EL CASO GULLÓN Y LA PLAZA DE ESPAÑA: VIDAS PARALELAS (I)

El llamado "caso Gullón" saltó a la prensa en el ya lejano año de 1989. Y sin embargo aún colea. Y saltó de forma abrupta, con una querella contra el entonces alcalde Enrique Guerra y otros más, que dio lugar a unas diligencias judiciales en el juzgado número 2 de Alcalá de Henares. La instrucción duraría nada menos que doce larguísimos años.

La defensa pública realizada por el alcalde, el equipo de gobierno y la plana mayor del PCE regional, fue la de siempre: negar los hechos y matar al mensajero. Para ello, claro está, se utilizó la revista municipal CALLE DE LA LIBERTAD. Negar todo, matar al mensajero, acusar a los demás y lanzar cortinas de humo. En fin, como decimos, lo de siempre.

Todo empezó con la localización de PRYCA a resultas del Plan Especial de Equipamientos Comerciales aprobado en su día por COPLACO. El lugar elegido: la N-II a la altura del puente de Viveros en San Ferando de Henares. La ejecución de las raquetas de bajada y el propio puente elevado, entrañaba la invasión de una finca privada y sus servidumbres de paso. El propietario de la finca, Ángel Gullón (de ahí el caso), interpuso un interdicto y logró paralizar las obras durante bastante tiempo. Pero la venganza urdida entre los ejecutivos de PRYCA y los responsables municipales con su alcalde Enrique Guerra a la cabeza, le costó caro al atrevido ciudadano que intentó defender sus derechos. Una denuncia ante el alcalde contra él por parte de los responsables de PRYCA (hoy CARREFOUR), supuso el inicio de un ensañado proceso rápidamente ejecutado por el recaudador municipal - a instancia del alcalde, claro - que acabó con la pérdida de la titularidad de la finca por parte de su legítimo propietario el Sr. Gullón. A PRYCA y al Ayuntamiento de entonces les unían en este asunto los intereses propios: PRYCA la apertura del centro comercial lo antes posible, y al Ayuntamiento, una "indemnización" cifrada en 100 millones de pesetas que PRYCA "donaba" al Ayuntamiento a través de un convenio firmado. La posibilidad de ver ambas aspiraciones truncadas encolerizó a las dos partes y se conjuraron para vengar la osadía. El resultado fue, como se dice, que el Sr. Gullón se quedó sin su finca. Así, con un par.

Hay pocos casos mejores que este para ejemplarizar una borrachera de poder autoritario y vengativo, utilizando ilícita y torticeramente las potestades que la ley otorga a la autoridad. Y pocos con consecuencias tan siniestras como esta increíble alcaldada. Pero cuando el escándalo saltó a la prensa, la estrategia defensiva del equipo de gobierno y de todo el PCE (para los desmemoriados, entonces IU se llamaba así), fue la consigna clásica: prietas las filas, negarlo todo y acusar a diestro y siniestro. Una confabulación de la derecha, del PSOE, de la prensa amarillista y rencorosa, etc. En la rueda de prensa, rodeado de todos los capitostes regionales del partido y del equipo de gobierno, el alcalde lo negaba todo. Y no solo eso, sino que atacaba a todos. Todo el mundo se había confabulado contra ellos. Y así fueron machaconamente tratando de sacudirse este enojoso asunto, que despachaban con la cínica argumentación de siempre: van a por nosotros porque no soportan que lo hagamos tan bien. Mientras tanto, una familia sufría la impotencia de haber perdido su finca y enfrentarse, además, a una incierta y costosísima carrera de procedimientos judiciales.

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LA SENTENCIA FINAL
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Y tuvo que ser el Tribunal Supremo con J.A. Martín Pallín como ponente por ciero, quien en octubre de 2006 (casi veinte años después, que se dice pronto) pusiese las cosas en su sitio, y mediante un fallo judicial contundente, se condenara por prevaricación continuada al alcalde, al secretario y al recaudador. Y al Ayuntamiento de San Fernando de Henares como responsable civil subsidiario (no sabemos cuánto ha tenido que pagar el Ayuntamiento por este caso, porque el actual alcalde y su equipo se han cuidado mucho de ocultarlo). Y al mismo tiempo se procediese a anular todas las inscripciones registrales realizadas posteriormente sobre esta finca, y reponer la propiedad a su legítimo titular.

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Todo parece indicar que el caso "Plaza de España" se da un cierto paralelismo con el "caso Gullón". Hay razonables similitudes que iremos desgranando en las próximas entregas.

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(continuará)