OTRO ESCÁNDALO: EL CASO CYTEC

ESTAS SON LAS INSTALACIONES EN LA CARRETERA DE MEJORADA DE LA QUE ERA QUÍMICA IBÉRICA DESDE 1965, LUEGO COMPRADA POR LA MULTINACIONAL BELGA UCB Y, FINALMENTE, POR LA AMERICANA CYTEC. UN FORMIDABLE E INCOMPRENSIBLE PELOTAZO URBANÍSTICO PRODUCTO DE UNA EXPROPIACIÓN PROPICIADA POR UNA LAMENTABLE GESTIÓN DEL PGOU, Y POR OTRA SUCESIÓN DE ERRORES ADOPTADOS POR EL EQUIPO DE GOBIERNO DE ENTONCES (IU y PSOE), CUYOS ESTRAGOS FINANCIEROS HAN SERVIDO PARA DILAPIDAR LA MAYOR RESERVA RESIDENCIAL DE NUESTRO PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO CIFRADA EN, AL MENOS, 13,5 MILLONES €.

LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL PGOU DE USO RESIDENCIAL Y PROPIEDAD MUNICIPAL CONOCIDA COMO LA UG-5, FUE ENAJENADA TOTALMENTE PARA PAGAR UN EXORBITANTE JUSTIPRECIO A UNA GIGANTE MULTINACIONAL QUÍMICA AMERICANA. SUS 37.000 UNIDADES DE APROVECHAMIENTO, LA MAYOR RESERVA DE NUESTRO PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO RESIDENCIAL Y DE PROPIEDAD MUNICIPAL, HA VOLADO EN FORMA DE 13,5 MILLONES DE EUROS CONTANTES Y SONANTES HACIA LA CUENTA DE RESULTADOS DEL GIGANTE QUÍMICO AMERICANO CYTEC. COMO PUEDE OBSERVARSE NO OBSTANTE, ESTA UNIDAD DE EJECUCIÓN ES ABSOLUTAMENTE INCOMPATIBLE URBANÍSTICAMENTE CON LAS ACTIVIDADES NOCIVAS Y PELIGROSAS QUE LA RODEAN. A PESAR DE LO CUAL SE HAN CONCEDIDO VARIAS LICENCIAS DE EDIFICACIÓN.

COMUNICACIÓN RELEVANTE REALIZADA EN 2012 POR CYTEC A LA SEC DE LA BOLSA AMERICANA DONDE COTIZA (EQUIVALENTE A NUESTRA CNMV, PERO EN SERIO), MEDIANTE LA QUE PONE EN CONOCIMIENTO DE SUS ACCIONISTAS E INVERSORES LA FORMIDABLE NOTICIA: EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES EN ESPAÑA, GENEROSO ÉL, PAGARÁ A ESTA MULTINACIONAL NADA MENOS QUE 18 MILLONES DE DÓLARES POR SUS INSIGNIFICANTES Y OBSOLETAS INSTALACIONES EN EL MUNICIPIO, QUE ADEMÁS ESTÁN FUERA DE ORDENACIÓN. TODO UN GRAN NEGOCIO REALIZADO A COSTA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL INCOMPRENSIBLEMENTE CASI REGALADO POR NUESTRO AYUNTAMIENTO.

¿POR QUÉ SUCEDEN ESTAS COSAS EN NUESTRO AYUNTAMIENTO?

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El pasado día 21 de julio se celebró el pleno ordinario con un punto del orden del día consistente en la aprobación de varios expedientes de modificación de créditos. Se trataba de suplementar mediante "mayores ingresos" varias partidas presupuestarias procedentes de la venta de dos lotes de parcelas a dos gestoras de cooperativas, de la mayor reserva residencial del Patrimonio Municipal de Suelo: la UG-5. Así como de ingresos provenientes de otros convenios firmados con las Juntas de Compensación de varios de los sectores de la zona industrial y terciaria. 

Los ingresos procedentes de esta venta de dos parcelas de la UG-5 lo son por importe de 3,8 millones de euros, y serán aplicados íntegramente a pagar parte del principal de la deuda que el Ayuntamiento mantiene con la multinacional americana CYTEC, propietaria de las instalaciones de la planta química conocida de siempre como QUÍMICA IBÉRICA. Con la gigante americana se mantenía una deuda principal de 5,8 millones desde el año 2012, más, al parecer, otros 1,7 millones en concepto de intereses de demora por retraso en el pago de ese principal, fijados al parecer en nada menos que un 8 % en el convenio firmado y aprobado el 14 de octubre de 2010. Convenio que fue aprobado, cómo no, con los votos exclusivos del tándem que gobernaba entonces, IU y PSOE. Al día de hoy este convenio sin embargo no ha sido sometido a información pública tal y como prescribe la ley de suelo del Estado ya vigente entonces.

El punto referido de los expedientes de Hacienda del pasado día 21 de julio y propuestos al pleno, fueron aprobados con los votos exclusivos del equipo de gobierno y con la abstención de todos los demás grupos de la oposición. Hay que recordar que la abstención no es un voto, sino que quien lo hace se abstiene precisamente de votar. Vamos, cono si el asunto no fuera con ellos.

Tal y como explicó la concejala de Hacienda (mejor habría que decir que leyó, porque sus intervenciones las lleva preparadas en un folio y las lee), los ingresos obtenidos que ascendían a 5,7 millones de euros más otros 2 millones que al parecer ya habían pagado a CYTEC, se aplicarán a tapar formidables agujeros que han dejado los anteriores, correspondientes ambos a lo que se conoce ya como el caso CYTEC y el caso de la finca de El Batán o La Vaquería del paseo de los Pinos. Ambos a resultas de sendos procedimientos expropiatorios para la obtención de dos sistemas generales verdes, iniciados también por aquellas fechas de 2010. En el caso de CYTEC, además de los ya pagados 2 millones de euros más, pretenden añadir ahora este pago de 3,8 millones obtenidos como se dice de la venta de dos parcelas de la UG-5, con la pretensión al parecer de liquidar todo el principal de la deuda mantenida con la compañía americana ya vencida desde 2012. 

Así pues, de un plumazo se han evaporado nada menos que 7,7 millones de euros y aún quedan otros 1,7 millones más pendientes. 

Y esto ha tenido como primer correlato la evidencia de la pérdida de la mayor reserva de viviendas del Patrimonio Municipal de Suelo que sin embargo aún no está constituido tal y como recoge el informe reciente de la Cámara de Cuentas, lo cual impediría que puedan ser enajenadas estas parcelas de la UG-5. Estos voluminosos ingresos entran pues en la caja municipal, pero tal como entran se van porque están destinados al pago de parte de los formidables pufos que gravitan sobre las arcas municipales, producto de una "égira prodigiosa": la del mandato 2007-2011 del gobierno de IU y PSOE, cuyos estragos económicos de alocadas y absurdas decisiones adoptadas por entonces, van aflorando ahora implacables. Y lo que nos queda.

EL GOBIERNO ACTUAL SE AUTOFELICITA...PERO POR PAGAR Y PERFECCIONAR LOS DESMANES DE LOS ANTERIORES

La exposición que hizo la concejal de Hacienda describiendo el origen y la finalidad de la suplementación de los créditos que proponía al pleno para su aprobación, no estuvo exenta de los correspondientes reproches a los causantes de este formidable desaguisado: IU y PSOE hoy en la oposición pero entonces gobernando y responsables pues de los descabellados acuerdos adoptados. La concejala indicó, con absoluta razón, que el coaligado gobierno de entonces había contraído una obligación de pago de un justiprecio de 13,5 con CYTEC, pero que carecía de la correspondiente cobertura presupuestaria ya que los fondos a pagar a la empresa química no estaban consignados en los Presupuestos, y su obtención dependía de la venta de las parcelas de la UG-5. Lo cual es una irregularidad desde luego muy grave.

Sin embargo tampoco estuvo exenta la intervención de la concejala de Hacienda, de una defensa bizarra acompañada de todo un autoelogio incompresible, pues éste consistía en toda una tautología a las que ya nos tienen muy acostumbrados este equipo de gobierno, consistente en que gracias a ellos y a sus formidables y habilidosas dotes para la gestión, CYTEC iba a cobrar. Es más, el autoelogio lo remató luego el concejal de Urbanismo, pues explicó que había conseguido desbloquear la situación de la UG-5 que impedía obtener los fondos necesarios de las ventas de las parcelas, realizando el pago de fondos y deudas pendientes también de urbanización de la unidad, pero procedentes de los denominados "convenios de redes" (convenios urbanísticos con las Juntas de Compensación de las zonas industriales). Cosa esta que, textualmente dijo, "no se le había ocurrido a los anteriores". 

(Esto explicaría también las prisas y los sucesivos acuerdos de la actual Junta de Gobierno Local, aprobando instrumentos de reparcelación de las Juntas de Compensación de esos sectores industriales y terciarios. Es desde luego el caso del SUP I 2 de TRADISA alegado por nosotros recientemente, pues los convenios firmados con la Junta de Compensación de este sector, permite obtener 1,9 millones de euros y aplicarlos a pagar la expropiación de la finca El Batán más conocida como La Vaquería del paseo de los Pinos. Nuestras alegaciones han sido rechazadas a pesar de la evidencia de existir indicios claros de posibles ilícitos penales cuando se clasificó este suelo por el nuevo PGOU. Iremos a los tribunales no obstante.)

Esta exhibición de autoelogios desplegada en el pleno del pasado día 21 de julio por el equipo de gobierno, sería de recibo en todo caso, si se hubiera presentado para decir que había revisado los acuerdos con CYTEC y que renunciaba a cobrar los 5,8 millones de euros que tiene reconocidos por convenio de octubre de 2010. O que renunciaba al menos a los 1,7 millones de intereses de demora. Pero no, el equipo de gobierno se autoelogiaba justamente por lo contrario: porque iba a completar el pago a CYTEC del exorbitante justiprecio acordado con el entonces equipo de gobierno de IU y PSOE de 2010. ¡Toda una hazaña, vamos! Es decir, porque iban a culminar el formidable disparate provocado por los anteriores. Y además afirmaron sin rubor también que ese pago no tendría repercusión sobre los vecinos, como si la dilapidación de nuestro patrimonio municipal no fuera una forma de repercusión.

UNA PERIPECIA JUDICIAL IGNORADA, Y UN FORMIDABLE ERROR TÉCNICO QUE COSTARÁ AL MUNICIPIO MÁS DE DIEZ MILLONES DE EUROS

Las instalaciones de la vieja QUÍMICA IBÉRICA datan de 1965, y contaban con todas las autorizaciones tanto municipales como autonómicas. Solo en los años noventa fue objeto de una denuncia al descubrirse que almacenaba en sus instalaciones varios centenares de bidones con sustancias peligrosas (esta industria química está considerada una industria peligrosa). Por este hecho fue sancionada y obligada además a retirar los bidones.

Por su parte, el PGOU de 1988 clasificaba este suelo como "no urbanizable", con la clara intención de obligar a la industria de buscar una relocalización ya que su presencia impedía la expansión de los núcleos residenciales de Parque Henares. No obstante lo cual y dado que la industria se había instalado con las autorizaciones pertinentes mucho antes, la expansión y ensanche de estos barrios limítrofes no eran posibles si dicha industria peligrosa no aceptaba relocalizarse en otra zona.

Es preciso advertir que no es que la industria que se había instalado allí en 1965, fuera incompatible con los zonas residenciales del borde de Parque Henares (un Plan Parcial que provenía de 1976), sino que las zonas de ensanche residenciales (en este caso muy particularmente la UG-5), eran y son manifiestamente incompatible con la industria química cuya peligrosidad obliga a que no pueda haber núcleo de población alguno a menos de 2.000 metros de distancia del complejo químico.

El PGOU actual aprobado en el año 2002, clasificaba esta parcela de CYTEC como no urbanizable y como un sistema general verde a obtener por el Ayuntamiento por expropiación. También se protegían sus construcciones recogiéndolas en el catálogo, como una muestra de la arquitectura industrial, cuyo autor precisamente es el célebre arquitecto especialista en este tipo de arquitectura, JOSÉ A. CORRALES GUTIÉRREZ.

CYTEC no aceptó la clasificación de suelo como no urbanizable por el PGOU de 2002, ni por supuesto la ordenación como sistema general de zona verde, así como la catalogación de sus instalaciones. Y por ello, en ese mismo año interpuso un recurso impugnando el PGOU y pidiendo, además, que el suelo fuese clasificado como urbano. Esta petición era clave en su recurso, ya que al ser clasificada su parcela (de 29.213 m2) como no urbanizable, suponía lógicamente atribuirle un valor o justiprecio por la expropiación muchísimo menor.

La exasperante lentitud de la justicia española hizo que este recurso admitido por el TSJ de lo contencioso de Madrid en 2002, fuera resuelto nada menos que cinco años después, concretamente en el 2007 y ello tras una vista celebrada y varios informes emitidos por peritos. El fallo del TSJM fue solo estimatorio en parte a favor de CYTEC, anulando el sistema general de la zona verde pero desestimando todo lo demás. Es decir, el suelo de la parcela de CYTEC según el Tribunal y contra lo que pretendía la empresa química, no era urbano sino en todo caso urbanizable. La demanda y pretensión más importante había sido rechazada por el Tribunal. 

CYTEC recurrió el fallo al Tribunal Supremo, insistiendo en la incorrecta clasificación del suelo que reclamaba lo fuera como suelo urbano. Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid (que también figuraba como apelada en el pleito por ser quien realizó la aprobación definitiva del PGOU), se oponían a las pretensiones de CYTEC que, naturalmente, buscaba afanosamente con estos recursos, conseguir una clasificación de suelo como urbano, y por lo mismo un justiprecio mucho mayor.

Y el Tribunal Supremo tardó otros cuatro años en resolver el pleito, fallando en el 2011 y confirmando totalmente la sentencia del TSJM. Es decir, según el Tribunal Supremo, nada menos que nueve años después, concluía que este suelo de la empresa química en nuestro municipio a pesar de llevar funcionando desde 1965, era en realidad suelo solamente urbanizable, no urbano.

También intervino el Jurado Provincial de expropiación en este asunto, con justiprecios igualmente disparatados e incluso contradictorios, pues incluso llegó a incoar dos expedientes expropiatorios diferentes. En fin, un verdadero dislate incomprensible, pero así funcionan las cosas en nuestra barroca burocracia.

Pero para cuando se produjo este fallo del alto tribunal ya había sido aprobada una nueva ley de suelo del Estado, la ley de suelo de 2007 que entró en vigor el 1 de julio del mismo año, que venía precisamente a suprimir esa clase de suelo intermedio, el suelo urbanizable, para considerarlo como suelo rural o rústico. Esta ley de suelo de 2007, trajo también otro cambio drástico en los métodos de valoración de suelo objeto de expropiaciones, pues pretendía evitar precisamente los formidables y escandalosos negocios que muchos habían hecho a costa de las expropiaciones a resultas de la ley de suelo de 1998.

Así pues y por aplicación de la nueva Ley de suelo de 2007 y de la sentencia de TS, la parcela de CYTEC en octubre de 2010 (fecha de la aprobación de convenio expropiatorio por el pleno) era un suelo clasificado como rural o rústico pues habían transcurrido ya más de tres años desde su entrada en vigor. Y por lo mismo, a efectos de calcular el justiprecio de este terreno, el Ayuntamiento tenía que aplicar el cálculo según dicha ley, de capitalización de rentas que es el que la ley fijaba como obligado para esa clase de suelo. Es decir, el utilizado para calcular el justiprecio de suelo agrícola. CYTEC siguió buscando no obstante conseguir un incremento en el valor de sus terrenos mediante pronunciamientos judiciales, algunos de los cuales son bien recientes de 2015.

Como se dice, los tribunales de justicia concluyeron que estos terrenos de CYTEC no eran urbano ni tampoco estaba urbanizado. Y por efecto de la aplicación de la nueva ley de suelo aprobada y en vigor desde 2007, ese suelo era rural o rústico y el cálculo de su justiprecio solo podía obtenerse aplicando las valoraciones para los suelos agrícolas. Además, una vez firme la sentencia del TSJM 2007 que confirmara el Tribunal Supremo en 2011, el Ayuntamiento debió promover una modificación del PGOU, ya que anulaba nada menos que el Sistema General verde previsto para esta parcela.

Sin embargo, incomprensiblemente, el equipo de gobierno de 2010, negoció un convenio (repetimos que no está sometido al trámite de información pública ni siquiera hoy), en el que acordó un justiprecio de 13,5 millones de euros, calculado en realidad como si el suelo fuera urbanizado contra lo que ya había acordado en 2007 el TSJM. Para ello se valió de un informe de tasación firmado por un técnico municipal de urbanismo, que consideró el suelo como urbano y por lo tanto aplicando un método residual estático, solo reservado por la ley esa clase de suelo. El resultado pues de esa errónea valoración contraria a la ley de suelo es un justiprecio totalmente disparatado e incorrectamente calculado, por cuanto que ignora que el suelo había sido clasificado por el TSJM como urbanizable y luego rural o rústico por aplicación de la nueva ley de suelo, y no urbano que era precisamente lo que perseguía CYTEC y los tribunales le negaron.

¿Qué pasó pues y por qué razón el técnico de urbanismo realizó estos cálculos aplicando normas equivocadas, y provocando con ello que el justiprecio de esta parcela se disparara hasta los 13,5 millones de euros, cuando lo correcto hubiera sido aplicar el método que la ley de suelo obliga para la clasificación del suelo rural, que habría fijado un justiprecio que en el mejor de los casos no hubiera superado los 3,5 millones de euros?

¿Se equivocó el técnico municipal o fue obligado o se le sugirió el justiprecio porque era el que aceptaría CYTEC para la firma del convenio? Realmente lo desconocemos, lo que sí es cierto es que este clamoroso error al aplicar un método de cálculo inadecuado, involuntario o intencionado, tiene y ha tenido un quebranto formidable para las arcas municipales que bien puede cifrarse en cerca de los diez millones de euros. 

Es preciso pues preguntarse una vez más por qué ocurren estas cosas tan disparatadas en nuestro Ayuntamiento, reveladoras además de la falta de control, el despiste de la oposición, y la frivolidad y ligereza con que se adoptan los acuerdos de esta naturaleza con repercusiones económicas tan importantes. Y también hay que preguntarse con inquietante perplejidad, ¿cómo es posible en este caso particular de CYTEC, que se le reconociera a la multinacional americana en el convenio aprobado el 14 de octubre de 2010 por el pleno municipal con los votos de IU y PSOE, justamente lo que los tribunales le estaban negando como era la clasificación del suelo como urbano?

Es todo incomprensible y un ejemplo más del formidable caos en que se ha movido la gestión urbanística en nuestro municipio, con decisiones como esta que, si bien es difícil de hacer reversible, al menos merecería la pena la constitución de una comisión de investigación para estudiar qué pasó. Porque es absolutamente inadmisible que se pague un justiprecio de 13,5 millones de euros por un terreno rústico pero considerado graciosamente urbano mediante un convenio que además no han publicado y solo conocen ellos. Por nuestra parte intentaremos ver si es posible revisar judicialmente este asunto, porque lo consideramos un verdadero escándalo que nos ha costado de momento, cerca de diez millones de euros que nunca debieron salir de las arcas municipales.