TRADISA, OTRA VERGÜENZA (X)

Dª CRISTINA GUIRAL DEL POZO, actual presidenta del Grupo TRADISA, participada a través de ÁGORA INVEST, con su padre D. ANTONIO GUIRAL, entonces presidente y fundador, en las instalaciones de TRADISA.

Las instalaciones de TRADISA en San Fernando de Henares que se levantaron en suelo no urbanizable especialmente protegido según el PGOU, con una licencia municipal después declarada ilegal por el TSJ de Madrid (Recurso 767/1991). Posteriormente, en 1996 y siendo alcaldesa Monserrat MUÑÓZ, le fue concedida una licencia "provisional" !!!. Pero todas estas licencias fueron declaradas de nuevo nulas por el TSJ, ahora a instancia de EL MOLINO DE SAN FERNANDO.

D. Antonio GUIRAL, cuando era Presidente de TRADISA, y a raíz de la clausura definitiva de la actividad decretada por la corporación municipal en 1995, se apresuró a solicitar una entrevista con el alcalde, y para ello se hizo acompañar de su amigo el ex magistrado del Tribunal Supremo, Sr. Pera Verdaguer. Para entonces, los pleitos con TRADISA habían llegado precisamente al Tribunal Supremo, y apuntaban un incipiente y presunto olor a responsabilidades penales para sus dirigentes. La reunión transcurrió cordialmente, sin que consiguieran levantar el precinto de las instalaciones. No obstante lo cual, el señor ex magistrado, que se presentó a si mismo como el ponente del "caso Matesa", dejó algunos comentarios poco alentadores para la suerte de las pretensiones municipales en los tribunales, a tenor del escaso valor de las pruebas manejadas. Ni el señor Guiral ni el ex magistrado del TS, supieron explicar no obstante, la razón de la existencia de un contrato privado en la compra de la finca, y si fueron cumplidas las cláusulas contenidas en él, respecto de un sobreprecio no declarado de 28 millones de pesetas en efectivo, y de la finca El Quebrachal en SALTA, Argentina, siempre y cuando fueran obtenidas las licencias municipales a una fecha concreta. Ni el Sr. Guiral ni el señor Pera supieron contestar a ello, sólo se limitaron a reiterar la falta de pruebas por parte del Ayuntamiento.

Posteriormente, ya en el año 2001, el Ayuntamiento presidido por Monserrat MUÑÓZ, trata de "legalizar" aquella formidable infracción urbanística perpetrada con una ilegal licencia municipal en suelo no urbanizable y especialmente protegido. Para ello, proponen que un suelo que el PGOU anterior clasificaba como NO URBANIZABLE, pasara directamente a ser urbanizable. Eso sí, a sabiendas de que la campa de vehículos de 200.000 m2, llevaba funcionando desde 1996 con una licencia "provisonal". La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Política Territorial, pidió al Ayuntamiento un "Estudio de viabilidad ambiental para la zona de TRADISA". Petición insólita, desde luego, puesto que TRADISA ya estaba instalada desde hacía mucho tiempo. El estudio de viabilidad ambiental fue aportado a lo que parece, sin embargo ha desaparecido del expediente. ¡Qué cosas suceden en nuestra administración!

El estudio de viabilidad fue encargado al profesor de la Universidad Politécnica D. Ignacio CLAVER FARÍAS en el año 2000. Como ya se ha dicho, las instalaciones de TRADISA llevaban funcionando con una licencia provisional desde 1996. Pero, ¿cómo es posible que el Sr. CLAVER FARÍAS, en otro tiempo Director General de Medio Ambiente de la CAM, pudiera firmar y redactar un estudio de impacto ambiental para una instalación industrial de 200.000 m2, con proyecto ya ejecutado plenamente, y concluir que el impacto de dicha instalación no era negativo? Claro que no era negativo, sino que era irreversible. Es igual que si alguien tala un bosque, y luego se hace el estudio de impacto ambiental. Pero la Universidad Politécnica de Madrid debe de estar orgullosa de estos estudios, que además de cobrar buenas cantidades por ellos (4.700.000 pesetas), los incluye en los programas de I+D. Así funciona todo este tinglado.

...y, naturalmente, sentencias que nunca se cumplen. En efecto, fueron anuladas todas las licencias, excepto dos. Y fue pedida por nosotros en su momento la ejecución de esta sentencia firme dictada en 1997 por el TSJ de Madrid. Entre esas licencias anuladas estaba también la "provisional" concedida un año antes. Esta sentencia es, como se dice, firme, pero el Ayuntamiento nunca la ha ejecutado.

...y expedientes que desaparecen. El tribunal se vio obligado a pedir los expedientes numerosas veces al Ayuntamiento, hasta que finalmente y ante la amenaza de sanción, decidieron remitir los expedientes pedidos. Todos menos dos, que, como puede leerse en el documento de remisión firmado por Dª CARMEN CRIADO, a la sazón asesora del Equipo de gobierno, habían sufrido "extravío" por los sucesivos traslados. ¿Cómo es posible que todos los expedientes originales relacionados con TRADISA, hayan desaparecido de los archivos municipales?

***
(continuará)