HISTORIA DE UN DESAHUCIO (ADMINISTRATIVO)

UN NUEVO VARAPALO JUDICIAL

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En estos tiempos que corren, donde las reglas del juego se subvierten impunemente dando paso a la demagogia más populista, ocurren sucesos como este protagonizado por nuestras autoridades locales, para bochorno de propios y extraños (pero sobre todo de los propios), atrapados en sus contradicciones políticas más exhibicionistas y dejando en evidencia una práctica perversa condensada en la cínica consigna: haz lo que yo digo pero no lo que yo hago.

Esta es una breve pero aleccionadora historia librada por un particular contra el concejal de seguridad iniciada allá por el año 2007 (y luego contra el Ayuntamiento, claro) y resuelta hoy en 2013, para evitar ser desahuciado de una finca que, al parecer, era de su propiedad desde 1996. El desahucio administrativo no pudo ser evitado y la lucha ha sido desigual, claro está, aunque al final ha ganado el desahuciado. Eso sí, no sin antes tener que recorrer seis largos años de peripecias judiciales no siempre agradables, y de desalojar la finca que dice ser de su propiedad durante todos estos años.

Pocas personas saben que los desahucios no son solo cosa de las comisiones judiciales, y que también existen desahucios administrativos ordenados por nuestras autoridades locales. Lo llamativo de estos tiempos es ver cómo, mientras se utiliza esta prerrogativa en el ejercicio (legítimo claro es) de su autoridad en el Ayuntamiento, se hacen aparatosas exhibiciones públicas para impedir la ejecución de los desahucios judiciales.

Corría el año 2000 y el Ayuntamiento recibió una donación envenenada en forma de una finca, prolongación de la que ocupa hoy el Polideportivo. Y decimos que envenenada porque estaba ocupada por varias instalaciones precarias toleradas desde hacía muchos años por su propietario. La finca en cuestión tiene aproximadamente unos 60.000 m2 de superficie, y linda con el río Jarama. Aunque no contamos con todos los datos, queremos imaginar que el donante (persona de muchas propiedades en San Fernando), hizo esa donación de forma altruista. Sea como fuere, lo cierto es que el entonces concejal de Seguridad y Transporte, D. ELOY RODRÍGUEZ ORTIZ, hoy flamante Juez de paz del municipio nombrado en el Pleno por los suyos, ordenaba en el año 2007 el desalojo del propietario de dicha finca mediante un simple decreto dictado por él. Comenzó así una larga lucha entre el ocupante y el Ayuntamiento, en la que no faltaron lógicamente las protestas correspondientes toda vez que el ocupante del bien municipal, aseguraba tener un título registral de propiedad desde 1996 de la parcela ocupada por sus instalaciones. Es decir, varios años antes de que la finca donada donde estaba enclavada la suya pasara a ser propiedad del Ayuntamiento.

La peripecia judicial fue larga y costosa para el desahuciado, y el procedimiento administrativo impulsado por el concejal de Seguridad hoy Juez de paz (que no nos pase nada), después de pasar por el Juzgado correspondiente acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien ha anulado directamente la orden de desalojo dictada por el concejal, porque él no era competente para instar procedimiento alguno de recuperación del bien municipal, sino que lo era el Pleno municipal.

Después de seis años de pleitos, todo radicalmente nulo y el desalojado pidiendo indemnizaciones millonarias. Nadie del Ayuntamiento cayó en la cuenta de la existencia de un articulito en  el Reglamento de Bienes que atribuye esa competencia al Pleno, y no al Alcalde o a los concejales delegados. Este es un varapalo judicial más de los que últimamente viene cosechando nuestro Ayuntamiento y el nuevo alcalde, quien no le quedará más remedio que iniciar otra nueva liturgia consistente en acudir al Pleno de nuevo, para rogarle habiliten una partida presupuestaria (otra más, y van...) para pagar la indemnización correspondiente cuando el afectado ejecute la sentencia. Es el precio visible que pagaremos todos, de una contradicción (una más) perpetrada por quien no pierde ocasión para presentar mociones al Pleno contra los desahucios. Pero solo contra los desahucios judiciales, claro. Los ejecutados por ellos no cuentan. Claro que si todos los desahucios los hacen así será mejor que no inicien ninguno. Mientras tanto, el que perpetró todo esto ejerce de Juez de paz. Toda una lección de nuestra particular pequeña pero delirante historia.

UN PLENO NULO

ESTE PLENO CELEBRADO EN LA CLANDESTINIDAD EL PASADO DÍA 17 DE LOS CORRIENTES, ES NULO DE PLENO DERECHO JUNTO CON SUS ACUERDOS SEGÚN EL TRIBUNAL SUPREMO

QUÉ DICE EL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LOS PLENOS CLANDESTINOS

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Casas de Don Antonio es un pequeño y muy antiguo pueblecito extremeño de la sierra de Montánchez, al sur de Cáceres. Allí, en el año 1991, un alcalde tuvo parecida ocurrencia a la del nuestro el pasado día 17 de los corrientes: aislar a la corporación del público metiéndola en un cubículo separado. Aunque parezca mentira (por tratarse de un pueblecito de apenas 300 habitantes), el caso llegó hasta el Tribunal Supremo que en 1996 declaró nulo de pleno derecho el propio Pleno y naturalmente los acuerdos adoptados. Veamos en qué se basa esta sentencia del Supremo, porque es muy aleccionador para que nuestros munícipes se enteren de cuál es el papel del público para conformar la propia validez de un Pleno, y aprendan así a comprender que el público que asiste a ellos no son meros decorados de un atrezo de puesta en escena, sino parte esencial para la válida constitución del propio Pleno. 

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TRIBUNAL SUPREMO

 SALA DE LO CONTENCIOSO

SENTENCIA 6532/1996 de 21 de noviembre

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"TERCERO.- Distinta suerte deben correr las alegaciones que se incluyen en el mismo motivo de casación respecto a la publicidad de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento. Debe recordarse en cuanto a este punto que la Sentencia recurrida en casación declara hechos probados que el público fue acomodado durante la celebración del Pleno en una estancia distante o en cualquier caso que presentaba características tales que no permitía a los vecinos ni ver ni oír a los miembros de la corporación mientras estos celebraban los debates y adoptaban los acuerdos. Han de tomarse como punto de partida para hacer el pronunciamiento correspondiente estos hechos, los cuales deben ser aceptados y no pueden ser discutidos ni ignorados por el Juez casacional.

Pues bien, entiende la Sala que al actuarse de este modo por el Alcalde y celebrarse en estas condiciones la sesión del Pleno se infringió o vulneró de forma directa el artículo 70,1 de la Ley Básica de  Régimen Local 7/1985, de 2 de abril. Esta infracción, que no resulta apreciada por el Tribunal a quo pese a sus manifestaciones condenatorias de la conducta del Alcalde, supone un quebrantamiento de una de las garantías de actuación municipal de forma democrática y con participación de los vecinos, pues no otra es la finalidad de que la ley establezca que las sesiones de la Corporación Municipal han de ser públicas.

Es obligado por tanto en cuanto a este punto disentir del juicio de la sentencia que se recurre en cuanto al carácter no invalidante de la irregularidad derivada del incumplimiento del precepto de la Ley. La publicidad de las sesiones del Pleno ha de considerarse como un requisito esencial para la válida celebración del mismo, y dicha publicidad no existió en el caso de autos dadas las condiciones de acceso de los vecinos a la sesión. Por tanto, debe acogerse en cuanto a este extremo el único motivo de casación y en consecuencia estimarse el presente recurso. Por otra parte y por las mismas razones invocadas, al pronunciarse esta Sala sobre el recurso interpuesto ante el Tribunal a quo, ha de estimarse asimismo parcialmente y declararse nula la correspondiente sesión del Pleno del Ayuntamiento, así como nulos y sin efecto alguno los acuerdos adoptados en ella.

CUARTO.- No ha lugar a hacer pronunciamiento expreso sobre las costas de la instancia. Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y común aplicación.

FALLAMOS

Que acogemos parcialmente el único motivo invocado, por lo que declaramos haber lugar a la casación y estimamos asimismo parcialmente el presente recurso y casamos la Sentencia impugnada; que en cuanto al recurso interpuesto ante el Tribunal a quo lo estimamos parcialmente en cuanto se refiere a la falta de publicidad de las sesiones, por lo que declaramos nulos y sin efecto alguno la sesión del Pleno del Ayuntamiento y los acuerdos adoptados en la misma; que no hacemos declaración especial sobre las costas de la instancia y en cuanto al presente recurso que cada parte satisfaga las suyas. "

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Tomen nota el señor alcalde, los concejales, y sobre todo la señora secretaria accidental, pues lo que hicieron el otro día secuestrando el Pleno traerá consecuencias. De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, además de infringir el artículo 70 de la Ley de Bases de Régimen Local (esa misma que el Alcalde no desea que se reforme), viciaron de nulidad radical el propio Pleno y los acuerdos adoptados. Y teniendo en cuenta que entre los acuerdos viciados de nulidad está el de las Ordenanzas fiscales y el tiempo apremia, o convocan de nuevo y urgentemente otro Pleno para sanar los acuerdos, o se encontrarán con que el año que viene no podrán aplicar esas ordenanzas. Además del resto de los acuerdos, claro.

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UN PLENO CLANDESTINO

UN PLENO MOVIDO E ITINERANTE

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El de ayer fue un día ajetreado para los componentes del pleno municipal. Y nómada. Estaban convocados para celebrar pleno a las 18:00 horas en el centro García Lorca, y apenas iniciado el trámite los asistentes de la Plaza de España comenzaron un ensordecedor concierto de pitidos y ruidos que hacían inaudibles las llamadas de silencio del Alcalde, que naturalmente presidía la sesión. Tanto fue así que decidió suspender su celebración. Reunido luego con los portavoces, los de la oposición le dijeron que aplicara el reglamento que prohibe realizar muestras de agrado o desagrado al público, bajo riesgo de expulsión. Pero el Alcalde se negó a desalojar a los alborotadores, razón por la cual llegaron a una solución de emergencia: celebrar el pleno pero en la clandestinidad. Para ello eligieron inicialmente las dependencias de la Concejalía de Cultura existente en el propio centro, y reanudarlo a las 19:30 horas. Pero tanto la hora como el lugar trascendió a los cabreados asistentes, que veían así cómo la corporación pretendía escamotear su asistencia. Los denuestos e insultos contra el alcalde fueron estruendosos cuando, cándido él, se precipitó hacia la salida del centro cultural y se topó de lleno con el frustrado grupo de la protesta, sin más acompañamiento por su parte que el de su colega de gobierno el concejal de urbanismo, único amigo que al parecer le queda en el Equipo de Gobierno. Todos los demás concejales de su grupo, utilizando argucias y un conocimiento cabal de los pasadizos del complejo, lograron eludir las iras del personal apostado a la salida con pancartas y pitos. Así dejaron al alcalde los suyos solo ante el peligro. 

EL PLENO EN FUGA

A partir de ese momento todo fue un improvisado plan para darle esquinazo a los manifestantes, hasta que acordaron con los portavoces reanudar el pleno a las 22 horas de la noche, pero ahora en la sala de juntas del edificio del Ayuntamiento. Eso sí, sin público, claro, y en la más absoluta clandestinidad. Conjurados todos los corporativos para no filtrar a nadie el lugar y la hora de la reanudación de la sesión, lograron burlar la persecución de los manifestantes, y de esta forma acabaron el pleno a las tantas de la madrugada del día siguiente. Los asistentes que protestaban habían puesto a toda la Corporación en fuga para celebrar una sesión clave, pues entre otros muchos asuntos iban las modificaciones de las ordenanzas fiscales que tienen un plazo tasado para ello. Lo dicho, totalmente blindados y en el más absoluto secreto. Anoche, nadie del municipio podía saber exactamente dónde estaban y qué hacían a partir de las 22 horas todos los concejales encerrados a cal y canto en el Ayuntamiento. Es la manifestación más patética de cómo nuestros munícipes se han pasado a la más absoluta clandestinidad.

QUIEN SIEMBRA VIENTOS...

Desde luego es dudoso que el pleno celebrado ayer en estas condiciones de blindaje contra la presencia de público, sea absolutamente legal. El artículo 88 del Reglamento de Organización establece de manera categórica que los plenos han de ser públicos. Y es un sarcasmo también que el alcalde haya celebrado hace unos días una especie de "asamblea abierta" con las entidades ciudadanas, al objeto de reclamar de ellas su adhesión contra la próxima reforma de la ley de Régimen Local. Y decimos que es un sarcasmo porque, como ha quedado patente ayer, el alcalde se pasa esa misma ley por el forro cuando de eludir el bochorno del reproche ciudadano en carne propia se trata. Convoca a las entidades ciudadanas para lanzarlas contra otros, pero sale corriendo a esconderse (incumpliendo la ley), cuando son sus ciudadanos (y no precisamente los que forman parte de esas asociaciones domesticadas) los que a pecho descubierto le exigen cuentas de sus actos. Y desde luego de su escaso respeto precisamente por la ley que dice que no quiere que sea reformada. No le faltan ocasiones a la coalición del equipo de gobierno, en que convoca, incita o se suma a las protestas ciudadanas (ya sea en otros ayuntamientos donde no gobierna o en la Asamblea de Madrid o el Congreso), alentando así las protestas cuando son contra otros, pero escapando cuando las tienen que sufrir en carnes propias. 

Y ya puestos, no está demás recordarles a los integrantes de la coalición que nos desgobierna, el viejo adagio de que quien siembra vientos recoge tempestades. Teniendo en cuenta además que la tempestad que se avecina por el caso plaza de España,  viene acompañada de la iracunda resistencia de quienes se sienten engañados y atropellados en sus derechos por la estulticia dolosa de unos corporativos que se adjudican a sí mismo, como sedicente título moral, el exclusivo monopolio de la defensa de los derechos de los ciudadanos. Cuando lo que hacen con alarmante reiteración no es otra cosa que pisotearlos allí donde ostentan algún poder. Es la insólita lección de este momento político en nuestro municipio bien reflejado en los sucesos de ayer: la sensación de que estamos siendo gobernados por unos impostores, con el alcalde cuestionado y abandonado a su suerte por algunos de los suyos, y en plena fuga hacia la clandestinidad total.

PLAZA DE ESPAÑA Y LOS AVALES DE BANKIA

BANKIA, LOS AVALES Y EL ADMINISTRADOR CONCURSAL

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Siguiendo con la caja de sorpresas que resulta ser la gestión (por decir algo), realizada por los administradores (responsables municipales al fin y al cabo) de la mercantil mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, no podemos resistirnos a comentar el capítulo de los avales prestados por Caja Madrid a los 73 propietarios afectados por la actuación, como garantía de la propia sociedad avalada para el caso de incumplimiento en el plazo de entrega de 53 meses de los inmuebles comprometidos.

De esos avales a primer requerimiento, el avalista es Caja Madrid (hoy Bankia) y los beneficiarios naturalmente los propietarios afectados por la actuación. No hay que decir que la avalada es la mercantil mixta presidida por el Alcalde, pero hoy prácticamente en quiebra necesaria. Lo insólito de todo es, sin embargo, cómo formalizó Caja Madrid esta operación de riesgo, cómo lo ha considerado el administrador concursal, y qué puede pasar a partir de ahora si los beneficiarios de los avales comienzan a ejecutarlos masivamente, una vez que se van convenciendo de que las promesas de los gestores municipales no es más que eso: puro voluntarismo.

Caja Madrid en realidad no tiene garantizados esos avales que, como cualquier otra operación de riesgo, habrían de estarlo. Lo que hizo fue convertir un depósito irregular prestado a PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL para atender financiación de gastos ordinarios, en un depósito bloqueado (aparentemente pignorado) e indisponible. Inicialmente, en el año 2008, fue de 11 millones de euros (que era una de las cantidades que SETIÉN manejaba cuando su famosa huelga de hambre. Hablaba a humo de pajas, puesto que el depósito había sido reducido a 7,8 millones de euros mucho tiempo antes). Después bajó a 9,2 millones, y al cierre del informe del Administrador Concursal solo quedaban 7,03 millones de euros. Se supone que estos importes son los que Caja Madrid retenía en concepto de garantía para cubrir los avales que había prestado a los afectados. Es decir, que en la práctica es como si PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL se estuviera avalando a sí misma.

Es claro que este depósito retenido y bloqueado por Caja Madrid (y en los que carga los avales que se ejecutan), además de no estar garantizado por garantía hipotecaria de ninguna clase, es un importe insuficiente para cubrir todos los avales prestados. Lo cual habla por sí solo de la frivolidad con que esta entidad financiera ha actuado en este caso. Bien es cierto que el Administrador Concursal, no obstante no estar ganrantizado ha clasificado este crédito solicitado por Bankia como privilegiado especial. Lo cual es también desconcertante. En total pues, el crédito privilegiado especial reconocido a Bankia es por importe de 63,3 millones de euros. Hay, no obstante, otros 732.649,59 € correspondientes a dos avales ya ejecutados anteriormente, cuyos ejecutantes desconocemos quienes son.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que solo el 50 % del justiprecio reconocido a los propietarios afectados es de 11,7 millones, y que los avales cubren (o deberían cubrir al menos porque así figura en los convenios), el importe del coste estimado de las nuevas edificaciones, ¿qué sucederá pues con la diferencia avalada que sin duda será de muchos millones? Pues no hay otra respuesta que esas serán pérdidas que deberá asumir Bankia. Lo cual explica el interés que esta entidad tiene para que los afectados no ejecuten los avales. Cosa que, al parecer, ya es casi imposible de evitar. Ahora solo queda que los propietarios afectados sean valientes y, de acuerdo con lo que disponen los convenios de expropiación, pidan también la reversión de lo expropiado. El problema es no obstante, que no todos tienen convenios expropiatorios a pesar de que ellos crean lo contrario. Nos referimos claro está a los 34 propietarios de los bloques fuera de la Unidad UE-1.

EL CAMBIAZO II

LA PRUEBA: nos ha costado trabajo conseguirla pero aquí la tenemos.

AVISO A NAVEGANTES

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Estos dos documentos de arriba son el mismo documento, pero tienen varios "pequeños detalles" que los diferencian. El primero, el de la izquierda, fue aprobado por la Junta Local de Gobierno el día 7 de octubre de 2009. Está redactado por HERMOSO Y HEIMANNSFELD ARQUITECTOS SLP, es decir, por los mismo autores del denominado Proyecto Unitario de plaza de España. Ese Proyecto había sido visado por el Colegio de Arquitectos de Madrid en marzo de 2009, y la Modificación Puntual del PGOU fue encargado en junio del mismo año. 

Pues bien, este documento incompatibilizaba al arquitecto autor del proyecto y luego director facultativo de la obra por directa aplicación del Código Deontológico del propio Colegio de Arquitectos. Es decir, al ser el autor de la Modificación del PGOU, no podía intervenir durante dos años en proyecto de edificación alguna afectado por dicha modificación. 

Es el documento firmado por D. Enrique Hermoso Lera y autor del proyecto de edificación, el que fue sometido a información pública, y, lógicamente, debió de ser diligenciado por el señor secretario municipal para evitar precisamente que alguien tuviera la tentación de dar el cambiazo. Y sin embargo nos dieron el cambiazo. Así, en el mes de noviembre, apareció el mismo documento pero ahora firmado por el arquitecto Alberto García Sanz y con fecha noviembre de 2009. El objeto de este cambiazo no era otro que salvarle el culo al otro arquitecto, para evitar que fuera incompatibilizado. Claro que eso lo hicieron a costa de incurrir en una grave irregularidad que nuestra asociación se propone denunciar ante los juzgados de Coslada. Entre otras razones, porque además de ser eso, una grave irregularidad, es también una tomadura de pelo al personal.

Las personas que propiciaron esta intolerable tomadura de pelo, son las mismas que formaron la sesión de la Junta de Gobierno Local del 7 de octubre de 2009. Es decir, estas:

PRESIDENTE: JULIO SETIÉN MARTÍNEZ

TENIENTES DE ALCALDE: 

MANUEL GONZÁLEZ ROJO

JOAQUÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ

CARMEN MUÑOZ PAREDES

ANGEL MORENO GARCÍA (actual alcalde)

FRANCISCO JAVIER CORPA RUBIO

ISABEL ÁLVAREZ MUÑOZ

Es hora ya de que estos flamantes y bien pagados miembros de la Junta Local de Gobierno aprendan la lección. No se puede tomar el pelo al personal porque puede salir caro. Ya tendrán noticias.

LEHMAN BROTHERS Y PLAZA DE ESPAÑA

EL PINCHAZO DE LA BURBUJA

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Justo cuando Caja Madrid concedía las primeras hipotecas a la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL para la actuación urbanística en la UE-1, supendía pagos LEHMAN BROTHERS, uno de los mayores bancos de inversión americano. Los americanos tienen para estos casos una palabra más explítica y lo llaman directamente bankruptcy. Es decir, bancarrota. Más o menos en la misma situación en que está hace mucho tiempo la mercantil mixta que preside el alcalde, solo que aún no se ha enterado.

Para cuando todo esto sucedía en el año 2008, los mercados financieros internacionales ya llevaban más de un año provocando quiebras y hundimientos. El origen de todo este cataclismo de las finanzas mundiales hay que localizarlo precisamente en EE.UU., y muy particularmente en los bancos de inversión, grandes tomadores de ahorros de todo el mundo para dirigirlos hacia un activo financiero muy solicitado: los activos hipotecarios ligados a bienes inmuebles, especialmente viviendas. Una suerte de refugio especulativo seguro al calor de los bajos tipos de interés y del exceso de liquidez que conoció una enorme expansión entre los años 2001 a 2007. 

Pero la subida de los tipos y las operaciones de titulación de las denominadas hipotecas subprime (hipotecas concedidas a prestatarios insolventes),  provocó una brusca subida de los índices de morosidad y con ello la quiebra de las más grandes corporaciones hipotecarias estadounidenses. LEHMAN BROTHERS no fue rescatado por el gobierno americano, y quebró dejando una descomunal lista de deudores colgados con un pasivo de más de 430.000 millones de euros.

Entre los acreedores que dejó el gigante americano quebrado estaban un buen número de entidades financieras europeas. De Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, etc. Pero ¿qué pasaba en medio de toda esta tempestad con la banca española? Las autoridades españolas se esforzaban por no alarmar más de la cuenta, afirmando que nuestra banca era segura. En realidad mentían como bellacos. Lo que le pasaba a la banca española es que no era banca acreedora de la americana ni mucho menos, sino deudora de la banca europea fundamentalmente. Por esa razón, cuando los bancos europeos tuvieron que ser nacionalizados por las pérdidas de sus inversiones y préstamos a la banca americana, inmediatamente se cerró el mercado interbancario para la banca española, pues no podían acceder a financiación en esas condiciones y mucho menos para operaciones inmobiliarias. 

En medio de toda la tormenta, eran las cajas de ahorros las que menos podían financiarse en aquellos momentos, permaneciendo atrapadas entre las quiebras de las promotoras inmobiliarias con miles de millones enterrados en proyectos inmobiliarios sobrevalorados, y provocando con ello la práctica desaparición del sector que en los últimos diez años había sido destinatario de casi todo el brutal endeudamiento a que se habían entregado familias y empresas españolas. Eso y la falta de liquidez con la consiguiente descapitalización. Cerrado pues el mercado intebancario por la desconfianza de los bancos internancionales, recelosos de que escondieran en sus balances ingentes paquetes de activos tóxicos (activos hipotecarios), y necesitadas de capitalización, se vieron obligadas de forma urgente y perentoria a capitalizarse. Y para ello acudieron a los depositantes mediante una fórmula engañosa: las preferentes. Una inversión trampa con la que los bancos consiguieron salvar la cara al menos de momento, aun a costa de encadenar para siempre los ahorros de muchos depositantes confiados.

Este era el dramático panorama financiero entre 2007 y 2008, cuando Caja Madrid y la entidad mercantil mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL formalizaban sus primeras hipotecas, ajenos totalmente a lo que sucedía en el mundo.

EL CASO PLAZA DE ESPAÑA

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Hay muchos casos (hoy verdaderas ruinas) que son ejemplos de los estragos de aquella fiebre del oro que nadie (ningún responsable politico) quiso pinchar antes de lo de LEHMAN BROTHERS. Uno de esos ejemplos nos ha llegado en forma de complejos desahuciados, porque los compradores finales, los paganos de siempre, no pueden comprar esos inmuebles porque actualmente no hay un solo banco que les dé un préstamo. En un país donde el 62 % de la población declara cobrar salarios de 1.000 euros, es inaudito que haya habido préstamos hipotecarios para comprar casas con un precio medio de más de 300.000 euros. 

Pues bien, si hay un paradigma encarnado en unas edificaciones hoy emblema de esa época febril de especulación inmobiliaria en nuestro municipio, es el caso de Plaza de España. Lo paradójico de todo esto es que en esa operación ha participado el Ayuntamiento, y la sociedad mediante la cual se ha intentado ejecutar la actuación, tiene por presidente a un militante del PCE. Quien por cierto ahora está tratando de salvar (es un decir) la sociedad quebrada, pero repartiendo las pérdidas entre todos. Si lo consiguiera, en las escuelas de negocios lo van a poner como ejemplo de gestor del capitalismo puro.

Esta sociedad no solo está ahora mismo en concurso de acreedores, sino que en realidad se halla en plena clandestinidad. Sabemos que han nombrado un nuevo consejo de administración e incluso que la sociedad tiene ahora una nueva consejera delegada. Es concejal al igual que el anterior, si bien su hazaña pública más conocida es la de haber dado positivo en un control de alcoholemia. Y si el consejo de administración es clandestino porque no han sido publicados sus nombramientos, qué decir de sus balances. No hay cuentas aprobadas, y ni siquiera están publicadas las de 2009, 2010 y 2011. Es muy lamentable comprobar que, en realidad, la situación concursal es un parapeto tras el cual se impide a los acreedores reaccionar, y que puede alargarse de modo interminable una situación que solo tiene una salida: la disolución por quiebra tal y como ocurrió con LEHMAN BROTHERS.

Los gestores municipales y los de Caja Madrid entre 2008 y 2009, que pusieron en marcha esta operación de forma irresponsable, no quisieron enterarse de que las operaciones inmobiliarias como la que pretendían acometer en la UE-1 de la plaza de España, eran ya por entonces de altísimo riesgo y mucho más tal y como estaba diseñada. Ahora todo el riesgo pretenden endosarlo a los contratistas y proveedores. El alcalde, como presidente de la sociedad, sucuestrado por la ilusa profecía que acompaña a todo visionario, pretende creerse y hacernos creer que es posible salvar a esta sociedad mercantil que preside aplicando solo buenas sobredosis de voluntarismo, cuando en realidad lo que hace falta es encontrar un mirlo blanco que ponga los más de 46 millones de euros de liquidez inmediata que se necesitan, para cumplir sus compromisos más acuciantes. 

Pero los tiempos de esos mirlos ya pasaron, y sería muy de agradecer que alguien sensato del equipo de gobierno hiciera un ejercicio de realismo y que se acuerde lo inevitable: su disolución por quiebra necesaria. El mismo destino que el de LEHMAN BROTHERS, el origen, malgré lui, del pinchazo del boom especulativo financiero inmobiliario del que el caso Plaza de España es un ejemplo digno de estudio académico. 

Cabalga pues nuestro alcalde sobre los restos del naufragio del capitalismo financiero especulativo más atroz, pero ahora ya con la única esperanza de hallar el milagro con el que rematar la operación al más puro estilo de un broker de Wall Street: endosarle las pérdias a alguien. Preferiblemente su deseo sería municipalizarlas. Es decir, titulizar los particulares activos tóxicos de la sociedad mixta que preside para adjudicárnoslos, a través del Ayuntamiento, a todos nosotros.

TENGAN CUIDADO

AVISO A NAVEGANTES

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Nuestra asociación nació en 1995 con la firme idea inicial de contribuir a la difusión y defensa de los valores culturales y medioambientales de nuestro municipio. Constituida inicialmente por una veintena de ciudadanos preocupados por estos temas, pronto nos vimos en la necesidad de denunciar algunas más que polémicas decisiones del entonces equipo de gobierno de IU. Desde las ilegales licencias otorgadas a TRADISA para encubrir graves infracciones urbanísticas en suelo protegido, pasando por los muy discutibles acuerdos con ECHEVESTE, o el caso del denominado sector V industrial (un polígono industrial de más de 500.000 m2 aprobado sin declaración de impacto ambiental, una parte del cual ha sido ejecutado sobre una ZEPA). Estos han sido algunos de los encontronazos más notorios que hemos tenido con los diferentes gobiernos municipales desde entonces. Sin olvidar, desde luego, la insólita alianza entre la entonces alcaldesa MONSERRAT MUÑÓZ y el inefable expresidente de la Comunidad de Madrid y hoy ministro, Sr. GALLARDÓN, para eludir el estudio de impacto ambiental para la construcción de la carretera M-206. Un monumental engaño al personal del que hablaremos en otra ocasión.

Somos pues una modesta asociación (tampoco aspiramos a más), debidamente registrada en el registro  de la Comunidad de Madrid.  Y también nos registramos en su día en el Registro Municipal de Asociaciones, claro está. Craso error. Ingenuos de nosotros, no podíamos sospechar que los datos que obligatoriamente es preciso aportar anualmente al mismo fueran alguna vez utilizados contra nosotros. De ahí, amigo lector de este blog, nuestra sincera advertencia: tengan cuidado. Tengan cuidado con los datos que aportan a esos registros públicos municipales que deberían de ser sagrados, pero que pueden ser utilizados contra ustedes sin escrúpulos a nada que osen enfrentarse con el equipo de gobierno municipal.

Ya hemos dicho en nuestra anterior entrada que nuestros gobernantes municipales, utilizando los medios públicos, se proponen usarlos amenazadoramente contra algunos de nuestros socios, tratando de recoger información y elementos con los que injuriarnos gratuitamente y con ello amedrentarnos y silenciarnos. Nada que nos preocupe en absoluto. 

Desde el gobierno municipal se ha convenido encargar a alguien del propio entorno gubernamental, rebuscar antecedentes en los archivos municipales y, cual ofuscados entomólogos de estercolero, tratar de encontrar o resucitar viejos cuentos utilizados por algunos farsantes corruptos nunca desenmascarados del todo interesadamente, de lo que fue verdadera piedra de toque que puso en evidencia una inexcusable realidad latente en esta suerte de infecto estanque de aguas pútridas, bajo el que ha permanecido oculta la realidad de nuestra política local. Que, necesario es decirlo, ha preferido vivir abrazada a la detestable norma consuetudinaria de nuestra politica general, consistente en considerar como un ineludible deber de correligionario encubrir e impedir desentrañar y condenar execrables prácticas cuando tocan a uno de los suyos, en lugar de extirparlas de raíz. Repetimos, nada que nos preocupe pues al respecto.

Pero si nada ha de preocuparnos por ahí, por el contrario, lo que sí es preocupante es la falta de escrúpulos en el tratamiento de los datos que se suministran ingenuamente a este Ayuntamiento, dados algunos antencedentes que hemos sufrido en carnes propias. Como hemos dicho antes, la asesora del equipo de gobierno, Dª CARMEN CRIADO, nos ha dado repetidas muestras de ello en las sucesivas ocasiones en que hemos tenido que sufrir su vehemente y desmesurada ira, absolutamente impropia de una conducta procesal de parte cuando además la pagamos todos, en sus larguísimos alegatos en defensa de las actuaciones municipales y, particularmente, la última en favor del exalcalde SETIÉN y del exconcejal de urbanismo MARTÍNEZ en los autos que se siguen en el juzgado número 5 de Coslada. 

Es sabido que entre los presuntos ilícitos de que se les acusa, está el de haber aportado el espacio público de la plaza de España a una sociedad mercantil privada sin autorización de nadie. Ninguna explicación que desvirtúe la acusación han dado en sede judicial, salvo arroparse en la dilución de la responsabilidad propia alegando que ésa fue una decisión colegiada y colectiva de todo el pleno municipal. Es decir, que si delinquieron, lo hicieron todos. Pero eso sí, la señora CRIADO aprovechó una vez más la ocasión y en todo su inacabable alegato de contestación a la denuncia, utiliza, como hemos dicho, una buena porción de sus páginas a glosar los antecedentes de algunos de nuestros directivos. Pero no en tono de mera cita de pasada en un escrito dirigido a un órgano judicial que está investigando posible ilícitos penales de sus defendidos (¡qué le importará al juez el currículum vitae de los directivos de nuestra asociación!), sino solo con la malévola y gratuita intención de descalificar y desligitimar a los denunciantes.

Pero lo que ya es intolerable con serlo lo anterior, es comprobar cómo la que era asesora jurídica del equipo de gobierno, se dedica a citar para descalificar, supuestas relaciones familiares o de otra naturaleza de algunos miembros de la Junta directiva de nuestra asociación, explayándose acerca de las mismas cuando en sede judicial ha acudido en defensa de sus representados, el señor SETIÉN o JOAQUÍN MARTÍNEZ. Relaciones de parentesco o de la naturaleza que sean, que la exasesora del equipo de gobierno y defensora del exalcalde solo ha podido conocer naturalmente si ha consultado expresamente los datos del Registro Municipal de Asociaciones. He aquí el porqué hacemos pues este llamamientos a todos nuestros navegantes. 

Lo anterior es muy revelador de un estado de cosas y de unas prácticas abusivas que nuestros gobernantes han de erradicar, si no quieren tener algún día un buen disgusto. No tendrán buenas noticias en los próximos meses si siguen con esa lamentable costumbre. De modo que mejor harían en colaborar con el juzgado 5 de Coslada a esclarecer los hechos que se imputan a sus correligionarios, en lugar de deslizarse por la envilecida senda de la insidia, porque además de no conseguir nada con ello salvo ganarse el ridículo, habrán dado un paso más en falso y en la dirección contraria a sus propios intereses.

Y en fin, nuestros responsables municipales deberían de saber que todo es susceptible de empeorar como bien profetizó Murphi en su famosa ley. Por lo cual y a la larga, se harían un gran favor a sí mismos soltando todo el lastre del caso en lugar de ampararlo y encubrirlo, porque además lo estamos pagando todos. Y desde luego eso sería mejor también, que recurrir a la provocadora tentación de tratar de enlodar gratuitamente a nadie. No sería en todo caso muy inteligente hacerlo, al menos mientras esté abierta una causa judicial con tantas y tan llamativas cuestiones relacionadas con el caso de Plaza de España. No es prudente tampoco sucumbir a esa tentación, señor alcalde.

AMENAZAS

AVISO A NAVEGANTES

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Estos últimos días hemos recibido dos noticias del gobierno municipal y su entorno. Una de ellas en forma de anónimo correo con amenaza incluida asegurando que van a poner en marcha su particular ventilador, resucitando una muy vieja patraña contra alguno de nuestros asociados. Nada nuevo que nos sorprenda. Son los síntomas del viejo espíritu estalinista invariablemente unido a una paranoia contagiosa, que luego desemboca en accesos de injuriosas acusaciones con la sola idea de destruir reputaciones e intimidar las voces críticas. El próximo paso será un pogromo contra nosotros.

Pero además, es muy recurrente por parte de este gobierno municipal y su entorno y ya estamos acostumbrados y preparados para ello. Desde la falsa denuncia contra nosotros en los juzgados de Coslada, pasando por fabulaciones atribuyéndonos gratuitas concomitancias con tal o cual partido político, a esta nueva escalada con la que pretenden acallarnos. Y ya que no pueden hacerlo, al menos desprestigiarnos. 

No hay un solo escrito dirigido a los juzgados en el pasado y firmado por Dª CARMEN CRIADO donde hemos tenido que vernos las caras, en los que de forma recurrente, mecánica, extemporánea e injustificada, dejara pasar la oportunidad de arremeter violentamente contra nosotros invocando no se sabe bien qué oscuras connivencias, y una interminable sarta de descalificaciones personales a miembros de nuestra junta directiva. El último ejemplo lo hemos tenido en bien reciente ocasión y en sendos escritos del juzgado número 5 de Coslada donde se ven los autos del caso plaza de España. En lugar de explicarse sobre lo que han hecho, dedican la mitad de sus alegatos a descalificarnos, insultarnos, o simplemente calumniarnos. Es su estilo. Y además, Dª CARMEN, lo hacía siempre en sus farragosos e inacabables mamotretos descalificatorios presentados al juzgado tocando de oído, claro, porque ninguno de sus desahogos los había vivido en primera persona.

Entendemos que no les guste al equipo de gobierno lo que decimos en este blog, y desde luego no nacimos para practicar el aplauso fácil y subvencionado del poder local. Tampoco del resto de los poderes. Ni siquiera suponíamos ser tan importantes como para merecer que todo un equipo de gobierno municipal, se dedique al detestable trabajo de encargar a uno de los suyos la tarea de tratar de silenciar nuestras denuncias, mediante viejas prácticas insidiosas contra alguien o alguno de nuestros socios. Más le valiera ocuparse de resolver los graves problemas municipales que han creado y que no son pocos, en lugar de amenazar a las escasas voces críticas que se levantan en nuestro municipio. En cualquier caso, y si se ocupan de nosotros a esos niveles, es que algo estaremos haciendo bien.

EL GRAN CAMBIAZO (I)

UN EQUIPO DE PRESTÍMANOS

Estos caballeros de la foto ya no están en el Ayuntamiento pero dejaron su impronta mientras estuvieron en sus cargos. Se trata del entonces primer teniente de alcalde y portavoz del PSOE D. MANUEL GONZÁLEZ ROJO a la izquierda. En el centro, claro está, el entonces alcalde que no desmentía mentiras D. JULIO SETIÉN, dimitido después para acogerse a una jubilación voluntaria muy oportuna. Y, finalmente, el inefable entonces concejal de urbanismo y consejero delegado de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL de infausta memoria, D. JOAQUÍN MARTÍNEZ. Esto se corresponde con el pleno extraordinario y urgente de 2 de diciembre de 2009, y se disponían a votar la Modificación Puntual no sustancial del PGOU. Eran los felices tiempos del pacto de gobierno de hierro de IU y PSOE del mandato pasado. Y, junto a ellos, el resto de los concejales del entonces equipo de gobierno de coaligados: 6 concejales más de IU y otros 4 del PSOE. En total 13 votos a favor...de una de las más miserables actuaciones en que puede incurrir un grupo municipal, en este caso dos: la más burda y descarada manipulación de un expediente administrativo, y de paso una burla indecente al ciudadano. 

Sigan leyendo y comprobarán qué es lo que hicieron estos 13 concejales (repetimos, 8 de IU y 5 del PSOE) y, sobre todo, sepan el porqué de esta indescriptible tomadura de pelo perpetrada en forma de acuerdo en el que, además de despreciar la legalidad, faltaron también al respeto a todos los ciudadanos. Es un compromiso nuestro firme de que esto no quede impune tampoco. Ya lo verán.

EL INDECENTE JUEGO DE MANOS

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En la sesión urgente del pleno municipal de 2 de diciembre de 2009, como se dice, se llevaron dos asuntos urgentes: la aprobación provisional de la Modificación del PGOU para "adecuarlo" en la zona de la plaza de España donde estaban prohibidos los aparcamientos, y para la aprobación definitiva del Plan Especial. Poco importaba que las licencias hubieran sido concedidas varios meses antes y que las obras ya estuvieran en marcha. Daba igual. Se trataba pues de "adecuar" el instrumento de planeamiento general al proyecto ya en ejecución, y no al revés como es lo lógico y lo legal. Pero en esta actuación y en este Ayuntamiento el respeto a la legalidad es la excepción.

Como puede apreciarse por el documento de arriba, la modificación puntual del PGOU fue encargada por el Ayuntamiento (concretamente por D. JOAQUÍN MARTÍNEZ a puro dedo, sin concurso alguno) al arquitecto que era autor del proyecto unitario de la plaza de España D. ENRIQUE HERMOSO LERA. Dicho encargo fue hecho, como igualmente puede apreciarse, en julio de 2009 y fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobiero Local el día 7 de octubre de 2009. Así consta en la diligencia del señor secretario accidental. Este documento consta de 25 páginas.

También podemos ver en el otro documento, que el Consejo Superior de Arquitectos de España tiene aprobadas y en vigor unas estrictas normas deontológicas que incompatibilizan por dos años, a todo arquitecto que tenga algún encargo de la administración para redactar algún instrumento de planeamiento general. Así pues, lo que estaba ocurriendo con este encargo era simplemente que D. ENRIQUE HERMOSO LERA quedaba incompatibilizado para dirigir la obra (para la que ya estaba contratado por PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL y dirigiendo muchos meses antes) y por la que iba a cobrar aproximadamente un 6% en concepto de honorarios. Es decir, cerca de 3 millones de euros.

Pues bien, a raíz de nuestras alegaciones y denuncias, advertimos de esa situación al pleno municipal, y no se les ocurrió otra cosa que cambiar de arquitecto redactor de la modificación del PGOU. De forma que al señor HERMOSO le sustituyó D. ALBERTO GARCÍA SANZ. Pero lo que hicieron fue algo más grave, porque finalmente lo que realmente sometieron al pleno del día 2 de diciembre de 2009 fue un nuevo documento, firmado y fechado en noviembre de 2009 (cuando el original tenía fecha de julio de 2009). Es decir, cuando ya se había cerrado el periodo de información pública el 16 del mismo mes.

De esta forma, los 13 concejales (8 de IU y 5 del PSOE), le salvaron el culo (y la pasta) al arquitecto autor del proyecto, tratando de evitar con ello la incompatibilidad del señor HERMOSO LERA. Pero eso sí, a costa de saltarse toda la legalidad y particularmente los artículos 128.5 y 133.4 del viejo Reglamento de Planeamiento, que obliga al señor secretario municipal a diligenciar todos los documentos y planos precisamente para evitar trampas con los documentos que, no hay que olvidarlo, como planes de urbanismo son normas jurídicas con ordenanzas incluidas.

No hace falta mucha más explicación de la gravedad (y de sus posibles consecuencias de todo orden) de este acuerdo adoptado por los 13 concejales de marras aquel día 2 de diciembre de 2009, al perpetrar todo un cambiazo en un documento que no se podía cambiar, ya que para eso se diligencia por el secretario. 

Esto es uno más de todos los atropellos perpetrados en el caso plaza de España. Y en éste, además, por los miembros de los dos grupos que entonces gobernaban: IU y PSOE. Como decimos, intentaremos que esta nueva burla a la legalidad y a la buena fe de los ciudadanos, no quede impune para quienes desde su más absoluto desprecio, habían llegado a la equivocada convicción de que el hecho de tener mayoría absoluta con la suma de ambos grupos, les habilitaba para saltarse todas las leyes que les pusieran por delante. Y de paso también, de que no nos íbamos a enterar de su indecente juego de manos de prestidigitadores de la política del tres al cuarto. 

Prometemos vernos las caras con aquellos tahúres que de forma tan burda han insultado y menospreciado nuestra buena fe, y pisoteado las leyes.

EL COLAPSO

El paraje de nuestro municipio conocido como La Granja es un enclave donde florecen todo tipo de actividades y construcciones ilegales sobre suelo protegido. Un descarnado ejemplo de la inexistencia más absoluta de una de las patas más importantes del urbanismo: la que se conoce como la disciplina urbanística. He aquí dos fotografías aéreas sacadas en tiempos diferentes. La de la izquierda hacia el año 2000 cuando se estaba tramitando el nuevo PGOU, y la otra correspondiente a 2011. Los desmadres y el crecimiento de este asentamiento humano totalmente descontrolado e ilegal es bien patente y revelador. Todo se ha ido definitivamente de las manos. Ahora, mediante una extraña iniciativa particular firmada por una abogada exportavoz del PP en el Ayuntamiento en los años noventa, se pretende "regenerar ambientalmente" esta zona. O lo que es lo mismo, legalizar todo este cúmulo de infracciones urbanísticas toleradas a lo largo de muchos años. Es la mejor constatación de que violar las leyes (en este caso las del suelo, las ambientales y el propio PGOU), puede ser magníficamente recompensado en nuestro municipio.

AVISO A NAVEGANTES

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A lo largo de este mes de agosto hemos hecho un repaso sobre aquellas cuestiones que, después de muchas peripecias, se han convertido en sucesivos ejemplos de atrocidades en nuestro municipio desde el punto de vista de lo que se conoce como la ordenación del territorio, una de las competencias más importantes que los municipios tienen atribuidas como propias. Y aunque no hemos repasado todas las que conocemos, hoy traemos la última muy reciente (aprobada en el pleno de mayo último), sobre un sospechoso (y no suficientemente claro) denominado PLAN ESPECIAL DE REGENERACIÓN AMBIENTAL DE LOS ENTORNOS DE LOS CRUCES DE LAS CARRETERAS M-203 Y M-206. O más conocida como la zona de La Granja.

En realidad, este Plan Especial de Regeneración Ambiental ni es un Plan Especial ni de regeneración alguna y mucho menos ambiental. Al contrario, presentada inicialmente y en una primera fase como una iniciativa particular de varios propietarios de la zona, y firmada en todo caso en su nombre por la que fuera portavoz del PP en el Ayuntamiento en los años noventa, no es otra cosa que toda una propuesta de legalización encubierta mediante un vergonzante y engañoso titulo de "regeneración ambiental". La verdad es que la situación de esta zona degradada con todo tipo de parcelaciones y actividades ilegales, algunas de ellas incluso nocivas, ha provocado la total degeneración de la zona y, desde luego, una irreversible situación. De ahí que resulte todo un sarcasmo que bajo el aparente título de Plan Especial de Regeneración Ambiental, haya sido admitido a trámite y finalmente aprobado definitivamente por el Pleno Municipal, con los votos favorables de IU, la abstención (cuán socorrida es la abstención para estos casos) del PP, y el voto en contra del PSOE. El voto en contra de este grupo ha resultado ser, desde luego y al menos por esta vez, el más coherente y apropiado.

Pero es que además de estar viciado el procedimiento de este Plan Especial de Regeneración Ambiental, es en todo caso un nuevo brindis al sol; uno de los muchos que llevamos a lo largo de todo este mandato. Porque solo mediante una expropiación sería posible regularizar este enclave que para propios y extraños es toda una vergüenza, con un impacto visual que nos retrotrae a una suerte de túnel del tiempo o de estar entrando en una constelación de favelas donde no hay autoridad ni se la espera. Es un descarado ejemplo de la endémica futilidad de esta política municipal huera que padecemos sobrada de palabrería y de soflamas, por más sometida que esté al escarnecido realismo (cual es el caso) de su propia y patológica incompetencia. 

Este enclave representa algo más que la manifiesta incapacidad de nuestras autoridades locales, para ejercer su autoridad y hacer cumplir las normas urbanísticas que son violadas con infracciones muy graves, sino que representa también la evidencia de que esas normas urbanísticas no son obligatorias para determinadas zonas de nuestro territorio, y que solo lo son para aquellos pardillos que no tienen la osadía de desafiarlas e incumplirlas. Es el ineluctable destino al que se ven abocados los sumisos, sometidos al estomagante hipócrita discurso de engolados demagogos con el que insultan nuestra inteligencia estos grupos que nos gobiernan. O la malévola creencia en la que incurren una y otra vez, de que todos los ciudadanos somos una pandilla de idiotas y que además les votamos.

No faltarán para este caso u otros parecidos (como el de la cañada Real Galiana), elementos salidos de esa banda de oportunistas demiurgos de la política que nos invaden por tierra, mar y aire, y que, al socaire de la crisis, vengan a aleccionarnos con que situaciones como esta son una resultante de la misma, cuando en realidad este enclave ha conocido su mejor y más expansiva etapa precisamente durante la época de las vacas gordas (y sagradas) de la burbuja. Muy por el contrario, es la manifestación más evidente de una indignante tolerancia municipal. Y un insufrible atentado a las más alementales formas de convivencia porque traslada la idea de que el que no cumple, será premiado. Es con seguridad el colapso final de nuestra fe (ya muy escasa) en nuestro políticos. Pero también y sobre todo, en estos atolondrados políticos locales que nos desgobiernan.

APORÍAS PARA LOS TIEMPOS DEL CÓLERA

De las dos actuaciones que el IVIMA ha tenido en San Fernando de Henares desde su creación, solo una de ellas realizada en los años noventa conserva la titularidad del instituto público regional de la vivienda. La otra, en la calle Somorrostro, hace años que fue vendida a un fondo de inversión inmobiliario.

APORÍAS DE ESTOS DESCONCERTANTES TIEMPOS

(O COMO SER INSOLVENTE Y SIN EMBARGO TENER UN BANCO POR CASERO)

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Durante todos estos años del boom inmobiliario financiero más conocido como la prodigiosa y maldita década de la burbuja, las actuaciones en materia de vivienda protegida han quedado relegadas a las imprescindibles, especialmente en relación con las denominadas de régimen especial, para aquellas personas con rentas que no superan 2,5 veces el INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES más conocido como el IPREM. La mayor parte de los operadores tradicionales como gestoras de cooperativas, cooperativas, sindicatos, etc, abandonaron el segmento de las tradicionales viviendas protegidas de régimen general al olor de los formidables beneficios que las de renta libre ofrecían en aquellos momentos. Incluso nuestra municipal EMS se apuntó al beneficio rápido y fácil en sus promociones. Eran los tiempos de la fiebre del oro inmobiliario. 

La multiplicación exponencial del precio de la vivienda libre unido al exceso de liquidez y dinero abundante y barato, hizo disparar los precios y con ello los beneficios y las rápidas tasas de retornos de promotores y demás operadores del mercado inmobiliario, que naturalmente hicieron su agosto durante todos estos años. Operadores inmobiliarios y administraciones, claro, porque aproximadamente un 20 % del precio final de la vivienda son impuestos de las diferentes administraciones: ayuntamientos, comunidades y finalmente del propio estado, que han venido nutriendo sus arcas con todo tipo de impuestos sobre este oscuro objeto del deseo; este bien de primera necesidad que es la vivienda pero al mismo tiempo con un evidente componente especulativo. Y así nos ha lucido el pelo, claro.

Por esa razón, las promociones en este tipo de viviendas protegidas bajaron estrepitosamente, produciéndose, por el contrario, un fenómeno insuficientemente estudiado que aún hoy permanece debidamente oculto por las administraciones: el impacto de las descalificaciones de las viviendas protegidas durante todos estos años de la burbuja. No hay datos estadísticos a la vista al menos, por lo que las cifras reales son un misterio. Solo puras estimaciones a ojo pero fiables indican que en nuestro municipio, más del 40 % del parque de vivienda protegida fue descalificada durante los doce o quince últimos años. La razón es bien clara: viviendas que costaron una media de diez millones de pesetas en su día, pocos años después valían tres veces más. Por esa razón era más rentable pagar la devolución de los intereses y demás ayudas para vender la vivienda de VPO. Es decir, descalificar la vivienda y luego venderla como libre.

Solo ha habido desde los años noventa dos actuaciones dirigidas al segmento de las rentas más bajas en régimen de alquiler en nuestro municipio, llevadas a cabo ambas por el IVIMA de la Comunidad de Madrid. En ambos se trata de promociones de aproximadamente unas 60 viviendas cada una. La primera lo fue a inicios de los años noventa, y la segunda a comienzos de 2000. Pero esta última promoción no pertenece al IVIMA precisamente desde el mismo año 2000, puesto que fue vendido a un fondo de inversión inmobiliario de un banco.

Los fondos de inversión inmobiliario en nuestro país no han tenido mucho éxito, y la mayor parte de ellos están promovidos o gestionados por bancos. Estos fondos no pueden construir ellos mismos sus promociones ya que solo pueden adquirir los inmuebles a otros. Uno de sus atractivos se basa en el excepcional régimen fiscal, pues solo tributan el 1 % de sus beneficios. A cambio de este extraordinario trato fiscal, se ven obligados a invertir un porcentaje de sus compras en inmuebles como residencias de ancianos o de estudiantes, o inmuebles en alquiler de viviendas protegidas del régimen especial.

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Lo peculiar del caso de estas viviendas de la calle Somorrostro y de estos tiempos; la paradoja inextricable, es que más de sesenta inquilinos de un inmueble que fue promovido por una administración pública, hoy son inquilinos de un fondo de inversión inmobiliario promovido por un banco, pero no podrán acceder (y mucho menos hoy día) a un solo préstamo de la misma entidad bancaria que sin embargo es su casero.

El fondo de inversión que compró inicialmente este inmueble de viviendas públicas en el año 2000, lo era de una división bancaria muy exquisita, y que se conoce en el argot financiero como la "banca privada". Es decir, la banca que solo trabaja con clientes de rentas muy muy altas. Una mala inversión realizada por el banco en cuestión consistente en confiar sus inversiones al célebre financiero de Wall Street (mejor habría que decir estafador) Madoff, estuvo a punto de dar al traste con todo. Madoff es un sorpredente caso moderno de engaño a personas muy listas y muy ricas de todo el mundo, pero por medio del viejo método piramidal Pozzi. Así pues, algunos ricos y confiados inversores españoles fueron engañados por este viejo método. Inexplicable en los tiempos de tantos y tantos reguladores. 

Pues bien, este caso provocó el primero y único "corralito" financiero durante dos años en nuestro país y en esta crisis, al cundir el pánico entre los partícipes de esos fondos de inversión que pidieron en masa su rescate. Y tras dos años, algunas querellas por medio y muchas pérdidas (la rentabilidad de estos fondos cayeron estrepitosamente), la fiscalía llegó a la conclusión de que el banco privado en cuestión, que gestionaba el fondo de inversión inmobiliario titular del inmueble de la avenida de Somorrostro, había realizado inversiones peligrosamente especulativas. Y tanto. A punto ha estado este inmueble de ser carne de subasta en los juzgados. Hoy, muy recientemente, el banco matriz del grupo financiero ha absorbido a la división de la banca privada y ahora está en un nuevo fondo de inversión inmobiliario del más importante banco del país. Eso sí, se desconocen las pérdidas habidas y quién las ha pagado.

Pero claro está, todos los inquilinos de los inmuebles que pertenecieron al IVIMA (entre los que está el de la Avda. de Somosrrostro), no conseguirán obtener un solo préstamo de ese banco en estos momentos. Son las ineluctables aporías para estos deconcertantes y peligrosos tiempos del cólera financiero. Inquilinos insolventes sirven para formidables deducciones fiscales al casero, que no es otro que un fondo de inversión inmobiliario formado por y para rentas muy selectivas y exigentes de los barrios y urbanizaciones exclusivas. Así funciona este enloquecido mundo.

DOS VARAS DE MEDIR

En amarillo las zonas donde se han producido algunas demoliciones de construcciones ilegales por el Ayuntamiento, la última muy reciente en la zona denominada La Granja. En rojo, dos de las infracciones urbanísticas más graves cometidas con licencia municipal, pero que fueron anuladas por los tribunales. Se trata de la ampliación del centro comercial de PRYCA y de la campa de vehículos de TRADISA. A pesar de que nuestra asociación pidió la ejecución de las sentencias y la demolición de lo ilegalmente construido, el equipo de gobierno nunca ejecutó las sentencias. La diferencia en el trato de uno y otro caso se debe, naturalmente, al pago de dinero en forma de "compensaciónes" urbanísticas tras la firma de sendos convenios urbanísticos.

INFRACCIONES URBANÍSTICAS EN NUESTRO MUNICIPIO

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La pariente pobre de la gestión del territorio en nuestro municipio ha sido tradicionalmente la disciplina urbanística. Algo que es casi inexistente. Centrados solo en el planeamiento que es lo más fácil (ya se sabe, pintar como querer), y con evidentes dificultades para entender la gestión, la disciplina urbanística es una quimera.

Cuando en el año 2001 el equipo municipal de gobierno tramitaba ante la consejería correspondiente el PGOU, ésta le pidió al Ayuntamiento un inventario de todas las edificaciones ilegales levantadas en nuestro municipio antes de adoptar acuerdo de aprobación alguno. Dicho inventario arrojó la pavorosa cifra de más de 200 edificaciones ilegales levantadas sobre el territorio de San Fernando, la mayor parte de las cuales estaban localizadas en la zona denominada de La Granja (en la confluencia de la carretra con Loeches), donde hoy hay levantado todo un asentamiento ilegal que se expande como una mancha de aceite, a lo largo y ancho de varias hectáreas de un suelo que el PGOU clasifica, además, como no urbanizable y protegido.

Las apenas tres intervenciones municipales lo han sido sobre un grupo de chabolas en la carretera del INTA en agosto  de 1997, y demolidas directamente sin intervención judicial. Las otras dos lo han sido en el año 2007 y en 2012 en la zona de La Granja, sobre algunas naves y cuatro viviendas levantadas, estas últimas demolidas por orden judicial. Lo característico de estas actuaciones municipales de restauración de la legalidad urbanística es que, en todas ellas, las construcciones carecían de licencia municipal.

Sin embargo, en el inventario entregado por el Ayuntamiento a la Consejería de Urbanismo en cumplimiento de lo pedido, no figuraban aquellas infracciones y edificaciones ilegales levantadas en nuestro municipio pero al amparo de respectivas licencias de obras. Es decir, con autorización municipal. Dos de estos casos más escandalosos son los de la ilegal ampliación del centro comercial de PRYCA (hoy CARREFOUR), y de la campa de vehículos de TRADISA, levantada sobre una superficie de 200.000 m2 de suelo no urbanizable especialmente protegido.

PRYCA, LICENCIAS (ILEGALES) A CAMBIO DE DINERO

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El Estudio de detalle de la entonces COPLACO, permitió una superficie máxima para este centro comercial situado en el arranque de la N-II de 15.000 m2. Muy pronto, la multinacional francesa de COMER CENTER propietaria del centro pidió al Ayuntamiento una ampliación del mismo. Primero de 5.000 m2 en 1983 y después de 2.500 m2 más en 1987. Ambas ampliaciones fueron autorizadas por el Ayuntamiento previo pago por parte de PRYCA de 50.000.000 de pesetas. 

La primera ampliación se produjo a cambio de 28.000.000 de pesetas, que naturalmente fue autorizada una vez quedó garantizado por PRYCA mediante aval bancario o seguido del correspondiente mandamiento de ingreso. La siguiente ampliación lo fue también tras un convenio urbanístico y un compromiso de pago ahora de 22.000.000 pesetas. Todo ello bajo el compromiso de llevar estas ampliaciones al nuevo PGOU entonces en tramitación y aprobado definitivamente en 1988. Lo cual no impidió a PRYCA, naturalmente, obtener muy anticipadamente sendas licencias antes de la aprobación definitiva del PGOU. Y por supuesto a levantar las ampliaciones antes de su entrada en vigor. Ventajas de poner la pasta por delante.

Pero la Consejería de Urbanismo no aprobó las ampliaciones en su aprobación definitiva del PGOU, dejando la superficie del centro comercial en los iniciales 15.000 m2. Los restantes 7.500 m2, naturalmente debían de ser demolidos. 

Después de numerosos recursos judiciales, fue en 1999 cuando el Tribunal Supremo confirmó lo acordado por la Consejería de Urbanismo, quedando las sucesivas ampliaciones realizadas (ejecutadas además mucho antes de que fuera aprobado el PGOU), en situación de clara ilegalidad.

Nuestra asociación solicitó insistentemente al Ayuntamiento la ejecución de las sentencias y, por lo tanto, la correlativa demolición de lo ilícitamente construido para así restaurar la legalidad urbanística infringida. Y el entonces equipo de gobierno nunca ejecutó esta sentencia. Y no solo eso, sino que hoy, con el nuevo PGOU, han "legalizado" (mejor dicho, lo han intentado) esas ampliaciones. Si bien no tenemos constancia de que CARREFOUR haya solicitado las correspondientes licencias de legalización. Estamos esperando que lo haga, desde luego.

Una campa de vehículos de más 200.000 m2 y otros 20.000 m2 más de naves construidas, levantada sobre un suelo que el PGOU clasificaba como NO URBANIZABLE Y ESPECIALMENTE PROTEGIDO. Nuestra asociación llevó estas licencias a los tribunales y consiguió que fueran anuladas. Pedida la ejecución de la sentencia, el equipo de gobierno en lugar de ejecutarla llevó esta misma clasificación al nuevo PGOU. Y, según ellos, así quedó "legalizado" este atropello a la legalidad urbanística. Pero ya veremos a ver si es así.

TRADISA, O COMO BURLAR LA LEGALIDAD A CAMBIO DE DINERO Y OTROS FAVORES

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Acababa de ser aprobado el nuevo PGOU en 1988 y este suelo era clasificado como NO URBANIZABLE Y ESPECIALMENTE PROTEGIDO DE INTERÉS PAISAJÍSTICO. No obstante lo cual, fue aprobado apenas unos meses después un convenio urbanístico mediante el cual, la empresa TRADISA, previo pago de 10.000.000 de pesetas y la matriculación en el municipio de 80 camiones de su propiedad, le sería concedida la correspondiente licencia. Y así fue, le fueron concedidas. Nuestra asociación, después de muchas peripecias, recurrió las licencias que fueron anuladas por el TSJM en el año 2006. Y, naturalmente, pedimos al entonces equipo de gobierno que restaurara la legalidad urbanística y, en cumplimiento de lo acordado por los tribunales, procediera a demoler lo ilegalmente construido, además, sobre suelo no urbanizable y especialmente protegido. Pero nunca lo hizo. Al contrario. Luego supimos que las licencias concedidas lo fueron coetáneamente a que TRADISA regalara a Protección Civil una ambulancia o de que financiara un programa de fiestas del Área de Educación.

Este caso de TRADISA, que ya hemos comentado en otras entradas, nunca fue investigado, y, por el contrario, además de echar sobre él un manto de olvido, la empresa TRADISA creó una división inmobiliaria, adscribió esta finca a sus activos, y no solo consiguió que no le fueran demolidas las instalaciones sino que fuera premiada con la clasificación del suelo como urbanizable en el nuevo PGOU con unas condiciones muy ventajosas. Tanto, que lo ha vendido a una conocida familia del municipio. 

Nunca será ya investigado cómo se realizó el pago del sobreprecio al vendedor inicial de esta finca, incluido el realizado mediante una fabulosa finca en Argentina. Así como una cantidad que se aproximaba a los 29 millones de pesetas en efectivo pero no declarados. Ni, por supuesto, cómo fue posible que esta sociedad consiguiera tan alegremente levantar un complejo industrial en un paraje que estaba destinado a replantar árboles. Todos estos misterios quedarán en el arcano de los tiempos, sin deseo alguno de ser investigado por quienes firmaron y aprobaron las autorizaciones, el convenio urbanístico incluido. Al contrario, todo quedará enterrado bajo una pesada losa de cínico disimulo municipal.

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Traemos aquí estos dos ejemplos tan distintos, como demostración de la doble vara de medir utilizada por nuestra autoridades municipales cuando de restaurar la legalidad urbanística se trata. Mientras que en unos casos (los señalados en amarillo) se procede a la demolición de unas modestas chabolas aprovechando la ausencia de sus moradores, o un pequeño grupo de viviendas levantadas sin licencia alguna, las grandes y potentes corporaciones consiguen mantener sus imponentes edificaciones ilegales (así acordado por los tribunales), enhiestas e indemnes. Y no solo eso, sino que luego son premiadas recogiendo así el fruto afanoso de sus desvelos: la legalización de esas infracciones por el nuevo instrumento de planeamiento.  

PRYCA y TRADISA son solo dos ejemplos. Ambos agotaron los trámites judiciales con sus mejores y más caros abogados, incluyendo el asesoramiento legal de algún conspicuo exjuez del Tribunal Supremo. Pero los casos eran tan alevosos como ilegalizables. La diferencia no obstante entre la suerte corrida por unos (las chabolas y viviendas sin licencia, demolidas), y por los otros (las edificaciones ilegales con licencia, no demolidas), se debe a una razón muy poderosa: se llama dinero.