Pero esta que ha dictado las sección 20 de lo civil de la AP de Madrid y cuyo fallo confirma otra del Juzgado número 5 de Coslada, ha puesto de manifiesto el formidable desmadre en que incurrieron los administradores de PESF SL hasta el último momento; hasta que la sociedad quedó bajo la tutela judicial a resultas de la declaración del concurso de acreedores.
Esta nueva carga económica a la que tiene que hacer frente el Ayuntamiento trae tras de sí una rocambolesca y escandalosa peripecia, cuyo resultado final es de nuevo resuelto por el indignante corolario de los demás estropicios: paga el pueblo; paga el Ayuntamiento y por lo tanto pagamos todos sin que haya nadie que exija la responsabilidad correspondiente de quienes con sus decisiones y acuerdos provocaron estas situaciones de claro quebranto al erario público municipal. Precisamente por eso, resulta más bochornoso e incluso sarcástico que dos concejales de la oposición se autoproclamen "defensores del erario público", y sin rubor alguno se presten a dar cobertura política e incluso se hagan representar por quienes al fin y al cabo han tenido un protagonismo directo en la perpetración de estos hechos, que impepinablemente acaban todos siendo pagados por la Corporación.
UNOS CONTRATOS QUE SABÍAN NO PODÍA CUMPLIR PESF SL
Corría el mes de abril de 2012 y ya todos sabían que PESF SL no podía pagar a sus proveedores y mucho menos a las empresas constructoras que acumulaban decenas de pagarés librados por PESF SL contra las certificaciones de obra, que resultaron luego impagados y sin visos de poder cobrarlos ya nunca puesto que PESF SL ya había dispuesto del límite de todos los préstamos hipotecarios. En esa situación, las empresas constructoras no solo habían decidido parar las obras sino también iniciar los correspondientes procedimientos judiciales cambiarios contra PESF SL pidiendo además los embargos pertinentes de sus bienes y derechos. Naturalmente, las aceras de las calles adyacentes estaban todas levantadas y valladas de forma que su paso era intransitable. Lo cual podía ser un escándalo político más, de forma que en el equipo de gobierno trataron urgentemente de mitigar y ocultar como fuera.
Para ello y en estas condiciones, por la entonces flamante nueva concejala de urbanismo LAURA BEDOYA fue dictada una orden de ejecución contra PESF SL para que repusiera el estado de las aceras y bordillos, tanto de la calle Gonzalo de Córdoba como de la calle Coslada. Esta orden de ejecución fue aprovechada por el entonces aún consejero delegado de PESF SL, JOAQUÍN MARTÍNEZ, para firmar varios contratos para la reposición de las aceras. Eso sí, a sabiendas de que a esa fecha (junio de 2012), PESF SL no tenía posibilidad alguna de pagar a las empresas que estaba contratando pues unos días después solicitó acogerse al concurso de acreedores.
El primer contrato lo firmó pues D. JOAQUÍN precisamente con MORASIERRA SOLADOS SL, la misma empresa que aparentemente ha sido la constructora del edificio de la calle la Huerta 115. La relación entre esta empresa y D. VICTORIANO CUESTA es muy estrecha desde luego. Ese contrato firmado en abril de 2012 fijaba el importe de las obras inicialmente en 58.341 €. Sin embargo, fue luego en el mes de junio del mismo año cuando también D. JOAQUÍN MARTÍNEZ firmaba un nuevo contrato pero en este caso con CARFER 1959 SL propiedad de D. VICTORIANO CUESTA, para la reposición de las mismas aceras e incluso ampliado a la peatonalización de la calle Gonzalo de Córdoba. Todo ello por el precio de 265.000 € que sin embargo fue completada con otras dos certificaciones más de 54.227 y 9.939 €.
Sin embargo, el principal escollo provino de la negativa de los proveedores de materiales a suministrar nada para esta obra, puesto que eran conocedores de la situación de insolvencia de PESF SL. Se negaron pues a suministrarle material alguno si no pagaba en el momento del suministro, cosa naturalmente imposible dada la falta absoluta de liquidez de PESF SL en aquellas fechas. Solo encontraron a la empresa SERDYCOGRAMA, que finalmente fue quien suministró los materiales (adoquines, bordillos, losetas, etc.) y aceptó el pago mediante un pagaré a 90 días. Aunque no tardó mucho en enterarse el responsable de SERDYCOGRAMA de la situación de insolvencia de PESF SL, razón por la cual se negó a suministrar el material si no se hacía cargo de la deuda el Ayuntamiento en caso de que PESF SL no pagara. De forma tal pues que exigió la firma del contrato de suministro de algún responsable municipal. Y fue precisamente la entonces asesora del equipo de gobierno y también secretaria del consejo de administración de PESF SL, Dª CARMEN CRIADO, la que estampó su firma en nombre de la Corporación municipal en el presupuesto/contrato, contrayendo con ello una obligación económica el Ayuntamiento para la que no solo no había crédito presupuestario alguno, sino tampoco expediente de contratación de ninguna clase. Pero lo más grave no obstante era que la asesora del equipo de gobierno carecía de facultad alguna para firmar, en nombre del Ayuntamiento, contrato alguno y mucho menos contraer obligaciones económicas en su nombre.
Llegado el momento noventa días después, obviamente PESF SL no pagó al proveedor del material quien se vio obligado a demandar al Ayuntamiento por la vía civil exigiendo el pago de los 119.464 € en sustitución de PESF SL. Y que era lo que había comprometido precisamente la asesora jurídica del equipo de gobierno, Carmen CRIADO. Eso sí, aun cuando carecía de facultades de ningún género para hacerlo.
Se celebró pues el juicio civil en el Juzgado de Instrucción número 5 de Coslada y su desarrollo fue antológico. Comparecieron en él como testigos precisamente todos sus protagonistas: D. JOAQUÍN MARTÍNEZ, Dª LAURA BEDOYA, D. VICTORIANO CUESTA y Dª CARMEN CRIADO. Esta última fue preguntada si reconocía su firma en el documento del presupuesto/contrato, a lo que contestó que sí pero que la antefirma en la que figuraba EL AYUNTAMIENTO había sido añadido al documento y por lo tanto - dijo - había sido manipulado. De manera que el Juez declaró el juicio visto para sentencia no obstante lo cual y ante la sorprendente manifestación de la señora CRIADO, decidió antes remitir el asunto a la Fiscalía.
Y fue el día tres de junio de 2016 cuando el titular del Juzgado número 5 de Coslada dictó sentencia en virtud de la cual condenaba al Ayuntamiento al pago de los 119.464 € a la empresa SERDYCOGRAMA, que había suministrado el material para la reposición de las aceras y la peatonalización de la calle Gonzalo de Córdoba. Sentencia apelada por el Ayuntamiento no obstante y ya en su nueva composición, pero perdida igualmente en el Audiencia provincial con condena en costas incluso.
Y otra de las cuestiones inquietantes sobre estas obras endosadas a PESF SL a pesar de hallarse las mismas fuera del ámbito de la UE-1 y en absoluto previstas en el proyecto de edificación, es la formidable acumulación de contratos y certificaciones que tienen por protagonistas a tres empresas: CARFER 1959 SL, MORASIERRA SOLADOS SL y SERDYCOGRAMA. A lo que hay que sumar una cesión parcial de estos créditos realizados por CARFER 1959 SL en favor de D. JOSÉ RAMÓN SALDAÑA MORENO por importe de 144.746 € por, al parecer, un préstamo que dicho señor le había hecho a D. VICTORIANO CUESTA. Se trata, además del administrador de SERDYCOGRAMA y para nuestro asombro, aunque esta cesión parcial es del crédito de 265.000 € que CARFER 1959 SL tiene respecto de PESF SL, sin embargo en el concurso de acreedores la empresa de D. VICTORIANO CUESTA aparece no obstante con este crédito reconocido en su totalidad, cuando es patente que parte de él lo había cedido incluso ante notario al dueño de SERDYCOGRAMA SL. En otras palabras, que estos créditos que figuran en el pasivo del concurso de acreedores están claramente duplicados sin que nadie, absolutamente nadie, haga nada por depurar la responsabilidad a que haya lugar. Y desde luego no es el único caso pues hay otra media docena más en las mismas circunstancias y de lo que hablaremos en otra ocasión.
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Después de ver todo esto resulta patético y hasta grotesco que dos concejales de la oposición se presten sin más a dar cobertura a todas estas inexplicadas irregularidades, que han protagonizado los dos administradores de hecho de PESF SL, D. VICTORIANO CUESTA y Dª CARMEN CRIADO. Y en este último caso incluso la designen como letrada suya para los incidentes que han planteado en el concurso de acreedores. O en sus iniciativas ante el pleno siguiendo siempre la estela que les marca la ex secretaria del consejo de administración de PESF SL.
Y desde luego es incomprensible que quienes dicen tener por misión la "defensa del erario público", no solo se presten al juego de dar cobertura política a disparatadas iniciativas que se estrellan una y otra vez contra la tozuda realidad judicial, sino que además la designen como su dirección técnica letrada. A quien precisamente con este tipo de actuaciones con PESF SL ha acabado causando al Ayuntamiento un quebranto de 119.464 € por plantar su firma en un presupuesto/contrato, a sabiendas de que carecía por completo de facultades para comprometer ni un solo euro en nombre del Ayuntamiento.
Este es pues el panorama de nuestra Corporación, donde dos concejales de la oposición y por razones que solo ellos sabrán, designan para que los represente y dirija en la "defensa del erario público", a quien precisamente acabó por provocar con todas estas maniobras inextricables un quebranto a las arcas municipales de 119.464 €. Nunca saldremos de este marasmo no obstante, pues ni el resto de la oposición ni tampoco el equipo de gobierno parecen darse por enterados de este y otros embrollos que inevitablemente acabará pagando el Ayuntamiento. Hasta que tenga que declararse también en suspensión de pagos, claro.
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