Acababan de celebrarse las elecciones de 1999 y ambos mandatarios, Gallardón como flamante Presidente reelegido de la Comunidad de Madrid, y Monserrat MUÑOZ reelegida también y por mayoría absoluta como alcaldesa del Ayuntamiento de San Fernando, cortaban felices y risueños la cinta de inauguración de la carretera M-206. Se rectificaba así desde luego un error costoso del PGOU de 1988 por el absurdo empecinamiento del entonces equipo de gobierno del PCE que se oponía a esta carretera. Pero, como se verá más adelante, esta acelerada inauguración provocada por las urgencias del electoralismo, exigió pagar un precio y de paso embaucar al personal de forma bastante artera.
RUIZ GALLARDÓN (PP) y Monserrat MUÑOZ (IU) sufrieron un súbito deslumbramiento mutuo, y muy pronto se pusieron de acuerdo en lo fundamental: había que hacer esta carretera y había que hacerla, sobre todo, antes de las elecciones de 1999. Costara lo que costara. Y así fue. "Hemos cumplido..." discurseó el Presidente el día de la inauguración. "Hemos cumplido, Presidente...", replicó ufana la flamante alcaldesa de San Fernando. Y así quedó inaugurada la M-206 en año electoral. Ambos políticos se habían concertado e inauguraron la ansiada carretera que nos unía directamente con el polígono industrial y con Torrejón. Pero ¿cual fue el precio que hubo que pagar por tanta urgencia?
Cuatro kilómetros y medio y un ramal de otro kilómetro y 1.175 millones de pesetas financiados íntegramente por la Comunidad de Madrid, con un plazo récord (aparente) de casi cinco meses de ejecución. Sin embargo nada es lo que parece, sobre todo en política y mucho más en tiempo electoral. El proyecto sufrió cuatro reformados con un desvío presupuestario de más de 600 millones de pesetas, y una paralización por un importante hallazgo arqueológico con un retraso final de casi dos años. Todo ello dejó bien en evidencia la urgencia electorera de la inauguración. Pero no fueron esos los únicos contratiempos.
La M-206, que venía a cubrir una gran necesidad de movilidad de nuestro municipio, atravesaba sin embargo dos espacios naturales superpuestos en casi dos tercios de su trazado: el Parque Regional del Sureste y la ZEPA de los Cortados y Cantiles del Jarama. Era pues obligado y preceptivo realizar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) puesto que, además, la ZEPA era (y es) un espacio de la Red Natura 2000 y por lo tanto tutelado por la Unión Europea, cuya normativa de protección impone ineludiblemente la realización de los correspondientes estudios de Impacto Ambiental.
Pero, como se dice, las urgencias electorales pusieron de acuerdo a ambos políticos y acordaron eximir del EIA a este proyecto cuyo impacto sobre los dos espacios naturales es bien patente. Pero eximirlo del Estudio de Impacto Ambiental suponía ganar sin embargo nada menos que un año en su ejecución. Es decir, que si hubieran realizado el EIA no la hubieran podido inaugurar antes de las elecciones de 1999.
Y así fue cómo el Consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, acordaba eximir el proyecto de la Declaración de Impacto Ambiental. Decisión que, aunque discrecional, imponía la necesidad de justificarla y motivarla imperativamente. Veamos cómo se coordinaron ambos mandatarios para sacar adelante tan disparatada decisión, llegando incluso a negar en todos los foros donde fueron interpelados lo que era muy evidente: que el proyecto de la M-206 había sido eximido de la obligada Declaración de Impacto Ambiental. Pero como se dice, ellos lo negaron una y otra vez. En la Asamblea de Madrid, en el Ayuntamiento, en los medios de comunicación, etc., siempre negaban que eso fuera cierto. Lo cual era surrealista.
(CONTINUARÁ)
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