CUANDO SE BURLAN IMPUNEMENTE LOS DERECHOS CIUDADANOS

NO NOS MERECEMOS ESTO

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El pasado día 3 de marzo (hoy hace pues cinco meses), presentamos como asociación en el Ayuntamiento una serie de escritos (cinco en concreto) dirigidos a la alcaldesa, con objeto de que ordenara que fueran expedidos por la señora secretaria municipal una serie de certificados relacionados todos ellos con el caso plaza de España.

Se le pedían esos certificados con objeto de aportarlos a los procedimientos penales abiertos, así como a los civiles y contenciosos que esperamos iniciar en breve en cumplimiento de nuestra misión de recuperar la titularidad de la plaza de España y su subsuelo para el municipio. Y ello en el ejercicio de lo que la ley reconoce a cualquier vecino bajo la denominación de acción vecinal sustitutoria, cuando la administración se olvida, se distrae o simplemente no quiere ejercer su obligación de recuperar un bien de todos que es propiedad en estos momentos de la sociedad mercantil PESF SL en quiebra, y está a punto de ser enajenada a un fondo buitre.

El reciente Auto del Juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid que lleva el concurso de acreedores de PESF SL, no deja títere con cabeza reprochando al Ayuntamiento que no haya iniciado hace años, desde que detectó la existencia ilícita de la plaza en el capital social de la mercantil mixta, ningún procedimiento revisorio que por otra parte solo puede iniciar el propio Ayuntamiento y que es al que nosotros nos proponemos sustituir. 

Es preciso advertir que no hay una sola norma jurídica en nuestro ordenamiento que permita a un particular tener en propiedad y en pleno dominio la posesión de un bien demanial, y mucho menos legitimidad para enajenarlo. Ni siquiera se reconoce esa facultad a los jueces mercantiles de los procediminientos concursales, cuya ley les otorga no bostante funciones exorbitantes.

DENUNCIAMOS LA ACTITUD DE LA ALCALDESA A LA DEFENSORA DEL PUEBLO

Tanto la reciente Ley de Transparencia como la vieja Ley de 1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, reconocen el derecho de todos los ciudadanos a obtener copias y certificados de los documentos y expedientes que obran en los archivos públicos. Y ese derecho tiene como correlato para las autoridades de las administraciones públicas, el de su deber inexcusable de facilitar esas copias y esos certificados en el plazo legal de un mes.

Han transcurrido pues ya no uno, sino cinco meses exactos desde que presentamos nuestros escritos, sin que la alcaldesa, Dª CATALINA, se haya dignado contestar ni tampoco explicarnos la razón por la que no lo hace. Por esa razón nos hemos visto obligados de momento, ha presentar una enérgica denuncia ante la Defensora del Pueblo por el comportamiento renuente de nuestra alcaldesa, cuyo estilo y actitud en estos mismos casos no difieren en absoluto del que practicaban con displicencia y desprecio los anteriores.

Una vez más queda de manifiesto que una cosa es predicar y otra dar trigo. Estos señores de PODEMOS o su versión camuflada de SAN FERNANDO DE HENARES SÍ PUEDE, llegaron con la arrogante exigencia de diferenciarse de los anteriores por anteponer las demandas ciudadanas y no desatender no ya sus reclamaciones más justificadas, sino sus derechos más elementales como es, por ejemplo, el de acceder a los documentos de los archivos municipales.

Y no puede usted administrar su puesta a disposición de los ciudadanos cuando se le pide a su antojo y capricho, cuando no utilizando un selectivo y discrecional criterio de acceso solo para sus correligionarios, como hemos sabido que ha sucedido recientemente autorizando a un conmilitante de su partido a consultar los expedientes del caso plaza de España sin al parecer tener legitimidad para ello además. Cuando a los demás nos tiene usted esperando a que se digne facilitarnos las copias y los certificados que le hemos pedido hace cinco meses ya. ¡Porque esos documentos y archivos no son de su propiedad, señora alcaldesa! 

Es lo que tiene pasar de la protesta y la cacerolada a sentarse en el sillón de mando, que pone a prueba y deja al descubierto que detrás de las protestas, ocupaciones y consignas, no había más que ruido y confusión oportunista, y un objetivo indisimulado: alcanzar el poder a toda costa porque una vez alcanzado ya poco le importan los ciudadanos y sus derechos. Que le quiten ahora ya lo bailao.

Esta misma arrogante forma de gobernar menospreciando los derechos más básicos de los ciudadanos fue, aunque usted no lo crea, lo que llevó a los anteriores a su situación actual. Parapetados en sus cargos y privilegios se creyeron los reyes del mambo y, al igual que el personaje de Machado, acabaron por ser víctimas de despreciar cuanto ignoraban. Y llevan ustedes el mismo camino porque ya es más de media docena de asuntos en los que ni saben ni contestan ni se dignan tampoco explicar por qué razón no atienden debidamente nuestros legítimos derechos de acceso a obtener copias y certificados. Mientras que correligionarios de su partido lo hace sin cortapisa alguna e incluso al parecer le ha puesto despacho y todo.

Sigan así Dª CATALINA y pronto comprenderán que despreciar olímpicamente los derechos ciudadanos en política, es un error que más pronto o más tarde se acaba pagando. De momento solo hemos acudido a la Defensora del Pueblo, deseamos pues que todo quede en una queja. Ya veremos.