POR QUÉ HEMOS LLEGADO A ESTO (I)

LA REALIDAD

CRÓNICA DE ESTHER SÁNCHEZ HOY

EL PAÍS - MADRID

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/01/madrid/1459525929_634965.html

EL AUTO

Auto del pasado día 29 del Juzgado 6 de lo Mercantil donde se sigue el Procedimiento concursal de PESF SL, por el cual el juez autoriza al Administrador concursal la venta de TODOS los activos de la mercantil mixta a un fondo buitre por 27,5 millones de euros.

Y EL AUTOENGAÑO

Número 79 de la revista municipal CALLE DE LA LIBERTAD de junio de 2011 (se celebraban elecciones) con reportaje a todo color sobre la magna obra que, según la mentirosa publicación municipal, solo esperaba su inauguración oficial, para lo cual el entonces alcalde SETIÉN ya había cursado las invitaciones correspondientes a La Zarzuela.

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LA REALIDAD Y EL DESEO

En el año 2006, el entonces gobierno municipal de IU con mayoría absoluta durante aquel mandato, aprobó iniciar los trámites para acometer la más esperada actuación urbanística en el corazón mismo de la ciudad; la que el PGOU denominaba como Unidad de Ejecución UE-1 en el casco histórico de la plaza de España. Y lo hizo acordando también en un pleno que la actuación se ejecutaría mediante el sistema de expropiación por cuanto que los propietarios afectados, unos 38 entonces, no habían iniciado por sus propios medios la ejecución de la misma por el sistema privado de compensación, opción que les brindaba el propio Plan General. 

Para ello, el Ayuntamiento fijaba un justiprecio calculado por los servicios técnicos mediante el método de comparación, utilizando pues la equivalencia del precio que un año antes había pagado el propio Ayuntamiento por la adquisición por compra directa del Granero (de la calle Coslada 13) para hacer el futuro Museo de la Ciudad. El justiprecio inicial acordado era pues justo y se acomodaba perfectamente a precios más que razonables, teniendo en cuenta además el estado de muchas de las viviendas y su lamentable abandono por muchos de sus propietarios pues más del 50 % estaban inhabitadas y amenazaban ruina. 

Sin embargo, los propietarios no aceptaron ese justiprecio que consideraban ridículo y comenzaron las protestas y la contestación: manifestaciones, pancartas, declaraciones y otras formas de presión al equipo de gobierno, para que subiera el justiprecio y por lo tanto dejara sin efecto su acuerdo de expropiación. También asomaron acusaciones más o menos infundadas acerca de la posible designación de una empresa promotora ya elegida por el equipo de gobierno, pues pretendía gestionar la actuación mediante una concesión administrativa descartando por lo tanto hacerlo directamente. Los cálculos iniciales parecían no obstante razonables.

Pero las protestas cada vez más airadas de los propietarios encontraron apoyo explícito directo y notorio en los grupos de la oposición entonces integrado por el PSOE y PP, y no faltó tampoco quien trató de pescar en río revuelto: la promotora local WOODMAN SL que, en la sombra, se dedicaba a jalear a los afectados haciéndoles creer que efectivamente el Ayuntamiento debía pagar cuando menos el doble del justiprecio ofrecido . De esta forma los propietarios afectados consiguieron formar un potente frente de oposición a los designios del entonces equipo de gobierno de IU, que solo tenía por objeto hacer que doblara o triplicara la oferta del justiprecio. Se juntaron así pues dos impulsos en este asunto que luego fueron letales para el devenir de la actuación urbanística ya de por sí dudosamente equilibrada: la codicia y el oportunismo político.

Por aquellas fechas desde EL MOLINO, que había estudiado bien los condicionantes de la gestión de la UE-1, conseguimos entrevistarnos con el redactor del PGOU y exponerle que esta unidad tenía una grave omisión que era necesario corregir antes de poner en marcha su gestión, ya que afectaba nada menos que a determinaciones estructurantes del propio PGOU. En efecto, un lamentable olvido de los redactores al no asignar aprovechamiento a tres de las parcelas incluidas en el ámbito de la UE-1 así como la inclusión en ella de una dotación pública como la Biblioteca Central, alteraban el aprovechamiento tipo de la Unidad y con ello su propia edificabilidad y la del Área de Reparto. Razón por la cual no se entendía muy bien y así se lo hicimos saber al redactor de PGOU (viejo correligionario político de IU también), por qué razón no comenzaba el equipo de gobierno por corregir esa grave anomalía del PGOU antes de poner en marcha toda la operación.

El redactor del Plan General que nos recibió en su estudio de arquitectura de Madrid, comprobó sobre la marcha lo que le exponíamos y, efectivamente, reconoció que la UE-1 adolecía de las anomalías que nosotros habíamos descubierto. Razón por la cual tomó nota y se comprometió a hacérselo llegar a la entonces alcaldesa MUÑOZ y su equipo de gobierno. No obstante lo cual, el redactor del PGOU estaba que fumaba en pipa con el entonces equipo de gobierno de IU (repetimos que correligionarios suyos), porque según sus noticias estaban estudiando la posibilidad de ceder a la presión de los propietarios y de la oposición, y hacerles a los afectados las concesiones que pedían y por lo tanto claudicar en toda regla ante las protestas, pues en unos meses se celebraban las elecciones municipales de 2007. El redactor del PGOU tenía para con sus camaradas gobernantes de IU en el gobierno municipal, algo más que un monumental cabreo en la que no faltaron palabras poco amables precisamente en una persona que, por lo general, no acostumbraba a tener. Estaba desde luego muy indignado con sus correligionarios gobernantes de entonces por las concesiones que habían hecho.

Probablemente fue el propio redactor del PGOU - viejo y muy buen conocedor de los avatares de San Fernando en su faceta urbanística y particularmente de la problemática de esta misma Unidad de ejecución -, el primero que intuyó que la renuncia del proyecto inicial que IU había aprobado y las concesiones que había acordado con los propietarios haciendo caso omiso a sus consejos incluso, iban a ser, además de injustas, el principio de todo el desastre. Y, efectivamente, así fue. No puede desde luego decir IU (lo sabemos bien) que no fuera advertida de que no cediera a aquella alocada presión política que le venía por todos los flancos, porque si lo hacía arruinaría el proyecto mismo. 

Y efectivamente, hacia el mes de marzo de 2007 y en una reunión celebrada por la Comisión paritaria (Equipo de gobierno y representantes de los afectados), se plasmó y consumó un acuerdo que fue firmado por SETIÉN, entonces primer teniente de alcalde y ya futuro candidato de IU para las elecciones a celebrar dos meses más tarde, y los propietarios en las personas de sus representantes, cerrando así un acuerdo y con ello la paz política con todas las partes beligerantes. En dicho acuerdo se contenían las líneas maestras del futuro de la actuación, entre las que estaba la retirada de la propuesta inicial del equipo de gobierno. 

Esas líneas maestras consistían básicamente en implicar al Ayuntamiento totalmente en la operación que descansaba además sobre una idea que entonces, en plena burbuja inomobiliaria a punto de estallar, era el sueño de todo promotor especulador: como ejecutar una actuación urbanística sin que nadie, ninguno de los protagonistas y beneficiarios directos de la actuación, pusiera un euro. Para eso, para poner la pasta que se necesitaba y que ya entonces se calculaba en cerca de 45 millones, estaba Caja Madrid.

Sobre el acta levantada aquel día 27 de marzo de 2007 de aquella reunión, ha quedado para el recuerdo la firma también de quien sería luego impuesto como gerente de la sociedad mercantil que habían acordado crear propietarios y Ayuntamiento: la promotora local WOODMAN SL representada en aquel acto por uno de sus administradores, VICTORIANO CUESTA, que "aceptaba" sumarse a la actuación. Es decir, acordaron poner a la zorra a cuidar las gallinas. 

Cometió pues entonces dos errores en uno el entonces flamante equipo de gobierno que además llevó dicho acuerdo al pleno municipal donde quedaron retratados todos, gobierno y oposición. El error de aceptar las condiciones impuestas por los propietarios y la fórmula de la sociedad mercantil mixta, que inviabilizaba económicamente la actuación como con clarividencia nos había pronosticado el propio redactor del PGOU, pues llevaba implícito un pacto societario imposible de cumplir como luego se vio. Y un error no menor, aceptar poner a WOODMAN SL al frente de la gestión de la actuación. Luego vinieron otros muchos errores, desde luego, que expondremos en otras entradas.

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PRÓXIMA ENTRADA

POR QUÉ HEMOS LLEGADO A ESTO (II)

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LA COMBINACIÓN LETAL: CODICIA Y ELECTORALISMO