CASO PLAZA DE ESPAÑA - ESPECIAL ELECCIONES (I)

EL CONGLOMERADO DE SOCIEDADES QUE SAQUEARON PESF

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En la entrada anterior ya explicábamos cómo se las arreglaron un grupo de interesados para conseguir que WOODMAN SL fuera la sociedad que gerenciara finalmente a la mercantil que iba a ser la beneficiaria de la expropiación, pero cuyo papel real de administrador iba a recaer en esta mercantil perteneciente al conocido como Grupo Cine San Fernando, que toma el nombre de una promoción del cine que existía al final de la calle José Alíx.

El contrato millonario de WOODMAN facturado mediante cuatro facturas de 900.000 €, fue cuidadosa y equitativamente fraccionado en pagos de 450.000 €, que en realidad acabaron en otras sociedades pertenecientes a sus dos administradores mancomunados. Y fue rápidamente cobrado, de forma que a mediados de 2010 ya estaba casi totalmente liquidado a pesar de que las obras apenas llevaban unos meses en ejecución.

Esta circunstancia, la de la contratación de WOODMAN como gerente (ya hemos dicho en otras ocasiones que sin embargo carecía de empleados), permitió a sus administradores conseguir toda una serie de contratos, ventajas y adjudicaciones tanto por parte de PESF como del propio Ayuntamiento, por parte de una constelación de sociedades pertenecientes todas ellas a los administradores de la sociedad o bien participadas entre sí. De esta forma, PESF fue contrayendo obligaciones onerosas con muchas de ellas e incluso librando pagarés por voluminosos importes producto de trabajos absolutamente ficticios.

Así, RESIDENCIAL ALPERCHINES SL se constituyó rápidamente en prestamista de la sociedad mixta mediante un crédito de 1,5 millones de euros que nunca figuró en los balances. Esta misma sociedad se vio luego favorecida con una permuta de dos solares del Ayuntamiento en el polígono industrial por otro en la calle Alperchines, luego cedido a la EMS.

De la misma forma, la sociedad patrimonial AGRÍCOLA MONTESINOS SL de la familia de uno de los administradores de WOODMAN, hizo funciones de testaferro del propio Ayuntamiento comprando participaciones a uno de los socios de PESF. Es decir, durante un tiempo esta sociedad fue partícipe de la propia sociedad que gerenciaba por medio de otra empresa del Grupo, hasta que la propia PESF le recompró esas participaciones con fondos procedentes de los préstamos hipotecarios, pero por cuenta del Ayuntamiento.

IRIS RIVER SL, que en realidad luego sería la titular de las participaciones de WOODMAN, alquiló una vivienda en la unidad de ejecución UE-3 donde realojaron a uno de los afectados. Al igual que WOODMAN, que alquiló también el resto de las diecinueve viviendas.

Por su parte, las otras dos sociedades JOVICASA SL y CARFER 1959 SL, pertenecientes ambas a otro de los administradores y partícipe de WOODMAN, consiguió que fueran librados a su favor decenas de pagarés por PESF por una serie de contratos simulados, que luego fueron endosados a proveedores o acreedores de dichas sociedades que hoy aparecen en el concurso como acreedores de PESF por el impago de los mismos. El importe que esos acreedores reclaman a PESF se acerca de los tres millones de euros. Asimismo, JOVICASA formalizó contratos con la sociedad mixta que luego sirvió para crear ruedas de pagarés que descontaban en la financiera PAGARALIA, sin que existiera trabajo real alguno. Todo era simulado.

Todo esto sucedía durante el mandato de 2007 a 2011, cuyo gobierno estaba formado por la coalición de IU y PSOE. Sin embargo, en todos los mandatos posteriores de 2011 - 2015 y 2015 - 2019, nada de lo anterior ha sido estudiado o investigado en la flamante comisión sobre Plaza de España. Parece mentira que con todos los antecedentes en los que se halla implicado el propio Ayuntamiento, no hayan realizado o ningún grupo haya interesado una investigación a fondo de estos hechos y otros, para esclarecer lo que pasó y quienes fueron los responsables. En realidad, la verdad no les interesa para nada.

El esquema de arriba demuestra que PESF estuvo rodeada de una maraña de sociedades vinculadas todas al mismo Grupo y con los mismos administradores y que hicieron de todo. Desde actuar como testaferros del Ayuntamiento a prestamistas de la sociedad mixta o sus caseros. En fin, un conglomerado de sociedades vinculadas que parasitaron PESF mediante todo tipo de relaciones mercantiles entre ellas y con el Ayuntamiento, que finalmente acabo como acabó.

Que los partidos que se presentan a las elecciones, hayan pasado de puntillas sobre estos temas a lo largo ya de dos mandatos anteriores, y que para este que se inicia a finales de mayo lo despachen con un displicente "son asuntos ya judicializados", revela que no parece que vayan a prestarle mucha atención. Ni en la campaña ni después en la acción de gobierno. Craso error, claro, porque de una forma u otra el próximo mandato va a poner a prueba si el Ayuntamiento puede resistir mucho sin presentar su propia suspensión de pagos por esta causa.

De algunas de las listas que se presentan, se desprende una acusada contaminación por el caso, lo cual es inquietante. Será necesario pues hablar sobre ello en los próximos días por cuanto que no parecen haber caído en la cuenta de la que se les avecina. Singular es el caso de Ciudadanos, cuya contaminación con el caso plaza de España es más que preocupante. Pero de eso hablaremos otro día.