AMENAZAR EN LUGAR DE DAR EXPLICACIONES
Tiene el alcalde Corpa la fea y antidemocrática costumbre de amenazar con demandas y querellas sin cuento a sus legítimos debeladores, cada vez que alguien osa pedirle cuentas por su paso por el gobierno compartido del IU y PSOE entre 2007 y 2011, periodo en el que sucedieron todos los lamentables hechos relacionados con el lacerante caso plaza de España. Y que lo tuvo por protagonista a él mismo, porque no en vano es el único superviviente de aquella época en la que se atropellaron todos los límites de la legalidad.
Y, como los tiempos de la justicia son tan exasperantemente largos, es ahora, cuando él ha alcanzado el poder, cuando la justicia comienza a interpelar a los autores de los desmanes de antaño. Y claro, sucede que el alcalde no tiene respuestas ni siquiera para explicar los hechos en los que él mismo participó directa y activamente. Y, en lugar de dar explicaciones, se dedica a denostar, amenazar y descalificar cualquier iniciativa que tenga alguien de la oposición pidiéndole explicaciones de cuál es o debe ser la posición procesal del Ayuntamiento en causas penales en las que haya podido resultar perjudicado.
Pero, en lugar de dar las explicaciones que le piden desde algunos grupos de la oposición, se dedica a contestar con exabruptos amenazantes y argumentos descalificadores como ocurrió en el último pleno ordinario ante dos mociones en las que le exigían que se apartara de dar instrucciones a la asesoría jurídica para fijar la posición procesal del Ayuntamiento en esas causas, y, en su consecuencia, para que la misma fuera fijada por el pleno que para eso tiene además las competencias al efecto.
Es muy evidente que el alcalde Corpa adolece de serias lagunas del conocimiento más elemental de los valores constitucionales que han de presidir toda actuación de una administración pública, y de la que, en el caso del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, él es el máximo responsable ahora. Y, uno de esos valores constitucionales, el que predica precisamente el artículo 103 de la Constitución, es la del sometimiento pleno a la ley y al derecho de quienes, como él, tienen la máxima responsabilidad institucional del Ayuntamiento. Y, por lo tanto y en ese caso, a quien no le caben atajos y maniobras para que, siendo perjudicado en varias causas penales y estando personado como tal en las mismas desde hace tiempo, tras su paso por la alcaldía, se haya convertido sin embargo en la mejor defensa de los encausados.
Pero es que, vista sus reacciones casi paroxísticas en las intervenciones de réplica ventajista y las amenazas proferidas a la oposición que osa pedirle explicaciones, nos reafirman más en la idea de que al alcalde Corpa, tras más de dieciséis años en el Ayuntamiento, unas veces en el gobierno y otras en la oposición pero siempre cobrando del presupuesto municipal, le viene grande el cargo institucional porque es incapaz de entender que el pleno municipal tiene como misión precisamente el control y fiscalización del gobierno y que, en un sistema democrático, éste da explicaciones en lugar de amenazar a la oposición.
Tan elementales principios democráticos no parece que hayan arraigado en el alcalde Corpa. Más bien sus réplicas carentes de explicaciones y redundantes en amenazas sin cuento ni medida, anida en él una aberrante y distorsionada actitud predemocrática, consistente en que todo el mundo le debe sumisión y toda crítica a su gestión ha de ser carne de juzgado porque, a él, nadie le puede poner en cuestión nada de lo que hace porque goza una suerte de presunción de rectitud carismática y los anatemas han de ser arrojados a las tinieblas del silencio. Y porque un conducator como él ni se equivoca nunca ni por supuesto asume responsabilidad tampoco por su pasado más reciente que compartió en igualdad de condiciones, mientras sus excolegas de gobierno tienen que sentarse en el banquillo.
Ya hemos tenido demasiadas muestras del talante autoritario de alcalde Corpa como para extrañarnos ahora. Sucede, sin embargo, que el largo y tortuoso camino hacia la impunidad iniciado por el alcalde y plasmado en documentos procesales, cuya iniquidad no se conjura ni siquiera con los votos cómplices de Ciudadanos, tienen no obstante un recorrido muy corto.
Pero no olvide una cosa cierta: entre dar explicaciones y amenazar, usted ha elegido las amenazas. No espere pues comprensión porque las arrogancias insidiosas que tanto le gustan utilizadas como pretexto exculpatorio, son casi siempre delatoras de todo lo contrario.
LO QUE VA DEL ALCALDE MORENO Y LA ALCALDESA CATALINA A LO QUE HOY VIENE HACIENDO EL ALCALDE CORPA CON EL CASO PLAZA DE ESPAÑA
Los larguísimos tiempos judiciales han querido que la hora de la verdad de caminos que iniciaron sus antecesores, se crucen inexorablemente con el alcalde Corpa al frente de la Corporación. Y, por lo tanto, le toque a él el momento preciso en el que el Ayuntamiento haya de pronunciarse acerca de gravísimas imputaciones que en diferentes causas judiciales se vienen haciendo contra los presuntos culpables de lo sucedido con el conocido como caso plaza de España. Pero, a diferencia de los anteriores, el alcalde Corpa ha optado, sin consultar el pleno municipal, por pedir la exoneración de los encausados desandando así lo que sus predecesores, el alcalde Moreno y la alcaldesa Catalina, hicieron cuando estuvieron al frente de la institución. Veamos pues cómo la posición actual del alcalde y su equipo de gobierno con Ciudadanos como socio cómplice, no olvidarlo, viene teniendo en relación con estos procelosos asuntos.
El alcalde Moreno accedió a la alcaldía en marzo de 2013 tras la dimisión del alcalde Setién. Y lo hizo no sin librar una batalla interna en IU entre su grupo, el PCE, y otras formaciones como las que lideraba la exalcaldesa Monserrat Muñoz. Y contra parte del resto de los concejales que no querían que accediera a la alcaldía porque recelaban de él, precisamente, en relación con su posición crítica con el caso plaza de España.
No obstante la resistencia, pudo ganar la batalla interna apelando a los órganos federales de IU, por cuanto que legalmente le correspondía a él por ser el siguiente en la lista. Fue pues proclamado alcalde en una sesión del mes de marzo de 2013.
Y lo primero que hizo respecto del caso plaza de España, fue encargar dos informes al nuevo asesor jurídico y quien hacía también las veces de interventor en funciones, con el objeto de evaluar qué es realmente lo que había pasado con la mercantil mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, que, por aquellas fechas, se hallaba ya en concurso de acreedores y con un pasivo de 94 millones de euros.
Sin embargo, y a pesar de ser el alcalde ya en pleno ejercicio de sus funciones, para poder acceder a toda la documentación de la sociedad mixta, tuvo que descerrajar las cerraduras del que fuera despacho de la secretaria y anterior asesora jurídica porque ésta se negaba a entregarle las llaves para su acceso a la voluminosa colección de documentos generados por la actuación de PESF. La resistencia numantina a entregar la documentación que retenía la ex asesora jurídica y ex secretaria de la sociedad mercantil, cesada unas semanas antes de ambos cargos, revelaba el temor que atenazaba a quienes se oponían a su nombramiento: perder el control de la documentación de PESF con su entrega a quien, a pesar de todo, consideraban su enemigo y recelaban como se dice de sus verdaderas intenciones.
Y, una vez examinada la documentación, los encargados de informar hicieron demoledores informes que dejaban traslucir una descarnada radiografía de las numerosas irregularidades habidas en la gestión de esta sociedad, cuya presidencia anterior había ostentado precisamente el ex alcalde Setién. Y cuyo consejero delegado era el también colega ex concejal de Política Territorial, señor Martínez.
Y cuáles y de qué naturaleza serían las conclusiones de esos informes que, junto con otros concejales y con los propios informantes, procedieron a poner en conocimiento de al Fiscalía los gravísimos hechos conocidos, entre los que se hallaban la presunción de que había desaparecido numerosa documentación de la sociedad.
EL ALCALDE MORENO, ACUSA
El alcalde Moreno y otros miembros de su equipo de gobierno, a la vista de los informes que le pasaron, comenzó a poner en conocimiento de la justicia todo lo que conoció, así como a personarse como Ayuntamiento en las causas penales abiertas como la del Juzgado número 5, iniciada precisamente a resultas de una querella presentada por nuestra asociación.
Y no solo hizo eso, sino que también puso en conocimiento y denunció ante la Administración Concursal la existencia de numerosos créditos falsos en el procedimiento concursal, producto de innumerables negocios jurídicos ficticios.
Para, finalmente, un día antes de cesar en el cargo de alcalde (aunque resultó reelegido concejal en mayo de 2015, no quiso recoger el acta), presentar un demoledor alegato de culpabilidad dolosa del concurso de acreedores, cuya resolución final sin embargo pende en el Juzgado de lo Mercantil desde entonces sin que, al parecer, el señor juez concursal tenga tiempo a lo largo de todos estos ocho años de parálisis del concurso, de dictar sentencia sobre la calificación del concurso. Y, en ese concurso de acreedores por cierto, está personado el alcalde Corpa pero desde cuando era concejal, sin que nadie entiende qué hace ahí y para qué si resulta ser que él no es acreedor de la concursada.
El ex alcalde Moreno pues tuvo que ordenar descerrajar por la fuerza una despacho para poder acceder a la documentación de la mercantil PESF, encargó informes de urgencia para conocer realmente el alcance de los sucedido y, conocidos esos informes, denunció los hechos ante la fiscalía y los juzgados, ordenó la personación del Ayuntamiento en las causas abiertas, remitió la documentación a los juzgados, promovió un acuerdo del pleno para rescatar la plaza de España usurpada por PESF, denunció créditos irregulares ante la Administración concursal y, en definitiva y como último acto de servicio a la causa de la legalidad y en defensa del interés general por encima de otras consideraciones, incluidas las propias, (el señor Moreno se halla encausado en alguna de estas causas y a fe que le deseamos la mejor de las suertes porque, ciertamente, fue gracias a él cuando se posibilitó conocer algo lo que no era sino la sentina de PESF), tuvo el valor de ejercer lo que en derecho corresponde y estaba obligado: denunciar y poner en conocimiento de los estamentos judiciales unos hechos gravísimos en relación con la gestión de PESF. Todo lo contrario de lo que hace ahora el acalde Corpa.
LA ALCALDESA CATALINA TAMBIÉN ACUSABA
La alcaldesa Catalina también denunció asuntos turbios relacionados con el caso plaza de España, pero, como en realidad lo desconocía casi todo de este caso a pesar de haber simulado una denuncia del caso en el Juzgados (fotografía incluida) en plena campaña electoral, en realidad dio palos de ciego y, aún hoy día, da muestras inquietantes de que, tras su fallido y diletante gobierno de 2015 a 2019, todavía tiene lagunas que hacen suponer que sigue sin haberse enterado de casi nada de este caso.
CÓMO LE QUEBRARON LA EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO DE SAN FERNANDO SA A LA ALCALDESA CATALINA SIN QUE SE DIERA CUENTA DE NADA
(O, POR DECIRLO EN VULGAR, CÓMO LE ROBARON LA CARTERA Y NO SE ENTERÓ DE NADA)
Ya se ha dicho que la alcaldesa Catalina hizo una vulgar puesta en escena simulando la presentación de una denuncia por el caso plaza de España, con fotografía ante los Juzgados incluida, de lo que no era sino un burda simulación exhibiendo no una denuncia suya sino de dos afectados del caso.
Pero, además, cuando tomó posesión del cargo también lo hizo como presidenta de la EMS, empresa pública constituida hace muchos años y que, sin embargo, le quebraron bajo su presidencia. Y fue todo tan rocambolesco como palmariamente delictivo (presuntamente, claro), que aún hoy día resulta inexplicable tanta incuria y falta de celo en la defensa de los intereses municipales. Vean, vean lo que pasó y luego juzguen.
EL FORMIDABLE NEGOCIO QUE HIZO UNA ENTIDAD FINANCIERA A COSTA DE LA INCURIA MUNICIPAL
Como se ha dicho antes, a la alcaldesa Catalina le quebraron la EMS mediante un contubernio entre IBERCAJA y el administrador concursal de PESF, que ni siquiera olió. De forma tal que, de la noche a la mañana, la sociedad municipal que presidía había sido despojada de sus activos, veinte locales comercial de la promoción de Echeveste y treinta plazas de garaje y, por ello, se encontró con un patrimonio neto negativo de más de seis millones de euros. Y, ¿cómo sucedió esto? Pues froten sus ojos porque es para no creer.
Al encontrarse con que la EMS estaba en causa legal de liquidación porque su patrimonio neto era muy superior al capital social (- 6,5 millones contra 0,962 millones de capital), fue necesario: i) acordar la liquidación de la sociedad, ii) inyectar liquidez desde el Ayuntamiento a la misma sociedad municipal mediante un préstamo participativo de 3,9 millones de euros hoy ya definitivamente irrecuperable para el Ayuntamiento.
Ante ese panorama, la alcaldesa Catalina presentó una denuncia en los Juzgados de Coslada contra los anteriores consejeros delegados de la EMS, Manuel González Rojo (PSOE), y contra Javier Blanco Morales (IU). Los acusaba concretamente, de un presunto delito de administración desleal en su gestión al frente de la EMS. Y, en particular, los acusaba de vender veinte locales comerciales propiedad de la EMS en la promoción de Echeveste (hoy plaza de la Fábrica de Paños) a PESF por 8 millones de euros, cuando había una tasación de la propia entidad financiera, IBERCAJA, que valoraba dichos locales en 10,4 millones de euros. Y era verdad; vean si no.
Como pueden ver, efectivamente la propia entidad financiera tasaba esos locales comerciales (veinte en total y sin las treinta plazas de garaje), en 10,4 millones de euros. Mientras que la EMS había procedido a vender esos locales en el año 2009 por 8 millones de euros. Los consejos de administración de ambas sociedades eran sin embargo los mismos. Alegaba pues unas minusvalías o pérdidas patrimoniales de la EMS por importe 2,4 millones de euros a consecuencia de este ruinoso negocio. Y acusaba directamente a los dos anteriores consejeros delegados anteriores a su acceso a la alcaldía y que hemos indicado más arriba. Pero, lo peor no fue eso, sino lo que pasó después.
CÓMO LE BIRLARON LA CARTERA A LA ALCALDESA CATALINA ANTE SUS NARICES (Y DE PASO LE QUEBRARON LA EMS DE LA QUE ERA SU PRESIDENTA)
Un día de diciembre de 2015, un notario de Madrid procedía a autorizar una escritura de adquisición de los veinte locales comerciales que PESF tenía en la plaza de la Fábrica Paños junto con otras treinta plaza de garaje. Y, ¿quiénes eran los otorgantes? Pues uno era el administrador concursal de PESF y por la otra parte, los representantes de dos empresas denominadas CERRO MURILLO SA y RESIDENCIAL MURILLO SA radicadas en Zaragoza pero que, en realidad, no eran otra cosa que filiales de IBERCAJA, la entidad financiera que tenía otorgadas hipotecas por importe de 5 millones de euros a la mercantil municipal EMS para la construcción de los locales y las plazas de garaje.
Lo insólito pero que ya no puede extrañarnos en este tóxico ambiente de incontenible corrupción que nos invade por todas partes, es cómo se manejó este asunto a la luz de los documentos públicos conocidos.
La alcaldesa Catalina tenía denunciados a los anteriores consejeros de la EMS por vender veinte de sus locales por 8 millones de euros a PESF, cuando existía una tasación realizada por la entidad financiera hipotecaria IBERCAJA que valoraba estos locales en 10,4 millones de euros como puede comprobarse más arriba. Pero, ¿saben ustedes por qué precio adjudicó el administrador concursal de PESF esos veinte locales y sus treinta locales comerciales, a la filial de IBERCAJA, antes incluso de que lo autorizara el propio Juzgado? Pues, exactamente por 5,1 millones de euros. Es decir, por algo menos de la mitad del valor de tasación que apenas un par de años antes la propia entidad financiera había tasado en 10,4 millones de euros. Y, oh casualidad, por exactamente el importe de la deuda hipotecaria que la EMS mantenía con IBERCAJA.
Y, ¿saben ustedes a quién le encargó el administrador concursal la nueva tasación de los bienes a adjudicar? Pues a la propia mercantil a la que después se le iba a adjudicar: Cerro Murillo SA que, a su vez, oh casualidad también, resultó ser que era filial de la entidad bancaria IBERCAJA, que antes había tasado esos mismos activos inmobiliarios por 10,4 millones de euros. Negocio redondo pues para IBERCAJA con la complicidad del administrador concursal, y la incuria y el pasotismo total de los responsables municipales que asistieron silentes, a una impresentable operación fraudulenta hecha ante sus ojos y en la más absoluta impunidad.
Y, tras esta operación bendecida además por el señor Juez concursal del juzgado nº 6 de lo mercantil sucedieron dos hechos determinantes: i) la ya referida quiebra de la EMS por encontrarse en una situación de insolvencia o de liquidación necesaria por presentar un patrimonio neto negativo seis veces superior a su capital social, y ii) la necesidad de inyectar liquidez por importe de 3,9 millones de euros por parte del Ayuntamiento para evitar la ejecución del resto de las hipotecas de la EMS por parte de Caja Madrid. Más otros 0,9 millones de euros recientemente satisfechos también por el Ayuntamiento ya presidido por el alcalde Corpa, para evitar también la ejecución por parte de la Agencia Tributaria de una deuda que se arrastra desde el año 2009 a resultas de las liquidaciones del IVA insatisfechos en su día por la situación de concurso de PESF.
Y, he aquí la operación tal y como el administrador concursal la presentó ante el Juez concursal para su autorización en noviembre de 2015, y en la que, además del precio de la adjudicación a CERRO MURILLO SA, afirma también que esta operación es VENTAJOSA para PESF, y que, además, había sido autorizada no solo por IBERCAJA (la verdadera beneficiaria en realidad), sino que incluso también había sido aprobada por la EMS. Ver para creer.
Toda esta increíble peripecia donde un banco en contubernio con un administrador concursal, hace un formidable negocio al rescatar y conseguir unos activos por 5,1 millones de euros que dos años antes había tasado por el doble, fueron perpetrados ante las narices mismas de nuestros responsables político. Que, obviamente, no solo no debieron enterarse de nada, sino que incluso dieron su visto bueno a la operación según afirma el propio administrador concursal. Y, a raíz de esta insólita operación, fue necesario que, reunido el Ayuntamiento pleno y constituido en Junta de accionistas de la EMS, acordara su disolución y liquidación. Una liquidación acordada ya en el año 2015 y que, sin embargo, hoy día y en el año 2023, no está totalmente liquidada a pesar de que la ley establece que la misma ha de hacerse en un plazo de tres años. El comité liquidador de esta empresa hoy está compuesto por todo el equipo de gobierno incluido el alcalde Corpa.
Por su parte, la alcaldesa Catalina ordenó la personación del Ayuntamiento en la causas penales abiertas, en una de las cuales ya en el año 2016, pidió que comparecieran como testigos precisamente el señor Notario otorgante de las escrituras de constitución de PESF e incluso la señora Registradora de la Propiedad, quien autorizó también la inscripción registral de la aportación de la plaza de España a la mercantil PESF por parte del Ayuntamiento.
...Y EL ALCALDE CORPA (CON LA COMPLICIDAD DE CIUDADANOS) NO ACUSA, EXONERA
O LA TIERRA ES PLANA SEGÚN EL AYUNTAMIENTO BAJO LA HÉGIRA DEL ALCALDE CORPA Y CIUDADANOS
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ANTOLOGÍA DE NEGACIONES EXCULPATORIAS EN LA CAUSAS PENALES DEL CASO PLAZA DE ESPAÑA (PRIMERA ENTREGA)
El alcalde Moreno fue activo denunciante de lo que vio y conoció del caso plaza de España cuando estuvo al mando de la alcaldía. Idéntica posición de denuncia y actividad acusatoria aunque a veces desquiciante, fue protagonizada por la alcaldesa Catalina en relación con el caso plaza de España. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando bajo el mandato del alcalde Corpa en estas causas penales abiertas, cuando, precisamente, ha llegado la hora de la verdad, es decir, la de acusar o pedir el sobreseimiento? Pues, en todos los casos que nosotros conocemos, bajo al mandato del alcalde Corpa el Ayuntamiento no solo no acusa sino que pide el sobreseimiento incluso aunque esté personado en esas causas como perjudicado.
Vamos a ver pues un ejemplo rotundo de lo que ha sucedido en la causa del Juzgado nº 5 donde ya existe apertura de juicio oral pendiente de señalar por parte del juzgado de lo penal nº 3 de Alcalá de Henares.
Pues, como puede verse, el Ayuntamiento, a través de su representación personada en la causa y bajo la responsabilidad ya del alcalde Corpa, sostiene que en la actuación de plaza de España, donde la Fiscalía pide penas de prisión y se halla imputado incluso un secretario municipal, afirma que los encausados no cometieron delito alguno y, que, en todo caso, la Corporación sería perjudicada y no responsable civil.
MÁS PAPISTA QUE EL PAPA
Y para concluir que los encausados no cometieron delito alguno según la representación municipal, contra lo que sostiene el Ministerio Público, el Ayuntamiento se explaya en una serie de consideraciones que revelan que en el equipo de gobierno se ha instalado una suerte de creencia que concluyen que tierra es plana. Porque no otra cosa puede entenderse a tenor de los alegatos expelidos por la representación procesal del Ayuntamiento.
Así, entre otras absurdas negaciones, afirma sin inmutarse, por ejemplo, que: El suelo de la plaza de España de San Fernando de Henares no fue aportado al capital social de la sociedad PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Así, como lo leen y en vena.
Pues bien. Cualquiera que se sepa leer y escribir puede acercarse al Registro de la Propiedad y, por 3 euros, obtener una copia simple de la finca registral número 30.659 como esta de abajo.
Como se dice, solo hace falta saber leer para comprobar que, según la fe pública registral, el entonces alcalde Setién acudió al Registro de la Propiedad de San Fernando de Henares el día 2 de octubre de 2008 provisto de un simple certificado del secretario, y procedió a inmatricular la plaza de España en favor del Ayuntamiento, con su superficie, sus linderos y colindantes e incluso su destino de uso público. Para, a continuación, pedir a la señora Registradora que inscribiera la "aportación" de la misma plaza al capital social de la mercantil que él mismo presidía, PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Es decir, que la fe pública registral acredita que el Ayuntamiento, por medio de su alcalde Setién, procedió a inscribir en el Registro de la Propiedad la aportación realizada al capital social de la mercantil mixta. Lo dicho, solo hace falta saber leer.
Y, ¿tenía el señor Setién autorización del Pleno municipal para realizar esa aportación de la plaza de España al capital social de la mercantil mixta que él mismo presidía? Pues, según un certificado de la secretaria, obviamente NO.
He aquí un certificado expedido por la señora secretaria en enero de 2014 con el visto bueno del entonces alcalde señor Moreno, que acredita que el señor Setién carecía de autorización alguna por parte del pleno para realizar la aportación de la plaza de España al capital social de PESF. Lo dicho, ante lo que acredita la fe pública registral y la fedataria pública municipal, lo mejor es negarlo todo. Así de fácil y así de tramposo.
El alcalde Setién procedió a introducir en el tráfico jurídico mercantil una plaza pública que luego fue hipotecada y embargada, al aportarla al capital social de la mercantil PESF. Y eso lo hizo sin autorización del pleno pero, para la representación procesal del Ayuntamiento, todo ello fue un exquisito y limpio procedimiento ajustado a derecho. No hubo delito alguno. Así se evitan, obviamente, acusar a nadie y de paso no tener que soportar la carga de la responsabilidad civil.
Pero aún hay más, y es que la representación procesal va más lejos incluso que los propios encausados pues resulta ser que en el propio procedimiento instructor, éstos han venido a reconocer que aportaron la plaza de España al capital social porque si no la operación no era económicamente viable. O sea, en la propia causa hay declaraciones de los propios encausados que reconocen que sí aportaron la plaza de España al capital social de PESF, mientras que el Ayuntamiento, en un exceso de celo de impunidad, lo niega.
¿Nos toma por idiotas el alcalde Corpa? Se ha pasado con armas y bagajes a lado oscuro del negacionismo más ciego y delirante, al negar en el procedimiento penal lo que incluso los encausados han admitido.
Este es pues el estado de cosas y el problema de extraordinaria gravedad que hay planteado en el Ayuntamiento mientras el señor Corpa sea alcalde: el formidable conflicto de intereses en que incurre sobre este tema, sin descartar tampoco la instrumentalización interesada que él mismo puede estar haciendo de la asesoría jurídica, cuando en esa causa hay denuncias precisas y concisas contra él mismo.
EL AYUNTAMIENTO OBJETO DE EMBARGO POR PARTE DEL JUZGADO
Al mismo tiempo que se acordaba por el Juzgado número 5 de Coslada la apertura de juicio oral pedido por el Ministerio Fiscal, contra el ex alcalde Setién y otros, se acordaba también la incoación de una pieza separada civil pues en la causa hay personados unos socios minoritarios de PESF, que se consideran perjudicados. Estos socios piden una indemnización a los encausados por importe de 319.000 euros, importe que han de afianzar y, por lo cual, se han declarado todos insolventes. Subsidiariamente la reclamación la dirigen contra el Ayuntamiento. Ante la negativa a afianzar voluntariamente esos importes, el Juzgado ha ordenado el embargo de los saldos bancarios incluidos los del Ayuntamiento y por ese importe de 319.000 euros. Hasta donde El Molino ha podido saber, tras la comparecencia del alcalde Corpa en el Juzgado donde la comunicaron la apertura del Juicio oral y la obligación de prestar fianza por el importe referido, el Juzgado ha procedido a embargar los saldos bancarios municipales por el importe reclamado.
El resto del alegato exculpatorio del Ayuntamiento en esta causa es un delator e infumable escrito de descargo en favor de los encausados, contra lo que el Ministerio Fiscal pide, lo que el alcalde Moreno denunció y la alcaldesa Catalina denunció también. Así pues, es bajo el mandato del alcalde Corpa y cuando ya llegó la hora de la verdad, cuando se descuelga radicalmente de la posición de sus antecesores y, con un giro copernicano, acaba pidiendo la absolución de los encasados no sin pasarse de frenada puesto que, incluso, niega en su alegato lo que los propios encausados ya han admitido.
El conflicto de intereses está servido por más que Ciudadanos en un lamentable final de mandato (comenzaron con cinco concejales y han acabado con dos y medio), se ofrezca como un grupo zombi de muleta permanente del alcalde Corpa, a cuyo grupo municipal con solo seis concejales de veintiuno, nunca le faltan almas cándidas o interesadas también que le echen una mano. Este es pues el desolador panorama que no cesa, y que ahora se reedita con nuevas versiones de la vieja empecinada consigna: sostenella y no enmendalla, aunque eso sea a costa de afirmar que la tierra es plana.
Y este es pues también el largo y tortuoso camino iniciado por el alcalde Corpa forzado por su propia concepción de la política, como un instrumento capaz de retorcer y deformar la propia realidad. Pero que, al final, acabará atrapándolo a él también sin remisión porque todas estas piruetas acaban volviéndose contra quien las ejecuta. Tiempo al tiempo.
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