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AVISO A NAVEGANTES
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Unas obras en la línea del metro han puesto de manifiesto la fragilidad y los graves defectos constructivos de algunas construcciones del complejo del conocido como "Colegio de El Pilar", que datan de 1966. Obligando incluso a demoler una de las construcciones más afectadas con el consiguiente revuelo político no exento de oportunismo partidario como siempre que suceden estas cosas. Sin embargo, este asunto bien puede sernos de utilidad para dar a conocer las procelosas vicisitudes de este complejo dotacional y su historia. Algo que con seguridad desconocen la mayoría de los ciudadanos incluidos nuestros perplejos gobernantes y opositores municipales. Esta es a modo de resumen la curiosa historia de este inmueble que mucha gente usa diariamente, pero que sin embargo tan pocos conocen con precisión. Las deficientes construcciones actuales realizadas en los años sesenta están en el origen de los problemas aflorados por las obras del metro. Ya el edificio principal presentó problemas estructurales serios hacia los años noventa, dando lugar incluso a desprendimientos de algunas de las mamposterías. Entonces no había obras de metro. La Comunidad de Madrid, titular de todo el complejo, se vio obligada entonces a reforzar la estructura del edificio y hacer otras reparaciones. Pero no fueron los únicos problemas que se cernían sobre el complejo. Una demanda judicial iniciada por una heredera de la propietaria original, reclamaba la reversión de todo el complejo al invocar el incumplimiento de una de las cláusulas de la donación modal realizada por su antecesora en 1906. El asunto llegó a un juzgado de Madrid en 1995 que dio la razón a la reclamante ordenando inscribir todo el complejo con sus edificios en el Registro de la Propiedad de San Fernando, a nombre de la reclamante. Y la batalla judicial entre la heredera y la Comunidad continuó hasta llegar al Supremo en el año 2008.
DESAMORTIZACIÓN, DONACIÓN MODAL Y USUCAPCIÓN
(CRÓNICA DE UN CASO DIGNO DE ESTUDIO)
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En el año de 1865, el gobierno de Isabel II proponía al Congreso la aprobación de una Ley que entró en vigor el 12 de mayo, en virtud de la cual se iniciaba un proceso de enajenación de bienes y redención de censos pertenecientes al Real Patrimonio de la Corona. Este proceso tendría luego gran trascendencia para San Fernando, pues tras la aprobación del correspondiente Reglamento de la Ley y la realización del correspondiente inventario, San Fernando perdería la denominación del Real Sitio. Y así todas las fincas e inmuebles que entonces pertenecían a la Corona, fueron cedidos al Estado para que los vendiera (salvo otros que la Corona se reservaba), con el mandato de que fueran enajenados en pública subasta, de cuyos fondos obtenidos el 25 % habrían de ser pagados a la propia Corona. Uno de los Reales Sitios que como se dice dejó de serlo en aquellas fechas y por lo tanto pasó a ser desamortizado en su totalidad, fue San Fernando, que entonces tomaba el apellido del río Jarama. Así fue cómo Dª ELISA GARCÍA PAGE y su marido D. José de CARRERAS, adquirían en 1870 toda una serie de las propiedades desamortizadas de San Fernando, entre las que se encontraban el edificio de la antigua Fábrica de Percales (donde llegaron a vivir algún tiempo), así como los inmuebles de la Real Casa de Administración. Pero la peripecia de este último desde que la señora GARCÍA PAGE lo adquiriera al Estado por una buena suma de escudos, tiene una curiosa historia, ya que en 1906 volvió al Estado mediante una donación modal pactada pero con varias cláusulas de reversión. Esas cláusulas han sido las que han llevado el asunto hasta el Tribunal Supremo en el 2008 por una heredera de su propietaria. Pero hasta llegar ahí sucedieron muchas cosas.
(continuará)
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