À BOUT DE SOUFFLE (AL FINAL DE LA ESCAPADA) (I)

 

À BOUT DE SUFFLE

(AL FINAL DE LA ESCAPADA)

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En la foto de arriba vemos al entonces alcalde SETIÉN de IU (2010) escoltado por los entonces miembros coaligados del equipo de gobierno los Tenientes del Alcalde Manuel G. ROJO (PSOE) y Javier CORPA (PSOE) visitando las obras de plaza de España. Y es que, ninguno de ellos quería perderse la oportunidad de la foto que era de lo que se trataba.

Gobernaban en coalición ambos partidos IU y PSOE (2007-2011) y, como era habitual entonces y ahora, se montaban esta performances para hacerse notar ante los medios y publicitarse a través de la propia revista municipal. 

Sin embargo, ninguno de esos asistentes se preguntó realmente quién pagaba toda aquella fiesta. Todos estaban contentos y satisfechos incluido el hoy alcalde CORPA que, siempre que tiene oportunidad, asegura que él no estuvo nunca allí o simplemente lo engañaron. Pero no cuela; evidentemente señor CORPA, también usted estaba allí y las fotografías así lo atestiguan.

Hoy, diez años después y cerca de otros seis de instrucción, el Juzgado 1 de Coslada da por concluidas las Diligencias de investigación abiertas por querella de una de las constructoras, y acuerda continuar la actuación pero ahora ya como procedimiento abreviado, y apreciando indiciariamente una media docena de presuntos delitos perpetrados por quienes fueron los administradores de la sociedad mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL entre los años de 2008 a 2012.

Todos los delitos que se imputan en el Auto dictado por el señor Juez (que solo son indicios y por lo tanto no es una condena en absoluto), conllevan penas de prisión. Y todos ellos guardan relación directa con la administración económica de la sociedad mercantil mixta PESF. 

Así, desde presuntos delitos de administración desleal e insolvencia punible (alzamiento de bienes), a incluso presuntos delitos contra la Hacienda Pública (el propio Ayuntamiento), pasando por otros como el de apropiación indebida que se imputa también a los administradores de WOODMAN SL, se despliegan sobre casi todos los tipos penales del capítulo general del Código Penal conocido como delitos de defraudaciones.

Independientemente de la prudencia que impone como es natural el derecho a la presunción de inocencia y con pleno respeto a ese principio, el personal, es decir, los electores y los contribuyentes, tienen derecho no obstante a conocer y valorar lo que, tras seis años de larga instrucción, un juez independiente ha apreciado indiciariamente como conductas susceptibles de reproche penal. Y mucho más si las personas que son objeto de ese reproche y por el que pueden sentarse en el banquillo y ser juzgados, han sido un buen grupo de cargos electos, autoridades y responsables políticos, que durante el periodo de tiempo que va de 2008 a 2012 desencadenaron una serie de actuaciones que han dado con la quiebra de una sociedad, numerosos perjudicados y un formidable agujero patrimonial al Ayuntamiento.

Y es que, ciertamente, para acometer esta actuación urbanística montaron una sociedad puramente instrumental (carecía de empleados) pero con el solo objeto de ejercer a través de ella y con el pretexto de entidad mercantil privada y por lo mismo no sujeta a la fiscalización pública, una oscura y opaca administración paralela en la que no podía meter las narices nadie ajeno al estrecho núcleo duro de cargos del equipo de gobierno de entonces, algunos de los cuales pueden verse en la foto de arriba.

Las resoluciones judiciales que hoy se van conociendo no son sino el previsible final de la escapada de sus protagonistas, pues no otra cosa fue la absurda y permanente huida hacia adelante de administradores, asesores y gerentes de PESF. Todo acabó estrepitosamente con un montón de deudas acumuladas (un pasivo de 94 millones de euros), y con un conjunto de sorprendentes desvíos de dinero (cerca de 20 millones de euros) para operaciones que nada tenían que ver con el objeto social para el que se constituyó la sociedad mixta. Y, desgraciadamente, con un buen número de víctimas y perjudicados.

Su comportamiento, además de temerario fue también arrogante y soberbio porque se pensaron que la mayoría de sus votos les garantizaba su propia impunidad. No quisieron escuchar a nadie; al contrario, se dedicaron a denostar y denigrar a quienes, como en nuestro caso, denunciábamos ya muy tempranamente (año 2011) y advertíamos que aquello iba a acabar muy mal, porque se estaba llevando a cabo una actuación precedida de innumerables irregularidades acompañada de la más absoluta opacidad. 

Y así ocurrió y las diferentes causas judiciales lo vienen a corroborar al menos indiciariamente: que la temeraria gestión de estos políticos metidos a promotores inmobiliarios sin tener ni pajolera de idea del asunto y al amparo de esa falta absoluta de transparencia, se aplicaron a secuestrar toda la información sobre PESF incluso la que estaban obligados a publicar (caso por ejemplo de las cuentas anuales), para hacer literalmente lo que les dio la gana. 

El final de escapada de esta alocada y suicida huida hacia adelante que puede dar con sus huesos en el banquillo, ha provocado también un formidable agujero patrimonial al propio Ayuntamiento y ha dejado multitud de perjudicados.

 

LA HUELGA DE HAMBRE COMO CORTINA DE HUMO

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Corrían los primeros días de octubre de 2012 y el entonces alcalde SETIÉN y al mismo tiempo presidente de la mercantil PESF encargada de ejecutar las obras de reforma de la plaza de España, decidió ponerse en huelga de hambre contra Caja Madrid (ya entonces BANKIA) al grito de consigna ¡BANKIA NO PAGA! Y para escenificar mejor la historia se plantó delante de una de las sucursales de Bankia en el pueblo y justo al lado de la Biblioteca. 

Allí montó su tinglado y puesta en escena rodeado de acólitos seguidores y otros espontáneos dispuestos a adherirse convocados por el reclamo épico del caso: un alcalde dispuesto a sacrificar su salud en favor de los vecinos defraudados (los socios privados de la mercantil), frente a la inhumana voracidad de un banco ya entonces presentado en sociedad como el malo de película y, por lo mismo, con la batalla publicitaria abiertamente ganada de antemano porque iba a favor de la corriente de opinión.

Muchos fueron los que se creyeron el verso de esa farsa y acudieron en número de más o menos unos dos mil a solidarizarse con el aguerrido alcalde, que no perdía ocasión incluso para hacerse reconocer por los médicos del centro de salud previa foto de rigor para la prensa y demás medios, más aborregados que nunca se viera por estos lares. 

Y es que, efectivamente, por allí pasaron también un buen número de cándidos vecinos que plantaron su firma y dni en hojas de adhesión a aquel heroico edil, dejando así constancia documental para la historia de que en este tipo de convocatorias y amaños, hay siempre gente dispuesta a dejarse manipular porque anida en el imaginario de estos colectivos más bien frívolos y poco dados al ejercicio reflexivo, una idea simplista del pequeño mundo en el que viven reducido al maniqueísmo incurable de nuestra clase política. Siempre habrá pues mesnadas ciudadanas dispuestas a dejarse seducir por el sonido de cualquier flautista, y a dejarse arrastrar como figurantes de una representación montada sobre una manifiesta mentira. Lo bueno es que han dejado plasmada su firma y ahí quedará para siempre indeleble en los archivos municipales.

E incluso nuestro héroe local mereció la visita solidaria de su camarada Llamazares (entonces diputado nacional de IU) dejando para la posteridad esta pose para cámaras de tv y toda la cohorte mediática movilizada para tan magno acontecimiento: un alcalde en huelga de hambre contra un banco al que acusaba de no pagar y dejar así a doscientas familias sin  sus viviendas. Aunque solo le faltó hacer la denuncia completa admitiendo también que peligraba su culo de alcalde si Bankia no soltaba la panoja.

Pero apenas cinco meses después sorprendió a todos y cesó como alcalde alegando que se había ganado el derecho a descansar (en realidad se jubilaba)  tras varias décadas (desde los años ochenta) disfrutando siempre de un seguro salario público ya fuera como cargo electo o de cooptación. Y dejó el cargo de alcalde y, naturalmente, también el de presidente de PESF pero cuando ya estaba en concurso de acreedores y con un pasivo declarado de 81 millones de euros en deudas, y un activo de solo 50 millones más o menos. Es decir, con un desfase patrimonial de más de 31 millones de euros y numerosos perjudicados. Se fue y dejó el muerto para sus sucesores. Eso sí, también con un buen  número de imputaciones judiciales, una de las cuales se ha conocido ahora en los primeros días de diciembre.

La verdad verdadera sin embargo era muy diferente a la del relato oficial que el entonces alcalde SETIÉN colocó con el golpe de efecto de su huelga de hambre,  ayudado, eso sí, por una constelación de medios que no suelen hacer preguntas incómodas. Porque bajo el relato mediático que siguió a su peripecia de la huelga de hambre, había una realidad totalmente distinta y dramática para no pocas familias y proveedores y acreedores de la sociedad que presidió desde que se constituyó, y que dejó abandonada en la más absoluta quiebra.

No era cierto en absoluto que Bankia no pagara, los problemas vinieron precisamente por todo lo contrario. Porque Bankia (entonces Caja Madrid) lo pagó todo permitiendo así que fueran desviados millones de euros para atender compromisos que nada tenían que ver con la actuación urbanística. Esa fue la verdad oculta bajo el férreo control de la información en una sociedad mercantil que, con el pretexto de ser una empresa privada, les permitió realizar todo tipo de operaciones que ahora los jueces van indiciariamente calificando como presuntamente delictivas, ejecutadas todas ellas al amparo de su total opacidad. Y es que, efectivamente, quien no pagaba era el Ayuntamiento presidido por él precisamente.  

Bankia tenía aprobada la ampliación de los préstamos en la cifra de 26 millones de euros (más o menos lo que había sido desviado), pero todo ello condicionado precisamente a que el propio Ayuntamiento avalara o afianzara esa cantidad. Cosa que el alcalde SETIÉN ni consiguió ni tampoco se atrevió a llevar al pleno por temor a perder la votación.

Fue necesaria pues su salida del Ayuntamiento y de la presidencia de PESF y la entrada del nuevo alcalde Ángel MORENO, para comenzar a conocer el verdadero estado de la cuestión. Comenzando por un novedoso ejercicio de transparencia hasta entonces desconocido que permitió ir poniendo negro sobre blanco del largo rosario de irregularidades habidas con la sociedad durante la etapa del propio SETIÉN. El nuevo alcalde cesó a sus cargos de confianza  que habían tenido secuestrada la información hasta entonces, y nombró a otros a los que puso manos a la obra para conocer el verdadero estado de la empresa y sus implicaciones financieras. E incluso las legales, que luego culminaron con varias denuncias ante la fiscalía firmadas por él mismo.

Lo demás ha sido una larga y tortuosa peripecia de juzgado en juzgado y de causa en causa, una de las cuáles es esta que ahora comentamos y que se viene a sumar a otras muchas en vigor o ya firmes y cerradas, en prácticamente todas las jurisdicciones.

LA VIE EN ROSE

(LA VIDA EN ROSA)

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Mientras en las dependencias de un Juzgado de Instrucción se dictaba un duro Auto en el que, indiciariamente, se concluía que a lo largo de más o menos cuatro años, varios funcionarios públicos y autoridades municipales habían venido tomando decisiones de dudosa legalidad hasta el extremo de incurrir en media docena de posible ilícitos penales, perpetrados todos ellos en la gestión de la sociedad mercantil mixta PESF, el actual equipo de gobierno decoraba la fachada municipal con psicodélicas proyecciones de colorines como el que se ofreció con el encendido de luces y neones navideños. 

Y ello cual metáfora perfecta de la displicente condescendencia con que nuestros gobernantes aplican a un personal hundido, sumiso e incluso agradecido a fuer de alienado, porque nuestros gobernantes locales le monten una performance de efectos luminosos sobre una fachada del edificio municipal, en cuyo seno y durante una nefasta etapa que va de 2008 a 2012, si nos atenemos a lo que indiciariamente se desprende de los autos judiciales, se delinquió al por mayor dejando un reguero de víctimas y perjudicados. Víctimas que ahora se ven obligadas a peregrinar por juzgados y tribunales para tratar de recuperar lo que les fue estafado o defraudado.

El alcalde Corpa vivió muy de cerca esa etapa y luego, cuando pasó a la oposición, no dejaba pasar una sola oportunidad sobre el caso plaza de España para inmediatamente salir a los medios y acusar a sus antecesores en el cargo, de no convocar la comisión especial de Plaza de España o negarles información sobre las novedades judiciales. 

Pero ahora que apenas hace unos días un juzgado que instruye una causa judicial sobre el caso plaza de España en sus aspectos más económicos y societarios, ha concluido con unas contundentes diligencias de investigación advirtiendo que en la gestión de la sociedad mixta se habrían cometido graves delitos societarios, todo lo que ha hecho el alcalde (y con él todo el equipo de gobierno) al respecto, ha sido eso: llenar la fachada municipal de colorines psicodélicos, pero silenciando u ocultando las conclusiones demoledoras del Auto judicial que pone sobre la mesa la indiciaria pista de que, durante un buen puñado de años, tras los muros del edificio municipal se delinquió gravemente.

Ni una nota del equipo de gobierno al respecto ni tampoco una sola pregunta realizada sobre el asunto por los medios. Y, por supuesto, ni un comentario tampoco por parte de los grupos de la oposición entretenidos en almibarados y manidos mensajes navideños, mientras un juez tras seis años de investigación ha venido a poner algo de luz en lo que fue la lamentable gestión de la actuación de la plaza de España, cuya más elocuente demostración de la estulticia municipal (incluido el equipo actual), viene representada por la imagen de los locales y las viviendas de la plaza cerrados desde 2011, o las plazas de garaje bajo la plaza también cerradas a cal y canto. 

Es pues la lamentable imagen de un fracaso total y absoluto de todos los partidos que han venido gobernando desde entonces, porque nadie es capaz de hacer nada para dar solución a este bochornoso asunto.

Y si comprensible es el silencio del acalde Corpa sobre el Auto del Juzgado 1 de Coslada, por cuanto que quien fuera portavoz del grupo municipal socialista se halla precisamente imputado en la causa, lo que sin embargo resulta incomprensible es el silencio de los corderos que practica el resto de los grupos políticos. Desde los coaligados de Ciudadanos a, por supuesto, el resto de los grupos de la oposición que no han dicho esta boca es mía sobre el caso. 

Y así estamos, entretenidos con esta versión edulcorada y banal ofrecida por nuestros gobernantes, porque ellos mismos han interiorizado que muchos de sus votantes levitan solo cuando se les hace creer que la gestión municipal consiste en una simple sucesión de eventos festivaleros coloreados, porque se les ha convertido en ciudadanos acríticos por el implacable efecto de la anomia social en la que nos hemos instalado en los últimos tiempos. Y con ello el efecto placebo con que el votante y contribuyente ha degenerado, dada su infantil y poco exigente concepción de la gestión de la cosa pública: la creencia de que el buen gestor municipal es aquel que más performances festivaleras les montan. 

En definitiva, hay un buen montón de individuos a los que se les ha hecho creer irreversiblemente ya, que la vida política o pública, es de color de rosa ( o de colorines).