LA ENÉSIMA CRISIS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

 

LA IMAGEN VIVA DE DOS ESCAPISTAS DE LA POLÍTICA

(BREVE CRÓNICA DE UN NUEVO FRACASO Y OTRA OPORTUNIDAD PERDIDA PARA SAN FERNANDO DE HENARES)

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A casi un año de las próximas elecciones municipales, el alcalde CORPA aborda la enésima crisis de su gobierno de coalición entre Ciudadanos y PSOE, firmado y rubricado por los mismos protagonistas en junio de 2019 bajo el pomposo título de ACUERDO PROGRAMÁTICO DE FUTURO Y PROGRESO PARA SAN FERNANDO DE HENARES.

Dicho acuerdo "programático" se desarrollaba a lo largo de 27 escuetos e improvisados apartados y, en muchos casos, con una redacción indolentemente vaporosa e intencionadamente inconcreta. De todos ellos, hoy, tres años después, bien podemos calificarlos de absoluto fracaso a pesar de que muchos puntos estaban plagados de ingenuo voluntarismo. 

Así, por ejemplo, anunciaban: i) que desarrollarían programas de viviendas publicas en alquiler; no han hecho ni una. ii) Que culminarían la solución definitiva de Plaza de España, no solo no lo han solucionado sino que lo han agravado. iii) que instarían a la solución definitiva a los problemas de la línea 7b del metro; a la vista está que los problemas crecen exponencialmente y la solución solo viene de demoler casas y más casas. iv) también decían que recuperarían el complejo del Pilar como "espacio abierto a las políticas de mujer (?) y al conjunto de la ciudadanía"; por el contrario, el complejo del Pilar permanece cerrado y casi arruinado a día de hoy. iv) también aseguraban que serían eficaces y transparentes con el dinero público y que evitarían subidas de impuestos; el resultado es todo lo contrario, total falta de transparencia (en 2020 dieron más de 800.000 euros en subvenciones sin ordenanza ni plan estratégico alguno), y, desde luego, sin haber publicado la relación de las mismas en el BOCM. Transparencia pues nula.

Lo anterior es solo una muestra perfectamente constatable. Y del resto de los puntos del que denominaron ACUERDO PROGRAMÁTICO DE GOBIERNO, no quedan más que las raspas ya que no son más que humo y meros enunciados de los consabidos lugares comunes.

EXPERTOS EN FUGAS HACIA ADELANTE

(O CÓMO HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD)

Hace un par de días, los dos protagonistas (parece que no hay más) del equipo de gobierno, el alcalde CORPA (PSOE) y el vicealcalde HONTECILLAS (Ciudadanos), comparecían en rueda de prensa sonrientes anunciando la enésima crisis de gobierno para presentarla como la del impulso definitivo para "reforzar la gestión para afrontar el final del presente mandado". Según ambos corporativos pretenden que nos lo creamos. Es decir, pretenden hacernos creer que lo que han sido incapaces de hacer en estos tres años perdidos, van a ser capaces de hacerlo en el año que queda por delante hasta las próximas elecciones.

El alcalde CORPA y el vicealcalde HONTECILLAS nos toman una vez más por tontos. Y es que, si algo ha quedado claro hasta ahora es que ambos han llegado a la conclusión de que no hay nada mejor que hacer de la necesidad virtud. Lo demás lo hace la falta de memoria del electorado. Vamos, que el personal no se dé muy bien por enterado. Y para ello nada mejor que atiborrarlo de fiestas y performances para tapar la indigente y calamitosa gestión propiamente dicha de la cosa pública, absolutamente inexistente en las áreas y actividades más importantes. A ninguno de los dos les gusta la gestión y, por el contrario, se han revelado como dos incompetentes de lo suyo sin la más elemental formación y vocación para mejorar el aparato burocrático municipal, anclado en el pasado y en la inexcusable inoperancia en muchas áreas so pretexto de la pandemia y otras plagas.

Esta enésima crisis de gobierno se debe, en realidad, a la pura acomodación del portavoz de Ciudadanos, el señor Hontecillas, inmerso en tareas locales y urgentes de su partido, Ciudadanos, en el Corredor del Henares. Cargo para el que ha sido nombrado recientemente con el imperioso mandato de salvar los restos del naufragio, apadrinado por su homólogo de Alcalá de Henares quien, a su vez, ya se ha puesto a salvo apuntalando el PSOE de aquella localidad con quien, al igual que aquí, comparte también tareas de gobierno mediante un pacto reciente.

Pero, además, el hasta ahora flamante concejal de Hacienda y Festejos entre otros, es la viva imagen del fracaso más lapidario. Ha sido incapaz de presentar al Pleno uno solo de los dos Presupuestos en las fechas del mandato legal. Tampoco ha sido capaz de presentar las Cuentas Generales en las fechas previstas, estando ahora pendientes las de 2020. Su gestión al frente de la Hacienda municipal deja una estela de modificaciones de crédito inacabables, omisiones gravísimas en materia presupuestaria, ausencia total de transparencia de las finanzas municipales y, en fin, nada que no hayamos visto ya en otros lamentables mandatos para olvidar.

Por si fuera poco, en el Área de Hacienda hay dos Direcciones de Área, una de ellas la Presupuestaria, cuya incapacidad para confeccionar los Presupuestos (hoy están con los prorrogados de 2021 que a su vez fueron aprobados en septiembre de 2021), es bien patente. Y la otra Dirección es la Financiera y Tributaria, sin cubrir desde que se jubiló el anterior director y desempeñada accidentalmente durante casi dos años por otra persona.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar tampoco el caso de la Delegación de Personal, desempeñada inicialmente por la concejala de Ciudadanos PERAZA CASAJÚS, hasta que, inopinadamente, un día es cesada para asignarle el Área al propio concejal HONTECILLAS, quien a su vez vio cómo el alcalde CORPA le quitaba la delegación para asumirla él previo cese de la entonces Directora de Personal. Para delegarla poco tiempo después en el concejal FERNÁNDEZ CASAR, a quien le paga la Seguridad Social una pensión y por lo mismo no podía asumir una delegación aprobada por el pleno como dedicación exclusiva, para retirarle de nuevo la delegación el alcalde CORPA y delegando finalmente en el que fuera concejal de Urbanismo. De esta forma, Ciudadanos ha perdido la gestión de casi la mitad del presupuesto y por lo tanto ha ido también perdiendo peso en la coalición de gobierno.

Y así podría hacerse un análisis Área por Área, para concluir que la gestión municipal en las más importantes, lejos de mejorar han empeorado respecto de los anteriores, lo cual era casi imposible.

ALGUNOS OTROS EJEMPLOS DEL ABANDONO DEL EQUIPO DE GOBIERNO CONJUNTO (CIUDADANOS Y PSOE) DE ASUNTOS BIEN VISIBLES QUE NO HAN MERECIDO ATENCIÓN ALGUNA DURANTE ESTOS TRES AÑOS DE MANDATO

Hay un conjunto de horrores que pueden ser observados simplemente dándose una vuelta por el municipio, y que son un monumento a la incompetencia más insultante. Y que han costado millonarios desembolsos de dinero proveniente de los contribuyentes (de todos los contribuyentes incluidos los del resto de los municipios), que rayan la pura malversación. Y que merecerían figurar en la antología de esos itinerarios de grandes fiascos municipales, perpetrados por ediles con escasos escrúpulos con el dinero público gastado a espuertas porque, obviamente, no era el suyo. Veamos pues este lamentable museo de los horrores que ya denunciábamos antes de las elecciones en 2019 y que hoy, tres años después, no solo siguen igual sino que incluso han empeorado.

El famoso almacén municipal levantado más o menos hace once años con cargo a los fondos del programa Prisma de la Comunidad de Madrid, costó 4 millones de euros y fue ejecutado mediante una encomienda de gestión por la EMS. Hoy, once años después sigue igual, sin  más uso que permitir a la contrata de basuras encerrar algunos de sus camiones en su recinto. Su verdadero destino, el traslado del almacén municipal de la calle Vergara, lleva en suspenso desde entonces. Cuatro millones de euros tirados en medio de un descampado sin que nadie dé explicaciones ni tampoco nadie las pida.

Otro monumento a la desidia: el conocido como Museo de la Ciudad construido sobre lo que era el Granero. Terminado totalmente en mayo de 2011 (fue objeto incluso de un día de puertas abiertas en plena campaña electoral entonces), permanece cerrado a cal y canto. Está levantado sobre una parcela municipal y fue objeto de una encomienda de gestión por parte del Ayuntamiento a la mercantil mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. El Ayuntamiento se comprometió a pagar a dicha entidad el importe de 3,5 millones de euros; sin embargo no pagó un solo euro, lo que provocó la quiebra de dicha mercantil. Hoy, debe 2,4 millones de euros a la masa activa del concurso de acreedores por sentencia firme desde 2013 del Juzgado de lo Mercantil, y 1,06 millones más por sentencia firme también a la empresa constructora. El Ayuntamiento no paga ni a unos ni a otros, con el lamentable resultado que puede verse en este imaginario itinerario de los horrores: una dotación terminada desde 2011 pero cerrada simplemente porque el Ayuntamiento (y el actual equipo de gobierno en particular), ha decidido que no entra en sus prioridades pagar las millonarias deudas que se deben, porque lo suyo es gastar y gastar millonadas ejercicio tras ejercicio en performances, festejos y saraos (todas subcontratadas) para solaz disfrute del desmemoriado personal. Mientras tanto, pasa el tiempo y las deudas millonarias permanecen bajo las alfombras. Es el sino de los tiempos políticos que padecemos: la autopropaganda más descarnada por delante de la verdadera gestión; una realidad que daña solo verla inerme a cualquier sensibilidad. 

He aquí un caso lamentable del que alguien debería dar cuenta en los juzgados. Una zona verde de 30.000 m2 pagado a precio de oro a una multinacional americana que hizo el gran negocio de su vida. El Ayuntamiento pagó nada menos que 450 euros por cada metro cuadrado de zona verde de esta finca, cuyo justiprecio sin embargo no debía pasar en absoluto como mucho de 30 o 40 euros/m2. Hoy, seis años después del último pago y de la toma de posesión y de la transmisión al Ayuntamiento de la finca, permanece cerrada y sin saber qué hacer con ella. La última ocurrencia proviene del PSOE quien, al parecer, proponía hacer en esta finca ¡un nuevo almacén municipal! a pesar de que ya hay otro construido desde hace más de once años y muerto de risa junto a la M-206 como hemos visto antes. Por supuesto, los 13,5 millones de euros que costó esta expropiación convenida no salieron de los bolsillos de los ediles que acordaron este disparate, sino de los bolsillos de cada uno de los adquirentes de los pisos de cooperativas de viviendas de la UG-5. 

Un lujo asiático también cerrado a cal y canto desde 2014: el spa o centro termal levantado en el polideportivo. Presupuestado inicialmente en 2,5 millones de euros, acabó costando 4,5 millones y, en 2014, se dieron cuenta que el coste que llevaba su funcionamiento era tal que lo mejor era cerrarlo. Y así permanece desde entonces. Por supuesto, los 4,5 millones de euros que costó no salió de los bolsillos de los responsables municipales, sino de sus bolsillos sufrido contribuyente.

Esta fue otra polémica actuación de expropiación de la finca que se conocía como la Vaquería. 60.000 m2 de zona verde. Fue adquirida por un justiprecio de apenas 58 euros m2 (lo que contrasta con los 450 del finca CYTEC que tenía la misma calificación). Desde que el año 2016 fue ocupada por el Ayuntamiento permanece sin ser objeto del destino que le asigna el PGOU y que no es otro que el de una zona verde pura y dura, sin que este destino pueda ser variado en el futuro bajo el riesgo de que sus propietarios (que no obstante mantienen un pleito vivo contra el Ayuntamiento), puedan pedir la reversión.

El caso plaza de España sigue sin solución. Todo lo que ha hecho el actual equipo a pesar de llevarlo en su programa de gobierno, es tapiar sus puertas y ventanas. Nada más. Nadie del Ayuntamiento es capaz de cuantificar cuánto le ha costado o le va a costar este monumental fiasco a las arcas municipales, es decir, a los contribuyentes. Lo que sí sabemos es que, cada día que pasa, el Ayuntamiento recibe una tras otra sentencias de los tribunales ya firmes con multimillonarias condenas a la Corporación. Y, sin embargo, nadie del actual equipo de gobierno o del anterior ha pedido cuentas a los responsables de este formidable agujero patrimonial y financiero causado el Ayuntamiento por quienes fueron sus responsables entre 2007 y 2011. Al contrario, el Ayuntamiento, personado en varias causas judiciales penales y por instrucciones del alcalde CORPA, ha decidido no acusar ni exigir reparos a los responsables de este desastre. Una vez más no se juegan su dinero, sino el de usted sufrido contribuyente. Y este es problema constante de estos políticos escapistas.

 

El Ayuntamiento recibió entre 2004 y 2018 el importe de 28 millones de euros de las diferentes Juntas de Compensación de los sectores urbanizables programados (más de 5,1 millones metros cuadrados), en concepto de varios acuerdos de otros tantos convenios firmados. Entre otros conceptos, esos millonarios ingresos tenían por finalidad que el Ayuntamiento ejecutara las redes externas (sistemas generales), y que nosotros ciframos en más de 10,5 millones de euros. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha ejecutado ni una sola de esas redes. ¿Adónde ha ido pues ese dinero finalista y por lo mismo afectado al cumplimiento de una obligación? No lo sabemos, pero hasta ahora la fórmula del equipo de gobierno con la aquiescencia del Interventor y demás altos funcionarios de la Oficina Presupuestaria, consiste en meter bajo las alfombras estas descomunales deudas contraídas que sin embargo no figuran recogidas en ninguno de los balances de las Cuentas Generales. No hay mejor forma de no pagar las deudas que no reconociéndolas, es lo que deben pensar en el equipo de gobierno.

El caso de la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO DE SAN FERNANDO SA, en liquidación desde el año 2016, es realmente inquietante. Con un activo en el año 2014 según sus cuentas de cerca de 8 millones de euros, hoy, visto su último balance aprobado con los votos del equipo de gobierno de Ciudadanos y PSOE en 2019, apenas tiene activos con un valor neto contable de 1,4 millones de euros. Asimismo, mantiene deudas con la ATE por casi un millón de euros, y un préstamo participativo con el Ayuntamiento (para tapar agujeros con las entidades financieras) de 3,9 millones de euros. Es decir, está en la más absoluta quiebra y viene liquidando sus activos con la más ominosa opacidad. No es posible saber realmente qué es lo que han vendido, a qué precio y a quién. Todo puro oscurantismo por parte del Comité liquidador del que forman parte todos los miembros del equipo de gobierno. El Ayuntamiento tendrá pues que asumir las millonarias pérdidas de esta empresa que nació para administrar el Patrimonio Municipal de Suelo, y ha quebrado porque sus administradores se dedicaron a instrumentalizarla políticamente y a ejecutar promociones ruinosas como es el caso de la promoción de Echeveste, cuyas obras, adjudicadas inicialmente en 15 millones de euros, acabaron costando 26 millones de euros. Circunstancia que les obligó a inyectar liquidez a costa de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. De forma tal que la quiebra de ésta conllevó luego la quiebra de la EMS. Hoy, a esta sociedad de cuyo comité liquidador forma parte el propio alcalde CORPA, le piden desde uno de los juzgados que afiance 3,240 millones de euros por transacciones ilícitas realizadas entre 2009 y 2010. Importe que, de nuevo, pagará usted sufrido contribuyente.

UNA OPOSICIÓN DE DILETANTES

La insólita situación de que en nuestra Corporación convivan nada menos que seis formaciones distintas en la oposición (ampliadas ahora además por miembros del grupo de no adscritos), no es ajeno tampoco al panorama desolador de la gestión municipal. Tiene suerte desde luego el alcalde CORPA, porque probablemente nunca hubo caso igual en la que la fragmentación de la oposición y su diletante ejercicio político, haya proporcionado más tranquilidad al equipo de gobierno. Neutralizada a sí misma por su inútil atomización, no puede decirse objetivamente que en nuestra Corporación haya o se vislumbre alternativa creíble. Al contrario, cada grupo municipal se mira su propio ombligo en lo que no es sino un lamentable espectáculo de iniciativas sin orden ni concierto. Y, lo que es más grave, con la sensación de que solo tenemos una lamentable constelación de escisiones resultantes que sin embargo, incomprensiblemente, retienen restos de su propia parroquia ideológica pase lo que pase y suceda lo que suceda. Así, no es de extrañar que el equipo de gobierno y particularmente sus dos cabezas visibles, sonrían como en la foto de arriba a pesar de su calamitosa gestión. Porque saben que tienen enfrente a una oposición neutralizada e incapaz de articularse como una alternativa. Todos son supervivientes.

DE USURPADORES Y ANIVERSARIOS 

Documento que acredita que la Asociación de Vecinos Parque Henares no fue fundada en 1982 como erróneamente han celebrado recientemente con asistencia del alcalde Corpa, sino bastantes meses antes. Concretamente en octubre de 1981 como se señala en el escrito dirigido entonces al Gobernador Civil para sus inscripción. Por lo tanto, los actuales dirigentes de esta Asociación simplemente se han inventado un aniversario inexistente. Es lo que tienen los entristas adanistas, que manipulan las fechas a su antojo para hacer creer que estuvieron desde el principio en el movimiento vecinal del barrio de Parque Henares, cuando, en realidad, no aparecieron sino cuando su partido, entonces en el poder municipal, el PCE, les dio la consigna para su instrumentalización. Y así siguen hoy. Callados como puertas con el caso plaza de España por ejemplo, pero muy activos con otros casos que afectan a otras administraciones. Volveremos sobre este asunto como ejemplo de la deriva del movimiento vecinal, constituido en simple instrumentos político obediente a la voz de su amo. Y para acreditar también que el relato que se han montado recientemente no es más que eso; una burda manipulación de aniversarios y de activismo usurpador en favor siempre, antes y ahora, solo de los suyos.

NUEVA CRÓNICA URGENTE DE JUZGADOS

 

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID INHABILITA A LA EX ALCALDESA CATALINA POR UN DELITO CONTRA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

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Según una muy reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid a la que ha tenido acceso EL MOLINO, la que fuera alcaldesa de San Fernando de Henares durante el mandato de 2015 a 2019, Catalina RODRÍGUEZ MORCILLO, hoy portavoz de la formación MÁS MADRID de Íñigo Errejón y Mónica García en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, ha sido condenada a la suspensión del cargo de alcalde por un periodo de seis meses, así como al pago de una multa diaria de 10 euros durante otros seis meses, por el delito de obstaculizar la investigación del Defensor del Pueblo.

OBSTACULIZAR LA LABOR DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Los hecho se remontan al comienzo del mandato en el año 2015, cuando nuestra asociación le pidió a la entonces alcaldesa Catalina una serie de documentos relacionados con el caso plaza de España, con objeto de ejercer la acción vecinal sustitutoria en relación con la plaza de España. Sin embargo, la alcaldesa, incumplimiento el mandato legal y su obligación de facilitarnos esos documentos, fue dando largas y más largas sin facilitarnos nunca ni los documentos ni el acceso a los mismos.

Fue pues en el año 2016 cuando presentamos una queja al Defensor del Pueblo que, admitida, procedió a reclamar informe y explicaciones a la renuencia y resistencia a facilitarnos el acceso y la copia de los documentos de acuerdo al mandato legal. Sin embargo, la alcaldesa Catalina rehusó durante TRES AÑOS toda remisión o comunicación al Defensor del Pueblo. Es decir, como ya denunciáramos en otras entradas, la alcaldesa Catalina durante tres largos años, es decir, hasta el final de su mandato, rehusó contestar a los requerimientos de la oficina del Defensor del Pueblo realizados por escrito, correos electrónicos e incluso llamadas telefónicas para que diera alguna explicación. 

Así, el Defensor del Pueblo, se vio obligado a contestar también a nuestro requerimientos, y a advertir a la alcaldesa que su actitud podía ser considerada como obstaculizadora a la labor del Defensor del Pueblo y podía conllevar la remisión a la Fiscalía General del Estado.

Y, finalmente, en marzo de 2019, es decir, apenas unos meses antes de las elecciones municipales, el Defensor del Pueblo cerró el expediente comunicando al Congreso que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares era una institución obstaculizadora y hostil a dicha institución. Y, por lo mismo, procedió también a poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado su actitud, por si la misma pudiera ser constitutiva de un delito de los previstos en el artículo 502 del Código Penal por haber obstaculizado la investigación del Defensor del Pueblo.

LA FISCALÍA SE QUERELLA

Así, la Fiscalía General del Estado remitió el expediente con instrucciones a la Fiscalía de Alcalá de Henares quien, finalmente, presentó la correspondiente denuncia contra la ex alcaldesa Catalina en el año 2020 abriéndose las oportunas diligencias. Y fue en julio del año pasado cuando se celebró el juicio oral ante el Juzgado de lo Penal nº 1 de Alcalá de Henares, quien dictó sentencia el 30 del mismo mes condenando a la ex alcaldesa Catalina como responsable de un delito contra las instituciones del Estado, con una pena de multa diaria de 10 euros durante seis meses, así como a un año de suspensión para cargo público de alcalde.

ECHAR LA CULPA AL EMPEDRADO: EL COLAPSO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO

La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid a la que había apelado, no se traga todo el largo rosario de argumentos exculpatorios utilizados por la ex alcaldesa, entre los que destaca la de que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares se encontraba a su acceso y en los años posteriores, sumido en total colapso y caos administrativo, razón por la cual no pudo ser contestado el Defensor del Pueblo a lo largo de más de tres años.

La AP de Madrid manifiesta que no es posible creer que un Ayuntamiento de 40.000 habitantes y 40 millones de presupuesto, sea incapaz de contestar a los requerimientos del Defensor del Pueblo durante más de tres años de apertura del expediente de queja, y cerca de una docena de requerimientos realizados. La AP no acepta que a lo largo de 32 meses el Ayuntamiento y singularmente su alcaldesa, no realizara ni remitiera comunicación alguna al Defensor del Pueblo.

La AP solamente accede a rebajar la pena de inhabilitación de un año a seis meses, manteniendo todo lo demás. Y aunque este sentencia es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo (desconocemos si la ex alcaldesa lo ha hecho), es cierto no obstante que las posibilidades de que que fuera admitida son casi ninguna.

LA EX ALCALDESA CATALINA DEBE CESAR CONO CONCEJALA DE MÁS MADRID

En efecto. A nuestro juicio, la ex alcaldesa Catalina se halla incursa en una causa de inelegibilidad sobrevenida y, por lo tanto, debe cesar (o ser cesada) de su actual cargo de concejala del Ayuntamiento por el grupo municipal de MÁS MADRID.

El delito, además, es de nada menos que contra las Instituciones del Estado, en este caso el Defensor del Pueblo. Y, en su consecuencia, conlleva o debe conllevar la de su cese como cargo municipal de concejala. No le queda otra y, en su caso y si no cesara motu propio, nos dirigiremos a la Junta Electoral para que se pronuncie al efecto.

AVISO A NAVEGANTES

La alcaldesa Catalina sería la segunda de los alcaldes que resultan condenados en San Fernando de Henares. El otro fue el ex alcalde Enrique GUERRA de IU.

Hay en ambos casos un mismo hilo conductor aunque discurran por supuestos fácticos distintos. Y es que, en ambos casos, los ediles inhabilitados han incurrido en el arrogante menosprecio a los derechos de los ciudadanos, amparados no obstante (o eso creían ellos), en la absurda creencia de que todo el aparato burocrático del que son responsables en tanto que alcaldes, es ese muro infranqueable tras el que se escudan cuando, como es este caso, no solo menosprecian con arrogante prepotencia los derechos de los ciudadanos, sino que también descuidan por pura imprudente ignorancia. 

Las consecuencias que tiene o puede tener para ellos despreciar también las instituciones creadas, como es el caso del Defensor del Pueblo, precisamente para evitar que las administraciones se constituyan en entidades secuestradas por una indolente casta política que haga lo que le da la gana, abunda en lo que parece una idea que sobrevuela estos casos y que les lleva a pensar que, por ser elegidos por el pueblo para esos cargos, les da derecho a la total impunidad o, cuando menos, a no tener que rendir cuentas a nadie por sus acciones y sobre todo por sus omisiones. Craso error.

Debería ser un aviso a navegantes este caso de la ex alcaldesa Catalina, porque llueve sobre mojado. Y si bien no son frecuentes los casos en los que una alcaldesa (o alcalde) en manifiesta rebeldía contra una institución del Estado como es el Defensor del Pueblo, es condenada previa declaración de hostilidad por parte de dicha institución, no es menos cierto que la contundencia de los fundamentos de la AP de Madrid en este caso, debería llevar a la reflexión a más de uno de nuestros políticos locales actuales.

El alcalde Corpa tiene una cita en los próximos días con el destino como ya indicábamos en la entrada anterior. Mucho nos tememos que no haya aprendido nada ni siquiera en la cabeza ajena de su antecesora la ex alcaldesa Catalina. Pero en fin, hay inquietantes actuaciones paralelas que solo pueden presagiar en el futuro los mismo resultados finales. Ya veremos.

CRÓNICA URGENTE DE JUZGADOS

 

EL ALCALDE CORPA EN LA ENCRUCIJADA MÁS GRAVE DE SU MANDATO

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El Molino ha tenido conocimiento de que hace unos días fue dictado un Auto (llevan tres) por la titular del Juzgado nº 1 de Coslada, en el que se sigue una causa penal contra varios miembros del equipo de gobierno de IU y PSOE entre los años 2007 y 2011, y por el que la señora magistrada juez en línea con los anteriores, aprecia indicios de varios delitos graves perpetrados en el seno de la actuación de lo que se conoce como caso plaza de España. Y más concretamente en la administración de la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Esta nuevo Auto del Juzgado nº 1 de Coslada trae causa del reciente Auto de la Audiencia Provincial dictado y que ya se ha comentado en anteriores entradas.

En particular, según el Auto muy reciente se aprecian indicios racionales de criminalidad por parte de los que fueron administradores de dicha mercantil así como de la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO DE SAN FERNANDO SA en aquel periodo, de administración desleal, insolvencia punible (alzamiento de bienes), delitos societarios, apropiación indebida, de falsedad en documento mercantil y otros.

Uno de los presuntos delitos que se imputan al consejo de administración de PESF es contra la hacienda pública. Es decir, contra la hacienda pública municipal. Y, entre los imputados por este presunto delito están, entre otros, el que fuera entonces alcalde del Ayuntamiento y presidente de PESF y de la EMS, D. Julio SETIÉN, así como quien entonces era portavoz del PSOE Manuel G. Rojo, que a su vez era también consejero delegado de la EMS.

El delito contra la hacienda pública municipal asciende a un importe presuntamente defraudado de más de dos millones de euros, consistentes en que, mediante varios artificios, lograron que PESF no pagara absolutamente un solo euro en concepto de Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) o Tasas urbanísticas, a pesar de haber acometido unas obras con un presupuesto de ejecución material superior a los 35 millones de euros.

EL AYUNTAMIENTO COMO PERJUDICADO

Como se dice, PESF, sus administradores, defraudaron presuntamente a la hacienda municipal al dejar de ingresar en las arcas del Ayuntamiento la nada despreciable cifra de al menos 2,1 millones de euros en concepto de ICIO y Tasas municipales, por el simple y expeditivo método de eximir a dicha promotora presidida y administrada, precisamente, por quienes eran los responsables municipales del equipo de gobierno, del pago de los impuestos y las tasas municipales. Sin que, por lo demás, sea posible a nadie que no sea el propio pleno municipal condonar o eximir del pago de impuestos y solo en el caso justificado y no desde luego de forma total. 

Se considera que existe delito contra la hacienda pública cuando el importe defraudado en cada ejercicio fiscal, supera los 120.000 euros, y, en este caso, lo defraudado sería como de 1,5 millones en el ejercicio de 2009 y de 0,5 millones de euros en el ejercicio de 2010. Asimismo, la pena que dicho delito conlleva es la de 1 a 5 años de prisión y multa del tanto a séxtuplo del importe defraudado.

De esta forma, en esta causa y en particular en este presunto delito que se imputa contra la hacienda pública municipal a los entonces administradores ejecutivos de PESF, entre los que se encuentran el ex alcalde SETIÉN, es patente que resulta ser perjudicado el Ayuntamiento, ya que fueron dejadas de ingresar en las arcas municipales al menos y solo en concepto de las obras de edificación, nada menos que 2,1 millones de euros.

¿QUIÉN VA A DEFENDER LOS INTERESES MUNICIPALES EN ESTA CAUSA, SEÑOR CORPA?

Que el Ayuntamiento resulta ser directamente perjudicado por la perpetración de este presunto delito contra la hacienda pública es muy obvio. Sin embargo, el problema es que, en esta causa en la que el Ayuntamiento ha de personarse en tal condición, se verá obligado a presentar escrito de acusación precisamente contra esos administradores que defraudaron la hacienda municipal. ¿Lo hará el Ayuntamiento con todas sus consecuencias, o siguiendo la misma línea que en otras causas se abstendrá de acusar y por lo tanto renunciará así a recuperar esos 2,1 millones de euros presuntamente defraudados?

He aquí el gran dilema del alcalde CORPA y su particular encrucijada a despejar en los próximos diez días: la de defender los intereses municipales como es su obligación legal por cierto, formulando las correspondientes acusaciones contra el ex alcalde SETIÉN y su ex correligionario del PSOE y antecesor suyo el señor ROJO. O, por contrario, no se dará por concernido y renunciará a acusar a sus presuntos autores, porque en el fondo existe un pacto tácito entre el alcalde y sus ex colegas del equipo de gobierno. 

Esperamos que el alcalde CORPA sepa resolver eligiendo lo que es su deber (si no quiere incurrir él mismo en otro ilícito): defender los intereses generales municipales, dando instrucciones precisas a la representación procesal del Ayuntamiento en la causa, para que formulen el correspondiente escrito de acusación contra quienes fueron sus colegas de equipo de gobierno en el aciago periodo en que ocurrieron estos hechos.

Hay que tener en cuenta, que este presunto delito contra la hacienda pública que indiciariamente se aprecia por el Juzgado, no es el resultado de una denuncia que surja del Ayuntamiento; del anterior equipo de gobierno o del actual, sino de una denuncia de nuestra asociación ante la Fiscalía Anticorrupción. De forma tal que, si ahora que en el Juzgado se aprecia indiciariamente ese presunto delito contra la hacienda municipal, quedara impune porque el Ayuntamiento no acusara por la existencia de un pacto tácito entre Corpa y sus ex colegas, el asunto resultaría tan escandaloso que sería inevitable que tenga consecuencias judiciales para el propio alcalde CORPA.

Y EL PUEBLO DE CARNAVALES

Mientras todo esto está sucediendo, precisamente el concejal de hacienda y portavoz de Ciudadanos en el Equipo de gobierno, señor Hontecillas, como delgado también en materia de Festejos, anda muy ocupado en organizar los carnavales y demás performances para entretener al pueblo. En lugar de interesarse por este asunto y, en su caso, girar al menos las correspondientes liquidaciones tributarias defraudadas dada la vigencia de las licencias por cierto.

CRISIS INMINENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Nos llegan rumores no obstante del inminente cese del concejal Hontecillas como responsable de la cosa, es decir de la hacienda local, hallándose en los últimos tiempos entre la desgana y la desaparición. Se espera pues una inminente remodelación del equipo de gobierno cuando apenas queda un año para las próximas elecciones municipales. Si esto se confirma, haremos la oportuna valoración en su momento. 

De momento, nos parecería una irresponsabilidad que el socio de gobierno, CIUDADANOS, titular además de la concejalía de hacienda precisamente, se convirtiera en cómplice de este atropello si finalmente el alcalde CORPA diera instrucciones a la representación procesal del Ayuntamiento en la causa penal del Juzgado 1 de Coslada, de no realizar acusación alguna contra sus ex colegas, por un presunto delito contra la hacienda municipal. 

Es lo que le faltaría a CIUDADANOS en San Fernando de Henares, mirar para otro lado y aquí no ha pasado nada. Si CIUDADANOS se inhibe en este asunto, sería desde luego el baldón final con el que dentro de un año certificará su absoluta desaparición al menos en San Fernando de Henares, porque habrían demostrado ya una insostenible complicidad con atropellos anteriores relacionados con el caso plaza de España, que desde luego sus votantes no se merecen.

Estaremos atentos pues a la pantalla, con la crisis de gobierno al fondo.

MENTIR, MENTIR, MENTIR, MENTIR Y VOLVER A MENTIR...LA PANDEMIA QUE ASOLA A NUESTROS POLÍTICOS ACTUALES

 

EL CONCEJAL DE HACIENDA ALBERTO HONTECILLAS (CIUDADANOS) EN EL MOMENTO JUSTO EN EL QUE SE MARCA UNA DESCARADA MENDACIDAD (UNA MÁS) EN EL PUNTO 13 DEL PLENO ORDINARIO DE ENERO 2022 Y SE QUEDA TAN ANCHO

MENTIR, MENTIR, MENTIR, MENTIR, MENTIR, MENTIR, MENTIR Y VOLVER A MENTIR...

(O LA INQUIETANTE EPIDEMIA QUE ASOLA A NUESTRA CLASE POLÍTICA ACTUAL)

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Los plenos municipales de los últimos tiempos son cualquier cosa menos de gestión municipal aunque sea mínima. Resulta ya un escándalo insostenible que, pleno tras pleno, los únicos asuntos que se llevan relacionados con la gestión municipal propiamente dicha, no sean otra cosa que los consabidos e incontables expedientes de modificación de créditos que es como viene gobernando el equipo de gobierno; a golpe de expediente de crédito. Lo demás es casi todo morralla para onanistas de la política consistente en mociones y propuestas a cual más incomprensible y donde cada grupo se dedica a mirarse el ombligo de su ideología, o de la consabida consigna con cataratas de propuestas sobre asuntos que nada tienen que ver con los problemas municipales y desde luego con los problemas que aquejan hasta la angustia hoy a mucha gente.

Es totalmente desolador comprobar cómo, sesión plenaria tras sesión plenaria, el equipo de gobierno es incapaz de llevar a dicho órgano un solo plan o proyecto relacionado con el urbanismo y el planeamiento por ejemplo, (hay planes especiales paralizados desde hace años como el relacionado con el desdoblamiento del colector de Ajalvir, o proyectos de urbanización como el de la Unidad de Ejecución nº 13 entre otros, paralizado también desde hace más de dos años), o con cualquiera otra de las muy amplias competencias que tiene el pleno municipal. Por el contrario, se malgasta el tiempo en interminables sesiones donde cada grupo político se recrea presentando mociones o debatiendo propuestas que nadie cumple ni se siguen. 

Ni, lo que es más evidente en la mayoría de los casos, que a nadie interesan porque el personal anda preocupado con otras cuitas y urgencias como es sobrevivir a la subida de la luz, la del gas, de la inflación desbocada que se come sus ingresos y sus ahorros, o simplemente de comprobar cómo es maltratado cuando hace uso de simples servicios bancarios y no digamos de los propios servicios de las administraciones públicas para los cuáles hay que pedir cita previa para todo y luego rezar para que te atiendan. 

El deterioro de la vida cotidiana que sufrimos so pretexto de la pandemia es patente y manifiesto, mientras nuestros políticos se enzarzan una y otra vez en denuestos y confrontaciones que solo agravan la ya de por sí difícil situación en lo que no es sino una carrera de obstáculos cada vez más insostenible, especialmente para los mayores. Victimas inclementes de la brecha digital que afecta incluso a sus otrora naturales relaciones con su banco de toda la vida, por poner uno solo de los muchos ejemplos más sangrantes. Y desatendidos por nuestros políticos mientras ellos solo se dedican a salvar el mundo mundial con cualquier chorrada u ocurrencia más o menos pseudoideológica. 

Y, para colmo, no hacen más que mentir sin rubor ni medida y con todo el descaro del mundo, en lo que se ha convertido ya en norma de comportamiento de nuestra insufrible vida pública, y en unos tiempos en los que, además, es más fácil que nunca comprobar que efectivamente mienten.

Es el caso, como se dice, del pleno celebrado el día 20 de enero de 2022, cuyo punto número 13 del mismo se formulaba de la siguiente manera: Dación cuenta de la prórroga del Presupuesto 2021 para el ejercicio de 2022. 

Con pasmoso desconcierto, los miembros del equipo de gobierno y singularmente en este caso el concejal Hontecillas que para eso es el concejal de la cosa y también el propio alcalde Corpa, entienden que la dación de cuenta de algo consiste simplemente en que el Pleno se dé por enterado, sin que sin embargo sea posible entablar debate alguno al respecto por el resto de los concejales. O dicho de otra manera según la creencia del equipo de gobierno: ustedes, los concejales que no forman parte del equipo de gobierno, han de darse por enterados y nada más, pero no pueden pedir explicación alguna de la cuenta dada.

Pero, en el caso del punto del orden del día número 13 del pasado 20 de enero de 2022, ocurrió algo inesperado por inusual y para lo que no estaba preparado el equipo de gobierno y singularmente el concejal de Hacienda, primer teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos. Y es que, al fin, una concejala de la oposición, concretamente Susana Cumplido del grupo municipal de Actúa, pidió la palabra e interpeló muy oportunamente al equipo de gobierno acerca precisamente del punto referido. Es decir, acerca de la prórroga de los Presupuestos de 2021 para el ejercicio de 2022.

Y a partir de la muy pertinente interpelación de la concejala de Actúa, el concejal Hontecillas, que evidentemente no se esperaba la interpelación porque no es costumbre hacerlo cuando de dación de cuenta se trata, desconcertado, improvisó una perorata digna del mejor Cantinflas. Vean abajo la intervención del señor Hontecillas porque no tiene  desperdicio y además falta a la verdad con todo el descaro. 

Simplemente pinchen el vídeo que por otra parte no es muy largo, pero sí muy ilustrativo del juego mendaz de nuestros políticos cuando no tienen explicaciones plausibles y mucho menos para reconocer su propia incompetencia. Vean, vean.

 UN INSULTO A LA INTELIGENCIA DE LOS CONCEJALES DEL PLENO Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL

La concejala Susana Cumplido de Actúa le hizo al concejal de Hacienda y al propio equipo de gobierno una pregunta muy sensata y pertinente, a propósito precisamente de la prórroga de los Presupuestos de 2021 para el ejercicio de 2022. Dando lectura, además, a lo que prescribe el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que indica como es natural que los Presupuestos municipales hay que aprobarlos antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior para que entren en vigor el día primero de enero del siguiente. Pero la respuesta dada por el concejal Hontecillas no pudo ser más evasiva y mendaz.

Y es que, ciertamente, llueve ya sobre mojado, pues nos encontramos con un equipo de gobierno con mayoría absoluta que lleva ya más de tres ejercicios de gobierno, y el Presupuesto para 2020 fue aprobado en junio del mismo año y el de 2021 en septiembre del mismo. Para, ahora de nuevo, tener que prorrogar esos Presupuestos de 2021 para el ejercicio de 2022 que será aprobado ya para año electoral y ad calendas graecas.

Y el sorprendido concejal de Hacienda en su respuesta balbuciente a la concejala de Actúa, se enreda hasta lo indecible para recurrir incluso a la falta de verdad sin escrúpulos, con tal de no reconocer su propia manifiesta y recurrente ineficacia. 

Es preciso fijarse en la traición de su lenguaje no verbal para comprender que el señor Hontecillas, incapaz de justificar los sistemáticos incumplimientos del mandato legal en materia presupuestaria, sustituye las explicaciones más o menos coherentes por el encadenamiento de una verborrea nerviosa. Vamos, por lo que vulgarmente se conoce como un leguaje cantinflesco.  

Y así, en lugar de contestar algo coherente a la concejala interpelante, se lía porque, en realidad, no sabe cómo justificar un retraso tras otro en todos los ejercicios presupuestarios y que en este de ahora, además, se junta con la falta de aprobación y rendición también de la Cuenta General de 2020 como denunciamos también en entradas anteriores.

Pillado pues desprevenido el concejal de Hacienda sale del embrollo como puede, pero eso sí espetando a la concejala (no hay nada más delator y recurrente para defenderse que atacar al interpelante) que ese asunto no toca ahora y que, en todo caso, formule el tema en ruegos y preguntas. 

Es decir, que el concejal de Hacienda no sabía en realidad qué justificación darle a la concejala que, al menos en esa ocasión, sí hizo su trabajo que es lo que se espera de la oposición para fiscalizar y pedir explicaciones al equipo de gobierno de la razón por la que, ejercicio tras ejercicio, se ven obligados a prorrogar los Presupuestos anteriores. Sin que ni uno solo de los tres años que llevan ya en el gobierno hayan podido aprobar los Presupuestos en las fechas que marca la Ley. Y en el caso de 2021 fueron aprobados nada menos que en septiembre del mismo año. 

Sorprendido como se dice de que le pidan explicaciones por algo tan lógico y pertinente como es saber la razón por la que se han visto obligados de nuevo a prorrogar los Presupuestos de 2021, y cuál es la razón por la que el equipo de gobierno es incapaz de presentar en los plazos que marca la Ley los Presupuestos, el concejal Hontecillas se gira incluso al alcalde para !pedirle permiso¡ para contestar a la concejala en lo que, evidentemente, es un trance del que no sabe cómo salir sin balbucear y que se le note demasiado.

De forma y manera que el concejal en un momento de su azorada justificación halló la respuesta idónea proyectando sobre la oposición y singularmente sobre la concejala que preguntaba muy oportunamente, espetándole que el problema es que no se han presentado alegaciones a los Presupuestos de 2021. Y lo repite varias veces. Lo cual es una miserable falta a la verdad como puede comprobarse por esta otra grabación que ofrecemos abajo del Pleno celebrado el día 13 de septiembre de 2021. Un pleno que por cierto duró apenas seis minutos y costó solo en indemnizaciones más de 2.500 euros, y que además se celebró a las 08:00 horas (por eso no hubo público presente) ¡y se celebró fuera de plazo para más recochineo!

Vean, escuchen y comprueben con sus propios ojos y oídos cómo, el concejal Hontecillas, antes de admitir su clara incapacidad para elaborar los Presupuestos en el plazo legal porque solo sobre él y el equipo de gobierno recae la responsabilidad de confeccionarlos y presentarlos cuando toca; es decir, antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior, no tiene más remedio que refugiarse en la pura mendacidad por cuanto que, contra lo que afirma el concejal de Hacienda, sí fueron presentadas alegaciones a los Presupuestos de 2021. Entre otras, por nuestra asociación. 

Lo pueden comprobar pinchando el vídeo de abajo. Vean y escuchen al propio concejal Hontecillas proponiendo desestimar las alegaciones presentadas que ahora, en el pleno de 20 de enero de 2022, ante todos los concejales y la ciudadanía en general y con manifiesto desprecio a la verdad e insultando nuestra inteligencia, afirma sin rubor que no fueron presentadas alegaciones a los Presupuestos de 2021.

A CONFESIÓN DE PARTE RELEVO DE PRUEBAS

(O CÓMO METER GRAVOSAS DEUDAS MUNICIPALES BAJO LAS ALFOMBRAS)

El concejal de Hacienda no tiene una respuesta plausible que dar a su reiterada incapacidad y del actual equipo de gobierno para presentar los Presupuestos en plazo, y sobre lo cual la concejala de Actúa le pregunta muy pertinentemente. De forma que, como viene siendo habitual en él, recurre a circunloquios autojustificativos utilizando incluso al plural mayestático: "este equipo de gobierno - llega a decir campanudo -, sabe bien cuáles son sus obligaciones legales". Sí, las sabe, pero le están preguntando lógicamente el porqué de su reiterado incumplimiento.

Y el concejal de Hacienda justifica el retraso de los Presupuestos 2022 ante la imposibilidad de dotar por falta de crédito gravosas obligaciones reconocidas como es una sentencia que condena al Ayuntamiento a hacerse cargo de nada menos que el pago de 8,5 millones de euros (que con intereses y gastos judiciales ya serán casi 10 millones de euros), a una de las empresas constructoras contratadas por la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL para la actuación en el caso plaza de España.

Y esas voluminosas obligaciones son conocidas por el actual equipo de gobierno desde al menos su toma de posesión en julio de 2019 y, a juzgar por la información que ofrecen los repertorios jurídicos que no por la obligada transparencia municipal que brilla por ausencia, se trata de una reclamación ya vencida y exigible que se remonta a 2018. Y por lo mismo sujeta al pago también entre otros gastos adicionales como los correspondientes intereses legales, que deben rondar aproximadamente los 300.000 euros anuales. 

Esta deuda vencida y exigible como se dice desde al menos mayo de 2019, apenas un mes antes de la toma de posesión del actual equipo de gobierno, fue recurrida ante Tribunal Supremo en casación. Recurso que fue rechazado según revelan los repertorios de jurisprudencia sin embargo desde septiembre de 2020. Es decir, desde al menos septiembre de 2020 el concejal de Hacienda y desde luego el alcalde Corpa, saben perfectamente que esa voluminosa deuda es una obligación reconocida y firme. Tanto, que el propio alcalde que es quien rindió la Cuenta General de 2019 (aprobada sin embargo en junio de 2021), así lo dejó recogido en la Cuenta General de 2019 como puede verse en el epígrafe correspondiente de la misma.

He aquí la página extraída de la Cuenta General de 2019, que acredita dos cosas al menos: i) que el equipo de gobierno y singularmente el alcalde que es quien rinde la Cuenta General, ya eran perfectamente conocedores de la firmeza de la sentencia por la que se condenaba al Ayuntamiento al pago de 8,5 millones de euros a una de las empresas constructoras de la actuación de plaza de España en septiembre de 2020. Y ii), que, asimismo, dicho importe quedó consignado en la contabilidad municipal de 2019 como una obligación reconocida y firme (y por lo mismo exigible) y pendiente de aplicar al Presupuesto de 2021 desde al menos septiembre de 2020. 

Esta, entre otras cuestiones, fueron las alegaciones presentadas por nuestra asociación precisamente a los Presupuestos de 2021 en agosto del mismo año. Y es que, los aprobaron a finales de julio tratando de hacer coincidir su exposición pública con precisamente el periodo vacacional de agosto. Esta circunstancia hizo que durante todo el mes de agosto no fuera convocado el Pleno correspondiente para tratar las alegaciones, y que la ley obliga a convocar en el plazo de un mes. Y ese plazo comenzó a contar desde el 10 de agosto, siendo convocado el pleno sin  embargo el 13 de septiembre de 2021. Es decir, fuera de plazo.

Así, el concejal de Hacienda viene a reconocer ahora en su intervención de la respuesta dada a la razón que aduce y que le imposibilidad - siempre según el propio concejal - de la aprobación del Presupuesto de 2022 en plazo, resulta ser que, según su propia confesión, están a la espera de la liquidación del Presupuesto 2021 (que legalmente debe firmar el alcalde ante del 1 de marzo) para, con el remanente de tesorería positivo que dice esperan, hacer frente a esa voluminosa deuda contraída. Que por otra parte cada vez es más grande cual bola de nieve y que saben firme desde el año 2020, reconocida como obligación firme, vencida y exigible según la propia contabilidad municipal, pero que no dotan sin embargo en los Presupuestos correspondientes a pesar de ser expresamente exigido ello por la ley y, en nuestro caso, por la advertencia en forma de alegaciones que presentamos en agosto de 2021.

La confesión de parte, es decir, del concejal de Hacienda señor Hontecillas, no puede sino enrojecer de vergüenza ajena por cuanto que lo que viene a reconocer es sencillamente que acuden al proceloso método de esconder bajo las alfombras estas voluminosas deudas que ya tienen reconocida en la contabilidad pública, pero que no la dotan en los Presupuestos con la simple intención de no incurrir en un formidable desequilibrio presupuestario (agujero financiero) pues ello supondría si lo hicieran incumplir la prohibición legal más perentoria de un inicial déficit presupuestario. Así como la pura y simple ficción de la deuda municipal registrada que dicen tiene el Ayuntamiento, pero que no queda reflejada ni el Ministerio de Hacienda puede detectar por el simple método de ignorarla intencionadamente en los Presupuestos, aunque luego la paguen con remanentes positivos generados artificiosamente con estos métodos tan irregulares como escandalosos. 

Es decir, el concejal de Hacienda viene a reconocer ahora que, con plena consciencia y con palmario desprecio al mandato legal, dejan fuera y sin dotar de los Presupuestos voluminosas deudas (más de 10 millones de euros) firmes ya y plenamente exigibles, reconocidos y contabilizados en cuentas de contingencias, con el solo objeto de evitar tener que reconocer la verdad: que los Presupuestos de 2021 son engañosos y que su superávit es igualmente un burdo engaño del que son perfectamente conscientes. Y que, como viene siendo casi una tradición desde hace años, si no se reconocen en los Presupuestos las deudas firmes y mucho menos tan voluminosas como esta y se dejan en el cajón, todo es cuestión solo de esperar luego a la liquidación del Presupuesto para aplicar así sus remanentes al pago de esas deudas.

¿Existe una forma más burda de manipular por pura conveniencia política, la situación real financiera y presupuestaria de una administración pública además de infringir todos los principios de las cuentas públicas entre ellas el de la obligada estabilidad presupuestaria? 

¿Cómo es posible que el concejal de Hacienda insulte ahora nuestra inteligencia, al responder impunemente a la concejala que le interpela muy pertinentemente, que la razón de no presentar los Presupuestos de 2022 en el plazo del mandato legal, responde sin embargo a una rocambolesca e impresentable trampa presupuestaria y contable consistente en meter bajo la alfombra voluminosas deudas que sin embargo ya tiene reconocidas y son exigibles, incumpliendo con ello clamorosamente la ley de haciendas locales además, con el solo objeto de eludir reconocer palmariamente que no pueden cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria, y obligarse así con ello a la adopción de drásticas medidas de indisponibilidad de créditos y de infracción de la prohibición de aprobación de presupuesto alguno sin déficit inicial?

HAREMOS TODO LO POSIBLE PARA QUE INTERVENGA EL TRIBUNAL DE CUENTAS

 A la vista de todas estas palmarias irregularidades ahora confesadas por el propio concejal Hontencillas, nuestra asociación ha procedido a interponer el correspondiente recurso contra el acuerdo de aprobación definitiva de los Presupuestos de 2021 (desestimadas las alegaciones, como se dice, fuera de plazo además). Y por considerar que los mismos son una burla a las claras disposiciones legales que, ejercicio tras ejercicio, se vienen violentando mediante una serie de prácticas trucadas consistentes simplemente en presupuestar ingresos afectados a gastos comprometidos pero que se han venido desviando para financiar otras cosas. O, como es este caso que hoy comentamos, ignorando obligaciones reconocidas que sin embargo no se dotan ejercicio tras ejercicio para eludir déficits prohibidos por la ley, pero para luego presentar remanentes positivos ficticios con los que hacen frente a esas deudas ocultas y presentarlos además como un éxito de gestión. 

Y aunque eso se haga como es este caso, a costa de gravar ejercicio tras ejercicio con cuantiosos intereses legales (300.000 euros cada año al menos), que, cual bola de nieve se acumulan al principal sin que nadie, ningún miembro del equipo de gobierno, se haga cargo de ellos con su propio patrimonio, ya que con sus votos solidarios se mantiene año tras año esta costosísima ficción. Aprobando unos Presupuestos con falsos superávits pero por el burdo método de tapar bajo las alfombras voluminosas deudas reconocidas y exigibles desde hace cuatro años, pero cuyo principal pagaremos todos los contribuyentes así como el irresponsable recargo de sus intereses legales generados y acumulados por retrasos de esta forma tan burda.

Pues bien, ha llegado el momento de exigir ante los tribunales que estas mendaces trampas contables y presupuestarias a las que se han habituado nuestros políticos locales y que generan tan gravosas cargas al Ayuntamiento, cuyos onerosos sobrecostes por intereses legales provocados por el retraso de su pago reconocido ahora por el concejal de Hacienda, recaiga sobre sus propios bolsillos y no sobre los nuestros. De forma que nos proponemos hacer valer ente los tribunales precisamente lo que prescribe la ley en su correlativo mandato de que los concejales están sujetos a responsabilidad civil y penal por sus actos u omisiones. 

Y es que, como es este caso, resultan intolerable que una voluminosa reclamación firme ya desde el año 2019, se haya convertido irresponsablemente en una formidable bola de nieve de forma que a su principal de 8,5 millones de euros, se acumule ahora ya con esta intolerable práctica de patada a seguir tan del gusto de este equipo de gobierno, en una deuda acumulada ya de cerca de 900.000 euros en intereses legales. Y que nos proponemos exigir que paguen de su bolsillo estos irresponsables concejales que votan a favor de estas indecentes trampas contables y presupuestarias, porque saben que finalmente quien va a pagar esas infumables cargas financieras no serán ellos sino nosotros, los sufridos contribuyentes de siempre. Y ya está bien.

Estamos pues recabando en los tribunales la intervención del Tribunal de Cuentas, para que examine la contabilidad municipal y esta indeseable y correlativa práctica presupuestaria, consistente en meter bajo las alfombras deudas millonarias cuyos pagos se van aplazando sine die con el objeto de evitar el incumplimiento de la obligada estabilidad presupuestaria, aunque eso sea a costa de agravar la deuda con una inmensa bola de nieve en forma de voluminosos intereses legales, que al menos intentaremos que en esta ocasión los paguen ellos que son quienes los generan con estas inadmisibles prácticas contables y presupuestarias. 

La propia confesión del concejal de Hacienda en su intervención del pasado pleno de 20 de enero reconociendo palmariamente esta intolerable práctica, va a ayudar mucho a ello.

PRÓXIMA ENTRADA

LAS TRIBULACIONES DEL PRESIDENTE DE UNA EMPRESA PÚBLICA EN QUIEBRA PERO QUE NI SIQUIERA ES CAPAZ DE SABER CUÁNDO SE REUNE EL COMITÉ LIQUIDADOR

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El alcalde Corpa es al mismo tiempo el Presidente de la mercantil municipal EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO DE SAN FERNANDO SA. Una empresa en liquidación por quiebra y que aparece en los negros listados de la Agencia Tributaria de grandes morosos con una deuda tributaria de casi un millón de euros. 

En julio de 2020 se celebró una Junta Extraordinaria con objeto de aprobar las cuentas de la misma del ejercicio de 2019, y quedó formada por todos los concejales del pleno municipal pero constituida en Junta de accionistas. 

Dado que la Cuenta General de 2019 no fue aprobada sino en julio de 2021, y ésta no ha sido colgada en la web de transparencia sino hace escaso tiempo, no habíamos podido tener ocasión de leer el acta de lo acaecido en dicha Junta.

Y es que, en el desarrollo de la misma y tras muy incisivas y atinadas peguntas del concejal del grupo municipal del PP Ángel García Capa, quedó retratado su presidente el alcalde Corpa, al dejar patente constancia de que preside una empresa cuya Junta convoca y también preside, pero que no tiene ni la más remota idea de las cuentas que sin embargo como presidente de la sociedad somete a la aprobación de los concejales constituidos en Junta.

El asunto es muy representativo y evidente de las manos en las que está el patrimonio municipal. Y muy revelador también por el ascenso social y del principio de Peter y el nivel de incompetencia que exhiben muchos de nuestro políticos, que acceden a puestos o cargos de responsabilidad para los que no están evidentemente preparados. Y a los que llegan sin embargo por medio del ascenso social promovido por el detestable proceso de selección de los partidos políticos, para lo que no requieren acreditar preparación profesional alguna.

Así como hemos criticado en no pocas ocasiones el lamentable desistimiento de los concejales y grupos de las oposición, queremos sin embargo dejar constancia en esta ocasión de las incisivas y muy certeras intervenciones del concejal del grupo popular Miguel A. García Capa, al acorralar literalmente al alcalde Corpa quedando en evidencia que, a pesar de ser el presidente de la EMS, ni siquiera fue capaz de confirmar la fecha de la reunión de comité liquidador de la misma. Además de otras cuestiones de gran interés que nos proponemos comentar en nuestra próxima entrada con objeto de dar a conocer el nivel de irresponsabilidad de unos cargos políticos encaramados al frente de instituciones y organismos que, como es el caso de la EMS, no solo la han llevado a la absoluta ruina sino que, cuando son interpelados por sus epígrafes contables o financieros a pecho descubierto, se revelan como lo que realmente son: la mejor personificación del principio de Peter.

Y este reconocimiento también debemos hacerlo extensivo a la interpelación de la concejala de Actúa Susana Cumplido en el pleno del 20 de enero último, provocando con ello la intervención del concejal de Hacienda ya comentada y que haremos llegar a los tribunales.

Al César lo que es del César, y a estos concejales de la oposición lo que sin duda es su mérito cuando cumplen con su papel: fiscalizar las acciones (u omisiones) del equipo de gobierno que, en este caso, son clamorosas y constantes mientras se hallan entregados sin embargo a la permanente propaganda sin cuento ni medida. 

Lástima no obstante que estas intervenciones aunque aisladas pero muy certeras de los concejales de la oposición, no merezcan la debida atención por medios y público en general, y queden sepultadas en la total irrelevancia porque nadie las publicita. Trataremos pues de remediar eso en la próxima ocasión.

No se pierdan pues la próxima entrada porque será también de gran interés.

CASO PLAZA DE ESPAÑA: NUEVO VARAPALO JUDICIAL PARA EL AYUNTAMIENTO AHORA DEL TRIBUNAL SUPREMO

 

SEDE DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MADRID

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CRÓNICA DE UN DISPARATE

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Muy recientemente, el Tribunal Supremo ha inadmitido una vez más un recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento, cuya pretensión era la de revocar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid favorable a nuestra asociación por la que se anulaba otra de uno de los Juzgados de lo Contencioso de Madrid, donde tenemos interpuesto un recurso contra las licencias de obra concedidas a la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL por considerarlas ilegales. 

Como es sabido, PESF es una empresa participada por el Ayuntamiento que hoy está en situación de quiebra y con calamitosas consecuencias económicas para la Corporación municipal. En realidad, fue el propio Ayuntamiento quien provocó la quiebra de la empresa.

El auto ahora del Tribunal Supremo condena en costas también al Ayuntamiento que, naturalmente, pagará usted sufrido contribuyente porque los responsables municipales de estos dislates tiran con pólvora del Rey y no espere que las paguen de sus bolsillos, claro.

Este auto de inadmisión del TS del recurso de casación promovido por el Ayuntamiento pone fin a un proceso dilatorio intolerable. Y muestra la cara más indolente de un alcalde entregado en cuerpo y alma a la oportunista agitación política pero con escasa dedicación a la gestión municipal propia, porque pone sobre la mesa un asunto clave del lamentable funcionamiento del actual equipo de gobierno, cual es la función que desempeña la Unidad de la Asesoría Jurídica que dirige y coordina un cargo de la confianza política del alcalde. Un funcionamiento oscuro, maniobrero, falto de la transparencia más elemental y sumido en la más absoluta ineficacia respecto de los grandes problemas que tiene el municipio. 

Desde luego, lo sucedido con este caso ahora cerrado por el Tribunal Supremo con un varapalo de inadmisión y unas costas que debería de pagar el alcalde en lugar del Ayuntamiento, merecería algo más que una interpelación por parte de los grupos de la oposición en tanto que responsable de la Unidad de la Asesoría Jurídica. En el supuesto claro está, de que realmente exista oposición como tal en nuestro vapuleado Ayuntamiento. 

Lo que viene sucediendo con esta Unidad desde luego que merecería una exhaustiva investigación, para conocer de primera mano quién en ella toma las descabelladas decisiones como en este y otros casos, de agotar recurso tras recurso hasta las puertas mismas del Tribunal Supremo, con la única finalidad de ganar tiempo y ver si suena la flauta en alguna instancia judicial. Interponiendo obstáculos y más obstáculos con tal de evitar enfrentarse al juicio imparcial y contundente de la justicia para rendir cuentas por lo que han hecho y al mismo tiempo por lo que dejan de hacer.

Y es que, ciertamente, el asunto se las trae.

SALVAD AL SOLDADO CORPA

Se trata, como se dice, del lamentable funcionamiento de la Asesoría jurídica del Ayuntamiento que se halla bajo responsabilidad del alcalde Corpa (así figura en el organigrama municipal colgado en la web), y está teledirigida en la sombra por un cargo de su confianza política nombrada como tal a pesar de que cuando estaba en la oposición promovió mociones para que dicho puesto fuera ocupado por personal funcionario municipal. Esto es lo que sucede con políticos sin escrúpulos y con escasos principios; tengo unos en la oposición y los contrarios cuando llego al poder.

La Asesoría jurídica municipal debería de depender directamente del Secretario General Municipal que por algo es quien tiene las competencias del asesoramiento legal del Ayuntamiento. Ello garantizaría que cumplieran con los principios constitucionales de servir con objetividad a los intereses generales y con sometimiento pleno a la ley y al derecho como proclama el artículo 103 de la CE, y no con esta intolerable conducta tendente solo a dilatar y entorpecer cada vez más salidas racionales para el gravísimo problema de plaza de España.

Sin embargo, la dependencia directa del propio alcalde y que su dirección y coordinación (siempre en la sombra) recaiga sobre un cargo de confianza política, y el palmario comportamiento y posicionamiento en todos y cada uno de los asuntos en que interviene especialmente en relación con el caso plaza de España, hacen que esté toda ella bajo la sospecha del cumplimiento de una consigna: hagan lo que sea para salvar al soldado Corpa en detrimento del interés general municipal. En algún momento habrán de rendir cuentas por ello.

Porque, de otra forma, no puede explicarse lo que viene sucediendo caso tras caso con la posición oficial del Ayuntamiento en asuntos judiciales determinantes, y de los cuales no hay ni una sola iniciativa de la oposición que tenga por objeto fiscalizar algo elemental: quién es quien da la instrucciones a la asesoría jurídica para adoptar las posiciones que adopta en cada caso judicial, y que no se atienen a defender el interés general municipal como es su obligación sino el interés personal del alcalde. La oposición por su parte está ocupada sin embargo en misiones más elevadas como salvar el mundo mundial. 

Mientras tanto, despistada esa misma oposición y sin apenas interés por lo que pasa realmente puertas adentro del Ayuntamiento, se va desgranando una por una toda serie de evidencias de que se ha vuelto a las andadas. Hemos vuelto pues a los siniestros y oscuros tiempos en que los responsables municipales del equipo de gobierno y singularmente su alcalde, se hallan protegidos por una guardia de corps como esta Unidad de la asesoría jurídica totalmente entregada a defender antes la indemnidad del alcalde Corpa, que los intereses municipales. Aunque ello comporte iniciar absurdos itinerarios judiciales como este que ha acabado de nuevo con un humillante Auto de inadmisión del Tribunal Supremo. Uno más en un agotador, costoso e irresponsable itinerario judicial del que más pronto que tarde pediremos cuentas a la vista del patético desistimiento de los grupos de la oposición. Y hay siete nada menos.

QUO VADIS ALCALDE CORPA?

El alcalde Corpa hace como que habla por teléfono mientras posa para la foto, algo que, al parecer, comienza a ser una epidemia entre los gobernantes del PSOE

Hace apenas unos seis días, la Audiencia Provincial de Madrid procedía a resolver numerosos recursos de apelación tanto de las acusaciones como de las defensas, relacionados con la causa penal que se sigue en el Juzgado nº 1 de Coslada, contra quienes fueron miembros del consejo de administración de la mercantil PESF. Entre los que se encuentra imputado quien fuera correligionario del señor Corpa y entonces concejal de suelo público, consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y al mismo tiempo portavoz del grupo municipal socialistas durante el mandato 2007-2011, en el que sucedieron los hechos que luego dieron lugar a la quiebra de dicha sociedad.

He aquí al alcalde Corpa visitando e inspeccionando las obras de la actuación en Plaza de España y rodeado de cargos que ahora se hallan imputados en varias causas judiciales. Obras que nosotros reputamos de ilegales, y cuyo restablecimiento de la legalidad ahora el alcalde Corpa se niega a ejecutar

El auto referido de la Audiencia Provincial de Madrid, dictado por cierto con inusitada rapidez, viene a poner al borde de la apertura del juicio oral a quien, junto con los demás, fue en su momento correligionario y portavoz del propio grupo municipal del PSOE al que el propio alcalde Corpa pertenecía como concejal de cultura y teniente de alcalde del equipo de gobierno, entonces formado entre el PSOE e IU.

Pues bien, la dirección letrada del señor González Rojo en la causa que lo mantiene imputado en el Juzgado nº 1 de Coslada, resulta ser la misma que la del alcalde Corpa personado en el concurso de acreedores. De forma tal que, obviamente, cabe inferir que la dirección letrada de ambos denota cuando menos intereses compartidos y con el mismo objeto de ambas causas como es lo sucedido con la mercantil PESF.

El problema sin embargo surge cuando, ahora, en tanto que alcalde y jefe de la Asesoría jurídica del Ayuntamiento, entran en conflictos muy claros los intereses de su ex colega, los del propio alcalde y los generales municipales. El conflicto pues está servido por cuanto que, a la vista de la actividad desplegada por la Asesoría jurídica que no rinde cuentas a nadie salvo al propio alcalde, y especialmente sus posicionamientos en dichos casos, revela que en lugar de estar defendiendo los intereses generales municipales, está entregada más bien a salvarle el culo del alcalde. Y en escandalosa línea además con las defensas de los imputados, entre los que se encuentra como se dice el señor González Rojo cuyo abogado comparten.

EL CONFLICTO ESTÁ SERVIDO Y EL ESCÁNDALO TAMBIÉN

Esto de arriba es la última planilla de lo que llaman "contabilidad" del grupo municipal socialista, pero solo entre el periodo de enero a junio de 2020. No hay más.

Los grupos municipales adoptaron hace tiempo un acuerdo en virtud del cual se comprometían a hacer públicas sus cuentas. En realidad, en tanto en cuanto que reciben cuantiosas y graciosas subvenciones del Ayuntamiento para sus gastos de funcionamiento, están obligados a ello porque así los dispone la Ley de Transparencia, para que sepamos qué hacen con el generoso dinero que reciben de nuestros impuestos. Sin embargo, ni presentan cuentas ni, objetivamente, puede decirse que lo de arriba sea propiamente una contabilidad y mucho menos un ejemplo de transparencia.

El grupo municipal socialista percibe anualmente unos 30.000 euros como puede verse por la nota colgada en la web municipal. En ella, se hace una especie de desglose que sin embargo no va firmada por nadie y sin que haya pues el menor atisbo de que lo que dicen sea verdad, o al menos se nos brinde algún mecanismo para verificarlo.

Hay que tener en cuenta que se trata de dinero público y que está destinado solo al funcionamiento del grupo municipal, no del partido político. Sin embargo, por lo que podemos ver, en el supuesto de que lo de arriba puede considerarse realmente una contabilidad seria del grupo, tienen al parecer los siguientes gastos: i) en bufetes de abogados 1.815 euros, ii) en gastos extraordinarios 2.786 euros, iii) en gastos representativos y de propaganda 1.707 euros, y iv) en otros gastos externos 5.100 euros. Asimismo, afirman tener una fotocopiadora contratada en renting. Toda una serie de epígrafes que indican que, por el contrario, buena parte de esos importes no responden realmente a gastos de funcionamiento del grupo municipal, sino a gastos que no pueden explicar.

Tendremos ocasión no obstante de dedicarle a este asunto sobre qué hacen realmente los grupos municipales con estas generosas asignaciones que se autoconceden con el dinero que proviene de nuestros impuestos, en la seguridad de que conseguiremos que justifiquen hasta el último céntimo de los gastos que dicen tienen. Y que nos hace sospechar que en estas cuentas apócrifas de las que además solo han presentado un semestre y ahí ha quedado todo, hay mucho camelo y por eso no las firman siquiera.

Pero por ahora, nos interesa exponer el concepto de gastos de asesoramiento en abogados, y que en realidad engloba precisamente gastos destinados a las defensas y direcciones letradas referidas del señor González Rojo a lo que parece. Lo cual, de confirmarse, sería un verdadero escándalo porque, entre otras cuestiones, el propio Ayuntamiento se halla personado en esas causas como responsable civil subsidiario y su representación procesal recibe instrucciones del señor Corpa.

¿Cómo se compaginan legamente las recientes actuaciones y sobre todo los posicionamientos que tiene en esas causas el Ayuntamiento, donde uno tras otro son emitidos escritos claramente renuentes a que se investiguen las responsabilidades penales de los que fueran responsables en el formidable fiasco de plaza de España, y en el que ha tenido su propio protagonismo también el señor Corpa? 

Pues, la verdad es que si se analizan detenidamente los alegatos del Ayuntamiento en todas ellas, así como la resistencia numantina a impedir la revisión también de los Juzgados de lo contencioso, es preciso concluir que el alcalde Corpa ha sobrepasado peligrosamente la fina línea que separa el servicio al interés general para sustituirlo por la pura y lisa defensa de sus propios intereses en esas causas. Y para lo cual, no le queda más remedio que tratar de exonerar a los imputados (hoy ya encausados en algunos procedimientos) porque en ello le va su propia exoneración.

De otra forma, no es comprensible lo que ha pasado con la causa donde se investiga la desaparición de numeroso expedientes relacionados con el caso plaza de España como hemos apuntado en la entrada anterior, o con el escrito de defensa presentado en la causa penal del juzgado nº 5 de Coslada donde solo le ha faltado a la representación procesal del Ayuntamiento, pedir que fueran condecorados los encausados.

EL SINSENTIDO DEL LABERINTO JUDICIAL EN EL QUE SE ESTÁ METIENDO EL ALCALDE CORPA

Nos consta que hacia mediados del año pasado antes del verano, el señor Corpa y su staff de confianza se reunió con un promotor inmobiliario interesado en hacerse con las viviendas de plaza de España, abandonadas desde hace ocho años por la quiebra de PESF.

El alcalde Corpa se mostró eufórico y receptivo a las pretensiones del promotor, ofreciéndose incluso a recomprarle todas las plazas de garaje bajo la plaza de España (606 nada menos) por el Ayuntamiento, una vez le fueran adjudicadas por el juez concursal.

En esa misma línea, comienzan a observarse súbitos e inexplicables movimientos en el seno del concurso particularmente en el triángulo del administrador concursal, el promotor interesado y el propio Ayuntamiento. Por su parte, la actual titular de los préstamos hipotecarios, Caixabank, aparece también en escena tratando de personarse en la causa penal del juzgado nº 5 como perjudicada, pero no por los presuntos delitos que se están investigando y por los que se sentarán en el banquillo próximamente y de momento al menos los imputados, sino por las medidas cautelares que dicho Juzgado adoptó en enero de 2017. Lo cual es disparatado, claro.

Simultáneamente, y según el último informe del Administrador concursal de diciembre pasado, están estudiando la idea de segregar la plaza de España del resto de las fincas con la finalidad de devolverla al Ayuntamiento, y así liberar el resto de las construcciones incluidas las plazas de garaje de la plaza de España que serían pues adjudicadas al promotor pretendiente.

Sin embargo hay un problema serio: las licencias de obra que nuestra asociación pretende sean revisadas por los juzgados de lo contencioso. Y ahí aparece de nuevo la incomprensible posición de la representación procesal del Ayuntamiento entregada como sea a evitar que eso suceda. En ese marco se inscribe precisamente lo sucedido con el procedimiento contencioso que ha dado lugar al muy reciente Auto del Tribunal Supremo, y que obliga sin embargo a volver a la casilla de salida en un procedimiento iniciado ya en el año 2020. Es decir, a que el Juzgado contencioso revise las licencias. Revisión judicial a la que se opone denodadamente el Ayuntamiento mediante todo tipo de argucias procesales destinadas todas ellas a tratar de evitar eso: que los juzgados entren en el fondo del asunto y examinen lo sucedido realmente con la actuación municipal en este ya escandaloso caso de plaza de España.

¿QUÉ ES LO QUE EL ALCALDE CORPA NO QUIERE QUE LOS JUZGADOS REVISEN DEL CASO PLAZA DE ESPAÑA?

Pues, además de su numantina resistencia a que ninguna de las dos jurisdicciones, tanto la de lo penal como la de lo contencioso, revisen lo acontecido con el caso plaza de España, en el procedimiento contencioso que ha dado lugar ahora al Auto del Tribunal Supremo, lo que el alcalde Corpa no quiere que se revise es, entre otras graves cuestiones, lo correspondiente a las dos licencias de obras: i) la de obra mayor de la edificación sobre rasante, y ii) la de las 606 plazas de garaje. Ambas claramente ilegales según nuestra opinión.

En el primer caso, porque fue otorgada sin la cobertura del plan Especial y además se han construido más de 2.000 metros cuadrados de los permitidos. Y en el segundo caso, el de las 606  plazas de garaje, porque la licencia solo permitía construir 7.969 metros cuadrados y sin embargo se han construido 18.287 m2 y algunas de esas plazas, además, están localizadas en suelo público. Lo que, entre otra cosas, constituye una monumental infracción urbanística.

EDICTO PUBLICADO EN EL BOCM CORRESPONDIENTE A LA LICENCIA DE OBRAS DEL GARAJE SUBTERRÁNEO DE LA PLAZA DE ESPAÑA, CON EL LÍMITE DE 7.969 M2.

Y LO REALMENTE CONSTRUIDO: 18.827 METROS CUADRADOS

El alcalde Corpa ha sido emplazado por nuestra asociación para que restablezca la legalidad urbanística infringida, e incoe los correspondientes expedientes de infracción urbanística cuyas gravísimas consecuencias son, precisamente, que se han construido once mil metros más de los permitidos. Además, lógicamente, del resto de las infracciones igualmente graves, sobre las que debe adoptar las medidas cautelares correspondientes como por ejemplo la demolición de lo ilegalmente construido.

Sin embargo, el alcalde Corpa se resiste a iniciar una sola actuación de restablecimiento de la legalidad urbanística, alegando precisamente la existencia de diferentes causas judiciales abiertas entre ellas alguna penal. Causas y procedimientos en los que está personado el Ayuntamiento e incluso emplazado también el Administrador concursal, pero en los que sostiene contra toda evidencia, que todo se ha hecho maravillosamente bien en esta actuación urbanística. ¿Es simple delirio o realmente puro desconocimiento de la grave irresponsabilidad en que incurre?

¿Es de recibo, que el alcalde Corpa dé instrucciones a la Asesoría jurídica para sostener en sede judicial que, por ejemplo, unas obras ejecutadas ya y amparadas por una licencia que solo autoriza la construcción de 7.969 m2, y sin embargo se han construido 18.827 m2 con algunas plazas de garaje invadiendo el dominio público, están perfectamente ejecutadas y que no es preciso incoar expediente de infracción alguna?

¿Es posible que el alcalde Corpa nos crea tan estúpidos como para tragarnos que la postura del Ayuntamiento en estos procedimientos, responde realmente a la defensa del interés general y no a la propia autodefensa de sus propios intereses y de los imputados en las causas judiciales abiertas, entre los que se halla su antiguo correligionario de partido?

En fin, esta absurda postura de sostenella y no enmendalla es la misma que ha llevado a sus antecesores autores de este formidable fiasco urbanístico y económico, a tener que sentarse en el banquillo en los próximos meses. 

Usted sabrá lo que hace señor Corpa, pero una cosa sí tenemos clara: que es incapaz de aprender en cabeza ajena; e incurre una y otra vez en las mismas conductas que han llevado a sus antecesores al banquillo. Y una de las razones de ello es idéntica en la que ha caído usted haciendo caso a sus asesores áulicos en lugar de hacer lo correcto. Pues allá usted,  porque no dude que más pronto que tarde tendrá que dar explicaciones también.