CASO PLAZA DE ESPAÑA: CRÓNICA URGENTE DEL ESPERPENTO QUE NO CESA Y OTROS FLASES DE ACTUALIDAD

 

LO QUE EL SEÑOR JUEZ DICE QUE AUTORIZA A VENDER AL AYUNTAMIENTO

El señor Juez titular del Juzgado de lo Mercantil nº 6, D. Francisco Javier Vaquer Martín, en el que se sigue el concurso de acreedores de la mercantil mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, ha dictado un auto el pasado día 27 de febrero de 2023 autorizando al administrador concursal la venta directa al ayuntamiento de San Fernando de Henares de: 176 viviendas, 157 trasteros, 267 plazas de aparcamiento, 51 locales comerciales y un parking público con capacidad para 606 plazas de aparcamiento. Es decir, un total de 1.257 fincas además de las tres registrales resultantes del Proyecto de Reparcelación nº 31.183, 31.184 y 31185.

Esta venta directa al ayuntamiento se hace, al parecer, mediante la fórmula prevista en la ley concursal con asunción por parte del comprador, el Ayuntamiento, del gravamen que pesa sobre los inmuebles (las hipotecas) y que, según el auto al que ha tenido acceso EL MOLINO, asciende a 56.347.655,80 € en favor de Caixabank en tanto que acreedor con crédito privilegiado.

PERO LA REALIDAD ES DISTINTA

Sin embargo, ni en esa promoción hay 176 viviendas ni tampoco 157 trasteros, ni 267 plazas de garaje ni en absoluto hay 51 locales. De la misma forma, tampoco la carga hipotecaria que aparece en el Registro de la Propiedad de San Fernando de Henares en favor de Caixabank y que el auto judicial cifra en 56.347.655,80 €, es cierta en absoluto sino que esa carga hipotecaria en realidad es de 53.999.874,00 €.

Arriba, lo que la propuesta que el pleno municipal votó en diciembre de 2022, y en la que se afirma que el Ayuntamiento se va a subrogar una deuda hipotecaria de PESF con Caixabank de 56.347.655,80 €.

Y, arriba, el cuadro real de los préstamos hipotecarios concedidos por Caja Madrid en 2009 y que figuran en el Registro de la Propiedad. Algunos de los cuales incluso tienen amortizado alguna parte del principal. Como puede comprobarse, también la deuda que dice el ayuntamiento que se va a subrogar y que figura en el Auto judicial, resulta ser absolutamente incierta. 

En esta operación da toda la impresión de que nadie sabe realmente ni lo que venden, ni lo que compran y tampoco lo que se subrogan. Es imposible hallar un caso más calamitoso de falta de rigor y del requisito más elemental cuando se trata de la compra de nada menos que 1.241 inmuebles: la certeza de lo que se compra y se vende y la certeza también de la deuda que se subroga. Todas estas irregularidades harán descarrilar esta operación porque es imposible hallar más disparates e ilegalidades en una transacción inmobiliaria/financiera que, además, se está tratando de llevar a cabo con una administración pública.

¿De dónde saca pues el señor Juez concursal que en la actuación hay levantados 1.257 inmuebles cuando en realidad se trata de 1.241 y alguno de los cuales, además, ya son propiedad del ayuntamiento porque le fueron donados en 2011 sin que el Administrador concursal se enterara de nada? ¿O que el ayuntamiento se va a subrogar 56,3 millones de euros de la carga hipotecaria cuando en realidad se trata de 53,9 millones de euros? En fin, es para alucinar.

Cuesta trabajo y desde luego hay que frotarse los ojos para ver que, tras ocho años para liquidar esta sociedad, ahora resulta que en el Procedimiento Concursal ni siquiera saben cuántos son realmente los activos que pretenden venderle al Ayuntamiento porque no los tienen inventariados. Esto da una muestra del escaso rigor y de la irresponsable alegría con que se ha actuado en este concurso y lo que nos quedará por ver.

DONDE DIJE DIGO DIGO DIEGO...

Pero, el administrador concursal, D. PEDRO BAUTISTA MARTÍN MOLINA (arriba en la foto), viene a decir ahora que, por el contrario, lo que vende son 167 viviendas, 67 locales, 282 plazas de garaje, 119 trasteros y 606 plazas de garaje porque se lo ha "soplado" el Ayuntamiento mediante una ¡modificación del Proyecto de Reparcelación aprobada por la Junta de Gobierno Local el 22 de diciembre de 2011! Es decir, mucho antes del inicio de la declaración del concurso de acreedores que lo fue en enero de 2013.

Asimismo, quiere venderle al Ayuntamiento también las fincas registrales nº 31.183 y 31.184, sobre las que, de acuerdo a la nota simple registral, resulta ser que sobre rasante no hay ni 176 ni 167 viviendas sino 192 viviendas y un número indeterminado de locales comerciales y trasteros.

Por su parte, el señor Administrador concursal asegura que el espacio público de la plaza de España no se halla incluida en la finca 31.183, lo que evidencia que simplemente no la ha leído. Asimismo, dice desconocer también que un local de 1.500 m2 y catorce plazas de garaje ya pertenecían al ayuntamiento por donación de PESF en enero de 2012 valorado en 4,6 millones de euros, pero que el Ayuntamiento habría adquirido por todo el morro. Es decir, sin pagar un euro por él.

CAIXABANK O COMO BENEFICIARSE DE SUS PROPIOS ERRORES

Arriba, el presidente y el consejero delegado de Caixabank, que es la verdadera muñidora de este esperpéntico acuerdo en el que todas las partes implicadas: Ayuntamiento, administrador concursal y Caixabank subrogada en los despropósitos de Caja  Madrid cuando autorizó esta operación financiera aceptando como garantías hipotecarias fincas que contienen bienes demaniales, pretenden todos tapar sus vergüenzas tratando de beneficiarse de sus propios errores a costa de los futuros adquirentes de estos inmuebles y de los acreedores minoritarios, que se quedan fuera de la operación y desprotegidos pues.

Así es el caso del ayuntamiento, que mediante el Proyecto de Reparcelación aprobado con el voto del alcalde CORPA en la Junta de Gobierno Local del 3 de julio de 2009 le regaló la plaza de España a la mercantil PESF para que luego la hipotecara en favor de Caja Madrid, y ahora sin embargo pretende comprarla. O el señor administrador concursal que ni siquiera ha sido capaz de elaborar con rigor un inventario de los activos de la concursada, y se han puesto de acuerdo para, so pretexto del interés del concurso, hacer tabla rasa de sus propios errores incluso beneficiándose de ellos en lo que constituye un bochornos negocio jurídico, absolutamente al margen de toda legalidad. 

Por si fuera poco, el administrador concursal provocó un concurso dentro del concurso haciendo quebrar a la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO DE SAN FERNANDO SA, al adjudicar en condiciones más que sospechosas a una filial de IBERCAJA unos inmuebles localizados en la promoción de la Fábrica de Paños por 5,3 millones de euros, que sin embargo la propia entidad bancaria había tasado en 10 millones unos meses antes. Así se hacen magníficos negocios con los despojos de los activos de la sociedad concursada, al amparo además de la más absoluta opacidad que jamás debió de ser tolerada por los diferentes acreedores y que, en todo caso, deberían de estar denunciados hace tiempo ante la fiscalía.

EL ALCALDE CORPA VENDE ESTA OPERACIÓN AL PLENO (QUE LO ACEPTA MAYORITARIAMENTE) COMO UNA SÍNTESIS DE LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA MÁS ATROZ PARA UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: COMPRAR POR 22 MILLONES LO QUE CUESTA 40

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No es que la cosa sea exactamente así porque el alcalde oculta el monto total de los gastos soportados si es que lo sabe realmente, pero es como fue vendida: el ayuntamiento inmerso en una gran operación especulativa al comprar por 22 millones lo que realmente vale el doble. El sueño de todo especulador que se precie.

En el año 2015 el Administrador concursal recibió la autorización del juez concursal para liquidar la sociedad mercantil PESF, mediante la venta unitaria de todos sus activos y con plena autonomía de decisión. Así, por mecanismos que nunca explicó, recibió la oferta de la compra de todos esos activos por 27 millones de euros por parte de una sociedad instrumental de un fondo de inversión americano denominada PÁCIFICA CAPITAL SL y que Caja Madrid, acreedora privilegiada, aceptó. Sin embargo, unas medidas cautelares del Juzgado de lo Penal número 5 de Coslada pedidas por la fiscalía a raíz de una denuncia de nuestra asociación, advirtieron al Juzgado concursal que todas las transacciones realizadas en esa operación debían de ser anuladas porque entre los bienes que se pretendían vender estaban varios inmuebles que no le pertenecían y otras, como la propia plaza de España que, por su naturaleza, no pueden ser objeto de compra/venta de ninguna clase.

Estas medidas cautelares penales hicieron que PACÍFICA CAPITAL SL se retirara de la operación a pesar de recibir una nueva oferta con rebaja del precio a 21 millones de euros aceptada también por Caja Madrid. Es decir, de las mismas condiciones que ahora ofrecen al ayuntamiento.

Son varias las operaciones intentadas para hacerse con estos activos desde entonces, alguno incluso propiciado en grado de tentativa por la que fuera alcaldesa Catalina que afortunadamente no llegó a buen puerto.

Por su parte, durante el mandato de Corpa desde junio de 2019, tampoco han faltado visitas de emisarios (en algún caso incluso acompañados por concejales que habían cesado unos días antes), interesándose por estos activos. Así como de fondos de inversión e incluso una gestora de cooperativas que gozaban también de las mismas condiciones que ahora le ofrecen al ayuntamiento. 

Desde ese mismo momento, la idea del alcalde Corpa en relación con el desenlace de este endiablado y costosísimo problema respondía a una sola obsesión: la solución le vendría dada en el seno del concurso cuando, apenas unos meses antes, había presentado una moción al pleno para que el ayuntamiento denunciara al administrador concursal e incluso al mismísimo Juez concursal.

En el pleno de 12 de diciembre de 2022 fue presentada la propuesta por el alcalde Corpa, con el convincente argumento de todo especulador que se precie: comprar por 22 lo que se sabe vale 40 millones. Y todo eso gracias a la "magnanimidad" de Caixabank que es que son unos benefactores de tomo y lomo. Y ello , porque, según explica el alcalde Corpa, van a permitir al ayuntamiento hacer el negocio de su vida, recuperar la plaza de España, etc, aunque eso sea a costa de saltarse las medidas cautelares penales y dejar al resto de los acreedores en la estacada.

PERO ¿QUIÉN HA DISEÑADO REALMENTE ESTA DISPARTADA OPERACIÓN? 

Es muy evidente que no ha sido desde el ayuntamiento. Al equipo de gobierno le han presentado todo esto como si fuera una operación realizada para un fondo buitre o por un inversor especulativo y depredador. No de otra forma se entiende que en el expediente administrativo aparezcan documentos y borradores como una Letter of Intent (LOI) a firmar por el alcalde Corpa, tal y como si alguien externo al ayuntamiento y probablemente vinculados a Caixabank, fuera el "cerebrito" de toda esta insultante huida del derecho administrativo. Considerando pues al ayuntamiento (una administración pública) como si fuera un operador inmobiliario sin reglas administrativas a las que atenerse y, por lo mismo, con capacidad de realizar compras al por mayor como un agente a la caza de gangas inmobiliarias y oportunidades de negocios adquiriendo los despojos de las concursos de acreedores, dejando a los minoritarios al pairo e indefensos.

EL ALCALDE CORPA EN MANOS DE LA PRESIDENTA AYUSO PARA CERRAR ESTA OPERACIÓN Y QUE SIN EMBARGO HA DESISTIDO

Si la presidenta Ayuso tuviera en San Fernando de Henares una cosa parecida a un partido, a estas horas debería saber que la Comunidad de Madrid ha de emitir informe previo para autorizar esta operación porque la adquisición a título oneroso por parte del Ayuntamiento de elementos que forman parte del Patrimonio Histórico, cual es el caso, y cuyo valor supera el 1 % de lo recursos ordinarios del Ayuntamiento, requieren el previo informe y/o autorización del órgano directivo de protección del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid. Es más, las propias medidas cautelares penales que el Juzgado de lo Penal número 5 de Coslada dictó, exigen que, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico Español, el administrador concursal deba ofrecer antes esas viviendas protegidas a la Comunidad de Madrid para que ejerza su derecho de tanteo. Pero pierdan toda esperanza los votantes de la señora Ayuso y su partido, porque, lamentablemente y en relación con este caso a la vista de lo que su grupo votó en el pleno, ni siquiera se han molestado en comprobar si la operación cumple todos los requisitos legales que el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales impone. El lamentable desistimiento de la oposición rendida a los cantos especulativos del alcalde Corpa (salvo excepciones honrosas pero inoperantes), decidió renunciar a su función de fiscalizadora de los actos del gobierno municipal para unirse a un nuevo atropello a la legalidad (uno más en el caso plaza de España) que tendremos que remediar una vez más otros. 

La presidenta Ayuso pues no parece que se entere tampoco de mucho porque aquí, en San Fernando de Henares, ocupada en otras urgencias, tiene no obstante unos representantes locales que ni escuchan ni se preocupan mucho por estudiar los asuntos que, como es este caso, exigen que la Comunidad de Madrid tenga que pronunciarse preceptivamente y con carácter previo al acuerdo de esta operación de adquisición a título oneroso de 1.241 inmuebles. Y que, una vez más, ha sido omitida porque aquí todos los atajos legales son siempre bienvenidos y una constante en el caso plaza de España. 

Y así se consume mandato tras mandato este asunto respecto del cual todos los partidos tienen soluciones mágicas durante la campaña electoral (lo veremos en las próximas elecciones), pero nadie, ninguno de ellos, es capaz de explicar cómo lo hará sencillamente porque no lo saben. Y, por ello, prefieren hacer dejación de sus competencias (como es el caso del alcalde Corpa) y esperar a que venga un juez que se lo dé hecho. ¡Pues en ese caso vamos todos apañados!

EL ICO: ESA "ONG" PUESTA POR SÁNCHEZ AL SERVICIO DE CORPA

No es que nosotros lo creamos, pero es la martingala con que desde el Ayuntamiento (y su gabinete de prensa, propaganda e intoxicación) se nos bombardea sobre este asunto. El Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía, estaría dispuesto a hacerse cargo de la deuda de PESF con Caixabank firmando un crédito con el ayuntamiento para acogerse al denominado  Fondo de Financiación de las Entidades Locales. Así se expresa en la propuesta del alcalde y que el pleno aprobó.

Por su parte, la Carta de Intenciones que Caixabank ha hecho firmar al alcalde Corpa contiene varias curiosas condiciones y datos reveladores.

Que la operación del crédito de 21,5 millones de euros objeto de refinanciación (y de renombramiento tras la subrogación), está dentro de los límites del 110 % de los ingresos de liquidados del ayuntamiento (máximo que permite la ley de Hacienda Local para endeudarse a las administraciones locales). Esto es al menos lo que dicen ayuntamiento y Caixabank.

Sin embargo, según lo publicado por el Ministerio de Hacienda muy recientemente, revela que la deuda viva del ayuntamiento de San Fernando de Henares según la base de datos del CIRBE del Banco de España a 31 de diciembre de 2021 es de 84 millones de euros. Es decir, con el alcalde Corpa, la deuda se ha disparado llegando incluso a representar el 186 % de los recurso ordinarios del Ayuntamiento en su Presupuesto del mismo año.

Gráfico de la deuda viva del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2021 según el Ministerio de Hacienda y el CIRBE del Banco de España

La deuda viva del Ayuntamiento según el Ministerio de Hacienda extraída de la Central de Información del Riesgo del Banco de España, es de 83.947.000 € a 31 de diciembre de 2021. Es decir, el 186 % de los recursos ordinarios del ayuntamiento en sus Presupuestos de 2023 o una deuda por habitante de más de 2.200 €. Y por lo mismo, muy por encima de lo que Ley de Hacienda Local permite.

Seguiremos informando no obstante sobre este asunto en las próximas entradas porque promete traer grandes sorpresas.

MÁS MADERA QUE ES LA GUERRA

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EL SISTEMA SE CAE Y SIEMBRA EL CAOS

Durante varias semanas, el nuevo y flamante sistema de registro y admisión de documentos que se está implantando por parte de una empresa adjudicataria del contrato, ha provocado el caos en la recepción y registro de documentos porque el sistema informático se cayó y no era posible registrar ningún documento. Y, lo más, grave, no se había previsto un sistema auxiliar que paliara la paralización del registro de documentos de entrada y de salida aunque fuera a mano. Todo paralizado y el registro de documentos cerrado a cal y canto, viéndose obligada mucha gente a posponer el registro de sus documentos o con esperas interminables (con los problemas de plazos que pueden surgir) o bien a acudir a los registros de otras administraciones e incluso a Correos. En un Ayuntamiento donde desaparecen como por ensalmo numerosos archivos y expedientes (¡si lo sabremos nosotros!) y no existe ni uno solo de ellos digitalizado, ahora hay problemas para registrar escritos, instancias y otros documentos porque el sistema ha permanecido caído durante varios días. Doble contra sencillo a que muchos de esos documentos ingresados por los usuarios como han podido y como alternativa, tendrán que repetir su registro. Es lo que tiene comenzar la casa por el tejado.

LA PALMARIA PRUEBA DE UNA TOMADURA DE PELO

El ayuntamiento del alcalde Corpa ha querido hacer un alarde de transparencia sobre el asunto de la línea del Metro y ha procedido a colgar las actas levantadas de las reuniones sobre este tema. No se encontrará sin embargo información ni siquiera de muchas de las actas del propio ayuntamiento colgadas de la web de transparencia, pero se tiene mucho interés en que este asunto del Metro sea ampliamente conocido aunque luego no cumplan ni con el 70 % del resto de sus obligaciones sobre transparencia.

Pero este alarde de pretendida transparencia ha puesto negro sobre blanco en lo que ya sospechábamos: la utilización de los nombramientos de los cargos municipales de confianza en manifiesto fraude de ley.

Arriba podemos ver que quien firma el acta sobre el asunto del Metro en representación del ayuntamiento es el cargo de confianzas política D. Daniel Morcillo Álvarez, y que lo hace como Coordinador del Área de Urbanismo (circulado en rojo).

Sin embargo, como se dice, se trata de un cargo de confianza política cuyo nombramiento fue impugnado por el grupo municipal popular con el resultado de su estimación: estos cargos de confianza no pueden ocupar los puestos de coordinación que están reservados a funcionarios. Pero, ganado pues el recurso y para eludir el cumplimiento de la sentencia, hicieron una maniobra tramposa: convertirlos a todos en "asesores" en lugar de "coordinadores". De esta forma y en patente fraude de ley, consiguieron eludir (así lo justificaron además desde el departamento de prensa, propaganda e intoxicación) el cumplimiento de la sentencia. O, lo que es lo mismo, milagrosamente ya no eran "coordinadores" sino "asesores".

Bueno, pues como puede verse por el reciente acta firmada y colgada en la web sobre el asunto del Metro, el "asesor" D. Daniel Morcillo ya no es tal sino que ahora firma como "coordinador". Es decir, justo lo que la sentencia de lo contencioso promovida por el grupo popular proscribe.

Para estos gobernantes y sus acólitos que creen que nos estamos chupando el dedo, una advertencia: este tipo de maniobras revelan lo tramposos que son y, sobre todo, el desprecio que tienen por la legalidad y el escaso respeto por los administrados. Pero todos sabemos que este cargo de confianza política ni es "asesor" ni es tampoco "coordinador", sino el verdadero director del área de urbanismo que el propio alcalde Corpa exigió a IU que fuera cubierto cuando estaba en la oposición en 2011, por promoción interna de funcionarios. Pero eso era cuando estaba en la oposición, ahora que está en el gobierno le basta con perpetrar estos fraudes de ley que sin embargo el celo en publicitar el caso del Metro ha permitido descubrir el engaño por la propia mano del interesado.

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