ACTITUD HOSTIL Y ENTORPECEDORA AL DEFENSOR DEL PUEBLO
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En marzo de 2016 dirigíamos una serie de escritos a la señora alcaldesa presidenta del Ayuntamiento con objeto de que se nos permitiera el acceso a determinados expedientes administrativos en alguno de los cuales, además, teníamos un interés directo por corresponderse con iniciativas instadas por nosotros mismos ante el propio Ayuntamiento en julio de 2015, y de los que no habíamos recibido contestación. Pero tras esperar de nuevo otros cinco meses, tampoco recibimos contestación a las nuevas reclamaciones presentadas con objeto de acceder a esos expedientes u obtener copia de otros documentos. A la vista de lo cual decidimos presentar una queja al Defensor del Pueblo precisamente ahora hace un año. Por su parte, el Defensor del Pueblo se ha visto obligado a reiterar varias veces la petición de la remisión de la información que le teníamos solicitada sin resultado alguno. El Equipo de gobierno y su alcaldesa han decidido ignorar estas reclamaciones de la institución que tiene por misión, precisamente, evitar que las instituciones públicas incumplan sus obligaciones para con los ciudadanos.
Ahora, hace apenas unos días, hemos recibido de nuevo un escrito de dicha institución mediante el cual se nos comunica que una vez más ha sido requerido el Ayuntamiento para la remisión de la información solicitada. Advirtiendo, además, que si tampoco contestan a este último requerimiento, serán informadas las Cortes Generales de la falta de colaboración de la Corporación, junto con una declaración de hostilidad y entorpecedora de su labor de defensa de los ciudadanos. Así están pues las cosas.
Por otra parte, tampoco el Ayuntamiento se apresura a remitir los expedientes administrativos (tiene plazos tasados de veinte días ya vencidos sobradamente) del Proyecto de Reparcelación que hemos impugnado ante la jurisdicción contenciosa, con el riesgo, entre otras cuestiones, de que sea multada la alcaldesa por el Juzgado que lleva el asunto si no remite los expedientes. Procedimiento en el que, por cierto, tratan de personarse tanto la ex asesora del Equipo de Gobierno Dª CARMEN CRIADO como D. VICTORIANO CUESTA, convertido ahora ya en cliente fijo de la anterior aun cuando esta letrada se halla afectada por una clásula de confidencialidad en su contrato de alta dirección firmado en su día por el entonces alcalde SETIÉN. Pretenden pues que los codemandemos junto con el Ayuntamiento, lo cual es esperpénpetico pues tratan de utilizar de manera espuria un cauce procesal reservado a quienes tienen un interés legítimo y/o directo. Hablaremos más adelante de esta alocada estrategia de quienes fueron administradores de hecho de PESF SL, tratando de defender ante los tribunales nada menos que la tramitación del Proyecto de Reparcelación fue ajustada a la legalidad. ¡Lo que nos quedará por ver todavía. D. VICTORIANO y su letrada ahora y ex asesora del equipo de gobierno, defendiendo la legalidad de la tramitación del Proyecto de Reparcelación que nunca fue sometido a información pública! Lo dicho, un esperpento.
Ciertamente es patética la situación del Ayuntamiento y en ese sentido hay que decir que no ha cambiado absolutamente nada. No remitir la información requerida por el Defensor del Pueblo ni enviar los expedientes administrativos que reclaman los Juzgados, es la evidencia del caos en que se halla sumida la administración municipal. Y lo que es más grave, no hay síntomas de que esto vaya a cambiar. La pasividad del Equipo de Gobierno en estos asuntos que además debería de impulsar por su propia conveniencia, es desde luego absolutamente decepcionante.
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