LA LEY DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA - MANIPULA QUE ALGO QUEDA (Y III)

 

EL CENTRO DE PROTECCIÓN DE LA MUJER DURANTE EL FRANQUISMO Y LOS PRIMEROS AÑOS DE LA DEMOCRACIA 

(1941 - 1985)

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El Patronato de Protección de la Mujer durante el franquismo no comenzó sino después de 1943 a pesar del acuerdo de reiniciar tras el paréntesis de la República y la guerra civil su actividad, bajo la invocación e inspiración del Real Patronato para la represión de la Trata de Blancas de la monarquía. La referencia al nacionalcatolicismo en la orden era una retórica utilizada por los funcionarios del régimen como en el caso, por ejemplo, de la Obra de Auxilio Social durante la guerra civil y vinculado a la Sección Femenina de la Falange, pero heredera en buena parte de los Centros de Refugiados de la República tras la misma guerra civil. Esta institución fuertemente ideologizada, también tuvo una considerable actividad en el campo de la protección de la mujer duplicando en buen parte las funciones.

EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE RITA FERNANDEZ QUEIMADELOS

Arriba la celebración del primer consejo de constitucion del Patronato de Protección de la Mujer en 1943 bajo la presidencia de la mujer de Franco, Carmen Polo

Es en 1944 cuando se inician los primeros trabajos para restaruar el centro de San Fernando de Henares del Patronato de Protección de la Mujer encargado a la Dirección General de Regiones Devastadas dependiente del Ministerio de Gobernación. En dicho centro trabajaba la arquitecta gallega Rita Fernández Queimadelos, tercera mujer que se graduaba con esa especialidad en todo el Estado. Y uno de los primeros encargos que le llegó fue, precisamente, restaurar el centro de Protección de la Mujer en San Fernando de Henares.

Aunque los bocetos y los planos vayan firmados por el arquitecto García de la Rasilla (que era el arquitecto jefe de la Dirección de Regiones Devastadas), el proyecto era íntegramente de Rita como puede verse en la Memoria que sí va firmada por ella.

La Memoria firmada por Rita Fernández Queimadelos así como los planos y el resto del Proyecto de reforma, revelan que dicho centro estuvo ocupado por las milicias populares durante la guerra civil y que, al finalizar esta, presentaba un lamentables estado de ruina en varias partes de su estructura. Razón por la cual, era necesaria una reforma cuyo importe ascendía a 2,3 millones de pesetas. 

Sin embargo, el presupuesto previsto que iba a ser financiado con cargo a los de la Dirección de Regiones Devastadas, no pudo ejecutarse en 1944 por lo que debió esperar al ejercicio de 1948, si bien con algunas partidas que debieron ser revisadas, ascendiendo el Presupuesto final a 2,8 millones de pesetas. Por su parte, de la Memoria y del Programa se desprende que el número de mujeres que pensaban atender eran de 200 y que incluso estaría dotada de una enfermería. La ampliación del presupuesto fue compartido al 50 % con el Patronato.

LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO CENTRO EN 1949

Como se indica, tras la profunda reforma y rehabilitación proyectada por la arquitecta Rita Fernández sobre la antigua casa administración del Real Sitio, fue ejecutada la obra y su inauguración contó incluso con la presencia del entonces Ministro de Justicia y otras autoridades que fueron recibidas en las puertas del Centro, por las propias internas y por las monjas que lo atendían.

La comitiva oficial desplazada a San Fernando de Henares en 1949, para inaugurar oficialmente el nuevo centro tras su reforma acometida con fondos de Regiones Devastadas

La recepción de la comitiva oficial recibida en la plaza de Fernando VI en 1949

Algunas de las internas y las monjas del centro esperando la visita de la representación oficial que inauguraría el centro en el año 1949, después de diez años cerrado y otros tres ocupado por las milicias populares durante la guerra civil

1964: NUEVA GRAN REFORMA

LA CONSTRUCCIÓN DE UN GRAN COMPLEJO FORMATIVO

En el año 1964 los responsables del Patronato decidieron acometer una verdadera renovación y ampliación del centro, para convertirlo en un complejo educativo dotado de todo tipo de instalaciones orientadas a la formación profesional de las internas. El complejo se ejecutó en cuatro fases, siendo la última en 1972 correspondiente a la valla perimetral que hoy se halla ejecutada.

El presupuesto total manejado se acercó a los diez millones de pesetas, siendo la primera la correspondiente a las instalaciones de los talleres educativos donde en una de las alas, la más próxima a la calle la Presa, contaba con un amplio y recoleto salón de actos y teatro. La acometida de las obras no obstante, además de cambiar la entrada al acomplejo a la calle la Presa cerrando la de la plaza de Fernando VI, supuso también la total demolición del antiguo histórico edificio de la casa administración del Real Sitio. 

El autor de proyecto fue Luis G. de la Rasilla, adscrito como arquitecto jefe a la Dirección General de Regiones Devastadas, un departamento del Ministerio de Gobernación que tenía por misión promover la rehabilitación de zonas afectadas en las ciudadaes por las acciones de la guerra civil.

Perspectiva del Complejo "El Pilar" tras la segunda fase y la construcción de los cuatro primeros pabellones y de los talleres y del salón de actos. En las sucesivas fases se incorporó otro pabellón más correspondientes a la residencia de las monjas, la iglesia y la tapia de cerramiento del complejo

CAMBIO DE RÉGIMEN Y DE ESTATUS EN EL PATRONATO: MÁS OBRAS

A la muerte de Franco en 1975, el Patronato de Protección de la Mujer siguió adscrito al Ministerio de Justicia, y el modelo de funcionamiento no fue muy diferente al de la época de la monarquía. En muchas delegaciones provinciales la colaboración con congregaciones religiosas femeninas (monjas) con las que existían convenios, permitió al Estado atender muchos de los ingresos derivados a esas congregaciones. Si bien, en realidad, las internas en el Patronato habían disminuido considerablemente. Tanto es así que, en 1980, el Ministerio de Justicia decidió integrar el Patronato en el Consejo de Protección de Menores, pasando a depender el Patronato así y por esa razón, del Consejo de Protección del Menor. Siendo por lo tanto falso que el Patronato estuviera funcionando a partir de esa fecha, 1980, como tal Patronato de Protección de la Mujer. Si bien fue disuelto ficialmente en 1985, ciertamente llevaba cinco años con sus funciones y personal plenamente integrado en el Consejo de Protección de Menores.

En el caso del Centro de San Fernando, además, fueron afrontadas nuevas obras de reparación del centro así como de adaptanción de uno de los Pabellones. Pero con presupuesto a cargo exclusivamente del Consejo de Protección de Menores, no del Patronato. Y, además, las transferencias plenas de las competencias del Estado fueron transferidas a su vez en 1984 a la Comunidad de Madrid, entre cuyos inmuebles traspasados estaba el Centro de San Fernando de Henares.

Oficio del Consejo Superior de Protección de Menores de 1982 dirigido a la Directora de la Escuela de Formación "Nª Sª de Pilar", dándole traslado de un duplicado del Proyecto de reforma de las dependencias del Centro aprobado por Orden de diciembre de 1981 cuya ejecución se llevó a cabo ese mismo año

Las obras a ejecutar tenían por finalidad reformar y adaptar el Pabellón A del complejo y su encargo lo era íntegramente por el Consejo Superior de Protección de Menores. A esas fechas y a resultas de lo acordado por el Ministerio de Justicia, el Patronato de Protección de la Mujer ha desaparecido de toda la documentación administrativa, al menos por lo que se refiere al Centro de San Fernando convertido, además, en Escuela de Formación

La adaptación y reforma del Pabellón A tenía por finalidad acondicionar despachos para el médico, el psicólogo y la asistenta social, además de otras dependencias para visitas, usos mútiples y conserje. Todo con cargo a los presupuestos del Consejo Superior de Proteccion del Menor

Y el Presupuesto ascendía a nada menos que 3,6 millones de pesetas, aprobado con cargo íntegro al presupuesto del Consejo Superior de Proteccion del Menor. También fueron realizados otros gastos relacionados con reparaciones de instalaciones por robos y reparación de las cubiertas de los pabellones y otras instalaciones de acometidas de agua. Todas íntegramente financiados también por el Consejo Superior

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Todo lo anterior demuestra indubitadamente varias cosas: i) que es falso que el Patronato de Protección de la Mujer funcionara como tal hasta 1985, sino que, de facto, sus funciones y tareas de protección lo era bajo a la tutela de la protección de menores, ii) que, desde 1980, esas tareas de protección se ejercían por el órgano tutelar de la protección del menor, circunstancia que ya sucediera también durante la República, iii) que, además, la disposición ministerial por la que cesaban las funciones de tutela del Patronato de Protección de la Mujer para ser ejercidas por el Consejo Superior de Protección del Menor lo eran, fundamentalmente, por la escasa existencia de internas en el Patronato en aquellas fechas, siendo nominalmente abolido en 1985, pero efectivamente traspasadas sus funciones desde 1980. Asumiendo incluso los gastos de mantenimiento y mejora de los centros e instalaciones como es el caso del de San Fernando de Henares.

EL CENTRO DE SAN FERNANDO: DE LAS RUINAS AL DERRIBO

La absurda e irresponsable actuación de la ampliación de la línea 7 B del Metro debería de incluirse en una de esas antologías de las negligencias públicas más señaladas. Desde el discernimiento de que esa negligencia tiene muchos padres que ahora escurren el bulto, cuando en su día celebraban como consecución propia torcer el brazo a la administración autonómica de Esperanza Aguirre y, muy especialmente, a la resistencia de quien era consejera entonces de la Consejería de Transportes Dolores de Cospedal quien manifestó, pública y rotundamente, su negativa a la ampliación con el parecer también de los técnicos de su departamento. La causa real que forzó la ampliación de la línea 7 fue para hacer llegar una estación al Hospital del Henares, localizado subrepticimanete en un lugar no urbanizable según el PGOU de Madrid antes de su intecambio con Coslada, pero luego apañado ilegalmente justo en el único lugar donde no podía estar. Esta localización ilegal del Hospital es la verdadera razón de lo que luego ha sido el mayor desastre de responsabilidad patrimonial que ha sufrido la administración autonómica. Consecuencia de una serie de decisiones disparatadas e ilegales, propiciadas tanto por los políticos autonómicos como los locales de Coslada y San Fernando.  Algún tribunal debería sentar en el banquillo a todos los cargos públicos, directivos, técnicos y empresas ejecutantes de este formidable desastre no exento tampoco de utilización vergonzante partidista.

Pues bien, ese disparatado y bochornoso suceso de la línea 7 b del Metro a su paso destructivo por el centro de la ciudad, ha sido también la causa de la demolicion definitiva del Complejo El Pilar y su potencial servicio de dotación pública, desaprovechada y abandonada en buena parte de su existencia desde que fue transferida su titularidad por el Estado en 1984 a la Comunidad de Madrid. Hoy, ha desaparecido todo como si hubiera pasado por allí un tornado destructor que haya arrasado con los cuatro pabellones, los centros de formación, el teatro, la iglesia luego convertida en sala de exposiciones. Además, naturalmente, de todas viviendas, negocios y propiedades privadas arrasadas y arruinadas también por semejante negligencia impune.

El Complejo de El Pilar y sus alrededores en el año 2007, fecha del inicio de las obras del Metro

La misma foto fija pero ya en 2025 con la manifestación más dramática de los destrozos inferidos a haciendas, viviendas y propiedades privadas y dotaciones públicas que, como el más que centenario centro del que fuera Real Patronato para la represión de la Trata de Blancas convertido un un páramo ya irrervesible incluso para el perfil de la ciudad. Todo arrasado por una incompetencia colectiva de cargos públicos de todos lo niveles que deberían de ser inhabilitados para siempre

Hoy se proponen convertirlo en un páramo de cemento y espacios libres convencionales de duro mortero y bancos. Un viaje centenario de un centro cuya historia habría que reinvidicar porque tampoco tenemos muchos de los que sentirnos identificados y que se había conservado a base de muchos millones de dinero público invertido, incapaces como hemos sido de conservar el legado que una vez, en 1888,  dedició la Corona entregar al pueblo por medio del alcalde del municipio con el mandato de conservarlo y aumentarlo. Ya nada queda prácticamente ejecutada también la desastrosa actuación en la plaza de España

Hasta diez millones de euros parece que ha costado o van a costar la ejecución de unas obras que disimulen este desastre. Sin dejar de caer en la cuenta que tan voluminosa cantidad camuflada sobre el enunciado de Actuaciones Integrales en el Parque Urbano de San Fernando de Henares, se supone que incluye también los correspondientes gastos de las demoliciones del complejo. Alguien debería de ser cuidadoso con el nombre que van a darle al parque, donde quedará sepultada para simpre nuestra memoria por la destrucción del que probablemente fuera el perfil urbano de la centralidad de la ciudad más genuino e identificativo. Y, lo que es más sorpredente, sin que la Comunidad de Madrid tenga el pleno dominio sobre el solar donde hoy se levanta este parque

El que probablamente será el pérfil urbano más genuino de la ciudad desaparecido para siempre. Hemos sufrido a lo largo del tiempo muchos desastres urbanísticos como el caso de la plaza de España, pero este nos ha arrebatado para siempre uno de esos perfiles identificativos de una ciudad que nunca fue demasiado cuidadosa desgraciadamente con lo suyo.

CODA FINAL

Aquí vemos al alcalde Corpa dando lectura a una especie de moción suya hace un par de plenos no sin balbuceos que revelan que se lo han escrito, con objeto de reconocer y homenajear y dedicar un espacio a la desdichada chica que, en 1985, perdió su vida tratando de huir del Centro conocido como el Complejo del Pilar. La moción se produjo después de que participara en la presentación de un libro sobre la chica relacionando su desgraciada peripecia con el Patronato de Protección de la Mujer del franquismo ¡en 1985! Todo ello inscrito, además, en el contexto del proceso de declaración el Patronato de Protección de la Mujer "franquista" entre 1941 y 1985 como lugar de la Memoria Democrática.

Sin embargo, como ha quedado demostrado, ni el Patronato de Protección de la Mujer funcionó entre 1941 a 1985 ni, desde luego, el desgraciado fallecimiento de la joven sucedió estando bajo la tutela del Patronato sino bajo la responsabilidad directa del Consejo Superior de Protección de Menores. Es decir, bajo la institución conocida de los llamados reformatorios de menores pensados incluso para albergar a predelincuentes y delincuentes pues también han tenido funciones correccionales de personas con condenas del Tribunal Tutelar de Menores.

Desde 1980, el Patronato pasó a formar parte del Consejo Superior de Protección de Menores y, en 1981, ese mismo Centro Directivo aprobó y ejecutó obras por importe de casi cuatro millones de pesetas con cargo a sus propios presupuestos destinadas, entre otras, a modificar y adaptar el Módulo A donde se habilitaron despachos y estancias para un médico, un psicólogo y una asistenta social. Por lo tanto, en 1985 el centro de formación que es lo que realmente era el Complejo como se indica en los oficios emitidos, contaba o debía contar con todos esos profesionales porque para eso se invirtieron 3,6 millones de pesetas en su adaptación.

Aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y subirse al carro de la criminalización del Patronato de Protección durante el periodo franquista selectivamente elegido y con gravísimos errores, forma parte de una manipulación intolerable por su falta de rigor cuando no de mala fe a que tanto se presta la repetida Ley de Memoria Democrática como por otra parte resulta inevitable dado el sesgo de discrecionalidad que la misma contiene, y de lo que este caso es un buen ejemplo.

Y todo ello, además, donde el régimen de la República que lo precedió no solo se desentendió en casi su totalidad, sino que, por lo que se refiere al Centro de San Fernando fue entregado para su ocupación durante toda la guerra civil por las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia. Sin perder de vista tampoco que, durante la propia guerra civil, San Fernando se caracterizó por hallarse rodeado por la muerte violenta por sus cuatro costados, y donde la intervención de militantes del propio partido del alcalde (y del Ministro del ramo), no parece que respondieran al menos por esos hechos frente a la Justicia. Quedando por el contrario impunes sus presuntos crímenes precisamente por aplicacion de la Ley de Memoria Democrática.

Vincular San Fernando de Henares al Patronato de Protección de la Mujer del franquismo, a tavés de o por medio de un suceso lamentable de una chica que a la fecha que sucedió (1985) no pertenecía al Patronato sino al Consejo de Protección de Menores que contaba con Médico, Psicólogo y Asistente Social, constituye una irresponsable manipulación y un oportunista ejercicio de mendaz propaganda carente de escrúpulos por las causas que en esta entrada pretendemos contraponer a la frivoldiad exhibida por sesudos departamentos universitarios, que han concluido que el conocido como el centro de El Pilar, solo funcionó durante el franquismo y, además, sometió a sus internas a todo tipo de vajaciones dignas de un cuento de Dickens. Lo dicho, hablar de oidas para consumar una falsaria condena sobre al menos el centro de El Pilar cuya trayectoria histórica no se circunscribe solo a la época del franquismo, representa este lamentable estado de cosas que esta sectaria Ley viene produciendo en su aplicación práctica.

LEY DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA - MANIPULA QUE ALGO QUEDA (II)

 

LA INSÓLITA FORMA EN QUE SURGIÓ LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE BLANCAS MOVIMIENTO PRECURSOR DE LOS PATRONATOS INCLUIDO EL DE SAN FERNANDO

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El 4 de julio de 1885, el prestigioso diario londinense THE PALL MALL GAZETTE, publicaba un curioso reclamo a sus lectores consistente en advertir que, si eran personas sensibles y no amantes de los escándalos, deberían de abstenerse de leer el periódico en los próximos tres días. La advertencia, obviamente, creó una gran expectación y la información que el periódico ofreció a sus lectores en los siguientes días fue ciertamente impactante.

The Pall Mall Gazette era un periódico inicilamente liberal en medio de la época victoriana del imperio británico, si bien, en función de los cambios de la propiedad estuvo adscrito también en su línea editorial al partido conservador.

La expectación hábilmente levantada por su director con aquel reclamo, no solo es que no defraudara las expectivas sino que causó un tremendo escándalo al publicar con los más escrabosos detalles el gran problema que la victoriana sociedad británica, volcada en la familia y sus valores morales, evidenciaba ocultar: la existencia de un comercio de mujeres conocido luego como la trata de blancas, ligadas en muchos casos a la prostitución y un lucrativo negocio de gentes de negocios aparentemente venerables, en connivencia con prostíbulos y lupanares donde eran reclutadas mujeres y niñas para satisfacer la demanda de los hombres más poderosos de las colonias como la India o Egipto.

Las publicaciones de PALL MALL eran tan brutales que buena parte de la victoriana sociedad londinense negó que fueran ciertas, lo que provocó virulentas reacciones e incluso la creación de una comisión en el Parlamento con objeto de investigar si la información del periódico era cierta o había incurrido en el amarillismo que destestaban. También se produjeron manifestaciones multitudinarias contra el periódico y un gran debate social y político pero no tanto sobre el problema denunciado, como sobre la información que denunciaba la gran hipocresía de muchos hombres y corporaciones tenidas por serias, y que estaban entregados a lucrativo negocio de la trata de blancas.

Sin embargo, las conclusiones de la comisión parlamentaria fueron contundentes: la información del periódico era cierta y debidamente contrastada. Ahí nació la conciencia en la ciudadanía británica de que algo había que hacer en relación con aquel problema.

EL SURGIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

De la sociedad civil británica tan vigorosa siempre, comenzaron a surgir voces que pedían a los gobiernos una contundente respuesta contra los traficantes y beneficiarios de tan lamentables prácticas donde las mujeres e incluso las niñas más vulnerables y casi siempre ligado a la prostitución, eran víctimas propiciatorias de aquel lucrativo mercado de mujeres cuyos cuerpos se ofrecían a los pudientes personajes de exóticos países dispuestos a multiplicar el beneficio del negocio por mil.

Y una de las personas civiles y más radical activista especialmente con la tolerancia de la prostitución fue Josefina Butler, una feminista de primera hora londinense casada con hijos y católica, convertida, contra viento y marea, en una denfensora de las mujeres víctimas de la prostitución de la que culpaba a los hombres y a la desigualdad social. Su lucha era por dotar a las mujeres de mecanismos de acceso a la formación y educación para evitar caer en las redes de la prostitución y la trata.

A su causa se unieron muchas personas y sobre todo mujeres de todo el mundo, pues consiguió hacer que el problema de la trata de blancas fuera reconocido por muchos países. Primero los europeos y después en América. Y, en esa tarea le fue de gran ayudada un hombre: Mr. William Alexander Cote, que actuó como su embajador ante otras cortes y gobiernos europeos incluida la corona Española en aquellos años con la regencia de la reina María Cristina. De la misma forma, consiguió también la implicación de la propia corona británica y, particularmente, del poderoso Duque de Wetminster quien aceptó asistir al primer congreso en Londres en 1899 sobre la Trata de Blancas, y a la que asistieron o se adhirieron muchas casas reales de Europa. Hasta un total de doce países.

Aquel primer Congreso pudo constatar que, en numerosos puertos y estaciones de las principales ciudades europeas, funcionaban sociedades (hoy se diría mafias) incluso secretas o abiertamente mercantiles, que se dedicaban al lucrativo negocio de la trata de blancas y que obtenían sus jugosos beneficios de comprar en esas ciudades a mujeres y niñas extraidas de lumpen y de la prostitución por precios que podían multiplicar por mil en exóticos países, donde eran muy bien cotizadas las mujeres blancas de los países europeos.

Tres años depués del primer Congreso de Londres, se celebró una conferencia en París y en 1901 otro Congreso en Frankfurt. El movimiento contra la trata de blancas acogido por los gobiernos de casi toda Europa, estaba pues en marcha, quedando oficialmente constituido en España en 1902 bajo el patrocinio de la Corona y en particular de la Reina Cristina, y adscrito al Ministerio de Justicia el denominado REAL PATRONATO PARA LA REPRESIÓN DE LA TRATA DE BLANCAS, dotado de personalidad jurídica y Estatutos fundacionales para la lucha contra los traficantes y la protección de las mujeres que podían caer en las redes de captación.

LA PERIPECIA DEL PATRONATO A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES REGÍMENES POLÍTICOS DESDE 1902 A 1985 CON REFERENCIA AL CENTRO DE NUESTRO MUNICIPIO

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BAJO LA MONARQUÍA

El Patronato Real publicaba unos Boletines Informativos cada mes donde daba cuenta de la marcha de sus actividades, alcanzando ya en 1908 una Delegación abierta en cada una de las ciudades de provincia, y con atención a mujeres acogidas que ya alcanzaban cerca del millar. En este de febrero de 1908 vemos que el arquitecto del Patronato da cuenta del Proyecto de obras para la reforma y transformación del edificio situado en San Fernando del Jarama donado al Patronato un año antes por su propietaria Dª Elisa Calonge.

El Presupuesto previsto para la reforma era de 147.148,35 Pesetas, si bien el propio arquitecto explicaba que eran necesarias 54.000 pesetas más para el saneamiento general y la conducción del agua, así como otras 40.000 pesetas para el mobiliario y otras obras exteriores. Importes que se aplicarían al presupuesto del ejercicio de 1910 fecha que preveía su terminación la contrata.

Por lo que se refiere a datos estadísticos, el INE tiene recogidos minuciosos detalles de los ingresos y salidas de todos los centros del Patronato entre los años 1912 a 1926 como se indicara en la imagen que se adjuntaba y que, por su tamaño no se apreciaba bien, razón por la que la reproducimos.

DURANTE LA REPÚBLICA

La República no solo no mostró mucho interés por el Patronato sino que directamente lo disolvió apenas unos meses después de la toma posesión del gobierno en abril de 1931. Y fue precisamente el 1 de junio del mismo año, cuando quedó disuelto mediante una orden del minisro de Justicia quedando al cargo una comisión provisional con funciones de liquidación mediante su traspaso al Consejo de Protección de Menores.

Sin embargo, en septiembre del mismo año, en lugar de confirmar su disolución acordaron por el contrario su reorganzación subsistiendo a partir de esa fecha si bien le fue cambiado el nombre por Patronato de Protección de la Mujer dirigido por un Consejo constituido por mujeres relevantes del feminismo si bien todas ellas pertenecientes a partidos republicanos.

No obstante, en el año 1933, la directora del Patronato, concedía una entrevista al periódico Libertad de Madrid donde explicaba la situación del mismo.

La Directora del Patronato se queja de la falta de recursos y asegura que tenía asignado un presupuesto de 75.000 Pesetas de las cuales, 60.000, se iban en atender precisamente el centro de San Fernando de Henares, lo cual quiere decir que, en la práctica, era el único centro del Patronato que en aquellos momentos funcionaba. El cambio de régimen y las disposciones del gobierno republicano habían hecho que quedaran clausuradas la casi totalidad de las Delegaciones excepción del centro de San Fernando de Henares. Era ministro de Gracia y Justicia entonces el socialista D. Fernando de los Ríos. En la práctica, la República, que no veía con buenos ojos nada que procediera de la Monarquía, dejó casi abandonado a su suerte el Centro, quedando registrado el nombramiento mediante concurso de su Directora en 1934.

EL CENTRO DEL PATRONATO DE SAN FERNANDO DURANTE LA GUERRA CIVIL

Ya se ha dicho en la entrada anterior que en el mes de mayo de 1936, el gobierno del Frente Popular había decretado la práctica disolución del Patronato integrándolo en las instituciones de protección de menores. Aquella decisión tuvo como primer correlato la destitución de la Directora del centro del Patronato en San Fernando y el amotinamiento de las internas. Sin  embargo, pronto les fue incoado una causa criminal por desórdenes públicos y aplicada tanto la temible Ley de Orden Público como el Estado de alarma decretado también desde que tomó posesión Azaña en febrero de 1936. El amotinamiento y las protestas de las internas del Patronato reprimido con la aplicación de severos tipos penales pasó a la Audiencia Provincial tras las Diligencias abiertas en el Juzgado de Alcalá de Henares y se iniciaron a finales de junio de 1936. Es decir, apenas a un mes del inicio de la guerra civil.

San Fernando de Henares era una pequeña ciudad de unos 800 habitantes de hecho y 200 de derecho cuando estalló la guerra civil en julio de 1936. La mayor parte de la población habitaba en las viviendas de la plaza de España y los dos trapecios entre la hoy avenida de la Constitución y la plaza de Fernando VI como puede verse en la fotografía de abajo. La flecha en rojo indica el centro de Protección de la Mujer en más o menos aquellas fechas.

DESAPARECE EL PATRONATO Y SUS INSTALACIONES LE SON ENTREGADAS A LA MILICIA LOCAL

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El Patronato de Protección de la Mujer adscrito al Ministerio de Gracia y Justicia pasó inmediatamente antes del inicio de la guerra civil al Consejo Superior de Protección de Menores con el gobierno de Casares Quiroga. Como es sabido, el inicio de la sublevación el 18 de julio de 1936 de una parte del Ejército pilló al entonces Presidente del Consejo totalmente desprevenido, lo que le obligó a dimitir el mismo día 18 en plena crisis. Le sucedió un miembro del también partido del Presidente Azaña, Diego Martínez Barrio, nombramiento del que receleban los partidos del Frente Popular y muy especialmente del PSOE, al sospechar que el nuevo nombramiento pretendia congraciarse con los sublevados y propiciar con ello desde el gobierno una suerte de impasse para reconducir la situación. Sin embargo, el ala dura del Frente Popular rechazó ese pretensión lo que llevó Martínez Barrio a su dimisión apenas unas horas después de su nombramiento. Azaña nombró en plena crisis a su correligionario de partido José Giral quien, cediendo a la presión de los partidos del Frente y de los sindicatos permitió el reparto de armas a los civiles militantes. Si bien la entrega de armas entre los civiles pretendía serlo para la defensa de la República, en la práctica, aquella controvertida decisión propició que en muchos lugares pero sobre todo en Madrid, funcionaran como grupos armados incontrolados sembrando el caos y terror en la retaguardia. Esto, tras el caos inicial, fue reconducido hacia lo que se llamaron Milicias de Vigilancia de la Retaguardia, grupos paramilitares de milicianos para aplicar las medidas que consideraran necesarias para garantizar el orden público, pero, en la práctica, con licencia para detener, requisar, interrogar y hasta ejecutar sumariamente y sin juicio alguno a todo elemento considerado desafecto el régimen.

Apenas iniciada la sublevación de parte del Ejército y en medio de la euforia general de noticias que anunciaban el fracaso del golpe, se nunciaban también los puntos de atención a enfermos y heridos. Uno de esos puntos anunciado lo era precisamente el en otro tiempo Patronato de Protección de la Mujer de San Fernando pero ahora ya convertido oficisamente en una depedencia del Consejo Superior de Proteccion de Menores, si bien bajo control de las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia locales según se reguló inmediatamente a primeros de agosto.

COMIENZAN LOS PASEOS Y LOS ASESINATOS INCONTROLADOS

Aunque la violencia política se constataba con anterioridad al propio levantamiento del Ejército en julio de 1936, producido este y con las armas incotronladas en manos de milicias habilitadas para mantener el orden público se multiplicaron exponencialmente.

Por lo que se refiere a nuestro municipio y de manera somera, se tiene constancia por sumarios judiciales obrantes en el Archivo Histórico Nacional de 36 atestados correspondientes al levantamiento de cadáveres fallecidos por armas de fuego, depositados en el kilómetro 17 de la Carretera de Aragón que era como se describía entonces y hoy frente al centro comercial de Carrefour. Muchos de ellos sin posibilidad de identificación alguna y otros, aunque identificados, el Juzgado instructor de guardia de Alcalá de Henares, no se molestó en ninguno de los casos en ordenar investigación policial de ninguno de los casos. Así estaba el panorama, decenas de muertos entre el 22 de julio de 1936 y noviembre del mismo año, y ni una sola diligencia policial para esclarecer los hechos. El Juzgado se limitaba en casi todos los casos a levantar el cadáver e indetificarlo si era posible y ordenar su inhumación algunos de ellos en el cementerio de San Fernando, pues no eran reclamados por sus familiares en casi ninguno de los casos.

Por su parte, aparecieron registrados los cadáveres de vecinos de San Fernando de Henares entre el septiembre de 1936 y enero de 1937 en los eriales de Vallecas y la zona de Barajas. En el primero de los casos y en el mismo día 22 de septiembre de 1936 aparecen los cadáveres de Andrés García Sánchez y Domingo Barral García de 53 y 44 años respectivamente. Ambos tenían la condición profesional de industriales y, curiosamente, ambos habían desempeñado los cargos de Jueces Municipales como titular y suplente. Fueron asesinados el mismo día.

Por su parte, en Barajas aparecieron en enero de 1937 los cadáveres de dos hermanos: Benito Guzmán Delgado y Luisa Guzmán Delgado de 48 y 49 años respectivamente. Ambos también muertos por armas de fuego y sin filiación política conocida.

LAS SACAS DE LA CÁRCEL MODELO Y SAN FERNANDO DE HENARES: LA MATANZA DENUNCIADA POR EL CÓNSUL DE NORUEGA

Aunque en las citas de numerosos libros y publicaciones se confunde el paraje con Torrejón de Ardóz por su proximidad, en realidad se trata del conocido como Soto de Aldovea en San Fernando de Henares, entre el palacio y el río donde, el 8 de noviembre de 1936, fueron fusilados sin juicio alguno 414 personas procedentes de la tristemente famosa cárcel Modelo de Madrid. En la foto de arriba, los trabajos de exhumación de cadáveres en 1940 para ser inhumados en el cementerio de Paracuaellos de Jarama.

Esta mantanza fue la última de las sacas de la cárcel Modelo en Madrid, y no solo por la intervención de Melchor Rodríguez García como consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid representando a la CNT y conocido como el "Ángel Rojo" por su decisiva intervención en paralizar las matanzas, sino también por la intervención y denuncia internacional de Felix Edourard Schlayer Gratwolh a la sazón cónsul de Noruega aunque de origen alemán. Su denodada e incansable lucha ante las autoridades republicanas por detener estas matanzas le llevo a denunciarlo internacionalmente, consiguiendo con ello evitar las nuevas sacas de las cárceles madrileñas. Y fue, precisamente, la matanza del Soto de Aldovea en San Fernando de Henares conocida y denunciada por el diplomático, lo que hizo que las autoridades republicanas de la Junta de Defensa de Madrid, paralizaran al menos las ejecuciones sin juicio en la retaguardia republicana.

El Cónsul de Noruega Felix Schlayer tuvo conocimiento de las sacas de la cárcel modelo de Madrid y de la ejecución de 414 presos en el Soto de Aldovea en San Fernando de Henares que no en Torrejón, y denunció incluso internacionalmente estas atrocidades perpetradas en la retaguardia republicana. PSOE y PODEMOS con la abstención de CIUDADANOS impideron poner una placa conmemorativa en el que fuera domicilio del consulado en la calle Abascal de Madrid, a pesar de figurar como propuesta en la Comisionada de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid bajo el mandato de Manuela Carmena. Alegaron que por su orgien alemán, era nazi. Lo cual obviamente nadie probó nunca.

Una cruz de piedra levantada por el sufragio particular de la viuda de Alfonso Álvarez de Toledo muerto en la saca de 8 de noviembre de 1936, conmemora su fallecimiento junto con el de otros 413 colegas de prisión. Sin juicio ni sumario judicial alguno. Directamente fusilados. Según la Subdirección de la Memoria Democrática, este lugar, enclavado en un conocido paraje de nuestro municipio como Soto de Aldovea, no merece reconocimiento alguno de la Memoria Democrática.

LA RETAGUARDIA DE LA GUERRA EN SAN FERNANDO DE HENARES 

Aunque aparecen varias requisitorias judiciales contra milicianos con destino en San Fernando de Henares y, más cocretamente, en el que fuera Centro del Patronato de Protección de la Mujer por imputaciones de homicidios, no hay constancia de que la justicia llegara a alcanzarles.

Lo que sí se sabe a través de la Causa General y otros atestados e incluso de los consejos de guerra celebrados a partir de 1939, así como por las sospechas denunciadas por el nuevo alcalde en San Fernando de Henares de la autoria de los asesinatos y de la represión llevada a cabo por milicianos de las conocidas como Milicias de Vigilancia de la Retaguardia primero y del Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP), estaba constituida por unas ocho a diez personas vinculadas todas ellas al PSOE o UGT, y de los cuales destacaban los tres hermanos Guillén Ansola. Y, de estos, Alberto, que resultaba ser el panadero del municipio y militante activo de la Agrupación Socialista Madrileña (PSOE). 

Tras los primeros meses adscrito como lider de las Milicias de Vigilancia Locales y acusado de ser el autor de los asesinatos de los industriales y de los jueces municipales, su ascenso fue meteórico hasta alcanzar a ser Agente de la Dirección General de Seguridad con el grado de tercera clase. E, integrado en el CPIP, pasó a  formar parte activa de las conocidas como checas de Bellas Artes y de Fomento.

Fue juzgado en consejo de guerra por un Tribunal Militar y condenado a muerte. Si bien precisamente la Ley de Memoria Democrática ha anulado las sentencias de condena quedando los asesinatos de los vecinos de San Fernando impunes. También bajo el mandato de Manuela Carmena, se le incluyó en una relación de mártires republicanos figurando en una relación de 335 exonerados por la Ley de Memoria por el expeditivo método de declarar nulos los juicios, figurando junto con otros 335 "mártires" de la represión franquista en un listado fijado por el Ayunamiento de Madrid cuando gobernaban Manuela Carmena y Podemos.

Acto homenaje a las Brigadas Internacionales al 5º Cuerpo del Tren de la Columna Internacional organizado en San Fernando de Henares el 15 de julio de 1937 por el Socorro Rojo Internacional (SRI). Es decir, por el PCE

El mismo homenaje con intervención de la Secretaria femenina (sic) de las Juventudes Socialistas Unificadas (J.S.U), también del PCE.

LAS CONFISCACIONES

En medio de la guerra civil y con el gobierno instalado en Valencia por temor a la caída de Madrid a manos de los sublevados, no faltaron tampoco en nuestro municipio las secuelas de las confiscaciones de tierras y propiedades así como de la Caja de Reparaciones.

En 1938 y con los ministros del Frente Popular ya integrados en el gobierno (incluso con el PNV) el ministro de Agricultura Vicente Uribe (del PCE), inició una campaña en julio de 1938 confiscando todas las fincas de los elementos enemigos del régimen y declarados insurrectos, pasando a confiscar sus bienes.

Para dictar estas confiscaciones, primero los ayuntamientos constituidos en Juntas Municipales, debían elaborar un listado de personas desafectas acompañando el listado de la propiedades a confiscar. En San Fernando fueron seleccionados por la entonces corporación municipal constituida por el PSOE, la UGT y el PCE, siete propietarios declarados insurrectos: Manuel Carmena, Horacion Calonge Paje, Eduardo Fernández Miguel, Felipa Avilés Barral, José Garcini Díaz, José Martínez Teruel y José Méndez Polo, luego confirmada por la Junta Pronvicial.

He aquí una de las Fichas de las confiscaciones (aunque se indique expropiaciones fueron confiscaciones pues ninguno de ellos acudieron a firmar las actas de ocupación), pertenciente, precisamente, a Horacio Calonge, que era el albacea testamentario de las propiedades de la familia de Elisa Page, la donante de la finca y la casa de administración al Patronato Real de la Trata de Blancas, del que ya se habían apropiado durante la República y durante la guerra estaba ocupado por las milicias de vigilancia.

LOS FUSILAMIENTOS DEL CEMENTERIO DEL ESTE

Apenas finalizada la guerra civil en abril de 1939, el nuevo régimen de Franco se dedicó a depurar las responsabilidades de los gobernantes republicanos de todo tipo, aplicando la Ley de Responsabilidades  Políticas y formando Tribunales militares y sumarios consejos de guerra contra los responsables a todos los niveles.

Para ello, formó la que se conoce como Causa General mediante la relación de los asesinados en cada municipio y de los sopechosos de los crímines firmado por sus alcaldes. En San Fernando se contabilizaron los cuatro ya referidos y la lista de sospechosos eran inicialmente ocho si bien, finalmente, fueron capturados y sometidos a consejo de guerra cinco de ellos y fusilados el 15 de junio de 1939 en las tapias del cementerio del Este (hoy Almudena). Y otro de los sopechosos fue juzgado en consejo de guerra en 1940 y también fusilado.

Si bien, el listado ha sido extraído de un libro escrito por dos historiadores en 1997, existen discordancias al menos en alguno de los casos. No en el caso de Alberto Guillén Ansola que alcanzó incluso graduaciones militares y gran implicación en los servicios de información público cobertura real de las terribles checas de Bellas Artes y de la de Fomento.

Los consejos de guerra contra quien fuera el panadero de San Fernando de Henares y principal sospechoso o cuando menos el líder de los demás, sí parece que se celebraron junto con otros sesenta y pico chequistas más.

El consejo de guerra conjunto a los chequistas de Bellas Artes y Fomento, entre los que se encontraba Alberto Guillén. Todos fueron condenados a muerte y fusilados en las tapias del cementerio del Este el mismo día.

LA CONFRONTACIÓN QUE NO CESA: LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

El año pasado el gobierno declaró Lugar de la Memoria Democrática la tapia del cementerio del este hoy de la Almudena. Pero, lejos de constituir una oportunidad consensuada de reconocimiento y cierre de las heridas, ha servido para lo contrario porque el sectarismo revanchista anida aún en buena parte de los partidos, afectados por razones que escapan a este blog y a esta entrada.

Ya en el año 2018 fue posible comprobarlo en el Ayuntamiento de Madrid regido por la alcaldesa Manuela Carmena, quien, junto con el PSOE y Podemos y por presiones de las organizaciones de la memoria consiguieron que el pleno municipal aprobara un memorial con un listado de los represaliados por los juicios sumarísimos de los tribunales miliatares del franquismo, y que se acerca a la cifra de 2.936 víctimas. Si bien eso se hizo con la oposición de la gran Comisionada Francisca Sahuquillo, por tener graves reparos formulados en el trámite de las propuestas.

La alcaldesa Carmena con Podemos y el PSOE y la abstención de Ciudadanos, siguieron adelante con el memorial pese a saber y tener la evidencia de que en el listado memorial había más de 200 personas con graves delitos de sangre identificados como chequistas de Bellas Artes y Fomento. Entre ellos, aparecen cinco de los sospechosos de San Fernando de Henares acusados en la Causa General de ser los autores de los asesinatos de los dos jueces municipales y de los hermanos aparecidos en Vallecas y Barajas respectivamente. Si bien, no hay causa conocida al menos por nosotros por esos hechos sino por otros.

El memorial levantado en el cementerio del Este (la Almudena) con los nombres y apellidos, edad y fecha del fusilamiento acordado por el Ayuntamiento pleno de 2018. Entre los nombres que aparecen en ese listado, están efectivamente los milicianos iniciales de San Fernando (si bien no todos) y, muy singularmente el que obtuvo el mayor rango dentro del aparato de seguridad paralelo de la república: Alberto Guillén Ansola.

Sin embargo, nada más ganó las elecciones el partido del alcalde Martínez Almeida, desmontó el memorial y lo sustituyón por una placa que hace referencia al lugar y los fusilamientos siguiendo las indicaciones de la Gran Comisionada, en razón de la exitencia en dicho listado de más de 200 chequistas con graves acusaciones de sangre durante los años de represión republicana en el Madrid de Corte y Checa. Como puede verse, a estas alturas y tras más de ochenta años, ni siquiera sobre el listado memorial es posible que se pongan de acuerdo.

PRÓXIMA Y DEFINTIVA ENTRADA

EL CENTRO DE PROTECCIÓN DE LA MUJER DURANTE EL FRANQUISMO Y LOS PRIMEROS AÑOS DE LA DEMOCRACIA

(1941 - 1985)

LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA - MANIPULA QUE ALGO QUEDA

 

DE CÓMO SAN FERNANDO DE HENARES QUEDA VINCULADO INJUSTAMENTE EN LETRA DEL BOE A UN SINIESTRO RELATO TRUCULENTO CON LA COMPLICIDAD DEL ALCALDE

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(I)

Arriba la resolución reciente del BOE y abajo dos de los dictamenes e informes emitidos todos por órganos administrativos o departamentos universitarios variopintos y todos favorables al proyecto, claro, citando con patente frivolidad y no poco desconocimiento el caso de San Fernando como paradigma del siniestro funcionamiento del Patronato de Protección de la Mujer "franquista" "digno de las novelas de Dickens"

El pasado día 20 de marzo de 2026, el BOE nos sorprendía con una Resolución de la Secretaría de Estado de la Memoria Democráctica dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en virtud de la cual se incoaba expediente para la declaración de Lugar de la Memoria Democráctica el "Patronato de Protección de la Mujer 1941 - 1985".

La propia resolución y varios de los informes que constan en el expediente, hacen como única referencia toponímica a San Fernando de Henares como puede verse arriba, porque una de las instalaciones del Patronato conocida como el Refugio de El Pilar sito en la calle La Presa nº 2 perteneció (o eso han creído siempre las diferentes administraciones de lo que hablaremos más adelante) al Patronato de Protección de la Mujer. Obviamente, el Patronato contaba con otras muchas instalaciones y centros en numerosas ciudades, pero curiosamente solo se cita a San Fernando de Henares.

Lo primero que llama la atención es la razón por la que, si la Ley de Memoria Democrática acota y circunscribe su revisión a hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria histórica vinculada a la memoria democrática, el Ministerio de la cosa acota el periodo histórico de 1941 a 1985 para designar al Patronato de Protección de la Mujer bajo el franquismo, incluyendo al menos diez años tras la muerte de Franco y, por los mismo, en un periodo ya democrático. Y la respuesta es clara: se trata de una maniobra para incluir un desgraciado suceso de la muerte de una niña interna en el centro de San Fernando de Henares de la calle la Presa en 1983, y con ese pretexto, además, inferir que dicho Patronato quedó extinguido en 1985 lo cual, como buena parte del relato, no es tampoco cierto del todo.

La elección es caprichosa y discrecional, pero intencionadamente ampliada a un largo periodo democrático al fijarlo en 1985. La elección del Patronato de Proteccion de la Mujer "franquista" debería responder a la finalidad de circunscribir la aplicación de la Ley exclusivamente al perido franquista que datan en 1941 a 1975. Pero, si bien la fecha del inicio de la etapa del Patronato "franquista" se cifra en 1941 por el acuerdo ministerial que lo reorganiza, enuncia que da continuidad al Patronato originario de 1902 aunque sin embargo toma el nombre de la misma institución de la República en 1931. 

Los promtores del expediente califican el Patronato como una institución de represión y control de la mujer inoculando el espíritu del nacionalcatolicismo o la persecución de mujeres bajo el pretexto de apartarlas del mundo de la prostitución, o de tratar de modular su moral sexual con retenciones arbitrarias en este tipo de centros a los que les atribuyen una especie de cárceles clandestinas de jóvenes encerradas contra su voluntad y en la que incluyen al centro de San Fernando. Entregados a la reeducación moral - dicen- incluso a la tortura física y, por lo mismo, digno de figurar como lugar ignominioso de la dictadura. Y señalando, con la aquiescencia del alcalde a lo que parece, como el destinatario de una placa para la que parece tener todas las papeletas San Fernando de Henares, por el luctuoso hecho de la desdichada chica que falleció en 1983 cuando intentaba huir del centro pero cuya certificación de defunción al parecer  quedó transcrita como un suicidio.

El relato oficial, extraído de la proliferación de no pocos relatos más o menos truculentos y que ha dado lugar a incoar este expediente como Lugar de Memoria Democrática al Patronato de Proteccion de la Mujer "franquista", se extiende incluso a buena parte del gobierno socialista de Felipe González. Y parte del hecho de que dicho Patronato se reclama continuador del Real Patronato contra la Represión de la Trata de Blancas fundado en 1902 y, por lo mismo, con una larga historia detrás incluso en largos periodos democráticos anteriores a la República, en el cual ha tenido un importante protagonismo nuestro municipio si bien por puro azar tras su desamortización de la Corona en 1870. 

Merece la pena, no obstante, conocer en su total trayectoria la historia de este centro y no solo en la versión reducida e interesada de 1941 de 1985, por su interés y para desmentir o al menos desvincular el centro de San Fernando a una época y unos hechos que, en parte, no son sino datos manipulables y manipulados al socaire de la Ley de Memoria Democrática. Un verdadero artefacto que deja en manos del Gobierno no ya solo la plena discrecionalidad en la elección de los elementos objeto de aplicación, sino, lo que es más grave, en la narrativa oficial de una versión interesada y amputada de la historia acomodada  incluso a las fechas precisas y datadas caprichosamente como es este caso.

Debe ser conocida al menos por lo que se refiere a este centro de nuestro municipio cuya construcción se remonta a 1746 como la casa de administración del Real Sitio, mediante una aproximación a toda la historia porque, además, resulta ser un caso bien ilustrativo de cómo, el Estado, atropellando la legalidad además, es utilizado como pretexto para acomodar a los relatos ideológicos en este caso de los vencidos de la guerra civil con la pretensión, además, de ganarla noventa años después a costa de construir relatos cuya contraposición sin embargo no cabe porque no interesa al fin maniqueo y sectario de una Ley al servicio de una verdad histórica oficial, pero para realizar un revisinismo en una sola dirección. Ocultando otros aspectos de la historia que, obviamente, quedarán fuera del relato oficial.

Este caso de San Fernando y la azarosa peripecia del centro del Patronato de nuestra localidad hoy reducido y arrasado por otra no menos ignominiosa peripecia de la línea 7 b del Metro a una mera plaza reurbanizada, merece la pena ser conocido dentro las limitaciones que tiene una publicación en un blog como este, pero que puede servir para divulgar otras versiones diferentes a los relatos interesados y oficiosos, muchas veces sostenidas oficialmente con diletantes discursos como el del alcalde recientemente, aprovechando la presentación de un libro sobre el lamentable fallecimiento de la niña interna en 1983. Y, como toda la historia abarca varias decádas y por lo mismo es bastante largo, los seguidores interesados en este asunto habrán de tener paciencia porque requerirá varias entregas y no precisamente cortas pero de muchas sorpresas también. Comenzamos pues.

LA PERIPECIA DEL INMUEBLE QUE HOY LUCE COMO UN ESPACIO LIBRE

Tan pronto como se proclamó la segunda República, todos los organismos y dependencias e incluso las ciudades (caso de Ciudad Real a la que rebautizaron como Ciudad Libre) que tuvieran alguna reseña en su nomenclatura referida a la monarquía fueron literalmente borrados del mapa. Y esa fue la suerte del Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas, constituido bajo la monarquía restaurada de Alfonso XIII y adscrito al Ministerio Justicia en 1902, pero con vinculación a varios convenios internacionales y con la misma finalidad de la lucha contra la trata de blancas suscritos por casi toda Europa y algunos países del continente americano.

Una de las primeras cosas que hizo la República nada más proclamarse fue, como se dice, cambiarle el nombre por el de Patronato de Protección de la Mujer, casualmente lo mismo que el adoptado luego por la época de la dictadura franquista pero, eso sí, con un leve matiz: la República en 1931 adoptó la decisión de disolver el Patronato monárquico y nombró una serie de personalidades fundamentalmente mujeres adscritas a la República como Margarita Nelken o Clara Campoamor, entre otras, para ocupar el Consejo nacional en sustitución de las desginadas en el periodo anterior.

No obstante lo cual, el Estado republicano se quedó con todos los bienes e inmuebles del patronato monárquico disuelto, uno de los cuales era una donación modal por su propietaria Dª Elisa García Page obtenida en subasta por un tío suyo que pujó y pagó al Estado y a la Corona el correspondiente remate. Y que, fallecido, dejó en herencia a Dª Elisa, entre otros elementos desamortizados como la propia fábrica de tejidos y otras viviendas de la plaza de España, el de la antigua casa del Administrador sito entre la plaza de Fernando VI y la calle la Presa antes de Hernán Cortés. Así pues, la finca y el edificio de la conocida como casa de la administración, no pertenecía ni ha pertenecido nunca al Estado, porque incluso hoy tal y como figura en el Registro de la Propiedad, se trata de un inmueble donado al Estado pero cuya donación esta sujeta a que el mismo se dedique a la función del Patronato para la lucha contra la trata de blancas. Esa claúsula modal advertía que, si el inmueble dejara de dedicarse a esa función, inmediatamente era activada la correspondiente cláusula de reversión automática y con ello la donante o sus causahabientes recuperarían la propiedad y posesión de los mismos.

Breve esquema genealógico de la donante del inmueble

Plano del inmueble (10.000 m2) en rojo y donado por Dª Elisa García Page al Estado con cláusula de reversión modal automática si el inmueble dejaba de dedicarse a la protección de la mujer. En verde, la conocida como Casa de Administración con fachada a la Plaza de Fernando VI, La Presa y Nazario Calonge

La escritura de donación otorgada en 1906 firmada en nombre del Estado por el entonces ministro de Justicia D. Eduardo Dato, luego asesinado en la puerta de Alcalá por pistoleros arnaquistas en 1921

El Patronato, durante la epóca de la monarquía, no solo publicaba memorias de actividades y acuerdos adoptados incluso trimestralmente, sino que también recogía datos estadísticos por cada uno de los centros que dependían del mismo. Lo que, como puede comprobarse por el cuadro que conserva el INE, nos permite comprobar en el caso de San Fernando las altas y bajas y los motivos de ambas entre los años 1912 a 1926. Ni durante la República ni tampoco durante el franquismo, fueron editadas memorias de actividad y mucho menos datos estadísticos año a año. 

LA REPÚBLICA TAMBIÉN REPRIMIÓ A LAS INTERNAS DE ESTE CENTRO

(Y DE QUÉ MANERA)

La República, como es sabido, tuvo entre 1933 y 1935 un gobierno constituido por los partidos del centro y la derecha, es decir, el Partido Radical de Lerroux y la Ceda de Gil Robles. Durante ese periodo, el gobierno adoptó al final de su mandato un acuerdo de gran trascendencia a resultas de las recomendaciones de los organismos internacionales radicados en París: la de abolir la prostitución, un asunto de gran calado y siempre muy en concordancia con el tema de la Trata de Blancas.

Sin embargo, al gobierno del conocido como el "bienio negro" del centroderecha no le dio tiempo a implementar los acuerdos, toda vez que el Presidente de la República, Alcalá Zamora, presionado por los grupos de la oposición y al socaire del escándalo del caso del estraperlo, disolvió las Cortes y convocó elecciones a primeros de 1936 que ganaron (no sin reservas, ciertamente), los partidos que formaban el conocido como Frente Popular. Una muy amplia coalición formada por el PSOE, Izquierda Republicana, PCE, etc.

En todo caso, a la vista del resultado aunque era provisional y sin celebrar la segunda vuelta en muchas circunscripciones y huido literalmente el primer ministro puesto por el Presidente para intentar ganar las elecciones, Portela Valladares, encargó formar gobierno a D. Manuel Azaña quien se vio obligado a formar gobierno solo con su partido, Izquierda Republicana, ya que sus coaligados del Frente Popular como es el caso del partido mayoritario entonces, el PSOE, se negó a formar parte del Gobierno. 

Lo cual no le impidió encabezar varias semanas después una moción para nada menos que destituir al mismísmo Presidente de la República D. Niceto Alcalá Zamora, por, según los autores de la moción, haber infringido el mandato constitucional de utilización de la prerrogativa pesidencial de disolución de las Cortes para solo dos ocasiones, contando los promotores de la destitución tres disoluciones una de ellas correspondiente precisamente a la fase constituyente. La maniobra tuvo como correlato la destitución de D. Niceto por las Cortes y el posterior nombramiento como Presidente de la República a D. Manuel Azaña, y cuyo puesto de Presidente del Consejo lo dejó en manos de su correligionario D. Santiago Casares Quiroga.

Lo primero que hizo Azaña como presidente del Consejo fue decretar una amnistía general, quedando libres no solo los condenados y en prisión del golpe de 1934 principalmente de Asturias, sino también delincuentes comunes e incluso los asesinos de Eduardo Dato que cumplían condena de cadena perpetua. Al mismo tiempo, y haciendo uso de la prerrogativa que le otorgaba la Ley de Orden Público aprobada en 1933 (curiosamente, Franco utilizó esta misma temida ley republicana junto con la de Vagos y Maleantes también republicana para reprimir, no siendo sustituida sino hasta 1959 por otra), decretaba el Estado de Alarma que fueron prorrogando tanto él como Casares cada mes. Esto permitía al ejecutivo suspender los derechos y garantías constitucionales y era aplicada muy severamente a todo aquel individuo que tuviera comportamiento de desafección de la República o de simple protesta. Todos aquellos que quebrantaran el Estado de Alarma serían objeto de denuncias y procesos penales muy severos y con penas ciertamente muy altas y juzgados especiales.

Pues bien, el gobierno republicano de aquellas fechas, desbordado por la violencia desatada, agravó y aplicó los desordenes públicos a delitos contra el Orden Público decretando la aplicación del Estado de Alarma, con cuya aplicación quedaban suspendidas las garantías constitucionales. Y fue en mayo de 1936 cuando el gobierno adoptó una serie de resoluciones con respecto del Patronato de Protección de la Mujer ordenando la extinción de la Delegaciones Provinciales y Locales del Patronado y adscribiendo las mismas al Consejo Superior de Protección de Menores (algo que se repetirá muchas veces en la historia de estos centros), procediendo pues al cese de los responsables provinciales y locales y quedando adscritos los inmuebles y enseres del Patronato así como sus internas al nuevo Centro Directivo. 

Esta nueva reestructuración del Patronato y adscripción al Consejo Superior de Protección de Menores fue muy fuertemente contestado por las internas del Centro de San Fernando de Henares donde no solo quedó cesada su Directora sino que, también, las propias internas quedarían adscritas al Consejo Superior de Proteccion de Menores y, en su caso, trasladadas a los Centros de Menores. El descontento de las internas con estas deciciones fueron violentamente contestadas constituyéndose casi en un motìn con la toma del Centro y la rotura y quema de su mobiliario y demás instalaciones en señal de protesta. Especilamente se rebelaban contra la sutitución de la Directora del Centro, una persona que había accedido al puesto precisamente por medio de un concurso de méritos.

La fuerte represión ante el motín de las internas expresado violentamente contra el mobiliario de las instalaciones, se constituyó en forma de denuncia del Delegado gubernamental y la intervención de la policía que levantó atestado dando cuenta al Juzgado de lo Penal de Alcalá de Henares, incoando un Procedimiento penal especial con aplicación del Estado de Alarma y recayendo sobre las internas rebeldes posibles penas de prisión por desórdenes públicos. 

Sumario abierto a las internas el día 22 de junio de 1936, apenas un mes antes del inicio de la guerra civil, a resultas de sus protestas y desórdenes como consecuencia del cambio de la Directora y de su nueva adscripción al Consejo de Ptrotección de Menores. Se les aplicó nada menos que la temida Ley de Orden Público que entonces tenía también decretado el Estado de alarma asociado, lo que suponía la incoación por Tribunales Especiales de Orden Público y penas más severas. Se les imputaba un delito de desórdenes públicos y en pleno Estado de Alarma. Lo que podía suponer una pena de arresto mayor para todas ellas agravadas por la aplicación del de Alarma.

Las internas, ante la amenaza de aplicarles la durísima legislación penal en pleno Estado de Alarma se vieron obligadas a acatar la disposición dictada: supresión de delegaciones del Patronato e ingreso en el Consejo Superior del Patronato de Protección de Menores, lo que supuso, obviamente, el cambio también de la directora que había accedido un par de años antes al puesto mediante un concurso de méritos y cobrando 6.000 pesetas al año. Por supuesto, los inmuebles que pertenecieran al Patronato de la Mujer pasarían a ser propiedad del Consejo Superior cualquiera que fuera el título de adquisición.

PRÓXIMA ENTRADA

(II)

EL PATRONATO Y SAN FERNANDO DURANTE LA GUERRA CIVIL