CASO PLAZA DE ESPAÑA: LOS ESCÁNDALOS QUE NO CESAN

 

CASO PLAZA DE ESPAÑA: LOS ESCÁNDALOS QUE NO CESAN

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Esto que ven arriba es el cálculo aproximado del agujero que el fiasco del caso plaza de España, le ha dejado al Ayuntamiento y que, inexorablemente, se va cumpliendo a golpe de sentencia de los Tribunales. 

Por diferentes conceptos, el Ayuntamiento viene haciéndose cargo de las indemnizaciones a los propietarios de la UE-1 por ocupación ilegal de sus parcelas según unánimes fallos judiciales del TSJ de Madrid, en algo más de cincuenta pleitos perdidos todos por la Corporación. 

El Ayuntamiento, finalmente habrá de pagar más de setenta millones de euros por estos conceptos de arriba a los antiguos socios de la mercantil mixta presidida entonces por el alcalde Setién, por unos terrenos cuyo justiprecio era de 12 millones de euros y por unas obras presupuestadas en 36 millones de euros. Es decir, por una operación que costaría aproximadamente unos 48 millones de euros. Y por el que, finalmente, el Ayuntamiento acabará pagando solo a los socios privados de PESF la friolera de 78 millones de euros. 

Pero no acaba ahí la cosa. Hace apenas a un par de semanas, el Ayuntamiento pleno aprobó unos expedientes de modificación de créditos por importe de otros 11 millones de euros solo para hacerse cargo de la deuda que PESF dejó con una de las empresas constructoras, y tras varias sentencias también firmes y con condena al Ayuntamiento. Otra de las constructoras también reclama al Ayuntamiento el pufo que le dejó PESF y que se aproxima también a los 11 millones de euros. Sigan ustedes sumando.

Además, en el mismo lote, el Ayuntamiento aprobó finalmente otro expediente de modificación de crédito por el cual ha de abonar 1,063 millones de euros a la misma empresa constructora por certificaciones pendientes de pagar por el Museo de la Ciudad, así como abonar también la sentencia firme ya desde hace un montón de años por importe de 2,4 millones de euros en concepto también de los importes no abonados del Museo de la Ciudad pero en este caso a la masa acreedora del concurso de acreedores. Lo que hace suponer que para las próximas elecciones tendremos por fin en marcha el famoso Museo, cuya situación tantas veces hemos reclamado y denunciado desde aquí.

MÁS SOBRESALTOS INSÓLITOS Y DE NO CREER

Con fecha de primeros de mayo pasado y mientras el equipo de gobierno estaba ensimismado preparando las fiestas más rumbosas que se recuerden nunca, de nuevo el TSJ de Madrid condenaba al Ayuntamiento al pago de 459.000 euros a un señor de Valladolid que, al parecer, resulta ser el tenedor de dos pagarés de PESF endosados por una mercantil propiedad de quien ejerciera de casi administrador de hecho de PESF, en concepto de no se sabe bien qué deudas mantenía con el sorprendente acreedor de la sociedad mixta. Sea como sea, le toca pagar también al Ayuntamiento casi medio millón de euros más los intereses.

Pero, lo verdaderamente indignante de este nuevo varapalo judicial que le va a costar al contribuyente casi medio millón de euros del ala, se debe a que quien entonces era secretaria de la sociedad mixta y asesora cargo de confianza del alcalde Setién, firmó un contrato dos días antes de la presentación de concurso de acreedores de la sociedad mixta (junio de 2012), no solo reconociendo la deuda a la sociedad propiedad de uno de los administradores de WOODMAN SL, sino que, además, se comprometía, en nombre del Ayuntamiento, a que éste se haría cargo de la deuda si finalmente PESF no pagara como finalmente sucedió. Obviamente, la signataria del contrato, cargo de confianza del alcalde Setién, carecía de facultad o competencia alguna para comprometer nada en nombre del Ayuntamiento, pero es en base a ese contrato por el que el TSJ de Madrid ha condenado al Ayuntamiento al pago de casi medio millón de euros.

Aquí vemos a dos de los protagonistas (en el centro) de este nuevo escándalo que conocemos ahora en una entrevista a un medio local en relación precisamente con el caso plaza de España en el año 2018

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UN INCONCECIBLE CASO EN UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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Esta historia es la consecuencia de un plan que compartieron IU y PSOE durante el mandato 2007-2011 que gobernaron en coalición, mediante la creación de una administración paralela a través de la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, bajo el pretexto de funcionamiento privado lejos de toda fiscalización. Y hay que frotarse los ojos para creer lo que ha sucedido con este asunto que tiene como colofón que el Ayuntamiento se va  a hacer cargo de nada menos que el pago de 459.000 euros a un señor de Valladolid que tiene en su poder dos pagarés de PESF endosados en 2012, por una empresa propiedad de uno de los administradores de WOODMAN SL, sin que nadie haya explicado a qué negocio obedece la deuda que dicha sociedad le reclama ahora y a la que ha de hacer frente el Ayuntamiento.

La cuestión viene a ser más menos así. 

Hay ciertos señores que funcionan fuera del circuito financiero oficial, y que se dedican a ofrecer préstamos usurarios a empresas o particulares con dificultades o sin posibilidad de obtenerlos entre las entidades financieras clásicas. Esas necesidades pueden ser de todo tipo, desde la propia actividad empresarial a la de cubrir apuestas por deudas de juego.

Como el prestatario no puede hacer frente a esas deudas contraídas entre otras razones por el abusivo interés del préstamo, se hace frente a ello generando liquidez artificiosamente,  mediante la firma de negocios y contratos ficticios por trabajos que en realidad nunca se han hecho ni se van a hacer. Son negocios jurídicos ficticios.

Para ello, solo se necesitan dos empresas que se pongan de acuerdo. En este caso PESF y la otra, la empresa de uno de los administradores de WOODMAN SL. De forma tal que la primera firma un contrato superior a un millón de euros para la realización de trabajos de reforma de unos locales que acaba de comprar aunque no están pagados. Los trabajos nunca se harán pero sí se giran las facturas y se libran los correspondientes pagarés. 

Esos pagarés son descontados en empresas financieras de descuento de pagarés y facturas y, junto con el contrato simulado y previo descuento del interés correspondiente, el dinero procedente de esa operación es ingresado en una cuenta corriente bancaria que luego no se registra en la contabilidad oficial. Lo que convierte esa cuenta corriente en una verdadera caja b y el depósito en dinero negro. Y como ese dinero se halla fuera del circuito legal de la sociedad, se puede disponer de él a discreción sin que nadie sepa a qué bolsillos va.

Como el método funciona y los acreedores de las sociedades implicadas propiedad del administrador de WOODMAN SL cada vez son mayores y más exigentes, repiten la misma historia confeccionado hasta cuatro contratos más y con la misma operativa y para realizar las misma obras. Incluso si hace falta se falsifica la firma de una supuesta dirección facultativa,  para que las facturas generadas tengan mayor apariencia y cuele entre las entidades financieras.

Pero finalmente, la empresa principal libradora de los pagarés se ve en la necesidad de acogerse al concurso de acreedores, y comienzan así a aparecer numerosos tenedores de pagarés pero de los acreedores de las empresas de uno de los administradores de WOODMAN SL, reclamando el pago de esos pagarés al Ayuntamiento. Y, en algunos casos como este, exhibiendo un contrato firmado por quien carece de facultades y poderes para comprometer ni un euro en nombre del Ayuntamiento, pero que los tribunales dan por perfectamente válido y constituyente de obligaciones de la Corporación. De esta forma tan rocambolesca e inconcebible, el Ayuntamiento, sus contribuyentes, han de hacerse cargo de esta formidable relación de deudas acumuladas por un tercero, y mediante todo tipo de negocios simulados pero contraídos en oscuros negocios de prestamistas usureros.

Y,  A TODO ESTO, ¿QUÉ HACE EL EQUIPO DE GOBIERNO?

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Aquí podemos ver al alcalde Corpa cuando estaba en la oposición y ya fuera del equipo de gobierno, interviniendo en un pleno a propósito de un asunto relacionado también con el caso Plaza de España. Presten atención y no pierdan detalle, porque explica muchas cosas del funcionamiento de la política local y particularmente del escaso aprecio a la ética con que nos obsequian. Y de paso comprenderán por qué nuestros políticos les endosan a sus bolsillos todas estas tropelías porque, finalmente, entre los políticos se protegen antes de exigir que pague quien debería hacerlo: la persona que firmó ese maldito contrato que le va a suponer a las arcas públicas nada menos que un quebranto de medio millón de euros.

El alcalde Corpa dice aquí lo que todo el mundo sabía ya entonces, pero, eso sí, una vez en la oposición porque en los cuatro años en que estuvo en el gobierno no se le vio nada igual.

Ahora bien, esta intervención fue respondida mediante una demanda de protección del derecho al honor por las aludidas en el alegato del entonces portavoz Corpa. Demanda a la que se allanó porque, entre otras cosas, le pedían nada menos que 216.00 euros a él y a su partido y por la que hoy se halla vinculado.

Aquella intervención del señor Corpa fue premonitoria además, porque ha sucedido exactamente lo que anunciaba: que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares iba a ser finalmente el pagano de todas estos lamentables y oscuros manejos acaecidos en el seno de la gestión y administración de PESF, una sociedad con la que pretendieron jugar a promotores inmobiliarios el alcalde Setién y demás políticos de coalición.

Pero, lo que sucede para desgracia del señor Corpa es lo que no podía imaginar ocurriría nunca: que quien va a pagar el producto de todos estos  delictivos manejos en nombre del Ayuntamiento va a ser él como alcalde. Todo un lamentable panorama que sucede tras los cortinones de la escena política porque, obviamente, la información de todos estos oscuros e impresentables asuntos,  no lo verán ustedes explicado en nota o comunicado alguno del gabinete de prensa e intoxicación.

Y a todo esto, ¿qué tiene que decir la oposición? Pues eso, el atronador silencio de siempre.

EL ADMINISTRADOR CONCURSAL NOS QUIERE SEGREGAR

Este caballero de la foto es D. PEDRO BAUTISTA MARTÍN MOLINA, a la sazón, administrador concursal de la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. 

En el año 2017 quiso vender los activos de dicha sociedad en cumplimiento del plan de liquidación autorizado por el Juez concursal en 2015, por 27,5 millones de euros a la mercantil PACÍFICA CAPITAL GESTIÓN SL (una mercantil con un capital social de 3.000 euros). Sin embargo, nuestra asociación, que tuvo conocimiento del negocio por un comunicado anónimo, presentó una denuncia ante la fiscalía quien a su vez pidió medidas cautelares al Juez del Juzgado número 5 de Coslada, quien las dictó advirtiendo que no podían realizar dicha transacción porque, entre los activos adjudicados, había inmuebles propiedad del Ayuntamiento incluida la plaza de España que, por su naturaleza, es inalienable.

La operación se consiguió paralizar pero, en lugar de cumplir completamente la medida que consistía en que la plaza de España junto con otros activos debía de ser reintegrada al Ayuntamiento inmediatamente, se dedicó a dejar pasar el tiempo y permitir engrosar hasta lo indecible los créditos contra la masa sin mover ni hacer una sola concesión. Al contrario, se opuso a un incidente promovido por el propio Ayuntamiento en el nefasto mandato de la alcaldesa Catalina.

Pues bien, hoy, inopinadamente y en lo que es claramente un acuerdo a tres bandas: Ayuntamiento, el administrador concursal y Caixabank (tras la que está un mirlo blanco dispuesto a hacer el gran negocio con los activos de PESF), viene a reconocer cinco años después, que la incrustación de la plaza de España en la finca 31.183 es una "anomalía registral". Eufemismo tras el que se esconde una palmaria realidad negada en sede judicial sin embargo por estos mismo actores: que la plaza de España figura agrupada en dicha finca a nombre de la mercantil PESF y que se halla hipotecada y embargada.

Y para solucionar esto y con la aquiescencia del propio Ayuntamiento y por supuesto de Caixabank que es quien trae al comprador final, ha solicitado nada menos que la segregación de la plaza de España y asunto concluido. De forma tal que segregada la plaza y devuelta al municipio, eso le permitirá liquidar los activos incluidas las 606 plazas de garaje que hay bajo la plaza, y para lo cual el propio Corpa incluso se ha ofrecido a comprarlas en nombre del Ayuntamiento. 

Naturalmente nos hemos opuesto a este inconcebible cambalache y así se lo hemos hecho saber al alcalde. Porque, entre otras cuestiones de clara ilegalidad, sería una vergüenza que quien ha abandonado la actuación dejando un reguero de deudas que ha tenido que pagar el Ayuntamiento, e incumplido sus obligaciones urbanísticas, pretenda ahora con una simple segregación que además sería claramente ilegal, hacer borrón y cuenta nueva ofreciendo a un inversor en la sombra un formidable negocio (pagar 20 por lo que vale 40), y levantado impunemente con la pasiva dejación de la Corporación y singularmente de su alcalde. 

Nos tienen y nos tendrán todos enfrente pues, porque comprobada la desidia municipal incluida la irresponsable y dormida oposición, alguien tendrá que defender los intereses municipales. Seguiremos informando de este asunto que promete una nueva batalla a librar contra la complaciente indolencia del alcalde y demás personajes implicados.

¿QUÉ FUE DEL PACTO PSOE - PODEMOS?

 

¿QUÉ FUE DEL PACTO PSOE - PODEMOS?

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Fue hacia el mes de febrero de 2021 cuando el alcalde Corpa nos sorprendió con un inexplicable ejercicio de contorsionismo político, al firmar con PODEMOS un denominado por las partes "pacto de gobernabilidad" complementario del que ya mantenía con CIUDADANOS. Puede decirse pues que el alcalde metía en la complicidad del gobierno municipal a PODEMOS en lo que bien podía ser un verdadero menage a trois.

Dicho pacto se firmó en plena crisis del equipo de gobierno provocada por la huida de una concejala de CIUDADANOS al grupo de no adscritos y, en su consecuencia, dejando la mayoría del equipo tras el pacto de gobierno firmado entre PSOE y CIUDADANOS al inicio de mandato en una precaria situación, por cuanto que por esa causa perdían la mayoría absoluta por primera vez en esta legislatura. Y con ello el riesgo de que el equipo de gobierno quedara a merced de la oposición por primera vez especialmente en aquellas cuestiones más relevantes como podían ser los propios Presupuestos de 2021.

No se entendía bien este pacto salvo por esa razón, garantizar al equipo de gobierno la mayoría suficiente que PODEMOS le ofrecía al PSOE y a CIUDADANOS a cambio de nada. O mejor dicho, a cambio de la presidencia de la comisión informativa de PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE que le proporcionan a su titular (PODEMOS solo tiene una concejala en la Corporación) una retribución de 450 euros mensuales simplemente por eso; por presidir esa comisión informativa.

En cualquier caso, el "pacto de gobernabilidad" como los signatarios lo denominaron, fue presentado, exhibido y replicado, ¡cómo no!, en redes sociales, televisiones y emisoras de radio como una proeza del alcalde al conseguir gobernar con el centro derecha (CIUDADANOS) y, al mismo tiempo tener garantizada la estabilidad mayoritaria con la simple adhesión de la extrema izquierda representada por PODEMOS, con el propósito contenido al menos en el objeto del propio pacto de "garantizar así la mayoría estable en las votaciones que tengan que ver con la gestión directa en el municipio (presupuestos, ordenanzas, etc...)"

Se garantizaba así mediante este pacto la gobernabilidad sin sobresaltos el alcalde Corpa con la complicidad de PODEMOS y el silencio de CIUDADANOS (sus otros socios originarios de gobierno que no dijeron ni pío), a cambio simplemente de la presidencia de una comisión informativa que le reporta a su titular 450 € al mes fijos haya comisión o no. 

Año y medio después y a solo uno de la próxima convocatoria de elecciones, el susodicho pacto hace aguas por todos los lados. No hay más que presenciar los debates de los plenos (por ejemplo los dos últimos sobre expedientes de modificación de crédito), para comprobar que, en realidad, a las partes signatarias del flamante pacto de gobernabilidad que ofrecía PODEMOS (hay quien levantó la voz dentro de la formación podemita contraria a dicho pacto calificándolo la posición de la formación como de tontos útiles), han dado por incumplido dicho pacto por puramente inútil e inoperante excepto para la presidenta de la comisión informativa, claro.

No obstante lo cual, es muy útil ver el grado de cumplimiento de algunos de los 23 puntos de que constaba dicho pacto, con objeto de comprobar la extraordinaria frivolidad con que se comportan nuestros políticos locales dispuestos a firma lo que sea a sabiendas de que ni lo van a cumplir ni tampoco nadie les va a pedir explicaciones ni por su firma ni por ese incumplimiento. Así es de inane la política local; no hay vida inteligente en estos partidos sino gregaria sumisión militante y en algunos ni siquiera militantes.

Veamos pues algunos de los más clamorosos incumplimientos de aquel pacto que, según los signatarios, iba a poner a San Fernando de Henares en órbita mundial como ciudad progresista y comprometida. Sintagma ya tan manoseado por el populismo oportunista que mueve a la conmiseración.

Así, en el punto 4 se comprometían a promover planes de viviendas públicas en alquiler y la rehabilitación de viviendas: no han hecho ni una sola. En el punto 7 se comprometían a solucionar definitivamente el problema de plaza de España: no solo no lo han solucionado sino que lo han agravado, porque se limitan a pagar millonarias indemnizaciones con voluminosos intereses legales en proporciones que son un escándalo. También se comprometían en el punto 16 a recuperar el complejo de El Pilar (en realidad este complejo nunca ha sido municipal), para dotar al municipio de "un espacio abierto a las políticas de la mujer" (?). No solo no ha sido recuperado sino que permanece abandonado por la Comunidad de Madrid desde que comenzaron los problemas del metro y en estado casi ruinoso. En el punto 20 se comprometían al uso eficaz y transparente del dinero público. Todo lo contrario, ni eficaz y mucho menos transparente. Es imposible saber, por poner un simple ejemplo, cuánto dinero se ha destinado a pagar las trampas de la Empresa Municipal de Suelo, a la que, además de que el Ayuntamiento mantiene un préstamo con dicha mercantil en liquidación por derribo de 3,8 millones de euros que nunca recuperará, en el último pleno acordaron también transferirle casi 800.000 euros nuevos para pagar ahora las deudas con la Agencia Tributaria que colean desde el año 2011. La EMS viene liquidando además sus activos, con el más absoluto oscurantismo y en próximas entradas hablaremos de ello porque todo parece indicar que hay un nuevo escándalo sobre ese tema. Y, en fin, en el punto 22 se comprometían también a aprobar un Plan de Emergencias y Seguridad que, a día de la fecha ni siquiera hay atisbo de que se lo hayan planteado.

El triunfalista comunicado del PSOE que puede consultarse arriba, manifestaba que el pacto suscrito tendría un detenido seguimiento de su cumplimiento por parte de ambas formaciones. No hay noticias sin embargo de que se hayan reunido una sola vez ambas formaciones para evaluar su "seguimiento".

Como se dice, la frivolidad de nuestros políticos locales más allá de otras consideraciones, no conoce límites. Firman un pacto de gobernabilidad sin gobernar y no cumplen ni han cumplido uno solo de los 23 compromisos que asumieron. En realidad y como se ha demostrado en los sucesivos plenos, la formidable atomización y división de la oposición, garantiza por sí sola que nunca le faltarán al equipo de gobierno los apoyos necesarios porque la oposición lamentablemente vota dividida y viene a ser más bien como el ejército de Pancho Villa. Un zafarrancho de propuestas, mociones y posiciones de puro ombliguismo partidario.

FIESTAS PATRONALES: EL MÁS ABSOLUTO E IMPENETRABLE OSCURANTISMO

(PAN, CIRCO Y AÑO ELECTORAL)

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Anonadados estamos. Ni en los más tenebrosos tiempos donde el monopolio de las fiestas era capitalizado por los equipos de gobierno de IU sin recato alguno, ha sido visto nada igual en estas que podemos calificar como de "fiestas de autor y personalizadas". Eso sí, todo hecho con dinero público claro está. 

Así, mientras el PSOE inundaba los buzones con programas de fiestas a los que acompañaba un folleto de autobombo de la gestión municipal (indisimulado y descarado ejercicio de mezclar impunemente la mejor tradición del pan y el circo), el concejal Hontecillas que dejó Hacienda para reconvertirse en concejal de Festejos investido de todas las prerrogativas del cargo incluidas las competencias en materia de "toros", no ha perdido la ocasión de apuntarse al reclamo descarado buzoneando su propia tarjeta de visitas en una bochornosa réplica de autobombo a sus socios de gobierno. Vamos, recordando al personal que el éxito de las fiestas tiene autor y están personalizadas. Un recordatorio a capitalizar para la próxima elección.

No se engañen no obstante, porque las fiestas patronales siguen invariablemente un modelo consistente en incumplir los más elementales controles del gasto a manos llenas y en materia de contratación y licitaciones públicas. 

Celebran una rueda de prensa triunfalista en la que comparecen el alcalde y otros tres concejales para sacar pecho en las fiestas más concurridas y jamás vistas según manifestaron, pero no facilitaron ni una sola información acerca de su coste en dinero presupuestado contante y sonante.  Los contratos y las licitaciones al menos las aprobadas por la Junta de Gobierno se aproximan a lo más parecido a la pura discrecionalidad. Ni control previo del gasto, ni licitaciones públicas dignas de tal nombre, ni desde luego transparencia alguna de todo ese ingente dispendio que esta actividad conlleva. Ni una sola nota provisional en la página de transparencia, y ni una sola evaluación económica de este circo que amenaza con replicarse el año que viene en plenas elecciones municipales. Una adormidera circense sin escrúpulos para unos electores poco exigentes.

Un ejemplo de lo que decimos es lo sucedido con los eventos taurinos de los que nos proponíamos hablar según compromiso anterior. Pero es tan apabullante lo sucedido con las contrataciones de las fiestas, que mejor será exigir al equipo de gobierno luz y taquígrafos sobre esos gastos y sus contratos y licitaciones realizadas en la más absoluta penumbra, para tener una visión más global y precisa sobre todo lo que ha sucedido con las contrataciones de las fiestas, cuyo control del gasto deja mucho que desear. Nos proponemos pues volver sobre el asunto previa exigencia al equipo de gobierno de la más elemental transparencia sobre ello aunque sea ya a toro pasado y nunca mejor dicho. Pero cuyos primeros análisis ponen los pelos de punta. Vamos a ocuparnos de este asunto en la medida en que nos sea posible.

CASO PLAZA DE ESPAÑA: EL LARGO Y TORTUOSO VIAJE HACIA LA IMPUNIDAD (I)

 

El alcalde Corpa cuando era concejal de Cultura visitando las obras de plaza de España (año 2010)

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POR QUÉ APARECE EL ALCALDE CORPA EN LA DILIGENCIA DEL JUZGADO COMO IMPUTADO Y NO ES UN ERROR

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Desde el equipo de gobierno que está formado por el PSOE y Ciudadanos, no olvidarlo, han lanzado un comunicado a la opinión pública descalificando nuestra información acerca de la imputación del alcalde Corpa, en la causa que ha recaído en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Alcalá de Henares procedente del Juzgado de Instrucción nº 5 de Coslada. En él, además de descalificar sin más nuestra contrastada información sin citar el medio, la califican de "radicalmente falsa". Y piden, además, que cesen estos "ataques injuriosos dirigidos tanto al alcalde como al equipo de gobierno y a los/as trabajadores/as municipales, que se vienen prolongando en el tiempo con el único objetivo de manchar, de manera malintencionada y torticera, el nombre del Gobierno Local"

El comunicado que denominan "oficial" y que no lleva firma de nadie que se haga responsable, contiene una triple falacia: i) la negación de la imputación del alcalde Corpa en esa causa atribuida a un error ya corregido por el juzgado, ii) la creencia de que un órgano como el gobierno local, en tanto que institución pública,  es depositario de alguna forma de derecho al honor susceptible de su defensa, y iii) la creencia totalitaria de que la crítica ciudadana a la gestión de este gobierno, constituye un ataque a su honor extensivo también a los funcionarios públicos municipales, como si estos, por ese solo motivo, estuvieran exentos también de la sana crítica ciudadana cuando hay motivos para el reproche más allá de la responsabilidad de los políticos.

EL ALCALDER CORPA FUE REQUERIDO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR EL JUZGADO 5 DE COSLADA A PRESTAR FIANZA SOLIDARIA DE 319.000 EUROS EN RAZÓN, PRECISAMENTE, DE SU IMPUTACIÓN EN LA CAUSA

Contra lo que se afirma en el "comunicado oficial", el alcalde Corpa sabe y conocía desde septiembre de 2021 al menos, que se hallaba imputado (hoy investigado) en una causa abierta en el año 2019 a resultas de una denuncia nuestra junto con el resto de los miembros de las sucesivas Juntas de Gobierno Local, por su votación unánime en los correlativos acuerdos de dicho órgano colegiado respecto del proceloso e inusitado procedimiento seguido para aprobar el Proyecto de Reparcelación de la UE-1, sin ser sometido al preceptivo trámite de información pública.

Sin embargo, en lugar de personarse en la causa con su abogado y procurador, lanzó por delante a la asesoría jurídica municipal que depende de él precisamente y que se halla personada en la causa pero a título de responsable civil subsidiario solamente, lo que le impide ejercer acciones penales y mucho menos en nombre de otros cual es el caso, para promover incidentes procesales que no afectan al Ayuntamiento sino al señor Corpa. Y careciendo de legitimidad además, pero, so pretexto de errores que no son tales, tratar de impedir que el señor Corpa sea encausado a pesar de haber incurrido en exactamente la misma conducta y el mismo presunto ilícito penal por el que se va a juzgar a los señores Setién y Martínez. Como si con su solo y exclusivo voto hubiera sido posible adoptar los acuerdos por unanimidad de las tres Juntas de Gobierno celebradas y con el mismo resultado: impedir que el Proyecto de Reparcelación de a UE-1 fuera sometido al preceptivo trámite de información pública y, con ello, nuestra intervención o de la ciudadanía en general formulando alegaciones.

Así, el mismo Juzgado de Instrucción que había acordado la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil, ya que en la causa penal hay víctimas de la presuntas conductas dolosas de los encausados que reclaman el resarcimiento económico a los responsables por importe de 319.000 euros, dirigió oficio al propio señor Corpa en el mes de octubre para que, en razón de hallarse imputado en dicha causa, prestara fianza en el plazo de 24 horas por el importe solidario referido de 319.000 euros. Fianza que, si no fuera prestada en el plazo señalado entrañaría obviamente el embargo de sus bienes por el importe proporcional que le correspondiera.

Así pues, los autores desconocidos del "comunicado oficial" que tacha nuestra información como radicalmente falsa, o desconocen esta circunstancia o simplemente son cómplices de un engaño a los ciudadanos que, más pronto que tarde, será puesto en negro sobre blanco por los propios Juzgados.

LA FISCALÍA PIDIÓ FORMALMENTE LA IMPUTACIÓN DEL SEÑOR CORPA YA EN 2016

Esto de arriba es un escrito presentado en el año 2016 por la Fiscalía en la que ya se pedía que fuera citado como investigado el hoy alcalde Corpa, precisamente por haber votado en la Junta de Gobierno Local a favor de omitir el trámite de información publica del Proyecto de Reparcelación de la UE-1. Omisión que,  indiciariamente, el Ministerio Público consideraba podía ser constitutivo de un presunto delito de prevaricación.

Por lo tanto, ya en el año 2016 y en la causa principal, la propia fiscalía pedía al juez que fuera llamado en calidad de investigado (junto con otros más), por haber realizado exactamente la misma conducta por la que se va a juzgar al ex alcalde Setién y al ex concejal de urbanismo señor Martínez. Ahora bien, ¿por qué razón no se llamó nunca al señor Corpa para comparecer al Juzgado y ser interrogado al respecto? Todo parece indicar que se debió a un olvido de la Fiscalía, ya que en la causa no hay antecedente alguno que indique renuncia o rechazo formal a lo pedido en dichas diligencias complementarias.

NUESTRA DENUNCIA DE MAYO DE 2019 Y LA DECISIVA INTERVENCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN EL FORMIDABLE EMBROLLO DEL CASO PLAZA DE ESPAÑA

Esquema de cómo funcionó la complicidad y confusión de cargos en los diferentes órganos formados exclusivamente por miembros del equipo de gobierno entre 2007 - 2011, y el papel decisivo de la Junta de Gobierno Local para que la plaza de España acabara adjudicada a la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. 

El voto del entonces miembro de la Junta de Gobierno Local, el señor Corpa, fue decisivo junto con los del resto, para consumar esta formidable aberración de que la plaza de España esté agrupada a una finca registral , la 31.183, y adjudicada a nombre de una sociedad mercantil. Obviamente, el señor Corpa podía haber votado en contra de la propuesta, pero no lo hizo. Por el contrario, junto con los demás, votó a favor de omitir el trámite de información publica del Proyecto de Reparcelación de la UE-1. Es un dato incontrovertible pues que todos los miembros de la Junta de Gobierno Local que en tres ocasiones diferentes votaron en el mismo sentido y realizaron exactamente la misma actividad: evitar que el Proyecto fuera sometido a información pública y por lo mismo conocido por la ciudadanía.

La operativa y la complicidad de la Junta de Gobierno, el alcalde (en su triple condición de alcalde, presidente de la Junta de Gobierno y presidente también de PESF), y los cargos de confianza política, funcionaron sincronizadamente con la misma finalidad: acortar los trámites obligados y con ello el tiempo en la tramitación del Proyecto de Reparcelación de la UE-1, con la finalidad de disponer lo antes posible del dinero de los préstamos de Caja Madrid. Cosa que finalmente hicieron en septiembre de 2009, pero a costa de atropellar toda la legalidad de la que fue cómplice o cooperadora necesaria la Junta de Gobierno Local a la que pertenecía el señor Corpa.

EXPEDIENTES QUE DESAPARECEN DEL AYUNTAMIENTO

Arriba, un escrito firmado por el señor Corpa en octubre de 2012 en tanto que portavoz del PSOE entonces dirigido a la secretaria general municipal, con objeto de que le fuera proporcionada una copia del Proyecto de Reparcelación de la UE-1.

Por su parte, hasta tres secretarios municipales diferentes y por lo tanto tres fedatarios públicos, han sido requeridos por los Juzgados (es el caso del Juzgado número 5 donde se sigue la causa penal y 19 de lo contencioso de Madrid), para que fueran aportados los expedientes completos que sirvieron de base para adoptar los respectivos acuerdos por parte de la Junta de Gobierno Local o bien emitieran certificados al respecto, para aprobar el Proyecto de Reparcelación y sus dos modificaciones por la Junta de Gobierno.

Sin embargo, ninguno de los tres fedatarios públicos ha podido remitir a los Juzgados respectivos expedientes porque, afirman, los originales no se hallan en el Ayuntamiento.

Esta circunstancia ha hecho que hayamos presentado una denuncia por infidelidad en la custodia documentos cuya causa se sigue en el Juzgado 6 de Coslada. En dicha causa, el alcalde Corpa fue requerido como testigo a nuestra propuesta, con objeto de que dijera en el Juzgado si había recibido copia del Proyecto de Reparcelación referido o, por el contrario, ya en el año 2012 conocían la desaparición de los expedientes.

Pero la declaración del señor Corpa y la posterior conducta del propio Ayuntamiento en esta causa, rebela una sórdida coincidencia con los intereses de los imputados. El señor Corpa, que como testigo está obligado a decir la verdad, realizó afirmaciones inquietantes difícilmente compatibles con la verdad. Así, cuando fue preguntado si mantenía algún tipo de enfrentamiento o enemistad con una de la personas imputadas, manifestó que no, a pesar de que fue objeto en su día de una demanda por esa misma persona por la que le pedían además 216.000 euros a él y a su partido como indemnización.

Asimismo, asegura también que vio, consultó y obtuvo una copia de los informes técnicos de los expedientes en los que votó a favor. Sin embargo, nadie ha visto esos informes técnicos.

CIUDADANOS, UNA COMPLICIDAD MANIFIESTA

Alberto Hontecillas, el flamante concejal de Archivos entre otras cosas. 

Este concejal ni sabe ni tiene interés en conocer dónde están los famosos informes técnicos que el alcalde Corpa asegura, en sede judicial, que vio, leyó y obtuvo una copia de los mismos y que lógicamente debería de obrar en los archivos municipales de los que es responsable.

Ciertamente, la actitud de Ciudadanos en este lamentable caso de Plaza de España en el que no participaron para nada, empieza a ser inquietante. No se explica muy bien cómo este grupo asume, con plena complicidad, las mismas maniobras de distracción que el señor Corpa tiene acreditadas para con los imputados en estas causas, pidiendo, como Ayuntamiento y por lo tanto como titular de los expedientes desaparecidos, el archivo de las mismas. Cuando obviamente en un caso en el que han desaparecido tres expedientes administrativos completos de los archivos municipales, la primera perjudicada es lógicamente la propia administración. 

¿Cómo es posible pues que el Ayuntamiento, cuyos secretarios de niegan a certificar nada respecto de este asunto a petición de diferentes juzgados porque los originales han desaparecido de los archivos municipales, y por lo tanto es la más directamente perjudicada, no formule acusación alguna en la causa que se sigue por presunta infidelidad en la custodia de documentos, un delito enjuiciable además por Tribunal Jurado, y pida directamente el archivo de la causa en la misma línea y coincidencia que los imputados?

Si el señor Corpa en sede judicial, participando además en calidad de testigo, asegura que vio, leyó y obtuvo copia de dos informes técnicos que nadie ha visto, parece lógico que en los archivos municipales de los que es responsable el señor Hontecillas, tendrían que existir y facilitarnos copias de los mismos y así se lo pedimos oficialmente. Pero he aquí que el concejal y portavoz de Ciudadanos nos da una larga cambiada, vamos, que nos hace un corte de mangas administrativo emboscado tras un informe jurídico infumable, y en lugar de facilitarnos copia de dichos informes técnicos que el señor Corpa asegura en sede judicial y actuando como testigo ha visto y leído, nos deniega copia de los mismos. Vamos, que no le da la gana facilitarnos copia alguna como si esos documentos fueran de su propiedad.

Es asombroso pero esto funciona así. La larga mano del presunto encubrimiento que solo busca la impunidad de los responsables de este formidable fiasco que tan caro le está saliendo al contribuyente, goza de unas claras coincidencias que hacen sospechar de un pacto en la sombra con los encausados en las diferentes causas abiertas. La negativa del concejal y portavoz de Ciudadanos, el señor Hontecillas, a nuestra petición de la copia de los informes técnicos que el alcalde asegura vio por partida doble además, no puede sino llevarnos a la conclusión de que Ciudadanos se ha pasado al otro lado del espectro, y se ha entregado con fruición solidaria a esta bochornosa ceremonia de la impunidad. No obstante, haremos todo lo posible para que respondan también por ello.

PRÓXIMA ENTRADA

ADJUDICAN EL CONTRATO DE LOS RECORTES DE LOS TOROS A UNA EMPRESA QUE SE CONSTITUYÓ UNOS DÍAS ANTES DE LA LICITACIÓN

EL CASO PLAZA DE ESPAÑA Y EL ALCALDE CORPA (I)

 

CONTRA FACTUM NON VALET ARGUMENTUM

(Contra los hechos no valen argumentos)

***

Desde la factoría del gabinete de prensa municipal vuelven a la carga y califican nuestra información acerca de la situación procesal del alcalde Corpa en la causa citada en la entrada anterior, como absolutamente falsa e incluso injuriosa. Y, en la misma línea de otros comunicados, advierten, henchidos de arrogancia, que el Ministerio de la Verdad son ellos y exclusivamente ellos.

Como estos asuntos judiciales son tremendamente complejos y áridos, no es posible explicar en una entrada de blog la peripecia judicial del caso plaza de España. Y, en particular, cuál fue el papel que jugó el actual alcalde en aquel formidable fiasco perpetrado entre los años 2008 y 2012, cuando formaba parte entonces del equipo de gobierno de la coalición de IU y PSOE.

Desde que el PSOE y el señor Corpa dejaron el gobierno municipal tras las elecciones de 2011, el hoy alcalde pero ya entonces portavoz del grupo socialista pero ya en la oposición, desplegó una inusitada y agresiva campaña contra los gobiernos de IU en relación con el caso plaza de España, en lo que aparentó ser una estrategia de blanqueamiento de su anterior complicidad en el equipo de gobierno, sin descartar tampoco mala conciencia. 

Sea como sea, el señor Corpa firmaba comunicados en la Calle de la Libertad como estos de abajo en los que acusaba a IU y sus gobiernos de llevar a San Fernando de Henares a la ruina por el caso plaza de España, y defendía una moción en la que instaba al equipo de gobierno a ejercer acciones judiciales de todo tipo, civiles, administrativas e incluso penales contra los administradores de hecho o de derecho de la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Obviamente, el señor Corpa no podía desconocer que desde principios de 2011 y formando parte él del equipo de gobierno, ya existían unas diligencias penales, las que hoy han llegado al Juzgado de lo Penal nº 3 de Alcalá de Henares, abiertas en los Juzgados de Instrucción de Coslada. Independientemente de lo absurdo que resulta instar a iniciar esas acciones al alcalde de entonces, y no hacerlo él mismo mediante, por ejemplo, el ejercicio de la acción popular. En lo que es casi una constante en estos asuntos, tirar la piedra pero esconder la mano.

Pues bien. De los actuales corporativos solo el alcalde Corpa formó parte de aquel gobierno en coalición (IU y PSOE). Pero el problema que al parecer tiene es que es incapaz de reconocer que, formando parte de dicho de gobierno de coalición durante el mandato de 2007 a 2011 y, más concretamente de la Junta de Gobierno Local, adoptó acuerdos y realizó votaciones que no se ajustaban precisamente a la legalidad. Razón por la cual, dos de los asistentes a aquellas Juntas de Gobierno hoy se hallan encausados en la causa penal que ha recalado en el Juzgado 3 de Alcalá de Henares, pero ni él ni otros cuatro o cinco asistentes también a dichas Juntas de Gobierno y que votaron exactamente igual todos ellos porque el acuerdo fue adoptado por unanimidad, sin embargo no se hallen imputados o investigados en la misma causa. El asunto es tan absurdo como injusto obviamente.

Como se dice, el tema es de cierta complejidad y solo los que estén algo familiarizados con los vericuetos de la actividad procesal judicial, podrán llegar a comprenderlo. Por eso, vamos a intentar explicarlo aun a sabiendas de que es imposible citar aquí todos los matices e incluso todas las circunstancias que concurren en este caso, y que llevan a la representación procesal del Ayuntamiento en la causa a calificar como un error del juzgado lo que, en rigor, no es sino una patente omisión.

Para ello, nos atendremos a los hechos exclusivamente (si bien esto va a requerir alguna entrada más porque no será posible hacerlo en una sola), porque contra los hechos (que son los que siempre son objeto de examen judicial) no valen argumentos como indica el aforismo latino. 

Y, además, como sucede en estos casos también, obviamente el poder y sus instrumentos de propaganda se esfuerzan en ocultar la verdad porque no quieren que la opinión pública la conozca bien. Para ello, lanzan cortinas de humo (incluso amenazan con querellas) como en el comunicado de marras del que llaman gabinete de prensa pero que no es más que de propaganda. 

De forma tal que desafiamos a cualquiera a que demuestre si desde los sucesivos gabinetes de prensa desde aquellas épocas a esta de hoy, alguna vez han dicho una sola verdad relacionada con el caso plaza de España. O simplemente han informado al ciudadano acerca de la situación de las causas judiciales abiertas que, lentas pero inexorables, van abriéndose paso para que el juzgado mediante sentencia establezca al menos la verdad judicial.

Al contrario, toda la actividad desplegada por estos gabinetes de prensa sobre el caso de estos procelosos asuntos, ha estado presidida por acciones para embarrar el campo o lanzar cortinas de humo como el último comunicado que en realidad no comunica nada porque, de entrada, renuncian a dar explicaciones sobre el caso y ponen el foco en defender el honor del alcalde. Como si decir lo que objetivamente es riguroso y cierto fuera una injuria tratándose además de un funcionario público. Por el contrario, se dedican a descalificar y amenazar con la sola idea de blindar al alcalde pero sin dar explicación alguna plausible del caso.

Y para muestra, este titular de abajo (uno de los muchos) de uno de los números de La Calle de la Libertad correspondiente a los días previos a las elecciones de 2011, donde se aseguraba que en agosto del mismo año los propietarios de los inmuebles expropiados podían retornar a sus nuevas y flamantes casas. Once años después ya han abandonado toda esperanza. ¿Hay una muestra mejor de esta fábrica de fake news que son los gabinetes de prensa municipales cualquiera que sea el gobierno que esté en el poder?

Toda esta información enlatada y destinada a incautos votantes (las elecciones como se dice eran inmediatamente después, en mayo de 2011), era confeccionada, elaborada y distribuida (esta revista municipal tenía una tirada mensual de 16.000 ejemplares), por una serie de personas que, según la mancheta de la revista que puede consultarse abajo, formaban un denominado staff que confeccionaba esta propaganda, sin que, por lo demás, esté regulada por alguna norma interna su función, de quién dependen y quien es el responsable de las toneladas de propaganda que vierten. Eso sí, no hallarán ustedes en ese medio una sola noticia o referencia relacionada con el caso plaza de España. Pero ni en ese ni en los responsables actuales, claro. Porque su misión no es contarle precisamente la verdad, sino ocultársela.

El staff era este:

VAMOS A LOS HECHOS PUES

1. Con fecha 6 de julio de 2009 y bajo la presidencia de Miguel Blesa, se reunía el consejo de administración de Caja Madrid con objeto de autorizar un préstamo al promotor a la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL presidida entonces por el alcalde Setién, por importe de 54 millones de euros destinado al pago de las obras de remodelación de la que se conoce como la UE-1 del PGOU o plaza de España.

2.- El acuerdo del consejo de administración de Caja Madrid autorizó la operación, pero impuso una serie de condicionalidades antes de poder disponer del dinero que debía cumplir la mercantil PESF presidida por Setién: i) que debían presentar la licencia de obras definitiva y no condicionada, y ii) que, asimismo, debían presentar un Proyecto de Reparcelación debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad.

3.- Como la mercantil PESF carecía de recursos propios porque el pacto societario consistía en que nadie, ninguno de los socios, iba a poner un solo euro físico, inmediatamente después de su constitución en julio de 2008, una mercantil del GRUPO WOODMAN, Residencial Alperchines SL, le hizo un préstamo de 1,5 millones de euros. Esta mercantil había sido favorecida precisamente apenas unos meses antes por una permuta de solares de propiedad municipal en el polígono industrial, por otro solar en la calle Alperchines que el Ayuntamiento luego cedió a la EMS.

4.- Así pues, los administradores de PESF que obviamente eran los mismos que el equipo de gobierno, a la vista de las fechas (julio de 2009), se hallaban acuciados por las siguientes prisas que, como dice el refrán, siempre son malas consejeras: i) la falta crónica de liquidez dada la ausencia de recursos propios ya que la operación financieramente se acometió mediante el recurso al puro apalancamiento. ii) la necesidad de iniciar las obras rápidamente dado el plazo de las siguientes elecciones (mayo de 2011), y iii) porque ya desde el inicio de 2009, los propietarios se hallaban realojados en viviendas cuyo alquiler corría a cargo de PESF con un coste mensual de aproximadamente 150.000 euros cada mes.

5.- Ante eta situación, los administradores de PESF y del equipo de gobierno (que no hay que olvidar que lo formaban IU y PSOE), idearon un plan: saltarse trámites preceptivos y acortar al máximo los tiempos con objeto de iniciar lo antes posible las obras y, sobre todo, acceder a la mayor brevedad al dinero de los préstamos hipotecarios autorizados por Caja Madrid, pero de los que no podían disponer sin cumplir antes las condicionalidades impuestas.

6.- De modo tal que, ya en mayo de 2009, sabían que el proyecto de edificación presentado incumplía el PGOU, porque así se lo había hecho saber la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Fomento de la CAM. Esta contrariedad les obligaba a dos opciones: i) rechazar el proyecto (que dicho sea de paso es lo que le sucedería a cualquier mortal si presentara un proyecto para una obra que no cumple las determinaciones del PGOU), y ii) o bien modificar el PGOU y aprobando también un Plan Especial.

7.- Pero estos trámites entrañaban mucho tiempo, un tiempo del que no disponían como se ha dicho antes. Y en el caso de la Modificación Puntual del PGOU, suponía que, además, su aprobación definitiva tenía que hacerlo la Comisión de Urbanismo de la CAM. Lo que, como poco, suponía no menos de seis meses en su tramitación.

8.- De modo que le encargaron al propio autor del proyecto que no cumplía el PGOU, tanto su modificación como la redacción del Plan Especial para conseguir que fuera autorizado. Este encargo lo fue ya en mismo mes de julio de 2009, si bien tenía un grave inconveniente: lo incompatibilizaba como director de la obra por infracción del Código Deontológico del Colegio de Arquitectos.

9.- De forma tal que, visto lo visto, decidieron saltarse todos los trámites y arrancar las obras dando cumplimiento a las exigencias de Caja Madrid, pero no al cumplimiento de las prescripciones legales y de planeamiento, con clara intención de acelerar al máximo los trámites para poder disponer lo antes posible del dinero de los préstamos.

10.- Y entonces pusieron en marcha el plan. De forma que firmaron la Licencia el 31 de julio de 2009. Licencia de obras para ejecutar un proyecto que, obviamente, a la fecha de su emisión no cumplía el PGOU. Conscientes de ello, decidieron pues que la licencia fuera condicionada. Es decir, condicionada a la futura aprobación del Plan Especial. Lo cual la convierte en una licencia ilegal. Pero, aún así, dieron la licencia en esas condiciones a PESF.

11.- No hay que decir a propósito de lo anterior, que quien era el consejero delegado de PESF y por lo tanto titular de la licencia, era al mismo tiempo el concejal de urbanismo. O sea, que se daba las licencias a sí mismo. De forma tal que, con la licencia "condicionada" en la mano, firmaron los contratos con las constructoras al día siguiente y el once de agosto comenzaron las obras. Y ello a pesar de que sabían en aquella fecha, que ni el proyecto cumplía el planeamiento ni, por supuesto, la licencia tampoco.

12.- Así pues, "solucionado" mediante este atajo legal el problema de la licencia, quedaba el más peliagudo del Proyecto de Reparcelación que exigía Caja Madrid. Pero, cuando eres juez y parte, es decir, el consejo de administración de la mercantil es el mismo que el equipo de gobierno, no hay problema que no pueda ser resuelto mediante atajos legales. Y, de esta forma, el día 1 de julio de 2009, aparece como por ensalmo redactado un misterioso Proyecto de Reparcelación para una tramitación exprés nunca visto por estos lares, pues su aprobación se hizo en solo tres días.

13. - Y es aquí donde entra en juego la complicidad de la Junta de Gobierno Local de la que formaba parte, precisamente, el hoy alcalde Corpa pero entonces teniente de alcalde y concejal de cultura. De forma tal que sucede la siguiente insólita peripecia para aprobar de manera urgentísima el Proyecto de Reparcelación cuya presentación exigía Caja Madrid: i) no se sabe quién ha redactado del Proyecto de Reparcelación porque no va firmado por nadie. ii) no lo pasan por el Registro General Municipal, iii) tampoco lo registran en el registro auxiliar de Urbanismo donde tienen un programa informático de seguimiento de los expedientes, iv) tampoco es informado por los servicios jurídicos y técnicos de urbanismo, v) solo es informado jurídicamente por la asesora jurídica y la directora del área de urbanismo dos cargos de confianza política y la primera demás secretaria de la sociedad que supuestamente presentaba el Proyecto.

14.- En esas condiciones llega este expediente a la Junta de Gobierno Local donde se somete a aprobación el Proyecto de Reparcelación de la UE - 1 y adheridos, que es aprobado por UNANIMIDAD de los asistentes, incluido, lógicamente el voto favorable del señor Corpa. Esto puede comprobarse simplemente consultando el acta de una de las dos sesiones en las que votó el alcalde Corpa que se exhibe abajo.

15.- Finalmente, tras una modificación en otra Junta de Gobierno Local celebrada el día 29 de julio de 2009 y a la que asistió también el señor Corpa y el voto también fue unánime, se había dado vía libre a las exigencias de Caja Madrid, de forma tal que el 14 de septiembre de 2009, PESF pudo por fin acceder a los préstamos concedidos al haber aprobado en tiempo récord tanto la Licencia como el Proyecto de Reparcelación, aun a costa obviamente de atropellar toda legalidad.

¿QUÉ ES LO QUE VOTÓ PUES EL ALCALDE CORPA EN AQUELLA SESIÓN?

Ya hemos visto que el acuerdo fue adoptado por la unanimidad de todos los asistentes a aquella Junta de Gobierno Local celebrada el día 3 de julio de 2009, seis en total entre los que se encontraba el señor Corpa. Ahora bien, ¿qué consecuencias para el futuro horizonte penal tuvo (y tiene) aquella votación por la que de forma unánime se procedió a aprobar el denominado Proyecto de Reparcelación de la UE-1 y adheridos?

El Proyecto que fue aprobado por aquella Junta de Gobierno luego modificado por otros dos acuerdos también de la misma Junta, se aprobó con las siguientes circunstancias y consecuencias: i) carecía del preceptivo informe técnico, ii) tampoco fue informado preceptivamente por la Dirección General de Patrimonio Histórico, iii) el Proyecto de Reparcelación arrasó literalmente con el parcelario histórico, que se hallaba protegido por el Catálogo del PGOU, iv) el Proyecto NO fue sometido al trámite de información pública (trámite obligado legalmente) con el solo y único objeto de acortar al máximo todos los plazos, y v) tampoco se hacía cesión alguna al Ayuntamiento ni siquiera de la plaza de España, razón por la cual hoy día sigue figurando en el Registro de la Propiedad a nombre de PESF, ya que TODAS las fincas resultantes se le adjudicaron a la mercantil mixta.

Obviamente, en la tramitación de este Proyecto se perpetraron otras muchas irregularidades ordinarias administrativas, pero una de ellas fue objeto del interés de la Fiscalía por contener posible relevancia penal: la ausencia del preceptivo trámite de información pública.

Por ello, precisamente, se hallan encausados en esta causa que ha llegado al Juzgado de lo Penal de Alcalá de Henares, a quienes acusa la Fiscalía de presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, tanto el exalcalde Setién como el que era concejal de urbanismo, Martínez. Ahora bien, ¿cómo es posible sin embargo que, habiendo incurrido todos en exactamente la misma conducta típica de votar a favor del Proyecto de Reparcelación, solo se pretenda juzgar a dos de sus asistentes y no a los seis restantes?

Pues esta es la pregunta que toda persona medianamente informada y no intoxicada por el Ministerio de la Verdad del gabinete de prensa municipal, tendría que hacerse obviamente. Porque no es posible hallar algo tan de sentido común (y de justicia) en esta peripecia judicial.

No pierdan ustedes el tiempo amigos seguidores del blog, porque en el Ministerio de la Verdad del Ayuntamiento, constituido bajo  una suerte de limbo legal porque no se sabe bien cuál es su misión ya que no figura en resolución o norma legal alguna, ni desde luego ante quién responde  (aunque les pagamos todos), nunca, nunca le van a contar de las cosas como se las contamos nosotros; es decir, como son. Y no como desde el gabinete de prensa dice que son porque, entre otras cosas, es probable que ni siquiera las conozcan todas, y, en algunos casos, incluso aun conociéndolas es dudoso que las entiendan.

PRÓXIMA ENTRADA

¿POR QUÉ APARECE EL ALCALDE CORPA EN LA DILIGENCIA DEL JUZGADO COMO IMPUTADO Y NO ES UN ERROR?

NUEVA CRÓNICA DE JUZGADOS

 DE NUEVO EL TSJ DE MADRID NOS DA LA RAZÓN FRENTE A LA CERRIL NEGATIVA DEL AYUNTAMIENTO

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla de nuevo a nuestro favor contra la negativa del Ayuntamiento a que el señor Secretario, en cuanto que titular de la fe pública municipal, certifique cuáles fueron los elementos patrimoniales que salieron del Ayuntamiento para ser aportados a la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL.

Aunque parezca mentira y en los tiempos que corren, obtener una cosa tan elemental de este Ayuntamiento es imposible dada la ausencia total de transparencia del equipo de gobierno, y su empecinada inclinación a menospreciar a la ciudadanía que ose simplemente ejercer su indeclinable derecho a obtener copias y certificaciones de los acuerdos adoptados por los diferentes órganos municipales. Así estamos, víctimas de una cultura política consistente en la creencia de que los antecedentes administrativos contenidos en los acuerdos y resoluciones, les pertenecen a ellos y solo a ellos.

Pues bien, este inconcebible celo oscurantista del equipo de gobierno, nos ha llevado incluso hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde, después de muchas peripecias, reclamaciones y demandas, al fin se va abriendo paso la legalidad con una sentencia reciente que nos da la razón plenamente estimando nuestro recurso. Frente al oscurantismo más retrógrado de un indigente equipo de gobierno incapaz de entender que pisotear los derechos de los ciudadanos no les va a salir gratis.

Y, para que desde el gabinete de prensa reconvertido en oficina de propaganda e intoxicación, no osen tildar nuestra información de fake news de nuevo, aquí está una copia del fallo del TSJ de Madrid, que debería llenar de vergüenza al alcalde Corpa y su equipo de gobierno. Ya solo nos falta que nos sorprendan de nuevo recurriendo el fallo en casación al Tribunal Supremo, en esta absurda carrera por batir todos los récords del sostenella y no enmendalla.

EL CASO PLAZA DE ESPAÑA SERÁ JUZGADO EN EL JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO 3 DE ALCALÁ DE HENARES

El conocido como caso plaza de España ya tiene por fin asignado el juez de lo penal que lo juzgará: será el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Alcalá de Henares. Tras casi diez años de instrucción en el Juzgado número 5 de Coslada en unas diligencias abiertas tras una querella de nuestra asociación en el año 2011, por fin el caso ha pasado al Juzgado que se encargará de juzgar a los imputados y dictar en su día sentencia contra los responsables de todo el formidable fiasco de la actuación municipal, en el conocido como caso plaza de España.

EL ALCALDE CORPA APARECE  COMO IMPUTADO EN ESTA CAUSA SEGÚN DILIGENCIAS REMITIDAS POR EL JUZGADO 5 DE COSLADA

En las Diligencias de traslado de la causa remitida por el Juzgado instructor número 5 de Coslada, el alcalde Corpa aparece en el listado de imputados junto con otros cuatro miembros de las Junta de Gobierno Local que acordó aprobar en varias sesiones de julio de 2009, el Proyecto de Reparcelación de la UE - 1 o más conocido de plaza de España. Este Proyecto no fue sometido a información pública incumpliendo así lo que prescribía la ley, y en las votaciones participó también entonces el alcalde Corpa.

LA ASESORÍA JURÍDICA AL RESCATE DEL SOLDADO CORPA

Pero he aquí que, como viene siendo habitual, la asesoría jurídica en lugar de defender el interés general municipal (en esta causa se tiene al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario), no ha dudado en acudir rauda y veloz como el viento en defensa del señor Corpa, arrogándose su defensa y suscitando un incidente procesal alegando que su imputación es un error cuando no lo es.

Es inaudito todo lo que está pasando con el caso plaza de España, y la lamentable peripecia judicial a la que hay que añadir la inconcebible trayectoria procesal que viene siendo mantenida por el Ayuntamiento en función de quién esté en el gobierno. La instrumentalización en beneficio propio de la asesoría jurídica municipal, no puede salirle gratis al alcalde Corpa. Solo es cuestión de tiempo.

INTOXICA QUE ALGO QUEDA...

INTOXICA QUE ALGO QUEDA

Desde el autodenominado gabinete de prensa del Ayuntamiento, se nos obsequia de nuevo con un comunicado que trata de desmentir nuestra entrada anterior relativa a la reciente sentencia del TSJ de Madrid confirmando la nulidad de los cargos confianza política, creados a raíz del acuerdo del pleno de organización celebrado el día 15 de junio de 2019.

Como puede comprobarse, se trata de un comunicado que si bien trata de desmentir nuestra información (e incluso descalificándola como fake news), en realidad no desmiente nada sino todo lo contrario; la confirma plenamente.

Este tipo de comunicados no es la primera vez que se emiten desde la factoría de este fantasmagórico gabinete de prensa (no existe como tal en el organigrama municipal), pues ya tuvimos ocasión de conocer otra esperpéntica interpretación acerca de otra resolución en aquella ocasión del Tribunal Supremo, celebrando como una victoria que no les hubiera sido admitido un recurso de casación y concluyendo que dicha resolución tenía como correlato inmediato que la plaza de España ya era municipal. Hoy, varios años después, en el registro de la propiedad sigue figurando la plaza de España a nombre de la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL.

EL GABINETE DE PRENSA AFIRMA QUE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID FABRICAN FAKE NEWS EN SUS RESOLUCIONES

He aquí la célebre y muy reciente sentencia del TSJ de Madrid cuyos magistrados (cuatro en total), acaban de confirmar que, en efecto, cuatro de los cargos del personal eventual creados por el acuerdo del pleno de organización son nulos porque no se ajustan a derecho. Para comprobarlo, solo hace falta consultar los repertorios de jurisprudencia porque son de acceso público. Y, si bien la sentencia lleva fecha 21 de febrero de 2022 y, naturalmente, el Ayuntamiento era el apelante y por lo tanto tiene perfecto conocimiento de ello desde hace muchas semanas, la ciudadanía en general no lo hubiera conocido si nosotros no lo hubiéramos dado a conocer.

Así pues, el que denominan comunicado "oficial" no solo no desmiente nada, sino que califica como fake news a la propia resolución judicial firmada por los cuatro magistrados del tribunal superior, pues no otra conclusión cabe sacar del mismo por cuanto que la sentencia, obviamente, existe y está al alcance de cualquiera que la quiera consultar. 

Eso sí, nadie, ni siquiera de la oposición, se ha hecho eco de ello. Y, desde luego, mucho menos del equipo de gobierno o de su gabinete de prensa que, obviamente, solo está para dar buenas noticias y cuando alguien, como en este caso, saca  las malas, siempre les queda el recurso de descalificarlas como fake news y a otra cosa mariposa.

ACUERDO NULO POR FRAUDULENTO

El Ayuntamiento recurrió la sentencia del Juzgado nº 28 de lo Contencioso de Madrid que ya se pronunció en su momento acerca de la nulidad de estos acuerdos por carecer de motivación, entre otras cosas, y devenir en nulos por constituir un patente fraude de ley. Los puestos creados por el pleno eran de coordinadores, que están reservados a funcionarios y se cubren mediante un proceso de selección de mérito y capacidad. Y, además, entre su plantilla hay numerosos coordinadores cubiertos por personal funcionario.

Así pues, no es que el TSJ de Madrid venga ahora a decir nada distinto a lo que ya dijo en su día el Juzgado nº 28, sino que lo confirma plenamente contra las pretensiones del Ayuntamiento. En otras palabras, los acuerdos del pleno de organización que permitieron los posteriores nombramientos de cuatro de los cargos de confianza, son radicalmente nulos por no ajustarse a derecho al haberse creado sin motivación alguna en manifiesto fraude de ley.

Esto es lo que viene a decir la sentencia del TSJ de Madrid, y no la torticera interpretación que se infiere de la nota emitida para incautos por el gabinete de prensa, tratando de hacer creer al personal que lo recurrido era la existencia de estos cargos (que el cualquier caso han de ser excepcionales) y no los acuerdos  del pleno de 15 de junio de 2019.

...Y EL FALLO

Y aquí está el fallo por si hubiera alguna duda tras la intoxicadora nota de prensa en forma de comunicado "oficial". Se desestima totalmente el recurso del Ayuntamiento, se confirma la sentencia del juzgado nº 28 por ser plenamente ajustada a derecho y, además, se condena en costas al Ayuntamiento.

¿Dónde está pues señor Corpa la fake news? ¿en la noticia que dábamos nosotros o en el comunicado "oficial" de su gabinete prensa,  propaganda e intoxicación?

GRAVES DIFICULTADES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS JURÍDICOS EN EL GABINETE DE PRENSA

A la luz del patético texto del comunicado "oficial" del gabinete de prensa solo apto para ciegos conmilitantes, y desde luego de la estrafalaria y torticera interpretación que se hace en el mismo de la famosa sentencia, es muy evidente que quien quiera que sea quien hace estos lamentables comunicados (al menos debería firmarlos con nombres y apellidos), tiene una pavorosa dificultad de comprensión lectora de la literatura emanada de las resoluciones de los juzgados y tribunales. O eso, o simplemente quien haya sido el redactor o redactora de este comunicado es simplemente un o una caradura. 

Porque calificar como fake news una noticia que resulta tan fácil de comprobar con la mera consulta al repertorio jurisprudencial del CGPJ, es más que una torpeza digna de un o una imberbe metida a propagandista política de tres al cuarto; esa enfermedad infantil que padecemos en la política en forma de plaga imposible de erradicar, y de la que es una buena muestra lo que sucede en ese Ayuntamiento. Toneladas de noticias, fotos y selfis sin cuento cifradas en el gabinete de propaganda  para  mayor gloria del alcalde y su troupe de acólitos, y con nulo o escaso rigor en un gabinete que, visto lo visto, tampoco es que dé para mucho más.

Afirmar y arengar a los medios que si quieren tener noticias veraces se dirijan al gabinete de prensa, que es quien tiene el monopolio de la verdad verdadera, no es más que un ridículo ejercicio de necia autocomplacencia. Y descalificar además a las redes sociales cuando el propio Ayuntamiento y sus políticos las utilizan a mansalva y sin control alguno, forma parte ya de ese lamentable paisaje de la política degenerada en el más abyecto cinismo. Porque en tiempos de la posverdad, exhibir impúdicamente que el rigor informativo es solo monopolio del gabinete de prensa del Ayuntamiento, no es solo un oxímoron insufrible; es que, además, es una estupidez porque a estas alturas nadie del gabinete de prensa puede tratar de convencernos de que su trabajo y su misión no es otra cosa que servir al que lo ha nombrado; aunque eso se haga lamentablemente con retribuciones que salen de nuestros impuestos.

QUE SE CUMPLA LA SENTENCIA

Nuestro ordenamiento jurídico se asienta sobre el principio legal de que las sentencias se dictan para ser cumplidas. De modo que, dado el estúpido desafío en que nos pone el comunicado fake del gabinete de prensa, nos vamos a emplear a fondo en los próximos días para exigir de los tribunales que se cumpla la sentencia en todos sus términos. En este sentido, no deja de ser un ingenuo argumento afirmar como se hace en el comunicado, que la situación de los cuatro cargos de confianza fue ya "regularizada" con ocasión de la aprobación de los Presupuestos de 2021 en septiembre del mismo año (en el comunicado se afirma que fue en julio; lo que evidencia que en el gabinete de prensa ni siquiera se han enterado de cuándo fueron aprobados los Presupuestos), pues, entre otras cuestiones, da la casualidad de que nosotros tenemos recurridos esos Presupuestos precisamente. Y esta supuesta regularización hecha así, no es otra cosa que un evidente nuevo fraude para eludir precisamente el cumplimiento de la sentencia.

Haremos pues todo lo posible para que esta sentencia se ejecute porque es ya una cuestión de principios. Principios de los que, como queda patente con el texto del comunicado, adolecen en el sedicente gabinete de prensa municipal, reconvertido en gabinete de propaganda e intoxicación.