LEHMAN BROTHERS Y PLAZA DE ESPAÑA

EL PINCHAZO DE LA BURBUJA

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Justo cuando Caja Madrid concedía las primeras hipotecas a la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL para la actuación urbanística en la UE-1, supendía pagos LEHMAN BROTHERS, uno de los mayores bancos de inversión americano. Los americanos tienen para estos casos una palabra más explítica y lo llaman directamente bankruptcy. Es decir, bancarrota. Más o menos en la misma situación en que está hace mucho tiempo la mercantil mixta que preside el alcalde, solo que aún no se ha enterado.

Para cuando todo esto sucedía en el año 2008, los mercados financieros internacionales ya llevaban más de un año provocando quiebras y hundimientos. El origen de todo este cataclismo de las finanzas mundiales hay que localizarlo precisamente en EE.UU., y muy particularmente en los bancos de inversión, grandes tomadores de ahorros de todo el mundo para dirigirlos hacia un activo financiero muy solicitado: los activos hipotecarios ligados a bienes inmuebles, especialmente viviendas. Una suerte de refugio especulativo seguro al calor de los bajos tipos de interés y del exceso de liquidez que conoció una enorme expansión entre los años 2001 a 2007. 

Pero la subida de los tipos y las operaciones de titulación de las denominadas hipotecas subprime (hipotecas concedidas a prestatarios insolventes),  provocó una brusca subida de los índices de morosidad y con ello la quiebra de las más grandes corporaciones hipotecarias estadounidenses. LEHMAN BROTHERS no fue rescatado por el gobierno americano, y quebró dejando una descomunal lista de deudores colgados con un pasivo de más de 430.000 millones de euros.

Entre los acreedores que dejó el gigante americano quebrado estaban un buen número de entidades financieras europeas. De Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, etc. Pero ¿qué pasaba en medio de toda esta tempestad con la banca española? Las autoridades españolas se esforzaban por no alarmar más de la cuenta, afirmando que nuestra banca era segura. En realidad mentían como bellacos. Lo que le pasaba a la banca española es que no era banca acreedora de la americana ni mucho menos, sino deudora de la banca europea fundamentalmente. Por esa razón, cuando los bancos europeos tuvieron que ser nacionalizados por las pérdidas de sus inversiones y préstamos a la banca americana, inmediatamente se cerró el mercado interbancario para la banca española, pues no podían acceder a financiación en esas condiciones y mucho menos para operaciones inmobiliarias. 

En medio de toda la tormenta, eran las cajas de ahorros las que menos podían financiarse en aquellos momentos, permaneciendo atrapadas entre las quiebras de las promotoras inmobiliarias con miles de millones enterrados en proyectos inmobiliarios sobrevalorados, y provocando con ello la práctica desaparición del sector que en los últimos diez años había sido destinatario de casi todo el brutal endeudamiento a que se habían entregado familias y empresas españolas. Eso y la falta de liquidez con la consiguiente descapitalización. Cerrado pues el mercado intebancario por la desconfianza de los bancos internancionales, recelosos de que escondieran en sus balances ingentes paquetes de activos tóxicos (activos hipotecarios), y necesitadas de capitalización, se vieron obligadas de forma urgente y perentoria a capitalizarse. Y para ello acudieron a los depositantes mediante una fórmula engañosa: las preferentes. Una inversión trampa con la que los bancos consiguieron salvar la cara al menos de momento, aun a costa de encadenar para siempre los ahorros de muchos depositantes confiados.

Este era el dramático panorama financiero entre 2007 y 2008, cuando Caja Madrid y la entidad mercantil mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL formalizaban sus primeras hipotecas, ajenos totalmente a lo que sucedía en el mundo.

EL CASO PLAZA DE ESPAÑA

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Hay muchos casos (hoy verdaderas ruinas) que son ejemplos de los estragos de aquella fiebre del oro que nadie (ningún responsable politico) quiso pinchar antes de lo de LEHMAN BROTHERS. Uno de esos ejemplos nos ha llegado en forma de complejos desahuciados, porque los compradores finales, los paganos de siempre, no pueden comprar esos inmuebles porque actualmente no hay un solo banco que les dé un préstamo. En un país donde el 62 % de la población declara cobrar salarios de 1.000 euros, es inaudito que haya habido préstamos hipotecarios para comprar casas con un precio medio de más de 300.000 euros. 

Pues bien, si hay un paradigma encarnado en unas edificaciones hoy emblema de esa época febril de especulación inmobiliaria en nuestro municipio, es el caso de Plaza de España. Lo paradójico de todo esto es que en esa operación ha participado el Ayuntamiento, y la sociedad mediante la cual se ha intentado ejecutar la actuación, tiene por presidente a un militante del PCE. Quien por cierto ahora está tratando de salvar (es un decir) la sociedad quebrada, pero repartiendo las pérdidas entre todos. Si lo consiguiera, en las escuelas de negocios lo van a poner como ejemplo de gestor del capitalismo puro.

Esta sociedad no solo está ahora mismo en concurso de acreedores, sino que en realidad se halla en plena clandestinidad. Sabemos que han nombrado un nuevo consejo de administración e incluso que la sociedad tiene ahora una nueva consejera delegada. Es concejal al igual que el anterior, si bien su hazaña pública más conocida es la de haber dado positivo en un control de alcoholemia. Y si el consejo de administración es clandestino porque no han sido publicados sus nombramientos, qué decir de sus balances. No hay cuentas aprobadas, y ni siquiera están publicadas las de 2009, 2010 y 2011. Es muy lamentable comprobar que, en realidad, la situación concursal es un parapeto tras el cual se impide a los acreedores reaccionar, y que puede alargarse de modo interminable una situación que solo tiene una salida: la disolución por quiebra tal y como ocurrió con LEHMAN BROTHERS.

Los gestores municipales y los de Caja Madrid entre 2008 y 2009, que pusieron en marcha esta operación de forma irresponsable, no quisieron enterarse de que las operaciones inmobiliarias como la que pretendían acometer en la UE-1 de la plaza de España, eran ya por entonces de altísimo riesgo y mucho más tal y como estaba diseñada. Ahora todo el riesgo pretenden endosarlo a los contratistas y proveedores. El alcalde, como presidente de la sociedad, sucuestrado por la ilusa profecía que acompaña a todo visionario, pretende creerse y hacernos creer que es posible salvar a esta sociedad mercantil que preside aplicando solo buenas sobredosis de voluntarismo, cuando en realidad lo que hace falta es encontrar un mirlo blanco que ponga los más de 46 millones de euros de liquidez inmediata que se necesitan, para cumplir sus compromisos más acuciantes. 

Pero los tiempos de esos mirlos ya pasaron, y sería muy de agradecer que alguien sensato del equipo de gobierno hiciera un ejercicio de realismo y que se acuerde lo inevitable: su disolución por quiebra necesaria. El mismo destino que el de LEHMAN BROTHERS, el origen, malgré lui, del pinchazo del boom especulativo financiero inmobiliario del que el caso Plaza de España es un ejemplo digno de estudio académico. 

Cabalga pues nuestro alcalde sobre los restos del naufragio del capitalismo financiero especulativo más atroz, pero ahora ya con la única esperanza de hallar el milagro con el que rematar la operación al más puro estilo de un broker de Wall Street: endosarle las pérdias a alguien. Preferiblemente su deseo sería municipalizarlas. Es decir, titulizar los particulares activos tóxicos de la sociedad mixta que preside para adjudicárnoslos, a través del Ayuntamiento, a todos nosotros.

TENGAN CUIDADO

AVISO A NAVEGANTES

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Nuestra asociación nació en 1995 con la firme idea inicial de contribuir a la difusión y defensa de los valores culturales y medioambientales de nuestro municipio. Constituida inicialmente por una veintena de ciudadanos preocupados por estos temas, pronto nos vimos en la necesidad de denunciar algunas más que polémicas decisiones del entonces equipo de gobierno de IU. Desde las ilegales licencias otorgadas a TRADISA para encubrir graves infracciones urbanísticas en suelo protegido, pasando por los muy discutibles acuerdos con ECHEVESTE, o el caso del denominado sector V industrial (un polígono industrial de más de 500.000 m2 aprobado sin declaración de impacto ambiental, una parte del cual ha sido ejecutado sobre una ZEPA). Estos han sido algunos de los encontronazos más notorios que hemos tenido con los diferentes gobiernos municipales desde entonces. Sin olvidar, desde luego, la insólita alianza entre la entonces alcaldesa MONSERRAT MUÑÓZ y el inefable expresidente de la Comunidad de Madrid y hoy ministro, Sr. GALLARDÓN, para eludir el estudio de impacto ambiental para la construcción de la carretera M-206. Un monumental engaño al personal del que hablaremos en otra ocasión.

Somos pues una modesta asociación (tampoco aspiramos a más), debidamente registrada en el registro  de la Comunidad de Madrid.  Y también nos registramos en su día en el Registro Municipal de Asociaciones, claro está. Craso error. Ingenuos de nosotros, no podíamos sospechar que los datos que obligatoriamente es preciso aportar anualmente al mismo fueran alguna vez utilizados contra nosotros. De ahí, amigo lector de este blog, nuestra sincera advertencia: tengan cuidado. Tengan cuidado con los datos que aportan a esos registros públicos municipales que deberían de ser sagrados, pero que pueden ser utilizados contra ustedes sin escrúpulos a nada que osen enfrentarse con el equipo de gobierno municipal.

Ya hemos dicho en nuestra anterior entrada que nuestros gobernantes municipales, utilizando los medios públicos, se proponen usarlos amenazadoramente contra algunos de nuestros socios, tratando de recoger información y elementos con los que injuriarnos gratuitamente y con ello amedrentarnos y silenciarnos. Nada que nos preocupe en absoluto. 

Desde el gobierno municipal se ha convenido encargar a alguien del propio entorno gubernamental, rebuscar antecedentes en los archivos municipales y, cual ofuscados entomólogos de estercolero, tratar de encontrar o resucitar viejos cuentos utilizados por algunos farsantes corruptos nunca desenmascarados del todo interesadamente, de lo que fue verdadera piedra de toque que puso en evidencia una inexcusable realidad latente en esta suerte de infecto estanque de aguas pútridas, bajo el que ha permanecido oculta la realidad de nuestra política local. Que, necesario es decirlo, ha preferido vivir abrazada a la detestable norma consuetudinaria de nuestra politica general, consistente en considerar como un ineludible deber de correligionario encubrir e impedir desentrañar y condenar execrables prácticas cuando tocan a uno de los suyos, en lugar de extirparlas de raíz. Repetimos, nada que nos preocupe pues al respecto.

Pero si nada ha de preocuparnos por ahí, por el contrario, lo que sí es preocupante es la falta de escrúpulos en el tratamiento de los datos que se suministran ingenuamente a este Ayuntamiento, dados algunos antencedentes que hemos sufrido en carnes propias. Como hemos dicho antes, la asesora del equipo de gobierno, Dª CARMEN CRIADO, nos ha dado repetidas muestras de ello en las sucesivas ocasiones en que hemos tenido que sufrir su vehemente y desmesurada ira, absolutamente impropia de una conducta procesal de parte cuando además la pagamos todos, en sus larguísimos alegatos en defensa de las actuaciones municipales y, particularmente, la última en favor del exalcalde SETIÉN y del exconcejal de urbanismo MARTÍNEZ en los autos que se siguen en el juzgado número 5 de Coslada. 

Es sabido que entre los presuntos ilícitos de que se les acusa, está el de haber aportado el espacio público de la plaza de España a una sociedad mercantil privada sin autorización de nadie. Ninguna explicación que desvirtúe la acusación han dado en sede judicial, salvo arroparse en la dilución de la responsabilidad propia alegando que ésa fue una decisión colegiada y colectiva de todo el pleno municipal. Es decir, que si delinquieron, lo hicieron todos. Pero eso sí, la señora CRIADO aprovechó una vez más la ocasión y en todo su inacabable alegato de contestación a la denuncia, utiliza, como hemos dicho, una buena porción de sus páginas a glosar los antecedentes de algunos de nuestros directivos. Pero no en tono de mera cita de pasada en un escrito dirigido a un órgano judicial que está investigando posible ilícitos penales de sus defendidos (¡qué le importará al juez el currículum vitae de los directivos de nuestra asociación!), sino solo con la malévola y gratuita intención de descalificar y desligitimar a los denunciantes.

Pero lo que ya es intolerable con serlo lo anterior, es comprobar cómo la que era asesora jurídica del equipo de gobierno, se dedica a citar para descalificar, supuestas relaciones familiares o de otra naturaleza de algunos miembros de la Junta directiva de nuestra asociación, explayándose acerca de las mismas cuando en sede judicial ha acudido en defensa de sus representados, el señor SETIÉN o JOAQUÍN MARTÍNEZ. Relaciones de parentesco o de la naturaleza que sean, que la exasesora del equipo de gobierno y defensora del exalcalde solo ha podido conocer naturalmente si ha consultado expresamente los datos del Registro Municipal de Asociaciones. He aquí el porqué hacemos pues este llamamientos a todos nuestros navegantes. 

Lo anterior es muy revelador de un estado de cosas y de unas prácticas abusivas que nuestros gobernantes han de erradicar, si no quieren tener algún día un buen disgusto. No tendrán buenas noticias en los próximos meses si siguen con esa lamentable costumbre. De modo que mejor harían en colaborar con el juzgado 5 de Coslada a esclarecer los hechos que se imputan a sus correligionarios, en lugar de deslizarse por la envilecida senda de la insidia, porque además de no conseguir nada con ello salvo ganarse el ridículo, habrán dado un paso más en falso y en la dirección contraria a sus propios intereses.

Y en fin, nuestros responsables municipales deberían de saber que todo es susceptible de empeorar como bien profetizó Murphi en su famosa ley. Por lo cual y a la larga, se harían un gran favor a sí mismos soltando todo el lastre del caso en lugar de ampararlo y encubrirlo, porque además lo estamos pagando todos. Y desde luego eso sería mejor también, que recurrir a la provocadora tentación de tratar de enlodar gratuitamente a nadie. No sería en todo caso muy inteligente hacerlo, al menos mientras esté abierta una causa judicial con tantas y tan llamativas cuestiones relacionadas con el caso de Plaza de España. No es prudente tampoco sucumbir a esa tentación, señor alcalde.

AMENAZAS

AVISO A NAVEGANTES

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Estos últimos días hemos recibido dos noticias del gobierno municipal y su entorno. Una de ellas en forma de anónimo correo con amenaza incluida asegurando que van a poner en marcha su particular ventilador, resucitando una muy vieja patraña contra alguno de nuestros asociados. Nada nuevo que nos sorprenda. Son los síntomas del viejo espíritu estalinista invariablemente unido a una paranoia contagiosa, que luego desemboca en accesos de injuriosas acusaciones con la sola idea de destruir reputaciones e intimidar las voces críticas. El próximo paso será un pogromo contra nosotros.

Pero además, es muy recurrente por parte de este gobierno municipal y su entorno y ya estamos acostumbrados y preparados para ello. Desde la falsa denuncia contra nosotros en los juzgados de Coslada, pasando por fabulaciones atribuyéndonos gratuitas concomitancias con tal o cual partido político, a esta nueva escalada con la que pretenden acallarnos. Y ya que no pueden hacerlo, al menos desprestigiarnos. 

No hay un solo escrito dirigido a los juzgados en el pasado y firmado por Dª CARMEN CRIADO donde hemos tenido que vernos las caras, en los que de forma recurrente, mecánica, extemporánea e injustificada, dejara pasar la oportunidad de arremeter violentamente contra nosotros invocando no se sabe bien qué oscuras connivencias, y una interminable sarta de descalificaciones personales a miembros de nuestra junta directiva. El último ejemplo lo hemos tenido en bien reciente ocasión y en sendos escritos del juzgado número 5 de Coslada donde se ven los autos del caso plaza de España. En lugar de explicarse sobre lo que han hecho, dedican la mitad de sus alegatos a descalificarnos, insultarnos, o simplemente calumniarnos. Es su estilo. Y además, Dª CARMEN, lo hacía siempre en sus farragosos e inacabables mamotretos descalificatorios presentados al juzgado tocando de oído, claro, porque ninguno de sus desahogos los había vivido en primera persona.

Entendemos que no les guste al equipo de gobierno lo que decimos en este blog, y desde luego no nacimos para practicar el aplauso fácil y subvencionado del poder local. Tampoco del resto de los poderes. Ni siquiera suponíamos ser tan importantes como para merecer que todo un equipo de gobierno municipal, se dedique al detestable trabajo de encargar a uno de los suyos la tarea de tratar de silenciar nuestras denuncias, mediante viejas prácticas insidiosas contra alguien o alguno de nuestros socios. Más le valiera ocuparse de resolver los graves problemas municipales que han creado y que no son pocos, en lugar de amenazar a las escasas voces críticas que se levantan en nuestro municipio. En cualquier caso, y si se ocupan de nosotros a esos niveles, es que algo estaremos haciendo bien.

EL GRAN CAMBIAZO (I)

UN EQUIPO DE PRESTÍMANOS

Estos caballeros de la foto ya no están en el Ayuntamiento pero dejaron su impronta mientras estuvieron en sus cargos. Se trata del entonces primer teniente de alcalde y portavoz del PSOE D. MANUEL GONZÁLEZ ROJO a la izquierda. En el centro, claro está, el entonces alcalde que no desmentía mentiras D. JULIO SETIÉN, dimitido después para acogerse a una jubilación voluntaria muy oportuna. Y, finalmente, el inefable entonces concejal de urbanismo y consejero delegado de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL de infausta memoria, D. JOAQUÍN MARTÍNEZ. Esto se corresponde con el pleno extraordinario y urgente de 2 de diciembre de 2009, y se disponían a votar la Modificación Puntual no sustancial del PGOU. Eran los felices tiempos del pacto de gobierno de hierro de IU y PSOE del mandato pasado. Y, junto a ellos, el resto de los concejales del entonces equipo de gobierno de coaligados: 6 concejales más de IU y otros 4 del PSOE. En total 13 votos a favor...de una de las más miserables actuaciones en que puede incurrir un grupo municipal, en este caso dos: la más burda y descarada manipulación de un expediente administrativo, y de paso una burla indecente al ciudadano. 

Sigan leyendo y comprobarán qué es lo que hicieron estos 13 concejales (repetimos, 8 de IU y 5 del PSOE) y, sobre todo, sepan el porqué de esta indescriptible tomadura de pelo perpetrada en forma de acuerdo en el que, además de despreciar la legalidad, faltaron también al respeto a todos los ciudadanos. Es un compromiso nuestro firme de que esto no quede impune tampoco. Ya lo verán.

EL INDECENTE JUEGO DE MANOS

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En la sesión urgente del pleno municipal de 2 de diciembre de 2009, como se dice, se llevaron dos asuntos urgentes: la aprobación provisional de la Modificación del PGOU para "adecuarlo" en la zona de la plaza de España donde estaban prohibidos los aparcamientos, y para la aprobación definitiva del Plan Especial. Poco importaba que las licencias hubieran sido concedidas varios meses antes y que las obras ya estuvieran en marcha. Daba igual. Se trataba pues de "adecuar" el instrumento de planeamiento general al proyecto ya en ejecución, y no al revés como es lo lógico y lo legal. Pero en esta actuación y en este Ayuntamiento el respeto a la legalidad es la excepción.

Como puede apreciarse por el documento de arriba, la modificación puntual del PGOU fue encargada por el Ayuntamiento (concretamente por D. JOAQUÍN MARTÍNEZ a puro dedo, sin concurso alguno) al arquitecto que era autor del proyecto unitario de la plaza de España D. ENRIQUE HERMOSO LERA. Dicho encargo fue hecho, como igualmente puede apreciarse, en julio de 2009 y fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobiero Local el día 7 de octubre de 2009. Así consta en la diligencia del señor secretario accidental. Este documento consta de 25 páginas.

También podemos ver en el otro documento, que el Consejo Superior de Arquitectos de España tiene aprobadas y en vigor unas estrictas normas deontológicas que incompatibilizan por dos años, a todo arquitecto que tenga algún encargo de la administración para redactar algún instrumento de planeamiento general. Así pues, lo que estaba ocurriendo con este encargo era simplemente que D. ENRIQUE HERMOSO LERA quedaba incompatibilizado para dirigir la obra (para la que ya estaba contratado por PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL y dirigiendo muchos meses antes) y por la que iba a cobrar aproximadamente un 6% en concepto de honorarios. Es decir, cerca de 3 millones de euros.

Pues bien, a raíz de nuestras alegaciones y denuncias, advertimos de esa situación al pleno municipal, y no se les ocurrió otra cosa que cambiar de arquitecto redactor de la modificación del PGOU. De forma que al señor HERMOSO le sustituyó D. ALBERTO GARCÍA SANZ. Pero lo que hicieron fue algo más grave, porque finalmente lo que realmente sometieron al pleno del día 2 de diciembre de 2009 fue un nuevo documento, firmado y fechado en noviembre de 2009 (cuando el original tenía fecha de julio de 2009). Es decir, cuando ya se había cerrado el periodo de información pública el 16 del mismo mes.

De esta forma, los 13 concejales (8 de IU y 5 del PSOE), le salvaron el culo (y la pasta) al arquitecto autor del proyecto, tratando de evitar con ello la incompatibilidad del señor HERMOSO LERA. Pero eso sí, a costa de saltarse toda la legalidad y particularmente los artículos 128.5 y 133.4 del viejo Reglamento de Planeamiento, que obliga al señor secretario municipal a diligenciar todos los documentos y planos precisamente para evitar trampas con los documentos que, no hay que olvidarlo, como planes de urbanismo son normas jurídicas con ordenanzas incluidas.

No hace falta mucha más explicación de la gravedad (y de sus posibles consecuencias de todo orden) de este acuerdo adoptado por los 13 concejales de marras aquel día 2 de diciembre de 2009, al perpetrar todo un cambiazo en un documento que no se podía cambiar, ya que para eso se diligencia por el secretario. 

Esto es uno más de todos los atropellos perpetrados en el caso plaza de España. Y en éste, además, por los miembros de los dos grupos que entonces gobernaban: IU y PSOE. Como decimos, intentaremos que esta nueva burla a la legalidad y a la buena fe de los ciudadanos, no quede impune para quienes desde su más absoluto desprecio, habían llegado a la equivocada convicción de que el hecho de tener mayoría absoluta con la suma de ambos grupos, les habilitaba para saltarse todas las leyes que les pusieran por delante. Y de paso también, de que no nos íbamos a enterar de su indecente juego de manos de prestidigitadores de la política del tres al cuarto. 

Prometemos vernos las caras con aquellos tahúres que de forma tan burda han insultado y menospreciado nuestra buena fe, y pisoteado las leyes.

EL COLAPSO

El paraje de nuestro municipio conocido como La Granja es un enclave donde florecen todo tipo de actividades y construcciones ilegales sobre suelo protegido. Un descarnado ejemplo de la inexistencia más absoluta de una de las patas más importantes del urbanismo: la que se conoce como la disciplina urbanística. He aquí dos fotografías aéreas sacadas en tiempos diferentes. La de la izquierda hacia el año 2000 cuando se estaba tramitando el nuevo PGOU, y la otra correspondiente a 2011. Los desmadres y el crecimiento de este asentamiento humano totalmente descontrolado e ilegal es bien patente y revelador. Todo se ha ido definitivamente de las manos. Ahora, mediante una extraña iniciativa particular firmada por una abogada exportavoz del PP en el Ayuntamiento en los años noventa, se pretende "regenerar ambientalmente" esta zona. O lo que es lo mismo, legalizar todo este cúmulo de infracciones urbanísticas toleradas a lo largo de muchos años. Es la mejor constatación de que violar las leyes (en este caso las del suelo, las ambientales y el propio PGOU), puede ser magníficamente recompensado en nuestro municipio.

AVISO A NAVEGANTES

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A lo largo de este mes de agosto hemos hecho un repaso sobre aquellas cuestiones que, después de muchas peripecias, se han convertido en sucesivos ejemplos de atrocidades en nuestro municipio desde el punto de vista de lo que se conoce como la ordenación del territorio, una de las competencias más importantes que los municipios tienen atribuidas como propias. Y aunque no hemos repasado todas las que conocemos, hoy traemos la última muy reciente (aprobada en el pleno de mayo último), sobre un sospechoso (y no suficientemente claro) denominado PLAN ESPECIAL DE REGENERACIÓN AMBIENTAL DE LOS ENTORNOS DE LOS CRUCES DE LAS CARRETERAS M-203 Y M-206. O más conocida como la zona de La Granja.

En realidad, este Plan Especial de Regeneración Ambiental ni es un Plan Especial ni de regeneración alguna y mucho menos ambiental. Al contrario, presentada inicialmente y en una primera fase como una iniciativa particular de varios propietarios de la zona, y firmada en todo caso en su nombre por la que fuera portavoz del PP en el Ayuntamiento en los años noventa, no es otra cosa que toda una propuesta de legalización encubierta mediante un vergonzante y engañoso titulo de "regeneración ambiental". La verdad es que la situación de esta zona degradada con todo tipo de parcelaciones y actividades ilegales, algunas de ellas incluso nocivas, ha provocado la total degeneración de la zona y, desde luego, una irreversible situación. De ahí que resulte todo un sarcasmo que bajo el aparente título de Plan Especial de Regeneración Ambiental, haya sido admitido a trámite y finalmente aprobado definitivamente por el Pleno Municipal, con los votos favorables de IU, la abstención (cuán socorrida es la abstención para estos casos) del PP, y el voto en contra del PSOE. El voto en contra de este grupo ha resultado ser, desde luego y al menos por esta vez, el más coherente y apropiado.

Pero es que además de estar viciado el procedimiento de este Plan Especial de Regeneración Ambiental, es en todo caso un nuevo brindis al sol; uno de los muchos que llevamos a lo largo de todo este mandato. Porque solo mediante una expropiación sería posible regularizar este enclave que para propios y extraños es toda una vergüenza, con un impacto visual que nos retrotrae a una suerte de túnel del tiempo o de estar entrando en una constelación de favelas donde no hay autoridad ni se la espera. Es un descarado ejemplo de la endémica futilidad de esta política municipal huera que padecemos sobrada de palabrería y de soflamas, por más sometida que esté al escarnecido realismo (cual es el caso) de su propia y patológica incompetencia. 

Este enclave representa algo más que la manifiesta incapacidad de nuestras autoridades locales, para ejercer su autoridad y hacer cumplir las normas urbanísticas que son violadas con infracciones muy graves, sino que representa también la evidencia de que esas normas urbanísticas no son obligatorias para determinadas zonas de nuestro territorio, y que solo lo son para aquellos pardillos que no tienen la osadía de desafiarlas e incumplirlas. Es el ineluctable destino al que se ven abocados los sumisos, sometidos al estomagante hipócrita discurso de engolados demagogos con el que insultan nuestra inteligencia estos grupos que nos gobiernan. O la malévola creencia en la que incurren una y otra vez, de que todos los ciudadanos somos una pandilla de idiotas y que además les votamos.

No faltarán para este caso u otros parecidos (como el de la cañada Real Galiana), elementos salidos de esa banda de oportunistas demiurgos de la política que nos invaden por tierra, mar y aire, y que, al socaire de la crisis, vengan a aleccionarnos con que situaciones como esta son una resultante de la misma, cuando en realidad este enclave ha conocido su mejor y más expansiva etapa precisamente durante la época de las vacas gordas (y sagradas) de la burbuja. Muy por el contrario, es la manifestación más evidente de una indignante tolerancia municipal. Y un insufrible atentado a las más alementales formas de convivencia porque traslada la idea de que el que no cumple, será premiado. Es con seguridad el colapso final de nuestra fe (ya muy escasa) en nuestro políticos. Pero también y sobre todo, en estos atolondrados políticos locales que nos desgobiernan.

APORÍAS PARA LOS TIEMPOS DEL CÓLERA

De las dos actuaciones que el IVIMA ha tenido en San Fernando de Henares desde su creación, solo una de ellas realizada en los años noventa conserva la titularidad del instituto público regional de la vivienda. La otra, en la calle Somorrostro, hace años que fue vendida a un fondo de inversión inmobiliario.

APORÍAS DE ESTOS DESCONCERTANTES TIEMPOS

(O COMO SER INSOLVENTE Y SIN EMBARGO TENER UN BANCO POR CASERO)

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Durante todos estos años del boom inmobiliario financiero más conocido como la prodigiosa y maldita década de la burbuja, las actuaciones en materia de vivienda protegida han quedado relegadas a las imprescindibles, especialmente en relación con las denominadas de régimen especial, para aquellas personas con rentas que no superan 2,5 veces el INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES más conocido como el IPREM. La mayor parte de los operadores tradicionales como gestoras de cooperativas, cooperativas, sindicatos, etc, abandonaron el segmento de las tradicionales viviendas protegidas de régimen general al olor de los formidables beneficios que las de renta libre ofrecían en aquellos momentos. Incluso nuestra municipal EMS se apuntó al beneficio rápido y fácil en sus promociones. Eran los tiempos de la fiebre del oro inmobiliario. 

La multiplicación exponencial del precio de la vivienda libre unido al exceso de liquidez y dinero abundante y barato, hizo disparar los precios y con ello los beneficios y las rápidas tasas de retornos de promotores y demás operadores del mercado inmobiliario, que naturalmente hicieron su agosto durante todos estos años. Operadores inmobiliarios y administraciones, claro, porque aproximadamente un 20 % del precio final de la vivienda son impuestos de las diferentes administraciones: ayuntamientos, comunidades y finalmente del propio estado, que han venido nutriendo sus arcas con todo tipo de impuestos sobre este oscuro objeto del deseo; este bien de primera necesidad que es la vivienda pero al mismo tiempo con un evidente componente especulativo. Y así nos ha lucido el pelo, claro.

Por esa razón, las promociones en este tipo de viviendas protegidas bajaron estrepitosamente, produciéndose, por el contrario, un fenómeno insuficientemente estudiado que aún hoy permanece debidamente oculto por las administraciones: el impacto de las descalificaciones de las viviendas protegidas durante todos estos años de la burbuja. No hay datos estadísticos a la vista al menos, por lo que las cifras reales son un misterio. Solo puras estimaciones a ojo pero fiables indican que en nuestro municipio, más del 40 % del parque de vivienda protegida fue descalificada durante los doce o quince últimos años. La razón es bien clara: viviendas que costaron una media de diez millones de pesetas en su día, pocos años después valían tres veces más. Por esa razón era más rentable pagar la devolución de los intereses y demás ayudas para vender la vivienda de VPO. Es decir, descalificar la vivienda y luego venderla como libre.

Solo ha habido desde los años noventa dos actuaciones dirigidas al segmento de las rentas más bajas en régimen de alquiler en nuestro municipio, llevadas a cabo ambas por el IVIMA de la Comunidad de Madrid. En ambos se trata de promociones de aproximadamente unas 60 viviendas cada una. La primera lo fue a inicios de los años noventa, y la segunda a comienzos de 2000. Pero esta última promoción no pertenece al IVIMA precisamente desde el mismo año 2000, puesto que fue vendido a un fondo de inversión inmobiliario de un banco.

Los fondos de inversión inmobiliario en nuestro país no han tenido mucho éxito, y la mayor parte de ellos están promovidos o gestionados por bancos. Estos fondos no pueden construir ellos mismos sus promociones ya que solo pueden adquirir los inmuebles a otros. Uno de sus atractivos se basa en el excepcional régimen fiscal, pues solo tributan el 1 % de sus beneficios. A cambio de este extraordinario trato fiscal, se ven obligados a invertir un porcentaje de sus compras en inmuebles como residencias de ancianos o de estudiantes, o inmuebles en alquiler de viviendas protegidas del régimen especial.

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Lo peculiar del caso de estas viviendas de la calle Somorrostro y de estos tiempos; la paradoja inextricable, es que más de sesenta inquilinos de un inmueble que fue promovido por una administración pública, hoy son inquilinos de un fondo de inversión inmobiliario promovido por un banco, pero no podrán acceder (y mucho menos hoy día) a un solo préstamo de la misma entidad bancaria que sin embargo es su casero.

El fondo de inversión que compró inicialmente este inmueble de viviendas públicas en el año 2000, lo era de una división bancaria muy exquisita, y que se conoce en el argot financiero como la "banca privada". Es decir, la banca que solo trabaja con clientes de rentas muy muy altas. Una mala inversión realizada por el banco en cuestión consistente en confiar sus inversiones al célebre financiero de Wall Street (mejor habría que decir estafador) Madoff, estuvo a punto de dar al traste con todo. Madoff es un sorpredente caso moderno de engaño a personas muy listas y muy ricas de todo el mundo, pero por medio del viejo método piramidal Pozzi. Así pues, algunos ricos y confiados inversores españoles fueron engañados por este viejo método. Inexplicable en los tiempos de tantos y tantos reguladores. 

Pues bien, este caso provocó el primero y único "corralito" financiero durante dos años en nuestro país y en esta crisis, al cundir el pánico entre los partícipes de esos fondos de inversión que pidieron en masa su rescate. Y tras dos años, algunas querellas por medio y muchas pérdidas (la rentabilidad de estos fondos cayeron estrepitosamente), la fiscalía llegó a la conclusión de que el banco privado en cuestión, que gestionaba el fondo de inversión inmobiliario titular del inmueble de la avenida de Somorrostro, había realizado inversiones peligrosamente especulativas. Y tanto. A punto ha estado este inmueble de ser carne de subasta en los juzgados. Hoy, muy recientemente, el banco matriz del grupo financiero ha absorbido a la división de la banca privada y ahora está en un nuevo fondo de inversión inmobiliario del más importante banco del país. Eso sí, se desconocen las pérdidas habidas y quién las ha pagado.

Pero claro está, todos los inquilinos de los inmuebles que pertenecieron al IVIMA (entre los que está el de la Avda. de Somosrrostro), no conseguirán obtener un solo préstamo de ese banco en estos momentos. Son las ineluctables aporías para estos deconcertantes y peligrosos tiempos del cólera financiero. Inquilinos insolventes sirven para formidables deducciones fiscales al casero, que no es otro que un fondo de inversión inmobiliario formado por y para rentas muy selectivas y exigentes de los barrios y urbanizaciones exclusivas. Así funciona este enloquecido mundo.

DOS VARAS DE MEDIR

En amarillo las zonas donde se han producido algunas demoliciones de construcciones ilegales por el Ayuntamiento, la última muy reciente en la zona denominada La Granja. En rojo, dos de las infracciones urbanísticas más graves cometidas con licencia municipal, pero que fueron anuladas por los tribunales. Se trata de la ampliación del centro comercial de PRYCA y de la campa de vehículos de TRADISA. A pesar de que nuestra asociación pidió la ejecución de las sentencias y la demolición de lo ilegalmente construido, el equipo de gobierno nunca ejecutó las sentencias. La diferencia en el trato de uno y otro caso se debe, naturalmente, al pago de dinero en forma de "compensaciónes" urbanísticas tras la firma de sendos convenios urbanísticos.

INFRACCIONES URBANÍSTICAS EN NUESTRO MUNICIPIO

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La pariente pobre de la gestión del territorio en nuestro municipio ha sido tradicionalmente la disciplina urbanística. Algo que es casi inexistente. Centrados solo en el planeamiento que es lo más fácil (ya se sabe, pintar como querer), y con evidentes dificultades para entender la gestión, la disciplina urbanística es una quimera.

Cuando en el año 2001 el equipo municipal de gobierno tramitaba ante la consejería correspondiente el PGOU, ésta le pidió al Ayuntamiento un inventario de todas las edificaciones ilegales levantadas en nuestro municipio antes de adoptar acuerdo de aprobación alguno. Dicho inventario arrojó la pavorosa cifra de más de 200 edificaciones ilegales levantadas sobre el territorio de San Fernando, la mayor parte de las cuales estaban localizadas en la zona denominada de La Granja (en la confluencia de la carretra con Loeches), donde hoy hay levantado todo un asentamiento ilegal que se expande como una mancha de aceite, a lo largo y ancho de varias hectáreas de un suelo que el PGOU clasifica, además, como no urbanizable y protegido.

Las apenas tres intervenciones municipales lo han sido sobre un grupo de chabolas en la carretera del INTA en agosto  de 1997, y demolidas directamente sin intervención judicial. Las otras dos lo han sido en el año 2007 y en 2012 en la zona de La Granja, sobre algunas naves y cuatro viviendas levantadas, estas últimas demolidas por orden judicial. Lo característico de estas actuaciones municipales de restauración de la legalidad urbanística es que, en todas ellas, las construcciones carecían de licencia municipal.

Sin embargo, en el inventario entregado por el Ayuntamiento a la Consejería de Urbanismo en cumplimiento de lo pedido, no figuraban aquellas infracciones y edificaciones ilegales levantadas en nuestro municipio pero al amparo de respectivas licencias de obras. Es decir, con autorización municipal. Dos de estos casos más escandalosos son los de la ilegal ampliación del centro comercial de PRYCA (hoy CARREFOUR), y de la campa de vehículos de TRADISA, levantada sobre una superficie de 200.000 m2 de suelo no urbanizable especialmente protegido.

PRYCA, LICENCIAS (ILEGALES) A CAMBIO DE DINERO

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El Estudio de detalle de la entonces COPLACO, permitió una superficie máxima para este centro comercial situado en el arranque de la N-II de 15.000 m2. Muy pronto, la multinacional francesa de COMER CENTER propietaria del centro pidió al Ayuntamiento una ampliación del mismo. Primero de 5.000 m2 en 1983 y después de 2.500 m2 más en 1987. Ambas ampliaciones fueron autorizadas por el Ayuntamiento previo pago por parte de PRYCA de 50.000.000 de pesetas. 

La primera ampliación se produjo a cambio de 28.000.000 de pesetas, que naturalmente fue autorizada una vez quedó garantizado por PRYCA mediante aval bancario o seguido del correspondiente mandamiento de ingreso. La siguiente ampliación lo fue también tras un convenio urbanístico y un compromiso de pago ahora de 22.000.000 pesetas. Todo ello bajo el compromiso de llevar estas ampliaciones al nuevo PGOU entonces en tramitación y aprobado definitivamente en 1988. Lo cual no impidió a PRYCA, naturalmente, obtener muy anticipadamente sendas licencias antes de la aprobación definitiva del PGOU. Y por supuesto a levantar las ampliaciones antes de su entrada en vigor. Ventajas de poner la pasta por delante.

Pero la Consejería de Urbanismo no aprobó las ampliaciones en su aprobación definitiva del PGOU, dejando la superficie del centro comercial en los iniciales 15.000 m2. Los restantes 7.500 m2, naturalmente debían de ser demolidos. 

Después de numerosos recursos judiciales, fue en 1999 cuando el Tribunal Supremo confirmó lo acordado por la Consejería de Urbanismo, quedando las sucesivas ampliaciones realizadas (ejecutadas además mucho antes de que fuera aprobado el PGOU), en situación de clara ilegalidad.

Nuestra asociación solicitó insistentemente al Ayuntamiento la ejecución de las sentencias y, por lo tanto, la correlativa demolición de lo ilícitamente construido para así restaurar la legalidad urbanística infringida. Y el entonces equipo de gobierno nunca ejecutó esta sentencia. Y no solo eso, sino que hoy, con el nuevo PGOU, han "legalizado" (mejor dicho, lo han intentado) esas ampliaciones. Si bien no tenemos constancia de que CARREFOUR haya solicitado las correspondientes licencias de legalización. Estamos esperando que lo haga, desde luego.

Una campa de vehículos de más 200.000 m2 y otros 20.000 m2 más de naves construidas, levantada sobre un suelo que el PGOU clasificaba como NO URBANIZABLE Y ESPECIALMENTE PROTEGIDO. Nuestra asociación llevó estas licencias a los tribunales y consiguió que fueran anuladas. Pedida la ejecución de la sentencia, el equipo de gobierno en lugar de ejecutarla llevó esta misma clasificación al nuevo PGOU. Y, según ellos, así quedó "legalizado" este atropello a la legalidad urbanística. Pero ya veremos a ver si es así.

TRADISA, O COMO BURLAR LA LEGALIDAD A CAMBIO DE DINERO Y OTROS FAVORES

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Acababa de ser aprobado el nuevo PGOU en 1988 y este suelo era clasificado como NO URBANIZABLE Y ESPECIALMENTE PROTEGIDO DE INTERÉS PAISAJÍSTICO. No obstante lo cual, fue aprobado apenas unos meses después un convenio urbanístico mediante el cual, la empresa TRADISA, previo pago de 10.000.000 de pesetas y la matriculación en el municipio de 80 camiones de su propiedad, le sería concedida la correspondiente licencia. Y así fue, le fueron concedidas. Nuestra asociación, después de muchas peripecias, recurrió las licencias que fueron anuladas por el TSJM en el año 2006. Y, naturalmente, pedimos al entonces equipo de gobierno que restaurara la legalidad urbanística y, en cumplimiento de lo acordado por los tribunales, procediera a demoler lo ilegalmente construido, además, sobre suelo no urbanizable y especialmente protegido. Pero nunca lo hizo. Al contrario. Luego supimos que las licencias concedidas lo fueron coetáneamente a que TRADISA regalara a Protección Civil una ambulancia o de que financiara un programa de fiestas del Área de Educación.

Este caso de TRADISA, que ya hemos comentado en otras entradas, nunca fue investigado, y, por el contrario, además de echar sobre él un manto de olvido, la empresa TRADISA creó una división inmobiliaria, adscribió esta finca a sus activos, y no solo consiguió que no le fueran demolidas las instalaciones sino que fuera premiada con la clasificación del suelo como urbanizable en el nuevo PGOU con unas condiciones muy ventajosas. Tanto, que lo ha vendido a una conocida familia del municipio. 

Nunca será ya investigado cómo se realizó el pago del sobreprecio al vendedor inicial de esta finca, incluido el realizado mediante una fabulosa finca en Argentina. Así como una cantidad que se aproximaba a los 29 millones de pesetas en efectivo pero no declarados. Ni, por supuesto, cómo fue posible que esta sociedad consiguiera tan alegremente levantar un complejo industrial en un paraje que estaba destinado a replantar árboles. Todos estos misterios quedarán en el arcano de los tiempos, sin deseo alguno de ser investigado por quienes firmaron y aprobaron las autorizaciones, el convenio urbanístico incluido. Al contrario, todo quedará enterrado bajo una pesada losa de cínico disimulo municipal.

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Traemos aquí estos dos ejemplos tan distintos, como demostración de la doble vara de medir utilizada por nuestra autoridades municipales cuando de restaurar la legalidad urbanística se trata. Mientras que en unos casos (los señalados en amarillo) se procede a la demolición de unas modestas chabolas aprovechando la ausencia de sus moradores, o un pequeño grupo de viviendas levantadas sin licencia alguna, las grandes y potentes corporaciones consiguen mantener sus imponentes edificaciones ilegales (así acordado por los tribunales), enhiestas e indemnes. Y no solo eso, sino que luego son premiadas recogiendo así el fruto afanoso de sus desvelos: la legalización de esas infracciones por el nuevo instrumento de planeamiento.  

PRYCA y TRADISA son solo dos ejemplos. Ambos agotaron los trámites judiciales con sus mejores y más caros abogados, incluyendo el asesoramiento legal de algún conspicuo exjuez del Tribunal Supremo. Pero los casos eran tan alevosos como ilegalizables. La diferencia no obstante entre la suerte corrida por unos (las chabolas y viviendas sin licencia, demolidas), y por los otros (las edificaciones ilegales con licencia, no demolidas), se debe a una razón muy poderosa: se llama dinero.

BANANA BEACH Y LA UG - 6

Ámbito de la parcela permutada en su día  a ECHEVESTE Y CÍA. SA, donde se encuentra la Unidad de Gestión UG - 6 que tiene suspendidas las determinaciones urbanísticas del nuevo PGOU. En estos momentos, a este ámbito le es de aplicación la normativa de la Modificación 6 del anterior PGOU, donde solo se permiten construir un máximo de 31 viviendas y 12.000 m2. Hoy hay construidas 200 viviendas con licencias municipales otorgadas varios años antes de la entrada en vigor del nuevo PGOU, aunque hoy suspendido para este ámbito como se dice.

 AVISO A NAVEGANTES

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Si hemos titulado así esta entrada referida al caso de la UG-6 no es por simple frivolidad, sino porque el caso del complejo BANANA BEACH de Marbella ha dado lugar a una muy reciente doctrina basada en una definitiva sentencia del Tribunal Supremo, donde se despliegan por parte del alto tribunal todo un elenco de razonamientos y citas jurisprudenciales prolijas sobre el asunto. Para, finalmente, acordar la demolición de varios bloques construidos al amparo de licencias municipales ilegales otorgadas con la cobertura de un PGOU aprobado por silencio administrativo y que dio lugar, además de a varias condenas a los conocidos firmantes de las mismas, a la cuantificación de un número aproximado de 1.009 ilegalidades urbanísticas cometidas al amparo de dicho PGOU semiclandestino, y más de 17.000 viviendas afectadas.

Disuelto el Ayuntamiento de Marbella, los nuevos grupos aprobaron en el año 2010 el nuevo PGOU, cuyo contenido más importante es la revisión, caso a caso, para la regularización de las tropelías cometidas por los anteriores. Y ello ha dado lugar a la regularización de la mayoría de las situaciones irregulares que había, todas ellas con licencia municipal. Pero ha habido un importante grupo de situaciones que no han podido ser salvadas, y ese es el caso del complejo de apartamentos en primera línea de playa conocido como BANANA BEACH (3 bloques y cerca de 300 viviendas).

Los propietarios actuales de estos apartamentos y de otras situaciones irregulares que no han podido ser legalizadas, se han movilizado lógicamente, llegando, como se dice, hasta el Tribunal Supremo. También se han pronunciado los respectivos Defensores del Pueblo (del Estado y de Andalucía, viva la duplicidad) que abogaban por darle una "solución negociada" al caso, aduciendo y recogiendo las tesis de los afectados de ser adquirentes terceros de buena fe amparados por lo que prescribe el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. 

Pero el Tribunal Supremo ha dejado las cosas muy claras al respecto, y ha razonado por qué no pueden ser legalizadas estas viviendas reiterando una muy repetida doctrina suya. Así lo argumenta el T.Supremo en sus fundamentos legales:

«Frente a los deberes derivados del incumplimiento de la legalidad urbanística no cabe aducir la condición de tercero adquirente de buena fe amparado por el acceso de su derecho de dominio al Registro de la Propiedad, puesto que, conforme al principio de subrogación de los sucesivos adquirentes en el cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento urbanístico, la demolición de lo indebidamente construido no sólo pesa sobre quien realizó la edificación ilegal sino sobre los sucesivos titulares de la misma, sin perjuicio de la responsabilidad en que aquél hubiese podido incurrir por los daños y perjuicios causados a éstos ».

Es decir, que las ilegalidades urbanísticas (y por supuesto las propias cargas urbanísticas no cumplidas por los promotores del plan o de las edificaciones), al igual que las deudas, se heredan. Poca gente sabe pues, que las obligaciones urbanísticas son subrogables cuando se compra un piso. Y eso es lo que les ha pasado a los adquirentes de los apartamentos de BANANA BEACH de Marbella. Y eso puede ser también lo que les pueda suceder a los compradores de los pisos de la UG-6, que, además de tener obligaciones urbanísticas pendientes tal y como prescribe el nuevo PGOU, pueden haberse subrogado también otras obligaciones más. Veamos por qué.

La ficha urbanística del nuevo PGOU establece para este ámbito de la UG-6 (hoy suspendido) un techo máximo de edificabilidad patrimonializable de 16.600 m2, y unas obligaciones pendientes de cesión y urbanización que han de pagar y cumplir los propietarios actuales.

Sin embargo, la ficha catastral revela que en este ámbito se han construido hasta un total de 24.416 m2. Es decir, casi 8.000 m2 más de lo permitido por el nuevo PGOU, y más de 12.000 m2 de los autorizados por la norma actualmente vigente del anterior PGOU bajo cuya cobertura se dio la licencia municipal de obras. Lo que resulta inexplicable es por qué le fue otorgada la licencia de primera ocupación si, como es evidente, lo finalmente construido supera y casi duplica lo permitido por el Plan General vigente entonces. Aun admitiendo que las plazas de garaje no computaran, cosa insólita de nuestro Plan General, lo construido es a todas luces muy superior a lo permitido. Por esa razón no son legalizables estas edificaciones.

La permuta acordada con ECHEVESTE Y CIA SA, se inicia con un convenio firmado en el que ambas partes, ECHEVESTE y AYUNTAMIENTO, declaran solemnemente que las parcelas permutadas (la del solar del nuevo Ayuntamiento y la parcela municipal que entonces pertenecía a un ámbito de suelo no urbanizable en ejecución) tenían el mismo valor, aunque no dicen cuál era ese valor idéntico ni desde luego nos consta que se hiciera informe oficial de valoración o tasación alguno.

Para conocer el valor que ambas partes otorgan a las propiedades permutadas, es preciso recurrir al Registro de la Propiedad donde, como puede verse, acuerdan valorar dichas parcelas en 218 millones de pesetas. También puede verse que es preciso realizar la inscripción de un exceso de cabida de más de 7.000 m2, sencillamente porque ECHEVESTE no pudo demostrar que era propietario de esos 7.000 m2 que, para más desconcierto, resulta que ya eran de titularidad municipal desde 1880.

A pesar de todas las advertencias y de las propias denuncias que se realizaron, incluida la de nuestra Asociación así como otros particulares y los grupos de la oposición con una moción en un pleno que fue rechazada de plano por el grupo municipal de IU, entonces con mayoría absoluta, estas viviendas se comercializaban mucho antes incluso de aprobar el famoso Estudio de Detalle que, contraviniendo el PGOU vigente entonces, sirvió para que luego otorgaran las licencias municipales con que se han levantado. Tan seguros estaban de ello los promotores, claro. Esto dio lugar, tras una denuncia de un funcionario municipal, a la apertura de un expediente de infracción urbanística por parte de la Consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, conminando al Ayuntamiento a revisar esos acuerdos. Pero el Ayuntamiento, lejos de hacer lo propio, se dedicó a recurrir a los tribunales paralizando así las actuaciones. El resultado es este que conocemos hoy.

Tal y como puede apreciarse, las viviendas se comercializaban al margen de la polémica surgida antes incluso de tener aprobado ni siquiera el instrumento de planeamiento que habilitaba para su construcción. Las viviendas tipo costaban unos 17 millones de media cada una. Es decir, toda la promoción fue vendida por un monto total de más de 3.400 millones de pesetas. Aun admitiendo un modesto beneficio del 20%, la cantidad superaba los 680 millones de pesetas. Ya queda dicho más arriba que ambos permutantes (ECHEVES y AYUNTAMIENTO) consideraban que el valor de ambas parcelas era de 218 millones de pesetas. El pelotazo de ECHEVESTE con esta permuta fue bien considerable. Y desde luego, sin necesidad de esperar a 2002 para la aprobación del nuevo PGOU tal y como habían pactado, por cierto.

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(continuará)

UG-6: 200 VIVIENDAS EN EL LIMBO URBANÍSTICO

TRAS EL DEFINITIVO PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MARZO DE 2011 ACORDANDO SER CONFORME A DERECHO LA SUSPENSIÓN DEL PGOU RESPECTO DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN UG - 6 (C/ ÁVILA CON VUELTA A C/ ZAMORA), ESTAS 200 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN UN AUTÉNTICO LIMBO URBANÍSTICO. LA HISTORIA TRAE CAUSA NADA MENOS QUE DE LA CONFUSA E INEXPLICADA PERMUTA PARA OBTENER LA PARCELA DE ECHEVESTE.

AVISO A NAVEGANTES

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Una buena parte de importantes actuaciones de gestión urbanística en nuestro municipio, han estado jalonadas de polémicas ilegales decisiones de los diferentes equipos de gobierno de IU que luego, por desistimiento de los grupos de la oposición (caso del PP), cuando no por la complicidad ocasional de otros (caso del PSOE en sus intermitentes pactos de gobierno con IU), han acabado en el más completo olvido o falsamente regularizadas a base de aprobar con posterioridad instrumentos de planeamiento general que las legalizaran. Pero muchas de estas actuaciones que fueron auténticas y gravísimas infracciones urbanísticas perpetradas con licencia municipal, eran en realidad ilegalizables y en la mayor parte de los casos solo cabía en rigor un destino: el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida mediante su directa demolición. Pero nada de eso ha sucedido.

El equipo de gobierno ha recurrido sistemáticamente a maniobras procesales inadmisibles, como no remitir los expedientes a los tribunales o retardarlos maliciosamente. O simplemente firmando apelaciones para llegar hasta el mismísimo Tribunal Supremo con la sola intención de ganar tiempo o agotar la paciencia (y la economía) de los denunciantes. Otras veces recurriendo  directamente la pura desobediencia a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, que no han impedido no obstante percibir cada caso como un mayúsculo escándalo bien revelador de un estilo de gobernar basado en el desprecio a la legalidad, y su correlato menosprecio también a todo aquel que trate de hacer valer esa legalidad mediante la denuncia. Desde luego ese ha sido nuestro más palmario caso.

Nuestra asociación se ha visto obligada en numerosas ocasiones a denunciar este tipo de atropellos de los diferentes gobiernos de IU (o de IU-PSOE otras veces), caracterizados casi siempre por la puesta en práctica de la arbitrariedad más descarada, amparada, eso sí, por la conformación de las mayorías configuradas en solitario o en compañía de otros. Y ese es el caso de actuaciones no resueltas aun después de los muchos años transcurridos porque, a pesar de todo, cuando se vulnera la legalidad y se incurre en flagrantes arbitrariedades (infracciones urbanísticas graves incluidas), su disimulo mediante la aprobación de instrumentos que traten de legalizarlos son, en la mayor parte de los casos, levantados sobre intolerables agravios cuando no sobre sospechosas complicidades que, lejos de dar cobertura legal a una actuación contraria a derecho, no es sino un monumento a la pura y simple impunidad de los gobernantes infractores.

Así, desde la ilícita ampliación de PRYCA anulada por el Tribunal Supremo en 1999, pasando también por las resoluciones firmes de anulación de las licencias a TRADISA en el año 2006 en su campa de vehículos, levantada sobre suelo no urbanizable especialmente protegido (y bajo sospecha de corrupción y nunca ejecutadas), pasando por la más actual de la UG-5 (actualmente en los tribunales), son algunas de las actuaciones más notorias. Y entre ellas una que ha pasado desapercibida al menos en su desenlace: la que se corresponde con la Unidad de Getión UG-6. Veamos.

LA UG-6 EN EL MÁS ABSOLUTO LIMBO URBANÍSTICO

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Unas 200 viviendas de la manzana de la calle Ávila con vuelta a la calle Zamora, se hallan en el más absoluto limbo urbanístico y, en rigor, con unas confusas ordenanzas que remiten a una modificación del PGOU anterior que, en cualquier caso, solo autorizaban 31 viviendas y no las 200 que finalmente han sido construidas.

El consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid cuando aprobó el PGOU de San Fernando en septiembre de 2002, dejó sin efecto la propuesta que pretendía regularizar mediante su legalización estas 200 viviendas, cuyo ámbito fue designado en el nuevo PGOU como la UG-6. La evidente ilegalidad de la licencia otorgada en su día para la construcción de estas viviendas, provenía de la nunca bien explicada operación de permuta realizada por el Ayuntamiento con la sociedad ECHEVESTE SA, para la obtención del solar ocupado por sus almacenes desde 1946 en lo que era el palacio o la fábrica de paños, de unos 19.000 m2.

Las desorbitadas exigencias económicas de ECHEVESTE fueron inexplicablemente atendidas en su totalidad por el entonces equipo de gobierno, permutando varios solares de propiedad municipal procedentes de algunos de los sectores de suelo urbanizable programado, y donde finalmente a ECHEVESTE le fueron dadas toda clase de facilidades, incluida la cesión de varias parcelas de uso y dominio público como zonas verdes y espacios públicos, para que levantara las dos únicas gasolineras que hay en el caso urbano con bandera de BP.

Por su parte, a la parcela destinada a uso residencial solo le estaba permitido destinar su edificabilidad a la construcción de 31 viviendas. Pero el pacto con ECHVESTE era el de poder acumular hasta 16.000 m2 en dicha parcela o lo que es lo mismo construir 200 viviendas. Para poder cumplir ese objetivo era necesario esperar a la siguiente revisión del PGOU. Pero algo sucedió para que el equipo de gobierno de IU, en lugar de esperar al nuevo PGOU, hallara una mágica fórmula para transferir más de 4000 m2 de edificabilidad procedentes de un solar municipal (suelo urbano) de la calle Mª Teresa León, al permutado a ECHEVESTE de la calle Ávila (suelo urbanizable programado), cosa que la ley de suelo no permitía de ninguna forma. Y mucho menos cuando todo ello se pretendía, además, ordenarlo mediante un Estudio de Detalle.

Nuestra asociación alegó en su día la tropelía que se pretendía ejecutar por parte del equipo de gobierno, obteniendo una negativa de plano en el pleno correspondiente. Igual suerte corrieron las alegaciones del PP y del PSOE, que también presentaron las suyas advirtiendo del atropello a la legalidad que pretendía hacerse. Finalmente fue la Comunidad de Madrid la que tuvo que intervenir a resultas de una denuncia de un funcionario municipal del área de urbanismo, que fue sancionado y suspendido de empleo durante un buen número de años. 

No fue sino hasta el año 2007 (ya gobernaban juntos IU y PSOE) cuando, sospechosamente, y tras larguísimas maniobras dilatorias del Ayuntamiento (consistentes básicamente en no remitir los expedientes a lo tribunales), cuando las partes recurrentes (Comunidad de Madrid y el funcionario denunciante ya readmitido previsiblemente mediante un pacto  con el equipo de gobierno y bendecido por el PSOE) no formularon las correspondientes demandas dejando así decaer sus recursos, y de paso evitando con ello que los tribunales se pronunciaran finalmente sobre la nulidad tanto de los Estudios de Detalle, como desde luego de las licencias. Ambos claramente ilegales. El desistimiento de los recurrentes después de varias acumulaciones y escandalosas dilaciones, fue desde luego muy sospechoso.

Pues bien, el equipo de gobierno municipal inició una carrera de recursos judiciales contra la decisión de suspensión por parte del consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, de la ordenación propuesta (para legalizarla, vamos) para la actuación en la UG-6, alegando, precisamente, la existencia de procedimientos judiciales abiertos a la fecha de su aprobación (2002). Esa carrera iniciada por el equipo de gobierno, además de ser una prueba más del compulsivo espíritu litigioso inspirado por Dª CARMEN CRIADO, acabó con el fallo desfavorable a las pretensiones municipales y la condena en costas al Ayuntamiento. O lo que es lo mismo, la irregular situación en que se encuentra la UG- 6 y todos los edificios de la calle Ávila con vuelta a la calle Zamora (ver la foto de arriba) es bien patente. Hasta el extremo de que, en nuestra opinión, no es legalizable porque, siguiendo los argumentos de la Comunidad de Madrid, los acuerdos (licencia y Estudio de Detalle) adoptados por el equipo de gobierno entonces eran manifiestamente nulos de pleno derecho. 

Hay, desde luego, muchas razones para suponer que su legalización no es posible. La cuestión no obstante es: ¿por qué razón el equipo de gobierno, que conoce el fallo judicial del Tribunal Supremo desde marzo de 2011, no trata de regularizar esta evidente situación de limbo urbanístico en que se encuentran estas 200 viviendas de la UG-6? Y ya puestos ¿qué piensan ahora los dos grupos de la oposición del PP y PSOE que, junto con nosotros, alegaron entonces también la barbaridad que pretendía ejecutar y ejecutó IU? Nosotros lo tenemos muy claro: la licencia y el Estudio de Detalle eran nulos de pleno derecho, entonces y ahora.

DE MERCADERES Y VÍCTIMAS

Aspecto de una de las propiedades de la plaza de España que pertenecía a un solo titular, antes y después de la rehabilitación. La vieja y destartalada vivienda y el solar colindante fueron tasados a un justiprecio de 588.000 € (701,10 € por m2). Hoy, este mismo titular le reclama a PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL en el procedimiento del concurso de acreedores 2.728.000,00 €. Es decir, aproximadamente a unos 3.300 €/m2. He aquí un ejemplo magnífico de capitalismo especulativo puro, o cómo "añadir valor" a bienes raíces con la complicidad de un Ayuntamiento. Es la artificiosa multiplicación de los panes y los peces. Pero algo ha fallado en todo este delirio de la fiebre del oro en forma de burbuja inmobiliaria/financiera, porque falta el pobre pagano final: el comprador. 

 UN CASO DIGNO DE ESTUDIO

Cuando en el futuro sea estudiada en las cátedras de economía o en las escuelas de negocios las causas de nuestro actual desastre económico, deberían de poner como ejemplo de todos los vicios especulativos del negocio financiero/inmobiliario al que debemos todo el desastre, este caso de la plaza de España de San Fernando.

Una actuación relativamente sencilla diseñada por la propia administración actuante, el Ayuntamiento, a gestionar por expropiación, acabó derivando hacia una borrachera especulativa consistente en que una parte de la actuación (el 49%) tendría que soportar los costes del resto (el 51 %). Estos últimos además no pondrían un solo euro, y sin embargo habrían de recibir los nuevos inmuebles en la misma proporción aportada pero totalmente reformados, sin coste adicional alguno para ellos.

El justiprecio fijado lo fue incomprensiblemente en forma de tasación conjunta, y si bien lo acordado en el pleno del 28 de mayo de 2008 (cuando fueron aprobados los convenios expropiatorios) lo fue por justiprecios diferentes para las construcciones y para el suelo, finalmente, cuando fueron a constituir la sociedad mixta el día 9 junio de 2008, las condiciones acordadas se las saltaron a la torera y acordaron fijar un justiprecio único (para cualquier clase de aportación, ya fuera de suelo ya de construcciones) de 701,10 €/m2. Para todos igual. En realidad lo que hizo finalmente el Ayuntamiento es convertir lo que era un sistema de expropiación en un sistema de cooperación, pero exonerando a los propietarios del pago de cantidad de ninguna clase. Nada de lo que se ha hecho finalmente por el Ayuntamiento en esta actuación, tiene encaje legal en ninguno de los sitemas de gestión vigentes.

El Ayuntamiento, cuando aprobó los convenios el 28 de mayo de 2008, obligaba en realidad a asumir unas desorbitadas obligaciones a la futura sociedad mercantil mixta que iban a designar como entidad "beneficiaria" de la actuación: las cargas de ejecutar los inicialmente 18.693 m2 de la operación, pero pagándolos solo con poco más de 8.000 m2. He aquí el primer gran error de cálculo que, no obstante, pensaron subsanarlo mediante la ilícita aportación a la sociedad mixta de la plaza de España y de su subsuelo, ambos demaniales de titularidad pública.

Pero solo fue cuestión de tiempo y del formidable descontrol habido. La actuación duró lo que duró el dinero que puso Caja Madrid. Una gestión calamitosa y a nuestro juicio culposa, hizo todo lo demás. Eso y el estrepitoso estallido de la burbuja, claro, que vino a dar la puntilla. La demanda que esperaban recibir en forma de compulsivos compradores de todo lo que se construía aunque solo estuviera en proyecto, se convirtió en eso: pura demanda insolvente. Y así acabó también el enloquecido señuelo desatado por la propiedad de bienes raíces que nos asoló como una plaga bíblica durante todos estos años, pero arruinando la economía del país, endedudados hasta las orejas las familias y las empresas, y ahora el Estado. Y uno de los ejemplos más evidentes de este formidable fiasco colectivo puede ser este de nuestra plaza de España. Impulsado además por la ensoñación delirante de unos políticos de una corporación pública, que no se habían enterado de que la fiesta inmobiliaria en forma de orgía especulativa que todo lo tapaba, había concluido justo cuando comenzaban ellos la actuación.

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Naturalmente, en esta actuación hay víctimas propiciatorias que se vieron arrastradas por la moderna versión del tocomocho inmobiliario, confiados en que si al frente del invento estaba el Alcalde, todo serían ventajas. Pero también hay mercaderes que olieron el fabuloso negocio y ahora vuelven su vista hacia el Ayuntamiento, claro, exhibiendo los famosos convenios.

Que el Ayuntamiento acabará siendo quien pague los destrozos de este delirio municipal, parece evidente que será poco menos que inevitable. Y no habrá caso de mayor injusticia, porque los responsables de este descabellado invento se irán probablemente de rositas. Por ello, es bueno que el personal vaya conociendo algunos detalles de lo que, si nadie lo remedia, será el más agraviado escarnio que se haya cometido en nuestro municipio por parte de unos gestores públicos irresponsables, metidos a promotores inmobiliarios sin tener ni idea y, lo que es más lamentable, sin exponer ni un duro de sus bolsillos, sino de todos los demás. Y en esto no se salva grupo alguno.

El caso que exponemos en las fotografías de arriba es bien representativo de lo que decimos. Un inmueble que pertenecía a quien fue un alto funcionario municipal adscrito al área de Hacienda y que fue adquirido hacia los años setenta, presentaba el lamentable aspecto de una de las fotografías. Se trataba de una de las pocas viviendas de la plaza de España que aún conservaba elementos auténticos de su construcción original. Pero estaba prácticamente en ruinas. Su propietario no había gastado un euro en su conservación, salvo para apuntalar la construcción para que no se cayera. Junto con el anexo, la finca en cuestión tenía 740 m2 y fue tasada para el justiprecio en 588.000 €. Hoy, este propietario le reclama a la sociedad mixta 2.728.000 €. Es decir, 3.300 €/m2 cuando el precio de la tasación lo fue por 701,10 €/m2. Este propietario, además, naturalmente no vivía en esa casa, lo cual no le impide tampoco reclamarle a la sociedad mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL importantes cantidades en concepto de indemnizaciones por realojo. Ver para creer.

El propietario en cuestión es además muy afortunado porque cuenta con un formidable patrimonio inmobiliario en nuestro municipio: dos locales (uno en Parque Henares y otro en la calle de la Huerta donde tiene su sede el PSOE local). Por supuesto una céntrica vivienda habitual, dos solares al final de la calle de la cuesta de la Grilla, y otra amplia finca en uno de los sectores clasificados por el nuevo PGOU para usos terciarios e industriales. Ah, y un solar urbano que perteneció a la promotora quebrada COPASA, y que fue embargada por el propio Ayuntamiento por el impago precisamente de tributos municipales. Como decimos, es muy posible que el Ayuntamiento, como responsable subsidiario, tenga que pagarle a este propietario los 2.728.000 € que le reclama a la sociedad insolvente mixta que, para más desconcierto, preside el alcalde.

En este drama del "caso plaza de España" hay desde luego víctimas, pero también hay avispados mercaderes. Pero, si finalmente se confirman los negros presagios, víctima de este impresentable fiasco lo será sin duda el propio Ayuntamiento. Es decir, todos nosotros.