 |
| ACUERDO DE LA ACTUAL JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR EL QUE APRUEBAN INICIALMENTE UNA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR SUP I 2 (PROPIEDAD DE TRADISA). UNOS MESES ANTES, CONCRETAMENTE EN AGOSTO, EL ACTUAL CONCEJAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (URBANISMO) ORDENÓ PUBLICAR EL PLAN PARCIAL DE ESTE SECTOR. |
 |
| ESTE SECTOR DEL POLÍGONO INDUSTRIAL SE LEVANTA SEGÚN EL PGOU VIGENTE, SOBRE LO QUE EL ANTERIOR CLASIFICABA CONO SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO DE INTERÉS PAISAJÍSTICO |
 |
| A PESAR DE TRATARSE DE SUELO NO URBANIZABLE Y PROTEGIDO, SOBRE ÉL FUE LEVANTADO UN COMPLEJO INDUSTRIAL DE 20.000 M2 Y UNA CAMPA DE VEHÍCULOS DE 200.000 M2, SOBRE UNA FINCA DE 600.000 M2 PROPIEDAD DE TRADISA. ESTAS INSTALACIONES CONTABAN CON LICENCIAS MUNICIPALES QUE SIN EMBARGO LUEGO FUERON ANULADAS POR LOS TRIBUNALES A INSTANCIA NUESTRA. |
 |
| LAS LICENCIAS ERAN ILEGALES CLARO ESTÁ, PERO TRADISA FUE MUY GENEROSA CON EL AYUNTAMIENTO PUES REGALÓ UNA AMBULANCIA A LA AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. |
 |
| TAMBIÉN PATROCINÓ GENEROSAMENTE EVENTOS COMO LAS FIESTAS NAVIDEÑAS ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA DE CULTURA. |
 |
| MIENTRAS TODO ESTO SUCEDÍA, NUESTRA ASOCIACIÓN ACUDIÓ A LOS TRIBUNALES PARA ANULAR LAS LICENCIAS ILEGALES OTORGADAS POR EL AYUNTAMIENTO. COSA QUE FINALMENTE CONSEGUIMOS. TODAS LAS LICENCIAS FUERON ANULADAS POR EL TSJM EN EL AÑO 2006. FUERON NECESARIOS CASI DIEZ AÑOS. ESTA SENTENCIA NUNCA LA EJECUTÓ NO OBSTANTE EL ANTERIOR EQUIPO DE GOBIERNO. |
 |
| TRADISA FORMA PARTE DE UN IMPERIO ECONÓMICO CON SEDE EN BARCELONA LEVANTADO POR D. ANTONIO GUIRAL GUARGA YA FALLECIDO. HOY, ESE IMPERIO LO ADMINISTRA SU HIJA CRISTINA GUIRAL DEL POZO A TRAVÉS DE ÁGORA INVEST SA. EL FUNDADOR DE TRADISA FUE CONDENADO NO OBSTANTE POR UN TRIBUNAL DE CONTRABANDO DE LA ÉPOCA FRANQUISTA POR CONTRABANDO DE DIVISAS Y COCHES. TAMBIÉN LO FUE SU HERMANO LUIS. AMBOS MARCHARON ENTONCES A ARGENTINA DONDE ADQUIRIERON FINCAS VARIAS VECES MÁS GRANDES QUE SAN FERNANDO EN LA PROVINCIA DE SALTA. ALGUNA DE ESAS PROPIEDADES GUARDA RELACIÓN CON LA OPERACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ESTA PARCELA EN NUESTRO POLÍGONO. |
***
AVISO A NAVEGANTES
Ya hemos dedicado varias entradas a este asunto bajo el título de CRÓNICA DE UNA IMPUNIDAD. Y ciertamente lo es a la vista, además, de los pasos que está dando el actual equipo de gobierno que propiciará sepultar este escandaloso asunto, que sin embargo el Ayuntamiento actual debía de investigar en lugar de seguir adelante con la tramitación de los instrumentos urbanísticos de este Sector.
Una empresa muy pujante como TRADISA, sin plataforma logística fija en Madrid en los años ochenta, decidió localizarse en la capital de España pues su base de operaciones la tenía en Barcelona. Para ello, un banco le hizo llegar la información de que en nuestro término municipal había un viejo conocido propietario de la Casa Grande de Torrejón, D. RAFAEL ONIEVA, que poseía una finca de 600.000 m2 en San Fernando de Henares pero que la tenía embargada por el propio banco y estaba a punto de perderla por esa razón. El propietario de TRADISA, D. ANTONIO GUIRAL GUARGA, se puso en contacto con el señor ONIEVA y pronto llegaron a un acuerdo económico: TRADISA pagaría el importe de la deuda reclamada por el banco, pero, además, abonaría al señor ONIEVA una importante cantidad económica y parte del pago se haría en especie mediante una parte de la finca que los propietarios de TRADISA tenían en SALTA (Argentina). Si bien estas condiciones no serían luego declaradas en la escritura pública sino en contrato privado.
La operación sin embargo tenía un grave problema, pues TRADISA quería esta finca para localizar sus instalaciones logísticas (20.000 m2 de complejo industrial y 200.000 m2 de campa de vehículos) en Madrid, y sin embargo el PGOU recién aprobado en 1988 clasificaba la mayor parte de esta finca no solo como no urbanizable toda ella, sino ESPECIALMENTE PROTEGIDO DE INTERÉS PAISAJÍSTICO.
Es decir, sobre la finca no podía instalarse en absoluto complejo industrial ni campa de vehículos alguna. Sin embargo, los señores de TRADISA consiguieron todas las licencias municipales y levantaron el complejo industrial y la campa de vehículos. Pero ¿cómo lo consiguieron? Ya lo hemos contado en otras entradas: evidentemente mediante el recurso al presunto soborno propiciado además por una curiosa cláusula contenida en el contrato privado: si no se obtenían las licencias municipales en una fecha determinada, el vendedor señor ONIEVA no cobraba su finca en la provincia de SALTA (Argentina). Pero el señor ONIEVA era un hombre de recursos. Y las licencias no solo se consiguieron a pesar de prohibirlo el PGOU, sino que el complejo se puso en funcionamiento gracias a un convenio urbanístico aprobado por el pleno municipal (ver nuestras entradas anteriores).
***
Como se dice, nuestra asociación impugnó las licencias y tras lamentables peripecias de retrasos maliciosos por parte del Equipo de gobierno de entonces en la entrega de los expedientes e incluso la desaparición física de algunos de ellos, al fin en 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló todas las licencias mediante una sentencia bien fundamentada. Se trataba pues de algo más que de un simple revés administrativo; era la evidencia de una gravísima infracción urbanística perpetrada con licencias municipales y por lo tanto con el aval del Ayuntamiento, y, además, con evidentes y patentes indicios de haberlas obtenido TRADISA dolosamente.
Hoy, el nuevo PGOU clasifica este suelo como urbanizable directamente, sin que sea explicable cómo es posible que sin solución de continuidad, un suelo que antes era NO URBANIZABLE Y ESPECIALMENTE PROTEGIDO pase a ser directamente URBANIZABLE. La explicación está en un misterioso informe de viabilidad ambiental que al parecer redactó el ex director de la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación de la Universidad Politécnica de Madrid, y que finalmente pagó la propia TRADISA por un importe de 4,7 millones de pesetas. Todo un escándalo. Hemos intentado hacernos con una copia de ese informe pero en la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid dicen que ha "desaparecido". Como leen. Lo hemos pedido también al Ayuntamiento, donde es muy probable que también haya desaparecido. Prometemos seguir con este asunto porque es sencillamente escandaloso.
Este suelo, que proviene de una operación bajo sospecha y con clarísimos indicios de haberse realizado para su clasificación mediante actuaciones absolutamente ilícitas, goza hoy sin embargo del privilegio de estar clasificado como urbanizable y, desde luego, con una espectacular revalorización. TRADISA no solo no pagó nunca precio alguno por su gravísima infracción, sino que se la premió clasificándole el suelo con un solo objetivo: evitar que el Ayuntamiento pagara cerca de 400 millones de pesetas como indemnización, y que con ello se descubriera además todo el proceloso y siniestro recorrido hasta llegar a lo que es hoy, una actuación bajo toda sospecha que el nuevo Equipo de gobierno no debería amparar. Pero en fin, nos tememos que ciertamente lo de la nueva política no sea otra cosa que más de lo mismo.
Por eso nos sorprende que el actual Equipo de gobierno haya elegido una línea continuista con el anterior, y se preste a contribuir a enterrar una de las más escandalosas actuaciones que, sin embargo, nadie tuvo interés en investigar sino todo lo contrario, intentar taparlo con un intolerable resultado: premiando al infractor. Prometemos dedicar nuestros esfuerzos a desmantelar y poner en evidencia todo este escandaloso asunto, y por lo tanto haría bien el Equipo de gobierno en cooperar a ello pues, de otra forma, solo podríamos concluir que habrán elegido el camino de la complicidad.
Es curioso cómo la dirección general de urbanismo de la Comunidad de Madrid informa favorablemente la recalificación de unos terrenos, que en el plan anterior gozaban de protección ambiental, en base a un supuesto "informe a medida", buen ejemplo de cómo para según qué cosas, PP desde la CAM e IU desde el Ayuntamiento, han compartido intereses respecto de San Fernando, en lo que a desarrollo urbanístico se refiere, cuando ha habido grandes intereses corporativos de por medio.
ResponderEliminarEn el año 2000, en el periodo de avance del plan actual, creo que se formularon varias alegaciones en el sentido de que la recalificación que ha supuesto el nuevo plan para usos industriales, respetara una ZEPA (zona de espacial protección ambiental) pero que afectaba fundamentalmente al actual SUP.I-3, donde se ha urbanizado el Polígono Puerta de Madrid, como también en lo relativo a la zona de protección de la ribera del Jarama en el SUP.TO-1. Se obvió el asunto de los terrenos protegidos sobre los que se asentó de manera ilícita el inicial complejo de TRADISA. A fecha de la publicación del plan parcial del SUP.I-2, parece ser que el referido instrumento de planeamiento ya se había aprobado pues las obras de urbanización estaban ya parcialmente ejecutadas, y en fase de construcción alguna de las parcelas resultantes de la ordenación. Quiero decir con esto, y sin que con ello quite hierro a las graves irregularidades referidas en relación a la antigua campa de TRADISA, que en estos momentos, el sector se desarrolla al amparo de un plan general, que tiene todas las bendiciones legales y en fase de ejecución, aunque no deja de ser singular, que se publique el plan parcial, cuando ya están iniciadas y parcialmente ejecutadas las obras de urbanización del sector que ordena el mismo.
Desconozco la consistencia de la modificación de la reparcelación que se aprueba, para ello habría que conocer el plano de reparcelación inicial resultante de la ordenación derivada del plan parcial, respecto de la que ahora se plantea. En todo caso, parece que los técnicos municipales habrán valorado dar curso al expediente sobre esa modificación, en el sentido de agilizar el desarrollo del polígono en cuestión, asumiendo, caso de que el concejal lo conociera, los antecedentes de irregularidades que afectan al SUP.I-1 y más concretamente a la implantación del complejo logístico de TRADISA, sobre el que en buena parte se desarrolla.
Ahora bien ¿asumir hechos consolidados de difícil reversión por el mal hacer de otros es ser cómplice de ese mal hacer?, ¿cual sería la alternativa?, ¿la nulidad del planeamiento parcial aprobado en base a un plan general que recalifica terrenos que en el anterior eran protegidos en virtud de un informe desaparecido redactado a medida de los intereses de la empresa propietaria de los terrenos?..., es como ustedes saben sobradamente, un ejemplo más de los chanchullos habidos por décadas con el partido del anterior gobierno y sus acólitos. Dejo este apunte, como mera reflexión sin prejuzgar la acción del actual concejal y sin desmerecer los argumentos que aquí expone EL MOLINO y que son sin duda de peso. Un saludo.
Todos los estudios de impacto ambiental y este desaparecido de TRADISA han sido encargados a la misma persona a través de la Fundación de la Universidad Politécnica de Madrid: D. IGNACIO CLAVER FARÍAS, que fue en su día Director General de la Agencia de Medio Ambiente. Un escándalo añadido. Ha hecho este hombre (mejor dicho sus becarios de la Universidad) más de media docena de "estudios" todos ellos favorables y pagados muy generosamente por los propietarios o promotores. Y se ha embolsado una pasta a costa de San Fernando. Entre ellos el famoso Plan de Recuperación Ambiental de la Casa de Campo que financiaba AENA, pero que no aparece en el Ayuntamiento ni nadie aprobó. Razón por la cual fueron anuladas por los Tribunales las expropiaciones.
EliminarLa ZEPA 0142 de los "Cortados y Cantiles del Sureste" y LIC (Lugar de Interés Comunitario de la UE) y por lo tanto perteneciente a la Red Natura 2000 no invade el SUP I 3, sino que es invadida por más de 200.000 m2 del antiguo Sector V. También fue literalmente invadida y ha desaparecido parte de la vía pecuaria llamada Vereda de Sedano. El PGOU actual ha falseado esa invasión remetiendo intencionadamente la campa de vehículos de EUROPARK que ha hecho desaparecer esa Vereda. Pero esa campa tiene licencia municipal otorgada en su día por la entonces cancejala de PSOE (primer gobierno en coalición con IU) de Industría. De eso hablaremos en otra otra ocasión largo y tendido.
El técnico que ha informado favorablemente este Plan Parcial de TRADISA en el año 2013, es el mismo que informó favorablemente las licencias y el convenio inicial para ejecutar esta monstruosidad cuando el PGOU clasificaba este suelo como NO URBANIZABLE. Es más, hasta tres informes favorables presentó el Ayuntamiento firmados por técnicos municipales al Tribunal Superior de Justicia a raíz de nuestra denuncia. Los tres informes fueron rechazados por el TSJM. Deduzca usted.
No se puede pasar un suelo NO URBANIZABLE Y ESPECIALMENTE PROTEGIDO directamente a URBANIZABLE, pues el primero es absolutamente reglado. Es exactamente igual que un suelo urbano que no puede pasar a urbanizable porque también es reglado. Por esa razón los tribunales rechazan estos chanchullos, como el caso del PGOU de Madrid que fueron anulados muchos de los PAUS previstos. Es una insensatez pretender que con un simple Informe ambiental que además paga y encarga el propietario (en este caso el infractor), se puede convertir un suelo NO URBANIZABLE en URBANIZABLE. Ese informe solo tiene sentido pedirlo para comprobar que ese suelo ha perdido su valor ambiental. Pero, ¿cómo no va a perder su valor ambiental un suelo que ha sido agredido ya y sobre el que se ha levantado un complejo industrial ilegal antes de clasificarlo? Es como si se arrasara la Casa de Campo y luego se hiciera un informe para justificar su pérdida ambiental. Un engaño. Y este también lo es.Monumental y más escandaloso que lo de la plaza de España. Ese informe "desaparecido" no puede sino ser absolutamente falsario. Por esa razón ha desaparecido.
EliminarEn cuanto la complicidad de los actuales gobernantes le recuerdo que hay una sentencia firme que anuló las licencias y que no está ejecutada. Y por mandato constitucional todas las sentencias hay que ejecutarlas. Por lo tanto este Equipo de Gobierno está obligado a ejecutar esa sentencia o explicar y justificar por qué no lo hace. Por otra parte, cuando se produjeron buena parte de estos hechos ya estaba en vigor el nuevo Código Penal que tipificaba los llamados delitos contra la ordenación del territorio. Y éstos, le recuerdo que tienen la peculiaridad de ser permanentes. Evidentemente si se invade por ejemplo una vía pecuaria con una construcción, se comete un delito contra un espacio protegido, y mientras esté ocupada por esa construcción se sigue cometiendo el delito permanentemente, de ahí el carácter permanente de estos delitos contra la ordenación del territorio.
La Junta de Gobierno Local actual no debe seguir adelante con esta actuación sino revisar todo lo actuado con este caso, porque de otra forma acabará incurriendo en pura complicidad. De otra forma estará siguiendo la misma senda ilegal que los anteriores. Y porque además no tengo ninguna duda de que, si no lo hacen, este asunto acabará en los tribunales.
Y una última acotación. El avance expuesto del PGOU del año 2000 (su equipo redactor), ignoraba palmariamente que existiese esa ZEPA en San Fernando, que además no coincide con el Parque Regional del Sureste. No estaba reflejada en ninguno de sus planos.
Eliminar