EXPLICACIONES QUE NO EXPLICAN NADA
En el fondo, la proposición del grupo municipal popular tenía como pretexto la situación incomprensible que se vive en el equipo de gobierno a propósito de la inexplicada fuga del grupo municipal de Ciudadanos de la concejala de Industria y Turismo, y, con esa excusa, todos los grupos de la oposición aprovecharon para reprochar al equipo de gobierno y en particular al alcalde de traicionar el pacto antitransfuguismo, al mantener la delegación a la concejala huida. Y desde luego no les falta razón a los grupos de la oposición.
Arriba en la foto, el momento en que la concejala de Industria y Turismo Lourdes PERAZA, trata de no explicar lo inexplicable de su actitud, amparándose en dos cuestiones de estricta legalidad que sin embargo son inadmisibles. Así, se amparó su no explicación en dos premisas: i) que su fuga del grupo municipal de Ciudadanos para pasarse al de no adscritos, se debe a razones estrictamente "personales" y que solo está dispuesta a explicar en privado y en su despacho (?). Y ii) que la suya es una conducta amparada por resoluciones judiciales de corte constitucional y, por lo tanto, es perfectamente democrático.
¿QUÉ ESTÁN OCULTANDO TODOS EN REALIDAD?
La primera explicación del recurso a lo que ella llama "una cuestión personal y privada", por la que no quiere dar explicaciones públicas es inaudito en el caso de alguien que ha protagonizado una fuga renegando del partido por el que se presentó, y que además ha roto el equilibrio de la composición de todos los órganos incluidos los complementarios. Y que, al mismo tiempo, conserve la delegación porque el alcalde no se la ha retirado y sigue por lo tanto formando parte del equipo de gobierno del que también lo es el socio del que no solo reniega, sino que se declara incompatible con ellos hasta el extremo de largarse con el cargo puesto al grupo de no adscritos. Todo un lamentable quilombo que no entiende nadie.
Invocar razones personales o privadas es cuando menos inquietante, y escuchar los alegatos de los demás portavoces, especialmente de la izquierda (todas ellas mujeres por cierto) aceptando la no explicación y admitiendo que, tratándose de asuntos privados (?) lo respetan, huele todo a una farsa bastante cínica, porque tanto en las no explicaciones de la concejala como en la "comprensión" y el "respeto" de su silencio por tratarse de razones "privadas" o personales de los demás, suena a sarcasmo y pura cínica representación. Porque, en el fondo, ellos y ellas saben bien de qué están hablando en sus debates públicos con sobreentendidos que no pueden ser tolerables. Y porque, tanto si el motivo afecta o no a cuestiones privadas, en el momento en que eso se lleva al foro público como es un pleno resulta intolerable invocarlas (lo que indican que se conocen), para sin embargo ocultarlas a la opinión pública.
Hace muchos años que las democracias avanzadas resolvieron estos temas, concluyendo que el servidor público no puede ampararse en cuestiones de naturaleza "privada" para ocultar conductas inapropiadas (por ejemplo), que pongan en riesgo decisiones públicas. Ampararse en una cuestión privada no solo aumenta el problema porque el ciudadano, a falta de una explicación sincera y convincente, tiene derecho a pensar cualquier cosa.
¿Alguien puede pensar que en la avanzada democracia británica, seria admisible hoy día, por ejemplo, que el político más poderoso del gabinete de su majestad, el ministro Profumo, que luego dio lugar al famoso caso político, invocara como "asuntos privados" su affair con una joven, que puso en riesgo la fuga de secretos de información sensible a los servicios secretos soviéticos en plena guerra fría?
Y es que, si algo puede concluir cualquier asombrado espectador que presenciara el pleno es eso, que todos sus miembros saben y conocen la causa de la espantada de la concejala pero nadie lo quiere decir. Lo cual es inquietante, porque no hace falta mucha imaginación para adverar que, en realidad, todos los miembros del pleno se están convirtiendo en unos cínicos encubridores porque sustraen al conocimiento de la opinión pública un asunto que, cualquiera que sea su naturaleza, ha provocado movimientos y reacciones no explicadas con consecuencias políticas graves. Y que, sin embargo, creen que los paganos de siempre no merecen conocer porque, según ellos mismos han decidido, eso pertenece a la esfera privada de un cargo público que sin embargo le pagan los de siempre. Ni siquiera de eso se hacen cargo tampoco.
PACTA SUNT SERVANDA
Independientemente de lo inaceptable que resulta que en un órgano político plenario que tiene, este sí, entre otras importantes funciones precisamente la de fiscalización de los actos del equipo de gobierno y cuyas deliberaciones son públicas además, se le sustraiga al conocimiento de la ciudadanía la razón inexplicada de que una concejala del equipo de gobierno para mayor gravedad, cargo público pues, se niegue a dar a conocer las razones de su fuga al grupo de no adscrito conservando su delegación y con ella el sueldo y demás privilegios. Esto constituye por sí solo una conducta inadmisible porque, en el fondo, se maltrata con desprecio a los más elementales principios éticos para con los votantes en general y no solo para los que votaron a Ciudadanos, porque a ella no le pagan solo los votantes de ese partido.
La concejala tránsfuga de Ciudadanos se cree con derecho a no tener que dar explicaciones por su conducta, porque, primero, tiene una razón privada o personal para ello (lo cual es más inquietante), y en segundo lugar, porque la suya, su huida hacia el grupo de no adscritos, en tanto que legal la exime de explicación también. Es decir, no se siente obligada a dar explicaciones de su conducta a la opinión pública porque ésta, según ella, carece de derecho difuso alguno a conocer sus causas, lo que la coloca por encima del bien y del mal.
La ciudadanía merece más respeto entre otras cosas porque es quien le paga. Y sus intentos de explicaciones, balbuceos aparte, no pueden ser más disparatados por muy recubiertos de legalidad a la que intenta agarrarse, porque, esa legalidad, utilizada como excusa para interpretar por lo tanto que su conducta es democrática, choca frontalmente precisamente con el denominado pacto antitransfuguismo firmado por su partido y al que, se supone, ella misma se adhirió cuando ingresó y se presentó por él.
La concejala, que además es abogada y funcionaria municipal adscrita a la asesoría jurídica y se halla en excedencia según creemos, se acoge a la doctrina del Tribunal Constitucional acerca de la ausencia del mandato imperativo para cargos electos, para rebatir las críticas a su conducta de que ha sido objeto incluso por sus antiguos compañeros. Sin embargo, hay otros principios éticos que sin duda la concejala ha traicionado, y a ello ha contribuido muy decididamente la propia actitud del alcalde Corpa al mantenerle la delegación de Industria y Turismo, porque es el precio que está dispuesto a pagar para mantener su mayoría. No puede interpretarse de otra forma que no sea pues como una consecuencia indeseable: la de blanquear el transfuguismo.
La doctrina sobre la ausencia del mandato imperativo del Tribunal Constitucional, tuvo como precedente precisamente varias destituciones en el Ayuntamiento de Madrid en los años ochenta gobernado en una coalición entre PSOE y PCE, al expulsar del Ayuntamiento a varios concejales de ambos partidos que, por diversas razones, abandonaron la disciplina de sus respectivos grupos.
Pero, esa doctrina, que establece el principio de que el cargo electo es el depositario y titular de la soberanía popular de los electores por lo que no puede ser removido por los partidos, y por lo tanto su mandato es inviolable, ha sido el caldo de cultivo para que se hayan producido innumerables casos de escandalosas compras de votos y de venta de voluntades. Y con ello, de cambios de mayorías incluso de mociones de censura dando la vuelta a los resultados electorales y con ello a distorsionar así la voluntad popular mayoritaria.
De ahí que los partidos políticos, indefensos todos porque es cierto que hay casos para todos los gustos e ideologías, hayan firmado el pacto antitransfuguismo precisamente para defenderse de numerosos truhanes que, una vez elegidos, mercadean con el acta para pasarse al adversario y en algunos casos incluso a cambio de dinero.
Ciudadanos, como el resto de los partidos signatarios de ese pacto, tratan con él de atajar las consecuencias de esas prácticas abusivas por parte de numerosos concejales (y también de diputados) que, al amparo de esa doctrina del TC sobre el no mandato imperativo, han hecho estragos y han protagonizado escándalos nada edificantes que, si bien legales, en absoluto pueden tildarse de democráticos porque subvierten precisamente en muchos casos la propia voluntad popular. Conceptos estos que la concejala confunde en su frustrante alegato de no explicación de su conducta.
Y es por ello, que los partidos signatarios del pacto antitransfuguismo, victimas todos ellos de estas situaciones, trataron de acordar cómo paliar los efectos de esas conductas totalmente desleales de sus cargos electos, mediante la firma de un pacto voluntario. Voluntario, pero un pacto al fin y al cabo que a todos obliga porque para eso se firma y con la misma fuerza legal que la propia ley mientras no vaya contra ella. Es decir, se trata de un contrato sujeto a su cumplimiento y fuente de obligaciones también para todos los militantes que, voluntariamente, acceden a militar en los partidos.
Obviamente, cuando alguien ingresa en una organización política que no deja de ser informal y voluntaria (a nadie se obliga a militar en ninguno de ellos), lo primero que ha de tener en cuenta es que, entre otras cosas, se adhiere también a esos pactos voluntarios que tiene firmado su partido.
Es absurdo que alguien que ingresa en un club o en una organización colectiva, y que por lo tanto acepta y se compromete a cumplir sus normas y sus pactos, luego de ser elegido y con ello acceder al privilegio de considerarse dueño del acta, decida en un momento dado romper sus pactos suscritos voluntariamente con su partido, y por lo tanto no cumplir con las obligaciones voluntariamente aceptadas cuando fue propuesto para formar una lista electoral, entre las cuales está precisamente el compromiso de dejar el acta en caso de su renuncia a pertenecer al grupo o al partido.
Y esto no solo es tan legal y democrático como la doctrina del TC que la concejala invoca, sino que es fuente de obligaciones para todo militante que acceda a cargos públicos pertenezca al partido que pertenezca, y, por ello, traicionar esos compromisos supone incumplir clamorosamente todas las obligaciones de su propio contrato y una burla para con sus compañeros. Es decir, traicionar o incumplir el principio del pacta sunt servanda. Y esta concejala, que al parecer es abogada, con seguridad sabe bien qué significa ese principio porque en su vida profesional le habrá surgido algún caso en el que haya tenido que invocar ese principio, para obligar a la parte incumplidora a cumplir con lo pactado. O sea señora concejala, que los contratos se firman para cumplirlos.
Y usted, antes de ser depositaria del voto difuso del electorado, pactó con su partido cumplir determinadas obligaciones, entre ellas, la de dejar el acta. Pues haga honor a su compromiso, cumpla esa parte del contrato y deje el acta porque esa fuente de obligaciones que usted contrajo voluntariamente, es anterior al mandato de los electores. No es posible aceptar que, como abogada que dice que es, no entienda las consecuencias que eso tiene para la otra parte defraudada por su conducta. Antes de acceder a su condición de concejala, usted firmó un contrato que ha incumplido clamorosamente y por el que estaba obligada voluntariamente. Lo demás solo son inaceptables excusas de mal pagador.
EL ALCALDE CORPA Y SU TÁCITA ACEPTACIÓN DE LOS TRÁNSFUGAS
En la foto de arriba, el alcalde CORPA en rueda de prensa presentando una iniciativa para una moción de censura contra la alcaldesa CATALINA en 2017. Para cuadrar los votos, se rodeó de tránsfugas de IU y del PP. El alcalde COPRA ya en la oposición apuntaba maneras, y no le hacía ascos ni tenía escrúpulos en presentarse a sí mismo como un tipo capaz de pactar con quien fuera menester aunque estuviera en las antípodas ideológicas con tal de alcanzar el poder que, no se engañen, es de lo que se trata. Eso sí, toda esta operación, revestida de pomposos principios de quita y pon no exenta de cínicas apelaciones a compromisos éticos y políticos con vecinos y votantes, que no se los creía ni él.
Finalmente, no le alcanzaban los votos porque necesitaba los del grupo popular y este se negó a apoyarlo en su aventura. El hoy alcalde CORPA, entonces en la oposición con menos votos que el PP y que el partido de CATALINA, se postulaba él mismo como alcalde acompañado de tránsfugas de todos los colores con la pretensión, además, de que lo apoyaran también en su aventura los propios grupos de donde provenían los fugados. Lo cual da una idea del delirio en el que pueden incurrir ciertos personajes arribistas de las política con tal de alcanzar el poder a toda costa. En esto no le han faltado luego emuladores en sus mayores. Eso sí, todo por el bien del pueblo claro que es el paga toda la fiesta finalmente.
LA GRAN EVASIÓN
(BREVE CRÓNICA DE LA MADRE DE TODAS LAS FUGAS)
Ciertamente, rara ha sido la legislatura o el mandato en nuestro Ayuntamiento donde no haya habido algún caso de concejales que, rompiendo la disciplina del grupo por el que se presentaron, se pasaron con armas y bagajes a las filas del grupo mixto, antesala luego de pactos inconfesables. Incluso casos de concejales que, previa ruptura con su grupo, pasaron luego sin solución de continuidad de la oposición al gobierno sin sonrojo alguno.
Todos los partidos han tenido pues desde 1979 para acá, lamentables y bochornosos casos de transfuguismo aunque entonces no existiera pacto contra el mismo, aprovechando precisamente la misma causa que invoca la actual concejala de Industria y Turismo: la del no mandato imperativo fijado por el Tribunal Constitucional.
Pero la madre de todas las operaciones de transfuguismo tuvo lugar durante el mandato 1983-1987, cuando el PCE, que había ganado las elecciones con el 61 % de los votos alcanzando 12 concejales de un total de 17, se rompió por la mitad dando lugar a dos facciones irreconciliables de los conocidos como gerardistas y carrillistas, en alusión al secretario general del PCE Gerardo Iglesias y su antecesor y valedor el histórico Santiago Carrillo, que, a poco de acceder el primero a la secretaria general del PCE apoyado por el segundo, rompieron abruptamente con consecuencias en la organización en toda España.
Y, en nuestro municipio, no solo no fue una excepción sino que tuvo consecuencias de división milimétrica provocando con ello la total desestabilización del gobierno del PCE que, de doce concejales, se quedó en seis porque los otros seis se fueron primero al grupo mixto y luego a un partido que registraron como Mesa para la Unidad de los Comunistas.
El enfrentamiento fue duro con peleas (incluso físicas) judiciales y de enfrentamientos públicos. Una guerra sin cuartel incluso por hacerse con la sede de la organización. El enfrentamiento del grupo municipal del PCE comenzó y se hizo visible en 1985, precisamente con ocasión de la votación para la concesión administrativa para la explotación de la parcela municipal de lo que luego sería el Parque Acuático.
Ciertamente, el asunto de esa concesión olía mal, muy mal, y fue aprovechado por los concejales carrillistas para votar en contra junto con el PSOE. Lo cual escenificó la ruptura del grupo mucho tiempo larvada. Ruptura de la disciplina con el voto en contra de las propuestas de su propio equipo de gobierno, que el entonces alcalde GUERRA saldó inicialmente con dos fulminantes ceses: el del primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda y del concejal de Urbanismo. A estos ceses se sumaron luego cuatro concejales más que se solidarizaron con los anteriores y que también fueron automáticamente cesados. Desde entonces, la inestabilidad del grupo municipal del PCE fue total hasta las elecciones de 1987.
Pero, lo que dio luego lugar a la expresión máxima de esa inestabilidad política, lo fue la moción de censura que en 1986 los carrillistas promovieron contra el entonces alcalde Enrique GUERRA, al que acusaron de toda suerte de desmanes en su gestión. Gestión de la que hasta apenas unos meses antes, habían sido cooperadores y totalmente corresponsables los promotores de la censura.
La moción preveía un empate que podía inclinar la votación el voto de calidad del alcalde, por lo cual ambos bandos necesitaban seducir y conseguir que los otros dos grupos, PSOE y entonces AP, bien se abstuvieran o bien al menos alguno de ellos votara a favor de la moción.
Las presiones fueron de todo tipo, amenazando incluso la propia estabilidad del gobierno regional entonces en manos del PSOE, que gobernaba con el apoyo parlamentario del PCE, y que a su vez también estaba divido. Por su parte, el comité local del PSOE había acordado apoyar la moción de censura de los carrillistas, ordenando a sus dos concejales el apoyo a la moción de censura (el cabeza de lista había recogido el acta en su toma de posesión y desapareció luego sin dejar rastro). Esta decisión del comité local del PSOE desafiaba incluso lo ordenado por la dirección regional, que había optado por no apoyarla.
La sesión plenaria de la moción de censura se celebró el día 16 de febrero de 1986 en medio de gran expectación ciudadana e incluso de todos los medios nacionales, y se saldó con el voto en contra de los propios concejales del PCE (seis) y uno más de uno de los concejales del PSOE (la portavoz no asistió). El concejal del PSOE, que había desobedecido el acuerdo del comité local, fue considerado por éste como si quedara fuera del partido. Pero este concejal, que estaba en el paro en aquellas fechas de la moción de censura resultó luego ser el verdadero ganador de la misma, pues, oh casualidad, precisamente halló trabajo unos días antes en PRYCA. La larga mano del entonces alcalde censurado planeó en toda la sesión plenaria.
El concejal del PSOE que votó en contra de la moción de censura y que apenas iba a los plenos pero que aquél no se lo perdió precisamente, nunca más volvió a aparecer por el Ayuntamiento ni desde luego por el pleno. Desapareció como por ensalmo con una empleo bajo el brazo. Nunca se supo sin embargo cuál fue el precio que el entonces alcalde E. GUERRA tuvo que pagar al grupo municipal de AP a cambio de su abstención.
No quedó todo en los ceses de los concejales adscritos al bando carrillista, sino que también les fue retirada la asignación económica que recibían dichos concejales como es natural. Sin embargo, fue precisamente la retirada de esas asignaciones lo que provocó varias reclamaciones judiciales ante incluso la Audiencia Territorial de Madrid, pues los cesados alegaban tener derecho a seguir cobrando sus haberes a pesar de haber sido cesados en sus cargos. La Audiencia falló en su contra.
En las siguientes elecciones celebradas en 1987, el PCE que ya se presentó como Izquierda Unida, obtuvo nueve concejales de veintiuno, mientras que los carrillistas, que se presentaban como Partido de los Trabajadores de España, sacó solo dos concejales. Lo cual no impidió que, tras unas breves negociaciones, llegaran pronto a un acuerdo con sus ex compañeros y pelillos a la mar.
Atrás quedaba una de las etapas más convulsas y lamentables de enfrentamientos e intrigas protagonizadas por los propios colegas del partido, con una espectacular fuga en masa de concejales al entonces grupo mixto saldada con la ruptura total del grupo y, por ello, con la operación de transfuguismo más numerosa y audaz pocas veces contemplada. Llegando incluso a protagonizar una moción de censura contra su propio compañero alcalde, así como un largo periodo de absoluta inestabilidad, luchas intestinas sin cuartel, enfrentamientos incluso físicos, etc. Todo ello invocando valores éticos y morales traicionados no obstante, pero que encubrían en realidad la mayor motivación por la que se montan estos quilombos en política: la descarnada lucha por el poder.
