LA CONJURA DEL CONSEJO

O CÓMO CAJA MADRID FABRICÓ UN FALLIDO (UNO MÁS) IRRESPONSABLEMENTE

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Toda la operación urbanística de la plaza de España acordada entre los propietarios y el Ayuntamiento, descansaba sobre la idea de que había un banco, en este caso Caja Madrid, que financiaría toda la operación y por lo tanto correría con todos los riesgos. Y que ninguno de sus promotores incluida la corporación municipal, pondría o adelantaría ni un solo euro físico para la actuación urbanística. 

Diseñada inicialmente por el equipo de gobierno municipal de la alcaldesa Monserrat MUÑOZ en plena burbuja inmobiliaria de los años 2005 y 2006 mediante una concesión administrativa, esta fórmula contó sin embargo con la oposición feroz de un grupo numeroso de afectados que incluso llegaron a reventar un pleno, provocando sonoros altercados e insultos porque no aceptaban el justiprecio acordado por el Ayuntamiento. Justiprecio que estaba calculado sin embargo por el método de comparación (método en absoluto utilizable en operaciones urbanísticas por expropiación no obstante), y cuyos valores estaban extraídos precisamente del generoso precio de compra (valor de mercado pues) del edificio del Granero adquirido por el propio Ayuntamiento a unos de los propietarios unos meses antes. El Ayuntamiento pagó por esa adquisición del viejo Granero 600.000 € a tocateja. Lo compró directamente, ni siquiera lo expropió.

Si embargo, el equipo de gobierno de entonces de la alcaldesa MUÑOZ se arrugó alevosamente ante el envite de los propietarios, quienes no solo no aceptaban el justiprecio de la expropiación sino que, previas movilizaciones y protestas, contaban también con el apoyo explícito de los grupos municipales de oposición en aquellos momentos formada por el PP y PSOE. De esta forma llegaron al año decisivo de 2007, año electoral, con el conflicto enconado y la amenaza de tener que abortar este proyecto emblema empantanado y sin visos de solución. 

De modo que fue hacia el mes de marzo de 2007 cuando el equipo de gobierno representado ya por quien luego sería su candidato a alcalde aquel año, Julio SETIÉN, cedió a las presiones de los propietarios y de los grupos de la oposición y se plegó a todas sus exigencias que, en esencia, consistían como se ha dicho en que ellos no pondrían un solo euro y por el contrario recibirían gratis el grueso de las plusvalías de la actuación. Y, además, que sería el Ayuntamiento quien asumiría la representación a través del alcalde y del concejal de urbanismo que luego serían nombrados respectivamente presidente y consejero delegado de la sociedad mercantil a constituir para gestionar la actuación. Por supuesto, sería también el equipo de gobierno quien se encargaría de realizar las gestiones oportunas ante Caja Madrid para que pusiera toda la pasta de la operación.

En la mente de los responsables municipales no estaba no obstante ejecutar la actuación a través de la mercantil mixta, pues no la dotaron de trabajador alguno. Más bien lo que hicieron a través de esta sociedad meramente instrumental, fue dejar la gestión propiamente dicha en manos de otra sociedad que también había estado jaleando a los propietarios contra el Ayuntamiento: WOODMAN SL. La contrataron pues como gerente pagándole unos honorarios fabulosos de 4,3 millones de euros. Y fue, como se dice, precisamente en una reunión mantenida por el propio SETIÉN que luego sería alcalde, en marzo de 2007, con la mesa de trabajo constituida con los propietarios, quien aceptaría la incomprensible incorporación plena a la operación de esa promotora local que había conseguido infiltrarse entre los mismos propietarios, bajo el señuelo de luchar por sus intereses colectivos y con supuestos antecedentes satisfactorios como en la UE-3 (promoción de la calle José Alix). Si bien incomprensiblemente, WOODMAN SL tampoco tuvo nunca empleado alguno.

Todas estas cesiones y decisiones adoptadas y aceptadas por el equipo de gobierno de IU y la oposición en su conjunto en las puertas mismas de las elecciones de 2007, fueron las que luego, varios años después, acabarían por arruinar la operación con la segura repercusión para el Ayuntamiento cuyo impacto económico aún se desconoce pero será voluminoso.

APARECE CAJA MADRID COMO ENTIDAD FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

Y así fue cómo, poco a poco, nos adentramos ya en la nueva legislatura 2007- 2011 de infausta memoria, con SETIÉN de nuevo alcalde por IU y apoyado por el PSOE que a su vez entró en el gobierno municipal. Fue pues en mayo de 2008 cuando se adoptaron los acuerdos por el pleno municipal celebrado en plenas fiestas, cuando se aprobaron los convenios expropiatorios donde quedaban fijados los parámetros del pacto societario entre el Ayuntamiento y los afectados. También la constitución de la sociedad mixta pero con un pacto societario incluso reforzado ahora con otras disparatadas concesiones como aceptar lucros cesantes delirantes, compensaciones económicas descontroladas, así como alquileres por realojos para todos vivieran o no en las viviendas a rehabilitar.

Y en ese contexto que además era eufórico (SETIÉN en el pleno municipal lo calificó de histórico; no sabía bien él cuán histórico iba a ser ciertamente), entró en escena Caja Madrid que, curiosamente, vino inicialmente de la mano de WOODMAN SL. Quien luego se convertiría en la gerente de la sociedad mixta y, en aquellos momentos, la única de las promotoras locales con buena parte de la promoción de la UE- 3 sin vender, lo cual estimuló a sus socios que vieron una oportunidad magnífica para tratar de endosarle esos inmuebles sin vender a PESF SL dadas sus necesidades para los realojos. Pero dándose la casualidad precisamente de que la entidad que financiaba también la promoción de José Alix de WOODMAN SL era, precisamente, Caja Madrid. Quien además sabía muy bien que esta sociedad tenían más de la mitad de la promoción sin vender en ya pleno estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, y con un futuro negro para el riesgo propio de la Caja madrileña.

Es pues así como aparece Caja Madrid como entidad financiadora de la operación, ofreciéndose por intermedio precisamente de WOODMAN SL para otorgar los préstamos al promotor necesarios. Lo insólito de todo esto es que antes de quedar constituida la que luego sería sociedad mixta PESF SL, Caja Madrid realizó como se dice, todas las presentaciones y estudios iniciales tasaciones incluidas, a través precisamente de la mercantil de Ventura de Argumosa 22, que luego se las pasaba a su vez al Ayuntamiento y al alcalde. Todo parecía ir bien y en marcha. 

BLESA EN APUROS EN CAJA MADRID

En Caja Madrid entre finales de 2008 y principios de 2009 corrían vientos de bronca política, pues en su seno se había desatado una guerra entre los huestes del PP de Esperanza AGUIRRE y las de RUIZ GALLARDÓN, que amenazaba con destronar precisamente a Miguel BLESA, el amigo de AZNAR encaramado a la presidencia de Caja Madrid, y que se mantenía contra viento y marea mediante un insólito pacto con IU y CC.OO. Pacto que sirvió precisamente también para encumbrar a la vicepresidencia de la Caja a quien luego sería decisivo en la operación financiera de la actuación en nuestra plaza de España: MORAL SANTÍN a la sazón entonces militante precisamente de IU y miembro del Consejo a propuesta de dicha coalición.

CÓMO SE PREFABRICÓ LA PROPUESTA FAVORABLE DE LOS SIETE PRÉSTAMOS A PESF SL

Inicialmente a PESF SL le fue concedido un préstamo de trece millones de euros en lo que en el argot se conoce como préstamo suelo. Es decir, para la compra del suelo. Pero en este caso no era necesaria dicha compra ya que el suelo se había obtenido mediante una expropiación convenida. Esto ocurría a finales de 2008 ya metidos en plena depresión financiera por la burbuja inmobiliaria. Después, ya en el mes de julio de 2009, fue preparada la operación gorda de los siete préstamos hipotecarios por importe de 54 millones de euros, que por su importe y naturaleza solo podía aprobar el Consejo de Administración de Caja Madrid.

La Unidad de Admisión de Riesgos de Caja Madrid para informar favorablemente la operación, tuvo que hacer juegos de prestidigitación pues se trataba de una empresa, PESF SL, recién constituida y sin experiencia alguna ni balances financieros significativo que aportar. Solo contaba pues con la solvencia del socio dominante: el Ayuntamiento.

Esta Unidad calificó el rating de PESF SL como triple B (+BBB) y nivel de riesgos 3. Lo cual era una calificación más que solvente. Pero ¿cómo llegó la Unidad de Admisión de Riesgos a esta formidable calificación de solvencia para una sociedad mercantil recién constituida, con un equipo gestor sin experiencia alguna y como un primer balance de 2008 a todas luces insuficiente? 

La Unidad de Admisión, probablemente siguiendo alguna consigna de alguien, halló la solución mágica para crear una solvencia ficticia de PESF SL, al considerarla integrante de un grupo empresarial cuya cabecera matriz era el propio Ayuntamiento y cuyo grupo estaba constituido, además de por PESF SL, por la EMS también.

El analista de riesgos de Caja Madrid introdujo en el programa para calcular el rating de la sociedad mixta, no los datos económicos de PESF SL, sino los del Ayuntamiento correspondientes a los presupuestos ya liquidados de 2006 y 2007, así como al ejercicio de 2008 y 2009. De esta forma y ante el moderado endeudamiento de la corporación municipal, el informe del analista concluyó que era precisamente la capacidad de reembolso del Ayuntamiento la que garantizaba la viabilidad de la operación. Además, se afirmaba también que el propio Ayuntamiento se había comprometido a adquirir todos los inmuebles que al finalizar el periodo de carencia (tres años) no estuvieran vendidos. Este compromiso nunca fue acordado por los órganos correspondientes municipales, y desconocemos sin embargo si el entonces alcalde SETIÉN firmó algún documento o carta en ese sentido.

Así pues, la calificación triple B (+BBB) de PESF SL realizada por el analista de riesgos de Caja Madrid no se correspondía en realidad con la solvencia de la sociedad mixta, sino con la del Ayuntamiento.

EL CHANTAJE

La propuesta favorable de la Unidad de Admisión se basaba pues en una falsa solvencia de la sociedad PESF SL, ya que su calificación era en realidad la del Ayuntamiento y no la de la mercantil. Y, además, también en una falsa garantía municipal inexistente de adquisición de los inmuebles (y por lo tanto de subrogación de los préstamos) por parte del Ayuntamiento; de todos aquellos que al final de la carencia estuvieran sin vender.

Y con estas y otras condicionalidades que luego no se cumplirían tampoco, llegó la propuesta al Comité Financiero primero quien lo aprobó también, y lo elevó para la sesión del Consejo de Administración que se celebraría por la tarde el mismo día 6 de julio de 2009.

Hubo reticencias y objeciones para la concesión de estos préstamos a esta sociedad, especialmente al parecer por parte precisamente del propio Presidente BLESA. Pero dada su debilidad en el Consejo y la falta de apoyos de un sector de los representantes del PP, (justo por aquellas fechas se estaba tramitando una modificación de ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, con el solo objetivo de cesar al propio Presidente), muy rápidamente el Presidente notó el vacío sobre el que podía caminar. Y mucho más cuando su Vicepresidente, MORAL SANTÍN, militante de IU y nombrado a propuesta de dicha coalición, le advirtió sin ambages que, o se aprobaba aquella operación para una Ayuntamiento de IU, o dejaban de apoyarlo. Solo eran negocios y política.

Así fue pues como se autorizó esta operación que ha acabado con la sociedad quebrada, millonarias pérdidas para Caja Madrid, y una larguísima retahíla de damnificados también millonarios. Es desde luego una buena muestra de cómo se gestionaba Caja Madrid, cuyo Consejo de Administración por estas y otras trescientas operaciones inmobiliarias más según los peritos del Banco de España, revelan que era lo más parecido al puerto de Arrebatacapas. Y por lo que también la propia Caja hubo de ser intervenida. Ahora solo queda saber cuánto le va a costar la broma al Ayuntamiento.

REFINANCIACIÓN Y HUELGA DE HAMBRE

Corría finales de 2011 y principios de 2012 y PESF SL se hallaba en la más absoluta falta de liquidez. Había dispuesto ya de todo el principal de los préstamos hipotecarios a base de traspasar todo el tramo de ventas de los préstamos al tramo de las certificaciones, y sin que nadie al parecer lo advirtiera. Se encontraron de repente pues con que ya habían dispuesto de los 54 MM de € para unas obras que costaban 40 MM €, y aún así necesitaban todavía cerca de otros 35 MM €. ¿Cómo era esto posible?

Los responsables de Caja Madrid del seguimiento de esta promoción y su correcta aplicación, pertenecientes todos al área de la dirección de Negocio Promotor, aseguran que han hecho bien su trabajo y que el dinero había sido destinado correctamente a la obras de la promoción. Evidentemente faltan a la verdad. Sea como sea a primeros de 2012, las necesidades de refinanciación de PESF SL (en realidad era una ampliación de los préstamos) eran de nada menos que de 35 millones de euros más. 

Los responsables de PESF SL estaban angustiados y pidieron insistentemente una urgente refinanciación de la operación. Y los responsables de Caja Madrid le pidieron a su vez a PESF SL un plan de viabilidad donde expusieran claramente cómo iban a obtener los ingresos necesarios para hacer frente a la ampliación de los préstamos. Y, además, solo se accedería a ello por parte de Caja Madrid (ya por entonces era BANKIA), si toda la ampliación era debidamente avalada por el Ayuntamiento mediante aportación de los correspondientes certificados que acreditaran el acuerdo de los órganos municipales correspondientes. Es decir, del pleno municipal.

La operación de refinanciación fue llevada no obstante al Comité de Riesgos, si bien el monto de la operación fue rebajada hasta los 26 MM €. Pero para su formalización y disposición del dinero, era requisito imprescindible que la operación la avalara el propio Ayuntamiento.

El Ayuntamiento se hallaba tutelado desde 2010 por el Ministerio de Hacienda, dado que tuvieron que acordar una plan de saneamiento a causa de sus dos consecutivos remanentes negativos (déficit) de 2008 y 2009 por importe de cerca de - 11 millones de euros. Además, el Ministerio de Hacienda presionaba precisamente al Ayuntamiento en sentido contrario, conminándolo a que anulara precisamente los préstamos hipotecarios de PESF SL y otro que había concertado también la EMS. El Ministerio bramaba alegando que dichos préstamos no habían sido autorizados por ellos, cuestión esta que era preceptiva dada la situación económica del propio Ayuntamiento acogido entonces a un duro plan de saneamiento financiero.

Así pues, SETIÉN no se atrevió nunca a reconocer la situación ante el pleno municipal, y aunque intentó obtener el compromiso de los grupos de la oposición echándoles encima a los propios afectados, un grupo de los cuales llegó incluso a amenazar y a retener a los concejales de PSOE, sin embargo no obtuvo en absoluto el apoyo de estos grupos para garantizar como Ayuntamiento la ampliación del endeudamiento de PESF SL a 26 millones de euros más. Y, en esas circunstancias y aunque BANKIA ya había aprobado la operación y solo estaba a falta de que el Ayuntamiento prestara las debidas garantías, no las pudo presentar el entonces alcalde y presidente de PESF SL.

Con la tesorería de la sociedad ya estrangulada, una cascada de juicios cambiarios instados por los acreedores, impagados que superaban los 12 millones, los embargos de los activos de la sociedad ya en marcha y la propia presión de los afectados que solo querían sus casas, no le quedó más remedio al entonces alcalde SETIÉN que representar una huida hacia adelante y culpar a BANKIA de no pagar (no acceder a la ampliación que, como se dice, incluso estaba aprobada). Para ello puso en escena la farsa de la huelga de hambre al tiempo de acusar a BANKIA, tratando de forzar a la entidad financiera (que ya acumulaba en aquellos momentos, octubre de 2012, más de tres amortizaciones de las cuotas de los préstamos impagadas), a permitirles disponer de los 26 millones de euros aprobados pero solo pendiente de la garantía o aval municipal.

Y así fue pues cómo el entonces alcalde SETIÉN, desvió la atención de la opinión pública con un gran despliegue mediático, recogió apoyos de firmas de incautos bienintencionados o correligionarios solidarios pero muy desinformados todos, en una más de las farsas representadas a base de conseguir engañar a todo el mundo y haciendo correr la idea de que BANKIA no pagaba, cuando la realidad era que todo dependía precisamente del propio Ayuntamiento, que debía prestar una garantía real e irrevocable a primer requerimiento a favor de BANKIA. Pero, como se dice, el señor SETIÉN ni siquiera se atrevió a llevar al pleno el acuerdo que le exigía BANKIA. Mucha gente se tragó el cuento y firmó adhesiones sin tener ni idea de lo que realmente pasaba: que el entonces alcalde, impotente, prefirió la huida hacia adelante y montar el número de la huelga de hambre, antes de afrontar la realidad de una gestión desastrosa donde unas obras que costaban 40 millones de euros, no solo no pudieron ser financiadas disponiendo de la totalidad de los préstamos al promotor por importe de 54 millones, sino que aún necesitaban otros 35 millones de euros.

¿Qué fue pues lo que pasó con la desastrosa gestión de PESF SL? Los tribunales tienen la palabra y lo están investigando. Es una gran desgracia su exasperante lentitud no obstante. 

CRÓNICA (VERANIEGA) DE JUZGADOS

AVISO A NAVEGANTES (VERANIEGOS)

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Las numerosas causas abiertas en diferentes juzgados y jurisdicciones por el caso PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, arrojan cada cierto tiempo una avalancha de resoluciones, autos o providencias de los diferentes juzgados, que preludian una vuelta de verano tras el inhábil mes de agosto con numerosas novedades y algunas de ellas sorprendentes e inesperadas.

Desde nuestra última crónica han sucedido muchas cosas en las procelosas aguas de los casos judiciales abiertos, y algunas de ellas las reseñamos aquí por su interés, trascendencia y para conocimiento general.

AUTO DEL JUZGADO 6 DE LO MERCANTIL

El juez de lo mercantil del Juzgado 6 de Madrid en el que se sigue el procedimiento concursal de la sociedad mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, ha dictado un Auto el pasado día once de julio a resultas de un incidente instado por el Ayuntamiento, en virtud del cual se declara competente para anular la aportación hecha por la corporación municipal a la sociedad mixta. Sin embargo niega esa competencia a otras dos peticiones que el Ayuntamiento le hacía en el mismo incidente, para que acordara la rectificación de los asientos del Registro de la Propiedad de aportación de la plaza de España, y al mismo tiempo de que se anularan dichos asientos, ordenara el mismo juez que le fuera devuelta dicha plaza al Ayuntamiento. Asimismo le pedía el Ayuntamiento al juez en vía declarativa, un pronunciamiento en el sentido de que era el titular real tanto de la plaza de España como del subsuelo. 

Así pues, tres eran las peticiones que hacía el Ayuntamiento al Juzgado número 6 de lo Mercantil, y dos de ellas las ha rechazado de plano en una resolución muy dura contra el propio Ayuntamiento, por cuanto que el juez denuncia en su Auto que no entiende la razón por la que la corporación municipal no ha procedido a revisar los acuerdos adoptados en su día. Y es ahora cuando pretende que sea él quien lo haga, cuando la sociedad ya está en fase de liquidación. Reprocha el juez muy duramente al Ayuntamiento por no haber acordado en todos estos años revisar y anular los acuerdos de cesión de la plaza, a través de los mecanismos revisores de cualquier administración para con sus actos ilegales. Y aduce, además, que para eso él no es competente puesto que es una asunto del orden y jurisdicción contenciosa y no civil.

Así pues, las pretensiones del Ayuntamiento de que el Juez mercantil del concurso le devolviera la plaza de España ha sido un rotundo fracaso. Tanto, que según nuestras noticias el Ayuntamiento ha decidido recurrir dicho Auto.

Sin embargo en la única cuestión a la que accede el juez mercantil de las tres que pedía el Ayuntamiento, sí puede tener gran trascendencia por cuanto que con toda probabilidad anulará la aportación hecha al capital social de PESF SL, con las consecuencias que eso puede tener tanto para el resto de los socios como, sobre todo, para el propio Ayuntamiento, que puede sufrir una auténtica avalancha de reclamaciones si el juez acordara definitivamente eso. Tanto por parte del resto de los socios como de los acreedores, por cuanto que en la práctica eso supondría tanto como que el Ayuntamiento habría engañado al resto de los socios, proveedores y acreedores.

Sorprende no obstante que el juez mercantil con evidente errónea información, afirme en su Auto que la aportación de la plaza de España fue realizada por el pleno municipal como si fuera una aportación patrimonial, lo que es absolutamente falso. Se ve que el juez o no se ha enterado aún de lo que ha pasado y cómo ha pasado.

Por otra parte, sorprende también que la alcaldesa, CATALINA RODRÍGUEZ, vaya por ahí declarando a los medios que el Ayuntamiento puede recuperar la plaza de España si finalmente el juez se pronuncia sobre el fondo del asunto suscitado por el Ayuntamiento. Cuando es todo lo contrario, el juez afirma en el Auto que su competencia solo alcanzaría a declarar la nulidad de la aportación hecha en su día al capital social, pero nada más. El afán por vender el oso antes de cazarlo haciendo creer a través de los medios cosas que no son por parte de la alcaldesa, se puede volver contra ella cuando el juez se pronuncie realmente que, en cualquier caso, no será precisamente una buena noticia para la corporación por cuanto que, al fin y al cabo, se trata nada menos de que el socio dominante de la sociedad habría engañado a los otros socios. Por lo que le pueden llover al Ayuntamiento como se dice innumerables reclamaciones económicas de todo tipo.

ADMITEN UNA NUEVA QUERELLA

Varios de los adjudicatarios de las 52 viviendas protegidas en el sorteo celebrado en junio de 2011, y que tuvieron que depositar 12.480 € cada uno para acceder a las viviendas protegidas de esa promoción de PESF SL, han presentado una querella contra los responsables municipales y de PESF SL por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida. Más de veintitrés de los adjudicatarios realizaron ingresos en PESF SL por importe de más de 220.000 € que habrían perdido al entrar en quiebra la sociedad, quedando atrapados en la liquidación y sin posibilidad tampoco de recuperar ese dinero en el procedimiento concursal donde están personados muchos de ellos, dada la clasificación que el Administrador concursal ha hecho de sus créditos como ordinarios. La querella la dirigen también contra BANKIA, ya que los depósitos que realizaron para la reserva de las viviendas que además no estaban calificadas cuando se hizo el sorteo, fueron ingresados en la cuenta ordinaria de PESF SL, cuando la ley exige que se depositen en una cuenta especial indisponible. La querella ha sido admitida inicialmente en el Juzgado número 1, quien acordó sin  embargo acumularla a la causa que ya lleva abierta desde primeros de 2014 a resultas de otra querella interpuesta por una de las empresas constructoras.

NO ADMITEN AL AYUNTAMIENTO COMO ACUSACIÓN

En otra de las causas penales abiertas, en este caso en el juzgado número 5 a resultas de la querella presentada por nuestra asociación en el año 2011, el Juez no ha permitido de nuevo que el Ayuntamiento se persone en la misma como acusación particular, advirtiéndole que solo puede hacerlo como responsable civil subsidiario, que es como ya lo estaba desde su personación en la causa cuando era alcalde Ángel MORENO. El Ayuntamiento, que se opone al cierre de las instrucción y pide que sean imputados otras muchas personas, ha recurrido esa resolución del Juzgado 5. Es preciso recordar que la alcaldesa, Catalina RODRÍGUEZ, acusaba a sus antecesores de desidia y abandono de los intereses municipales al no haberse personado como acusación y solo haberlo hecho como responsable civil. Es evidente que la alcaldesa desconoce notoriamente muchas de las vicisitudes de estas causas abiertas, y solo habla a humo de pajas con afirmaciones y proclamas que luego, cuando aterriza sobre la realidad, se tiene que tragar. Lástima que la oposición tampoco se entere mucho, y que no haga ver a la alcaldesa que en este asunto está dando muchos palos de ciego guiada solo por una obsesión: tratar de que el Ayuntamiento quede ciego con tal de dejar tuertos a los de la oposición. La frivolidad con que hace proclamas sobre asuntos que, o no conoce bien o no le informan bien, ya muy reiteradas, revelan una vez más y a la vista de esto, que el Ayuntamiento funciona como pollo sin cabeza. Tanto por parte del equipo de gobierno como por parte de la oposición.

ACUMULAN LA DENUNCIA DE LA ALCALDESA

La alcaldesa anunció allá por el mes de febrero de este año que presentaba una denuncia contra los anteriores consejeros delegados de la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO DE SAN FERNANDO SA, Manuel G. ROJO del PSOE, y Javier BLANCO de IU, por la venta de 20 locales comerciales de la promoción de Echeveste a PESF SL, por un precio inferior al valor de mercado según ella. Concretamenente los acusa de provocar unas pérdidas a la sociedad pública municipal con esa transacción de 3,1 MM de €. Lo que, según la alcaldesa que firma la denuncia en calidad de presidenta de dicha sociedad que hoy también está en liquidación, habría causado la insolvencia de la mercantil municipal. Sin embargo también esta denuncia ha sido acumulada a la causa que se sigue en el mismo Juzgado 1 de Coslada y que investiga en las diligencias previas a resultas de la querella de una de las constructoras en el año 2014.

LA FISCAL DE LA CUSA DEL JUZGADO 5, BUSCA AMPLIAR LAS IMPUTACIONES POR DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Aunque el juez del 5 que instruye la causa desde 2011 había cerrado la instrucción, sin embargo ha admitido una serie de diligencias complementarias pedidas por la Fiscal de esta causa por los delitos contra la ordenación del territorio, y de los que el juez que investiga aprecia indicios de criminalidad. La fiscal ha pedido ampliar las declaraciones inicialmente a solo dos miembros de la Junta de Gobierno local celebrada el día 3 de julio de 2009, en las personas del entonces alcalde SETIÉN, y del entonces concejal de urbanismo J. MARTÍNEZ, ambos ya imputados desde el inicio en esta causa. Estos interrogatorios se han celebrado ya la semana pasada. Asimismo el juez ha ordenado la práctica de varias de las diligencias complementarias pedidas por la fiscal, en las que se ordena al Ayuntamiento la remisión al juzgado de varios documentos. Así como que el secretario municipal remita varios informes. Por su parte y la vista del resultado de todo lo anterior, la fiscal pretende interrogar también como investigados y por lo tanto ampliar la imputación a todos los miembros de las Juntas de Gobierno Local del año 2009 que aprobaron el Proyecto de Reparcelación presentado por PESF SL, y que nunca fue sometido a información pública.

CITAN AL JUZGADO AL NOTARIO Y A LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

Por su parte el Juzgado 1 de Cosalada ha citado como testigos tanto al notario D. RAFAEL CERVERA, como a la entonces Registradora de la Propiedad de San Fernando de Henares Dª SARA FERNÁNDEZ, para el próximo día 26 de septiembre. Ambos fedatarios públicos fueron quienes intervinieron tanto en la escritura de constitución de la sociedad PESF SL como en la calificación de los asientos registrales en los que se aportaba la plaza de España. De momento, como se dice, comparecerán como testigos, si bien hay una gran expectación con estas comparecencias ya que son muchas las voces de las partes personadas y perjudicadas, que señalan a estos fedatarios como los responsables de que fuera introducida en el tráfico mercantil la plaza de España. Un bien de dominio y uso público que por su naturaleza inalienable e inembargable, estaba fuera del comercio de las cosas, autorizada sin embargo por estos fedatarios públicos. Seguiremos informando.

EL CLUB DE LAS TARJETAS BLACK, APROBÓ LOS PRÉSTAMOS A PESF SL

BLESA ERA EL PRESIDENTE DEL COMITÉ FINANCIERO QUE APROBÓ LOS PRÉSTAMOS

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La sociedad mixta constituida en el año 2008 entre el Ayuntamiento y los afectados por la Unidad de Ejecución número 1, para ejecutar dicha actuación urbanística, gozó de extraordinarios e incomprensibles favores por parte de Caja Madrid para obtener financiación, aceptando incluso por parte de la entidad financiera como garantía de los préstamos hipotecarios nada menos que una plaza pública, la plaza de España, así como su subsuelo, ambos de titularidad municipal y por su carácter demanial, inalienables e inembargables. 

En efecto, el entonces comité financiero de Caja Madrid presidido por MIGUEL BLESA, autorizó nada menos que siete préstamos hipotecarios a PESF SL por importe de 54 millones de euros, con garantías ofrecidas de tres fincas de PESF SL, que sin embargo dos de ellas no podían ser ejecutadas. Se da la circunstancia de que cuatro de los seis miembros de aquellas fechas (2009) dicho comité financiero, son también los que se hallan imputados por el ya famoso caso de las tarjetas black de Caja Madrid. Unas tarjetas opacas fiscalmente y contra las que realizaron numerosos cargos de todo tipo cuya posible responsabilidad penal se investiga en la Audiencia Nacional. Junto a Blesa y bajo su presidencia, constituían el comité financiero también SÁNCHEZ BARCOJ (que era el vicepresidente del comité), y los vocales AMAT ROCA, PÉREZ CLAVER, ALCUBILLA POVEDANO Y SOBRINI BRUTO. Estos dos últimos no formaban parte del denominado "club de las tarjetas black". También actuaba como secretario de actas en algunas de las sesiones de este comité, el que fuera durante mucho tiempo vicepresidente de Caja Madrid y militante de Izquierda Unida, MORAL SANTÍN.

Como es sabido, PESF SL se encuentra en liquidación tras entrar en concurso de acreedores en junio de 2012. Recientemente el Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid que sigue el procedimiento concursal, autorizó precisamente la venta de los activos de dicha sociedad por 27,5 millones de euros a la sociedad PACÍFICA CAPITAL GESTIÓN SL, quien representa a su vez a un fondo buitre. Y ello con el acuerdo de la propia entidad financiera BANKIA sucesora de Caja Madrid. Las pérdidas pues a causa de esta operación para dicha entidad al margen de los intereses y demás gastos, pueden cifrarse en nada menos que 27 millones de euros. Sin embargo y extrañamente, esta operación no aparece en el listado de 350 operaciones irregulares ofrecido por los peritos judiciales del Banco de España en una de las causas judiciales abiertas en la Audiencia Nacional. Asimismo, hay dudas de que se hubiera suministrado al mismo Banco de España a través del CIRBE, la verdadera situación de mora de estos préstamos hipotecarios, existiendo por lo tanto sospechas de que en realidad este fallido no fue provisionado por BANKIA sino hasta varios ejercicios después, y de que, al igual que sucedió con otros casos, en realidad los administradores de BANKIA no declararon cuando debieron hacerlo, la verdadera situación de estos préstamos que, como se dice, al día de hoy representan nada menos que una pérdida para dicha entidad de 27 millones de euros solo de principal que no podrá ser recuperado.

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ENLACE RECOMENDADO: LOS CORREOS DE BLESA

http://correosdeblesa.com/auth/login/?_path=%2F

CARTA ABIERTA A UN AFECTADO (ANÓNIMO) Y II

INFORME SUSCRITO POR EL ARQUITECTO MUNICIPAL EN 2014 CON OBJETO DE CUANTIFICAR LAS APORTACIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DE PESF SL. COMO PUEDE APRECIARSE, EL TÉCNICO MUNICIPAL CONCLUYE SU INFORME AFIRMANDO QUE EL RETORNO DE LOS INMUEBLES PACTADO CON LOS AFECTADOS REPRESENTABA EL 82,74 % Y NO EL 51 %. EL AYUNTAMIENTO SOLO SE QUEDABA CON EL 17,26 % DEL APROVECHAMIENTO PARA FINANCIAR TODA LA OBRA. ES DECIR, ERA ABRUMADORAMENTE DESEQUILIBRADO Y POR ELLO INVIABLE ECONÓMICAMENTE.

INCOMPETENCIA Y POLÍTICA

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En reciente comparecencia como testigos en la causa que se sigue en el Juzgado 1 de Coslada, por parte de la defensa de Julio SETIÉN se insistía en obtener el testimonio de que el nombramiento de WOODMAN SL para gerenciar la sociedad mixta que finalmente él mismo presidió, fue adoptada por la presión empecinada de los afectados. En el colmo del despiste llegó a justificar la contratación de dicha empresa en el antecedente exitoso de dicha promotora en la promoción de la UE-3. Lo cual como se dice es grotesco.

WOODMAN SL es la única de las promotoras inmobiliarias en San Fernando con promociones en marcha en plena burbuja inmobiliaria - unas cinco entre 2005 y 2007 -, que no consiguió vender completamente su promoción. Es decir, la única que a estas alturas incluso y aun teniendo en cuenta que la promoción de la UE-3 (conocida como el barrio José  Alix) terminó en 2006, mantiene sin vender más de 40 viviendas de una promoción de 160, y más de 80 plazas de garaje. Y la razón de que sea la única que ya en aquel año no había conseguido vender sus inmuebles frente a las demás promotoras es bien patente: porque eran mucho más caros que los de las demás promotoras, a causa precisamente de los acuerdos ofrecidos a los propietarios de la viejas casas de regiones devastadas levantadas en la posguerra y en pleno franquismo.

Así pues, el interés de WOODMAN SL por "entrar" en la operación de la UE- 1 de una forma u otra, obedecía para sus administradores (inicialmente eran tres), a la necesidad de intentar colocarle a PESF SL el mayor número posible de sus inmuebles que, además, arrastraban una carga hipotecaria con Caja Madrid pavorosa de nada menos que cerca de 17 millones de euros entonces. ¡Esta es pues la verdadera razón por la que aparece WOODMAN SL en este asunto! Y desde luego en esto sí que hay que reconocerle éxito, pues no solo consiguió que el Ayuntamiento, representado por SETIÉN en una reunión de una denominada Mesa de Trabajo, plantara su firma aceptando la implicación plena de WOODMAN SL, sino que luego el propio pleno municipal lo sancionó en sus acuerdos de mayo de 2008. 

Y además, mediante esta operación consiguió también que le pagaran una pasta de nada menos que 4,2 millones limpios, sino que llegó incluso a tener vendidas a PESF SL las 40 viviendas que tenía sin vender mediante una rocambolesca operación de ampliación capital al final de la escapada (junio de 2012) con 14 millones de cargas hipotecarias. Incluso llegó a tener firmado un contrato de compraventa con el Ayuntamiento de 80 de sus plazas de garaje que tenía sin vender en la propia unidad UE-3 por importe de 1,3 millones de euros.

Pero es que, además, WOODMAN SL carecía de personal alguno para gerenciar la sociedad, lo que la obligaba lógicamente a subcontratar los servicios a prestar a PESF SL y por los que se le pagaron más de cuatro millones limpios. Y es que, ciertamente, también carecía de personal experto en materia de gestión urbanística. Pero consiguió arrancar del Ayuntamiento los compromisos necesarios para que la sociedad a constituir, PESF SL, se obligara pues a formalizar su contratación y a partir de ahí, a cobrar todo un pastizal que al parecer y por las manifestaciones realizadas en los juzgados y en las diferentes causas abiertas, ahora resulta que casi nadie del consejo de administración conocía.

Y obtenido pues el objetivo principal por parte de WOODMAN SL de meter la cabeza en la gerencia de PESF SL, solo quedaba nombrar un consejo de administración copado por los políticos, cosa que finalmente hicieron nombrando pues un consejo con siete miembros, de los cuales cinco eran electos de la corporación municipal. Algo que, además, la propia ley prohíbe por cuanto que, tratándose de una sociedad mercantil mixta privada, la regulación de quiénes pueden formar parte y quiénes no de sus órganos de administración, lo resuelve el viejo Reglamento de servicios de las corporaciones locales, que en su artículo 108 deja claro que ha de estar compuesto en al menos el 50 % de sus miembros, por técnicos. 

Y sin embargo ninguno de ellos lo era; es decir, que el consejo de administración de PESF SL incumplía palmariamente la ley. Al igual que lo incumplía nombrar al alcalde presidente y al concejal de urbanismo consejero delegado, pues el entonces en vigor artículo 58 de la ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada prohíbe precisamente también que formen parte de los órganos de administración funcionarios (incluidos los electos) que tengan funciones idénticas al objeto social de las mercantiles. ¿Qué hace pues nada menos que como consejero delegado el que era concejal de urbanismo, si todo el objeto social de PESF SL guardaba relación precisamente con sus funciones como concejal de la cosa?

Desconocemos quién ha sido pues la persona que ha diseñado todo este disparate, pero desde luego todo parece indicar que apunta a que los miembros de la corporación, los políticos electos, se plegaron sin pensarlo mucho (y sin pedir asesoramiento independiente) a las exigencias de los propietarios afectados que habrían conseguido así dos objetivos primordiales para ellos: que la gestión efectiva de PESF SL la llevara WOODMAN SL y sus administradores que representaba sus intereses, y, además, conseguir que una actuación encomendada por el Ayuntamiento a una empresa privada, estuviera literalmente plagada de cargos públicos y por lo tanto comprometido el propio Ayuntamiento con su alcalde a la cabeza, su concejal de urbanismo como consejero delegado, y el resto de cargos públicos electos municipales (que no eran técnicos precisamente como exige el Reglamento de servicios), copando todo el consejo de administración.

Esta es pues la realidad tal y como ha sucedido, y no como quieren interesadamente muchos (empezando por los afectados) hacernos creer. Se juntaron pues en este asunto dos premisas diabólicas: la incompetencia de los administradores de WOODMAN SL para gestionar adecuadamente la actuación urbanística, y la política, que incumplió la ley y usurpó en el consejo de administración puestos y cargos que solo podían legalmente ocupar personas con preparación técnica adecuada porque así lo establece la propia ley. Y esa combinación fue letal para el devenir de la empresa. De forma tal que bien puede decirse pues que aquellos polvos han traído estos lodos convertidos ya en un cenagal insoportable. 

LAS CUENTAS DE LA LECHERA

Recibimos a lo largo de todo este tiempo no pocos correos internos por parte de empecinados propietarios afectados, quienes nos reprochaban no solo nuestra línea crítica con la actuación tal y como estaba diseñada, sino descalificando también los datos y cálculos que ofrecíamos respecto de la situación real de la sociedad PESF SL, a la luz de la poca información que los administradores de la misma dejaban consultar (que era casi ninguna) a los propios afectados. Pero por más interés que pusimos en sacarlos de sus errores nada fue posible, sin duda influidos por los administradores y grupos municipales, y también por el optimismo del voluntarismo que les impulsaba a contestar en las redes sociales con proclamas y descalificaciones, tan gratuitas como miopes.

Y en todo este lamentable asunto hay una misma línea de actuación por parte de muchos de los propietarios que se sustenta en la idea de que, finalmente, tratándose de activos inmobiliarios que al fin y al cabo están ahí levantados, conseguirán hacer valer sus derechos sobre los mismos, y que, esos derechos, se los están reconociendo los juzgados de lo contencioso en sus diferentes y sucesivas resoluciones. Sin embargo no es así en absoluto y muchos de ellos incurren en notorios errores de los que solo se les sacará cuando vayan a ejecutar esas sentencias.

CARTA ABIERTA A UN AFECTADO DEL CASO PLAZA DE ESPAÑA (ANÓNIMO) I

AVISO A NAVEGANTES

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Un comunicante anónimo que dice ser afectado (y perjudicado) por la actuación de la plaza de España, nos remite el correo que reproducimos más abajo. No nos cabe duda de que, aunque anónimo, pueda ser uno de los afectados y además perjudicado. Pero dado que no conocemos con precisión su caso, no es posible determinar pues con exactitud y seguridad a cuánto asciende el monto de ese supuesto perjuicio. Aun concediéndole al comunicante el beneficio de su buena fe, incurre en su relato en toda una casuística llena de lugares comunes que manejan casi todos los afectados por el caso, consistente en la idea de que fueron manipulados y engañados por un conjunto de desaprensivos políticos y que, víctimas propiciatorias, se dejaron engañar por la creencia de que, al estar detrás el Ayuntamiento, nada les iba a ocurrir. Es, desde luego, una forma de verlo, pero no la única ni desde luego la nuestra ni en nuestra opinión la más acertada. El asunto tiene pues otras vertientes y otras premisas. Por eso, aprovechando este anónimo, nos vemos en la necesidad de hacerle un buen número de precisiones para que nuestros seguidores puedan entender qué ha pasado y el porqué de este desastre que inevitablemente acabará haciendo estragos en las cuentas municipales, y de paso en el bolsillo de todos los contribuyentes. Esto que describimos a continuación ha sido, según nuestra visión, lo que ha pasado con este lamentable y desastroso caso. 

CORREO ANÓNIMO DE UN SUPUESTO AFECTADO POR EL CASO PLAZA DE ESPAÑA

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(SE HA RESPETADO ÍNTEGRAMENTE LA SINTAXIS DEL COMUNICANTE)

[ EL MOLINO DE SAN FERNANDO] Nuevo comentario en el blog ÚLTIMA HORA: EL JUEZ DE LO MERCANTIL AUTORIZA LA V...

Anónimo

 

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vie 18:25

Usted

Buenas tardes , soy un afectado ,propietario de una casa en la Plaza de España, Un mal día a la alcaldesa de infausta memoria se le ocurrió la idea de expropiarnos nuestras casas para según ella rehabilitar el conjunto de la Plaza de España , al encontrar nuestra oposición , dado la irrisoria cantidad que nos ofrecía , pensaron ,asesorados por los Sres. Victoriano Cuesta y demás socios , la creación de la sociedad mixta Plaza de España San Fernando s.l., nos convirtieron en socios o accionista de la misma como única salida , el Ayuntamiento se quedaba con un 49 % de la misma y los propietarios el 51% se nos dijo que rehabilitarían las casas y nos las devolverían nuevas y habitables libres de cargas ectra. Para lo cual nos hicieron firmar un convenio .Al parecer todo muy legal , como eran el Ayuntamiento todos pensamos que no habría problemas en su realización ,pues no éramos gente de leyes ni banqueros y mucho menos constructores . Llego el día a primeros de 2009 y entregamos las casa , a cambio de unas obligaciones de la sociedad mixta que se reverterían cuando nos dieran nuestras casas eso si cediendo metros pues nunca nos darían la totalidad de metros , a cambio de el coste de la obra y demás . Muchos propietarios eran mayores y no disponían de dineros para rehabilitar sus casas por eso la mayoría estaban mal conservadas y alguna amenazando ruina ,¿ a quien se le ofrece rehabilitar su casa y devolverla sin coste , solo de los metros pertinentes ?, pues con la garantía del Ayuntamiento firma sin mas .

El presidente de la sociedad se AUTONOMBRA el alcalde y el consejero delegado el concejal de Urbanismo así como la secretaria Sra., CRIADO .

EN LAS POCAS JUNTAS ANUALES a las que se nos convoca no podemos preguntar ni se nos dan cuentas de nada , ah se nombra un representante de los propietarios en el consejo el SR. MURCIA, pero ellos tienen todos los votos menos uno , así que ya me dirán con un solo voto a donde vamos a ir en las juntas. A la mayoría nos dieron un aval según los metros aportados , hecho por Bankia , que se cobro a su vencimiento por no haber entregado las casas , mientras la sociedad nos dejo de pagar el realojo mensual para alquilar una vivienda hasta la entrega de las casas esto ocurrió en marzo de 2012. La sociedad entro en concurso en junio de 2012.

A partir de esa fecha hemos estado pasando por el calvario de no saber que va a pasar y por la sarta de mentiras de unos y otros.

Ah el aval tendremos que devolverlo cuando por una vía u otra nos den las casas tanto si accedemos a comprarlas al fondo buitre como si el Ayuntamiento nos las diera con su autoridad ,cosa muy improbable dada su incompetencia, 

Dicho esto no creo que nos hayamos enriquecido ninguno como se dice en este sitio , simplemente nos han quitado ,estafado, robado, casa, pisos locales y negocios por la ,mala gestión de los alcaldes y demás gentes de I.U. y si hubiera justicia lo tendrían que pagar con sus haberes o cárcel , y el Ayuntamiento como agente subsidiario. y de rebote tocara a todos los habitantes de San Fernando vía impuestos pues estos politicastros nunca se hacen responsables de nada.

Creo he aclarado un poco lo ocurrido y recomiendo a aquellos a los que vayan a expropiar algo , consulten con expertos abogados antes de firmar nada.

saludos y muchas gracias. "

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CARTA ABIERTA A UN AFECTADO

(CODICIA, INCOMPETENCIA Y POLÍTICA)

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Estimado afectado de PESF SL anónimo:

Tiene usted todo el derecho del mundo a estar indignado, pero abunda en la idea muy extendida entre todos los afectados, de que el Ayuntamiento les llevó por la fuerza a ustedes a una especie de inmolación colectiva bajo la amenaza de expropiación de sus casas, y que el acuerdo parasocial finalmente alcanzado (con la interesada cooperación de WOODMAN SL de la que hablaremos más adelante), fue contrario a sus intereses y por lo tanto han sido víctimas de la compulsiva perversión de unos políticos que les impusieron unas condiciones que luego no cumplieron, y como consecuencia de todo ello ha acabado la cosa como ha acabado. 

Esta visión un tanto ingenua y desde luego muy alejada de la realidad, se escucha de boca de casi todos los afectados como si de una consigna exculpatoria se tratara. No negamos desde luego la responsabilidad de los gestores de PESF SL y de los grupos municipales que formaban la Corporación en el momento de adoptar los acuerdos del 28 de mayo de 2008. ¡Fuimos los primeros en denunciarlo incluso en los juzgados! Pero lo que no es de recibo tampoco es que todos los demás; los que no formábamos parte de dicho pleno municipal en el que se acordó lo que se acordó, ni tampoco del grupo de afectados, tengamos algo que ver en el desastre y por ende estemos resignadamente abocados a pagar las consecuencias de esta calamidad que ha sido en todo caso la resultante de una tormenta perfecta protagonizada por ustedes, WOODMAN, y los responsables municipales exclusivamente. Es decir, la unión letal de la codicia de unos pocos, la incompetencia de los actores y agentes incorporados a la nefasta gestión de la actuación, y desde luego la mezcla de lo anterior con la política partidista que se arrastra incluso también en estos momentos. Lo cual lleva a la imposibilidad de gestionar adecuadamente los intereses generales y a conciliarlos con los particulares de ustedes. 

Y es que como la política (y sus soflamas) lo aguantan todo, es desolador comprobar como los mismos grupos políticos que han propagado este pavoroso fuego cuyo coste final aún no se sabe (solo se conoce quién habrá de pagarlo), son también los bomberos que ahora se rasgan las vestiduras ajenas y se ofrecen para sofocar las llamaradas. El escarnio deriva pues en esperpento. Es decir, se ofrecen a brindar soluciones mágicas en forma de un arreglo del estropicio que ellos mismos ayudaron a crear. Ignorando en todo caso que las posibles confusas soluciones que son capaces de articular solo con leves balbuceos, no es otra cosa que hacer lo que la vieja política del régimen franquista hizo tras la burbuja del desarrollismo con las empresas semipúblicas que habían resultado previamente esquilmadas: socializar las pérdidas. Es decir y por aplicarlo al caso, endosarle los enormes costes económicos de este espeluznante caso de incompetencia propia, al Ayuntamiento y por extensión a todos los contribuyentes.

LA CODICIA

La decisión de expropiar sus viviendas en la UE-1 no procede como usted erróneamente dice de la sola voluntad de la alcaldesa MUÑOZ en el año 2006, sino en todo caso del PGOU de 2002 aprobado provisionalmente, eso es cierto, en plenas vacaciones a finales de agosto del año 2001 con el solo objetivo de evitar que la nueva ley de suelo (que entraba en vigor en septiembre del mismo año), obligara a revisar de nuevo toda la documentación del PGOU. 

Pero en el PLAN GENERAL, estimado comunicante anónimo, se brindaba la oportunidad de que la actuación fuera acometida por ustedes por el sistema de compensación, cosa que finalmente no hicieron. Y aunque el mismo PGOU otorgaba un plazo de seis meses para que los afectados ejercieran ese derecho a ejecutar la actuación por su cuenta, ha de saber usted que la ley de suelo siempre permite a los afectados por una actuación urbanística por expropiación, liberar la misma de ese sistema en cualquier momento y proponer al Ayuntamiento sustituirlo por otro. Así pues y contra lo que usted afirma, no es cierto en absoluto que el sistema de expropiación fuera impuesto por nadie para esta Unidad de ejecución, sino que era el sistema que sustituiría la falta de actividad por parte de los afectados como por otra parte sucede en muchos casos.

El problema surgió pues luego, cuando pactaron ustedes y el Ayuntamiento el acuerdo final asesorados al parecer por los administradores de WOODMAN, y con la bendición también del resto de los grupos municipales. Acuerdo que finalmente se adoptó apenas seis meses antes de las elecciones de 2007. Y es que, entre otras cosas, ese acuerdo final no puede considerarse en absoluto que fuera para ejecutar la actuación por el sistema de expropiación propiamente dicho, sino más bien lo que acordaron fue hacerlo mediante un sistema de cooperación al revés. 

Es decir, que ustedes consiguieron algo insólito: que el Ayuntamiento se hiciera cargo en realidad de la gestión (que luego delegó en WOODMAN) y que, además, aportara bienes y derechos (unidades de aprovechamiento) que eran de todos los vecinos (el subsuelo de la plaza de España). Y ello con la sola finalidad de permitir la apropiación por parte de la sociedad de ese aparcamiento subterráneo de 604 plazas. Aparcamiento que el proyecto y el estudio de viabilidad preveían construir bajo la plaza de España y que el PGOU prohibía sin embargo. Y para que acabara pues siendo finalmente propiedad de la mercantil mixta, rindiendo unas plusvalías millonarias que en lugar de revertir en las arcas municipales y por lo tanto de todos, sirvieran para financiar (casi 20 millones de euros) el coste de los inmuebles que había que retornarles a ustedes sin que por lo demás ese coste se les repercutiera a ustedes ni un solo euro.

Esta actuación señor anónimo, se ha ejecutado sin embargo inspirada en el principio de la multiplicación de los panes y los peces, puesto que nadie, absolutamente nadie excepto Caja Madrid, ha puesto un euro físico para acometer la actuación. Es el sueño de todo promotor especulador puro en plena burbuja: promover una actuación inmobiliaria de esta envergadura pero sin poner un solo euro, y acudiendo al más brutal y exclusivo apalancamiento. Y acumulando, además, una gigantesca deuda (94 millones de euros de pasivo según el concurso de acreedores) que estaba prevista pagaran, cómo no, los consumidores finalistas. Es decir, los compradores últimos de las viviendas y locales, en esa ya clásica opaca transferencia de costes invisibles repercutidos al comprador final que obviamente no puede detectar . Pero eso sí, sufragada exclusivamente con la parte que le quedaba al Ayuntamiento, y que era la que realmente servía para financiar toda la actuación y a cuyo cargo iba también el coste total correspondiente a los inmuebles a retornar a los propietarios. 

Ahora bien, ¿cuál era la participación real de los propietarios en las plusvalías finales (unidades de aprovechamiento ya ejecutadas) en esta actuación? ¿era del 51 % como se afirma en el pacto parasocial? Pues no , rotundamente no. Un informe (¡por fin un informe oficial del Ayuntamiento!) firmado por el arquitecto municipal en el año 2014 a petición de la señora Interventora, pone finalmente negro sobre blanco: el Ayuntamiento en realidad solo recibía para la financiación de la actuación el 17,8 % de las unidades de aprovechamiento, y no el 49 % o el resto tras el retorno de 10.000 m2 como falsamente se dice en algunos de los documentos aprobados. Así pues, los propietarios, señor anónimo comunicante, recibían nada menos que el 82,2 % restante de las unidades de aprovechamiento en forma de inmuebles totalmente terminados y sin coste alguno para ellos, pero financiadas solo con el 17,2 % del aprovechamiento real adjudicado al Ayuntamiento. En esas condiciones, señor afectado, afirma el arquitecto municipal con rotundidad y firmeza, que era imposible ejecutar la actuación sin la quiebra de la sociedad constituida, por cuanto que todo fue un perfecto autoengaño desequilibrado abrumadoramente en favor de los propietarios que se quedaban nada menos que con el 82 % de las plusvalías de la actuación sin coste alguno para ellos. Y además dice también el arquitecto municipal, que en esas condiciones no era posible equilibrar las cuentas de la actuación y por lo tanto era inviable en San Fernando y en cualquier parte del mundo. Así lo afirma con total rotundidad. 

Por si fuera poco, a lo largo de toda la actuación, PESF SL ha sido objeto de un verdadero saqueo que la ha dejado sin liquidez cuando se acabaron las disposiciones de los préstamos hipotecarios, toda vez que fueron desviados grandes importes destinados al pago de las obras, hacia operaciones que en absoluto estaban previstas ni desde luego guardaban relación alguna con la ejecución de las construcciones propiamente dicha. 

Uno de esos escandalosos desvíos amigo propietario, lo constituye la partida de pagos por realojos y alquileres precisamente a los propietarios, cuyo importe gastado finalmente asciende según el cálculo de los propios asesores municipales nombrados por el alcalde MORENO en su día, a algo más de 6 millones de euros. Una buena parte de esos 6 millones gastados en realojos, lo han sido para crear un singular y escandaloso fondo de reptiles mediante el cual se le han pagado a no pocos afectados (desconocemos el número exacto) alquileres que no les correspondían según la ley de suelo o de expropiación forzosa, realojos exorbitantes, unas compensaciones e indemnizaciones millonarias, o unos lucros cesantes absolutamente fuera de lugar. Y esto último, eso sí es cierto, solo le ha tocado a unos cuantos; generalmente los que más protestaban o se quejaban. Con lo cual, ese fondo de reptiles nutrido con el dinero procedente de los préstamos y el generoso descontrol de Caja Madrid, ha servido pues para mantener la boca cerrada a mucha gente. Así han sucedido pues las cosas, señor comunicante. O cuando menos, esta es nuestra visión de la misma que, como puede ver, no coincide con la suya.

Al principio de la actuación nuestra asociación contactó con algunos de los afectados, tratando de advertirles y poner en su conocimiento algunos de los riesgos que nosotros veíamos con meridiana claridad en el devenir de la sociedad mercantil constituida. Y singularmente por la inexplicable sucesión de nombramientos y designaciones realizadas entre los gestores y gerentes. Pero nadie quiso escuchar desdeñando con un implacable comentario a nuestras advertencias: ¡a mí me da igual lo que hagan, mientra me paguen! Pues esto es lo que ha ocurrido señor anónimo afectado, que ustedes solo han comenzado a protestar y a pedir explicaciones cuando ha ocurrido eso; cuando han dejado de pagarles. O sea, cuando ya no había remedio.

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(PRÓXIMA ENTREGA: CARTA ABIERTA A UN AFECTADO DEL CASO PLAZA DE ESPAÑA II)

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LA INCOMPETENCIA Y LA POLÍTICA