LA INSÓLITA FORMA EN QUE SURGIÓ LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE BLANCAS MOVIMIENTO PRECURSOR DE LOS PATRONATOS INCLUIDO EL DE SAN FERNANDO
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El 4 de julio de 1885, el prestigioso diario londinense THE PALL MALL GAZETTE, publicaba un curioso reclamo a sus lectores consistente en advertir que, si eran personas sensibles y no amantes de los escándalos, deberían de abstenerse de leer el periódico en los próximos tres días. La advertencia, obviamente, creó una gran expectación y la información que el periódico ofreció a sus lectores en los siguientes días fue ciertamente impactante.
The Pall Mall Gazette era un periódico inicilamente liberal en medio de la época victoriana del imperio británico, si bien, en función de los cambios de la propiedad estuvo adscrito también en su línea editorial al partido conservador.
La expectación hábilmente levantada por su director con aquel reclamo, no solo es que no defraudara las expectivas sino que causó un tremendo escándalo al publicar con los más escrabosos detalles el gran problema que la victoriana sociedad británica, volcada en la familia y sus valores morales, evidenciaba ocultar: la existencia de un comercio de mujeres conocido luego como la trata de blancas, ligadas en muchos casos a la prostitución y un lucrativo negocio de gentes de negocios aparentemente venerables, en connivencia con prostíbulos y lupanares donde eran reclutadas mujeres y niñas para satisfacer la demanda de los hombres más poderosos de las colonias como la India o Egipto.
Las publicaciones de PALL MALL eran tan brutales que buena parte de la victoriana sociedad londinense negó que fueran ciertas, lo que provocó virulentas reacciones e incluso la creación de una comisión en el Parlamento con objeto de investigar si la información del periódico era cierta o había incurrido en el amarillismo que destestaban. También se produjeron manifestaciones multitudinarias contra el periódico y un gran debate social y político pero no tanto sobre el problema denunciado, como sobre la información que denunciaba la gran hipocresía de muchos hombres y corporaciones tenidas por serias, y que estaban entregados a lucrativo negocio de la trata de blancas.
Sin embargo, las conclusiones de la comisión parlamentaria fueron contundentes: la información del periódico era cierta y debidamente contrastada. Ahí nació la conciencia en la ciudadanía británica de que algo había que hacer en relación con aquel problema.
EL SURGIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
De la sociedad civil británica tan vigorosa siempre, comenzaron a surgir voces que pedían a los gobiernos una contundente respuesta contra los traficantes y beneficiarios de tan lamentables prácticas donde las mujeres e incluso las niñas más vulnerables y casi siempre ligado a la prostitución, eran víctimas propiciatorias de aquel lucrativo mercado de mujeres cuyos cuerpos se ofrecían a los pudientes personajes de exóticos países dispuestos a multiplicar el beneficio del negocio por mil.
Y una de las personas civiles y más radical activista especialmente con la tolerancia de la prostitución fue Josefina Butler, una feminista de primera hora londinense casada con hijos y católica, convertida, contra viento y marea, en una denfensora de las mujeres víctimas de la prostitución de la que culpaba a los hombres y a la desigualdad social. Su lucha era por dotar a las mujeres de mecanismos de acceso a la formación y educación para evitar caer en las redes de la prostitución y la trata.
A su causa se unieron muchas personas y sobre todo mujeres de todo el mundo, pues consiguió hacer que el problema de la trata de blancas fuera reconocido por muchos países. Primero los europeos y después en América. Y, en esa tarea le fue de gran ayudada un hombre: Mr. William Alexander Cote, que actuó como su embajador ante otras cortes y gobiernos europeos incluida la corona Española en aquellos años con la regencia de la reina María Cristina. De la misma forma, consiguió también la implicación de la propia corona británica y, particularmente, del poderoso Duque de Wetminster quien aceptó asistir al primer congreso en Londres en 1899 sobre la Trata de Blancas, y a la que asistieron o se adhirieron muchas casas reales de Europa. Hasta un total de doce países.
Aquel primer Congreso pudo constatar que, en numerosos puertos y estaciones de las principales ciudades europeas, funcionaban sociedades (hoy se diría mafias) incluso secretas o abiertamente mercantiles, que se dedicaban al lucrativo negocio de la trata de blancas y que obtenían sus jugosos beneficios de comprar en esas ciudades a mujeres y niñas extraidas de lumpen y de la prostitución por precios que podían multiplicar por mil en exóticos países, donde eran muy bien cotizadas las mujeres blancas de los países europeos.
Tres años depués del primer Congreso de Londres, se celebró una conferencia en París y en 1901 otro Congreso en Frankfurt. El movimiento contra la trata de blancas acogido por los gobiernos de casi toda Europa, estaba pues en marcha, quedando oficialmente constituido en España en 1902 bajo el patrocinio de la Corona y en particular de la Reina Cristina, y adscrito al Ministerio de Justicia el denominado REAL PATRONATO PARA LA REPRESIÓN DE LA TRATA DE BLANCAS, dotado de personalidad jurídica y Estatutos fundacionales para la lucha contra los traficantes y la protección de las mujeres que podían caer en las redes de captación.
LA PERIPECIA DEL PATRONATO A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES REGÍMENES POLÍTICOS DESDE 1902 A 1985 CON REFERENCIA AL CENTRO DE NUESTRO MUNICIPIO
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BAJO LA MONARQUÍA
El Patronato Real publicaba unos Boletines Informativos cada mes donde daba cuenta de la marcha de sus actividades, alcanzando ya en 1908 una Delegación abierta en cada una de las ciudades de provincia, y con atención a mujeres acogidas que ya alcanzaban cerca del millar. En este de febrero de 1908 vemos que el arquitecto del Patronato da cuenta del Proyecto de obras para la reforma y transformación del edificio situado en San Fernando del Jarama donado al Patronato un año antes por su propietaria Dª Elisa Calonge.
El Presupuesto previsto para la reforma era de 147.148,35 Pesetas, si bien el propio arquitecto explicaba que eran necesarias 54.000 pesetas más para el saneamiento general y la conducción del agua, así como otras 40.000 pesetas para el mobiliario y otras obras exteriores. Importes que se aplicarían al presupuesto del ejercicio de 1910 fecha que preveía su terminación la contrata.
Por lo que se refiere a datos estadísticos, el INE tiene recogidos minuciosos detalles de los ingresos y salidas de todos los centros del Patronato entre los años 1912 a 1926 como se indicara en la imagen que se adjuntaba y que, por su tamaño no se apreciaba bien, razón por la que la reproducimos.
DURANTE LA REPÚBLICA
La República no solo no mostró mucho interés por el Patronato sino que directamente lo disolvió apenas unos meses después de la toma posesión del gobierno en abril de 1931. Y fue precisamente el 1 de junio del mismo año, cuando quedó disuelto mediante una orden del minisro de Justicia quedando al cargo una comisión provisional con funciones de liquidación mediante su traspaso al Consejo de Protección de Menores.
Sin embargo, en septiembre del mismo año, en lugar de confirmar su disolución acordaron por el contrario su reorganzación subsistiendo a partir de esa fecha si bien le fue cambiado el nombre por Patronato de Protección de la Mujer dirigido por un Consejo constituido por mujeres relevantes del feminismo si bien todas ellas pertenecientes a partidos republicanos.
No obstante, en el año 1933, la directora del Patronato, concedía una entrevista al periódico Libertad de Madrid donde explicaba la situación del mismo.
La Directora del Patronato se queja de la falta de recursos y asegura que tenía asignado un presupuesto de 75.000 Pesetas de las cuales, 60.000, se iban en atender precisamente el centro de San Fernando de Henares, lo cual quiere decir que, en la práctica, era el único centro del Patronato que en aquellos momentos funcionaba. El cambio de régimen y las disposciones del gobierno republicano habían hecho que quedaran clausuradas la casi totalidad de las Delegaciones excepción del centro de San Fernando de Henares. Era ministro de Gracia y Justicia entonces el socialista D. Fernando de los Ríos. En la práctica, la República, que no veía con buenos ojos nada que procediera de la Monarquía, dejó casi abandonado a su suerte el Centro, quedando registrado el nombramiento mediante concurso de su Directora en 1934.
EL CENTRO DEL PATRONATO DE SAN FERNANDO DURANTE LA GUERRA CIVIL
Ya se ha dicho en la entrada anterior que en el mes de mayo de 1936, el gobierno del Frente Popular había decretado la práctica disolución del Patronato integrándolo en las instituciones de protección de menores. Aquella decisión tuvo como primer correlato la destitución de la Directora del centro del Patronato en San Fernando y el amotinamiento de las internas. Sin embargo, pronto les fue incoado una causa criminal por desórdenes públicos y aplicada tanto la temible Ley de Orden Público como el Estado de alarma decretado también desde que tomó posesión Azaña en febrero de 1936. El amotinamiento y las protestas de las internas del Patronato reprimido con la aplicación de severos tipos penales pasó a la Audiencia Provincial tras las Diligencias abiertas en el Juzgado de Alcalá de Henares y se iniciaron a finales de junio de 1936. Es decir, apenas a un mes del inicio de la guerra civil.
San Fernando de Henares era una pequeña ciudad de unos 800 habitantes de hecho y 200 de derecho cuando estalló la guerra civil en julio de 1936. La mayor parte de la población habitaba en las viviendas de la plaza de España y los dos trapecios entre la hoy avenida de la Constitución y la plaza de Fernando VI como puede verse en la fotografía de abajo. La flecha en rojo indica el centro de Protección de la Mujer en más o menos aquellas fechas.
DESAPARECE EL PATRONATO Y SUS INSTALACIONES LE SON ENTREGADAS A LA MILICIA LOCAL
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El Patronato de Protección de la Mujer adscrito al Ministerio de Gracia y Justicia pasó inmediatamente antes del inicio de la guerra civil al Consejo Superior de Protección de Menores con el gobierno de Casares Quiroga. Como es sabido, el inicio de la sublevación el 18 de julio de 1936 de una parte del Ejército pilló al entonces Presidente del Consejo totalmente desprevenido, lo que le obligó a dimitir el mismo día 18 en plena crisis. Le sucedió un miembro del también partido del Presidente Azaña, Diego Martínez Barrio, nombramiento del que receleban los partidos del Frente Popular y muy especialmente del PSOE, al sospechar que el nuevo nombramiento pretendia congraciarse con los sublevados y propiciar con ello desde el gobierno una suerte de impasse para reconducir la situación. Sin embargo, el ala dura del Frente Popular rechazó ese pretensión lo que llevó Martínez Barrio a su dimisión apenas unas horas después de su nombramiento. Azaña nombró en plena crisis a su correligionario de partido José Giral quien, cediendo a la presión de los partidos del Frente y de los sindicatos permitió el reparto de armas a los civiles militantes. Si bien la entrega de armas entre los civiles pretendía serlo para la defensa de la República, en la práctica, aquella controvertida decisión propició que en muchos lugares pero sobre todo en Madrid, funcionaran como grupos armados incontrolados sembrando el caos y terror en la retaguardia. Esto, tras el caos inicial, fue reconducido hacia lo que se llamaron Milicias de Vigilancia de la Retaguardia, grupos paramilitares de milicianos para aplicar las medidas que consideraran necesarias para garantizar el orden público, pero, en la práctica, con licencia para detener, requisar, interrogar y hasta ejecutar sumariamente y sin juicio alguno a todo elemento considerado desafecto el régimen.
Apenas iniciada la sublevación de parte del Ejército y en medio de la euforia general de noticias que anunciaban el fracaso del golpe, se nunciaban también los puntos de atención a enfermos y heridos. Uno de esos puntos anunciado lo era precisamente el en otro tiempo Patronato de Protección de la Mujer de San Fernando pero ahora ya convertido oficisamente en una depedencia del Consejo Superior de Proteccion de Menores, si bien bajo control de las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia locales según se reguló inmediatamente a primeros de agosto.
COMIENZAN LOS PASEOS Y LOS ASESINATOS INCONTROLADOS
Aunque la violencia política se constataba con anterioridad al propio levantamiento del Ejército en julio de 1936, producido este y con las armas incotronladas en manos de milicias habilitadas para mantener el orden público se multiplicaron exponencialmente.
Por lo que se refiere a nuestro municipio y de manera somera, se tiene constancia por sumarios judiciales obrantes en el Archivo Histórico Nacional de 36 atestados correspondientes al levantamiento de cadáveres fallecidos por armas de fuego, depositados en el kilómetro 17 de la Carretera de Aragón que era como se describía entonces y hoy frente al centro comercial de Carrefour. Muchos de ellos sin posibilidad de identificación alguna y otros, aunque identificados, el Juzgado instructor de guardia de Alcalá de Henares, no se molestó en ninguno de los casos en ordenar investigación policial de ninguno de los casos. Así estaba el panorama, decenas de muertos entre el 22 de julio de 1936 y noviembre del mismo año, y ni una sola diligencia policial para esclarecer los hechos. El Juzgado se limitaba en casi todos los casos a levantar el cadáver e indetificarlo si era posible y ordenar su inhumación algunos de ellos en el cementerio de San Fernando, pues no eran reclamados por sus familiares en casi ninguno de los casos.
Por su parte, aparecieron registrados los cadáveres de vecinos de San Fernando de Henares entre el septiembre de 1936 y enero de 1937 en los eriales de Vallecas y la zona de Barajas. En el primero de los casos y en el mismo día 22 de septiembre de 1936 aparecen los cadáveres de Andrés García Sánchez y Domingo Barral García de 53 y 44 años respectivamente. Ambos tenían la condición profesional de industriales y, curiosamente, ambos habían desempeñado los cargos de Jueces Municipales como titular y suplente. Fueron asesinados el mismo día.
Por su parte, en Barajas aparecieron en enero de 1937 los cadáveres de dos hermanos: Benito Guzmán Delgado y Luisa Guzmán Delgado de 48 y 49 años respectivamente. Ambos también muertos por armas de fuego y sin filiación política conocida.
LAS SACAS DE LA CÁRCEL MODELO Y SAN FERNANDO DE HENARES: LA MATANZA DENUNCIADA POR EL CÓNSUL DE NORUEGA
Aunque en las citas de numerosos libros y publicaciones se confunde el paraje con Torrejón de Ardóz por su proximidad, en realidad se trata del conocido como Soto de Aldovea en San Fernando de Henares, entre el palacio y el río donde, el 8 de noviembre de 1936, fueron fusilados sin juicio alguno 414 personas procedentes de la tristemente famosa cárcel Modelo de Madrid. En la foto de arriba, los trabajos de exhumación de cadáveres en 1940 para ser inhumados en el cementerio de Paracuaellos de Jarama.
Esta mantanza fue la última de las sacas de la cárcel Modelo en Madrid, y no solo por la intervención de Melchor Rodríguez García como consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid representando a la CNT y conocido como el "Ángel Rojo" por su decisiva intervención en paralizar las matanzas, sino también por la intervención y denuncia internacional de Felix Edourard Schlayer Gratwolh a la sazón cónsul de Noruega aunque de origen alemán. Su denodada e incansable lucha ante las autoridades republicanas por detener estas matanzas le llevo a denunciarlo internacionalmente, consiguiendo con ello evitar las nuevas sacas de las cárceles madrileñas. Y fue, precisamente, la matanza del Soto de Aldovea en San Fernando de Henares conocida y denunciada por el diplomático, lo que hizo que las autoridades republicanas de la Junta de Defensa de Madrid, paralizaran al menos las ejecuciones sin juicio en la retaguardia republicana.
El Cónsul de Noruega Felix Schlayer tuvo conocimiento de las sacas de la cárcel modelo de Madrid y de la ejecución de 414 presos en el Soto de Aldovea en San Fernando de Henares que no en Torrejón, y denunció incluso internacionalmente estas atrocidades perpetradas en la retaguardia republicana. PSOE y PODEMOS con la abstención de CIUDADANOS impideron poner una placa conmemorativa en el que fuera domicilio del consulado en la calle Abascal de Madrid, a pesar de figurar como propuesta en la Comisionada de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid bajo el mandato de Manuela Carmena. Alegaron que por su orgien alemán, era nazi. Lo cual obviamente nadie probó nunca.
Una cruz de piedra levantada por el sufragio particular de la viuda de Alfonso Álvarez de Toledo muerto en la saca de 8 de noviembre de 1936, conmemora su fallecimiento junto con el de otros 413 colegas de prisión. Sin juicio ni sumario judicial alguno. Directamente fusilados. Según la Subdirección de la Memoria Democrática, este lugar, enclavado en un conocido paraje de nuestro municipio como Soto de Aldovea, no merece reconocimiento alguno de la Memoria Democrática.
LA RETAGUARDIA DE LA GUERRA EN SAN FERNANDO DE HENARES
Aunque aparecen varias requisitorias judiciales contra milicianos con destino en San Fernando de Henares y, más cocretamente, en el que fuera Centro del Patronato de Protección de la Mujer por imputaciones de homicidios, no hay constancia de que la justicia llegara a alcanzarles.
Lo que sí se sabe a través de la Causa General y otros atestados e incluso de los consejos de guerra celebrados a partir de 1939, así como por las sospechas denunciadas por el nuevo alcalde en San Fernando de Henares de la autoria de los asesinatos y de la represión llevada a cabo por milicianos de las conocidas como Milicias de Vigilancia de la Retaguardia primero y del Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP), estaba constituida por unas ocho a diez personas vinculadas todas ellas al PSOE o UGT, y de los cuales destacaban los tres hermanos Guillén Ansola. Y, de estos, Alberto, que resultaba ser el panadero del municipio y militante activo de la Agrupación Socialista Madrileña (PSOE).
Tras los primeros meses adscrito como lider de las Milicias de Vigilancia Locales y acusado de ser el autor de los asesinatos de los industriales y de los jueces municipales, su ascenso fue meteórico hasta alcanzar a ser Agente de la Dirección General de Seguridad con el grado de tercera clase. E, integrado en el CPIP, pasó a formar parte activa de las conocidas como checas de Bellas Artes y de Fomento.
Fue juzgado en consejo de guerra por un Tribunal Militar y condenado a muerte. Si bien precisamente la Ley de Memoria Democrática ha anulado las sentencias de condena quedando los asesinatos de los vecinos de San Fernando impunes. También bajo el mandato de Manuela Carmena, se le incluyó en una relación de mártires republicanos figurando en una relación de 335 exonerados por la Ley de Memoria por el expeditivo método de declarar nulos los juicios, figurando junto con otros 335 "mártires" de la represión franquista en un listado fijado por el Ayunamiento de Madrid cuando gobernaban Manuela Carmena y Podemos.
Acto homenaje a las Brigadas Internacionales al 5º Cuerpo del Tren de la Columna Internacional organizado en San Fernando de Henares el 15 de julio de 1937 por el Socorro Rojo Internacional (SRI). Es decir, por el PCE
El mismo homenaje con intervención de la Secretaria femenina (sic) de las Juventudes Socialistas Unificadas (J.S.U), también del PCE.
LAS CONFISCACIONES
En medio de la guerra civil y con el gobierno instalado en Valencia por temor a la caída de Madrid a manos de los sublevados, no faltaron tampoco en nuestro municipio las secuelas de las confiscaciones de tierras y propiedades así como de la Caja de Reparaciones.
En 1938 y con los ministros del Frente Popular ya integrados en el gobierno (incluso con el PNV) el ministro de Agricultura Vicente Uribe (del PCE), inició una campaña en julio de 1938 confiscando todas las fincas de los elementos enemigos del régimen y declarados insurrectos, pasando a confiscar sus bienes.
Para dictar estas confiscaciones, primero los ayuntamientos constituidos en Juntas Municipales, debían elaborar un listado de personas desafectas acompañando el listado de la propiedades a confiscar. En San Fernando fueron seleccionados por la entonces corporación municipal constituida por el PSOE, la UGT y el PCE, siete propietarios declarados insurrectos: Manuel Carmena, Horacion Calonge Paje, Eduardo Fernández Miguel, Felipa Avilés Barral, José Garcini Díaz, José Martínez Teruel y José Méndez Polo, luego confirmada por la Junta Pronvicial.
He aquí una de las Fichas de las confiscaciones (aunque se indique expropiaciones fueron confiscaciones pues ninguno de ellos acudieron a firmar las actas de ocupación), pertenciente, precisamente, a Horacio Calonge, que era el albacea testamentario de las propiedades de la familia de Elisa Page, la donante de la finca y la casa de administración al Patronato Real de la Trata de Blancas, del que ya se habían apropiado durante la República y durante la guerra estaba ocupado por las milicias de vigilancia.
Apenas finalizada la guerra civil en abril de 1939, el nuevo régimen de Franco se dedicó a depurar las responsabilidades de los gobernantes republicanos de todo tipo, aplicando la Ley de Responsabilidades Políticas y formando Tribunales militares y sumarios consejos de guerra contra los responsables a todos los niveles.
Para ello, formó la que se conoce como Causa General mediante la relación de los asesinados en cada municipio y de los sopechosos de los crímines firmado por sus alcaldes. En San Fernando se contabilizaron los cuatro ya referidos y la lista de sospechosos eran inicialmente ocho si bien, finalmente, fueron capturados y sometidos a consejo de guerra cinco de ellos y fusilados el 15 de junio de 1939 en las tapias del cementerio del Este (hoy Almudena). Y otro de los sopechosos fue juzgado en consejo de guerra en 1940 y también fusilado.
Si bien, el listado ha sido extraído de un libro escrito por dos historiadores en 1997, existen discordancias al menos en alguno de los casos. No en el caso de Alberto Guillén Ansola que alcanzó incluso graduaciones militares y gran implicación en los servicios de información público cobertura real de las terribles checas de Bellas Artes y de la de Fomento.
Los consejos de guerra contra quien fuera el panadero de San Fernando de Henares y principal sospechoso o cuando menos el líder de los demás, sí parece que se celebraron junto con otros sesenta y pico chequistas más.
El consejo de guerra conjunto a los chequistas de Bellas Artes y Fomento, entre los que se encontraba Alberto Guillén. Todos fueron condenados a muerte y fusilados en las tapias del cementerio del Este el mismo día.
LA CONFRONTACIÓN QUE NO CESA: LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
El año pasado el gobierno declaró Lugar de la Memoria Democrática la tapia del cementerio del este hoy de la Almudena. Pero, lejos de constituir una oportunidad consensuada de reconocimiento y cierre de las heridas, ha servido para lo contrario porque el sectarismo revanchista anida aún en buena parte de los partidos, afectados por razones que escapan a este blog y a esta entrada.
Ya en el año 2018 fue posible comprobarlo en el Ayuntamiento de Madrid regido por la alcaldesa Manuela Carmena, quien, junto con el PSOE y Podemos y por presiones de las organizaciones de la memoria consiguieron que el pleno municipal aprobara un memorial con un listado de los represaliados por los juicios sumarísimos de los tribunales miliatares del franquismo, y que se acerca a la cifra de 2.936 víctimas. Si bien eso se hizo con la oposición de la gran Comisionada Francisca Sahuquillo, por tener graves reparos formulados en el trámite de las propuestas.
La alcaldesa Carmena con Podemos y el PSOE y la abstención de Ciudadanos, siguieron adelante con el memorial pese a saber y tener la evidencia de que en el listado memorial había más de 200 personas con graves delitos de sangre identificados como chequistas de Bellas Artes y Fomento. Entre ellos, aparecen cinco de los sospechosos de San Fernando de Henares acusados en la Causa General de ser los autores de los asesinatos de los dos jueces municipales y de los hermanos aparecidos en Vallecas y Barajas respectivamente. Si bien, no hay causa conocida al menos por nosotros por esos hechos sino por otros.
El memorial levantado en el cementerio del Este (la Almudena) con los nombres y apellidos, edad y fecha del fusilamiento acordado por el Ayuntamiento pleno de 2018. Entre los nombres que aparecen en ese listado, están efectivamente los milicianos iniciales de San Fernando (si bien no todos) y, muy singularmente el que obtuvo el mayor rango dentro del aparato de seguridad paralelo de la república: Alberto Guillén Ansola.
PRÓXIMA Y DEFINTIVA ENTRADA
EL CENTRO DE PROTECCIÓN DE LA MUJER DURANTE EL FRANQUISMO Y LOS PRIMEROS AÑOS DE LA DEMOCRACIA
(1941 - 1985)
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