viernes, 4 de mayo de 2018

CRÓNICA DE UN EXPOLIO (III)


Para aquellos que han descubierto la problemática de la plaza de España recientemente y, además, están en la creencia errónea de que nuestra asociación solo ha intervenido en este y otros asuntos desde hace pocos años para acá, he aquí una prueba y un testimonio de lo contrario: nuestras denuncias sobre la situación de la plaza de España se remontan a muchos años atrás y así quedó recogido en el ya desaparecido Diario 16 en el año 2001. Nuestras denuncias de entonces lo eran por la proliferación de fachadas y pinturas en los numerosos bares de copas que iban apareciendo entonces en la plaza, y por la tolerancia del equipo de gobierno de estos atropellos contra un conjunto declarado Bien de Interés Cultural. También pedimos entonces al Ayuntamiento que nos ofreciera copia de las licencias de estos establecimientos, sin que nos las facilitaran nunca. No sabemos si es porque no las tenían o porque no se ajustaban realmente a las ordenanzas urbanísticas del PGOU. El entonces equipo de gobierno no hizo nada por restaurar la legalidad de estos claros atentados a un Bien de Interés Cultural declarado Conjunto Histórico, y convertido en un aquelarre de antros que no solo incumplían la Ley de Patrimonio Histórico sino que también demostraban tener muy mal gusto. Años después hemos podido conocer algunas cosas más a raíz del caso plaza de España y aquí las contamos.


En la zona norte de la plaza había dos de estos antros de copas con las fachadas que pueden verse en las fotografías. Aunque el uso de estos inmuebles era residencial, sin embargo se permitió el de bar de copas y la división de la vivienda en dos con ocupación también del patio interior. Estos inmuebles eran propiedad junto con la vivienda de la planta primera, de quien luego sería socio y miembro del consejo de administración de la sociedad mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, quien gozó de extraordinarios privilegios como puede verse en el cuadro de abajo.




CUADRO DE LOS PAGOS REALIZADOS Y DE LOS COMPROMISOS ECONÓMICOS ACORDADOS CON EL PROPIETARIO DE ESTOS INMUEBLES Y, A LA SAZÓN, MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PESF SL TAMBIÉN
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EXPLICACIÓN AL CUADRO
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Los favores económicos con que fue distinguido este socio de PESF SL y miembro del consejo de administración por parte de los administradores de la sociedad mixta, se resumen en este cuadro y constituyen un ejemplo palmario del porqué esta sociedad acabó en la quiebra. Se da la circunstancia, además, de que este miembro del consejo siempre votó a favor de las propuestas que se presentaron y era quien, en caso de empate, lo deshacía con su voto. Los importes del cuadro lo explican todo.

1.- La superficie catastral y la registral no coincidían y el propietario carecía de titulo de propiedad de 104 metros de patio (algo que ha sucedido en muchos casos). No obstante lo cual se lo reconocieron generosamente emitiendo las correspondientes participaciones considerando que aportaba 464 m2 cuando en realidad registralmente solo podía acreditar 288 m2. Dado que, como se dice, esta situación se ha dado en bastantes casos, el resultado de ello fue que se emitieron más participaciones que superficie real aportada por los socios en una proporción que se aproxima a unos 2.000 m2 (aproximadamente 1,4 millones del capital social). Lo cual significa que, en su conjunto, los socios eran tenedores de más participaciones de las que tenían derecho y, por lo tanto, las que tenían en su poder representaban más capital social del realmente aportado por ellos.

2.- A este propietario se le reconocieron también lucros cesantes por los dos locales que tenían arrendados, cuando ese importe ya debía de estar incluido en el justiprecio. Se le pagó pues un lucro cesante de las actividades de los bares de copas que legalmente no le correspondía y que también se le pagó a los arrendatarios. Además, se le pagaron por otros conceptos como realojos (1.800 €/mes) e indemnizaciones por dotación del local (1.502 €/mes), etc. En total se le pagaron durante 36 meses 6.934 €/mes y aun así este importe tampoco se correspondía con el pactado en el convenio que era menor. En total este socio habría cobrado en 36 meses 257.000 € solo por estos conceptos.

3.- También a este socio le fue admitido el pago de la compra de sus participaciones mediante la aportación de inmuebles que en realidad estaban hipotecados. Lo que obligó a la sociedad a desembolsar 143.724 € para amortizar su hipoteca. De la misma forma, se le pagaron 155.750 € por el patio de 104 m2 del que carecía de título de propiedad alguno, a pesar de que ya se lo habían reconocido y abonado en los títulos de las participaciones que le entregaron. Esto se hizo mediante una modificación de la cláusula 3ª del convenio pero sin que lo autorizara el órgano plenario nunca.

4.- Por su parte, consiguió vender sus derechos a la propia sociedad mediante otra nueva modificación del convenio tampoco autorizada por el pleno, en virtud de la cual le pagaron 1.391.000 €, y si bien no consiguió cobrar los pagarés que le entregaron, sin embargo sí tiene reconocido este mismo crédito en el concurso de acreedores. De la misma forma y a pesar de haberse desprendido de sus derechos en la sociedad con anterioridad, sin embargo cobró también el aval que le habían entregado un año después de haberlos vendido a la propia sociedad.

5.- En concepto de lucro cesante se le pagaron mensualmente a los dos arrendatarios de los bares de copas un total de 7.500 €/mes, lo que supone que les abonaron durante los 36 meses un monto total de 270.000 €. Este importe se calculó a tanto alzado y, como puede verse, es muy dudoso que esos bares generaran tales beneficios que por otra parte nadie les pidió que acreditaran. Se da la circunstancia de que los contratos de alquiler de estos locales lo eran inicialmente por un importe de 500 €/mes cada uno. Pero luego los revisaron al alza cuando supieron que PESF SL les iba a pagar los lucros cesantes tanto al propietario como a ellos. El importe de los contratos de alquiler novados fue multiplicado por tres, es decir, le fueron presentados a PESF SL importes de 1.500 €/mes cada uno.

6.- Además de todo lo anterior ya cobrado, tanto el propietario como los arrendatarios tenían reconocidos créditos hasta septiembre de 2014 en el concurso de acreedores, por importe de 1.496.000 €, lo que unido a lo ya pagado, el importe real que se habría pagado y/o reonocido por este inmueble sería de 2.560.498 €. Lo que arrojaría una repercusión por m2 según la superficie a tener en cuenta que va desde los 10.668 €/m2 a los 5.527 €/m2. En cualquier caso una barbaridad.

LAS CONSECUENCIAS DEL SAQUEO

En el devenir de la gestión de PESF SL entre 2008 a 2011 se produjeron una serie de decisiones por parte de sus administradores que, como este ejemplo real, bien puede calificarse de escandaloso saqueo de la sociedad mixta, realizado además gracias a la más estricta opacidad y ocultamiento (las cuentas de 2009 y 2010 no fueron depositadas sino hasta 2012). Opacidad y secretismo gracias al cual un número elevado de socios realizó verdaderas operaciones lucrativas cuya justificación es a todas luces imposible.

En este caso, al igual que en otros muchos más, podemos observar cómo, uno de los socios principales que además formó parte del propio consejo de administración, le fue reconocido un justiprecio muy superior a los títulos de propiedad que aportó, se le amortizó plenamente la hipoteca pendiente que tenía, se duplicó el pago de un patio interior de cuyo título de propiedad carecía y se le pagó en efectivo más del doble del que se le había reconocido como justiprecio. También se le abonaron lucros cesantes por los locales que tenía arrendados y que se le pagaron también a los arrendatarios, y cuyos contratos de alquiler fueron revisados al alza multiplicando por tres el importe cuando supieron que se les iba a pagar el alquiler. Asimismo vendió sus derechos anticipadamente por un precio 4,5 veces superior al justiprecio y también ejecutó el aval a pesar de que había vendido sus derechos a la propia sociedad.

Es simplemente inaudito que desde el equipo de gobierno no hayan procedido a depurar debidamente todos estos casos que responden a hechos e importes reales. Y, por el contrario, hayan optado por lo más fácil y oneroso para el interés municipal: olvidarse de casos como este y proceder a pedir un préstamo de 33 millones para pagar lo que, en no pocos casos, ya habría sido cobrado con creces. Esta es la razón por la que consideramos que proceder sin más a pagar lo que reclaman muchos de estos señores sin depurar caso por caso, es pura lisa y llanamente un expolio de las arcas municipales.  Y cuya fiscalización hace necesaria la intervención de la Cámara de Cuentas.


viernes, 27 de abril de 2018

ÚLTIMA HORA DE CRÓNICA DE JUZGADOS: BANKIA, TAMBIÉN EMPLAZADA




BANKIA TAMBIÉN EMPLAZADA EN EL CONTENCIOSO
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Por Auto dictado por la señora Magistrada del Juzgado 19 de lo Contencioso de Madrid, se ordena al Ayuntamiento que Bankia sea también emplazada para su personación en el procedimiento instado por nosotros y por el que se pide la nulidad del Proyecto de Reparcelación de la UE-1 (plaza de España), aprobado en julio de 2009 por la entonces Junta de Gobierno Local constituida por IU y PSOE.

El Ayuntamiento, que es la administración demandada por nosotros, tiene la obligación de emplazar a todas aquellas personas que puedan verse afectada por la resolución del pleito. Lo había hecho respecto del Administración Concursal en representación y como único administrador actual de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Sin embargo se negó a hacerlo extensivo a Bankia. Recurrida por nuestra parte la resolución del propio Juzgado, ahora sin embargo lo estima alegando que, efectivamente, Bankia ha de ser emplazada para este pleito porque su resolución puede afectar a sus intereses. No hay que olvidar que Bankia, actuando entonces como Caja Madrid, es la titular de derechos reales (hipotecas) sobre las fincas resultantes, y que en todas esas fincas aparecen bienes de dominio público (como la plaza de España) que no pueden ser objeto de fijar garantía real de ninguna clase sobre ellos por estar "fuera del comercio de las cosas". Así pues, Bankia tiene ahora dos opciones: o se persona en el Procedimiento o rehúsa hacerlo. Pero, en este último caso, ya no podrá alegar indefensión alguna si finalmente la resolución del Juzgado anulara el Proyecto de Reparcelación con las consecuencias que ello puede tener. En todo caso, ahora el Ayuntamiento debe emplazar a la mayor brevedad a los responsables de Bankia, y si decidieran personarse, los obligaremos a que expliquen muchas cuestiones de esta actuación suya ante el Juzgado. No hay que olvidar que este Proyecto de Reparcelación cuya nulidad pedimos, fue exigido precisamente por BANKIA a PESF SL, y que el entonces equipo de gobierno conjunto del IU y PSOE tramitaron en un tiempo récord (tres días), sin informes técnico alguno y sin someterlo a información pública. Querían pues ganar tiempo y evitar además que nadie, salvo ellos, supiera realmente qué es lo que estaban haciendo con la plaza de España y el resto de las fincas en la UE-1. Consiguiendo así impedir el conocimiento público de los atropellos a la legalidad que se estaban cometiendo con este Proyecto. Por esta causa se hallan imputadas en el Juzgado 5 tanto las informantes como los secretarios, estando solo a la espera de que sean citados también las personas que votaron a favor.

EL ADMINISTRADOR CONCURSAL REHÚSA PERSONARSE

El Administrador Concursal del Procedimiento abierto en el Juzgado 6 de lo Mercantil instando por PESF SL, ha sido debidamente emplazado en dos ocasiones para advertirle que hay un Procedimiento Contencioso que puede afectar los intereses de la concursada de la que es administrador único. Sin embargo, no se ha personado ni al parecer piensa hacerlo. Esto es una buena demostración del grado de irresponsabilidad con que actúan muchos de los administradores concursales, ignorando los intereses en juego y revelando también que no son administradores realmente, sino solo un ente corporativo más incrustado en el sistema judicial y bajo cuyo amparo (son ellos quienes los nombran), hacen literalmente de su capa un sayo sin importarles nada lo que pase con la concursada. Ya veremos no obstante qué es lo que pasa porque tiempo habrá de pedirle cuentas a esta administrador.

AYUNTAMIENTO, ALEA JACTA EST

Ayer mismo se cumplió el plazo que el Ayuntamiento tenía para contestar a nuestra demanda. Sin embargo, en lugar de hacerlo, se nos descuelga con una petición de suspensión del plazo porque si lo hicieran; si contestaran, estaría en juego el interés general (sic). ¿Cómo es posible que una administración invoque el "interés general" para no contestar a una demanda que le han presentado unos ciudadanos particulares, en un asunto urbanístico en el que tiene todo los visos de haberse ejecutado nada menos que en tres ocasiones diferentes, atropellando toda la legalidad?

Y ello, además, habiendo reconocido ante el propio Juzgado que no puede remitir los expedientes porque no los encuentran (¡no encuentran tres expedientes distintos tramitados entre 2009 y 2011, y un escrito nuestro presentado en 2012!), habiéndose limitado a remitir un simple certificado de los acuerdos de las Juntas de Gobierno. ¿Cómo pretende pues este equipo de gobierno actual, defender la legalidad de lo ejecutado por los anteriores si ni siquiera encuentra los expedientes? Y si estos han desaparecido intencionadamente, ¿cuál es la razón por la que no han acordado abrir una investigación en la flamante comisión permanente esa de plaza de España? ¿Cómo es posible que ninguno de los miembros que la componen haya pedido que el equipo de gobierno actual esclarezca la razón por la que desaparecen expedientes enteros (nada menos que tres) de las dependencias municipales y, en todo caso, la razón por la que el Ayuntamiento no ha presentado ya una denuncia ante el Juzgado de guardia por la desaparición de esos expedientes administrativos relacionados todos ellos con el Proyecto de Reparcelación, y por lo tanto con el caso plaza de España? Pues que no se preocupen porque ya lo hemos hecho nosotros. Esperemos al menos que colaboren con la justicia, porque este es un asunto muy grave y sobre el que no pueden convertirse en cómplices. En cualquier caso señores del equipo de gobierno, alea jacta est. Sí, la suerte ya está echada y el plazo precluyó.

Mientras tanto seguiremos luchando solos contra el estado de cosas relacionado con el caso plaza de España, cuya peripecia conocida día a día nos ratifica que en este asunto no es que estemos solos, es que hay oscuras y siniestras fuerzas interesadas en evitar que se conozca con todo detalle qué es lo que realmente pasó con este ignominioso caso, y quiénes fueron todos sus responsables. Mientras tanto, ya sabemos pues con quién no podemos contar en esta lucha: con el actual equipo de gobierno. Sigan pues traicionando sus promesas y su programa.

lunes, 23 de abril de 2018

CUANDO NOS GOBIERNAN LOS DILETANTES


PLENO MUNICIPAL. EL EQUIPO DE GOBIERNO LO COMPONEN SOLO CINCO PERSONAS DE UN TOTAL DE VEINTIÚN MIEMBROS. EL NÚMERO DE GRUPOS ACTUAL CON LOS NO ADSCRITOS Y OTRAS SUBDIVISIONES DE LOS GRUPOS NO ES MENOR DE NUEVE. HAY PUES MÁS GRUPOS DE FACTO CONSTITUIDOS QUE MIEMBROS DEL EQUIPO DE GOBIERNO. ASÍ MISMO Y POR DIFERENTES CAUSAS, HAN ABANDONADO AL MENOS CUATRO PERSONAS. A ESTOS CONCEJALES LES HEMOS ENCOMENDADO LA COSA PÚBLICA DE NUESTRO MUNICIPIO. VEAMOS UN SOLO EJEMPLO DE CÓMO MALGASTAN EL MANDATO.





ESCRITO MUY RECIENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO QUE INSTAMOS NOSOTROS CONTRA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN EN JULIO DE 2009, PIDIENDO QUE SE SUSPENDA EL PLAZO DE CONTESTAR A LA DEMANDA, PORQUE SI EL AYUNTAMIENTO CONTESTARA SE PERJUDICARÍA EL ¡¡¡INTERÉS GENERAL!!! ¿ALGUIEN PUEDE EXPLICARNOS ESTO?




EL ARTÍCULO 126 DEL VIGENTE REGLAMENTO DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ESTABLECE CON CLARIDAD MERIDIANA QUE EN TODA ACTUACIÓN URBANÍSTICA (CASO DE LA UE-1), SON LAS FINCAS RESULTANTES LAS QUE RESPONDEN DEL PAGO DEL SALDO DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN. Y QUE ESTAS AFECCIONES REGISTRALES, TIENEN PREFERENCIA SOBRE TODAS LAS DEMÁS, INCLUIDAS LAS HIPOTECAS EN LOS CONCURSOS DE ACREEDORES POR PONER UN EJEMPLO. SIN EMBARGO...




... ES NECESARIO QUE ASÍ CONSTE EN LOS RESPECTIVOS ASIENTOS REGISTRALES. PUES BIEN, COMO PUEDE VERSE, EL LAMENTABLE Y YA FAMOSO PROYECTO DE REPARCELACIÓN QUE ESTAMOS IMPUGNADO, DICE LITERALMENTE QUE LAS FINCAS RESULTANTES NO SERÁN AFECTADAS POR CARGAS URBANÍSTICAS Y ECONÓMICAS, INCUMPLIENDO ASÍ LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 126 DEL REGLAMENTO, Y PROYECTANDO AHORA, DADA LA INSOLVENCIA DE LA SOCIEDAD MIXTA, TODAS ESAS CARGAS NO SOBRE LAS FINCAS SINO SOBRE EL AYUNTAMIENTO. 



 Y NO SOLO ESO, SINO QUE TAMPOCO HAN HECHO LAS CESIONES OBLIGATORIAS DE LOS SISTEMAS LOCALES AL AYUNTAMIENTO COMO PUEDE VERSE POR EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN APROBADO EN SU DÍA POR LA JUNTA DE GOBIERNO Y QUE AHORA INTENTAMOS QUE EL JUZGADO LO ANULE. 

Y PARA MÁS RECOCHINEO, LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE ESTE PROYECTO Y SUS MODIFICACIONES SEGÚN EL PROPIO AYUNTAMIENTO HA MANIFESTADO AL JUZGADO, NO APARECEN EN LOS ARCHIVOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. HAY QUIEN DÉ MÁS.



UN GOBIERNO DE DILETANTES
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Sinceramente es desconcertante lo que hace este equipo de gobierno e igualmente decepcionante lo que sucede con la oposición sin distinciones. Tienen  constituida una comisión informativa permanente sobre el caso Plaza de España y, salvo para invocarla en vano cuando sale alguna noticia judicial, no sabemos ni para qué sirve ni que utilidad práctica tiene.

En el Juzgado 19 de lo Contencioso de Madrid se sigue un Procedimiento Ordinario iniciado por nosotros, con la finalidad de que sea anulado el Proyecto de Reparcelación aprobado por la Junta de Gobierno Local de 3 de julio de 2009 constituida por IU y PSOE, por, entre otras manifiestas ilegalidades como las señaladas más arriba, no haber sido sometido al trámite de información pública. Una anulación de ese Proyecto y su posible acuerdo de retroacción, permitiría al Ayuntamiento establecer y restablecer la legalidad imponiendo las afecciones urbanísticas a las fincas resultantes, evitando con ello que sea el propio Ayuntamiento quien las asuma.

Pues bien, en lugar de hacer eso, el equipo de gobierno se nos manifiesta con un escrito en el que pide nada menos que sea suspendido el plazo para contestar a la demanda interpuesta por nosotros, alegando que si lo hiciera, es decir, si el Ayuntamiento contestara a la demanda como es su obligación, ello iría contra el interés general. ¿Qué interés general señores del equipo de gobierno? El de tener que asumir si no lo remedian a tiempo, una porrada de millones de cargas directamente a los presupuestos municipales, en lugar de que sean esas fincas las que respondan. ¿O es que en realidad tiene sus propios planes y no los quieren alterar aunque eso sea a costa de incrementar la deuda municipal hasta límites insoportables por no querer hacer las cosas bien?

Sea como sea será mejor que no den pasos en falso, porque ahora ya no pueden echar la culpa a los de antes. Ahora son ustedes quienes toman las decisiones. Por nuestra parte solo nos queda advertir que nos opondremos a esas absurda pretensión de suspender el plazo, y que pediremos que el pleito siga adelante hasta el final y sin posibilidad ya de dar marcha atrás. Han colmado nuestra paciencia y, en verdad, no son ustedes de fiar. Por lo tanto y desde ahora nos declaramos beligerantes sin descanso porque hemos podido comprobar que dicen una cosa y luego hacen otra. Vamos, como los de antes; como los de siempre. Pero ya no tienen coartadas; ya son ustedes responsables de lo que acuerden. No lo olviden.

jueves, 19 de abril de 2018

LO QUE PREPARAMOS





EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS REALIZAREMOS UNA SERIE DE INFORMES ESPECIALES A TRAVÉS DE NUESTRO BOLETÍN EL MOLINO DE PAPEL, ACERCA DE ALGUNO DE LOS CASOS MÁS POLÉMICOS DE LA ACTUALIDAD MUNICIPAL. PRETENDEMOS TAMBIÉN QUE CULMINEN EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES CON INFORMES EXHAUSTIVOS SOBRE LOS CASOS MÁS POLÉMICOS DE LA VIDA MUNICIPAL ACAECIDA RECIENTEMENTE. ALGUNAS DE LAS INFORMACIONES QUE PRESENTAMOS SON DESCONOCIDAS Y NOVEDOSAS. POR RAZONES DE LA NATURALEZA DE ESTOS INFORMES, UNO DE ELLOS SOLO LO PODEMOS FACILITAR A NUESTROS SOCIOS. DE LOS DEMÁS PUEDES IR HACIENDO TU RESERVA Y ASÍ PODER ACCEDER ANTES A ELLOS.

PUEDES PEDIRLOS A:

elmolinodesanfernando@gmail.com

sábado, 14 de abril de 2018

CRÓNICA DE UN EXPOLIO (II)


EL GRAN EXPOLIO (II)

¿POR QUÉ EL GOBIERNO MUNICIPAL RENUNCIA A AFECTAR LAS FINCAS DE LA UE-1 ASUMIENDO EL AYUNTAMIENTO TODA LA DEUDA DE PESF SL, ARRIESGANDO INCLUSO LA POSIBLE FUTURA QUIEBRA DEL AYUNTAMIENTO?

El equipo de gobierno, junto con los grupos municipales del PSOE e IU, acordaron hace unos días acometer una de las más graves crisis económicas sufrida por la Corporación por decisiones tomadas entre 2008 y 2011, acudiendo a lo más fácil: endeudarse hasta las cejas pidiendo al ICO un préstamo de 33 millones de euros para pagar cerca de treinta sentencias firmes por responsabilidad patrimonial, procedentes de demandas iniciadas por los socios privados de PESF SL. Se ha hecho creer al personal que esa operación - que en realidad va a pagar las viviendas expropiadas a precio del barrio de Salamanca de Madrid -, que este es el principio de la solución al menos económica del caso plaza de España, cuando puede ser por el contrario el principio de la posible quiebra municipal. Trataremos de explicar el porqué.

CUADRO DE LISTADO DE LAS SENTENCIAS FIRMES DEL TSJM


EXPLICACIÓN AL CUADRO DE ARRIBA

Hasta el momento se han producido un total de veintiocho sentencias ya firmes en el TSJ de Madrid, sala de lo contencioso, con unánimes fallos en todos ellos: la condena al Ayuntamiento en todos los casos por responsabilidad patrimonial, a pagar a los veintiocho demandantes no solo el importe del inmueble tasado por perito oficial al valor del no recibido, sino también el interés legal judicial desde la ocupación (febrero de 2009), así como un 25 % del valor de la tasación del inmueble. Extrapolando los datos de las sentencias y haciendo unos cálculos aproximados de los importes de sus fallos, nos encontramos con que solo a estos veintiocho reclamantes, el Ayuntamiento tendrá que pagarles cerca de esos 33 millones pedidos. No nos ha sido posible no obstante poder calcular los importes de más de media docena porque, en algunos casos, en las sentencias ni siquiera se ofrece información de importe alguno de lo reclamado ni tampoco del reconocido. No hay dato alguno en esas sentencias pues. Ahora están en ejecución casi todas ellas, y el Ayuntamiento tiene recurridas buena parte de esas ejecuciones. Y el problema es que las tasaciones de muchos de los peritos son sencillamente escandalosas, lo que, unido al interés legal (nada menos que nueve años atrás), así como a las indemnizaciones por lo que denominan ocupación ilegal del inmueble (25 %), hace que la factura se dispare de forma exponencial. Teniendo en cuenta, además, que en los fallos judiciales no se ha atendido descontar los importes cobrados por los socios privados como alquileres, lucros cesantes e indemnizaciones económicas. No es exagerado afirmar que, en un buen número de casos, el Ayuntamiento habrá pagado estos inmuebles hasta cuatro y cinco veces su verdadero valor inmobiliario de mercado. Siendo todo lo demás, casi el 50 % de esa factura, importes que no son deuda de PESF SL, sino pura y dura responsabilidad patrimonial municipal por su funcionamiento anómalo. De ahí que califiquemos esta situación como de verdadero asalto a las arcas municipales o como un expolio.

CUADRO CON LOS CRÉDITOS CONTRA PESF SL QUE LE SERÁN ENDOSADOS AL AYUNTAMIENTO



EXPLICACIÓN AL CUADRO DE ARRIBA

El actual equipo de gobierno ha perdido demasiado tiempo y ahora, cuando apenas le queda un año para las próximas elecciones, se le ha encendido una idea luminosa consistente en un acuerdo con Bankia y con la bendición del Administrador Concursal que al fin podría cobrar, autorizar la adjudicación de los activos al acreedor hipotecario quien, al parecer, ya habría hecho una tasación de los inmuebles por 51 millones de euros. Después, y previa quita de 21 millones, aceptaría permutarlos con el Ayuntamiento por solares en el polígono industrial por importe de 30 millones de euros, con la pretensión después de entregar las viviendas al resto de los socios privados (unos 40 aproximadamente). Sin embargo, esta operación parece que no ha sido precisamente muy bien estudiada por el equipo de gobierno, y, con independencia de que pueda llevarse a cabo sin trabas legales de fondo, que las hay y muy serias, todo se parece más bien al cuento de la lechera. En cualquier caso, no será posible acometerla sin que sea el Ayuntamiento quien asuma todo el pasivo restante con la consiguiente necesidad de financiación que será imposible atender dado el nivel del mismo en toda la deuda municipal consolidad con las dos sociedades: la EMS (en disolución legal por patrimonio neto negativo), así como PESF SL en liquidación también.

El cuadro de arriba señala a grandes rasgos el volumen de la deuda que restaría por liquidar a los acreedores principales de PESF SL (que lógicamente reclamarán ante los tribunales contenciosos dado el éxito de los veintiocho socios privados), y que, en su conjunto, representaría nada menos que más de 98 millones de euros. Es decir, el Ayuntamiento tendría que pagar en los próximos quince años, un importe casi tres veces superior al coste de las obras y, si la tasación de Bankia fuera correcta, 47 millones más de esa tasación.

Sin embargo, el equipo de gobierno, que parece haber iniciado este camino sin retorno hacia el precipicio, ha decidido sacrificar la solvencia financiera del Ayuntamiento poniendo en grave riesgo su viabilidad futura, en lugar de proceder urgentemente a afectar todas y cada una de las fincas al cumplimiento de los deberes urbanísticos, que es lo que prescribe la ley de suelo y sus reglamentos. Hay que tener en cuenta que, desgraciadamente, el famoso Proyecto de Reparcelación que nosotros tenemos recurrido, no fijó ni un solo euro de cargas urbanísticas a las fincas resultantes. Algo absolutamente insólito, pues tratándose de una actuación urbanística sistemática, TODAS las fincas quedan afectadas al cumplimiento de los deberes urbanísticos de sus promotores. El hecho de que no haya ni una sola afección por esta causa en el Registro de la Propiedad, es una lamentable omisión que le va a costar muy caro, carísimo, al Ayuntamiento. Pero parece que al equipo de gobierno esto no le interesa, porque, como se ha dicho, han decidido ir por la opción más fácil pero la más onerosa también: permitir con su dejación de responsabilidad, que sea la Corporación municipal la que asuma todas las pérdidas de PESF SL y con ello le sea endosada una pesada carga que, con toda probabilidad, acabará con la solvencia del propio Ayuntamiento si alguien no para esta disparatada elección.


domingo, 8 de abril de 2018

CRÓNICA DE UN EXPOLIO (I)


DON JULIO SETIÉN ALCALDE ENTONCES DE SAN FERNANDO DE HENARES Y PRESIDENTE DE PESF SL, NOS ANUNCIABA EN LA TV DEL AYUNTAMIENTO QUE, EN BREVE, LAS OBRAS DE PLAZA DE ESPAÑA ESTARÍAN ACABADAS. ERA MARZO DE 2011 Y SOLO QUEDABAN DOS MESES PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES CUYA LISTA DE IU ENCABEZARÍA LUEGO ÉL MISMO.


PERO EN REALIDAD, LA PROFECÍA DEL COMPROMISO CUMPLIDO Y ANUNCIADO POR EL SEÑOR SETIÉN EN MARZO DE 2011, NO SE HABÍA REALIZADO EN OCTUBRE DE 2012, Y SE NOS PUSO EN HUELGA DE HAMBRE PORQUE, SEGÚN ÉL MISMO, "BANKIA NO PAGABA". LA VERDAD VERDADERA ERA QUE QUIEN NO PAGABA ERA EL PROPIO AYUNTAMIENTO QUE ÉL MISMO PRESIDÍA, HACIENDO QUE PESF SL (QUE TAMBIÉN PRESIDÍA ÉL), EJECUTARA OBRAS POR ENCARGO DE LA CORPORACIÓN QUE ÉSTA NO PAGÓ Y PARA ALGUNA DE LAS CUALES NI SIQUIERA TENÍA NI NUNCA TUVO FINANCIACIÓN.


Y EN PLENA HUELGA DE HAMBRE NADA MÁS RECONFORTANTE QUE RECIBIR LA VISITA DE UN CAMARADA MEDIÁTICO Y FAMOSO ACOMPAÑADO POR MULTITUD DE CÁMARAS DE TV. SEGÚN EL DIPUTADO DE IU SEÑOR LLAMAZARES, SETIÉN ESTABA "HACIENDO CIUDAD" Y ESE ERA SUFICIENTE ARGUMENTO, SEGÚN ÉL,  COMO PARA IMPUTAR A LOS RESPONSABLES DE BANKIA POR LA VILLANÍA DE NO ABONARLE A PESF SL 26 MILLONES DE AMPLIACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS, INSINUANDO UNA ESPECIE DE BOICOT DE BANKIA A LAS NOBLES E IMPECABLES TAREAS POLÍTICAS DE SUS CAMARADAS DE IU EN EL AYUNTAMIENTO. PERO LA REALIDAD ES QUE BANKIA, QUE HABÍA APROBADO DAR 26 MILLONES MÁS A PESF SL, SOLO ESTABA A LA ESPERA DE QUE LA CORPORACIÓN GARANTIZARA COMO TAL LA AMPLIACIÓN. COSA QUE SETIÉN NI SIQUIERA INTENTÓ LLEVAR AL PLENO PORQUE LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN LO TIRARÍAN PORQUE NO ESTABAN DISPUESTOS A APOYARLO. DURANTE LA HUELGA DE HAMBRE, CERCA DE 2.000 INFELICES VECINOS SE SOLIDARIZARON CON SETIÉN MEDIANTE LA RECOGIDA DE FIRMAS. ¡CUÁN MANIPULABLES RESULTAN A VECES LAS MUCHEDUMBRES SI HAY UNA BUENA CAMPAÑA MEDIÁTICA ORQUESTADA DESDE EL GABINETE DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO! EL ALCALDE LEVANTÓ LA HUELGA DE HAMBRE EL 10 DE OCTUBRE DE 2012 PORQUE - DIJO - SE HABÍA LLEGADO A UN ACUERDO CON TODAS LAS PARTES. TODO EL MUNDO SE TRAGÓ EL CUENTO: NO HABÍA TAL ACUERDO Y DOS DÍAS MÁS TARDE PESF SL PRESENTÓ LA PETICIÓN AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL CONCURSO DE ACREEDORES. LA REALIDAD ES QUE PESF SL ESTABA EN QUIEBRA.



D. JULIO SETIÉN EN ESTA FOTO SALIENDO DE LOS JUZGADOS DE COSLADA POR COMPARECENCIAS EN LAS NUMEROSAS CAUSAS PENALES QUE TIENE ABIERTAS EN DICHOS JUZGADOS POR ESTE ASUNTO. SE JUBILÓ Y CESÓ COMO ALCALDE TAN PRONTO COMO SE OLIÓ QUE ESTABA IMPUTADO. EN ALGUNA DE ESAS COMPARECENCIAS AFIRMÓ QUE ÉL TENÍA TODO DELEGADO EN OTRAS PERSONAS Y QUE NO ESTABA AL TANTO DE LO QUE SUCEDÍA EN EL DÍA A DÍA DE LA SOCIEDAD MIXTA, PARA ENTONCES YA EN LA QUIEBRA Y CON UN PASIVO DE MÁS DE CIEN MILLONES. LA REALIDAD ES QUE HABÍAN SIDO DESVIADOS VARIOS MILLONES DE EUROS DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS PARA REALIZAR PAGOS Y COMPRAS QUE NADA TENÍAN QUE VER CON LA ACTUACIÓN DE LA UE-1. ENTRE OTRAS, LA COMPRA A LA EMS DE 20 LOCALES COMERCIALES POR OCHO MILLONES DE EUROS PORQUE LA EMPRESA MUNICIPAL TENÍA SERIOS PROBLEMAS DE LIQUIDEZ A CAUSA DE LOS DESVÍOS DE COSTOS DE LA PROMOCIÓN DE LA FÁBRICA DE PAÑOS. DE LA EMS ERA TAMBIÉN PRESIDENTE EL PROPIO SETIÉN, PERO, SEGÚN ÉL, NO SABÍA NADA DE NADA NI DE UNA EMPRESA NI EN LA OTRA.


EL GRAN EXPOLIO

(40 DE CADA 100 EUROS DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ACABÓ EN LOS BOLSILLOS DE LOS SOCIOS PRIVADOS DE PESF SL)

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Lo que ha sucedido con el caso plaza de España y la empresa mixta PESF SL que resultó beneficiaria de la expropiación de la UE-1 ejecutada por el Ayuntamiento en 2008, es de verdadera antología de disparates y es difícil encontrar un caso parecido en la larga nómina de atrocidades perpetradas por delirantes irresponsables corporativos. Y que son la consecuencia inmediata de dejarse llevar por el ensueño de políticas populista a irresponsables, que luego han dado con escandalosas operaciones que, inevitablemente, acabaron todas siendo asumidas por las propias corporaciones en lugar de por los responsables del desastre. Y el caso plaza de España en San Fernando es una más, cuya fase final, el endoso de las deudas de la mercantil mixta a la Corporación, va a ser paradójicamente perpetrado por el actual equipo de gobierno en contra de su propio programa electoral.

El sistema de actuación de la unidad de ejecución UE-1 del PGOU de San Fernando de Henares aprobado en septiembre de 2002, más conocida como la plaza de España, se ejecutó por el de expropiación pero fue desvirtuado de tal manera que acabó siendo, merced al pacto societario, en un delirante sistema de cooperación pero al revés. Así, mientras en el sistema de cooperación el Ayuntamiento ejecuta la actuación y los propietarios la pagan, tal y como ha sido ejecutada la UE-1 mediante la sociedad mercantil mixta PESF SL (controlada además por el propio Ayuntamiento), su resultado ha sido más esperpéntico: el Ayunamiento ejecutaba, Bankia pagaba, y los propietarios recibían buena parte de la pasta librada y desviada para otros menesteres con la aquiescencia de los propios responsables de Bankia.

PESF SL no tenía recurso propio alguno porque la idea sobre la que gravitaba el pacto societario aceptado por el Ayuntamiento era que nadie; ninguno de los afectados y futuros socios privados y tampoco el Ayuntamiento, pusieran un solo euro físico de su bolsillo en la operación (salvo los bienes aportados como elementos no dinerarios, de los cuales los aportados por el Ayuntamiento o son irrealizables o son ficticios). De forma que la premisa acordada descansaba toda ella sobre: i) que Bankia asumiera todos los riesgos y pusiera la pasta; toda la pasta, y ii) que los socios privados no solo no pusieran euro alguno salvo sus viejas viviendas algunas en ruinas, sino que, además, recibieran anticipadamente algunos el fruto de unas plusvalías expectantes a un precio exorbitante y ello con la sola intención en muchos casos de comprar voluntades. 

De forma tal que un buen y privilegiado grupo de esos socios privados hicieron un gran negocio con solo manifestar su rechazo y exigir la pasta y nada de un pago futuro en forma de viviendas o locales. Simplemente querían la pasta allí y en aquel momento. De la misma forma, todos los socios privados recibieron mínimo de 900 euros al mes por realojos aunque muchos de ellos no vivieran ni hubieran vivido nunca en las viviendas (cerca del 40 % estaban vacías y en ruina) y no pocas sobre todo de las catalogadas, llevaban en lamentable estado de abandono por sus propietarios durante décadas.

De esta forma y al día de hoy tal y como figura en el cuadro de arriba, los socios privados habrían recibido un total de 21,4 millones de euros de los destinados al pago de las obras y proveedores de la UE-1, mediante el pago en muchos casos de alucinantes lucros cesantes (muchos de ellos duplicados o exorbitantes y calculados a tanto alzado sin soporte pericial documental alguno). Asimismo con recompras de participaciones a un precio cinco y seis veces superior al justiprecio acordado, así como a un incontrolado pago de alquileres para todos y en muchos casos injustificadamente. Además lógicamente de los hipotecas amortizadas (la ley de sociedades no permite hacer préstamos a los socios, pero aquí se pagaron las hipotecas de todas las fincas que las tenían), y finalmente el cobro de los avales que, sorprendentemente Bankia ejecutó sobre activos pignorados de la sociedad cuando ya estaba en concurso de acreedores y sin que se sepa en absoluto quien lo autorizó.

Si a lo anterior se une el pago de 4,1 millones a WOODMAN por el contrato de gestión (cantidad absolutamente descabellada), la compra por 8 millones a la EMS de 20 locales comerciales con la sola finalidad de salvar la liquidez de la empresa municipal, es posible ir explicando la razón de la debacle. O las dos obras municipales: el Museo y la urbanización de la plaza de España (ésta sin financiación), cuyo pago no realizó nunca el Ayuntamiento salvo un importe de 956.000 euros que además fueron desviados también para pagar otras cosas. Puede pues apreciarse que los desvíos y pagos ajenos a la actuación de la UE-1 alcanzó la cifra de 34,7 millones de euros. 

Y dado que PESF SL carecía de recurso propio alguno, naturalmente todos estos pagos se hicieron con cargo a los préstamos hipotecarios y con la autorización de Bankia. Con lo cual y puesto que los préstamos hipotecarios lo fueron por 53,9 millones, tras estos pagos y costes totales del cuadro (34,7 millones), solo quedaban disponibles para atender las certificaciones de las obras (verdadero objeto de los préstamos) el importe de 19,2 millones de euros, que, en su conjunto, costaban 40,6 millones de euros. Es decir, obviamente se quedaron sin pasta y necesitaban al menos 21,6 millones de euros para continuar las obras que, además, no tuvieron desvíos de costes alguno. 

Esta es la verdad del cuento y no las milongas que cuentan unos y otros y, desde luego, muchos de los responsables del desastre quienes, al día de la fecha, no han pedido perdón alguno. PESF SL quebró, entre otras razones de pésima administración, porque se permitió desviar ingentes cantidades de dinero para otros fines ajenos al objeto de la actuación. Y sin perder de vista que al menos 21 millones de esos 53,9, ha ido a parar a los bolsillos de un buen número de avispados socios privados. 

Ahora, mediante el acuerdo reciente del pleno municipal de acudir al Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda (que obviamente fue creado para otras cosas), se pretende obtener un préstamos del ICO por importe de 33 millones de euros para abonar un total de 28 sentencias firmes del TSJ de Madrid, correspondientes a otras tantas demandas contra el Ayuntamiento por responsabilidad patrimonial y de las que hablaremos en otra ocasión. 

En una operación que en realidad lo que encierra es pura y lisamente el endoso al Ayuntamiento, a sus presupuestos y por consiguiente a las espaldas de los contribuyentes, de una formidable deuda causada por la irresponsable actuación y administración de quienes gobernaron entre 2008 y 2011. Y teniendo en cuenta además que muchas de esas operaciones entrañan un verdadero expolio a las arcas municipales, que sin embargo el equipo de gobierno actual no solo ha renunciado a reclamar traicionando así su propio programa electoral de 2015, sino que ha asumido plenamente renunciado también de paso a utilizar los instrumentos legales que la ley de suelo atribuye a la administración actuante, con claro perjuicio financiero y patrimonial del propio Ayuntamiento y con las graves consecuencias que están por venir. 

(continuará)

EL EXPOLIO II

¿POR QUÉ EL EQUIPO DE GOBIERNO RENUNCIA A LA AFECTACIÓN DE LAS FINCAS DE LA UE-1, Y PERMITE QUE SEA EL AYUNTAMIENTO QUIEN ASUMA TODAS LAS DEUDAS DE PESF SL CON EL RIESGO DE SU PROPIA QUIEBRA?




jueves, 5 de abril de 2018

NO A LOS PACTOS OSCUROS





AVISO A NAVEGANTES

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Según nuestras noticias, hoy hay una reunión programada en el Ayuntamiento entre Bankia y el equipo de gobierno con objeto de avanzar en el acuerdo de permuta de unas parcelas del Patrimonio Municipal de Suelo que, al parecer, luego bendeciría el Administrador Concursal y por extensión el propio Juez de lo Mercantil que lleva el concurso de acreedores de PESF SL.

Ya hemos manifestado tanto a la alcaldesa como al equipo de gobierno, que consideramos esto un grave error si antes no se adoptan por parte del Ayuntamiento una serie de acuerdos que establezcan las garantías correspondientes mediante la afectación de las parcelas y no asumiendo la corporación directamente las cargas. Además, la actuación tal y como fue ejecutada es ilegalizable, razón por la cual se requiere previamente la modificación del PGOU. No hacer esto antes de acordar nada, supone dos cosas: a) una dejación de responsabilidades por parte del Ayuntamiento, y b) pegarse un tiro en el pie el propio Ayuntamiento puesto que asumiría directamente todas las cargas urbanísticas que al día de hoy no aparecen como tal en el Proyecto de Reparcelación que aprobaron en su día las sucesivas Juntas de gobierno local de julio de 2009.

Arriba hay varios documentos que ni el Ayuntamiento ni Bankia debieran ignorar, y que son por sí mismos suficientemente expresivos. Desde la clara responsabilidad de Bankia hasta el acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la sala segunda de lo penal de Tribunal Supremo de mayo de 2017, en el sentido de considerar que los patrimonios de las empresas públicas (incluidas las mixtas como PESF SL), han de ser considerados patrimonios públicos a efectos penales y no privados, y por lo tanto susceptibles de incurrir en delitos de malversación si fueran fraudulentamente adjudicados o enajenados.

De la misma forma, la diligencia de ordenación del contencioso que tenemos interpuesto contra el Ayuntamiento, y cuya contestación a la demanda por su parte vence el próximo días 20 del mes corriente. Tiene pues el equipo de gobierno y con él toda la corporación, quince días, solo quince días, para saber si quieren comenzar a intentar resolver este formidable problema que tiene el municipio, o solamente quieren marear la perdiz para volver a agravarlo mucho más. De ellos depende.

lunes, 2 de abril de 2018

SIETE AÑOS



SIETE AÑOS DE INSTRUCCIÓN
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Precisamente hoy día 2 de abril de 2018 se cumplen siete años desde que presentamos la querella contra el entonces alcalde SETIÉN, el que era concejal de urbanismo y consejero delegado de PESF SL Joaquín MARTÍNEZ, así como contra los tres administradores de la mercantil WOODMAN SL.

Han sido diversas las peripecias que ha corrido esta querella que por reparto cayó en el Juzgado instrucción número 5 de Coslada, dando lugar a la apertura de las Diligencias Previas número 726/2011 que luego, en diciembre de 2015, fueron transformadas en Procedimiento Abreviado estando pues pendiente de los escritos de acusación de las partes.

Asimismo, el ministerio fiscal ha pedido varias Diligencias Complementarias mediante las cuales han sido imputadas en la causa nuevas personas: la que era directora del área de urbanismo durante aquellos años, la asesora jurídica del equipo de gobierno y secretaria de PESF SL (ambas cargos de confianza política), el arquitecto que fue director facultativo y autor del proyecto, así como tes secretarios municipales que intervinieron como tal en las Juntas de Gobierno Local entre 2009 y 2011. También están pendientes las comparecencias de varios de los concejales que votaron a favor de los acuerdos de aprobación de los proyectos de Reparcelación de la UE-1.

El recorrido de esta querella y consiguientemente de la instrucción no ha sido fácil, que si bien está ya en su fase decisiva (como se dice, pendiente de poder realizar los escritos de acusación de las partes), han ocurrido varias situaciones que no son normales y que ha dilatado en el tiempo el cierre de este procedimiento que ya debería de haber sido juzgado hace años.

Una primera anomalía fue precisamente que se nos impidió a nosotros la personación como acusación particular y por lo tanto perjudicados, derivando sin embargo la posible acción por nuestra parte hacia la forma de acusación popular previo depósito de 10.000 €. Fianza que tanto el entonces equipo de gobierno como la mercantil WOODMAN SL trataron de elevar a 50.000 y 70.000 € respectivamente. Fianza exorbitante que en cualquier caso nosotros no hemos podido reunir. Lo cual ha privado al procedimiento de una acusación bien documentada y exigente, incluso en representación de no pocos intereses difusos. Apelado no obstante el Auto correspondiente a la Audiencia, fue confirmado negándonos la condición de interesados en esta causa. Cuando, sin embargo, habíamos sido reconocidos como tal en diferentes resoluciones del propio Ayuntamiento.

Desde entonces aquí y tras numerosas diligencias practicadas, la instrucción propiamente dicha quedó cerrada mediante un Auto de Transformación dictado en diciembre de 2015, en virtud del cual se continuaba el procedimiento pero ahora como Procedimiento Abreviado con elementos indiciarios de criminalidad apreciados por el instructor.

Son varias no obstante las causas de las dilaciones de este procedimiento, pero una de ellas es que el Ayuntamiento, por parte de su secretario, ha tardado nada menos que nueve meses y tras varios requerimientos en facilitar algo tan sencillo como la copia de tres expedientes municipales que, finalmente, al parecer habrían desparecido del Ayuntamiento. Es bastante alucinante que para comunicar al Juzgado que los expedientes han desaparecido, se tarde nada menos que nueve meses. Hay que decir que tanto en esta causa como en la que hay abierta también en el Juzgado 1 de Coslada, el Ayuntamiento aparece personado pero como responsable civil. Es decir, que ha de ser quien ha de pagar para el caso de los imputados sean declarados insolventes.

Las razones principales por las que decidimos presentar esta querella contra los responsables municipales de entonces y los administradores de WOODMAN SL, obedecieron inicialmente a dos hechos: que el entonces equipo de gobierno a través de su asesora jurídica nos denunció ante la policía por publicar documentos que sin embargo ellos estaban obligados a publicar, así como la evidencia de que, con la complicidad de WOODMAN SL, se había creado una estructura administrativa paralela con objeto de impedir el conocimiento de determinados acuerdos que, si hubieran sido adoptados por los órganos municipales, necesariamente habríamos conocido. 

El claro y lamentable hostigamiento a que se nos estaba sometiendo por parte del entonces equipo de gobierno y su asesora tratando de intimidarnos mediante denuncias a la policía sin sentido alguno, fue lo que nos hizo encender todas las alarmas y por lo tanto redoblar nuestras pesquisas en orden a conseguir saber realmente, qué era lo que se cocía en el seno de la mercantil mixta PESF SL constituida por el Ayuntamiento pero sin empleado alguno, así como la entrega de la administración y gerencia de la misma a una mercantil, WOODMAN SL, que además de carecer de empleado alguno también, sus conocimientos y experiencia como agentes urbanizadores eran absolutamente nulos, pero por cuya supuesta prestación de servicios iban a cobrar nada menos que 4,2 millones de euros.

Así pues, nos congratulamos que, después de nada menos que siete largos años, se vaya abriendo paso la verdad en medio de una justicia con paso de tortuga, sí, pero que va confirmando cada una de las acusaciones que formulábamos en el ya lejano 2 de abril de 2011. Naturalmente no ha acabado la cosa y falta por lo tanto que sea dictado el procesamiento en su caso y la apertura del juicio oral. Esperamos que este año o incluso antes del verano, esté en marcha esta nueva y definitiva fase de esta causa.

Por no faltar no ha faltado tampoco incluso un conflicto de competencias con el Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid que lleva el concurso de acreedores de PESF SL, en relación con unas medidas cautelares ordenadas por el Juzgado de Instrucción y sobre las que hablaremos en otra ocasión.

AVISO A NAVEGANTES
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Aunque en el procedimiento del Juzgado número 5 fue dictado lo que se conoce como Auto de Transformación (transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, paso inmediato anterior al procesamiento) mucho antes que en el abierto en el Juzgado número 1 que data de 2014 (se cumplen ahora pues cuatro años y el Auto de Transformación fue dictado en enero de este año; dos años después que el anterior), ya hay formulados escritos de acusación en esta última causa por las partes personadas y a la espera pues de resolución por parte de la señora Magistrada.

Las partes más beligerantes y más perjudicadas, están pidiendo penas de prisión duras (en algunos casos de más de quince años), así como medidas cautelares en la pieza civil de 35 millones de euros que, subsidiariamente, habría de soportar el propio Ayuntamiento que está personado en esta causa como responsable civil, para el caso de que los imputados fueran declarados insolventes. Y aunque hay varios recursos contra el Auto de Transformación presentados tanto por parte de los investigados como por las acusaciones, sin embargo eso no suspende el procedimiento, siguiendo adelante por sus cauces y, por consiguiente, la señora Magistrada instructora de esta causa podría en las próximas semanas acordar el procesamiento. Y con ello la constitución de las respectivas cauciones económicas y fianzas a los investigados (ya decimos que se piden 35 millones de euros) que, si fuera declarada su insolvencia como decimos, habría de hacer frente a ella naturalmente el Ayuntamiento. 

Así pues, podría verse el Ayuntamiento conminado a prestar, solo en esta causa, nada menos que otros 35 millones de euros de fianza para garantizar el resarcimiento a los perjudicados caso de resultar responsables los procesados en su caso. Por esa razón, suena a pura frivolidad y desde luego a un irresponsable desconocimiento, los acuerdos y argumentos utilizados por los grupos municipales a resultas del último pleno para endeudarse por 33 millones de euros para, según ellos, pagar "las sentencias de caso plaza de España", cuando en unos pocos meses pueden verse abocados a tener que prestar garantías de nada menos que 35 millones de euros más, solo para las fianzas de una de las varias causas penales abiertas. 

A lo que parece, esta eventualidad no solo no preocupa al actual equipo de gobierno (no sabemos cómo piensan hacer frente a esa voluminosa fianza), sino que tampoco preocupa a la oposición. La idea pues de que con la formalización de ese préstamo del Fondo de Impulso Económico por importe de 33 millones de euros se ha conjurado la quiebra del Ayuntamiento, es tan ilusa como irresponsable. Pero en fin, ya despertarán de sus ensoñaciones y antes de las próximas elecciones.


jueves, 29 de marzo de 2018

COMIENZA EL GRAN EXPOLIO (I)




O DONDE DIJE DIGO...



...QUISE DECIR DIEGO...


CUADRO QUE EXPLICA EL EJEMPLO VIVO DE UN CASO REAL POR EL QUE EL AYUNTAMIENTO, ES DECIR, USTED CONTRIBUYENTE, VA A PAGAR UN FORMIDABLE NEGOCIO PARTICULAR CON ESTE PRÉSTAMO DEL FONDO DE IMPULSO ECONÓMICO

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O CÓMO ENDEUDARSE PARA ENCUBRIR UN EXPOLIO
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El Ayuntamiento en pleno del pasado día 22 de marzo autorizó al equipo de gobierno acogerse a un denominado Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda, para suscribir un préstamo con el ICO por importe del 33 millones de euros para pagar lo que denominan "sentencias del caso plaza de España". Pero que en realidad no es otra cosa que pura y dura responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.

Por lo que hemos podido leer y escuchar, algunos de nuestros conspicuos corporativos han presentado esta operación incluso como el inicio del principio de la "solución" del caso del plaza de España. Ignorando y confundiendo al personal (no sabemos si intencionadamente o porque desconocen de lo que hablan), lo que son deudas por responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento (anormal funcionamiento de la administración), con las deudas contraídas por PESF SL, que objetivamente no se saldan con esta operación sino que se mantienen y engrosan cada día que pasa. Se trata pues de pura responsabilidad municipal in vigilando que ocurrió durante el periodo de tiempo de 2008 a 2011. Y, por consiguiente, bajo el gobierno de la coalición de IU y PSOE.

El pleno municipal acordó efectivamente autorizar esta operación de endeudamiento con el voto favorable de SFHSP, IU y PSOE. Sin embargo nadie explicó ni tampoco se preguntó de dónde vienen todas estas deudas y, particularmente, el origen de estas sentencias de lo contencioso muchas de ellas en fase de ejecución. Vamos pues a explicar al personal un caso real que se puede seguir en el cuadro de arriba (y que es de fácil comprensión) con objeto de que todo el mundo entienda de dónde provienen todas estas condenas que finalmente van a representar un formidable negocio para muchos de los antiguos socios de PESF SL, pero respecto de cuya responsabilidad personal directa nadie ha dicho nada. 

Hay que tener en cuenta que la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento lo es, según las sentencias, por ocupaciones ilegales de fincas, daños patrimoniales a particulares, falta de vigilancia de la solvencia financiera de PESF SL, etc. Es decir, de hechos objetivos del funcionamiento anómalo del Ayuntamiento durante el periodo de 2008 a 2011, y de los que nadie, absolutamente nadie, se ha hecho responsable. Es como si en ese periodo el Ayuntamiento hubiera estado gobernado por unos extraterrestres.

GRAN NEGOCIO A COSTA DEL EXPOLIO MUNICIPAL

Como decimos, el caso del cuadro de arriba es un caso real ocurrido con la gestión de PESF SL, y los importes que figuran en el mismo son reales y responden a cantidades e importes contenidos tanto en los documentos contractuales como en las propias sentencias judiciales. Y he aquí el formidable negocio.

Un pequeño local de apenas 130 metros cuadrados en el cual se realizaba una modesta actividad de venta de zapatos, es propiedad de una sociedad que a su vez tiene otras dos tiendas más en la localidad. Este local en realidad no estaba afectado por la actuación de la UE-1, pero por diversas circunstancias junto con otros 35 propietarios, decidieron adherirse a la actuación no sin mediar varios engaños por parte de los responsables de la sociedad mixta. Para ello firmaron un denominado convenio expropiatorio, pero ese convenio nunca lo autorizó el pleno ni órgano municipal alguno. Simplemente fue firmado por el que entonces era consejero delegado de PESF SL, quien, obviamente, carecía de facultad alguna para expropiar a nadie. 

En dicho convenio se establecieron una serie de condiciones, entre ellas el pago de un formidable lucro cesante de 12.000 euros al mes durante los 39 meses previstos de las obras. Es decir, en total le fueron abonados por PESF SL nada menos que 468.000 € en concepto de lucro cesante.

A su vez, el local tenía constituida una hipoteca por importe de 252.601 €, que naturalmente PESF SL le amortizó anticipadamente. Por su parte y según el citado convenio, se equiparaba su justiprecio (ya decimos no obstante que estos convenios nunca pasaron por el pleno municipal) a 91.143 €, con lo cual suscribió 130 participaciones de la sociedad. Es decir, a este socio (y otros muchos también), se le permitió pagar las 130 participaciones con una aportación no dineraria (el local) que en realidad estaba hipotecado. O lo que es lo mismo, se le permitió pagar pero aportando una deuda de más de 250.000 € de la que no obstante PESF SL se hizo cargo pero abonándola con cargo a los préstamos hipotecarios. ¿Alguien en su sano juicio puede suponer que una sociedad mercantil cualquiera, admitiría el pago de la suscripción de unas participaciones de un socio aportando el adquirente una deuda que, en este caso además, es casi tres veces superior al valor del justiprecio acordado? Bueno pues en el caso de PESF SL sí fue posible eso: suscribir y pagar participaciones societarias con una deuda del adquirente que, además, era tres veces superior al valor facial de las participaciones.

Y, además, se le constituyó un aval por importe de 50.890 € que naturalmente ejecutó en julio de 2013. De forma tal y que al día de la fecha, la sociedad propietaria de este local habría cobrado de PESF SL la nada despreciable cantidad de 771.491 € por un inmueble que la propia sociedad mercantil mixta y la adquirente aceptaba valorar en 91.143 €. ¡Formidable negocio!

Pues bien, llegado el momento, dicha sociedad interpuso una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento en 2014, al tiempo de personarse también en el concurso de acreedores donde el AC le tiene reconocido un formidable crédito contra la masa. Y, en dicha demanda, exigía el pago por el Ayuntamiento de 575.763 € entre otras cuestiones. En una primera instancia, dicha reclamación le fue reconocida por el juzgado de lo contencioso así como el pago de los intereses legales menos el importe de la hipoteca. Recurrida por el Ayuntamiento al TSJ de Madrid el fallo fue aún más oneroso, pues el Tribunal Superior añadió además una indemnización del 25 % del valor del inmueble que habría de ser realizado por un perito, por ocupación ilegal por parte del Ayuntamiento.

Pues bien, ateniéndonos al literal de las sentencias y utilizando el importe reclamado por el demandante, los intereses legales desde 2009 a 2017, la indemnización fijada del 25 %, y deducido también el importe de la hipoteca y el aval, lo que a esta sociedad habría que abonarle por parte del Ayuntamiento junto con lo que habría cobrado ya de PESF SL, ascendería a nada menos que 1.484.221 €. O lo que es lo mismo, por cada metro cuadrado de este local se habrían pagado finalmente por parte de PESF SL y del Ayuntamiento nada menos que 11.415 €/m2. ¡El precio que cuesta el metro cuadrado de un local en la calle Preciados de Madrid!

Pero es que, además, dado que la propietaria de local es una sociedad mercantil que tiene sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil, nos permite hacer un seguimiento de la evolución de su cuenta de resultados. De forma tal que en los años 2007 y 2008, arrojaba unas pérdidas de -87.000 y -46.000 euros respectivamente, mientras que entre 2009 y 2011 arrojó beneficios de entre 26.000 y 23.000 euros.

He aquí un ejemplo (hay muchos más por supuesto) de cómo, la operación de endeudamiento del Ayuntamiento por nada menos que 33 millones de euros, autorizada el pasado día 22 por el pleno, está destinada en realidad a completar una serie de escandalosas operaciones encubiertas que, como es este ejemplo, no son sino verdaderos casos de expolio acordados en el seno de la lamentable gestión del PESF SL, soportado con la aquiescencia de Bankia, y ahora endosadas al Ayuntamiento con el apoyo de SFHSP, IU y PSOE. Esto es realmente, sufrido contribuyente, lo que va a pagar usted en los próximos diez años. Un formidable negocio particular soportado por un préstamos de 33 millones de euros que en realidad encubre una operación de expolio municipal y el intento de exoneración de sus verdaderos responsables.