VISTO PARA SENTENCIA

JUEZ D. FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN TITULAR DEL NÚMERO 6 DE LO MERCANTIL DE MADRID DONDE SE SIGUE EL CONCURSO DEL CASO PLAZA DE ESPAÑA DE SAN FERNANDO DE HENARES

NO HABRÁ JUICIO SINO SENTENCIA DIRECTA

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En el juzgado número 6 de lo Mercantil de Madrid donde se sigue el concurso de acreedores del caso PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, se avanza inexorablemente hacia el desenlace final de la calificación del concurso que la administración concursal, la representación legal del Ayuntamiento, así como el resto de las partes de los numerosos acreedores, consideran como un concurso culpable. Señalando a los administradores de la sociedad como los responsables del mismo, excepto los dos consejeros propuestos por el PP que han sido exonerados por haber dimitido del consejo ya en el año 2010.

Las causas de esa calificación de culpable del concurso que formula la administración concursal, se deben, según su informe de calificación, a que los administradores agravaron la situación de insolvencia de la sociedad por haber retrasado mucho la petición del concurso, la existencia de doble contabilidad en la sociedad y la falta de depósito de la cuentas anuales. El administrador concursal pide pues en su escrito de calificación que los administradores responsables de PESF SL sean inhabilitados por quince años para administrar sociedad alguna, la pérdida de sus derechos si fueran acreedores de la sociedad, así como al pago a los acreedores de los importes que no puedan ser satisfechos con la realización de los activos. Hay que tener en cuenta que la liquidación de todos los activos solo ha reportado unos ingresos de 31 millones de euros, mientras que los créditos reconocidos por el AC en el pasivo final de la sociedad ascienden a 94 millones de euros. Es decir, la diferencia tendrían que pagarla los administradores de PESF SL a los acreedores si finalmente el Juez considera efectivamente que el concurso es culpable, y tendrán que responder con todo su patrimonio. Por otra parte, la existencia de esas causas señaladas por el AC, conducen inevitablemente a la calificación directa de concurso culpable, pues la ley no prevé que, si existen tales hechos como el de la doble contabilidad, sea posible alegar nada al respecto.

LAS AUDITORAS, A ESCENA

El Juez ha dictado una reciente Providencia en virtud de la cual acuerda rechazar casi todas las peticiones realizadas por las partes personadas incluidas algunas de varios de los administradores, y al mismo tiempo ha decidido que no se celebrará vista (juicio) judicial, sino que resolverá él directamente mediante la oportuna sentencia.

En la misma Providencia el Juez de lo Mercantil ha decidido no obstante pedir los informes emitidos por las empresas auditoras LAES NEXIA AUDITORES SL y MACE MANAGEMENT SERVICES SA. Asimismo que acrediten quién de PESF SL las contrató. La primera auditó las cuentas de la sociedad para los ejercicios de 2009, 2010 y 2011, y sus informes fueron conocidos y presentados a la Junta celebrada el día 19 de junio de 2012. Sin embargo, en los diferentes procedimientos penales abiertos en los Juzgados de Coslada, LAES NEXIA niega que llegara a hacer informe alguno alegando, además, que los administradores de PESF SL no le facilitaron la documentación que requerían. Esta empresa auditora fue fundada en su día por socios que compartían intereses urbanísticos en mercantiles de los administradores de WOODMAN SL.

Por su parte, MACE MANAGEMENT realizó funciones de supervisión y auditoria de las obras ejecutadas. Y al igual que la anterior, también niega haber contado con toda la documentación que requería a PESF SL. En total MACE emitió dieciocho informes mensuales de la marcha de las obras, y su contratación por parte de PESF SL fue exigida por Caja Madrid. Esos informes eran reportados a su vez al área de Negocio de Promotores de BANKIA, y servían de base para autorizar los pagos de las certificaciones de las obras. Y si bien MACE MANAGEMENT incomprensiblemente no detectó los grandes pagos desviados (compra de locales a la EMS, compra de autocartera, etc), sin embargo sí que detectó la improcedencia de algunas certificaciones giradas por JOVICASA SL (empresa propiedad de uno de los socios de WOODMAN SL). No obstante lo cual fueron pagadas dichas certificaciones a JOVICASA SL.

El procedimiento concursal sigue su curso pues, y por lo que se refiere a esta sección 6ª de calificación del concurso, el juez ha acordado que tan pronto como reciba los informes de las empresas auditoras (que pueden llegar a ser declaradas cómplices también), dictará sentencia directamente. Los administradores responsables de PESF SL están pues en capilla y en la última fase para conocer si son condenados a tener que pagar el descomunal pasivo no cubierto por la realización del activo, de 63 millones de euros a los acreedores. Todo está pues visto para sentencia que conoceremos, salvo recursos dilatorios, en breves semanas.

CONFUNDEN LAS VOCES CON LOS ECOS

INSTALACIONES DE CYTEC EXPROPIADAS POR EL AYUNTAMIENTO POR 13,5 MILLONES DE EUROS PARA LO CUAL HA SIDO PRECISO VENDER TODO EL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO RESIDENCIAL

COMPROMISO POR ESCRITO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA COOPERAR ECONÓMICAMENTE CON EL TRASLADO DE LA INDUSTRIA QUE NUNCA SE MATERIALIZÓ

ESCRITO FIRMADO POR EL ENTONCES CONSEJERO DE ECONOMÍA LUIS BLÁZQUEZ MEDIANTE EL CUAL SE COMPROMETÍA A COLABORAR CON EL AYUNTAMIENTO PARA EL TRASLADO DE LA INDUSTRIA, QUE POR SUPUESTO NUNCA LLEGÓ

AVISO A NAVEGANTES
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El que podemos denominar ya como el caso CYTEC pasará muy probablemente a los anales de los disparates económicos más incomprensibles y onerosos que han podido recaer sobre nuestro municipio. Más incluso que el caso plaza de España. Solo será cuestión de tiempo para comprobarlo.

Por otra parte, cada vez que hacemos una crítica fundada y documentada al actual equipo de gobierno, aparece la legión de trolls en forma de plaga no ya replicando los datos que aportamos (la mayoría no tiene ni idea de lo que hablamos), sino descalificando o insultando que es la forma implacable con la que se manifiesta hoy en día la militancia más obtusa, porque vive en un mundo maniqueo donde no crece atisbo alguno de inteligencia y mucho menos de autocrítica. Tienen, en efecto, la piel muy fina, y reproducen con la misma estúpida insistencia los viejos tics autoritarios de la casta de la que decían nos iban a librar. Y lo insólito es que alguno de ellos se dirige a nosotros hablando en plural mayestático y en nombre del gobierno municipal, ¡pero como anónimo! Ver para creer.

Y, como no son muy originales precisamente, no dudan en reproducir viejos y manidos retruécanos y otras ocurrencias más o menos al uso. Así, sueltan la poco original frase de los autosatisfechos de que si ladramos (se supone que nosotros) es porque cabalgan (ellos claro). Sin caer en la cuenta de que en realidad están confundiendo las voces con los ecos. Es decir, en realidad están escuchando sus propios ladridos. No tienen mucho remedio tampoco por lo que vemos.

Este caso CYTEC nos ha costado un ojo de la cara al municipio en el sentido más descarado del término y nadie ha puesto remedio alguno. Y unos industriales muy avispados afincados en el paraíso fiscal del estado americano de DELAWARE que llevaban esperando hacer caja varios años, han hecho desde luego un gran negocio con este asunto a costa de unos políticos y pueblo entregados sin remedio a la anomia más boba, y a resultas de un conjunto de decisiones tan incomprensibles como, desde luego, plagada de irregularidades. De momento se han salido con la suya, pero en la medida en que podamos haremos todo lo posible para impedir este expolio perpetrado y consumado con el reciente pago realizado por el equipo de gobierno actual. Y sin que nadie, ni oposición ni del tejido asociativo, haya dicho esta boca es mía sobre el caso. Inaudito. Iremos pues a los tribunales.

Tendremos ocasión de hablar pues más veces de este asunto, e iremos exponiendo las razones por las que nosotros consideramos que este caso al menos es de la misma o parecida gravedad que el caso plaza de España. Por lo pronto traemos hoy aquí dos de las cartas firmadas por los que entonces eran máximos responsables de la Comunidad de Madrid en las cuestiones de la economía regional. El PGOU de San Fernando no fue aprobado directamente a la primera por el Consejo de Gobierno, sino que el día 6 de junio de 2002 en una sesión del mismo fue suspendida su aprobación definitiva, entre otras razones, precisamente por este asunto de la planta química que entonces pertenecía a la química belga UCB QUÍMICA. Pueden pues leerse bien los compromisos del propio Consejero de Economía de colaborar en el coste del traslado de la industría, implicando incluso la participación del IMADE. Sin embargo nunca pusieron un euro; todo el coste de nada menos que 13,5 millones de euros ha sido soportado por el Ayuntamiento. El metro cuadrado de esta zona verde que además anuló como sistema general un tribunal ha salido nada menos que a 465,56 €/m2, cuando en otras expropiaciones que se han realizado en la zona para la misma clase de suelo pero por la propia Comunidad de Madrid, no pasa en el mejor de los casos de 28 €/m2. Hay que tener en cuenta además, que hubo una primera valoración o justiprecio realizada por el propio Ayuntamiento en 2008, que cifraba el justiprecio con el premio de afección incluido en 4,7 millones de euros. Es decir, unos 162 €/m2. ¿Cómo es posible y a qué obedece pues esta descomunal diferencia respecto de la valoración realizada solo dos años después ya en el 2010? Nadie del Ayuntamiento, ni del gobierno ni de la oposición, nos ha sacado del asombro. Una vez más pues, tendremos que iniciar la lucha por nuestra cuenta.

LOS CANTOS DE MALDOROR

INSTALACIONES EN SAN FERNANDO DE HENARES DEL GRUPO AMERICANO RADICADO EN EL PARAÍSO FISCAL DE DELAWARE, EE.UU.,  CYTEC, (VENDIDAS EN 2015 AL GRUPO BELGA SOLVAY), EXPROPIADAS POR EL AYUNTAMIENTO POR 13,5 MILLONES DE EUROS.

LA ALCALDESA CATALINA Y LA CONCEJALA DE HACIENDA, PRESENTANDO EN RUEDA DE PRENSA EL FORMIDABLE LOGRO DE HABER LIQUIDADO LA DEUDA DE 5,7 CON CYTEC. EUFÓRICAS Y AL PARECER FIELES AL FAMOSO DICHO DE QUIEN PAGA, DESCANSA. EN REALIDAD SOMOS 5,7 MILLONES MÁS POBRES, PORQUE SE HA HECHO VENDIENDO PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO.

FOLLETO PROGRAMÁTICO DE PODEMOS FIRMADO POR CATALINA ANTES DE LAS ELECCIONES, SEGÚN EL CUAL ASEGURABAN QUE REALIZARÍAN UNA AUDITORIA DE LA "DEUDA" MUNICIPAL. POR SUPUESTO NO HAY TAL AUDITORÍA.

PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPAL DE SFHSP EN MAYO 2015. PROMETIERON TAMBIÉN REALIZAR UNA AUDITORÍA DE LA DEUDA MUNICIPAL. LA REALIDAD ES QUE NO HAN HECHO AUDITORÍA ALGUNA, Y SI ALGUNA DEUDA ERA NECESARIO AUDITAR Y REVISAR POR ESTAR BAJO SOSPECHA DE ILEGALIDAD ERA, PRECISAMENTE, LA DEUDA CON CYTEC.

FÓRMULA INCOMPRENSIBLE APLICADA PARA CALCULAR EL JUSTIPRECIO DE LA PARCELA DE CYTEC. QUE NADA TIENE QUE VER CON LO QUE DICE LA LEY DE SUELO NI TAMPOCO CON LA LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA, SINO QUE ES UN FORMIDABLE GALIMATÍAS CALCULADO EN PESETAS (ESTE INFORME SIN EMBARGO ES DE 2010), Y COPIADO LITERALMENTE DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL PGOU (2002). INCREÍBLE PERO CIERTO. CON ESTE INSÓLITO CÁLCULO DEL JUSTIPRECIO SE LE HAN PAGADO A CYTEC 13,5 MILLONES DE EUROS, DOS AÑOS ANTES CALCULADO EN 4,7 MILONES DE EUROS. VER PARA CREER.

LA ANOMIA BOBA

Hace unos días, la alcaldesa catalina y su concejala de hacienda daban una rueda de prensa al objeto de explicarnos que por fin, gracias a sus desvelos y eficaces gestiones, el Ayuntamiento había saldado su deuda con CYTEC cifrada en 5,7 millones de euros, a resultas de la expropiación iniciada en 2008 por los anteriores equipos de gobierno entonces formados por IU y PSOE.

Sorprende desde luego que estos nuevos gobernantes de ahora, que hicieron bandera en sus agitaciones preelectorales inspiradas en las consignas del 15-M, se presenten ahora como adalides del cumplimiento de compromisos económicos municipales bajo sospecha, presumiendo además de haber conseguido que la "generosa" multinacional nos haya condonado 1,7 millones de euros en concepto intereses de demora. Vamos que es como si un atracador te despluma la cartera, pero te deja una propina de veinte euros para que cojas un taxi.

La forma de saldar esta deuda no ha sido tampoco muy original, por cuanto se han limitado a vender el poco Patrimonio Municipal de Suelo que nos quedaba y que ya estaba previsto en los convenios firmados. Convenios que, por cierto, no han sido sometidos a información pública; ni por los de entonces ni por estos de ahora a pesar de que lo hemos pedido expresamente.

LOS TRIBUNALES TIENEN LA PALABRA

Lamentablemente nos vemos obligados a acudir a los tribunal sobre el que consideramos este escandaloso asunto, respecto del cual el actual equipo de gobierno no ha hecho otra cosa que perfeccionar lo hecho ya por los anteriores, pero incurriendo en los mismos vicios y por lo mismo asumiendo su misma responsabilidad.

La fórmula del cálculo utilizado para obtener los 13,5 millones de euros es tan esperpéntica que, cuando menos, habría merecido la pena que alguien de los asistentes a la rueda de prensa le preguntara a la alcaldesa de dónde ha sacado este Ayuntamiento, que para calcular el justiprecio para obtener un sistema general que además habían anulado los tribunales, no se aplicara ni la ley de suelo ni tampoco la de expropiación forzosa, sino una alambicada e inexplicada fórmula contenida en el Programa de Actuación del PGOU. Y que, independientemente de otras consideraciones, solo tiene un mero valor indicativo y en absoluto puede ser aplicable para calcular justiprecios en actuaciones urbanísticas. Entre otras cuestiones porque a la fecha de su aplicación efectiva en 2008, había sido aprobada una nueva ley de suelo que trataba de evitar precisamente que se hicieran formidables negocios como este de CYTEC en actuaciones expropiatorias.

Hemos intentado que el Equipo de gobierno rectificara y revisara todo lo actuado en este caso mediante la presentación de alegaciones, porque nosotros consideramos un auténtico expolio esta operación realizada además a costa del Patrimonio Municipal de Suelo. Y sin que hayan sometido a información pública los convenios firmados. Es decir, con nula transparencia y desde luego conculcando la ley del suelo. Pero no ha sido posible. No solo no han hecho caso a lo alegado, sino que han utilizado arteras maniobras para evitar y deslegitimar nuestros alegatos. No puede decirse tampoco que la oposición haya estado a la altura, pues se ha lavado las manos inhibiéndose como siempre. Ya verán cómo, al igual que ha sucedido con el caso plaza de España, llegarán tiempos en que ellos, y no pocos ciudadanos que disfrutan de la lamentable anomia boba en que sobreviven, acabarán asegurando que también en este caso ya lo denunciaron y lo sabían.

AUDITORES SIN FRONTERAS

Se presentaron a las elecciones municipales con una literal empanada de consignas contra la casta y otras milongas de propaganda sin cuento que, como desde luego se ha demostrado en el caso de San Fernando, no encubría sino una manifiesta ignorancia de la verdadera naturaleza de los problemas municipales. Así es que prometieron todo aquello que, cazado al vuelo y a caballo entre el populismo peronista y el izquierdismo más infantil, se formuló como la síntesis de una venganza contra los gobernantes de la casta señalados como los responsables de nuestras desgracias. Y la verdad es que si tenemos que juzgarlos por lo que han hecho aquí tras casi año y medio de gobierno, no puede ser más decepcionante por muchas razones, pero sobre todo por una: porque se han revelado como un grupo fundamentalista de la logomaquia, sin conocimiento ni siquiera somero de los problemas municipales, y con un más que arrogante desprecio a sus propios compromisos y la inteligencia del personal.

Prometieron auditorias de la deuda invocando la segregación entre deuda "buena" y deuda "mala". Pero no han hecho nada de eso. El Ayuntamiento tenía ciertamente una deuda propia (20 millones) y otra adherida como la de la EMS cifrada en otros 20 millones. Pero además tenía también la deuda de PESF SL que, aunque incalculable en estos momentos, sin embargo sí que hay bastante de ella ya cuantificable porque está sancionada en firme por varios tribunales y otros pronunciamientos que hay en marcha. Y, por si fuera poco, hay otra deuda invisible o latente que no figuraba provisionada en ninguno de los estados de la contabilidad municipal. Una de ellas era esta precisamente, la de CYTEC. Que no solo hubiera merecido ser auditada, sino revisada totalmente porque fue contraída violentando todos los preceptos legales de aplicación. Empezando por uno de los más graves, no haber sometido a información pública tanto el convenio de expropiación firmado en 2008 como su adenda de 2010. Trámite cuya omisión no solo es responsabilidad de los anteriores, sino de los de ahora también. Ya veremos pues qué dicen los jueces al respecto.

VIVIENDA PROTEGIDA: LA CORRUPCIÓN INVISIBLE (I)

RAMÓN ESPINAR O LAS TRIBULACIONES FINANCIERAS DE UN SENADOR DE PODEMOS

LA SEDICENTE NUEVA IZQUIERDA
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"No hay nada más revolucionario que especular con una vivienda de VPO"
A. Gramsci
(En versión castiza; de casta, y apócrifa de J.C. Monedero. Prólogo de Jorge Verstrynge, profesor y multipropietario inmobiliario)
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El senador de Podemos Ramón Espinar tuvo un sueño con apenas veinte años cumplidos: hacerse con una vivienda en propiedad. Carecía no obstante de recursos como casi todos los jóvenes de su edad, pues por entonces al parecer estudiaba con una beca de 450 euros/mes. Pertenecía pues al segmento económico que en la jerga del área de Riesgos de la banca se denomina como "demanda insolvente". Sí, Ramón Espinar era un insolvente y sin embargo el BBVA le concedió un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda protegida en Alcobendas, al norte de Madrid.

Cualquier joven en su misma situación hubiera desistido de hacerse propietario, pero esa aspiración ancestral tan nuestra (ésa y la de ser funcionario) pudo más en nuestro senador favorito y, en lugar de alquilar, decidió aprovechar los resortes de nuestro corrompido sistema y hacerse finalmente con una vivienda protegida en una zona chic del norte de Madrid.

La vivienda elegida por Espinar era pues protegida, de las que se conocen como de protección oficial, es decir, financiada con nuestros impuestos. Y se levantaba en una zona de nueva urbanización y sobre una parcela de titularidad municipal del Ayuntamiento de Alcobendas. La parcela en cuestión le fue adjudicada a VITRA, cooperativa de Comisiones Obreras. Quien a su vez y según el pliego de condiciones municipal podía al parecer reservar un 15 % de las viviendas de la promoción para personas que no figuraran en las listas o bolsas de peticionarios. Es decir, la cooperativa de Comisiones se reservaba un porcentaje de viviendas para adjudicatarios VIP. Sin sorteos, reservas o bolsas de espera como los demás mortales.

Además, lo normal es que los pliegos de condiciones de los concursos municipales, establezcan preferencias para solicitantes que se hallen empadronados durante al menos dos años antes en la localidad. En este caso, Alcobendas. Nuestro senador no cumplía tampoco ese requisito.

No tenía Espinar tampoco ahorros para pagar la entrada exigida por la cooperativa de CC.OO, que ascendía más o menos a unos 50.000 €. Esta entrada es la que normalmente se utiliza para pagar el coste del suelo municipal, además de los honorarios de gestora del sindicato que se lleva nunca menos del 3 %, que es donde está el negocio de estas cooperativas sindicales. Y como tampoco tenía otros ingresos que los correspondientes a la beca universitaria, le pidió un préstamo tipo cero al papá, que era prohombre del socialismo madrileño y del gobierno regional de otros tiempos. Y que, además, como otro selecto grupo de privilegiados de la política regional, disfrutó durante muchos años de la canonjía del balneario del consejo de administración de Caja Madrid, designado entonces por su partido el PSOE. También se ha conocido que gozaba con otros consejeros de la Caja del beneficio de una tarjeta opaca fiscalmente y de libre disposición.

LAS PLUSVALÍAS PARA EL QUE LAS TRABAJA

Pero como nuestro célebre senador portavoz hoy de Podemos en el senado y miembro del mismo por designación de la Asamblea de Madrid, era de letras porque había estudiado en la facultad de Políticas de la Complutense recibiendo enseñanzas de Pablo Iglesias, Monedero y Verstrynge (tenedor de un formidable patrimonio inmobiliario por cierto), resulta que al parecer no le habían enseñado que con una beca de 450 euros al mes no era posible pagar una cuota hipotecaria de 500. Algo tan elemental que sin embargo está al alcance de cualquier obrero manual. 

Pero la verdad es que no está claro si es que nuestro flamante senador carecía de cultura financiera simplemente, o por el contrario era gran experto en manejar activos inmobiliarios aprovechando las oportunidades de negocio que ofrece el sistema capitalista, con la complicidad de los agujeros negros que nuestro nefasto sistema político tiene. Y por lo mismo, capaz de convertir en jugosas plusvalías de 30.000 € una inversión de 50.000 y en apenas un año. Lo que solo está al alcance de unos pocos con contactos e influencias, porque si algo tiene este sistema corrupto es precisamente eso, que solo premia a los madrugadores que saben manejarse por los vericuetos de la política y del capitalismo de amiguetes y familiares. Practicando así la más moderna versión del viejo grito revolucionario de Emiliano Zapata, pero adecuada a los tiempos que corren: la plusvalía para el que la trabaja.

Sea como sea, debió de resultarle muy útil a nuestro senador por la gracia de la Asamblea de Madrid,  la magna obra en forma de estudio sobre la vivienda en Andalucía, de otro ilustre becario de la banda y colega de escaño aunque en este caso en el Congreso: el congresista Íñigo Errejón. Obra que también nos ha costado un ojo de la cara a los contribuyentes, porque si algo tiene de vieja esta nueva izquierda, es que casi todos gozan o han gozado de vivir del cuento y de sablear al erario público. Es decir, a nuestros impuestos. 

Errejón tenía pues "necesidad" de hacer un estudio sobre la vivienda en Andalucía, y se "encontró" con otra beca facilitada a dedo en esta caso por un colega del partido de la Universidad de Málaga. Y la verdad es que nos ha deslumbrado con un encargo que lleva por título nada menos que: "La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda". Ahí es nada.

Y nuestro senador por Madrid debió de sentir la llamada de la "desmercantilización" del folleto de Errejón (lástima que la Universidad de Málaga no lo publique), y decidió deshacerse de su vivienda protegida, pero no renunciando a ella, sino vendiéndola claro. Bueno, para los entendidos, decidió desinvertir, pero para el pueblo liso y llano, o sea la gente esa que dicen representar, "dar el pelotazo". Y ello una vez escriturada a su nombre. Asegura que fue entonces cuando cayó en la cuenta de que no podía pagar la hipoteca, algo que solo le ocurre a los muy despistados claro, pues no cabe en cabeza humana que alguien que compre una vivienda, no calcule lo primero si la puede pagar. De modo que se propuso vender la dichosa vivienda, y de este modo realizar unas jugosas plusvalías este virulento dirigente de una asociación luego integrada en Podemos llamada precisamente Jóvenes Sin Futuro. Y así, mientras nuestro senador madrileño y portavoz de Podemos en el Senado, fustigaba desde sus escaños parlamentarios sin piedad a los especuladores de viviendas protegidas, él ponía anuncio de la venta de la suya pero con unas plusvalías de cuarenta mil euros. Y finalmente la vendió sí, previa obtención de unas ganancias de 30.000 € conseguidas en un tiempo récord de apenas un año.

Su jefe, Pablo IGLESIAS, que también vive en una VPO a pesar de haber declarado ingresos el año pasado por sus actividades políticas y profesionales de más de 97.000 €, ha absuelto con todas sus bendiciones a su protegido Espinar de haber cometido irregularidad alguna, alegando que es algo que hace todo el mundo. Es decir, Ramón ESPINAR no ha pecado porque al fin y al cabo el que más y el que menos trinca las plusvalías que puede y hace negocio con las VPO. Y tiene razón Pablo IGLESIAS, solo que ese es el grave e invisible estado de la cuestión: el formidable negocio que han resultado ser las masivas descalificaciones de VPOs durante la burbuja inmobiliaria de los años 2003 a 2008. Algo que el Ministerio de la cosa no tiene contabilizado porque carece de estadísticas y por lo tanto permanece oculto e invisible. 

Es esta una gigantesca bolsa de fraude que se produjo durante la burbuja y que a nadie le interesa estudiar y aflorar, y de las que el caso Espinar es solo la punta de iceberg. Millones de viviendas protegidas del régimen general fueron descalificadas voluntariamente por sus adjudicatarios, abonando los importes en su caso de los intereses subvencionados o de las cantidades facilitadas a fondo perdido y financiados con nuestros impuestos. Y ello con la sola finalidad de proceder, una vez descalificada, a venderla libremente. Las plusvalías obtenidas así por millones de adjudicatarios o beneficiarios de viviendas protegidas en los años ochenta y noventa, que luego descalificaron años después ha sido enorme, porque el gap entre el módulo oficial de las VPO y el precio del mercado se multiplicó fácilmente por cien en los años siguientes por el efecto de la burbuja inmobiliaria. De ahí también que muchos expertos consideren que las administraciones, para hacer una política de viviendas más justa y equitativa, solo debían promover suelo para viviendas en alquiler, pero no enajenar suelo para vivienda protegida en venta que además solo tiene por finalidad hacer caja, y cuyo control acaban perdiendo una vez se han entregado las promociones.

(CONTINUARÁ)

Próxima entrada

II

LA VIVIENDA PROTEGIDA EN NUESTRO MUNICIPIO

(Los ingresos perdidos por nuestro Ayuntamiento durante la burbuja)

CASO PLAZA DE ESPAÑA: DE DERROTA EN DERROTA Y DE BOCHORNO EN BOCHORNO

CARTEL ELECTORAL DE SAN FERNANDO DE HENARES SÍ PUEDE (PODEMOS) EN EL QUE OFRECÍAN RECUPERAR "NUESTRO" MUNICIPIO

RESOLUCIÓN RECIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y NOTARIADO QUE CONFIRMA LA CALIFICACIÓN DE LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE SAN FERNANDO DE HENARES, EN VIRTUD DE LA CUAL SE DENIEGA LA INSCRIPCIÓN DE LA PLAZA DE ESPAÑA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO

LO QUE NO NOS CUENTAN...

Esta semana hemos asistido a un nuevo acto del esperpento en que se ha convertido el caso plaza de España, al desestimar el Juez de lo Mercantil que lleva el concurso, el incidente instado por el Ayuntamiento con objeto de obtener un fallo judicial que permitiera reponer la plaza de España a su legítimo dueño: el pueblo de San Fernando.

En efecto, mediante un Auto dictado el pasado día 19, el Juez desestimó las pretensiones del Ayuntamiento en una muy fundamentada resolución en la que se citan profusos antecedentes jurisprudenciales. Hay que decir no obstante, que este Auto estuvo precedido de otro previo de fecha once de julio de 2016, en el que el mismo Juez declaraba la competencia objetiva del juzgado pero solo sobre una de las pretensiones del Ayuntamiento: la posible nulidad de las aportaciones realizadas al capital social por la Corporación. Sobre las demás peticiones (tres más), se declaraba incompetente. Y lo hacía en este caso, además, no sin reprochar duramente a la Corporación que osara la pretensión por la vía civil (mercantil) de obtener un resolución judicial anulatoria, que sin embargo traen causa de los propios actos firmes del Ayuntamiento en vía administrativa.

Dejaba pues dicho Auto abierta la puerta a obtener una resolución anulatoria pero solo de la aportación al capital social del Ayuntamiento. Y que la Corporación (no hay que olvidar que el recurso del Ayuntamiento estaba consensuado por todos los grupos) tuviera pues la posibilidad de que, por esa vía, recuperara la plaza de España. Pero el Juez de lo mercantil les ha dado un sonoro portazo a todo el Ayuntamiento pleno, al negar la vía mercantil y más concretamente la concursal, como la vía idónea para obtener la anulación de lo que considera no son otra cosa que resoluciones firmes municipales de naturaleza administrativa, que le está vedado revisar o anular a la jurisdicción mercantil. Resoluciones que, además, el propio Ayuntamiento no ha revisado por los cauces que le son propios.

DE DERROTA EN DERROTA

(O SAN FERNANDO DE HENARES SÍ PUEDE... TAMPOCO PUEDE)

El actual equipo de gobierno municipal ha demostrado en todo el tiempo que lleva gobernando, que no tenía plan alguno para acometer los graves problemas que aquejaban la gestión municipal. Es más, que adolecía de un profundo desconocimiento de la naturaleza y alcance de esos problemas. Obligándose pues a improvisar iniciativas descabelladas o simplemente equivocadas una vez se encontraron inopinadamente con el gobierno municipal. Pero llevados, eso sí, por un afán absurdo de protagonismo delirante y con la vista solo puesta pues en hallar la fórmula que les permitiera presentarse como los exclusivos campeones del bien de dominio público, ofreciendo como trofeo y presente su recuperación con su exclusivo protagonismo. Pero en lugar de trofeos que ofrecer, no están recibiendo más que desastrosos varapalos judiciales uno tras otro.

De todos los itinerarios iniciados en solitario por SFHSP y no sin reproches públicos a la estulticia de los anteriores (estos señores están en la delirante idea de que ellos y solo ellos han adoptado las decisiones correctas), han resultado un rotundo fracaso de los que, obviamente, solo cuentan lo que les interesa.

TAMBIÉN LA D.G. DE REGISTROS Y NOTARIADO DIJO NO A LA ALCALDESA

La Dirección General de Registros y Notariados (ver los documentos de arriba), también le ha dicho que NO a la alcaldesa mediante una Resolución publicada en el BOE del pasado mes de agosto. Había intentado la vía directa de la inscripción de la plaza de España aportando un certificado de un acuerdo del Pleno municipal de 9 de junio de 2014, pero la Registradora de la Propiedad sin embargo denegó en su calificación extender el asiento a favor del Ayuntamiento pretendido por la alcaldesa. Y el Ayuntamiento recurrió la negativa de la Registradora ante la D.G. de Registros y Notariado quien, como se dice, confirmó en julio pasado la negativa de la Registradora. Así pues, otro portazo que le han dado a la alcaldesa esta vez por la vía Registral. Pero de estos fracasos no dicen tampoco absolutamente nada, claro.

EL AYUNTAMIENTO NO PUEDE SER ACUSACIÓN PARTICULAR

Otra de las iniciativas adoptadas por el equipo de gobierno con la alcaldesa a la cabeza y anunciada a bombo y platillo con grandes aspavientos en varios plenos, es la de personarse como acusación particular en el procedimiento penal abierto en la causa del Juzgado número 5 de Coslada. Esta decisión, que como se dice fue anunciada por la alcaldesa en medio de reproches a los anteriores como si fuera una vía que solo a ellos se les hubiera ocurrido, ha sido también tumbada por el Juez inadmitiendo su personación como acusación particular (perjudicado), dejando claro algo que ya había confirmado años antes: que el Ayuntamiento solo puede ser en esta causa actor civil como responsable directo o subsidiario en su caso. Y aunque están incurriendo en la empecinada decisión de recurrir esa resolución del Juzgado, el destino de la misma no será otro que la desestimación también acumulando no obstante de nuevo una maniobra dilatoria más, en una causa que lleva abierta nada menos que desde 2011 a resultas de la denuncia presentada por nosotros.

Al igual que en los demás casos, de estos reveses judiciales naturalmente nada informa ni el equipo de gobierno ni, por supuesto, la alcaldesa.

DENUNCIA DE LA EMS ¿ALGUIEN ENTIENDE EL SENTIDO DE ESA DENUNCIA?

Hace unos meses, la alcaldesa de nuevo se descolgaba presentando una denuncia en los juzgados de Coslada, si bien ahora como Presidenta de la EMS, contra los que fueron dos de sus consejeros delegados en los últimos años, uno del PSOE y otro de IU, a los que acusa de malvender los activos de los locales de la fábrica de Paños a PESF SL, ya que lo hicieron por debajo del precio de mercado, causándole un perjuicio a la empresa municipal de algo más de 5 millones de euros. Es decir, que según la tesis de su presidenta, la alcaldesa pues, la EMS quebró porque le vendió unos activos (20 locales y 30 plazas de garaje) por 8 millones de euros a PESF SL cuando estaban tasados por IBERCAJA en 12 millones.

El primer correlato pues es que esta denuncia (que ha sido acumulada precisamente en la causa que se sigue en el juzgado número 1), va contra lo que sostienen todas las acusaciones personadas, pues es patente que la venta de esos locales se hizo precisamente por todo lo contrario a lo que denuncia la alcaldesa: la inyección de liquidez a la EMS a costa, precisamente, de descapitalizar PESF SL. 

Todo parece indicar que esta disparatada denuncia - que de prosperar obligaría a PESF SL a tener que pagar a la EMS 5 millones de euros, cuando es todo lo contrario ya que la EMS recibió 3,2 millones de euros por la compra de unos locales que luego no pudo pagar y se hizo con la sola finalidad de salvar la tesorería de la empresa municipal EMS -, tiene en realidad una motivación puramente política de bajos vuelos del Equipo de gobierno. Pues no es casualidad que los denunciados, los dos consejeros delegados de la EMS de PSOE e IU, lo sean precisamente de los mismos partidos que urdían una moción de censura contra la propia alcaldesa por aquellas fechas. Esta maniobra judicial con trasfondo político, es una de las muchas razones para repudiar y desconfiar de todos estos gestos maniobreros que, sin embargo, se utilizan en provecho propio casi siempre.

¿HAY VIDA INTELIGENTE EN NUESTRO AYUNTAMIENTO?

Si fue allá por el año 2008 cuando la plaza de España fue aportada subrepticiamente por el alcalde SETIÉN al capital social de una sociedad mercantil privada, sin que nadie de la Corporación lo advirtiera hasta que lo denunciamos nosotros en el año 2009, ahora, ocho años después, podemos asistir estupefactos al bochornoso espectáculo de comprobar cómo, tres gobiernos municipales nuevos y muchos nuevos concejales, son incapaces de recuperar para su legítimo dueño, el pueblo de San Fernando, el más emblemático de sus bienes demaniales concedido por el Estado hacia 1888 y con el mandato de conservarlo y mejorarlo. 

Hoy está pues circulando por el tráfico mercantil un bien que, por su naturaleza, está fuera del "comercio de las cosas". Y por lo mismo, no puede formar parte de capital mercantil alguno ni, desde luego, de activos concursales de ningún género. Pero todo esto no ha surgido porque haya habido un desaprensivo usurpador que se ha apropiado de estos bienes sin conocimiento de las autoridades, no, sino que han sido precisamente las propias autoridades municipales quienes, por acción u omisión, han llevado a estos bienes que además son bienes declarados de interés cultural, a formar parte del tráfico jurídico mercantil y acabar, finalmente, en manos de un fondo buitre. Y si al gobierno municipal en coalición de entonces (constituido por IU y PSOE), les cabe el deshonor de haber dispuesto ilícitamente de la plaza de España para su aportación al capital social de una mercantil privada, a toda la corporación actual en pleno le corresponde el deshonor también de no ser capaces de recuperarla para su legítimo dueño: el pueblo de San Fernando.

Y llegados a este punto hay que preguntarse necesariamente, ¿hay vida inteligente en la Corporación municipal? ¿Cómo es posible que una y otra vez, se empecinen colegiadamente en incurrir en el desvarío de iniciar actuaciones por las vías jurisdiccionales inadecuadas? ¿Pero quién está asesorando a nuestros inermes munícipes a recorrer vías judiciales que solo pueden conducir al bochorno inexplicable, de que una plaza pública pase a ser propiedad de un fondo buitre extranjero, y toda la corporación en pleno asista impotente y con explicaciones que revelan su general desconcierto, sin que además dimita nadie o cuando menos reconozcan su incompetencia colectiva?

DEFINITIVAMENTE EL JUEZ AUTORIZA LA VENTA DE LA PLAZA

D. FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN, TITULAR DEL JUZGADO NÚMERO 6 DE LO MERCANTIL DE MADRID

NOTICIA DE ALCANCE
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EL JUEZ DE LO MERCANTIL DESESTIMA EL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO

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Mediante Auto dictado en el día de ayer, el Juez de lo Mercantil del Juzgado número 6 de Madrid que lleva el concurso de acreedores de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, ha desestimado los recursos presentados por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares en su día, permitiendo con ello pues la adjudicación de la plaza de España al fondo buitre PACÍFICA CAPITAL GESTIÓN. 

Esta decisión del Juez cuyos detalles será necesario estudiar detenidamente, es la lamentable consecuencia de una serie de decisiones alocadas así como de una lamentable dejación de todos quienes han estado gobernando el Ayuntamiento, desde que en el año 2008 se decidiera constituir una sociedad mercantil privada para gestionar una unidad de actuación urbanística al margen de todo control público. Han transcurrido ya más de siete años desde que desde este blog denunciáramos la incomprensible alcaldada y no menor burrada de aportar una plaza pública al capital social a una sociedad mercantil, y también desde que advirtiéramos también del riesgo de que la plaza pública fuera subastada. Nadie del gobierno municipal hizo entonces nada útil para salvar al menos la plaza pública. Hoy vemos con bochorno e indignación cómo es posible que ocurran estas cosas en nuestro municipio. No hace falta muchas preguntas sin embargo para obtener la contestación: somos víctimas de la más absoluta estulticia. Y la verdad, nos lo tenemos merecido.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO NOS ESCRIBE

LA ALCALDESA CATALINA TAMPOCO QUIERE CONTESTAR AL DEFENSOR DEL PUEBLO

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Nos comunica el adjunto primero al Defensor del Pueblo D. FRANCISCO FERNÁNDEZ MARUGÁN, que a raíz de la denuncia presentada por nuestra Asociación el pasado mes de agosto por la negativa del Ayuntamiento, y más concretamente de la Alcaldesa Catalina RODRÍGUEZ, a facilitarnos copias de documentos y expedientes municipales así como a ponernos de manifiesto expedientes en los que somos parte interesada, se muestra renuente a contestar a la institución defensora del pueblo también. Lo cual les obliga a reiterarle de nuevo que les remita la oportuna información requerida por nosotros en su día ya allá por el mes de marzo de este año. Vamos que Dª CATALINA tampoco se da por concernida cuando es requerida por el Defensor del Pueblo para que cumpla con sus obligaciones legales para con el pueblo. ¡Así andamos aquí, sufriendo estas actitudes predemocráticas en nuestra institución municipal!

Simultáneamente leemos que el jefe de la cosa de estos señores de PODEMOS, D. PABLO IGLESIAS, se declara patriota pero solo de la patria de la gente. ¡Pobre gente pues, si como hacen aquí sus correligionarios patriotas de la gente aquí, se pasan sin embargo por el forro los requerimientos de las respetables instituciones que defienden al pueblo (y por lo tanto a la gente) de sus abusos como autoridades! Que no nos pase nada.

UNAS INSTALACIONES EN SUELO MUNICIPAL SIN LICENCIA

INSTALACIONES ACTUALES DEL AQUÓPOLIS EN SAN FERNANDO DE HENARES

INSTALACIONES DEL DENOMINADO PARQUE ACUÁTICO LEVANTADO EN UNA ZONA VERDE MUNICIPAL DETRÁS DEL CENTRO COMERCIAL DE CARREFOUR, QUE CARECE DE LICENCIA

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UNA ROCAMBOLESCA SUCESIÓN DE DISPARATES Y CORRUPTELAS

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En mayo de 2000, el Tribunal Supremo ponía fin a una interminable batalla judicial iniciada en 1987 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a raíz de la concesión administrativa y más concretamente de las licencias municipales otorgadas por la corporación municipal para las obras y actividad del conocido como Parque Acuático hoy Aquópolis.

La sentencia del Tribunal Supremo del año 2000, confirmaba otra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1993 que anulaba dichas licencias municipales por ser contrarias al planeamiento vigente cuando fueron concedidas en 1987. Así pues y desde ese fallo judicial del Supremo, AQUÓPOLIS carece de licencia municipal porque fue anulada por el TSJM. Dándose la particularidad además, de que sus instalaciones se levantan sobre una zona verde de titularidad municipal y está ocupada en razón de una concesión administrativa a cincuenta años que siempre estuvo bajo sospecha no obstante. Constituye este un caso más de las gravísimas infracciones urbanísticas perpetradas con licencia municipal, pero bajo sospecha de haber intentado ser "blanqueadas" por el nuevo PGOU aprobado en 2002 y con el que han intentado ser tapadas graves actuaciones municipales anteriores. Una de ellas es esta del Parque de Atracciones en la zona norte de la de CORREFOUR.

UNA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA AMAÑADA

La aprobación del Plan de Grandes Equipamientos Comerciales por parte de la Comunidad de Madrid en los años ochenta, trajo la autorización y localización de la cadena francesa de COMER CENTER (entonces PRYCA y hoy CARREFOUR) a nuestro municipio. Y cuyas condiciones urbanísticas autorizatorias estaban delimitadas en un Estudio de Detalle tramitado por la propia Comunidad de Madrid, que eran la de un centro de 15.000 m2 localizado en la zona norte de la Nacional II. La Comunidad ejercía así sus competencias propias en materia de grandes superficies comerciales no solo en este caso, sino en toda la Comunidad aprobando otros grandes centros. 

Pero inicialmente el Ayuntamiento de entonces gobernado por el PCE se opuso de forma contundente, e incluso amenazó con no dar la correspondiente licencia. Esto desencadenó una dura pugna entre ambas administraciones. Si bien, finalmente, el Ayuntamiento accedió a cambio de que PRYCA le "diera" al Ayuntamiento nada menos que cien millones de pesetas. Ahí se acabó toda oposición municipal. Y no solo le dio cien millones de pesetas, sino que también la cedió la titularidad de una parcela de 104.000 m2 en la zona norte como zona verde de la actuación contenida en el Estudio de Detalle. Así pues, el Ayuntamiento disponía de una gran zona verde que hoy incluso forma parte de un Sistema General verde.

Sin embargo, el destino final de aquella cesión obligatoria de PRYCA no iba a ser del disfrute de todos los ciudadanos de San Fernando, ya que el Ayuntamiento ignoró que, en previsión del uso de todas zonas verdes que además son de dominio público, hubiera debido ser aprovechado por el Ayuntamiento para la construcción de un gran parque junto a río. En realidad, el entonces equipo de gobierno tenía otros planes y así se había concertado con algunos avispados socios de PRYCA. Todo acabó pues de otra forma bien distinta. 

El día 28 de julio de 1986, el Ayuntamiento aprobaba en el pleno un pliego de condiciones para la "cesión del uso" de esta parcela a particulares, y para la explotación de un "parque fundamentalmente acuático". Simultáneamente a la tramitación de esta concesión municipal, el día 1 de agosto de 1986, quedaba constituida ante un notario de Madrid una sociedad mercantil denominada precisamente PARQUE DE ATRACCIONES SAN FERNANDO SL, y que, oh casualidad, tenía precisamente como objeto social la "explotación de un parque acuático en San Fernando de Henares". Predestinada pues para la concesión. Blanco y en botella. 

Naturalmente esta mercantil constituida dos días después del acuerdo planeario, fue quien se quedó con la "concesión" porque así estaba pactado entre el entonces equipo de gobierno y los accionistas y partícipes de la mercantil, favorecida luego por el acuerdo municipal. Y no solo eso, sino que los accionistas, partícipes y administradores de dicha sociedad eran, precisamente, varios de los administradores de la firma comercial PRYCA. Todo quedaba en casa pues. A cambio, el Ayuntamiento recibía durante los cincuenta años un canon que apenas superaba el millón de pesetas al año. Es decir, 6.000 euros de ahora por la explotación y ocupación de una zona verde de titularidad municipal de nada menos que 104.000 m2.

La Comunidad de Madrid que entonces mantenía varios reñidos contenciosos con el Ayuntamiento de San Fernando, mandó la inspección urbanística y comprobó que las instalaciones autorizadas por el Ayuntamiento en la parcela destinada al uso de zona verde cedida a la mercantil PARQUE DE ATRACCIONES DE SAN FERNANDO SL, contravenía las determinaciones urbanística del Estudio de Detalle aprobado por la propia Comunidad de Madrid, ordenando, además al Ayuntamiento, la suspensión de las obras. 

A partir de entonces comenzó una larga batalla judicial entre ambas administraciones abierta en varios frentes contenciosos, en todos los cuales el Ayuntamiento se alineó siempre con los intereses de la sociedad mercantil concesionaria. Y así hasta nada menos que mayo de 2000, en que el Tribunal Supremo convalidó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1993 que anulaba todas las licencias dadas a la sociedad concesionaria.

Hoy estamos pues frente a unas instalaciones levantadas sobre suelo público destinado a zona verde y por lo tanto de uso y dominio público, objeto sin embargo de una concesión administrativa claramente amañada, y que además en la actualidad carece de licencia municipal. Y para que no faltara de nada, se produjo también un acuerdo municipal adoptado por el pleno de entonces, en virtud del cual esta parcela de 104.000 m2 destinada por su uso y destino a ser zona verde (ya decimos que hoy el PGOU clasifica esta parcela como Sistema General verde) y por lo tanto de dominio público, fue declarada sin embargo por el órgano plenario municipal como un "bien municipal patrimonial", naturalmente con el solo objeto de evitar la nulidad de la concesión. No obstante lo cual por su destino urbanístico es muy claro que esta finca municipal no puede ser en ningún caso un bien patrimonial, sino que es un bien de uso y dominio público. Toda una sucesión de disparates que el PGOU pretende ocultar tratando de blanquear un flagrante atropello a la legalidad. Uno más.

Hoy, el parque "fundamentalmente acuático" y su sociedad beneficiaria de la concesión amañada, PARQUE DE ATRACCIONES SAN FERNANDO SL, está explotada por la mercantil multinacional GRUPO DE PARQUES REUNIDOS. Desconocemos si el Ayuntamiento autorizó el cambio de beneficiario de la concesión.

SOBRE LA INSEGURIDAD JURÍDICA EN NUESTRO AYUNTAMIENTO

LA MITAD DE ESTAS INSTALACIONES DE TNT RECIENTEMENTE INAUGURADAS HAN SIDO LEVANTADAS SOBRE SUELO NO URBANIZABLE Y ESPECIALMENTE PROTEGIDO, PERO TIENE LICENCIA MUNICIPAL. EXPLICAMOS AQUÍ SOMERAMENTE POR QUÉ SUCEDEN ESTAS COSAS EN NUESTRO MUNICIPIO. TAMBIÉN PONEMOS EL CASO EN CONOCIMIENTO DE LA FISCALÍA.

AVISO A NAVEGANTES

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Nos vemos en la necesidad de reiterar que no publicaremos ningún correo o comunicación que haga menciones ad hominem y sin embargo vengan desde comunicantes anónimos. Repetimos: no se molesten porque no publicaremos ninguno que no venga firmado por sus verdaderos autores, si en ellos se menciona a personas relacionadas o no con nuestra asociación.

No aspiramos a convencer a los muchos dogmáticos que circulan por las redes presas del pensamiento encapsulado. Pero es muy probable que este blog y las cosas que se denuncian aquí, sean útiles a quienes se aproximen sin prejuicio político alguno en la seguridad, además, de que no trabajamos para ningún partido.

No obstante lo cual, vamos a poner aquí tres ejemplos (hay muchos más), de la grave inseguridad jurídica en que se mueve nuestro Ayuntamiento (especialmente en lo relativo al urbanismo y medio ambiente), desde el año 2004, fecha en que venció el plazo para adaptar a la nueva Ley de suelo de 2001 el PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. Algunas de las graves consecuencias de ese "olvido" de NO adaptar el PGOU, son estas tres que exponemos en la seguridad de que no son exhaustivas.

I

LICENCIAS ILEGALES EN SUELO NO URBANIZABLE

BASE DE DATOS DE LA CARTOGRAFÍA DIGITAL DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNIÓN EUROPEA, DONDE PUEDE VERSE LA TRAMA DEL LUGAR DE INTERÉS COMUNITARIO DE ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA RED NATURA 2000, CONOCIDO COMO ES3110006, VEGAS, CUESTAS Y PÁRAMOS DEL SURESTE DE MADRID QUE AFECTA A NUESTRO MUNICIPIO EN ALGO MÁS DE UN TERCIO.

LA MISMA CARTOGRAFÍA PERO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. ESTE ÁREA DE ESPECIAL PROTECCIÓN QUE AFECTA COMO SE DICE A ALGO MÁS DE UN TERCIO DE NUESTRO MUNICIPIO, FUE PROPUESTA COMO ZEPA EN 1998 Y CONFIRMADA POR LA U.E. EN 2006. Y AHORA DECLARADA EN 2014 Y CONFIRMADA  DE NUEVO COMO ZEC (ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN). COMO PUEDE VERSE, HAY DOS IMPORTANTES INSTALACIONES AFECTADAS POR ESTA DECLARACIÓN: LA CAMPA Y LAS INSTALACIONES DE TOQUERO EXPRÉS Y LA MITAD DE LAS INSTALACIONES DE TNT EXPRESS. SE SEÑALA SU UBICACIÓN CON UN CÍRCULO ROJO.

EN DICIEMBRE DE 2007, FUE APROBADA LA MUY IMPORTANTE LEY DE PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD QUE EN REALIDAD RECOGE Y TRASPONE A NUESTRO ORDENAMIENTO UN BUEN PUÑADO DE DIRECTIVAS EUROPEAS SOBRE MEDIO AMBIENTE. Y YA EN EL ARTÍCULO 2 SE ADVIERTE QUE ESTA LEY SE INSPIRA EN EL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL SOBRE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA.

Y EN EL ARTÍCULO 19 DE LA MISMA LEY, SE ADVIERTE TAMBIÉN DEL CARÁCTER IMPERATIVO Y PREVALENTE DE ESTA LEY Y DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO SECTORIALES. ES DECIR, SOBRE LAS DETERMINACIONES URBANÍSTICAS.


Una de las consecuencias pues de no tener debidamente adaptado el PGOU conduce a estas situaciones de inseguridad jurídica, consistentes en este caso de TNT, en que las licencias municipales otorgadas pueden ser declaradas nulas y han podido ser otorgadas infringiendo esta Ley de Patrimonio Natural. Así como eventualmente, pueden haber constituido también un presunto ilícito penal contra los recursos naturales.

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II

LA ORDENANZA FANTASMA

OTRA DE LAS MANIFESTACIONES DE LA INSEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA DE URBANISMO EN NUESTRO MUNICIPIO, LO CONSTITUYE ESTA ORDENANZA FATASMA QUE APARECE COLGADA EN LA WEB MUNICIPAL, Y QUE EL AYUNTAMIENTO Y CONCRETAMENTE EL ÁREA DE URBANISMO, OBLIGA A SEGUIR A TODO EL MUNDO QUE QUIERA REALIZAR ALGÚN TRÁMITE DE LICENCIAS DE OBRAS O DE ACTIVIDAD. PUES BIEN, ESTA ORDENANZA REMITE A SU VEZ A UN ACUERDO DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL DE 1990. ESTÁ ORDENANZA, ADEMÁS, ESTÁ FUSILADA DE LA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE ENTONCES.

Y EL ANUNCIO EN CUESTIÓN ES ESTE PUBLICADO EN EL BOCM DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1990. SIN EMBARGO, NO SE PUBLICA LA ORDENANZA COMPLETA QUE ES LO QUE PRESCRIBE EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL, SINO SOLO UN EDICTO O ANUNCIO DE QUE ESA ORDENANZA HABÍA SIDO APROBADA POR LA COMISIÓN DE URBANISMO. PUES BIEN, ESTAS ORDENANZAS, INDEPENDIENTEMENTE DE OTRAS CUESTIONES, NO PUEDEN SER APLICADAS MIENTRAS NO ESTÉN ÍNTEGRAMENTE PUBLICADAS EN LOS BOLETINES CORRESPONDIENTES.

Esta es otra evidente muestra de la inseguridad jurídica con que se funciona en nuestro Ayuntamiento, así como del desprecio a la legalidad. Todas las licencias tramitadas con arreglo a esta Ordenanza "fantasma" (que tiene tras de sí una rocambolesca historia), pueden ser declaradas nulas o anulables, según los casos, porque han sido tramitadas bajo una ordenanza que no se halla en vigor. Otro buen ejemplo de inseguridad jurídica.

III

EL CASO PLAZA DE ESPAÑA: O CÓMO SE ELUDE APLICAR EL PROPIO PGOU

ESQUEMA DE LOS DISPARES DERECHOS DE LOS AFECTADOS POR LA ACTUACIÓN DE LA PLAZA DE ESPAÑA, LOCALIZADOS EN LAS CALLES COSLADA 9 Y G. DE CÓRDOBA 14 SEGÚN EL PGOU. A ESTOS 36 PROPIETARIOS SE LES HA ESCAMOTEADO 1,64 M2 POR CADA M2 DE FINCA QUE APORTARON.

Aunque este apartado merece una mayor y más exhaustiva explicación, es también un buen ejemplo de como NO se aplica en muchas amplias zonas del municipio (todas donde hay Áreas de Reparto delimitadas en suelo urbano, tanto en el casco histórico como el polígono industrial), las propias prescripciones del PGOU. Perjudicando con ello en muchos casos a los propietarios de suelo que no saben o desconocen en realidad sus derechos, y que el Ayuntamiento simplemente los ignora.

Es el caso desde luego de lo que ha pasado con los 36 propietarios de la actuación en la plaza de España, de las calles Coslada 9 y Gonzalo de Córdoba 14. Estas parcelas no solo no tenían nada que ver con las de la unidad de ejecución UE-1, sino que su suelo era suelo urbano consolidado a diferencia del otro que era no consolidado. Y, además, ellos tenían, a diferencia de los propietarios de la UE-1 de la plaza, derecho a patrimonializar el cien por cien de 2,64 m2/m2. Es decir, que podían construir 2,64 m2 por cada metro cuadrado de suelo. Mientras que los propietarios de la plaza de España que se hallaban dentro del ámbito de la UE-1, solo podían patrimonializar el 90 % de 1,8673 m2/m2. Pero a los 36 propietarios obviamente les correspondían muchos más derechos, que finalmente unificaron en 1 m2 para todos. Con esta operación los propietarios de las fincas de Coslada 9 y Gonzalo de Córdoba 14, renunciaron a unos derechos mucho mayores que los que finalmente les han reconocido, o, en su caso, les escamotearon derechos mucho mayores de los que les han reconocido.

Este es un buen ejemplo también de la inseguridad jurídica con que trabaja nuestro Ayuntamiento. En el casco urbano hay cinco Áreas de Reparto, y otras tantas en el polígono industrial zona urbana. Sin embargo, en ninguna de ellas se aplica lo que prescribe el PGOU, ya que en las denominadas Áreas de reparto que delimita el Plan, entre otras técnicas, se exige también la existencia de un Registro de Transferencias de Aprovechamientos que, naturalmente, es inexistente en nuestro Ayuntamiento. Compruébenlo y vayan a pedir que les exhiban ese Registro de Transferencias de Aprovechamiento que es legalmente obligado. 

Sin embargo, la nueva ley de suelo de la Comunidad de Madrid de 2001 suprimía las Áreas de Reparto en suelo urbano. Pero como nuestro PGOU no está adaptado a dicha ley cuando debió de hacerlo en 2004 sino que se rige aún hoy por la de 1995, el resultado es que ni siquiera el Ayuntamiento aplica correctamente las propias prescripciones del PGOU. Con la consiguiente clamorosa y patente inseguridad jurídica y, en muchos casos, notorios perjuicios para los particulares.

INAUGURARON UNAS INSTALACIONES INDUSTRIALES LOCALIZADAS EN UNA ZEC

EL PASADO DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015, TNT EXPRESS ESPAÑA INAUGURÓ SUS NUEVAS INSTALACIONES EN SAN FERNANDO DE HENARES. AL EVENTO ASISTIERON EL CONSEJERO DE TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PEDRO ROLLAN, Y LA ALCALDESA DE SAN FERNANDO DE HENARES CATALINA RODRÍGUEZ. POCO PODÍAN SOSPECHAR AMBOS QUE, EN REALIDAD, BUENA PARTE DE ESAS INSTALACIONES SE HALLAN DENTRO DE UNA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL

LO INSÓLITO DE TODO ESTO ES SIN EMBARGO QUE MÁS DE LA MITAD DE LAS INSTALACIONES DE TNT EXPRESS ESPAÑA ESTÁN DENTRO DE UNA ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN CONOCIDA COMO ZEC. LA DENOMINADA DE VEGAS, CUESTAS Y PÁRAMOS DEL SURESTE. SE TRATA PUES DE UNA ZONA ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE AVES Y CON EL PLAN DE GESTIÓN YA APROBADO POR EL PROPIO CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN SEPTIEMBRE DE 2014.

LA ALCALDESA DE SAN FERNANDO DE HENARES EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN, DIRIGIÉNDOSE A LOS DIRECTIVOS DE TNT Y DEMÁS AUTORIDADES ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN

CATALINA RODRÍGUEZ (JUNTO AL CONCEJAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE J. CALZADA), SIGUIENDO Y GRABANDO ENTUSIASMADA LA PERFORMANCE QUE LE HABÍAN PREPARADO LOS RESPONSABLES DE TNT EXPRÉS ESPAÑA. NINGUNO DE LOS DOS TENÍA NI IDEA DE QUE LAS INSTALACIONES QUE ESTABAN INAUGURANDO SE HALLAN EN REALIDAD, CUANDO MENOS, FUERA DE ORDENACIÓN. Y ELLO EN EL SUPUESTO DE QUE LA LICENCIA HAYA SIDO TRAMITADA CORRECTAMENTE, COSA QUE DUDAMOS.

ÁMBITO DE LA ZEC APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Y CUYO PLAN DE GESTIÓN ES CLARAMENTE INCOMPATIBLE CON DOS DE ESTAS INSTALACIONES. UNA DE ELLAS LA DE TNT EXPRESS ESPAÑA, Y LA OTRA LAS CAMPAS DE TOQUERO EXPRÉS. AMBAS ESTÁN SEÑALADAS EN ROJO.

EN EL BOLETÍN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014, FUE PUBLICADO EL DECRETO DEL GOBIERNO QUE APROBABA EL PLAN DE GESTIÓN DE LA ZEC DE LAS VEGAS, CUESTAS Y PÁRAMOS DEL SURESTE, QUE INCLUYE TANTO AL PARQUE REGIONAL DE SURESTE COMO A LA ZEPA 142 DE LOS CORTADOS Y CANTILES DEL JARAMA. ESTE PLAN DE GESTIÓN ES VINCULANTE PARA EL PGOU DE SAN FERNANDO, QUE NI SIQUIERA ESTÁ ADAPTADO A LA LEY DE SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

AVISO A NAVEGANTES

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Viene siendo ya habitual este tipo de situaciones y disparates en nuestro municipio, y no es la primera vez que nos vemos obligados a denunciar este formidable desmadre que se vienen sucediendo con lamentables y escandalosas agresiones al medio ambiente. Y perpetrados, además, en aquellos espacios naturales que sorprendentemente más y mejor se hallan protegidos por normas, planes y disposiciones que regulan sus condiciones urbanísticas de forma prolija.

Y ello tanto en el ámbito regional como el estatal e incluso de la Unión Europea, pues no hay que olvidar que estos espacios naturales son también Lugares de Interés Comunitario (LIC) y sus condiciones de conservación están reguladas también por varias Directivas de protección de medio ambiente. 

Estos espacios se hallan incorporados además a la denominada RED NATURA 2000 de la Unión Europea. Y también lo están las condiciones del suelo y los procedimientos que han de seguirse cuando se trata de autorizar actividades de cualquier tipo en su ámbito, que requieren no solo las preceptivas licencias municipales, sino por supuesto la preceptiva autorización de la Comisión Europea y también el previo y preceptivo Estudio de Impacto Ambiental.

Lo insólito de todo esto es que las dos instalaciones industriales de nuestro municipio que quedan ahora bajo el ámbito de la ZEC ES3110006, de las "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid" tras el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuentan con las correspondientes licencias municipales. Y es inevitable preguntarse, ¿cómo se han concedido estas licencias municipales si las actividades que se autorizan son totalmente incompatibles con el Plan de Gestión de esta ZEC? En el caso de las instalaciones de la campa de vehículos del GRUPO TOQUERO (al norte y junto a la vía), se ha permitido incluso hacer desaparecer nada menos que la VEREDA DE SEDANO en su tramo inmediatamente anterior a la vía del tren y bajo los desmontes de la Unidad de Ejecución 1 del SUE 05 del PGOU.

Y no acaba ahí la cosa, sino que a la inauguración de estas instalaciones acuden afanosas nuestras autoridades de la cosa, tanto las autonómicas como las locales, sin advertir que buena parte de estas instalaciones han sido levantadas (hay que insistir que con licencia municipal), en un tipo de suelo cuya imperativa clasificación es el de NO URBANIZABLE y ESPECIALMENTE PROTEGIDO. 

Hay que preguntarse también por qué suceden estas cosas en nuestro municipio pues, como decimos, no es la primera vez que ocurren y a las que tenemos que enfrentarnos. Y una de esas razones es, desde luego, el lamentable hecho de que nuestro PGOU no esté adaptado siquiera a la ley de suelo de Comunidad de Madrid de 2001, ya que fue tramitado y aprobado inicialmente en agosto de 2002 y bajo los parámetros de la anterior Ley de Suelo de 1995. Y todo ello con la sola intención de eludir tener que adaptarlo a la nueva ley que entraba en vigor el día 2 de septiembre de 2002.

Hay pues gravísimos fallos y desfases en nuestro PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA cuya adaptación no solo a la ley de suelo vigente, sino a los nuevos instrumentos de ordenación aprobados por la Comunidad de Madrid (como es el caso del de esta ZEC)  o por el propio Estado, imponen con urgencia su revisión o adaptación. De otra forma nos encontraremos con lamentables situaciones como esta. Empresas que se van instalando en nuestros polígonos industriales y que solicitan y obtienen licencias municipales, pero con un instrumento de planeamiento sin adaptar y regulando condiciones urbanísticas que no solo es que ya no existan, sino que son absolutamente contrarias a las contenidas en el propio PGOU. Y por lo tanto con el grave riesgo de que dichas licencias sean declaradas nulas por los tribunales y con la consiguiente inseguridad jurídica.

Nuestros abogados estudian este caso y, con casi total seguridad además de otras actuaciones, pondremos en conocimiento de la Fiscalía el asunto. Es la única contundente forma de que reaccionen y dejen de protagonizar estos desmanes tan escandalosos como incomprensibles, nuestros responsables municipales de la cosa. A ver si se enteran de una vez.