CONTRA EL EXPOLIO (I)

SE CONFIRMA, LAS APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO AL CAPITAL SOCIAL DE PESF SL ERAN TOTALMENTE FICTICIAS

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UN INFORME DEL JEFE DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE URBANISMO PONE NEGRO SOBRE BLANCO: LOS PROPIETARIOS, MEDIANTE EL PACTO SOCIETARIO, CONSEGUÍAN CAPITALIZAR EL 82 % DE LOS APROVECHAMIENTOS DE LA ACTUACIÓN EN LUGAR DEL 51 %. EL AYUNTAMIENTO SOLO SE QUEDABA CON EL 18 % Y CON ESO TENÍA QUE FINANCIAR TODA LA OPERACIÓN 

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EL ACTUAL EQUIPO DE GOBIERNO QUE CONOCE ESE INFORME EMITIDO EN 2014, NO LO HA ENTREGADO AL JUEZ DEL JUZGADO 5 DE COSLADA

ESCLARECEDOR Y CONTUNDENTE INFORME DEL ARQUITECTO JEFE DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE URBANISMO, QUE EL EQUIPO DE GOBIERNO OCULTA AL JUZGADO Y A LA OPINIÓN PÚBLICA
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Los plenos se han convertido últimamente en un campo de batalla embarrado con cruce de acusaciones entre gobierno y oposición, reprobaciones de cargos de confianza política nombrados con posible desvío de poder, y otras broncas y reproches mutuos. Muchas mociones inútiles, palpables tensiones subterráneas y nulos acuerdos y resoluciones de calado. El pleno municipal se ha convertido en un teatro (por algo se representa en el García Lorca), donde los grupos escenifican su puesta en escena de antagonismos insalvables. Lo curioso es que estas broncas con el Equipo de Gobierno las mantienen los grupos de la oposición (PSOE e IU) que fueron quienes los votaron. También se producen réplicas esperpénticas por parte del Equipo de gobierno o de su alcaldesa, como su arrogante afirmación en un pleno reciente de que ellos en seis meses habían hecho más que todos los gobiernos en treinta y cinco años anteriores. Así, sin abuela. Hay desde luego que ser muy arrogante para decir esto. Y el correlato más visible y desconcertante es que a las acusaciones y al acorralamiento de la oposición en el cuerpo a cuerpo de los plenos (especialmente como decimos por parte del tándem PSOE - IU precisamente socios de gobierno entre 2007- 2011), es sin embargo contestada por la alcaldesa y el equipo de gobierno en forma de denuncia selectiva en los juzgados con foto y convocatoria de medios incluidas, como remedo y emulación mala del campo de batalla en que se han convertido la política a nivel nacional.

Pero hace muy poco entre las balbucientes explicaciones que dio la alcaldesa (que da la sensación de que habla de oídas en muchas cosas) y que se reserva para su turno de cierre, lanzó la amenaza de una revisión de la situación procesal del Ayuntamiento en las causas penales abiertas en las que está personado, cambiando la de posible responsable civil subsidiario por la de acusación. Así lo dijo. Como si esa situación procesal en una causa penal dependiera de la voluntad de las partes y no de reglas procesales tasadas y, en todo caso, administradas por los jueces. Y efectivamente, cumpliendo con esa premisa y al perecer siguiendo pautas marcadas por el nuevo jurista y flamante fichaje que al parecer ha sido cocinero antes que fraile (juez y fiscal nada menos antes que letrado del Ayuntamieto y cuya contratación también cuestiona la oposición), intentaron personarse de nuevo en el Juzgado 5, pero ahora como acusación. Sin embargo el juez les ha dado con la puerta en las narices y no ha autorizado eso. Solo admite que el Ayuntamiento esté personado en la causa pero como responsable civil. Sostiene pues el señor Juez que el Ayuntamiento no es el perjudicado en ese caso, sino que como socio dominante de la sociedad y dado que no puede ser imputado penalmente, sin embargo sí puede ser responsable civilmente. Así pues, al menos en la causa del Juzgado 5 el Ayuntamiento no podrá ejercer el papel de acusador que la alcaldesa anunciara a bombo y platillo en el pleno reciente.

Finalmente sin embargo, el Ayuntamiento en esta causa y por lo que ha podido conocer EL MOLINO, ha recurrido el Auto de transformación en Procedimiento Abreviado, se opone al cierre de la instrucción, y pretende además y tras cinco años de instrucción a estas alturas y cuando el juez la da por cerrada y el Ayuntamiento lleva casi otros tantos de personación en la misma, ampliar las imputaciones ahora precisamente a la entonces directora del área de urbanismo Ana GONZÁLEZ, a Carmen CRIADO, a toda la dirección facultativa completa de las obras, así como solo a una de las empresas constructoras cuando es bien sabido que las obras han sido ejecutadas por dos empresas. Precisamente contra la empresa a la que el propio Ayuntamiento debe el dinero del Museo de la Ciudad y mantiene un contencioso contra la propia corporación. Así funciona la nueva y sorprendente forma de enfocar los asuntos judiciales por parte del nuevo núcleo duro jurídico municipal.

EL FRAUDE DE LAS APORTACIONES NO DINERARIAS DEL AYUNTAMIENTO

Sin embargo, el escrito de impugnación del Auto de transformación presentado por el Ayuntamiento el mes pasado y al que ha tenido acceso EL MOLINO, hace una pirueta y basa su alegato en una serie de supuestos fácticos que están contenidos en un informe emitido en febrero de 2014 por el Jefe de los Servicios Técnicos que no citan pero reproducen muy parcialmente y de forma sesgada. Solo algunos de los pasajes cuidadosamente seleccionados. Pero curiosamente el Ayuntamiento, su nuevo y flamante representación procesal, no aporta el informe de 17 páginas de febrero de 2014 que no tiene desperdicio alguno. Tampoco lo cita como se dice; solo reproduce algunos párrafos. Y eso que concluye dicho informe con un resumen de lo que se sostiene en la propia causa y el juez ha investigado: que las aportaciones no dinerarias realizadas por el Ayuntamiento al capital social de la sociedad mixta PESF SL fueron un fraude en toda regla. ¿Por qué no aporta pues el Equipo de gobierno este contundente y clarificador informe al Juez?

Todo puede tener una explicación y desde luego el informe pone en cuestión muchas cosas. Empezando por el propio Ayuntamiento. Así, por ejemplo, asegura que el aprovechamiento real comprometido con los propietarios tal y como se diseñó y acordó la operación por el pleno no era del 51 % según los estatutos y el acuerdo societario, sino del 76,22 %. Quedando inicialmente para el Ayuntamiento solo el 23,78 % con el que además debía de asumir los costes de toda la operación. Y esto como se dice en su constitución, porque más abrumador fue luego el desequilibrio tras la ampliación pues - asegura el Jefe de los Servicios Técnicos del Área de Urbanismo -, que tras la ampliación de capital los propietarios pasaban a obtener nada menos que el 82,74 % de todo lo construido, mientras que la empresa promotora PESF SL (es decir, el Ayuntamiento) solo se quedaba con el 17,26 %. Y con ese exiguo porcentaje del aprovechamiento lucrativo era con el que tenía que financiar toda la actuación. Proporción esta que la hacía totalmente "...inviable económicamente. Ni en San Fernando ni en ninguna otra parte del mundo", concluye el informe. En definitiva, que el pacto societario que aprobó el pleno municipal el 28 de mayo de 2008 era un camelo inviable económicamente, y que del mismo los propietarios iban a obtener realmente el 82,74 % y no el 51 % como figuraba en los convenios. Así de claro y contundente.

El mismo informe contiene, además, otras muchas afirmaciones contundentes y claras también y por fin nos congratulamos de que estén plasmadas en un documento oficial, pues la mayor parte de las cuestiones que se dicen en el mismo se corresponden totalmente con lo denunciado por nosotros en el juzgado. Así, se afirma que 40 plazas de aparcamiento han sido construidas fuera de la propiedad de PESF SL y que hay otras 22 que lo han sido parcialmente también en suelo público. Que el Plan Especial no ha entrado en vigor aún porque no ha sido publicado (lo cual significa que las licencias son nulas). Que las construcciones de las calles Gonzalo Córdoba 14 y Coslada 9, no estaban fuera de ordenación como se les hizo creer a los afectados, sino fuera de ordenanza que no es en absoluto lo mismo. Que no son ciertas las aportaciones supuestamente hechas por el Ayuntamiento al capital social de la urbanización ni de la concesión para la urbanización. Que la plaza de España es un sistema general verde y como tal estaba al servicio de todo el municipio y no de la unidad UE-1. Que la carga de urbanización que ha tenido que soportar PESF SL no le correspondía por esa razón y porque así lo dice la Ficha Urbanística (esta carga ha sido de 2,4 millones de euros). Y que el Ayuntamiento no realizó tampoco aportación alguna en la ampliación de capital puesto que el 10 % de aprovechamiento es inexistente para los casos de la gestión por expropiación, y que, de la misma forma, no es cierto que el Ayuntamiento aportara 8.266 m2 del aparcamiento subterráneo puesto que esos aprovechamientos ya pertenecían a la sociedad a resultas precisamente de la aportación de la plaza de España.

PERO ENTONCES ¿POR QUÉ EL EQUIPO DE GOBIERNO OCULTA AL JUEZ LA EXISTENCIA DE ESTE INFORME?

La contundencia del informe tiene la virtualidad de que, además de poner negro sobre blanco en una operación urbanística cuya ejecución bien puede calificarse de auténtica y lamentable chapuza, delimita sin embargo los contornos de los ilícitos de forma precisa y hace residenciar toda la responsabilidad en los agentes que han intervenido en la operación, y muy singularmente en el propio Ayuntamiento. Quien ha podido incurrir en un verdadero despliegue de funcionamiento totalmente irregular y anormal, pues hay todo un cúmulo de atrocidades aberrantes lo que lo hacen merecedor inequívoco de verdaderas responsabilidades patrimoniales. Y ello sin perder de vista que, de acuerdo con las conclusiones de dicho informe, todo ha sido un formidable engaño pues toda la gente suponía que los retornos a los propietarios representaba el 51 %, cuando en realidad finalmente lo acordado representa el 82,74 %. Dejando además a la propia sociedad y por extensión al Ayuntamiento como socio dominante, a los pies de los caballos, por cuanto que sólo disponía del resto para financiar todo el coste de la operación. Es decir, el 17,16 % del aprovechamiento restante.

Este informe emitido como se dice en febrero de 2014, revela que toda la operación de aportaciones al capital social realizadas por el Ayuntamiento fue pura filfa, y que esas aportaciones no existieron de verdad sino que fueron totalmente virtuales. Razón por la cual puede haberse dado un auténtico engaño perpetrado por la propia corporación, especialmente frente a terceros proveedores y contratistas, ya que el capital social de PESF SL era en más de su mitad absolutamente ficticio e irrealizable. Es decir, hay una grave responsabilidad en todo esto del propio Ayuntamiento. Es probable pues que sea esta la razón por la cual el Equipo de gobierno lo oculta al Juez.

Y otra de las causas por las que la alcaldesa y su guardia de corps de juristas que la rodean ocultan este informe al Juez, puede deberse precisamente al hecho de que tanto ella misma como su asesor nombrado ahora cargo de confianza, fueron los firmantes de la primera denuncia presentada en los juzgados por SAN FERNANDO DE HENARES SÍ PUEDE unos días antes de las elecciones. Ella como denunciante en nombre del partido, y el abogado como dirección letrada. En virtud de lo cual encadenaban todos, alcaldesa, partido y abogado ahora asesor jurídico del Ayuntamiento, su suerte a la de algunos de los propietarios afectados también firmantes de la misma denuncia, que obviamente ahora tienen intereses contrapuestos a los del Ayuntamiento contra el que van subsidiariamente. Con todo lo que eso supone por cuanto que hay creada una situación de muy evidente y peligroso conflicto de intereses de las propias partes y el Ayuntamiento, que están tratando de paliar no obstante ahora mediante renuncias de los letrados que se están tramitando en esas causas. Entre otras en la del Juzgado 5 precisamente, donde se han personado las antiguas compañeras de denuncia pero con una nueva dirección letrada. Lo cual sin embargo no impide una clara causa de incompatibilidad que contamina y compromete la posición procesal del propio Ayuntamiento, de la alcaldesa y de su asesor jurídico y en la denuncia abogado de los denunciantes (incluido el propio partido SAN FERNANDO DE HENARES SÍ PUEDE), que la oposición debe exigir esclarecer. Así están las cosas de momento.

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CONTRA EL EXPOLIO DE PLAZA DE ESPAÑA

Hemos iniciado las actuaciones necesarias para ejercer la ACCIÓN VECINAL SUSTITUTORIA y obtener para el Ayuntamiento la RECUPERACIÓN POSESORIA de una serie de bienes que hoy figuran ilícitamente como propiedades de PESF SL, y que el señor Administrador concursal no puede bajo ningún concepto transmitir a nadie por tratarse de bienes y elementos de dominio y uso público que por su naturaleza jurídica están fuera del comercio de las cosas. El AC ya hace tiempo que conoce esta situación. Y no solo no puede transmitir estos inmuebles a fondo inversor alguno, sino que está obligado a restituirlos a sus legítimos dueños: el pueblo de San Fernando.

Aunque en los próximos días explicaremos más detalladamente en qué consiste la ACCIÓN VECINAL SUSTITUTORIA y en qué nos basamos para ejercerla, anticiparemos aquí solo algunos de los inmuebles que la AC no puede transmitir ni tampoco el Juez de lo Mercantil adjudicar:

Todas las partes implicadas están notificadas de que, como Asociación, estamos ejerciendo la ACCIÓN VECINAL SUSTITUTORIA que reconoce el artículo 68.2 de la LBRL, desde mediados del mes de septiembre de 2015. Así pues todos, Ayuntamiento, Administrador concursal y el propio fondo inversor, están debidamente advertidos. No renunciamos a ninguna acción y a ninguna jurisdicción para evitar que por acción o por omisión se lleve a cabo este auténtico expolio a nuestro patrimonio municipal y cultural, que no debemos permitir y que trataremos de evitar. 

Estos son algunos de los bienes que el AC no puede transmitir a nadie y que le estamos reclamanado para que sean devueltos al pueblo, que actualmente figuran a nombre de PESF SL y que sin embargo son propiedad del Ayuntamiento.

606 plazas de aparcamiento construidas bajo la plaza de España en suelo público porque no ha sido desfectado. De éstas, 40 ha sido construidas además fuera de la propiedad de PESF SL y por lo tanto en suelo público, y otras 22 lo han sido parcialmente. El AC no puede transmitir pues estos inmuebles a nadie y debe devolver al municipio ese suelo público porque es de propiedad municipal e inseparable de la plaza mientras no se desmaterialice y desafecte.

2.451 m2 de espacios interbloques de cesión obligatoria al Ayuntamiento, que han sido privatizados como espacios privativos. Esto va contra las prescripciones del PGOU. Y ha sido posible este atropello porque en julio de 2009 y diciembre de 2011 así fue aprobado en el Proyecto de Reparcelación por la entonces Junta Local de gobierno (IU y PSOE). Curiosamente estos Proyectos que adjudican ilegalmente esos espacios a futuras comunidades de propietarios, fueron aprobados en su día tanto por el actual portavoz del grupo municipal socialista JAVIER CORPA (sesiones de 3 y 29 de julio de 2009), como por JAVIER BLANCO, exportavoz de IU (sesión de 22 de diciembre de 2011). Ahora ambos se rasgan las vestiduras contra esta operación "especulativa" y onerosa, y claman porque la propuesta del fondo hace referencia a "vías públicas". Pues bien, 2.451 m2 de vías públicas de cesión obligatoria al Ayuntamiento según el PGOU, fueron privatizadas en esas sesiones de la entonces Junta Local de Gobierno, al aprobar el Proyecto de Reparcelación.

Sin embargo nuestra Asociación no pudo alegar nada a estas operaciones en su día, porque fue omitido el trámite de información pública de todos esos acuerdos. Ninguno de ellos fue sometido a información pública, incumpliendo así la ley de suelo.

Local de 1.599 m2 y catorce plazas de garaje en los números 14 y 16 de Gonzalo de Córdoba, destinados a la Seguridad Social pero cedidos mediante escritura pública al Ayuntamiento el 29 de diciembre de 2011, y aceptados por la corporación el 26 de enero de 2012. Estos inmuebles pertenecen, mientras no sean anulados esos actos y acuerdos, al Ayuntamiento. Curiosamente el AC asegura en sus informes entregados al juzgado, que no había detectado enajenaciones o donaciones realizadas por PESF SL durante los dos años anteriores al concurso (enero de 2013). Pues aquí lo tiene señor administrador. Y además ahora no puede vender a nadie estos inmuebles porque ya no pertenecen a PESF SL sino que son del Ayuntamiento.

Al menos 36 de las viviendas del conjunto histórico de la plaza de España están declaradas BIC y por esa razón no pueden ser transmitidas a nadie sin antes ofrecerlas a la Dirección General de Patrimonio Histórico, para que pueda ejercer en su caso el derecho de tanteo. Si en el Ayuntamiento tuviéramos a representantes audaces y con la cabeza ocupada en algo más que los aspavientos electoreros, deberían ir corriendo a la Comunidad de Madrid y proponerle a CIFUENTES ejercer conjuntamente el derecho de tanteo sobre estos inmuebles. Porque la oferta del fondo lo ha puesto a huevo. Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad conseguirían desmontar la operación y de paso hacer un buen negocio.

Y por supuesto es absolutamente inadmisible (e ilegal) que nadie trafique con un bien demanial municipal obtenido a raíz de las desamortizaciones iniciadas por la ley de doce de mayo de 1865 (fecha desde la que San Fernando perdió su título de Real Sitio), y posteriormente adjudicado al Ayuntamiento constitucional (constituido en 1835). Estos bienes pasaron a ser propiedad municipal por ministerio de la Ley de 19 de diciembre de 1869. 


Ya entonces el Código Civil aprobado por aquellas mismas fechas, calificaba como de dominio público las plazas y las calles de los pueblos y ciudades. Es una verdadera vergüenza que el Ayuntamiento no haya rescatado la titularidad de este espacio público tras todos estos años perdidos, hasta el punto de no evitar que sea ahora transmitida con el paquete de otras activos de la sociedad. Y mucho más si tenemos en cuenta que quien tenía el título, ilegal pero título, era precisamente PESF SL. Es decir, una sociedad que al igual que el Ayuntamiento, estaba presidida por el propio alcalde y administrada por los propios corporativos. 

Estos son pues de momento los inmuebles y activos de PESF SL de los que el AC no puede disponer. Que le estamos reclamando los devuelva al pueblo, y que trataremos por todos los medios de impedir que los venda. Sin descartar absolutamente ninguna acción.