VIVIENDA ¿LA VUELTA A LA BARBARIE?

 

VIVIENDA ¿LA VUELTA A LA BARBARIE?

El problema de la vivienda es sin duda uno de los más dramáticos que se vive en la actualidad y no solo en nuestro país, pero mucho más agravado desde luego por razones multicausales. Y, sin duda, por unas políticas dispersas de las administraciones acuciadas ahora, además, por la falta de los recursos necesarios después de tantos años de bostezo y desistimiento de este gravísimo problema, que condenará a generaciones enteras al precario habitacional.

Alarmadas las administraciones por ello (el primero de los problemas que se identifica en las encuestas del CIS, el otro son los políticos), se dedican ahora a anunciar soluciones mágicas que no van a solucionar el problema de raíz (tampoco es fácil, ciertamente) porque lo que se está heciendo y se pretende hacer son parches urgentes con la finalidad de poner, por tortuosas vías legalmente heterodoxas, suelo finalista en carga a la mayor brevedad posible y al precio que sea.

Así, el gobierno central, después de años de abandono, se ha apresurado a presentar lo que dice es un Plan de Viviendas (a buenas horas) que se financiaría con 7.000 millones de euros (se supone que con deuda), cuando ni siquiera son capaces de aprobar unos Presupuestos a lo largo de toda esta legislatura.

Y, por su parte, las Comunidades como las de Madrid, Cataluña y Valencia que más acusan el problema por ser las receptoras de voluminosas oleadas de inmigraciones, se apresuran también a urgentes modificaciones legislativas para tratar de dar respuesta al problema.

En el caso de Madrid, aprobando apresuradamente una denominada Ley de Impulso para el Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), con la misma idea: liberar suelo finalista acortando los plazos y poniendo instrumentos de planeamiento en manos de los Ayuntamiento como los denominados Plan Estratégicos Municipales, que vienen a ser una especie de alternativa intermedia de los Planes Generales y los de segundo grado pero de cuya revisión, por su alarmante tardanza, huyen unos y otros.

REDENSIFICAR LA CIUDAD

Prepárense porque, en los próximos meses, un nuevo concepto urbanístico se va a poner de moda: redensificar, es decir, incrementar la densidad de viviendas por Hectárea llegando, según dicen, a 70 viviendas/Hectárea frente a los actuales 35 viv/Hectáreas en buena parte de los desarrollos en marcha.

El Ayuntamiento de Madrid ya está confeccionando su propio Plan Estratégico con la pretensión de tenerlo aprobado y en funcionamiento el año que viene. Eso sí, sin tocar el PGOU que es del año 1997 y no se halla adaptado (como el de San Fernando) a la Ley de Suelo de Madrid.

La idea es que ese Plan Estratégico reasigne una nueva densidad de viviendas por Hectárea en la proporción de un 20 o 30 viviendas más de las que tienen reconocido hoy en los diferentes sectores en proyecto o en ejecución. Esto, ciertamente, supone toda una revolución y parte de la consideración de acelerar para poner en el mercado por la vía más rápida posible, una gran bolsa de unidades de aprovechamiento obtenidas mediante los cambios de usos de reservas dotacionales y de los terciarios a viviendas también. Según los planes municipales de Madrid, pretenden con ello crear sobre la ciudad ya construida o en construcción, el equivalente a una ciudad como Sevilla porque, según prevén, en los próximos años la ciudad de Madrid y su Área Metropolitanta crecerá a razón de 130.000 nuevos habitantes/año que no provienen, precisamente, del crecimiento vegetativo de la ciudad sino de la inmigración interior y exterior. Se viene pues en materia de urbanismo un cambio de paradigma con todas las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista sociológico, político y económico.

Como se dice, el cuello de botella sobre el que las administraciones pretenden operar de manera urgente, aunque tardía, es la de liberar la mayor cantidad de suelo ya urbanizado o en ejecución con objeto de tratar de evitar el estrangulamiento de oferta al menos de suelo finalista.

Arriba, en rojo, los desarrollos previstos por la ciudad de Madrid, cuyo mayores áreas están previstas en la zona sureste próxima a San Fernando y Cosalada

Fue la Ley de Suelo de 1975 y el Reglamento de Planeamiento de 1978 las disposiciones legales que, recogiendo criterios racionales, fijaron como límite para los nuevos desarrollos urbanísticos una densidad máxima de 75 viviendas por Hectárea. También se regulaban las cesiones obligatorias de reservas para dotaciones locales: docentes, sanitarias, culturales, etc., así como las zonas verdes y espacios libres. Todas esas reservas estaban  referenciadas al ámbito espacial del plan de desarrollo correspondiente y al número de viviendas que el mismo iba a albergar.

Las zonas verdes, para las que la Ley de Suelo de 1975 exigía en casos de cambios un preceptivo informe de nada menos que el Consejo de Estado, cuando desapareció tal requisito a raíz de la sentencia del TC de 1997 se desapoderó al Estado y declaró las competencias de las Comunidades Autónomas, la mayoría de ellas lo suprimió en sus leyes de suelo. Entre ellas la Comunidad de Madrid. De esta forma quedaron desprotegidas y sin blindar las reservas dotacionales de la zonas verdes y espacios libres.

Fueron luego, sin embargo, varias resoluciones provenientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) las que introdujeron el principio de "no regresión" en materia de medio ambiente, y quien comenzó a fijar doctrina acerca del blindaje para zonas verdes y espacios libres. Es un principio este que no figura expresamente en ningún tratado internacional de la UE, pero que ha sido de construcción jurisprudencia del TJUE que ya vienen aplicando los tribunales españoles desde hace mucho tiempo en razón de lo previsto en el  Convenio Europeo de Derechos Humanos. La cuestion es: ¿puede serle de aplicación el mismo blindaje de "no regresión" o "cláusula standstill" a las reservas dotacionales que ahora se van a convertir en viviendas en la Comunidad de Madrid? En nuestra opoinión, sí.

Y ¿QUÉ PASA EN SUELO URBANO?

DOS EDIFICIOS DE MUESTRA DE CÓMO SE GESTIONA EL SUELO URBANO POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, PERMITIENDO AJUSTES DE LOS APROVECHAMIENTOS ASIGNADOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE LAS ÁREAS DE REPARTO Y LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO

El PGOU del municipio de Madrid data del año 1997 y, al igual que el de San Fernando, no está adaptado a la Ley de Suelo de la Comiunidad de Madrid que, para el suelo urbano, suprimió las conocidas como Áreas de Reparto que tenían por objeto fijar ámbitos con criterios de reparto equitativo de cargas y beneficios en esta clase de suelo. La aplicación de esta técnica en suelo urbano es muy compleja e, introducida por la Ley de Suelo de 1990, solo era obligatoria en municipios mayores de 50.000 habitantes.

Esta técnica de gestion urbanística del suelo urbano, como se dice, resulta de una gran complejidad, pero en Madrid capital se viene aplicando porque el PGOU es anterior a la actual Ley de Suelo. Y su aplicación práctica en determinados ámbitos, permitía evitar lo que se conoce por la "lotería del planeamiento" e introducír mayor equidad en los ámbitos en los que se aplica porque, permite dos cosas: i) movilizar unidades de aprovechamiento dentro de cada Área y ii) obtener también buenos ingresos para el Ayunteamiento por la venta de las Unidades de Aprovechamiento.

PRÓXIMA ENTRADA

LA CIUDAD INVISIBLE: EL CASO DE SAN FERNANDO DE HENARES Y SU PROBLEMA DE LA VIVIENDA

ALGUNAS APORTACIONES PRÁCTICAS

El caso de San Fernando de Henares es mucho más dramático puesto que, al estado general de la cuestión, se unen las calamitosas deciciones adoptadas por los sucesivos equipos de gobierno incluido el actual en la gestión del PGOU que, en algunos casos, resultan ya irreversibles. Su planificación a colmatación (no solo para el suelo urbano sino también para el urbanizable), hace suponer que el suelo para uso residencial ha llegado a plena colmatación. Sin embargo eso no es así por cuanto que, si bien restringido a determinados ámbitos, es posible mediante técnicas de gestión inteligente, obtener suelo para la puesta en carga de aproximadamente unas 500 viviendas a corto plazo. En las próximas entradas realizaremos algunas de la propuestas que, además, ya le hicimos al alcalde en el año 2019. Naturalmente eran otros tiempos y otro gallo cantaría si, en lugar de desdeñar aquella nuestra propuesta, hubiera aceptado al menos estudiarla y tratar de escuchar su viabilidad. No quiso.

No fue posible porque, al igual que sucediera con sus antecesores, en lugar de escuchar se dejaron llevar por los abruptos consejos de sus asesores aúlicos y tirar hacia adelante sin reparar en gastos. El resultado es este: el bloqueo más absoluto en la actuación estrella del centro histórico con todos los instrumentos de planeamiento y de gestión anulados por ilegales. Desarrollaremos pues en las próximas entradas nuestras propuestas desde la más estricta legalidad, incluida una posible via de solución de la actuación de plaza de España. Pero, eso sí, no aceptaremos ni atajos legales ni, desde luego, la arrogante displicencia mostrada hasta ahora por el alcalde y sus adláteres, en un asunto del que deben creer que tiene solución alguna sin contar con nosotros y haciendo oídos a entidades fantasmas. En sus manos está pues.

Arriba, el último intento de negociación y buen entendimiento con el Ayuntamiento ofreciendo nuestros estudios y conocimientos para solucionar de forma favorable al Ayuntamiento, el caso plaza de España. La última reunión que tuvimos con representantes del equipo de gobierno para estudiar el asunto se celebró por zoom el día 24 de febero de 2020. La reunión acabó abruptamente porque la cargo de confianza de Corpa, la señora Herranz, dio por terminada la reunión al no obtener de nosotros la retirada incondicional del recurso contencioso de las licencias. Ahí acabó todo. 

Nuestra propuesta para la solución de la actuación en la UE-1 (plaza de España) estuvo pues sobre la mesa del alcalde ya a finales de 2019 y principio de 2020. Antes de los fallos judiciales. Tuvo el alcalde pues la oportunidad de anticiparse a la solución ofrecida con toda nuestra humilde intención de favorecer la salida negociada antes de que se hubieran pronunciado los Tribunales. Pero todo saltó por lo aires cuando la cargo de confianza política del acalde Corpa, que era la que realmente mandaba pues la pesencia en la reunión del entonces concejal de urbanismo no sirivió de nada porque nada dijo, se empecinó en un solo objetivo: obtener de nosotros la retirada de los recursos contra las licencias. Hoy, el problema se ha multiplicado por cien. No obstante, nuestra disposición no ha variado al respecto, estamos dispuestos a echar un cable al Ayuntamiento para solucionar este formidable embrollo en el que ellos y solo ellos se han metido. A condición claro está, de negociar de buena fe y con todas las claves sobre la mesa. La ocasión es propicia antes de que un Tribunal ordene defintivamente la demolición de lo ilegalmente construido. Pero si el alcalde o sus asesores piensan que tienen alguna solución viable legalmente sin contar con nosotros, que siga el empecinamiento y hasta la derrota total.

PLAN VIVE O UN PLAN PARA VIVOS (II)

 

EL MODELO DE NEGOCIO DEL PLAN VIVE: LA ENTREGA ABSOLUTA A LAS CONSTRUCTORAS

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Vaya por delante que es preciso reconocer que el problema del acceso a la vivienda y mucho más en las grandes conurbaciones como Madrid, es uno de los más dramáticos que hay ahora mismo en el panorama social y político, y eso que tenemos un buen puñado de elementos inquietantes en nuestro presente y en nuestro futuro más inmediato. Y que, además, golpea muy especialmente a los jovenes porque apenas un pequeño porcentaje de ellos podrá acceder a un proyecto vital autónomo y suficiente. Hay una generación entera cuyo horizonte no es precisamente halagüeño. Salarios bajos y precios expansivos imparables en materia de vivienda, no invita a ser optimistas.

El Plan Vive de la Comunida de Madrid se inscribe pues en una de las muchas iniciativas públicas en materia de vivienda, pero marcada por la urgencia de la presión demográfica de la inmigración y por lo tanto de la improvisada decisión de atacar el problema pero  llegando tarde y con la imposibilidad de implementar recursos económicos suficientes en proyectos a largo plazo. La baja oferta de vivienda protegida por la iniciativa privada frente a la demanda que se ha multiplicado exponencialmente, y otros problemas endémicos de nuestras administraciones públicas, singularmente de los Ayuntamientos, incumpliendo regularmente los mandatos legales sobre la materia, y dedicando recursos a cuestiones politicamente más agredecidas y que requieren muchos menos esfuerzos económicos inmovilizados y en mucho menor tiempo, han acabado por agravar totalmente el problema.

No obstante, la solución elegida en Madrid para poner en carga rápidamente el suelo finalista necesario y de titularidad pública además, se hará a costa de disminuir cuando no de suprimir directamente reservas dotacionales y equipamientos al servicio de los ciudadanos del ámbito de referencia. Esta solución nos parece simplemente un soberano disparate y probablemente una ilegalidad porque, entre otras cosas, esas dotaciones locales no es que sean innecesarias y que por ello estén vacantes, sino no ejecutadas por las propias administraciones que no es lo mismo.

EL PLAN DE NEGOCIOS DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE CONCURREN AL PLAN VIVE

El Plan de Negocios de las empresas constructoras que acuden a la concurrencia convocada por la Comunidad de Madrid del Plan Vive, se percibe como un claro pacto entre los agentes que intervienen y que les garantiza que no arriesguen nada incluso con una rentabilidad mínima asegurada a pesar de que, formalmente, se hace referencia en los contratos firmados al riesgo en ventura por parte del concesionario. En realidad no hay tal riesgo.

En efecto, el suelo es público y proviene de los Ayuntamientos y sobre ello descansa una buena parte de la bajada de los precios. Por su parte, las concesionarias pueden endeudarse con la propia garantía de la concesión, no del suelo obviamente, lo que ha dado lugar a que algunos Registradores de la Propiedad se hayan negado a inscribir esos préstamos sin división horizontal. También pueden obtener subvenciones lo que, lejos de abaratar la renta, pasa directamente a los beneficios en forma de tasa de retorno. Así mismo y lo más importante, las empresas constructoras pueden deshacerse traspasándolos esos activos a inversores previsiblemente fondos de inversión. El periodo de la concesión será de 75 años y la rentabilidad prevista calculada será entre el 5 a 7 %. Rentabilidad que, sin embargo, puede alcanzar entre el 10 o 15 % dependiendo del importe de la subvención que reciban. De la misma forma, tienen garantizada también la demanda plenamente al 100 %.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) de la inversión sin subvenciones comenzará a producirse hacia los 20 o 25 años. Excesivo tiempo para mantener inmovilizados durante tan largo periodo para una empresa constructora lo que, previsblemente, dará lugar a la rápida entrada de fondos de inversión lo que les garantiza una liquidez y realización inmediata y segura en cualquier momento.

Por su parte, las constructoras asumen la explotación íntegra de la actuación incluyendo las funciones de gestión y administración de la actuación objeto de adjudicación (gasto incluido en el alquiler). Y, naturalmente, la de los deshaucios en caso de impagos.

La administración, en este caso la Comunidad de Madrid, pone un suelo que no es suyo sino de los Ayuntamientos que, a su vez, lo han obtenido gratuitamente y libre de cargas de los promotores y que han pagado en su día, cómo no, los adquirentes de las viviendas que, tras este plan, se habrán quedado sin equipamientos y con la densidad de viviendas multiplicada en su ámbito. De la misma forma, se quita de enmedio al menos por 75 años la gestión de la actuación.

Este modelo de negocio (de colaboración entre la iniciativa privada y pública se dice), garantiza el blindaje de la inversión de las constrcutoras a cambio de desmantelar centenares de equipamientos, que sufrirán inexorablemente los adquirentes de viviendas en sectores que sin embargo tienen programados en sus programas de actuación. Reservas para equipamientos que ya nunca se harán.

MASACRE EN TORREJÓN

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz también se ha sumado al Plan Vive y lo ha hecho cambiando el uso de numerosas parcelas dotacionales, si bien en este caso han tenido la deferencia de hacerlo mediante la aprobación de un Plan Especial al menos, lo que es de agradecer. Si bien, ignorando que el PGOU de Torrejón no se halla, como el de San Fernando, adaptado a la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid y por ello no pueden aprobar planes especiales que modifiquen determinaciones estructurantes. Cosa que, no obstante, los redactores han procurado no tocar por si acaso. Al menos eso afirman.

El Ayuntamiento de Torrejón, como puede verse por la imagen de arriba, va a transformar todo un archipiélago de dotaciones y equipamientos públicos en dos áreas en las que, precisamente, más esponjada y adaptada está la ciudad para sustituirlos por torres de viviendas que de entrada traerán como mínimo dos consecuencias inmediatas: la supresión de numerosos equipamientos y el brutal aumento de densidad de viviendas en esos ámbitos. 

En esto consiste el Plan Vive, la incoporación de suelo procedente de equipamientos sin ejecutar por desidia o falta de recursos públicos pero programados, y su sustitución por hacinados bloques de viviendas en zonas cuya densidad ya era crítica incluso antes del Plan.

EL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO DILAPIDADO

Desde hace muchos años, al menos desde la Ley de Suelo de 1975, los Ayuntamientos tiene la obligación de constituir una patrimonio municipal de suelo separado del resto, con la finalidad de destinarlo a financiar viviendas con algún tipo de protección. Ese suelo, que proviene del 10 % del aprovechamiento de los sectores de suelo urbanizable programado (de participación en las plusvalias, dicen), puede ser aplicado también a otras finalidades más o menos ambiguas, pero su destino principal es el de la construcción de viviendas protegidas.

A partir de la Ley de Suelo de 2007, resulta también obligatorio la reserva del 30 % de las viviendas protegidas en ámbitos de sectores urbanizables o urbano no consolidado. Sin embargo, en nuestro municipio eso ha sido una quimera a pesar de que para ello se creó en los años noventa precisamente la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO DE SAN FERNANDO DE HENARES SA de capital social completamente municipal. Hoy, y desde el año 2015, dicha empresa se halla en quiebra por incurrir en causa de disolución (pérdidas millonarias), y con voluminosos préstamos del Ayuntamiento ya fallidos.

Esta empresa municipal, salvo una promoción de VPPL al inicio de su constitución, el resto de las promociones prácticamente las ha dedicado a la renta libre y solo en una pequeña promoción al alquiler. Y, para más desgracia, la promoción de las viviendas de las plaza de Echeveste (160 viviendas) de renta libre y para la venta, adjudicada su construcción por 16 millones de euros terminó costando 26 incluida la indemnización de cinco millones que hubo que pagarle a la empresa constructora.

La misión de dicha empresa totalmente municipal era la de administrar el Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) obtenido de las cesiones obligatorias de los sectores urbanizables tanto del casco urbano como, sobre todo, del polígono industrial. Sin embargo, buena parte de esos ingresos por las ventas de esos suelos han sido literalmente dilapidados mediante la monetización del 10 %, usado en todos los casos para financiar proyectos que nada tenían que ver con la vivienda.

En el cuadro de arriba subrayado en amarillo, las operaciones de monetización llevadas a cabo por el Ayuntamiento entre 2003 y 2018 según el PMS de 2024 (no están todas las operaciones no obstante), destinandos sus ingresos a toda clase de oepraciones incluida la financiación de gasto corriente. Ni un solo euro fue destinado a vivienda salvo el caso de la permuta con Residencial Alperchines SL.

Los ingresos obtenidos por la monetización (enajenación) de ese suelo generalmente vendidos a los propios promotores han sido millonarios (se aproximan a los 30 millones de euros), sin que, sin embargo, se pueda tener un preciso detalle de los mismos según se desprende de los resúmenes contenidos en las sucesvias cuentas generales.

El valor que se le atribuye al PMS según el último balance de la Cuenta General del ejercicio de 2024, es de 58 millones de euros, mientras que el valor atribuido al PMS de 2024 es de solo 32 millones de euros.

VENDER PATRIMONIO PARA REPARAR EL POLIDEPORTIVO ENCLAVADO EN UNA ZONA INUNDABLE

De estas parcelas que figuran en el listado de arriba, dos van a ser enajenadas por el precio de 8 millones de euros. Se trata de las numeradas 14 y 15 y la finalidad de esta enajenación nada tiene que ver con las viviendas protegidas, sino que, en parte, va para financiar los destrozos del polideportivo por la riada y, por lo tanto, para un inmueble levantado en pleno dominio público hidráulico del río Jarama y, por lo mismo, inundable y no urbanizable y susceptible de ser objeto de inundaciones recurrentes como sucedió en enero del año pasado. Es muy dudoso, desde luego, que este tipo de operaciones se ajusten a la ley de Suelo que regula el Patrimonio Municipal de Suelo.

Como puede verse, según el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, señaladas en rojo las zonas inudables (e inundadas recientemente) del municipio: la zona del SUP TO 1 y las instalaciones de CARREFOUR y el Polideportivo, inundado varias veces en el último año con daños considerables a lo que van a destinar 8 millones de euros sin que se puede garantizar que no vuelva a inundarse, pues se halla localizado en pleno dominió público hidráulico.

Por cierto, la Delegación de Gobierno se ha prestado rauda a subvencionar con 3 millones de euros las reparaciones necesarias del Polideportivo, mientras el Ministerio de Transición Ecológica ha impuesto al Ayuntamiento "...sanciones de multas impuestas, a saber, multa de SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (60.789,94 euros) por Ocupación de cauces, y multa de TRES MIL EUROS (3.000,00 euros) por incumplimiento de la prohibición de acumular residuos sólidos, escombros o sustancias que puedan constituir peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno en la zona de servidumbre y policía de cauces". Natualmente, estas noticias no las conocerán los ciudadanos por los medios municipales férreamente controlados y ni siquiera por los no controlados. Al contrario, unos y otros nos presentan imagenes como estas de abajo donde el Delegado del Gobierno viene a territorio amigo para anunciar las medidas que habían implementado para evitar o paliar la riada del río Jarama a su paso por San Fernando de Henares. Mientras tanto, el mismo gobierno central cortó las subvenciones ordinarias lo que obligó al Ayuntamiento a pedir un crédito extraordinario, por el impago de las multas impuestas al Ayuntamiento por el abandono de los cauces del mismo río a su paso por San Fernando de Henares, con inumerables basureros y escombros acumulados junto al cauce susceptibles de producir desvíos del cauce natural y contaminación.

La irresponsabilidad y la desidia de los cauces  del río Jarama a su paso por nuestro municipio van a costarle sanciones y multas impuestas por la Confederación del Tajo al Ayuntamiento. Mientras, sin embargo, el mismo gobierno que multa subvenciona los destrozos de la riada al polideportivo municipal convertido en la más peligrosa barrera antrópica del río Jarama. Tanto, que incluso invade el dominio público hidráulico.

DOS EMPRESAS PÚBLICAS DEDICADAS A LACONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS OS CONTEMPLAN

En el año 2013 quebró la sociedad mercantil mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FRNANDO SL y, la quiebra de esta empresa, arrastró luego a la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO DE SAN FERNANDO DEHENARES SA que quebró en el año 2015 a resultas del concurso de acreedores de la primera. Así, los sucesivos equipos de gobierno se constituyen todos ellos en Junta Liquidadora de esta última sin que consigan liquidarla. Al contrario, cada vez le cuesta más dinero al Ayuntamiento con préstamos de más de cinco millones de euros ya irrecuperables y sin más actividad que liquidar los exiguos activos que le quedan.

Por lo que se refiere a la primera, como es conocido, el Ayuntamiento ha adquirido los activos de dicha sociedad pero, en realidad, lo que ha hecho ha sido subrogarse en todas sus obligaciones urbanísticas incluidas las gravísimas infracciones que la empresa perpetró en la UE-1 del PGOU. Asimismo, afirma haber adquirido también todos los inmuebles entre ellas 167 viviendas. De las cuales, 52 fueron ofrecidas como viviendas protegidas celebrando un sorteo de las viviendas en el salón de plenos como puede verse por la foto de abajo en la que aparece el hoy alcalde Corpa.

Pues bien, quebraron dos empresas públicas dedicadas a la promoción de viviendas incluso protegidas, sortearon viviendas protegidas y pidieron dinero a los adjudicatarios que ahora se niegan a devolver y por supuesto nunca han visto las viviendas, compraron los activos a la sociedad quebrada en lo que ellos calificaron como el negocio del siglo, y ahora se hallan atrapados en un cúmulo de infracciones urbanísticas jamás visto por estos lares. Y, con estos antecedentes, ¡pretenden que Madrid les ceda uno de los sectores de suelo próximo a San Fernando para su gestión! Y, no dudamos que como los del PP son así de generosos con quienes han sido incapaces de gestionar la Unidad de Ejecución nº 1 de su PGOU, declarada la nulidad de todos sus instrumentos de planeamiento y de gestión, la permuta se hará. Que no les pase nada a los propietarios del sector que aspira a anexionarse el alcalde Corpa, no le basta con las calamidades propias que va también a exportar el mismo modelo a otros municipios.