La entonces alcaldesa Catalina y el concejal de Urbanismo Joaquín CALZADA
CÓMO PRIVATIZARON LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE URBANISMO
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A principios de la semana pasada por fin recibimos la documentación que habíamos reclamado al alcalde CORPA desde enero de 2020 relacionada con lo que, a partir de ahora, vamos a llamar "el caso DIAPLAN".
Ha sido necesario esperar más de un año y varias reclamaciones al Consejo de Transparencia para que, tras no pocas renuencias por parte del Área de Urbanismo en manos del PSOE que incluso se resistía a cumplir las instrucciones dadas por el concejal de Transparencia y primer teniente de alcalde Alberto HONTECILLAS (Ciudadanos), recibiéramos la entrega de la documentación que reclamábamos. Toda esta documentación guarda relación con la absolutamente irregular contratación de la empresa DIAPLAN SAP administrada por quien es el redactor del PGOU D. Carlos SÁNCHEZ - CASAS, que tenía por objeto realizar tareas de informes técnicos de los expedientes administrativos del Área.
La documentación que reclamábamos al alcalde desde hace más de un año sobre este asunto era: i) copias de los informes que dicha sociedad había emitido en cumplimiento del contrato de asistencia técnica firmado por el entonces concejal de urbanismo Joaquín CALZADA (SFHSP - PODEMOS) en abril de 2019; ii) información de la persona que había ordenado los pagos de este contrato.
DENUNCIA A LA FISCALÍA
De la documentación que se nos ha facilitado se desprenden varias consecuencias muy graves incluso de posible naturaleza penal que vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía.
La caótica situación del Área de Urbanismos que acumulaba expedientes atrasados de años en aquellas fechas, llevó al entonces concejal de urbanismo, Joaquín Calzada, a contratar urgentemente y mediante lo que se denominan contratos menores a, justamente, las dos personas a las que no podía contratar para el objeto del mismo que no era otro que la de desatascar los numerosos expedientes que se acumulaban en el Área y que estaban sin resolver: al hasta entonces arquitecto del Área Santiago TAMAYO que se acababa de jubilar, y al titular y administrador de la mercantil profesional DIAPLAN SAP Carlos SÁNCHEZ CASAS.
El primero porque es incomprensible que, quien se acababa de jubilar, sea contratado precisamente para realizar los trabajos que se supone que realizaba como funcionario y arquitecto del Área en activo. Y la segunda, porque a la fecha del contrato, abril de 2019, se hallaba a su vez contratada por varios promotores de suelo y juntas de Compensación que, en algunos casos, además de hallarse contratada por ellos y por lo tanto con intereses urbanísticos que inevitablemente tendrían que colisionar con los informes que debía emitir, tienen como domicilio social precisamente el de su propio estudio de arquitectura y domicilio social también de la sociedad profesional contratada por el Ayuntamiento.
Varias de las Juntas de Compensación de los sectores de suelo urbanizable programado del PGOU, no solo comparten el mismo domicilio social en la calle Sagasta de Madrid que la mercantil profesional DIAPLAN objeto del contrato de asistencia técnica por el Área de urbanismo, sino que también tienen contratados a otros profesionales de la misma sociedad realizando tareas de asesoramiento legal y de secretaria de las Juntas.
El conflicto de intereses es de manifiesta y extraordinaria gravedad, lo que nos ha obligado a poner el asunto en conocimiento de la Fiscalía por si, con esta contratación, podría haberse incurrido en algún ilícito penal de presunta negociación prohibida a funcionarios.
PAGA CORPA
La contratación de la mercantil DIAPLAN no solo es un lamentable caso de cómo se privatizaron subrepticiamente los servicios técnicos de urbanismo con el pretexto del colapso del Área por los numerosos expedientes acumulados sin resolver, sino que es también todo un ejemplo de corruptelas, abusos de poder e incumplimientos de la legalidad que no pueden quedar impunes. Porque, como ha sucedido en este caso, hay todo un elenco de irregularidades de todo tipo incluido el propio proceso de contratación, faltar a la verdad en la declaración de responsabilidad, ausencia de concurrencia (contrato directo a dedo), etc. etc..
Y, si fue durante el mandato de Catalina cuando se realizó esta absolutamente irregular contratación en lo que es un disparatado ejemplo de pura privatización de los servicios técnicos de urbanismo, es ahora bajo el mandato del alcalde CORPA cuando se han realizado los pagos a esta mercantil en sucesivos mandamientos ordenados por él en junio de 2019, y febrero y marzo de 2020. Lo cual explica la razón de su resistencia a facilitarnos copia de esos documentos. La Fiscalía tiene la palabra pues.
CASO CYTEC: EL JUZGADO Nº 1 DE COSLADA ABRE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
El Juzgado de instrucción número 1 de Coslada ha procedido a abrir Diligencias Previas de Investigación por denuncia de la Fiscalía de Alcalá de Henares, a raíz de una denuncia presentada por nuestra asociación por los pagos realizados al firma multinacional CYTEC, a resultas de la supuesta expropiación de la finca de su propiedad en las instalaciones que tenía en la carretera de Mejorada.
A esta firma americana le pagaron casi 14 millones de euros por sus instalaciones entre el años 2010 y el 2018, por parte de los tres alcaldes que ahora son investigados: el entonces alcalde SETIÉN, el ex alcalde MORENO y la ex alcaldesa CATALINA RODRÍGUEZ.
La fiscalía, efectivamente, aprecia, entre otros presuntos delitos, uno posible de malversación de caudales públicos. Seguiremos informando.
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