PRESUPUESTOS 2021 - HACIENDO TRAMPAS EN EL SOLITARIO (I)

 

SESION PLENARIA PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LOS PRESUPUESTOS 2021 (16 de julio de 2021)

ARRIBA, EL MOMENTO EN EL QUE EL ALCALDE CORPA SE DIRIGE A LA PORTAVOZ DEL PARTIDO ACTÚA EN LA OPOSICIÓN PARA AGRADECERLE SUS "APORTACIONES" AL PRESUPUESTOS 2021. A PESAR DE HALLARSE EL EQUIPO DE GOBIERNO EN MINORÍA, NUNCA LO TUVIERON TAN FÁCIL CON UNA OPOSICIÓN DIVIDIDA Y ENTREGADA.

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PRESUPUESTOS 2021 - HACIENDO TRAMPAS EN EL SOLITARIO

(PRIMERA ENTREGA)

(ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS 2021 COMO NO TE LO VAN A CONTAR NUNCA)

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El proyecto de los Presupuestos para el ejercicio de 2021 se halla en exposición pública en estos momentos. No sabemos bien si ha sido casualidad o intencionado, pero buena parte de la exposición pública se va a realizar durante el mes de agosto. Lo cual no es dar facilidades precisamente.

No obstante lo cual, hemos acudido durante dos jornadas a consultar el proyecto de los Presupuestos 2021 y la primera en la frente. Aunque el edicto publicado en el Boletín Oficial indica que durante el periodo de exposición al público puede ser consultado por cualquier ciudadano, sin embargo nos encontramos con la sorpresa de que, para poder hacerlo, la funcionaria de turno nos indica que es preciso pedirlo por escrito. Es para alucinar en colores. 

O sea, que someten a exposición pública nada menos que el Proyecto de los Presupuestos 2021 en plena canícula de julio y agosto y, cuando llegamos allí, nos obligan a firmar una petición para esa consulta (aunque en el edicto lógicamente nada se dice al respecto), presentarla por el registro y esperar a que resuelvan, cuando solo hay un plazo además de quince días para poder consultar el Proyecto y formular alegaciones en su caso.

No sabemos bien lo que pasa en este Ayuntamiento, pero la imagen que da es la de que se trata de una pedanía donde se maltrata a los ciudadanos obligándoles a realizar cosas que ninguna disposición legal les obliga. Es muy lamentable que nadie, ningún político de los que elegimos, se haga cargo de estas situaciones abusivas que revelan la muy escasa atención que en el Ayuntamiento le presta a la debida formación de sus funcionarios, porque es totalmente inadmisible que siendo convocados los ciudadanos mediante edictos a la consulta de los Presupuestos 2021, sin embargo, cuando se llega allí, en unas dependencias además casi desiertas, uno se encuentre con que le obliguen a pedir expresamente por escrito la consulta del Proyecto de los Presupuestos 2021, mientras el plazo de quince días sigue corriendo a la espera de que se dignen darle luz verde para hacerlo.

Que, en un Ayuntamiento de cuarenta mil habitantes sucedan estas cosas, revela un lamentable estado de cosas que, además de estupor, causan una pésima imagen del funcionamiento de la Corporación.

LOS PRESUPUESTOS 2021 VISTOS DESDE OTRA ÓPTICA

No obstante el percance anterior y no sin justificadas protestas, nos fue posible consultar los Presupuestos 2021 que, sin embargo, han decidido no colgar en esta ocasión en la web municipal. Ignoramos la razón. Ni una sola facilidad al ciudadano.

Y nos proponemos pues, una vez examinados al detalle los mismos, explicar a la ciudadanía en general aquellos aspectos más polémicos y llamativos de este Proyecto de Presupuestos 2021, que tiene la virtualidad de que va a ser aprobado cuando ya han transcurrido ocho meses de ejercicio. Es decir, solo tendrá vigencia durante cuatro meses. Lo cual hace que todo el Proyecto por razones elementales se halle totalmente distorsionado. ¿Cómo se pueden presupuestar unos ingresos, por ejemplo, para doce meses, cuando solo quedan cuatro para cerrar el propio ejercicio? Es todo bastante incomprensible y surrealista.

En sucesivas entradas iremos desgranado aquellos aspectos más polémicos que consideramos de estos Presupuestos 2021, no obstante lo cual anticipamos un curioso análisis del Presupuesto de gasto previsto para 2021, analizado mediante la desagregación por concejalías, lo que da una curiosa visión que sin embargo no se encontrará en el Proyecto aprobado inicialmente el pasado día 16 de julio en un pleno que podemos calificar de guante blanco. Veamos.

Aquí podemos ver las diferentes partidas del gasto atribuido a cada centro de gasto pero desagregadas por concejalías o delegaciones, con expresión también del acumulado de cada área y del porcentaje que representa sobre el total del Presupuesto de gasto para cada una de las delegaciones. Hay no obstante un importe de 2,2, millones de euros de gasto de suministros (agua, electricidad, combustible, etc.) que no tiene asignado responsable político alguno. 

Aquí podemos ver todos los centros de gasto o concejalías agrupados por delegaciones, con la atribución de esos gastos a cada uno de los dos grupos políticos que forman el equipo de gobierno.

Y este cuadro refleja la atribución del gasto por delegaciones del equipo de gobierno, donde se puede comprobar la formidable disparidad que hay entre unas y otras concejalías. Así, por ejemplo, mientras el concejal de Urbanismo gestiona solamente el 0,40 del gasto de todo el Presupuesto, el concejal de Personal controla y gestiona nada menos que el 43,77 % del mismo. 

Sin embargo, lo insólito de todo esto es que, mientras el concejal de Urbanismo tiene dedicación exclusiva y por lo mismo se halla dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social, el concejal de Personal, Empleo, Sanidad, Consumo y Formación a pesar de que él solo gestiona el 43,77 % de todo el presupuesto de gasto, ni se halla dado del alta en el régimen general de la seguridad ni, a lo que parece, tampoco le paga el Ayuntamiento.

Dado que este concejal nos ha demandado judicialmente por exponer esto que, a primera vista, es cuando menos de clara apariencia irregular, vamos a tener la oportunidad sin embargo de esclarecer si la situación de este concejal a efectos de su situación laboral se ajusta o no a la legalidad. De momento sí sabemos que, en tanto que Presidente de alguna Comisión Informativa, viene cobrando regularmente asignaciones por ese concepto que en rigor son incompatibles con la dedicación exclusiva, y que en 2019 fue de 7.000 euros y en 2020 de 9.000. Ya veremos pues qué dicen los jueces sobre la peculiar situación de este concejal que, controlando el 43,77 % de todo el Presupuesto de gasto, sin embargo no está dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social tal y como prescribe la Ley.

No menos curioso es el control del Presupuesto del gasto 2021 desagregado por los grupos políticos, PSOE y Ciudadanos, que forman el equipo de gobierno. Así, mientras el PSOE, con seis concejales (54 % del equipo de gobierno) acapara el 76,84 % de todo el Presupuesto de gasto, Ciudadanos sin embargo con cuatro (en realidad inicialmente eran cinco pero sufrieron una baja de una concejala que se pasó al grupo de no adscritos), apenas controla el 13,83 % de todo el Presupuesto de gasto.

En este cuadro puede verse de forma más gráfica. Mientras el PSOE controla 32,5 millones de euros del Presupuesto de gasto 2021, Ciudadanos solo controla 5,5 millones de euros. Lo cual revela una absoluta desproporción y desequilibro en favor del PSOE.

PROXIMA ENTRADA

PRESUPUESTOS 2021: LAS TRAMPAS DEL SOLITARIO (II)

CRÓNICA URGENTE DE JUZGADOS: LA INDIGNIDAD QUE NO CESA

 

EL AYUNTAMIENTO VIOLÓ UN DERECHO FUNDAMENTAL DE NUESTRA ASOCIACIÓN

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Un Juzgado de lo Contencioso de Madrid acaba de dictar una sentencia en virtud de la cual se establece que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares vulneró nuestro derecho fundamental de petición. Y también condena en costas al Ayuntamiento. Los hechos se iniciaron ya con la alcaldesa Catalina y tuvieron su lamentable y patética continuidad con el alcalde Corpa.

En efecto, con motivo de la tramitación de la Cuenta General de 2016 ya en el año 2018, nuestra asociación presentó las correspondientes alegaciones que, sin embargo, no fueron admitidas por el pleno. No obstante lo cual, el propio pleno que desestimaba nuestras alegaciones acordaba no aprobar las Cuentas municipales de 2016 porque no reflejaban la imagen fiel contable y patrimonial de la Corporación que era, en esencia, lo que alegábamos nosotros. Así de esperpéntico resulta todo en este desquiciado Ayuntamiento.

Y, para más desconcierto, tanto la Cuenta General de 2016 como nuestras propias alegaciones fueron informadas por una persona que no reunía los requisitos legales para hacerlo, razón por la cual procedimos algunos días después a pedir a la alcaldesa Catalina que nos informara de varias circunstancias relacionadas con la Contabilidad municipal, incluida lógicamente la categoría profesional y funcional que tenía la persona que estaba haciendo entonces las veces de interventor accidental.

Sin embargo, la entonces alcaldesa Catalina que recibió dicho escrito así como la propia secretaria accidental que también lo conoció, se limitaron a dejarlo en un cajón sin impulso alguno y por supuesto sin resolver nada al respecto, que es algo que viene siendo habitual.

El Ayuntamiento tiene un denominado Reglamento de Participación Ciudadana aprobado en el año 2013 que, entre otras cosas, regula el derecho de petición ciudadana. Este es un derecho que viene recogido a su vez por una Ley Orgánica del año 2001 que desarrolla el artículo 29 de la Constitución. Es decir, es uno de los derechos fundamentales amparados por la propia Constitución Española.

Pues bien, ahora, el Ayuntamiento acaba de ser desautorizado por el Juzgado invocando precisamente esos derechos constitucionales, y anulando la resolución municipal por silencio y estableciendo que, efectivamente, el Ayuntamiento vulneró nuestro derecho fundamental. Vulneración que se inició con la alcaldesa Catalina y tuvo su continuidad luego con el alcalde Corpa quien, en tanto que responsable de la unidad de la asesoría jurídica, debió dar instrucciones para negarse a dar cumplimiento al mandato constitucional y reglamentario de la propia Corporación, obligando a nuestra asociación así a tener recurrir a los Juzgados una vez más.

La lamentable práctica de dejar en los cajones las peticiones de los ciudadanos está muy extendida en nuestra Corporación, y este abuso se viene produciendo con equipos de gobierno y alcaldes distintos. Da igual unos que otros y este caso lo prueba muy bien. Aprueban ellos mismos el Reglamento de Participación Ciudadana y están todo el día con esas consignas panfletarias en la boca, para, a la menor oportunidad, atropellar con abuso las propias disposiciones que ellos mismos aprueban pero no cumplen dando una lamentable muestra de que desconocen el alcance de lo que acuerdan.

Naturalmente, no esperamos una reacción de sensatez por parte del alcalde Corpa - quien figura, según el organigrama municipal recientemente subido a la web municipal, como el jefe de la asesoría jurídica -, atendiendo lo que se le pedía en su día a la alcaldesa Catalina, y con seguridad ordenará a sus asesores áulicos que recurran la sentencia añadiendo un mérito más a su ya larga lista de agravios perpetrados durante su todavía corto mandato. 

Se caracteriza el mandato del alcalde Corpa de apenas dos años, por el absurdo empecinamiento de agotar al extremo los recursos judiciales que a él no le cuestan nada hasta el infinito y con la sola finalidad de ganar tiempo. Pero, tenga por seguro el alcalde Corpa de que si en lugar de dar cumplimiento a lo que se le pedía decide recurrir, y al tratarse de un derecho fundamental vulnerado, si finalmente el TSJM confirmara dicha sentencia, haremos que responda usted personalmente por ese atropello con todas las consecuencias. Porque ya está bien de todos estos abusos que violan derechos fundamentales, señor Corpa.

EL EQUIPO DE GOBIERNO NO SABE SI LA PLAZA DE ESPAÑA ES UNA PLAZA

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Si hace un par de semanas el equipo de gobierno nos deleitaba con una nota de prensa felicitándose porque el Tribunal Supremo, había tumbado un recurso de casación mantenido por el Ayuntamiento por el que se pedía la nulidad de otra sentencia de la Audiencia Provincial, ahora nos encontramos con que esa misma sentencia es exhibida por el Ayuntamiento en otro recurso contencioso que mantenemos nosotros, y en el que se le viene requiriendo al señor Secretario municipal ¡desde hace dos años! para que, entre otras cosas, certifique si la plaza de España es eso, una plaza y, por ende, un bien demanial.

Pero el señor Secretario municipal se la coge con papel de fumar y tiene pavorosas dudas, pues si bien reconoce que la plaza de España es una plaza y por definición legal un bien demanial, sin embargo invoca las sucesivas sentencias referidas para aclarar que, tras dichas resoluciones judiciales, no está muy seguro de ello. Es decir, no está muy seguro si la plaza de España es una plaza.

Todo esto es bastante patético y desde luego muy lamentable porque evidencia que en todo el equipo de gobierno, no hay una sola cabeza bien organizada y andan dando tumbos y protagonizando disparates como este de no saber que una plaza es una bien demanial, con el solo objeto de negar lo evidente: que la plaza de España es una plaza y que, además, como tal está aportada al capital social de una mercantil privada.

Que a estas alturas el alcalde Corpa, que presentó y defendió en su día la moción al pleno como puede verse arriba donde proponía ejercer acciones judiciales contra el administrador concursal de PESF e incluso contra el juez de lo mercantil, manifieste ahora por boca del Secretario (el certificado lo firma él también) tener dudas al respecto, revela que estamos en manos de gente con muy pocos escrúpulos y, entre otras carencias, con desde luego muy poca memoria. Pero en fin, que sigan los disparates.

MÁS SOBRE EL CASO PLAZA DE ESPAÑA: 

EL ALCALDE CORPA SE LAVA LAS MANOS

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En varios Juzgados de lo Contencioso se vienen librando varios procedimientos instados por nosotros contra la legalidad de las licencias de la actuación de plaza de España. Obviamente, en todos ellos la parte contraria es el propio Ayuntamiento, que defiende la legalidad de todo lo actuado. Ver para creer. Quién ha visto al hoy alcalde Corpa cuando estaba en la oposición y quién lo ve ahora que es el alcalde.

Hemos de anticipar que, conocidos ahora los expedientes (no todos porque algunos han desaparecido al parecer) que sirvieron de base para otorgar dichas licencias a la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, no podemos salir de nuestro asombro porque, sinceramente, todo es un formidable disparate que ha degenerado en un embrollo urbanístico de dimensiones inimaginables.

Ahora bien, ¿cuál es ahora la actitud del alcalde Corpa ante tamaños desmanes que hemos denunciado oportunamente, invocando su obligación legal de intervenir para el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida? Pues muy sencillo, no darse por enterado alegando lo primero que sus asesores áulicos le han puesto en un papel para que lo firme en forma de resolución.

Aquí vemos al hoy alcalde Corpa visitando las obras de plaza de España en el año 2010 casco en cabeza, cuando era concejal de cultura en la coalición IU - PSOE de 2007 a 2011. No puede decir que no conociera de primera mano lo que allí se estaba ejecutando.

En efecto, al alcalde Corpa lo han adiestrado en el arte de dar largas cambiadas con alambicados informes jurídicos que, si no rectifica, le pueden traer graves disgustos. 

Porque, vamos a ver solo alguna clamorosa  muestra de clara ilegalidad urbanística y que el hoy alcalde Corpa, máximo responsable municipal, se niega a restablecer como una simple muestra del formidable caos conceptual en que han sumido a este hombre que, al parecer, le han hecho creer que, frente a tan flagrantes infracciones urbanísticas, simplemente puede elegir dando patadas a seguir como si con él no fuera nada, o todo lo contrario. Veamos.

Aquí arriba tenemos la licencia del aparcamiento subterráneo ejecutado bajo la plaza de España. Como puede verse, solo pueden construirse 7.996,72 m2. Esto es la máxima edificabilidad autorizada para este aparcamiento según la licencia correspondiente otorgada a PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL en marzo de 2010.

Sin embargo, lo que realmente se ha ejecutado es lo que figura en un informe emitido por el arquitecto municipal en el año 2014 con ocasión de la petición de la licencia de funcionamiento en aquellas fechas.

Según dicho informe, se han construido nada menos 18.287,88 m2 en dos sótanos, donde solo estaban autorizados construir según la licencia 7.996 m2. En otra ocasión explicaremos el porqué en la licencia se autorizan solo esos metros.

Pues bien, tan patente disparate denunciado por nuestra asociación al alcalde Corpa, ha sido contestada lavándose las manos y fiándolo todo a dar la batalla judicial donde, asómbrense ustedes, viene defendiendo que todas estas infracciones son perfectamente legales. 

Lo dicho, el alcalde Corpa, que figura como se ha dicho antes como el jefe de la asesoría jurídica en el organigrama municipal, ha debido ser abducido por ésta y le deben de haber hecho creer que es posible defender estas monstruosidades ante cualquier juzgado sin ruborizarse. Y porque, al fin y al cabo, un alegato municipal en un procedimiento judicial de los varios que hemos visto a lo largo de muchas causas, puede establecer que la tierra es plana sin inmutarse cuando se trata de cumplir la consigna del sostenella y no enmendalla. Lo que nos queda por ver de este alcalde. Esto no puede acabar bien. Al tiempo.

PRESUPUESTOS 2021 - UN PASEO MILITAR

 

PRESUPUESTOS 2021

UN PASEO MILITAR DEL EQUIPO DE GOBIERNO

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El pasado viernes día dieciséis se celebró un pleno extraordinario que tenía por objeto aprobar inicialmente el Proyecto de Presupuestos para el año 2021. Y el resultado del debate puede resumirse en términos de resultados de fútbol: equipo de gobierno 10, oposición 6. Ganó el equipo de gobierno por goleada.

Tendremos ocasión de espigar al detalle este Proyecto de PRESUPUESTOS 2021 que presenta el gobierno en los próximos días una vez sea abierto el periodo de información pública. No obstante lo cual, anticipamos algunas impresiones de urgencia que entresacamos a resultas de las dos horas largas de tedioso debate en una sesión que comenzó a las 8:30 horas y sin público, lo cual es una anomalía de entrada.

Y la impresión fue esa que comentamos, un auténtico paseo militar para el equipo de gobierno porque ha conseguido con muy poco esfuerzo, la total neutralización, sumisión e incluso complicidad de casi toda la oposición abusando de lo que es muy evidente: una oposición totalmente dividida y/o muy perezosa. 

El resultado de la votación lo dice todo porque fue eso: diez votos a favor (PSOE y Cs), y seis en contra porque faltaron algunos concejales (PP, Más Madrid, Vox y los dos concejales no adscritos). Los demás abstenciones. Lo oposición hubiera podido tumbar estos Presupuestos 2021 (motivos serios hay para ello), pero Podemos, IU Anticapitalistas y Actúa se abstuvieron. Lo cual mereció un elogioso agradecimiento del alcalde. Es decir, se abstuvieron de votar porque ese es el verdadero significado real de la abstención. 

Hay que reconocerle ese mérito al equipo de gobierno que, sin la mayoría suficiente, ha conseguido dividir más que está a la oposición con cantos de sirena a los que algunos grupos han sucumbido sin disimulo alguno. 

TRIUNFALISMO, LUGARES COMUNES Y CÓMO VIVEN NUESTROS CORPORATIVOS EN UNA BURBUJA IDEOLOGIZADA

Ya hemos dicho que haremos un análisis pormenorizado y en detalle de los Presupuestos 2021 cuando los analicemos en el trámite de información pública. No obstante sí queremos hacer llegar algunos comentarios sobre la sesión de ayer que solo podemos calificar como un verdadero paseo militar del equipo de gobierno.

Que los equipos de gobierno presenten sus Presupuestos 2021 con discursos más o menos triunfalista va de suyo, pero el triunfalismo trompetero de este equipo de gobierno rebasa todo lo imaginable. Hasta como un gran logro presentan el hecho escandaloso de presentar unos Presupuestos para el ejercicio corriente de 2021, pero que no podrán entrar en vigor en todo caso sino a finales de septiembre. Y es que es evidente que estos partidos que forman el equipo de gobierno no tienen abuela.

Por lo demás, las grandilocuentes proclamas de siempre: "los presupuestos más sociales de historia", "que pague más el más tiene", etc. etc. etc. No hay un lugar común que no fuera enarbolado en la sede plenaria por el alcalde, el concejal de hacienda y los portavoces de ambos partidos. Toda una sesión de trompetería autocomplaciente como no se había visto hace lustros.

DESMONTANDO ALGUNAS PATENTES FALACIAS

No hay ocasión que deje pasar el alcalde para endilgar sus eslóganes más manidos, como un raca raca de manual de primero de militancia donde la ideología de andar por casa, por casa del pueblo se entiende, chirria con una realidad que espanta. Pero no es solo el alcalde que al fin y al cabo está en su papel de encandilar a su parroquia del PSOE, sino también el propio concejal de hacienda que, desmintiendo a la ideología liberal que dice profesan él y su partido, Ciudadanos, en un arranque de inconsecuencia no tuvo empacho en reprocharle a la portavoz de su ex partido, el Partido Popular, que bajar impuestos es de populistas. El cacao mental en que viven los dos grupos que forman el gobierno municipal les lleva a enredarse ambos en proclamas incluso antitéticas, pero esto es lo que hay.

Varias son las palabras y los conceptos que más fueron mencionadas en los debates del viernes, tanto por parte del equipo de gobierno como de los grupos de la oposición: "social", "sociales" "igualdad", etc. Hasta cerca de cincuenta veces se pronunciaron las palabras mágicas: social,  sociales, etc. 

No hay palabra más gastada y más traicionada por la realidad cuando se desciende a un análisis riguroso de los números gruesos del Proyecto de los Presupuestos 2021, que esta manida y sobada consigna de lo social aplicado al gasto público. Cada año se repite la misma cantinela desmentida obscenamente cuando se analizan las cuentas municipales de verdad, y no bajo a la borrachera ideológica o el prisma partidista.

Y de nuevo nos vemos impelidos a soportar discursos insostenibles y repetidos sin cesar, con una catarata de malgastadas falacias que una y otra vez repiten como papagayos nuestros políticos con no poca desvergüenza cualquiera que sea el grupo político al que pertenezcan, y que sin embargo es muy fácil de desmontar. Veamos alguna de ellas.

El alcalde lanzó varias veces la proclama en forma de mantra conque se viene engañando al personal una y otra vez: "que pague más el que más tiene". No hay mayor falacia que esta consigna, porque no es más que eso, un mantra muy querido por una izquierda sobre todo que, si por algo se caracteriza en realidad, es por ir creando cada vez más agravios y desigualdades.

La falacia de la consigna del alcalde se desmonta muy fácilmente con estos dos casos que vamos a citar a continuación y que tiene o tenía hasta hace poco en su propio gobierno. Y que lo desmiente tan contundentemente que, cuando menos, debería contar hasta diez antes de volver a pronunciar semejante mantra porque, además de que no es más que una bobalicona consigna para encandilar a ilusos, tiene o ha tenido muy claros ejemplos de esa falacia sentados en su propio equipo de gobierno.

La concejala Peraza Casajús era hasta hace muy poco concejala del equipo de gobierno del alcalde Corpa por el acuerdo con Ciudadanos, hasta que sin explicación alguna se pasó al grupo de no adscritos sin que sepamos la razón. Pero, en cualquier caso, fue nombrada responsable de varias Áreas: Personal y Régimen Interior, Turismo, Industria, etc. 

Esta concejala es, de todos los corporativos, la que declara tener mayor patrimonio: un local en la exclusiva urbanización de La Moraleja, una vivienda en el Paseo de la Castellana de Madrid, varios vehículos uno de ellos marca Mercedes y, asimismo, en 2019 declaró unos ingresos de 95.000 euros provenientes casi todos ellos del ejercicio de su profesión privada de abogada.

Pues bien, esta concejala que, como se dice, es la que mayor patrimonio acumula de todos los corporativos (al menos de lo que declaran todos ellos), no paga ni un solo euro al erario municipal de San Fernando sencillamente porque vive fuera del municipio. Lo que no le ha impedido cobrar un generoso salario asignado cuando desempeñó sus cargos en régimen de dedicación exclusiva y en el quipo de gobierno del alcalde Corpa.

Otro caso singular lo constituye precisamente el concejal de Hacienda Alberto Hontecillas, de Ciudadanos también, y vicealcalde y mano derecha del alcalde Corpa quien, en el debate de ayer, soltó al sonoro argumento cuando menos impropio de su condición (dice que es liberal) y desde luego de lo que queda de su partido; que bajar los impuestos es de populistas.

Pues bien, el concejal Hontecillas, si sus declaraciones de bienes e incompatibilidad son ciertos, está en patrimonio muy a la par de la concejala Peraza Casajús si no la supera, pues declara poseer dos viviendas en San Fernando, un local comercial, varios coches y alguno de alta gama, así como una empresa participada por él en un 50 % al menos.

Pues bien, esta empresa propiedad del concejal Hontecillas constituida en el año 2012 no deposita cuentas desde entonces. No obstante haber incumplido su obligación de aportar junto a su declaración de bienes los ejemplares de los Impuestos de Sociedades, ha sido necesario acudir al Consejo de Transparencia para que el concejal de ¡Transparencia! precisamente, nos facilitara una copia del modelo del Impuesto de Sociedades de la sociedad de la que es propietario. Y a través de la cual desarrolla una serie de actividades mercantiles y comerciales desconocidas pero susceptibles de proporcionarle ingresos.

Pues bien, sin entrar ahora y en este momento en otras consideraciones, sí podemos afirmar que esta empresa del concejal Hontecillas que tiene cerrada la hoja registral desde el inicio de sus actividades allá por el año 2012 por no depositar las cuentas precisamente, durante los ejercicios de 2018 y 2019 según las declaraciones de Impuestos facilitados, y cuya cifra de negocios se acerca de los 450.000 euros y con resultados de beneficios en ambos ejercicios, sin embargo ni en el ejercicio de 2018 ni el de 2019 ingresó un solo euro en concepto de Impuesto de sociedades.

Sirva lo anterior para desmontar de una vez por todas las falacias con que nos obsequia el alcalde Corpa cada vez que se le presenta la ocasión. Solo tiene que mirar a su equipo de gobierno como ejemplo de lo falso que suena esa consigna para párvulos de que, con sus Presupuestos, paga más el que más tiene. A ver si se entera de que ya somos mayorcitos como para creernos semejante falacia que, por no ser cierta, no lo es en absoluto si conociera los dos casos que comentamos arriba incluido el de su concejal de Hacienda.

EL HONOR DE LOS PRIZZI

(EL CONCEJAL Nº 12)

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El flamante concejal de Personal, Sanidad, Empleo y Formación nos ha demandado por - según él - intromisión ilegítima en su derecho al honor por un crítica entrada que hicimos sobre su gestión hace unos meses.

A este concejal no le ha gustado nuestra crítica en el que decíamos con asombro y admiración que era un superman o un portento de la gestión municipal, pues no conseguíamos (y seguimos igual) comprender cómo es posible que no estando liberado, acaparé él solo en términos de recursos asignados a las Áreas de gestión que lleva, casi la mitad del Presupuesto municipal. Y eso, además, sin que le cueste un euro al Ayuntamiento.

Tampoco le ha gustado y considera vejatorio que digamos en este blog que todo eso lo haga además gozando de una pensión de invalidez, que es precisamente lo que él mismo declara en su propia declaración de bienes.

También nos pide una extraordinaria indemnización; vamos que quiere que le paguemos nosotros la hipoteca.

Lamentamos que este concejal tenga la piel tan fina y no soporte la más leve crítica a su gestión, cuyos alegatos en forma de demanda refutaremos incluso reconvencionalmente porque ya esta bien de que, políticos poco o nada transigentes con la crítica ciudadana a su gestión, enarbolen su derecho a la protección de honor cada vez que no le gusten. Y, además, busquen acallar voces críticas como la nuestra por la vía intimidatoria, con el consecuente cercenamiento de la libertad de expresión que ejercemos legítimamente como un derecho fundamental y constitucional que nos asiste.

Este concejal es un extraño caso y su nombramiento para el cargo está lleno de dudas de legalidad, pues no en vano se trata del concejal número 12 cuando la ley solo permite 11. Es decir, de un concejal nombrado con funciones de dedicación exclusiva pero cuyo salario se lo paga la Seguridad Social. Huele pues su nombramiento a presunto fraude de ley y así lo haremos saber en los próximos días en los juzgados.

Ha elegido este concejal la vía judicial para dirimir su malestar con nuestras críticas, en lugar de hacer uso de otros medios que están a su alcance como el correo de aludidos si alguna cosa de las que manifestamos, no se ajustara a la verdad para ser corregida. Pero no, ha decidido acudir directamente al juzgado. Lo que, dicho sea de paso, nos va a brindar la oportunidad de que se aclare judicialmente también y de una vez lo que, a primera vista, parece todo un nombramiento el suyo no precisamente muy ajustado a la legalidad. Los jueces tendrán pues la palabra para dirimir si el suyo es un nombramiento en fraude de ley o no entre otras cosas también: Como, por ejemplo, si se ajusta a derecho o no su cobro de dietas por asistencias a los plenos y comisiones, siendo el suyo sin embargo un nombramiento hecho con funciones de dedicación exclusiva.

Mal camino ha elegido la verdad este concejal. Para él y para su jefe, el alcalde. Pero bueno, si ese es su deseo ahí nos vemos concejal: en los juzgados. No tenemos ningún miedo.

CASO PLAZA DE ESPAÑA: CRECEN LOS ESCÁNDALOS

 

EL AYUNTAMIENTO AVALÓ OBRAS DE PLAZA DE ESPAÑA QUE NUNCA SE EJECUTARON Y AHORA TIENE QUE PAGAR

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EL ESCÁNDALO QUE NO CESA

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Cuando hace un par semanas el actual equipo de gobierno lanzaba una absurda nota de prensa para intoxicar al personal, presentando como una victoria judicial lo que no era sino una derrota total a causa de un auto del Tribunal Supremo, nadie podía imaginar que, al mismo tiempo, ocultara importante información proveniente también de los juzgados. En este caso en forma de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el que se condena a pagar al Ayuntamiento de San Fernando a la mercantil CARFER 1959 SL 1.804.166 € por unas obras que nunca ejecutó esta mercantil, imputada precisamente en la causa penal que se sigue en el Juzgado 1 de Coslada, y por haber sido avalado en sustitución de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL.

En efecto, aunque en todo este asunto del caso plaza de España nada nos puede ya sorprender, sí nos deja estupefacto la incompetencia del actual equipo de gobierno y sus asesores áulicos para desenmascarar judicialmente, lo que no es sino una presunta operación delictiva consistente en que, mediante la firma de un ilegal aval por el Ayuntamiento y cuya existencia se desconocía y al parecer firmado por personas sin competencia alguna para ello. Y en consecuencia de lo cual la mercantil CARFER 1959 SL propiedad de uno de los administradores de WOODMAN SL e imputado también en dos de las causas penales abiertas por el caso plaza de España, la Corporación municipal habrá de responder ahora por la emisión de una serie de ruedas de pagarés librados por en el año 2010 por PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL en favor de JOVICASA SL y CARFER 1959 SL. 

Y en pago todos ellos de una serie de trabajos de acondicionamiento de los veinte locales comerciales de la promoción de Echeveste o de la plaza de Fábrica de Paños, que la EMS le vendió a la mercantil mixta por ocho millones de euros, y que sin embargo luego no pudo pagar en su totalidad.

CINCO CONTRATOS DISTINTOS PARA REALIZAR LAS MISMAS SUPUESTAS OBRAS NUNCA EJECUTADAS

El supuesto trabajo a realizar por CARFER 1959 SL mediante un contrato que PESF firmó en junio de 2011, es decir, cuando la mercantil mixta ya estaba en situación de insolvencia, consistía en la subrogación del acondicionamiento de veinte locales de la plaza de la fábrica de Paños que pueden verse arriba en la foto. Y que sin embargo ya había sido objeto de otros cuatro contratos más con la otra empresa denominada JOVICASA SL propiedad también del mismo administrador. 

Pero estos trabajos que ahora el Ayuntamiento se ve en la obligación de pagar por un aval firmado tres días antes de solicitar el concurso de acreedores de PESF en junio de 2012, nunca se realizaron como se dice, y todo ello no fue más que una simulación encadenada de negocios jurídicos ficticios para allegar liquidez a una de las empresas del administrador de WOODMAN SL.

Lo inaudito e insólito que ahora se conoce es que esos trabajos ficticios fueron avalados por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares apenas unos días antes de que fuera solicitado el concurso de acreedores, mediante la firma de un documento hecho por personas sin competencia para contraer semejante compromiso municipal.

Según hemos podido saber ahora por el fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una muy reciente sentencia, y que sin embargo el actual equipo de gobierno no ha hecho pública a diferencia de lo que ocurrió con el Auto reciente del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento tendrá que abonar 1.804.166,74 € de los que 1.475.000 lo son en concepto de "obras ya terminadas, acabadas y facturas pero no pagadas" por la mercantil mixta, según consta literalmente en los fundamentos legales de dicha resolución y que fueron avaladas por el Ayuntamiento de San Fernando según acuerdo firmado el día ocho de junio de 2012. Es decir, apenas cuatro días antes de la solicitud del concurso de acreedores.

La sentencia referida condena en costas además al Ayuntamiento y lógicamente a pagar también los intereses legales que procedan en la previsible ejecución de sentencia, y aunque es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, las posibilidades de que sea revocada e incluso admitido el recurso son prácticamente nulas.

DECENAS DE PAGARÉS LIBRADOS PARA CREAR UN RUEDA DE NEGOCIOS JURÍDICOS FICTICIOS ENCADENADOS

Toda esta lamentable historia de la que es y sigue siendo víctima el Ayuntamiento, trae causa de una serie de negocios jurídicos ficticios encadenados que el administrador de la entonces mercantil JOVICASA SL, firmó con quien era entonces consejero delegado de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL y al mismo tiempo concejal de urbanismo del Ayuntamiento también.

Cuando en el mes de marzo de 2010, el Ayuntamiento tuvo que acogerse a un plan de saneamiento, se vieron obligados a declarar indisponibles una serie de créditos entre los que se hallaban las obras municipales del museo de la ciudad por importe de 3.425.000 euros. Esto significó en la práctica que los compromisos de pago del Ayuntamiento para esta obra dotacional municipal a la sociedad mercantil mixta, no se iban a poder respetar por esa razón. Sin embargo, las obras nunca se paralizaron a pesar de que los administradores de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, que eran los mismos responsables municipales, sabían que no iban a poder pagarlas al menos a corto plazo.

Esta súbita falta de liquidez de PESF a la que abocó el Ayuntamiento que presidía también el alcalde SETIÉN, intentó ser paliada mediante el recurso a lo que se conoce como rueda de pagarés. Es decir, simular un contrato de obra o servicio contra el que se libran una serie de pagarés que luego se descuentan en una empresa de descuentos financieros. En este caso fue la entidad financiera fue PAGARALIA.

Para ello es necesario lógicamente contar con una sociedad cómplice que en este caso fue la mercantil JOVICASA SL, perteneciente a uno de los administradores de WOODMAN SL. 

El contrato inicial de marzo de 2010 lo fue por importe de 1.189.000 euros, y tenía por objeto realizar obras de acondicionamiento de los locales comerciales recién comprados a la mercantil municipal EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO SAN FERNANDO DE HENARES SA (EMS), de la que entonces era precisamente su consejero delegado el entonces portavoz del PSOE y miembro también en el equipo de gobierno, y hoy imputado también en una de las causas penales abiertas por esa operación de compra venta que luego supuso la quiebra de la mercantil municipal.

Los pagarés librados fueron descontados por JOVICASA SL en la mercantil PAGARALIA, y su importe abonado en una cuenta que dicha mercantil tenía en una sucursal del Banco Santander en Vicálvaro donde, casualmente, procedió también a la apertura de otra cuenta corriente la mercantil mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL.

El importe de los pagarés descontados fueron abonados, como se dice, en esa cuenta bancaria, y contra cuyo saldo se fueron realizando disposiciones que no se sabe bien qué destino final tuvieron. Lo que sí se sabe es que el movimiento de la citada cuenta bancaria abierta en la sucursal del Banco Santander en Vicálvaro, no tuvo reflejo contable alguno durante un largo periodo de tiempo en la contabilidad de la sociedad, uno de los motivos por los que se halla imputado también el contable de la sociedad mixta en una de las causas penales. Pudiendo concluirse que durante mucho tiempo esa fue la Caja B de la sociedad mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDOS SL.

Sin embargo, la mercantil mixta nunca pudo hacer frente a esos pagarés descontados precisamente por su falta de liquidez, razón por la cual PAGARALIA, que había accedido a renovar los pagarés descontados en el mes de julio de 2010, inició una serie de reclamaciones judiciales por impago contra JOVICASA SL y contra la propia mercantil mixta que presidía entonces el alcalde SETIÉN.

Esta presión obligó a retornar al menos parte del importe descontado que, como se dice, ascendía a 1.189.000 euros. El concepto de ese retorno lo fue por no haber sido realizados esos trabajos objeto del contrato precisamente. Pero el retorno lo fue solamente por 425.000 euros,  ¿dónde se quedó el resto?

MÁS RUEDAS DE PAGARÉS Y MÁS NEGOCIOS JURÍDICOS FICTICIOS

Sin embargo, lejos de atender al menos los pagarés iniciales renovados en julio de 2010 con PAGARALIA, en el mes de diciembre del mismo año de nuevo fueron firmados otros dos contratos con JOVICASA SL por parte del consejero delegado de PESF para realizar los mismo trabajos de acondicionamiento de los inacabados locales comprados a la EMS, pero en este caso por importes y superficies distintas. En total supuso que con la mercantil JOVICASA SL, la mercantil mixta presidida por el alcalde SETIÉN habría firmado hasta cuatro contratos para realizar los mismos supuestos trabajos de acondicionamiento de los locales, por importe de 5,080 millones de euros sin IVA.

El cuadro de arriba explica cómo fueron firmados por PESF un total de cinco contratos con las mercantiles del administrador de WOODMAN SL por los mismos supuestos trabajos que, además, nunca fueron realizados. Lo insólito que conocemos ahora por la sentencia del TSJM, es que esos falsos trabajos fueron avalados por el Ayuntamiento, por lo que tendrá que pagar al final 1,8 millones de euros. 

DINERO SIN CONTROL Y SIN REFLEJO CONTABLE

Estos nuevos contratos que en realidad no eran otra cosa que negocios jurídicos simulados porque tienen todos ellos el mismo objeto, fueron acompañados con el libramiento masivo de decenas de pagarés con diferentes vencimientos e importes, la mayoría de los cuales fueron endosados por JOVICASA SL a numerosos acreedores de dicha sociedad que, obviamente, nada tenían que ver con la mercantil PESF.

Pero no conformes con lo anterior, de nuevo procedieron a firmar otro contrato pero ahora con una sociedad mercantil distinta aunque perteneciente también al mismo administrador de WOODMAN SL: la mercantil CARFER 1959 SL.

La operativa de nuevo fue la misma. La firma de un nuevo contrato para realizar los mismos trabajos y de nuevo las libranzas de nuevos pagarés que, a su vez, dicha sociedad endosaba a otros acreedores de la primera de las mercantiles.

El resultado es pues de nuevo una nueva deuda contraída por PESF con otra de las sociedades mercantiles del mismo administrador de WOODMAN SL. Y ahora además incrementada esa deuda con un nuevo contrato consistente en el acondicionamiento de las calles Coslada y Gonzalo de Córdoba. 

En total, el administrador concursal de PESF le reconoció a esta sociedad mercantil un crédito de 1.475.000 euros que, junto con el importe facturado por el acondicionamiento de las calles, asciende a nada menos que 1.804.166 euros. Y que, como se dice, ahora, conocida la sentencia del TSJ de Madrid, tendrá que abonar el Ayuntamiento. 

Es decir, la pagará usted de nuevo sufrido contribuyente. Porque, al parecer ha aparecido un documento firmado por responsables municipales unos días antes de solicitar el concurso de acreedores, y cuya contundencia del fallo judicial augura un inútil recurso de casación ante el Supremo con de nuevo condena en costas y con los intereses legales corriendo.

¿HASTA CUÁNDO SE VA A PERMTIR ESTE SAQUEO LEGAL DEL AYUNTAMIENTO SEÑORES DEL EQUIPO DE GOBIERNO?

Sin perjuicio de volver más adelante y en sucesivas entradas sobre ese nuevo escándalo y descabellado nuevo episodio sobre el caso plaza de España, y de estudiar por nuestra parte las acciones legales que nos sea posible accionar contra los responsables firmantes del aval municipal, es preciso preguntarse qué hace el equipo de gobierno actual para impedir todos estos indecentes atropellos que acaban siempre de la misma aparatosa forma: con el saqueo de las arcas municipales y con la más inconcebible pasividad del equipo de gobierno. Un equipo de gobierno incapaz de desenmascarar todas estas operaciones presuntamente delictivas, pero cuya factura se le pasa invariablemente al Ayuntamiento.

Para cualquiera que conozca el asunto que mereció una denuncia ante la fiscalía en la que se basa precisamente la imputación de varios protagonistas de este caso, incluida la imputación de la mercantil CARER 1959 SL pedida por la fiscalía, los sucesivos fallos judiciales vienen teniendo siempre el mismo desenlace final ante la pasividad y el silencio más absoluto por parte del alcalde CORPA y del concejal de Hacienda HONTECILLAS. 

Y es que, como se dice, el resultado siempre es el mismo: aceptar resignados unos fallos judiciales cuya peripecia final no puede sino dejarnos estupefactos ante la evidencia de un formidable desconocimiento de los letrados municipales de este pestilente asunto, uno más, y que además tiene dos correlatos inadmisibles pero desgraciadamente repetidos: i) que siempre paga el Ayuntamiento y ii) que nadie responde por todos estos impresentables atropellos.

Es hora ya de poner fin a todo esto y de exigir al equipo de gobierno actual que ponga pie en la pared, y acuerde de una vez exigir las responsabilidades a que hayan lugar por parte de quienes entonces permitieron esto y firmaron avales en nombre del Ayuntamiento careciendo de facultades para ello. Porque, de otra forma, se convertirán en cómplices de ellos y, en todo caso, están obligados a blindar la indemnidad económica del erario público cuando, como es este caso, debían de saber que todo esto proviene de unos oscuros e ilícitos negocios jurídicos ficticios cuya investigación habría de ser exigida perentoriamente ya por la oposición.

ES URGENTE PONER COTO A ESTE INTERMINABLE SAQUEO CON APARIENCIA DE LEGALIDAD

 

Esta indecente tolerancia cómplice que viene mostrando el actual equipo de gobierno, incapaz de parar estos patentes fraudes con apariencia de legalidad, revela algo que ya nos temíamos pero que no les exime de su propia responsabilidad: el profundo desconocimiento que de este asunto tienen políticos y letrados, cuya impotencia por desenmascarar todas estas patrañas han delegado en unos juzgados atorados desde hace años en causas interminables, mientras, gota a gota y sentencia tras sentencia, se van saqueando con pura apariencia de legalidad las arcas municipales.

Dada pues la lamentable pasividad del equipo de gobierno para impedir estos atropellos, es hora de que la sociedad civil tome medidas para que paguen por ello quienes cometieron todas estas irregularidades, y no el inocente contribuyente que sobre este caso viene soportando de su propio bolsillo millones y millones de indemnizaciones acumuladas en deudas y créditos, sin que, por el contrario, haya una sola reclamación contra quienes han causado y siguen causando sentencia tras sentencia, tan pavorosos quebrantos económicos al erario público mientras ellos no han sufrido la más ligera molestia en su propio patrimonio.

CORPA: EL ALCALDE EMPEÑADO EN NEGAR SU UBICUIDAD (I)

 

AQUÍ VEMOS AL HOY ALCALDE CORPA CUANDO ERA CONCEJAL DE CULTURA DURANTE EL GOBIERNO DE COALICIÓN IU - PSOE (2007 - 2011), VISITANDO LAS OBRAS DE PLAZA DE ESPAÑA QUE ESTABA EJECUTANDO LA MERCANTIL MIXTA PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. ÉL ASEGURA NO OBSTANTE QUE NUNCA ESTUVO ALLÍ, LO CUAL OBVIAMENTE NO ES CIERTO. AHORA SABEMOS QUE BUENA PARTE DE ESAS OBRAS SON ILEGALES Y, EN ALGUNOS CASOS, ILEGALIZABLES. POR ESA RAZÓN LE HEMOS PEDIDO QUE ABRA LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE INFRACCIÓN CONTRA LA MERCANTIL PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL Y SUS RESPONSABLES. PERO ÉL SE HA NEGADO A HACERLO COMO SI LA LEY LE DIERA ESA OPCIÓN. NO SERÁ LA PRIMERA VEZ NI LA ÚLTIMA A LO QUE PARECE, QUE ALGÚN ALCALDE SIGUE CIEGAMENTE LO QUE LE INDICAN SUS ASESORES PARA ACABAR EN CALAMITOSOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. TODO PARECE INDICAR QUE EL ALCALDE CORPA NO HA APRENDIDO LA LECCIÓN DE SUS PREDECESORES.

EL PELIGROSO JUEGO DE FINGIR QUE NO SABE NADA DEL CASO

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El hoy alcalde CORPA (PSOE) tiene un pasado muy concreto respecto del conocido como caso plaza de España, que sin embargo intenta difuminar como puede alegando que él no estaba allí o que si estaba era simplemente de paso. Sin embargo, al menos de lo que nosotros tengamos conocimiento, el hoy alcalde CORPA tiene pendientes dos citaciones judiciales para que se explique acerca de acuerdos y asuntos relacionados con el caso plaza de España. Y, en particular, respecto de su propia intervención colegiada en decisiones y acuerdos ilegales que no va a poder eludir más pronto o más tarde.

Mientras tanto, ahora ya como alcalde, se ve emplazado a tomar decisiones que se resiste a adoptar en una suicida estrategia sugerida y arropada por la troupe de juristas de las que se ha rodeado, y que no hacen sino recordar tiempos pretéritos que suponíamos ya superados pero que se repiten con la misma insolente arrogancia con que se suicidaron políticamente otros protagonistas del caso anteriores a él.

GRAVÍSIMAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS QUE EL ALCALDE CORPA SE NIEGA A SANCIONAR

En la actuación urbanística de la plaza de España hay todo tipo de gravísimas infracciones urbanísticas perpetradas por la responsable de las obras, la mercantil mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Desde la ejecución de obras por encima de la edificabilidad máxima permitida por el PGOU, hasta la de obras ejecutadas sin licencia o sin ajustarse a las prescripciones de la misma, pasando por verdaderos atropellos irreversibles del parcelario histórico y otros atentados contra la ley de Patrimonio Histórico.

Sin embargo, lo insólito de todo esto es que, a pesar de contar desde el año 2014 al menos, con un detallado y minucioso informe del arquitecto municipal que pone de manifiesto y enumera cada una de las tropelías llevadas a cabo en esta actuación, no hay ni un solo expediente de infracción urbanística abierto a lo largo de todos estos años desde 2009 (año en que comenzaron las obras) hasta hoy que, aunque paradas, sin  embargo no están terminadas. ¿Cómo es esto posible?

Obviamente, que no haya un expediente de infracción urbanística por parte del Ayuntamiento en una actuación donde se constatan más de media docena de graves atropellos a la legalidad urbanística (algunos de ellos revisten apariencia de nada menos que presuntos delitos contra la ordenación del territorio), pone de relieve la gravísima tolerancia de los diferentes gobiernos municipales, con una de las más graves e irreversibles actuaciones urbanísticas llevadas a cabo delante mismo de las narices del despacho del alcalde.

Pues bien, para poner remedio a este lamentable estado de cosas, hace un par de meses hemos emplazado mediante la correspondiente denuncia al alcalde a que, de acuerdo con lo que le mandata la ley, restablezca la legalidad urbanística en este ámbito y en esta actuación, incoando los pertinentes expedientes de infracción urbanística contra PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL y sus responsables, en la circunstancia, además, de que, obviamente, se trata de unas obras abandonadas o suspendidas pero no terminadas.

Sin embargo, el alcalde CORPA, seguramente asesorado (mal, muy mal) por esa legión de asesores áulicos que tiene, nos ha contestado que de eso nada porque ya está el asunto judicializado por nosotros mediante las causas penales abiertas así como otras contenciosas y que, por ello, se niega a incoar expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida y denunciada. Como si la ley le diera él la opción de poder elegir y no estuviera obligado a reponer la legalidad infringida delante de sus misma narices. Sin olvidar tampoco que visitaba las obras con casco incluido junto con los demás responsables entonces de la mercantil mixta, cuando estaban ejecutándose como puede apreciarse en la foto de arriba.

No sabemos bien de dónde saca el alcalde CORPA tan temeraria teoría; si eso proviene de una empecinada decisión propia o, como en otros tiempos que creíamos periclitados, producto del consejo irresponsable de asesores en la sombra que, como ocurriera en aquellas nefastas épocas que él mismo compartió formando parte de aquel equipo de gobierno, son decisiones aconsejadas por quienes realmente nos gobiernan sin haberlos elegido desde la oscura penumbra de despachos que, como en otros tiempos, al parecer nadie controla. 

Y que están entregados con la aquiescencia del propio alcalde a la demoledora tarea de blanquear todos los desmanes ocurridos en el caso plaza de España, ocultar así sus consecuencias y, lo que es peor, dejar que prescriban todas esas calamitosas infracciones urbanísticas. Cuestión esta que, en la medida de nuestras posibilidades, bajo ningún concepto vamos a permitir que queden impunes dejando pasar el tiempo necesario para que los desalmados autores de este formidable embrollo plagado de ilegalidades, queden libres de toda responsabilidad por el simple recurso a dejar que transcurra el tiempo para que ganen su prescripción.

No sabemos bien como decimos si el alcalde CORPA ha decidido que lo mejor para él (que no para el pueblo y mucho menos para la legalidad), es jugar al peligroso juego de prestidigitación al que se ha entregado, con la pueril pretensión de suponer que se puede sostener una cosa en un juzgado y la contraria en otro, o que se puede acudir como testigo en una causa penal y construir impunemente una fantasía para salir del paso, sin que ello tenga consecuencias para su propia indemnidad judicial. 

En todo caso allá él, sus asesores áulicos y demás coro de cómplices y mediadores, porque no han entendido nada en absoluto de este proceloso y ya interminable asunto del caso plaza de España, cuya conjura para enterrar el caso del equipo de gobierno actual y en su totalidad, presenta inquietantes visos de complicidad de la que más pronto que tarde tendrán que arrepentirse. 

Esta absurda conjura de todo el equipo de gobierno no hace sino acrecentar su responsabilidad como cómplices de todos los atropellos que, por más que se esfuercen sus asesores áulicos, ni han prescrito ni pueden prescribir aunque la justicia se halle adormecida por su exasperante casi inactividad ya proverbial.

EL CONCEJAL HONTECILLAS NOS INSULTA POR DECRETO

(LITERALMENTE)

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Un buen ejemplo de la complicidad que denunciamos arriba, nos lo viene mostrando el concejal HONTECILLAS (Ciudadanos) que lo es de Hacienda, Transparencia, Buen Gobierno, Turismo, Festejos y Archivos, todo en un infumable pack, oigan. Porque ha decidido muy recientemente traspasar todos los límites de la indecencia al insultarnos gravemente mediante un impresentable Decreto, por el que se niega a contestarnos a una petición que le hacíamos en virtud de la ley de Transparencia y en tanto que titular del ramo.

En efecto, no solo insulta nuestra inteligencia, sino que, literalmente, dice que somos unos abusadores y que actuamos con mala fe, etc., etc., entre otros epítetos que nos dedica en un Decreto reciente por el que, como viene siendo habitual, no sirve sino para constatar que de concejal de Transparencia solo tiene el nombre porque, en la práctica, todo se reduce a lo mismo: ocultar lo que sin embargo no se puede ocultar.

El asunto que se le pedía no es baladí y así se lo hemos hecho saber replicando su insultante Decreto. Y es que, venimos constatando que con invariable coincidencia, en los diferentes procedimientos judiciales que hay abiertos sobre el caso plaza de España, vienen desapareciendo o han desaparecido expedientes enteros, documentos y proyectos, así como incluso hojas vitales de informes jurídicos correspondientes a los expedientes de las licencias obras. En este caso incluso han desaparecido de las dependencias municipales y de sus archivos, los proyectos originales que dieron lugar luego a la concesión de las licencias de obras que estamos reputando como ilegales ante varios juzgados contenciosos.

La cuestión en este indignante caso proviene no obstante de la forma de actuar de este Concejal que, invariablemente, resulta ser siempre la misma. Nosotros, como cualquier ciudadano obviamente, tenemos derecho a acceder a los archivos y registros municipales de los que por cierto, el concejal Hontecillas es su responsable. También tenemos derecho según las disposiciones legales a obtener copias y certificados de los documentos existentes en esos archivos. Pero hasta aquí lo que dice la ley; otra cosa sin embargo es lo que ocurre cuando en este Ayuntamiento se pretende ejercer ese derecho ciudadano consagrado además en la Constitución.

El concejal Hontecillas, titular de Transparencia y de Archivos al mismo tiempo, remite la petición a una legión de letrados municipales que no se sabe bien cómo han accedido a esos puestos, y éstos emiten un informe invariablemente negativo. Para ello vale cualquier excusa, desde el artículo 14.1 de la Ley de Transparencia a cualquier resolución del Consejo de Transparencia. Da igual porque el resultado ya está predeterminado: a estos ni agua. 

De forma tal que luego, mediante la técnica de corta y pega, la motivación del Decreto denegando lo pedido reproduce textualmente toda la larga parrafada del letrado informante, ocultando sin embargo su nombre y cargo a quien recibe la resolución como es este caso. Y claro, ahí queda reproducida en la resolución todo el despectivo argumentario leguleyo que sirven como pretexto para denegar lo que sin embargo es nuestro derecho, y que, en este caso, se viene a resumir en el arrogante despectivo de son ustedes unos pesados estúpidos, estúpidos, estúpidos. Así, como lo leen prácticamente. 

Sucede, sin embargo, que en este caso se trata de un documento vital correspondiente a una página vital de un informe vital para otorgar precisamente una de las licencias a PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (siempre el mismo caso) que nunca debió de darse, y cuya validez se está revisando precisamente en el juzgado correspondiente. Claro que en medio del estúpido chorreo que nos dedica el concejal Hontecillas en su Decreto, viene a reconocer que de esos archivos habría desaparecido nada menos que una página vital de un informe vital que sin embargo sirviera luego de base para dar las licencias en la actuación de la plaza de España, y que nosotros consideramos ilegales. 

Lo cual coloca al concejal Hontecillas en una situación muy delicada obviamente pues, por primera vez, un responsable político precisamente de Archivos, viene a reconocer palmariamente que de esos archivos de los que él mismo es responsable y siempre en relación con los mismos expedientes de plaza de España, desaparecen o vienen despareciendo expedientes, proyectos y documentos. 

Cuestión esta que, obviamente, le obliga a él a poner en conocimiento de la autoridad judicial o de la fiscalía esta invariable epidemia que se da en los archivos municipales y que hacen desaparecer con extraordinaria facilidad expedientes y proyectos enteros, cuando no documentos vitales parciales y que sin embargo están bajo su responsabilidad directa.

Y así se lo hemos hecho saber mediante la correspondiente denuncia, advirtiéndole los documentos que según nuestro conocimiento pueden haber desaparecido de los archivos municipales, y de su obligación legal de denunciar e investigar la razón de esas desapariciones que, casualmente, todas guardan relación con el mismo asunto: el proceloso caso de plaza de España. De modo que ya sabe lo que tiene que hacer el señor Hontecillas, denunciar esas desapariciones intolerables en el juzgado o ante la fiscalía. 

De otra forma, no dude que haremos que lo explique donde no pueda escudarse en lamentables informes solicitados ad hoc para darle apariencia de exquisita neutralidad. Cuando no es más de un atropello más a la legalidad porque, ejercer el derecho de petición amparado por la ley de Transparencia en este Ayuntamiento, es un lamentable ejercicio de riesgo donde, como ha sido este caso, cualquier administrado puede acabar siendo insultado sin que, para más escarnio, ni siquiera se dignen informar de cómo se llama y mediante qué procedimiento selectivo ha accedido a su puesto el autor de semejante fechoría. Pero todo llegará, no lo dude el concejal.

DE ESPERPENTO EN ESPERPENTO Y TIRO PORQUE ME TOCA

 

DE DERROTA EN DERROTA HASTA LA VICTORIA FINAL

(O CÓMO EXPLICAR QUE EL EQUIPO DE GOBIERNO CELEBRE ALBOROZADO UN REVÉS JUDICIAL)

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El pasado día 21 de los corrientes, el equipo de gobierno lanzaba un eufórico comunicado de prensa anunciando que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acababa de inadmitir un incidente de nulidad presentado por el propio Ayuntamiento, contra una sentencia de la sección de lo mercantil de la Audiencia Provincial de Madrid de 2019. 

Según se indica en dicha nota de prensa, la incompresible celebración del equipo de gobierno proviene de que esta resolución del Supremo confirmaría la anterior que sostiene que las aportaciones no dinerarias realizadas por el Ayuntamiento al capital social de la mercantil mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL en el año 2008, lo eran todas mediante desembolsos de bienes patrimoniales y no demaniales. Lo que descartaba de entrada que la famosa plaza de España hubiera sido aportada al capital social de dicha mercantil por el Ayuntamiento.

Esa sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, confirmaba a su vez otra de 2017 del Juzgado concursal donde se sigue el concurso de acreedores en la que lleva inmersa dicha sociedad desde el año 2013, sin que, ocho años después, se vislumbre solución alguna para su liquidación acordada ya en el año 2015 por el Juzgado.

Así pues, el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid donde se sigue el concurso, falló en 2017 en contra de la pretensiones del Ayuntamiento que era quien instaba el incidente concursal. Pero, ¿qué era lo que le  pedía entonces el Ayuntamiento al Juzgado concursal? 

Pues veamos: i) que el Juzgado mercantil declarara que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares era el propietario de la plaza de España y de su subsuelo. ii) Que, asimismo, el Juzgado declarase nula la aportación no dineraria realizada por el entonces alcalde SETIÉN al capital social de la dicha mercantil, al haber sido esas aportaciones realizadas mediante bienes demaniales (la plaza de España), Y iii) que, asimismo, el Juzgado mercantil ordenase también la rectificación de los asientos registrales del Registro de la Propiedad de San Fernando de las fincas 31.183, 31.184 y 31.185, ya que todas ellas figuran a nombre precisamente de la mercantil mixta.

Después de una inconcebible peripecia que hemos comentado en entradas anteriores y de declararse competente dicho Juzgado para pronunciarse acerca de las cuestiones planteadas por el Ayuntamiento, no sin antes rectificar otra resolución anterior por la que se declaraba competente solo sobre una de ellas, finalmente el Juzgado dictó una sentencia en julio de 2017 por la que se rechazaban absolutamente todas las pretensiones del Ayuntamiento.

Pues bien, al parecer, esto es lo que celebra ahora el equipo de gobierno en su nota de prensa: que el Tribunal Supremo no le dé la razón. ¿Sabrán realmente de lo que hablan estos señores del equipo de gobierno, o están dando palos de ciego como vienen demostrando en todo este pestilente asunto del caso plaza de España?

ARRIBA LA EXULTANTE NOTA DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO CELEBRANDO UNA DERROTA JUDICIAL

Y AQUÍ NUESTRA RESPUESTA EN ONDA CERO COSALDA

LA ALCALDESA CATALINA Y EL PROCELOSO VIAJE A NINGUNA PARTE

El incidente concursal fue planteado en marzo de 2016 cuando Catalina Rodríguez era la alcaldesa y por lo tanto cuando gobernaba en solitario SFHSP. Eso sí, lo hizo por su cuenta y riesgo, es decir, sin pedir el parecer del pleno municipal o entendiendo que un acuerdo de dicho órgano de 2014 la autorizaba a ello. Y lo hizo siguiendo no obstante los consejos de uno de los muchos asesores jurídicos iluminados que desfilan y han desfilado por este Ayuntamiento, dejando numerosos embrollos con este caso que es uno más de ellos.

La alcaldesa Catalina actuaba pues siguiendo los consejos de esos asesores áulicos que nunca dan la cara pero tienen enorme influencia sobre alcaldes y concejales. Y lo hizo utilizando una senda judicial que, según sus propias y temerarias palabras, "no se le había ocurrido antes a nadie". Y así le ha salido la cosa en este inútil viaje judicial a ninguna parte: un estrepitoso fracaso que, además, no hace sino introducir más confusión sobre el asunto aunque en la práctica no tenga gran repercusión más allá de su utilización torticera, como puede ser la esperpéntica nota de prensa que celebra como un triunfo lo que no es sino una estrepitosa derrota judicial del propio Ayuntamiento.

Efectivamente, la alcaldesa Catalina fue inducida así a iniciar un recorrido judicial absurdo, contradictorio, y con su sola voluntad al no pedir autorización al pleno, para acabar estrellándose una y otra vez primero con el propio juzgado concursal, luego con la Audiencia Provincial y su flamante sección de lo mercantil, y ahora, finalmente, con la resolución de Tribunal Supremo que ha provocado la triunfalista nota de prensa del equipo de gobierno. Seguida, eso sí, por entusiastas adhesiones de medios y propagandistas de toda laya, pero incapaces de preguntarse algo muy elemental: ¿por qué razón el actual equipo de gobierno celebra una derrota judicial total del Ayuntamiento, hasta el extremo de publicitar la resolución como si la hubiera ganado?

CONFUNDIR EL CULO CON LAS TÉMPORAS O LA POSESIÓN CON EL DOMINIO

Y, como esta cofradía de interesados medios seguidistas que padecemos, no han hecho el más leve intento de preguntarse algo tan elemental y razonarlo con sus lectores, vamos a tratar de explicar nosotros este esperpento de esperpentos consistente en que el equipo de gobierno acabe celebrando alborozado tan singular derrota judicial desde el juzgado concursal hasta el Tribunal Supremo, pasando por la Audiencia Provincial.

Y es que, no es la primera vez que desde el equipo de gobierno y ya desde el alcalde SETIÉN, se nos muestra la misma absurda explicación desde los diferentes actores políticos, sean estos de IU, de SFHSP, o del PSOE y de Cs. Da igual, siempre responden lo mismo como papagayos de lo que conspicuos asesores jurídicos les soplan al oído: la prueba de que la plaza es de dominio público es que se puede caminar sobre ella y ocuparla sin problema alguno, e incluso se puede actuar y reponer o sustituir material por el Ayuntamiento como si ello fuera prueba de su titularidad dominical. ¡Y eso además ahora lo confirma nada menos que el Tribunal Supremo! Ahí es nada oigan. Han necesitado nada menos que cinco años y llegar al Tribunal Supremo para descubrir que la plaza de España, es eso: una plaza pública. Elija usted amable elector a semejantes lumbreras para llegar a tan asombrosa conclusión pero solo cuando, de forma muy oblícua, el Alto Tribunal así lo constata.

Cuando, obviamente, la cuestión no es esa en absoluto, sino la razón por la que ese bien demanial se halla introducido en el tráfico jurídico mercantil al aparecer en el Registro de la Propiedad a nombre de una sociedad mercantil y de su pleno dominio.

Es decir, nuestros gobernantes, los actuales y los anteriores, da igual, confunden con empecinada ignorancia la posesión de un bien con su dominio o propiedad. Lo cual es solo una muestra del delirante devenir de este asunto que debería avergonzar a toda la Corporación en pleno secretarios municipales incluidos, pues no solo no supieron evitar en su día la introducción en el tráfico jurídico mercantil de una plaza pública, sino que ahora, trece años después, sigue así sin que nadie, ningún equipo de gobierno, haya hecho nada, absolutamente nada, por rescatar la plaza de España de la usurpación de quien no obstante, hoy por hoy, sigue siendo su legítima propietaria según la fe pública registral: la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL.

EL TRIBUNAL SUPREMO, EL AYUNTAMIENTO Y LA FE PÚBLICA REGISTRAL

Si usted amable seguidor de este blog, dispone de apenas tres euros y escasamente cinco minutos, puede acercarse al Registro de la Propiedad de San Fernando de Henares sito en la calle de Albino Pérez nº 4, y pedir una nota simple de la finca registral nº 31.183. Si lo pide por internet le costará nueve euros, sin que se explique bien este escandaloso incremento del precio de ese servicio.

Una vez obtenida dicha nota simple podrá comprobar varias cosas muy curiosas de los asientos registrales que esta finca contiene, pero, a lo que aquí interesa, le sugerimos que haga la siguiente verificación que está al alcance de cualquier ciudadano que simplemente sepa leer, escribir y acaso incluso sumar y restar. Cuestión esta que es dudosa que practiquen ciertos políticos que hoy componen nuestro Ayuntamiento.

Esa nota simple (también puede pedir una certificación literal de esa finca pero eso es mucho mas caro) expedida por el Registro de la Propiedad, no es otra cosa que la expresión material resumida de los asientos registrales protegidos por la fe pública registral así como de sus cargas registrales, y cuya presunción de veracidad se presume de iure frente a terceros.

O, lo que es lo mismo, ya puede cualquiera, incluido el Ayuntamiento, exhibir otros títulos de propiedad por muchas que sean las declaraciones de otras jurisdicciones, que lo que vale es, precisamente, lo que digan los asientos registrales del Registro de la Propiedad. Es decir, que, a afectos de cualquier pretensión de terceros que exhiban otros títulos, lo que va a misa es lo que figura en ese Registro por decirlo de forma que todo el mundo lo pueda entender. 

Y esa fe pública registral está protegida por los tribunales de lo civil, y solo mediante una resolución judicial de dicha naturaleza puede ser alterado el contenido de los asientos registrales. Si bien en determinadas circunstancias, también otras jurisdicciones pueden alterar o incluso anular esos asientos. Pero, con carácter general, la atribución de la competencia acerca de los conflictos derivados del contenido del derecho a la propiedad solo se puede instar ante la jurisdicción civil, y ni siquiera ante la mercantil.

Las comprobaciones que tiene usted que hacer respecto de esa nota simple son las siguientes: i) que la superficie de toda la finca es, según el Registro de la Propiedad, de 14.599 m2. ii) Verá también que esta finca es la resultante de una agrupación de otra más, la nº 30.659, con una cabida de 10.965 m2 y definida perimetralmente por unos linderos que se citan e incluso por un uso: un espacio libre público. Y iii) y lo más importante, que esa finca, la 31.183, pertenece en pleno dominio a la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. 

En otras palabras, que la plaza de España junto con otras más que figura agrupada en la finca 31.183, es propiedad plena de la mercantil mixta y no del Ayuntamiento. Cosa esta que pedía al Juzgado el Ayuntamiento suplicando su nulidad mediante el incidente promovido en 2016, y que ahora finalmente se ha visto frustrado porque así lo ha sancionado el Tribunal Supremo.

Esta ficha del catastro ilustra bien lo que referimos, toda vez que tanto en el Registro de la Propiedad como en el Registro Catastral, aparece la plaza de España que figura agrupada a otras más y forman un sola finca: la registral 31.183 de 14.599 m2 y de la que es propietaria en pleno dominio la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL.

O lo que es lo mismo, tras esta resolución judicial del Tribunal Supremo contraria a las pretensiones del Ayuntamiento y que al parecer el equipo de gobierno celebra con entusiasmo, mantiene todo como estaba antes del inicio del incidente y simplemente estamos en la misma situación de partida de 2016. Pero ahora con una resolución judicial firme lo que, al menos a efectos mercantiles y concursales, supone cosa juzgada con las consecuencias que ello comporte para el concurso y exclusivamente para el concurso. Sin que, por todo ello, se entienda bien la exultante euforia con que el actual equipo de gobierno ha celebrado esta resolución judicial que solo añade más confusión al menos al concurso de acreedores.

Y, ¿QUÉ PASA AHORA CON LAS PLAZAS DE GARAJE SUBTERRÁNEAS DE LA PLAZA DE ESPAÑA?

Pues he aquí la madre del cordero, que merecerá una nueva entrada por nuestra parte porque este asunto de las plazas de garaje (606 plazas) construidas bajo el subsuelo de la plaza de España, tiene por sí solo no pocos indicios de gravísimas irregularidades. Si bien y a lo que afecta a este asunto de la resolución del Supremo tan celebrada por el equipo de gobierno, tiene una segunda derivada, y es que el Ayuntamiento también pedía al juzgado concursal que declarara dicho subsuelo como demanial y de titularidad municipal, por cuanto que, obviamente, si la plaza es un bien demanial y por lo mismo público, su subsuelo, que no ha sido desafectado, también lo es.

Sin embargo, aquí el juez concursal da una larga cambiada y le dice al Ayuntamiento con todo descaro que de eso nada, ya que en su día el propio Ayuntamiento acordó mediante una licencia dictada por su concejal de urbanismo (que al mismo tiempo era consejero delegado de la mercantil beneficiaria), segregar dicha finca y, por lo tanto, tácitamente la desafectó. Con un par. El Juez le dice al Ayuntamiento aquello de San Rita lo que se da no se quita. De modo que la plaza para usted pero el subsuelo y sus seiscientas plazas de garaje ni tocarlo y siguen en la masa activa concursal. ¡Qué morro señores! Bueno, pues esto también lo celebra el actual equipo de gobierno a lo que parece según su nota de prensa.

Y esta monstruosidad que en realidad está en el origen de la ilegal aportación de la plaza de España, y que se halla así denunciado expresamente por nuestra querella presentada en el Juzgado donde se instruyen las diligencias penales, no es otra cosa que eso: la descarada apropiación ilegal por parte de la sociedad mercantil mixta de un subsuelo que es necesario reponer a su verdadero propietario mientras no se modifique por medio de su desafectación: el Ayuntamiento.

Bueno, pues, como se dice, si nos atenemos a lo celebrado por el actual equipo de gobierno en su nota de prensa, lo que aceptan como bueno también es que el Ayuntamiento haya perdido la oportunidad de que esas seiscientas plazas sean de su propiedad y no de la mercantil mixta, renunciando con ello a reclamar su legítima propiedad porque en realidad nunca hubo tal desafectación. 

Esta es pues también una de las consecuencias directas de esta resolución judicial que sin embargo al equipo de gobierno le parece todo un "logro" por el que siguen trabajando. Para salir corriendo, la verdad.

Y ¿QUÉ SOSTIENE EL AYUNTAMIENTO EN OTROS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES ABIERTOS?

Pues exactamente todo lo contrario.

Usted, amable seguidor de este blog, no encontrará en los medios que hacen seguidismo ciego de la propaganda oficial expedida por el gabinete de prensa municipal entregado a una repelente campaña intoxicadora de la verdad, explicación a cuestiones que, obviamente, si pierde el tiempo siguiendo a esos medios nunca le contarán. Pero la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero como acertadamente dice el aserto popular. 

Y es que, nuestra asociación lleva cuatro largos años inmersa en un procedimiento contencioso para conseguir anular el Proyecto de Reparcelación de la UE-1, que tiene por objeto, precisamente, anular la ilegal agrupación y adjudicación de la plaza de España a la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Anulación a la que, sin  embargo, se opone el Ayuntamiento. Es decir, nosotros mantenemos exactamente lo mismo que el Ayuntamiento mantenía en el recurso incidental concursal, solo que en sede de la jurisdicción contenciosa.

Sostenemos nosotros que se realizó una adjudicación ilegal de la plaza de España precisamente por sucesivos acuerdos de la Junta de Gobierno Local celebradas los días 3 y 29 de julio de 2009. Juntas de Gobierno en las que, oh casualidad, asistió y votó el alcalde CORPA que entonces formaba parte del equipo de gobierno mediante la coalición entre el POSE (su partido) e IU. 

Y, sabe usted amable seguidor de este blog, qué es lo que el actual equipo de gobierno, junto con Bankia, sostiene ahora en ese procedimiento contencioso instado por nuestra asociación: pues exactamente todo lo contrario que sostenía el propio Ayuntamiento en este recurso de nulidad instado ante el Supremo y cuya inadmisión ahora celebran alborozados desde el propio gobierno municipal.

Y es que, es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía en general, manifestar en una nota de prensa que "van a seguir trabajando con el objetivo de avanzar" hacia no se sabe muy bien dónde porque, entre otras razones, son incapaces de explicar muy especialmente los políticos, cómo se puede estar sosteniendo una cosa en un procedimiento judicial y la contraria en otros, y no estar locos. O, cuando menos, poner en evidencia que al frente de estos complejos asuntos no hay más que pollos sin cabeza.

Es desolador también comprobar cómo este Ayuntamiento, que es parte contraria junto con Bankia y otros ex administradores de PESF en ese procedimiento contencioso en el que pedimos se anule el Proyecto de Reparcelación de la UE-1, está defendiendo sin embargo que es perfectamente legal acordar que no se ceda absolutamente nada al Ayuntamiento incluida la plaza de España, y al mismo tiempo celebrar ahora que el Supremo no accedió a la nulidad que pedían. 

Llegados pues a ese punto es necesario preguntarse algo muy elemental: quién del Ayuntamiento decide cuáles son sus diferentes  posiciones procesales en estos asuntos judiciales tan importantes; si los políticos responsables del equipo de gobierno o sus asesores áulicos que solo acceden al cargo por cooptación y que nadie los conoce. 

Y es mucho más insultante comprobar que desde el año 2019, ese mismo Juzgado tenga acordado y requerido que el señor Secretario General Municipal expida cinco certificados relacionados con el Proyecto de Reparcelación de la UE-1, y sin  embargo no los haya remitido aún desde entonces o se haya negado a expedirlos alegando la falta de documentos originales en los archivos municipales. 

Tiene un último plazo el señor Secretario General Municipal para remitir al Juzgado esos certificados hasta el último día de este mes. Esperemos que ahora lo haga limpiamente y sin más trampas dilatorias. No se quejen luego los secretarios municipales de que acaben siendo imputados también en los procedimientos penales abiertos por su propia implicación en lo que no es sino un rosario de irregularidades de las que, por unas razones u otras, acaban convirtiéndose en cómplices por acción o por omisión. 

Ya lo sabe pues el señor Secretario, tiene usted escasamente seis días para presentar la última prueba pedida por el Juzgado que queda antes de concluir este procedimiento contencioso, que lleva esperando desde el año 2019 por dilaciones provocadas por causa de esa Secretaría.

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AVISO A NAVEGANTES

Este asunto del caso plaza de España tiene muchas y vergonzantes derivadas, y, desde luego, no pocas víctimas inocentes de presuntos delitos que se siguen en diferentes causas penales abiertas en varios de los juzgados de Coslada.

Lamentablemente, sí puede constatarse una cosa a estas alturas: los juzgados de Coslada no están en condiciones de afrontar la instrucción de causas complejas como esta del conocido como caso plaza de España, a la vista de las inacabables instrucciones que no se cierran nunca por unos motivos u otros.

No obstante lo cual, obviamente no tenemos otra justicia que la tenemos que, si se caracteriza por algo, es precisamente por su exasperante lentitud. Que en un procedimiento penal haya imputadas personas que llevan en esa situación nada menos que diez años es absolutamente infumable. 

O que otras personas, víctimas y perjudicados de presuntas estafas agravadas por afectar a bienes de primera necesidad, acudan con sus querellas al juzgado y, cuatro años después de la instrucción, el juzgado descubra que ni siquiera se ha dado traslado de esas querellas a los investigados revela el estado comatoso de nuestra justicia. 

A lo que hay que unir la muy lamentable sensación muy interiorizada en la conciencia colectiva de la gente, de que muchas veces acudir a la justicia para reparar un daño infligido y por lo tanto como víctima o perjudicado, constituye no solo un pérdida de tiempo, sino la aventura de adentrarse en un siniestro juego de la ruleta rusa. 

Esta es la triste y patente realidad si nos atenemos a este afamado caso de plaza de España, donde prácticamente no hay juzgado de los seis de Coslada que no haya conocido o abierto diligencias penales derivadas de este caso con el mismo resultado agotador: un larguísimo e interminable viaje al profundo caos de un sedicente sistema judicial que hace aguas por todas partes, con gravísimos e intolerables  quebrantos para derechos fundamentales de los juticiables, ya sean estos víctimas o victimarios.

Dos años y unos días llevan abiertas diligencias en un juzgado de Coslada por un asunto relacionado con el caso plaza de España. Es de esperar que en los próximos días o semanas (esperemos que antes de las vacaciones judiciales de agosto) se produzcan novedades al respecto en un sentido u otro, pero novedades al menos. De otra forma, será mejor desistir porque los infractores del código penal están de enhorabuena porque cuentan con la mejor de sus defensas: las eternas dilaciones solo imputables a la incuria de juzgados,  tribunales y fiscalías.