CRÓNICA URGENTE DE JUZGADOS - DEVULVEN LA CAUSA AL JUZGADO 5 DE COSLADA

 

EL JUZGADO DE LO PENAL Nº 3 DE ALCALÁ DE HENARES NOS DA LA RAZÓN Y DEVOLVERÁ LA CAUSA AL JUZGADO 5 DE COSLADA PARA QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA IMPUTACIÓN DEL ALCALDE CORPA Y OTROS

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El Juzgado de lo Penal nº 3 de Alcalá de Henares donde se iba a juzgar al ex alcalde Setién y otros por presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación de territorio y contra el patrimonio histórico por lo que se conoce como el "caso plaza de España", ha acordado devolver la causa al Juzgado de Instrucción número 5, atendiendo así nuestra petición por cuanto que dicho Juzgado debió resolver antes de remitir la causa un escrito de aclaración pedido expresamente por nuestra representación procesal.

En el escrito de aclaración se le pedía al Juzgado que, tras la acumulación de otra denuncia a la causa principal del mismo Juzgado, fuera aclarada cuál era la situación jurídico procesal de los denunciados, entre los que se halla el actual alcalde Corpa por su participación en las votaciones de las dos Juntas de Gobierno celebradas los días 3 y 29 de julio de 2009, cuando formaba parte del mismo equipo de gobierno.

DELINQUIR DE FORMA COLEGIADA

Lo peculiar de esta causa es que se les imputa a los miembros de la Junta de Gobierno Local que aprobaron el proyecto de reparcelación de la UE-1 (plaza de España) y su modificaciones, sin cumplir el preceptivo trámite de información pública con el objeto de dar cumplimiento a lo requerido por la entonces entidad financiera Caja Madrid, y así ganar tiempo para poder disponer rápidamente del dinero de los préstamos hipotecarios concedidos a PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Omitiendo el preceptivo y obligado trámite de información pública del Proyecto de Reparcelación, acortaron el tiempo en más de seis meses, además de conseguir que nadie ajeno al equipo de gobierno metiera las narices en lo que estaban haciendo.

Para ello, fue decisiva la utilización de la Junta de Gobierno Local de la que entonces formaba pare el hoy alcalde Corpa, quien, con su voto unánime, aprobó el proyecto de reparcelación del que ni siquiera se sabía quién lo había redactado e incluso no fue pasado por el registro general, y cuyo expediente original ha desaparecido del Ayuntamiento.

He aquí una de las actas de la Junta de Gobierno Local que fue utilizada para que, con su acuerdo adoptado por unanimidad de los asistentes entre los que se encuentra el hoy alcalde Corpa, fuera aprobado un proyecto de reparcelación que no se sabe quién lo redactó, no pasó por el registro general ni por el registro de urbanismo, tampoco fue informado por los servicios técnicos de urbanismo ni por la Dirección General de Patrimonio Histórico, y que contiene verdaderas aberraciones como el hecho de suprimir todo el parcelario histórico protegido por el Catálogo de PGOU. Todo eso fue hecho y acordado de forma colegiada, pues no otra cosa es la Junta de Gobierno Local. Y si mediante esos acuerdos se ha cometido algún presunto delito en este caso contra la ordenación del territorio, es evidente que si los acuerdos se han adoptado por unanimidad de los asistentes, todos los miembros de la Junta de Gobierno son responsables y no solo dos de ellos.

Tan elemental, lógica y sencilla conclusión es lo que nuestra asociación viene exigiendo desde siempre y ahora en sede judicial. De forma tal que el Juzgado de lo Penal nº 3 de Alcalá que iba a ser el que juzgara el caso, ha decidido devolver la causa al Juzgado de Instrucción nº 5 de Coslada para que aclare cuál es la situación jurídico procesal del señor Corpa y de los demás asistentes a las Juntas de Gobierno Local que, con su voto unánime, participaron colegiadamente TODOS en el mismo presunto ilícito penal. 

Esta es pues nuestra batalla que, no exenta de torticeras malinterpretaciones interesadas, se va abriendo camino en el proceloso mundo de la burocracia judicial, para que, finalmente, el Juzgado se pronuncie sobre este imprescindible asunto: la de que todos los asistentes a las Juntas de Gobierno donde se aprobó el proyecto de reparcelación o sus modificaciones omitiendo el trámite de información pública, fueron corresponsables de los atropellos a la legalidad y no solo dos de los siete que componían dicha Junta. Algo muy fácil de entender además.

Ha llegado pues la hora de la verdad; el Juzgado 5 de Coslada tiene la palabra pues a partir de ahora porque la devolución de la causa entraña lógicamente el emplazamiento para que se pronuncie sobre lo que pende desde septiembre del año pasado, en un trámite que por cierto la ley fija como plazo solo tres días para su pronunciamiento por el juez y que en este caso se ha omitido.