SEDE DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MADRID
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CRÓNICA DE UN DISPARATE
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Muy recientemente, el Tribunal Supremo ha inadmitido una vez más un recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento, cuya pretensión era la de revocar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid favorable a nuestra asociación por la que se anulaba otra de uno de los Juzgados de lo Contencioso de Madrid, donde tenemos interpuesto un recurso contra las licencias de obra concedidas a la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL por considerarlas ilegales.
Como es sabido, PESF es una empresa participada por el Ayuntamiento que hoy está en situación de quiebra y con calamitosas consecuencias económicas para la Corporación municipal. En realidad, fue el propio Ayuntamiento quien provocó la quiebra de la empresa.
El auto ahora del Tribunal Supremo condena en costas también al Ayuntamiento que, naturalmente, pagará usted sufrido contribuyente porque los responsables municipales de estos dislates tiran con pólvora del Rey y no espere que las paguen de sus bolsillos, claro.
Este auto de inadmisión del TS del recurso de casación promovido por el Ayuntamiento pone fin a un proceso dilatorio intolerable. Y muestra la cara más indolente de un alcalde entregado en cuerpo y alma a la oportunista agitación política pero con escasa dedicación a la gestión municipal propia, porque pone sobre la mesa un asunto clave del lamentable funcionamiento del actual equipo de gobierno, cual es la función que desempeña la Unidad de la Asesoría Jurídica que dirige y coordina un cargo de la confianza política del alcalde. Un funcionamiento oscuro, maniobrero, falto de la transparencia más elemental y sumido en la más absoluta ineficacia respecto de los grandes problemas que tiene el municipio.
Desde luego, lo sucedido con este caso ahora cerrado por el Tribunal Supremo con un varapalo de inadmisión y unas costas que debería de pagar el alcalde en lugar del Ayuntamiento, merecería algo más que una interpelación por parte de los grupos de la oposición en tanto que responsable de la Unidad de la Asesoría Jurídica. En el supuesto claro está, de que realmente exista oposición como tal en nuestro vapuleado Ayuntamiento.
Lo que viene sucediendo con esta Unidad desde luego que merecería una exhaustiva investigación, para conocer de primera mano quién en ella toma las descabelladas decisiones como en este y otros casos, de agotar recurso tras recurso hasta las puertas mismas del Tribunal Supremo, con la única finalidad de ganar tiempo y ver si suena la flauta en alguna instancia judicial. Interponiendo obstáculos y más obstáculos con tal de evitar enfrentarse al juicio imparcial y contundente de la justicia para rendir cuentas por lo que han hecho y al mismo tiempo por lo que dejan de hacer.
Y es que, ciertamente, el asunto se las trae.
SALVAD AL SOLDADO CORPA
Se trata, como se dice, del lamentable funcionamiento de la Asesoría jurídica del Ayuntamiento que se halla bajo responsabilidad del alcalde Corpa (así figura en el organigrama municipal colgado en la web), y está teledirigida en la sombra por un cargo de su confianza política nombrada como tal a pesar de que cuando estaba en la oposición promovió mociones para que dicho puesto fuera ocupado por personal funcionario municipal. Esto es lo que sucede con políticos sin escrúpulos y con escasos principios; tengo unos en la oposición y los contrarios cuando llego al poder.
La Asesoría jurídica municipal debería de depender directamente del Secretario General Municipal que por algo es quien tiene las competencias del asesoramiento legal del Ayuntamiento. Ello garantizaría que cumplieran con los principios constitucionales de servir con objetividad a los intereses generales y con sometimiento pleno a la ley y al derecho como proclama el artículo 103 de la CE, y no con esta intolerable conducta tendente solo a dilatar y entorpecer cada vez más salidas racionales para el gravísimo problema de plaza de España.
Sin embargo, la dependencia directa del propio alcalde y que su dirección y coordinación (siempre en la sombra) recaiga sobre un cargo de confianza política, y el palmario comportamiento y posicionamiento en todos y cada uno de los asuntos en que interviene especialmente en relación con el caso plaza de España, hacen que esté toda ella bajo la sospecha del cumplimiento de una consigna: hagan lo que sea para salvar al soldado Corpa en detrimento del interés general municipal. En algún momento habrán de rendir cuentas por ello.
Porque, de otra forma, no puede explicarse lo que viene sucediendo caso tras caso con la posición oficial del Ayuntamiento en asuntos judiciales determinantes, y de los cuales no hay ni una sola iniciativa de la oposición que tenga por objeto fiscalizar algo elemental: quién es quien da la instrucciones a la asesoría jurídica para adoptar las posiciones que adopta en cada caso judicial, y que no se atienen a defender el interés general municipal como es su obligación sino el interés personal del alcalde. La oposición por su parte está ocupada sin embargo en misiones más elevadas como salvar el mundo mundial.
Mientras tanto, despistada esa misma oposición y sin apenas interés por lo que pasa realmente puertas adentro del Ayuntamiento, se va desgranando una por una toda serie de evidencias de que se ha vuelto a las andadas. Hemos vuelto pues a los siniestros y oscuros tiempos en que los responsables municipales del equipo de gobierno y singularmente su alcalde, se hallan protegidos por una guardia de corps como esta Unidad de la asesoría jurídica totalmente entregada a defender antes la indemnidad del alcalde Corpa, que los intereses municipales. Aunque ello comporte iniciar absurdos itinerarios judiciales como este que ha acabado de nuevo con un humillante Auto de inadmisión del Tribunal Supremo. Uno más en un agotador, costoso e irresponsable itinerario judicial del que más pronto que tarde pediremos cuentas a la vista del patético desistimiento de los grupos de la oposición. Y hay siete nada menos.
QUO VADIS ALCALDE CORPA?
El alcalde Corpa hace como que habla por teléfono mientras posa para la foto, algo que, al parecer, comienza a ser una epidemia entre los gobernantes del PSOE
Hace apenas unos seis días, la Audiencia Provincial de Madrid procedía a resolver numerosos recursos de apelación tanto de las acusaciones como de las defensas, relacionados con la causa penal que se sigue en el Juzgado nº 1 de Coslada, contra quienes fueron miembros del consejo de administración de la mercantil PESF. Entre los que se encuentra imputado quien fuera correligionario del señor Corpa y entonces concejal de suelo público, consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y al mismo tiempo portavoz del grupo municipal socialistas durante el mandato 2007-2011, en el que sucedieron los hechos que luego dieron lugar a la quiebra de dicha sociedad.
He aquí al alcalde Corpa visitando e inspeccionando las obras de la actuación en Plaza de España y rodeado de cargos que ahora se hallan imputados en varias causas judiciales. Obras que nosotros reputamos de ilegales, y cuyo restablecimiento de la legalidad ahora el alcalde Corpa se niega a ejecutar
El auto referido de la Audiencia Provincial de Madrid, dictado por cierto con inusitada rapidez, viene a poner al borde de la apertura del juicio oral a quien, junto con los demás, fue en su momento correligionario y portavoz del propio grupo municipal del PSOE al que el propio alcalde Corpa pertenecía como concejal de cultura y teniente de alcalde del equipo de gobierno, entonces formado entre el PSOE e IU.
Pues bien, la dirección letrada del señor González Rojo en la causa que lo mantiene imputado en el Juzgado nº 1 de Coslada, resulta ser la misma que la del alcalde Corpa personado en el concurso de acreedores. De forma tal que, obviamente, cabe inferir que la dirección letrada de ambos denota cuando menos intereses compartidos y con el mismo objeto de ambas causas como es lo sucedido con la mercantil PESF.
El problema sin embargo surge cuando, ahora, en tanto que alcalde y jefe de la Asesoría jurídica del Ayuntamiento, entran en conflictos muy claros los intereses de su ex colega, los del propio alcalde y los generales municipales. El conflicto pues está servido por cuanto que, a la vista de la actividad desplegada por la Asesoría jurídica que no rinde cuentas a nadie salvo al propio alcalde, y especialmente sus posicionamientos en dichos casos, revela que en lugar de estar defendiendo los intereses generales municipales, está entregada más bien a salvarle el culo del alcalde. Y en escandalosa línea además con las defensas de los imputados, entre los que se encuentra como se dice el señor González Rojo cuyo abogado comparten.
EL CONFLICTO ESTÁ SERVIDO Y EL ESCÁNDALO TAMBIÉN
Esto de arriba es la última planilla de lo que llaman "contabilidad" del grupo municipal socialista, pero solo entre el periodo de enero a junio de 2020. No hay más.
Los grupos municipales adoptaron hace tiempo un acuerdo en virtud del cual se comprometían a hacer públicas sus cuentas. En realidad, en tanto en cuanto que reciben cuantiosas y graciosas subvenciones del Ayuntamiento para sus gastos de funcionamiento, están obligados a ello porque así los dispone la Ley de Transparencia, para que sepamos qué hacen con el generoso dinero que reciben de nuestros impuestos. Sin embargo, ni presentan cuentas ni, objetivamente, puede decirse que lo de arriba sea propiamente una contabilidad y mucho menos un ejemplo de transparencia.
El grupo municipal socialista percibe anualmente unos 30.000 euros como puede verse por la nota colgada en la web municipal. En ella, se hace una especie de desglose que sin embargo no va firmada por nadie y sin que haya pues el menor atisbo de que lo que dicen sea verdad, o al menos se nos brinde algún mecanismo para verificarlo.
Hay que tener en cuenta que se trata de dinero público y que está destinado solo al funcionamiento del grupo municipal, no del partido político. Sin embargo, por lo que podemos ver, en el supuesto de que lo de arriba puede considerarse realmente una contabilidad seria del grupo, tienen al parecer los siguientes gastos: i) en bufetes de abogados 1.815 euros, ii) en gastos extraordinarios 2.786 euros, iii) en gastos representativos y de propaganda 1.707 euros, y iv) en otros gastos externos 5.100 euros. Asimismo, afirman tener una fotocopiadora contratada en renting. Toda una serie de epígrafes que indican que, por el contrario, buena parte de esos importes no responden realmente a gastos de funcionamiento del grupo municipal, sino a gastos que no pueden explicar.
Tendremos ocasión no obstante de dedicarle a este asunto sobre qué hacen realmente los grupos municipales con estas generosas asignaciones que se autoconceden con el dinero que proviene de nuestros impuestos, en la seguridad de que conseguiremos que justifiquen hasta el último céntimo de los gastos que dicen tienen. Y que nos hace sospechar que en estas cuentas apócrifas de las que además solo han presentado un semestre y ahí ha quedado todo, hay mucho camelo y por eso no las firman siquiera.
Pero por ahora, nos interesa exponer el concepto de gastos de asesoramiento en abogados, y que en realidad engloba precisamente gastos destinados a las defensas y direcciones letradas referidas del señor González Rojo a lo que parece. Lo cual, de confirmarse, sería un verdadero escándalo porque, entre otras cuestiones, el propio Ayuntamiento se halla personado en esas causas como responsable civil subsidiario y su representación procesal recibe instrucciones del señor Corpa.
¿Cómo se compaginan legamente las recientes actuaciones y sobre todo los posicionamientos que tiene en esas causas el Ayuntamiento, donde uno tras otro son emitidos escritos claramente renuentes a que se investiguen las responsabilidades penales de los que fueran responsables en el formidable fiasco de plaza de España, y en el que ha tenido su propio protagonismo también el señor Corpa?
Pues, la verdad es que si se analizan detenidamente los alegatos del Ayuntamiento en todas ellas, así como la resistencia numantina a impedir la revisión también de los Juzgados de lo contencioso, es preciso concluir que el alcalde Corpa ha sobrepasado peligrosamente la fina línea que separa el servicio al interés general para sustituirlo por la pura y lisa defensa de sus propios intereses en esas causas. Y para lo cual, no le queda más remedio que tratar de exonerar a los imputados (hoy ya encausados en algunos procedimientos) porque en ello le va su propia exoneración.
De otra forma, no es comprensible lo que ha pasado con la causa donde se investiga la desaparición de numeroso expedientes relacionados con el caso plaza de España como hemos apuntado en la entrada anterior, o con el escrito de defensa presentado en la causa penal del juzgado nº 5 de Coslada donde solo le ha faltado a la representación procesal del Ayuntamiento, pedir que fueran condecorados los encausados.
EL SINSENTIDO DEL LABERINTO JUDICIAL EN EL QUE SE ESTÁ METIENDO EL ALCALDE CORPA
Nos consta que hacia mediados del año pasado antes del verano, el señor Corpa y su staff de confianza se reunió con un promotor inmobiliario interesado en hacerse con las viviendas de plaza de España, abandonadas desde hace ocho años por la quiebra de PESF.
El alcalde Corpa se mostró eufórico y receptivo a las pretensiones del promotor, ofreciéndose incluso a recomprarle todas las plazas de garaje bajo la plaza de España (606 nada menos) por el Ayuntamiento, una vez le fueran adjudicadas por el juez concursal.
En esa misma línea, comienzan a observarse súbitos e inexplicables movimientos en el seno del concurso particularmente en el triángulo del administrador concursal, el promotor interesado y el propio Ayuntamiento. Por su parte, la actual titular de los préstamos hipotecarios, Caixabank, aparece también en escena tratando de personarse en la causa penal del juzgado nº 5 como perjudicada, pero no por los presuntos delitos que se están investigando y por los que se sentarán en el banquillo próximamente y de momento al menos los imputados, sino por las medidas cautelares que dicho Juzgado adoptó en enero de 2017. Lo cual es disparatado, claro.
Simultáneamente, y según el último informe del Administrador concursal de diciembre pasado, están estudiando la idea de segregar la plaza de España del resto de las fincas con la finalidad de devolverla al Ayuntamiento, y así liberar el resto de las construcciones incluidas las plazas de garaje de la plaza de España que serían pues adjudicadas al promotor pretendiente.
Sin embargo hay un problema serio: las licencias de obra que nuestra asociación pretende sean revisadas por los juzgados de lo contencioso. Y ahí aparece de nuevo la incomprensible posición de la representación procesal del Ayuntamiento entregada como sea a evitar que eso suceda. En ese marco se inscribe precisamente lo sucedido con el procedimiento contencioso que ha dado lugar al muy reciente Auto del Tribunal Supremo, y que obliga sin embargo a volver a la casilla de salida en un procedimiento iniciado ya en el año 2020. Es decir, a que el Juzgado contencioso revise las licencias. Revisión judicial a la que se opone denodadamente el Ayuntamiento mediante todo tipo de argucias procesales destinadas todas ellas a tratar de evitar eso: que los juzgados entren en el fondo del asunto y examinen lo sucedido realmente con la actuación municipal en este ya escandaloso caso de plaza de España.
¿QUÉ ES LO QUE EL ALCALDE CORPA NO QUIERE QUE LOS JUZGADOS REVISEN DEL CASO PLAZA DE ESPAÑA?
Pues, además de su numantina resistencia a que ninguna de las dos jurisdicciones, tanto la de lo penal como la de lo contencioso, revisen lo acontecido con el caso plaza de España, en el procedimiento contencioso que ha dado lugar ahora al Auto del Tribunal Supremo, lo que el alcalde Corpa no quiere que se revise es, entre otras graves cuestiones, lo correspondiente a las dos licencias de obras: i) la de obra mayor de la edificación sobre rasante, y ii) la de las 606 plazas de garaje. Ambas claramente ilegales según nuestra opinión.
En el primer caso, porque fue otorgada sin la cobertura del plan Especial y además se han construido más de 2.000 metros cuadrados de los permitidos. Y en el segundo caso, el de las 606 plazas de garaje, porque la licencia solo permitía construir 7.969 metros cuadrados y sin embargo se han construido 18.287 m2 y algunas de esas plazas, además, están localizadas en suelo público. Lo que, entre otra cosas, constituye una monumental infracción urbanística.
EDICTO PUBLICADO EN EL BOCM CORRESPONDIENTE A LA LICENCIA DE OBRAS DEL GARAJE SUBTERRÁNEO DE LA PLAZA DE ESPAÑA, CON EL LÍMITE DE 7.969 M2.
Y LO REALMENTE CONSTRUIDO: 18.827 METROS CUADRADOS
El alcalde Corpa ha sido emplazado por nuestra asociación para que restablezca la legalidad urbanística infringida, e incoe los correspondientes expedientes de infracción urbanística cuyas gravísimas consecuencias son, precisamente, que se han construido once mil metros más de los permitidos. Además, lógicamente, del resto de las infracciones igualmente graves, sobre las que debe adoptar las medidas cautelares correspondientes como por ejemplo la demolición de lo ilegalmente construido.
Sin embargo, el alcalde Corpa se resiste a iniciar una sola actuación de restablecimiento de la legalidad urbanística, alegando precisamente la existencia de diferentes causas judiciales abiertas entre ellas alguna penal. Causas y procedimientos en los que está personado el Ayuntamiento e incluso emplazado también el Administrador concursal, pero en los que sostiene contra toda evidencia, que todo se ha hecho maravillosamente bien en esta actuación urbanística. ¿Es simple delirio o realmente puro desconocimiento de la grave irresponsabilidad en que incurre?
¿Es de recibo, que el alcalde Corpa dé instrucciones a la Asesoría jurídica para sostener en sede judicial que, por ejemplo, unas obras ejecutadas ya y amparadas por una licencia que solo autoriza la construcción de 7.969 m2, y sin embargo se han construido 18.827 m2 con algunas plazas de garaje invadiendo el dominio público, están perfectamente ejecutadas y que no es preciso incoar expediente de infracción alguna?
¿Es posible que el alcalde Corpa nos crea tan estúpidos como para tragarnos que la postura del Ayuntamiento en estos procedimientos, responde realmente a la defensa del interés general y no a la propia autodefensa de sus propios intereses y de los imputados en las causas judiciales abiertas, entre los que se halla su antiguo correligionario de partido?
En fin, esta absurda postura de sostenella y no enmendalla es la misma que ha llevado a sus antecesores autores de este formidable fiasco urbanístico y económico, a tener que sentarse en el banquillo en los próximos meses.
Usted sabrá lo que hace señor Corpa, pero una cosa sí tenemos clara: que es incapaz de aprender en cabeza ajena; e incurre una y otra vez en las mismas conductas que han llevado a sus antecesores al banquillo. Y una de las razones de ello es idéntica en la que ha caído usted haciendo caso a sus asesores áulicos en lugar de hacer lo correcto. Pues allá usted, porque no dude que más pronto que tarde tendrá que dar explicaciones también.
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