociaciones colonizadas por esos mismo partidos. Es solo un ejemplo, tal vez el más llamativo, pero es solo un ejemplo de lo que nos pasó y por lo que nadie hizo nada cuando hubiera sido necesario.

Y ese fenómeno amalgamado de banqueros y políticos, está sirviendo para que una buena parte de la sociedad civil perfecta, que fue complaciente con ese status quo y participó alegre y confiada de la formidable quimera del oro fácil, que engendró la burbuja financiera en forma de una monstruosa burbuja inmobiliaria hasta endeudarse y endeudarnos para las próximas dos generaciones, haya encontrado el chivo expiatorio perfecto y se haya autoexonerado de su propia responsabilidad proclamando su inocencia. Vamos, como si todos hubieran sido arrastrados contra su voluntad a la compra obsesiva y compulsiva de viviendas, y a cuyos estratosféricos precios contribuyeron enfebrecidos. 

Vivimos pues los tristes tiempos del cólera, donde nadie quiere asumir responsabilidad alguna del desastre. Son las aporías de unos tiempos donde los ciudadanos sensatos no fueron escuchados, inermes ante una avalancha de enloquecidos consumidores que se creyeron los reyes del mambo. Ahora tocan otros tiempos locos, los de la demagogia populista donde cualquier aprendiz de rebelde cree tener la revolución al alcance de un twit, porque la banalidad reduccionista ha hecho presa en la política de consigna en 140 palabras. Por eso, twitead, twitead, malditos.

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Ayer se manifestaron ante el Ayuntamiento los afectados por el caso de la sociedad mixta que preside el Alcalde, exigiendo una solución a su particular drama. Es comprensible su indignación y legítimo su derecho a que les sean devueltas sus viviendas. Pero ninguno de los cerca de treinta mil ciudadanos del censo electoral de San Fernando de Henares, podemos dejar de mostrar nuestra perplejidad ante sus pancartas dirigidas contra el Ayuntamiento al que exigen la devolución de sus viviendas. Y nuestra perplejidad proviene precisamente del evidente hecho de que el Ayuntamiento no es el propietario de sus viviendas, sino que lo es precisamente PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, una sociedad mixta privada de la que ellos son accionistas mayoritarios. Y de que si sus viviendas no les han sido entregadas es porque esa sociedad suya, no paga. No es el Ayuntamiento el que no paga.

De nuevo pues, estamos ante una manifestación de las aporías de nuestro tiempo, y por esa razón, ya que no a los afectados por este drama, sí al menos para el resto de los ciudadanos, será conveniente recordar algunos hitos de los actores principales de esta historia. Y de paso que les sirva de recuerdo también a los afectados, para que no sigan dando pasos en falso. No les vendría mal hacer un poco de autocrítica también. Porque adoptaron decisiones equivocadas y, en todo caso, durante tres largos años por no preguntar no preguntaron ni siquiera la razón por la que no eran convocados para aprobar las cuentas de la sociedad. Algunas de sus decisiones o de sus intervenciones fueron estas:

 ALEGACIONES A "FAVOR"

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Nuestra asociación presentó unas alegaciones al Plan Especial de la UE-1 allá por octubre de 2009. Fueron desestimadas con el voto de los concejales de IU y del PSOE. Por el contrario y para nuestro asombro, ambos grupos municipales saludaron y se congratularon de otras diecinueve alegaciones presentadas también al Plan Especial, pero ¡favorables al mismo!

Estas diecinueve alegaciones iban firmadas todas ellas por los propietarios afectados, y tienen varias peculiaridades. La fecha del registro de entrada municipal es anterior a la fecha de la firma de TODAS las alegaciones. Algunos de los firmantes (repetimos, propietarios afectados), firmaron hasta tres alegaciones distintas. Y la mayoría de esas alegaciones se corresponden con los propietarios realojados en las viviendas de WOODMAN SL. Sonroja y avergüenza todo esto. Alguien les dijo que tenían que presentar alegaciones y qué es lo que tenían que poner en ellas. Los destinatarios eran los miembros de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, que eran muy críticos con el proyecto presentado. Así funcionó toda esta farsa, y es lamentable comprobar cómo se dejaron manipular complacientes estos "propietarios afectados". Hoy claman contra el Ayuntamiento y contra WOODMAN SL. Pero salvo nuestra asociación, a nadie más interesó este asunto.

Marzo de 2007. Acta de la llamada Mesa de Trabajo entre los propietarios afectados y la representación del Ayuntamiento integrada por D. JULIO SETIÉN y Dª CARMEN CRIADO (luego presidente y secretaria del consejo respectivamente de la sociedad mixta). Adivinen cuántas veces aparece citada la sociedad mercantil WOODMAN SL. ¡Hasta seis veces! Nadie puede explicar qué hace aquí esta empresa, que evidentemente no es una ONG, sino una promotora con fuertes intereses urbanísticos justo al lado de la actuación. Pues bien, WOODMAN SL fue impuesta al Ayuntamiento por los propietarios afectados en representación de sus intereses, y el Ayuntamiento allí presente y representado por D. JULIO SETIÉN, lo aceptó. Pasado el tiempo y cuando se constituyó la sociedad, WOODMAN SL acabaría siendo la gerente de la sociedad PLAZA DE ESPAÑA DE SAN FERNANDO SL, cobrando una pasta y siendo su verdadera administradora en la sombra.

D. VICTORIANO CUESTA DE WOODMAN SL, HABLA EN LA PRENSA

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En noviembre de 2007 nos dirige unas palabras D. VICTORIANO CUESTA, quien afirma ser Consejero Delegado de WOODMAN SL. Y lo hace en nombre de los propietarios afectados, cuyos intereses económicos dice defender. Asegura también que con una edificabilidad de 1,8 m2/m2 la actuación es económicamente inviable. Alcanzado el acuerdo, el Ayuntamiento asumió ejecutarla y financiarla con el 0,8673 m2/m2. Sin comentarios. 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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El día de la fundación y constitución de la sociedad mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, 9 de junio de 2008, fue nombrado también el Consejo de Administración. Este Consejo no fue nombrado por el Ayuntamiento, sino por todos los propietarios afectados allí presentes.

Y entre los administradores nombrados por los propietarios afectados, también había un representante suyo: D. MANUEL MURCIA DÍAZ.

En julio de 2009, el Consejo de la sociedad mercantil mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL se reune para adoptar un importante acuerdo: la compra de 20 locales comerciales y 30 plazas de garaje a la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO. A dicho Consejo asiste el propietario afectado D. MANUEL MURCIA, y una señora que responde al nombre de CARMEN GÓMEZ, encuadrada dentro de los asistentes en nombre de la Gerente WOODMAN SL. Pero esta señora no es administradora ni apoderada de la sociedad, sino de AGRÍCOLA MONTESINOS SL. ¿Estaría en realidad representando a D. JOSÉ ANTONIO PRIETO? Es casi seguro que sí.

La compra de estos locales se justificó con el pretexto de un desconocido estudio de dinamización comercial de la zona, y bajo la premisa de "acometer de forma conjunta esa dinamización". Nada de forma conjunta: pagó PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL una cantidad próxima a 3,5 millones de euros. La Empresa Municipal de Suelo, presidida por el señor Alcalde y cuyo Consejero Delegado era el también asistente a este Consejo y portavoz del PSOE, D. MANUEL GONZÁLEZ ROJO, necesitada de liquidez, recibió con este acuerdo una gran inyección de "moral". Así pues se deshacía de 20 locales y 30 plazas de aparcamiento. Hoy siguen sin venderse. Si esta operación se hubiera hecho en Marbella, a esto lo llamarían "operación saqueo". Dos empresas aparecen aquí además de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL: la Empresas Municipal de Suelo y WOODMAN SL. Ambas recibieron buenos pellizcos de la primera, que a su vez desviaba el dinero que le iba liberando BANKIA para hacer frente a las certificaciones de las constructoras. El resultado final ya es conocido: las constructoras no cobraban.

LA VOTACIÓN

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Salvo los votos en contra de D. EUSEBIO GONZÁLEZ y D. MARCELO MÍNGUEZ, todos los demás votaron a favor de la compra de los locales y las plazas de garaje a la EMS.  Incluido, claro está, D. MANUEL MURCIA que era propietario afectado. En el fondo es todo muy parecido a lo que sucedía con el consejo de BANKIA (o con las cajas de ahorros en general), solo pasaban por allí. Es una evidencia más de la endémica "inocencia" de esta nuestra sociedad civil perfecta cuando ocupa cargos por cooptación.

PLAZA DE ESPAÑA: HABLANDO CLARO ( A LOS AFECTADOS)

AVISO A NAVEGANTES

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Nos escriben algunos de los afectados por la lamentable situación de la sociedad mixta que preside el señor Alcalde, para hacernos preguntas que revelan el formidable desconcierto en que se hallan y la confusión que tienen respecto de los actores de este drama. Procuraremos contestar a ellas en futuras entradas, pero hablándoles claro para que luego no se llamen a engaño. Los intereses que ellos tienen en juego y que son legítimos (al fin y al cabo muchos de ellos han entregado sus viviendas confiados), no pueden ocultar (como vienen haciendo desde los diferentes grupos políticos) la cruda realidad: la sociedad mixta de la que son partícipes está en quiebra (eso es lo que nosotros creemos al menos), y en sus balances aparecen activos que no le pertenecen (como la plaza de España y los aparcamientos construidos en su subsuelo) sino que pertenecen a todo el pueblo. Por lo demás, conviene recordarles algunas cuestiones previas, como estas:

EL JUSTIPRECIO 

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El justiprecio calculado para la actuación de la UE-1 por los servicios técnicos municipales fue de 12.702.060,35 €, incluido el 5% de premio de afección. Esta era la valoración de los bienes y derechos a expropiar que luego serían aportados al capital social de la sociedad mixta a crear. De esos derechos expropiados (18.591 m2 de edificiabilidad), el 49% sería retenido por el Ayuntamiento para financiar las obras a ejecutar, incluidas lógicamente las nuevas edificaciones a retornar a los propietarios (el 51 % restante). Así pues, el Ayuntamiento tenía que acometer estas obras con la venta del 0,8673 m2/m2 del aprovechamiento asignado a la Unidad, lo que ya hacía la operación claramente inviable.

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EL JUSTIPRECIO APROBADO

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El justiprecio aprobado por el pleno municipal de 28 de mayo de 2008, fue exactamente el calculado por los servicios técnicos. Lo que nadie ha explicado es por qué cuando se funda y constituye la sociedad mixta ante el señor notario 15 días después, el justiprecio aprobado es distinto y el capital social también, pasando de 12.702.060,35 € a más de 18 millones. Repetimos, el acuerdo del pleno del día 28 de mayo de 2008 fue cambiado e incumplido el día 9 de junio cuando se constituyó la sociedad, irregularidad que nadie ha explicado y de la que nadie se ha molestado en pedir expliciaciones tampoco.

LA FÓRMULA

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La fórmula elegida fue una sociedad mixta (gestión indirecta) privada con participación de los propietarios (parte privada) en proporción al 51 %. En realidad lo que hicieron fue cambiar el sistema de gestión de expropiación por el de cooperación, pero al revés. Un informe redactado por los cargos de confianza de IU (asesora jurídica y luego secretaria del consejo de la sociedad, y la directora del Área de Urbanismo) advertía de que no era indiferente para el régimen legal y jurídico de la sociedad que el Ayuntamiento tuviese menos del 50 % de las participaciones. Lo cual pone de manifiesto que en el Ayuntamiento eran perfectamente conscientes de que esta fórmula impedía considerar a esta empresa como pública y ni siquiera semipública, sino enteramente privada al menos por la composición de su capital social.

LOS COSTES PRESUPUESTADOS...

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Un Estudio de Viabilidad firmado por la dirección facultativa y debidamente actualizado, cifraba los costes totales de las obras en algo más de 51 millones. Por su parte, los costes a financiar íntegramente de los bienes a devolver a los propietarios libres de cargas, ascendían según este Estudio a más de 19 millones de euros. Es decir, eran valorados en 7 millones más del Justiprecio aprobado. Los propietarios recibirían pues unos bienes revalorizados en casi el doble. Este es el documento oficial que manejaron y aprobaron los responsables municipales.

... Y LA REALIDAD CUATRO AÑOS DESPUÉS

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La realidad es bien distinta cuatro años después, pues aquellos costes de 51 millones se han convertido en 78 millones de pasivo exigible a corto plazo, tal y como se recoge en los balances contables a 31 de diciembre de 2011 (nos llegan noticias de que han aparecido 4 millones más de deudas). Las cuentas de la sociedad no fueron aprobadas durante varios ejercicios, y nadie se ocupó de exigir y conocer su estado. Solo cuando en el último mes de junio, impulsados por la necesidad, los administradores llevaron sus cuentas a la Junta de partícipes, éstos pudieron tener una idea aproximada de la situación. Si bien para entonces ya era demasiado tarde, pues unos días antes los administradores habían declarado su insolvencia en un juzgado de lo mercantil de Madrid.

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(continuará)

PLAZA DE ESPAÑA: EL CEO Y LA GERENTE

EL CEO (chief executive officer) DE PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL

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No sabemos bien cual es su profesión y bien que lo sentimos. Lo que sí sabemos es que fue Concejal de Política Territorial (de Urbanismo de siempre) y Consejero Delegado o Presidente ejecutivo efectivo y hasta Secretario del Consejo de Administración de la sociedad que preside el señor Alcalde, PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Todos esos cargos que ha desempeñado lo ha sido por cooptación, y desde luego son claramente incompatibles entre sí a la luz de la legislación de régimen local. En la actualidad parece ser que desempeña un cargo de menor relumbre... ¡en el Ayuntamiento cómo no! Es decir, a cargo de los presupuestos municipales y como asistente (administrativo) del Grupo Municipal de IU. 

Todo un hombre orquesta por cuyas manos han pasado 54 millones de euros de la sociedad PLAZA DE ESPAÑA DE ESPAÑA SL, sin que nadie, absolutamente nadie, le haya preguntado nada sobre el destino de los mismos durante los últimos tres años que ejerció el cargo. Eso sí, ha tenido el impresionante mérito de haber dejado a la sociedad mercantil que preside el señor Alcalde, con más de 78 millones de euros de pasivo exigible a corto plazo (eso según las cuentas a 31 de diciembre de 2011, porque nos llegan noticias de otros cuatro millones más que se acumulan). Es decir: insolvente según su propia declaración ante el juzgado de lo mercantil. Carrerón lleva.

Lo asombroso es comprobar que cuando se hizo efectiva su dimisión el pasado día 19 de junio en la Junta General celebrada, tenía firmada una carta de dimisión desde hacía más de un año, aunque la carta en cuestión entregada al señor Alcalde, su presidente, ¡no lleva fecha!

D. JOAQUÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ cesó como miembro electo de la Corporación en las últimas elecciones municipales de mayo de 2011. Pero eso no ha impedido que siga ejerciendo como Consejero Delegado y Presidente ejecutivo efectivo durante un año más, hasta el 19 de junio de 2012. Y con esta prolongación de sus funciones en la empresa mixta privada PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, ha incumplido claramente la prohibición que establece la ley 5/2005 reguladora del conflicto de intereses de los altos cargos (aplicable también a los miembros de las Juntas de Gobierno Local tras la promulgacion de la ley de suelo de 2007), y que dice claramente en su artículo 8:

"CAPÍTULO I.
RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES.

  Artículo 8. Limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese.

 1. Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos, a los que se refiere el artículo 3, no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas  relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado".

Sin más comentarios.

...Y LA GERENTE

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La sociedad mercantil WOODMAN SL consiguió ser nombrada Gerente de la sociedad mixta que preside el señor Alcalde, mediante un sibilino (e ilegal) sistema que contó con la complicidad de todo el pleno municipal de 28 de mayo de 2008 por la unanimidad de todos los grupos, al aprobar unas cláusulas en los convenios expropiatorios en virtud de las cuales la sociedad mixta que iba a constituirse, era obligada a contratar a WOODMAN SL para gestionar la actuación urbanística. El disparate no puede ser más elocuente. Poco importó que la sociedad a la que obligaba el acuerdo no estuviera aún constituida, ni que WOODMAN SL careciera de expertos urbanísticos e incluso de empleados. Sus administradores, D. VICTORIANO CUESTA ÁLVAREZ y D. MIGUEL ROMERO LÓPEZ, lo son mancomunadamente, y, desde luego, han sido, además de beneficiarios directos de la opacidad de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, sus verdaderos administradores en la sombra.

LAS CLÁUSULAS EMBOSCADAS EN LOS CONVENIOS QUE EL PLENO APROBÓ POR UNANIMIDAD

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La primera se corresponde con los primeros convenios firmados y aprobados en el pleno municipal de 28 de mayo de 2008, y como puede comprobarse, se imponía a la sociedad que iba a constituirse, es decir, que aún no existía, la contratación de WOODMAN SL.

Y la segunda se corresponde con la misma cláusula pero con algunos cambios, claro, pues se trata de los convenios firmados para la ampliación de capital con los propietarios de los edificios adheridos en noviembre de 2008. Para entonces, WOODMAN SL ya ejercía de Gerente. Para mayor perplejidad hay que añadir que esas cláusulas y los convenios respectivos que contenían esas cláusulas, fueron redactados por WOODMAN SL. Sin más comentarios también.

PLAZA DE ESPAÑA: LA APOTEOSIS DEL DISPARATE (III)

AVISO A NAVEGANTES

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Los propietarios afectados por la situación de la mercantil que preside el señor Alcalde, PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, tienen, desde luego, serios motivos para estar muy preocupados. Ahora nos anuncian que se disponen a iniciar protestas (demasiado tarde) así como acciones judiciales, entre otros, contra el Ayuntamiento. Es decir, contra todos los demás vecinos. La prelación de créditos que establece la Ley Concursal los deja en último lugar (y eso si los admiten como acreedores, pues sus deudas no aparecen contabilizadas en los balances) en caso de liquidación de la sociedad (que será lo más probable), después de las administraciones públicas (la hacienda regional), BANKIA, los proveedores que tengan reconocimiento de las deudas, y, finalmente, el resto. 

El problema es que los propietarios afectados han llegado demasiado tarde y hasta hace unos días se han creído todas las quimeras que les han contado. Entre ellas, la de que con un convenio de urgencia con los proveedores y Bankia, por el que se liberarían unos 11 millones aproximadamente, se arreglaría el problema. Pero el problema es la falta de liquidez y de claro desbalance de la sociedad, que no se arregla con 11 millones de euros en absoluto. El problema es de dónde se saca y quién pondrá los más de 20 millones de euros necesarios para liberar sus propiedades a retornar de las cargas hipotecarias que tienen. Los afectados exhiben los convenios expropiatorios que firmaron en su día, y en los que se les decía que recibirían esas propiedades sin carga alguna y que no tenían que poner nada. Olvidan, desde luego, que su problema (y el de la sociedad mercantil de la que al fin y al cabo son propietarios), es que necesita más de 40 millones de euros, y que nadie, ni Bankia, ni las empresas constructoras, ni un mirlo blanco que venga a comprar todos los activos, va a poner un solo euro. Por esa razón, todos dirigen su mirada hacia el Ayuntamiento, al que pretenden hacer aparecer como responsable civil subsidiario al menos. Y de nuevo olvidan que eso sería, además de injusto e ilegal, una maniobra indigna, por cuanto que fueron ellos y exclusivamente ellos quienes nombraron a estos administradores en la Junta General de fundación y constitución.

 Pretender ahora que el Ayuntamiento, es decir todos los demás vecinos, paguen las consecuencias y asuman la pavorosa deuda que tiene la sociedad, que ellos y solo ellos constituyeron y fundaron admitiendo una fórmula, la de economía mixta con capital mayoritario privado, es una pretensión que es inaceptable. No puede hacerse responsable al Ayuntamiento de la mala cabeza de los administradores ejecutivos de la sociedad mercantil privada, ni de los desmanes que se consintieron a WOODMAN SL como gerente que ellos, y solo ellos, consiguieron imponer para su contratación mediante un sibilino recurso ideado por sus administradores, colando de rondón una cláusula que además es ilegal, en los convenios expropiatorios. Endosarle al Ayuntamiento esas maniobras ilegales (no ha habido contratación alguna por parte del Ayuntamiento) de quien, al fin y al cabo, se jactaba públicamente de representar sus intereses, es una decisión que deberían de pensar antes de iniciarla. Al menos en los términos en que lo han anunciado. Porque en realidad han tenido mucho tiempo para obligar a los administradores a rectificar y no lo hicieron. En el fondo solo se autoengañaban, y este es el lamentable resultado.

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DEL ENGAÑO Y DEL AUTOENGAÑO

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Los propietarios de las calles Coslada 9 y de Gonzalo de Córdoba 14 no estaban afectados por la actuación de la Unidad UE-1. Ni siquiera esos edificios estaban, contra lo que se les ha dicho, fuera de ordenación. Al contrario, tenían incluso un aprovechamiento tipo con un coeficiente mucho mayor que el de las fincas de la UE-1. Sin embargo aceptaron adherirse y convenir también la expropiación y el mismo justiprecio que los demás cuando en realidad tenían derechos reconocidos en el PGOU muy superiores.

Aproximadamente a unos dieciocho de esos propietarios se les dijo que no podían retornar a la UE-1 porque no había viviendas suficientes para ellos (ver imagen de arriba), y firmaron unos convenios especiales donde se les aseguraba que PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL había comprado esas dieciocho viviendas en la llamada UE-3, de la promoción de José Alix. Se hacía la descripción de esas viviendas y se afirmaba que solo estaban pendientes de inscribir en el Registro de la Propiedad. 

La realidad es que esas viviendas NO eran propiedad de la sociedad mercantil mixta privada que preside el señor Alcalde, sino que eran propiedad de WOODMAN SL que es la promotora de la UE-3 y que no conseguía vender. De alguna forma consiguieron los administradores de WOODMAN SL (gerente de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, no hay que olvidarlo) convencer (algún día sabremos cómo lo hizo) a los administradores de la mercantil que preside el Alcalde, para que, al mismo tiempo que le alquilaban esas viviendas para los realojos, le fueran ofrecidas también como las que iban a serles entregadas en sustitución de las suyas. WOODMAN SL conseguía así matar dos pájaros de un tiro (y unos formidables ingresos, claro): alquilar sus viviendas vacías y vendérselas a la sociedad que preside el Alcalde.

Pero estas viviendas, como se dice, no solo no estaban compradas por PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (contra lo que se afirma en los convenios), sino que aún hoy día siguen siendo propiedad de WOODMAN SL. Solo cuando WOODMAN SL se presentó en la Junta de la sociedad el día 19 de junio pasado, ideando con los administradores de la sociedad un sistema para endosarle a la desesperada esas mismas viviendas, y cuando dicho apaño (que debería de sonrojar al señor Alcalde) fracasó porque no fue aprobado al necesitar más votos que los solitarios del grupo de IU, es cuando WOODMAN SL comprendió que su plan B para endosarle a la mercantil que preside el señor Alcalde las viviendas que no conseguía vender, había fracasado. Y es entonces cuando se decidió a notificar los desahucios de sus inquilinos en esos mismos pisos. Eso sí, no sin antes pactar con altos responsables municipales un retraso de un mes para el inicio de los lanzamientos. Así pues, los responsables municipales sabían desde hace mucho tiempo que todo esto sucedería exactamente así. Solo contaron con la capacidad del autoengaño de los propietarios, huelga de hambre por medio incluido.

LAS VIVIENDAS DE VVPP QUE FUERON ANUNCIADAS A BOMBO Y PLATILLO

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El disparate (y el engaño, desde luego) consiste en que mientras que a dieciocho propietarios de las calles Coslada 9 y de Gonzalo de Córdoba 14, se les dijo que no había viviendas para ellos en la UE-1 (razón por la cual había que entregarles otras en la UE-3, simulando su propiedad cuando en realidad eran de WOODMAN SL), poco tiempo después se anunciaba a bombo y platillo la venta de ¡52 viviendas de VVPP! Y hay que preguntarse lo siguiente, ¿cómo es posible que pongan a la venta 52 viviendas de protección oficial, y sin embargo se les diga a los dieciocho de los edificios adheridos, que no hay viviendas para ellos en la UE-1? ¿acaso la capacidad de persuasión de WOODMAN SL para endosarle sus viviendas invendibles a la mercantil que preside el Alcalde fue tan contundente que no la puedieron rechazar, o solo fue por hacerle un favor a los administradores de la gerente WOODMAN SL?

PLAZA DE ESPAÑA: LA APOTEOSIS DEL DISPARATE (II)

LA DECLARACIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO - ARTÍSTICO... 

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Abajo el Real Decreto 3312/1983, de 9 de noviembre, por el que se declaraba Conjunto Histórico - Artístico el casco urbano de San Fernando de Henares. Su delimitación comprende "...la plaza de España con sus edificaciones...". Y arriba, en color amarillo,  esas edificaciones declaradas histórico artísticas y protegidas tal y como las recoge el PGOU en su Catálogo de Bienes Protegidos. Tras la reforma ejecutada, no queda nada de esas edificaciones originales.

...Y EL JUSTIPRECIO DE LA EXPROPIACIÓN...

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Antes del pleno municipal de 28 de mayo de 2008, fue emitido, de oficio, un informe técnico por la Jefa de los Servicios Técnicos del Área de Urbanismo para calcular el justiprecio de los bienes y derechos a expropiar de la Unidad de ejecución.

El valor del justiprecio es calculado por el método comparativo, y se toma como base el precio pagado por el propio Ayuntamiento a los propietarios del granero y que ascendió, en el año 2004, a la nada despreciable cifra de 631.000 €. Ya se nos advierte de todas formas que tanto el edificio del Granero como la Biblioteca (ambos incluidos en la Unidad de ejecución), fueron excluidos luego "...porque ya eran propiedad del Ayuntamiento". Sin embargo, la propia plaza de España que no estaba incluida en la Unidad y también era propiedad del Ayuntamiento, acabó siendo aportada a la sociedad mercantil mixta por decisión ilegal del señor Alcalde.

Y el justiprecio que fue aprobado por el pleno municipal del día 28 de mayo de 2008, consistíó en 701,10 € por m2 construido, y en un justiprecio de repercusión del m2 de 1.309,15 €. Lo que no se comprende bien es el porqué luego, cuando se acudió al señor notario el día 9 de junio de 2008 para fundar y constituir la sociedad mercantil, acabaron aplicando un justiprecio único de 701,10 €/m2. Es uno de esos misterios (uno más) que no puede ser comprendido tampoco.

...Y EL DISPARATE

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Nótese que para la aplicación de estas valoraciones se cita la Ley de Expropiación Forzosa, y en particular su artículo 47. De la misma forma, se explica en el informe que la valoración del justiprecio se hace también para las edificaciones de la plaza de España, es decir, para los edificios catalogados y declarados de valor histórico artístico en 1983. Sin embargo, y según la propia Ley de Expropiación Forzosa, ni el Ayuntamiento ni los servicios técnicos municipales son competentes para realizar tasación de ninguna clase de bienes muebles o inmuebles de valor artístico o histórico.

En efecto, la Ley de Expropiación Forzosa regula en su Capítulo III quién debe realizar las valoraciones del justiprecio de los bienes inmuebles que sean de valor histórico - artístico, cual es el caso de las edificiaciones de la plaza de España y que fueron expropiadas de forma convenida. El artículo 78 dice que el justo precio de los bienes a expropiar ha de ser realizado por una Comisión compuesta por tres académicos designados por la Mesa del Instituto de España, el Ministerio de Cultura, y un tercero designado por los propietarios afectados.

Aquí y en este caso, no solo cambiaron el justiprecio aprobado por el Pleno Municipal, sino que nunca se constituyó la comisión de académicos a que obliga la Ley de Expropiación, y su valoración fue realizada directamente por la Jefa de los Servicios Técnicos. Otro disparate más.

PLAZA DE ESPAÑA: LA APOTEOSIS DE LOS DISPARATES (I)

AVISO A NAVEGANTES

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Es difícil comprender un buen puñado de decisiones adoptadas en relación a la gestión de la Unidad de ejecución UE-1 de la Plaza de España. Al fin y al cabo no se trata sino de tareas de gestión urbanística perfectamente regladas, pero en este caso podemos afirmar que la regla y el respeto a la legalidad es la excepción. Vamos a ver algunos de estos disparates que revelan que quien ha tomado las decisiones en la gestión de esta Unidad, o no sabía mucho de urbanismo o simplemente confiaba que siendo el alcalde el presidente de la sociedad mixta y su consejero delegado el concejal de urbanismo, no tendrían problema alguno en sacarlos adelante. Y ciertamente así fue. Veamos algunos ejemplos que, además, pueden tener incidencia sobre las expectativas que pueden tener los afectados de cara al futuro.

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LOS AFECTADOS NO PODRÁN ACUDIR AL CONCURSO DE ACREEDORES

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El pleno municipal de 28 de mayo de 2008 aprobó una cláusula en los convenios expropiatorios, en virtud de la cual los propietarios no podrán acudir al concurso de acreedores. La idea inicial era que ellos no respondieran por las posibles deudas de la sociedad, pero ahora pueden quedar indefensos porque los acreedores de la sociedad PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL pueden impedir su personación en el concurso de acreedores. También Bankia puede hacer uso de su beneficio de excusión en relación a los avales y fianzas prestadas. 

La situación de los propietarios respecto de la sociedad mercantil que preside el señor alcalde, es absolutamente precaria y contradictoria, puesto que además de propietarios de la sociedad (aunque sin derecho de voto), también son acreedores de la misma, si bien las deudas con ellos no aparecen en los balances contables de la sociedad.

LA INCREÍBLE PERIPECIA DE UN PROYECTO DE REPARCELACIÓN

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Los propietarios también firmaron una extraña cláusula en los convenios expropiatorios (puede verse en la imagen de arriba) firmados en el año 2008, en virtud de la cual aceptaban un "proyecto de reparcelación que se iba a ejecutar". Pues bien, he aquí toda la sorprendente peripecia de ese proyecto de reparcelación que los propietarios decían aceptar sin saber en qué consistía y sin que dicho proyecto existiera cuando firmaron esos convenios.

El proyecto de reparcelación fue presentado por la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL un año después a la Junta de Gobierno Local. El expediente tuvo entrada en el Ayuntamiento el día 1 de julio de 2009, y dos días después ya estaba aprobado por la Junta de Gobierno. De la Junta formaban parte todos los Tenientes de Alcalde de IU y del PSOE que gobernaban en coalición. Bajo la Presidencia del Alcalde D. JULIO SETIÉN, asistieron: D. MANUEL GONZÁLEZ ROJO (PSOE), D. JOAQUÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ (IU), Dª CARMEN MUÑOZ PAREDES (PSOE), D. ÁNGEL MORENO GARCÍA (IU) y D. FRANCISCO JAVIER CORPA RUBIO (PSOE). 

 El proyecto de reparcelación de la UE-1 aprobado por la Junta de Gobierno en esa sesión de 3 de julio fue tramitado con carácter de urgencia, y aprobado por UNANIMIDAD. Las fincas resultantes incluida la plaza de España eran agrupadas y adjudicadas mediante este acuerdo al propietario único de la Unidad: PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. La plaza de España ya estaba adjudicada y tenía un nuevo dueño. Ninguno de los asistentes se enteró de nada. Y si lo hicieron, no quisieron enterarse.

Pero algo debió de fallar con el proyecto aprobado el día 3, pues la mercantil que preside el señor Alcalde presentó una modificación el día 29 del mismo mes. Ahora esta sesión estuvo presidida por el primer teniente de Alcalde del PSOE, D. MANUEL GONZÁLEZ ROJO, pues el señor Alcalde se ausentó. Lo asombroso es lo siguiente:

En el punto VII del acta aparecen dos puntos iguales al menos en los títulos de su ordinales, tal y como puede comprobarse por la imagen de arriba.

En realidad se trata de un error, ya que lo que aprueban es otro proyecto de reparcelación de una Unidad de actuación de un plan parcial del Puente de San Fernando. Pero es un error muy revelador, y lo asombroso es que mientras que este proyecto de reparcelación es aprobado inicialmente y sometido a información pública, no sucede lo mismo con el proyecto de reparcelación de la Unidad de la plaza de España del punto siguiente, que además fue tramitado en un tiempo récord (entró en el registro el día 24 de julio y el 29 ya estaba aprobado). Pero ¡definitivamente y sin trámite de información pública! Hay quien dé más. Solo nos queda preguntarle a los miembros de la Junta de gobierno cuál es la razón por la que unos proyectos de reparcelación los someten a información pública (como es preceptivo y así lo establece la ley de suelo), y los que presenta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, además de ser tramitados a gran velocidad, no son sometidos a información pública. Pero estos señores de la Junta de Gobierno de julio de 2009, ¿sabían realmente lo que votaban?

Pero no acaba ahí la peripecia inexplicable de este proyecto de Reparcelación, puesto que de nuevo lo modifican. Ahora también de forma urgente y sin información pública. Es en la sesión del día 22 de diciembre de 2011, y la Junta de Gobierno Local ya solo está formada por concejales de IU. Es inaudito lo que puede dar de sí este proyecto de reparcelación. ¡Ha sido modificado hasta tres veces y aprobado siempre sin información pública! Con un par. Y la oposición sin enterarse.

Esta modificación hace referencia al proyecto presentado el día 3 de julio, pero como hemos visto antes, fue modificado por la propia Junta de gobierno el día 29 de julio. Claro, llevan tantas modificaciones del poryecto que ya se confunden de fecha. Sin información pública alguna, el proyecto es presentado el día 19 de diciembre, aprobado el día 22 del mismo mes, y, como puede verse por la imagen de abajo, el día 27 ya estaba presentado en el Registro de la Propiedad. Todo un récord de irregularidades invalidantes.