UN FRAUDE DE LEY

FINCA EL BATÁN (LA VAQUERÍA) QUE HA DE SER EXPROPIADA POR EL AYUNTAMIENTO

NUEVO VARAPALO JUDICIAL

(con un formidable coste para el Ayuntamiento)

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Una reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la que ha tenido acceso EL MOLINO, anula un acuerdo adoptado por el pleno municipal celebrado el 17 de octubre de 2013, en virtud del cual el Ayuntamiento desistía del procedimiento expropiatorio de la finca El Batán (conocida como la vaquería), situada en el Pº de los Pinos y frente al polideportivo. El procedimiento fue iniciado nada menos que en el año 2005.

La sentencia del TSJM no puede ser más contundente. Califica el acuerdo del pleno de burdo, y no deja opción al Ayuntamiento al que ordena el cumplimiento de las sentencias que pierde. Dice el TSJM que el acuerdo (adoptado por IU y con la abstención de los grupos de la oposición) es un fraude de ley, cuyo único objeto era eludir el cumplimiento de otra sentencia firme. Además de anular dicho acuerdo (que pretendía desistir ahora nueve años después de la expropiación de esta finca), condena también al Ayuntamiento a pagar las costas judiciales y anula también otra del Juzgado número 8 de Madrid.

UN FORMIDABLE LÍO QUE PUEDE ARRUINAR AL AYUNTAMIENTO

La finca El Batán tiene prevista su obtención (cerca de 60.000 m2) mediante la expropiación forzosa pura y dura, como dotación (zona verde) contenida en el PGOU aprobado en 2002. En el año 2005, el Ayuntamiento inició la expropiación de esta finca que actualmente tiene una actividad de explotación ganadera. 

El justiprecio ofrecido por el Ayuntamiento es de 1.940.540,21 € (ya decimos que se trata de una finca que supera los 60.000 m2). Pero los propietarios no aceptaron el justiprecio formulando hoja de aprecio por nada menos que 123.042.655,46 €. Es decir, la ruina municipal. Al mismo tiempo, en vista de que no había acuerdo, los propietarios solicitaron la remisión del expediente expropiatorio al jurado territorial de expropiación. Y ahí comienzan los problemas.

El Ayuntamiento no remitió (como está legalmente obligado) el expediente al jurado, haciendo oídos sordos a los requerimientos de dicho órgano durante varios años. Por su parte los propietarios, ante este ilícito juego de la corporación, iniciaron las acciones judiciales pertinentes recurriendo al juzgado número 8 de lo contencioso, que acabó dictando una sentencia favorable a los expropiados en marzo de 2011. Dicha sentencia fue apelada por el Ayuntamiento, que la perdió, quedando firme y confirmada. Así pues, el Ayuntamiento debía de continuar con la expropiación iniciada y remitir el expediente al jurado.

Sin embargo, en el pleno celebrado el día 17 de octubre de 2013, fueron adoptados tres acuerdos respecto de este asunto. Uno de ellos lo fue, a propuesta del alcalde, para el desistimiento (renuncia) por parte del Ayuntamiento a la expropiación de la finca. El Ayuntamiento pretendía pues abandonar la expropiación simplemente sin anular los acuerdos anteriores.

Se basaba dicho acuerdo en varios informes emitidos, uno de ellos por la secretaria general municipal, según el cual era posible el desistimiento porque el Ayuntamiento no había ocupado ni tomado posesión nunca de la finca. Sin embargo, en dicho informe se ignoraba que se estaba en presencia de una expropiación por razones urbanísticas, y en que en estos casos, transcurridos cinco años desde la publicación del PGOU, la expropiación la puede instar el expropiado tal y como recoge por otra parte la ley de suelo de la Comunidad de Madrid, sin que el Ayuntamiento lo pueda ignorar o desistir.

El acuerdo adoptado el 17 de octubre de 2013 por el pleno municipal, contenía también otro que culpaba a la entonces asesora del equipo de gobierno, Dª CARMEN CRIADO, de ser la responsable de las apelaciones reiteradas realizadas que el TSJM califica de nada menos que temerarias, de las dilaciones, y de las costas judiciales a que fue condenado el Ayuntamiento.

El informe de la secretaria general municipal (en el que se basó luego el acuerdo), contiene expresiones sorprendentes no obstante, pues no solo justificaba la legalidad del acuerdo de desistimiento (ahora anulado por fraudulento), sino que también se explayaba con otras razones de oportunidad. En  un momento de la exposición de sus tesis en el informe realizaba una pregunta retórica: ¿debemos continuar con la expropiación? Ahora, el TSJM le contesta contundentemente en forma de anulación por fraude de ley dicho acuerdo. Este acuerdo fue recurrido por los propietarios, que de nuevo le ganan un pleito al Ayuntamiento y que ya no puede eludir más.

Lo que decía la secretaria en su informe es que si se continuara con la expropiación de esta finca sería la ruina del Ayuntamiento. Teniendo en cuenta la hoja de aprecio de los propietarios de la finca (que piden más de 123 millones de euros), y el criterio seguido por el jurado territorial de expropiación (que suele fijar en la mitad el justiprecio), ella calcula que el fallo de jurado podría alcanzar los 60 millones de euros que tendría que desembolsar el Ayuntamiento, claro. Lo dice la propia secretaria en su informe.

Pues bien, el TSJM falla ahora contra el Ayuntamiento (uno más de contenido económico), anulando el acuerdo de desistimiento de 17 de octubre y ordenando ahora que el Ayuntamiento continúe con la expropiación porque, además, está constitucionalmente obligado a cumplir las sentencias.

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Este nuevo fallo del TSJM que condena al Ayuntamiento, es contundente y muy claro. Califica el acuerdo adoptado por el pleno el día 17 de octubre de 2013 y ahora anulado, de fraudulento y burdo, por cuanto que lo único que pretende es eludir  nada menos que el ordenamiento constitucional que establece la obligación de cumplir las sentencias.

Este es un caso paradigmático de un estilo de gobernar y gestionar, que tiene como correlato una sucesión tras otra de dilaciones, retrasos, incumplimientos, y burlas de las más elementales obligaciones que es dado a una administración: cumplir las sentencias que le ganan sus ciudadanos.

Un expediente iniciado alegre e irresponsablemente en el año 2005, nueve años después aún colea y no ha llegado siquiera al jurado territorial de expropiación. Donde es de esperar ahora un fallo (que es lo que querían evitar con el acuerdo del pleno de octubre de 2013) que arruinará al Ayuntamiento, pues, como dice la secretaria municipal, el jurado atiende estas reclamaciones fijando el justiprecio en la mitad de lo que pide el expropiado. Es decir, más de 60 millones de euros del ala que nos costará este formidable lío. Uno más de los muchos que tenemos encima: CYTEC, Casa de Campo, UG-5, finca El Batán, etc, etc. Y van...