OTRO ESCÁNDALO: EL CASO CYTEC

ESTAS SON LAS INSTALACIONES EN LA CARRETERA DE MEJORADA DE LA QUE ERA QUÍMICA IBÉRICA DESDE 1965, LUEGO COMPRADA POR LA MULTINACIONAL BELGA UCB Y, FINALMENTE, POR LA AMERICANA CYTEC. UN FORMIDABLE E INCOMPRENSIBLE PELOTAZO URBANÍSTICO PRODUCTO DE UNA EXPROPIACIÓN PROPICIADA POR UNA LAMENTABLE GESTIÓN DEL PGOU, Y POR OTRA SUCESIÓN DE ERRORES ADOPTADOS POR EL EQUIPO DE GOBIERNO DE ENTONCES (IU y PSOE), CUYOS ESTRAGOS FINANCIEROS HAN SERVIDO PARA DILAPIDAR LA MAYOR RESERVA RESIDENCIAL DE NUESTRO PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO CIFRADA EN, AL MENOS, 13,5 MILLONES €.

LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL PGOU DE USO RESIDENCIAL Y PROPIEDAD MUNICIPAL CONOCIDA COMO LA UG-5, FUE ENAJENADA TOTALMENTE PARA PAGAR UN EXORBITANTE JUSTIPRECIO A UNA GIGANTE MULTINACIONAL QUÍMICA AMERICANA. SUS 37.000 UNIDADES DE APROVECHAMIENTO, LA MAYOR RESERVA DE NUESTRO PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO RESIDENCIAL Y DE PROPIEDAD MUNICIPAL, HA VOLADO EN FORMA DE 13,5 MILLONES DE EUROS CONTANTES Y SONANTES HACIA LA CUENTA DE RESULTADOS DEL GIGANTE QUÍMICO AMERICANO CYTEC. COMO PUEDE OBSERVARSE NO OBSTANTE, ESTA UNIDAD DE EJECUCIÓN ES ABSOLUTAMENTE INCOMPATIBLE URBANÍSTICAMENTE CON LAS ACTIVIDADES NOCIVAS Y PELIGROSAS QUE LA RODEAN. A PESAR DE LO CUAL SE HAN CONCEDIDO VARIAS LICENCIAS DE EDIFICACIÓN.

COMUNICACIÓN RELEVANTE REALIZADA EN 2012 POR CYTEC A LA SEC DE LA BOLSA AMERICANA DONDE COTIZA (EQUIVALENTE A NUESTRA CNMV, PERO EN SERIO), MEDIANTE LA QUE PONE EN CONOCIMIENTO DE SUS ACCIONISTAS E INVERSORES LA FORMIDABLE NOTICIA: EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES EN ESPAÑA, GENEROSO ÉL, PAGARÁ A ESTA MULTINACIONAL NADA MENOS QUE 18 MILLONES DE DÓLARES POR SUS INSIGNIFICANTES Y OBSOLETAS INSTALACIONES EN EL MUNICIPIO, QUE ADEMÁS ESTÁN FUERA DE ORDENACIÓN. TODO UN GRAN NEGOCIO REALIZADO A COSTA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL INCOMPRENSIBLEMENTE CASI REGALADO POR NUESTRO AYUNTAMIENTO.

¿POR QUÉ SUCEDEN ESTAS COSAS EN NUESTRO AYUNTAMIENTO?

***

El pasado día 21 de julio se celebró el pleno ordinario con un punto del orden del día consistente en la aprobación de varios expedientes de modificación de créditos. Se trataba de suplementar mediante "mayores ingresos" varias partidas presupuestarias procedentes de la venta de dos lotes de parcelas a dos gestoras de cooperativas, de la mayor reserva residencial del Patrimonio Municipal de Suelo: la UG-5. Así como de ingresos provenientes de otros convenios firmados con las Juntas de Compensación de varios de los sectores de la zona industrial y terciaria. 

Los ingresos procedentes de esta venta de dos parcelas de la UG-5 lo son por importe de 3,8 millones de euros, y serán aplicados íntegramente a pagar parte del principal de la deuda que el Ayuntamiento mantiene con la multinacional americana CYTEC, propietaria de las instalaciones de la planta química conocida de siempre como QUÍMICA IBÉRICA. Con la gigante americana se mantenía una deuda principal de 5,8 millones desde el año 2012, más, al parecer, otros 1,7 millones en concepto de intereses de demora por retraso en el pago de ese principal, fijados al parecer en nada menos que un 8 % en el convenio firmado y aprobado el 14 de octubre de 2010. Convenio que fue aprobado, cómo no, con los votos exclusivos del tándem que gobernaba entonces, IU y PSOE. Al día de hoy este convenio sin embargo no ha sido sometido a información pública tal y como prescribe la ley de suelo del Estado ya vigente entonces.

El punto referido de los expedientes de Hacienda del pasado día 21 de julio y propuestos al pleno, fueron aprobados con los votos exclusivos del equipo de gobierno y con la abstención de todos los demás grupos de la oposición. Hay que recordar que la abstención no es un voto, sino que quien lo hace se abstiene precisamente de votar. Vamos, cono si el asunto no fuera con ellos.

Tal y como explicó la concejala de Hacienda (mejor habría que decir que leyó, porque sus intervenciones las lleva preparadas en un folio y las lee), los ingresos obtenidos que ascendían a 5,7 millones de euros más otros 2 millones que al parecer ya habían pagado a CYTEC, se aplicarán a tapar formidables agujeros que han dejado los anteriores, correspondientes ambos a lo que se conoce ya como el caso CYTEC y el caso de la finca de El Batán o La Vaquería del paseo de los Pinos. Ambos a resultas de sendos procedimientos expropiatorios para la obtención de dos sistemas generales verdes, iniciados también por aquellas fechas de 2010. En el caso de CYTEC, además de los ya pagados 2 millones de euros más, pretenden añadir ahora este pago de 3,8 millones obtenidos como se dice de la venta de dos parcelas de la UG-5, con la pretensión al parecer de liquidar todo el principal de la deuda mantenida con la compañía americana ya vencida desde 2012. 

Así pues, de un plumazo se han evaporado nada menos que 7,7 millones de euros y aún quedan otros 1,7 millones más pendientes. 

Y esto ha tenido como primer correlato la evidencia de la pérdida de la mayor reserva de viviendas del Patrimonio Municipal de Suelo que sin embargo aún no está constituido tal y como recoge el informe reciente de la Cámara de Cuentas, lo cual impediría que puedan ser enajenadas estas parcelas de la UG-5. Estos voluminosos ingresos entran pues en la caja municipal, pero tal como entran se van porque están destinados al pago de parte de los formidables pufos que gravitan sobre las arcas municipales, producto de una "égira prodigiosa": la del mandato 2007-2011 del gobierno de IU y PSOE, cuyos estragos económicos de alocadas y absurdas decisiones adoptadas por entonces, van aflorando ahora implacables. Y lo que nos queda.

EL GOBIERNO ACTUAL SE AUTOFELICITA...PERO POR PAGAR Y PERFECCIONAR LOS DESMANES DE LOS ANTERIORES

La exposición que hizo la concejal de Hacienda describiendo el origen y la finalidad de la suplementación de los créditos que proponía al pleno para su aprobación, no estuvo exenta de los correspondientes reproches a los causantes de este formidable desaguisado: IU y PSOE hoy en la oposición pero entonces gobernando y responsables pues de los descabellados acuerdos adoptados. La concejala indicó, con absoluta razón, que el coaligado gobierno de entonces había contraído una obligación de pago de un justiprecio de 13,5 con CYTEC, pero que carecía de la correspondiente cobertura presupuestaria ya que los fondos a pagar a la empresa química no estaban consignados en los Presupuestos, y su obtención dependía de la venta de las parcelas de la UG-5. Lo cual es una irregularidad desde luego muy grave.

Sin embargo tampoco estuvo exenta la intervención de la concejala de Hacienda, de una defensa bizarra acompañada de todo un autoelogio incompresible, pues éste consistía en toda una tautología a las que ya nos tienen muy acostumbrados este equipo de gobierno, consistente en que gracias a ellos y a sus formidables y habilidosas dotes para la gestión, CYTEC iba a cobrar. Es más, el autoelogio lo remató luego el concejal de Urbanismo, pues explicó que había conseguido desbloquear la situación de la UG-5 que impedía obtener los fondos necesarios de las ventas de las parcelas, realizando el pago de fondos y deudas pendientes también de urbanización de la unidad, pero procedentes de los denominados "convenios de redes" (convenios urbanísticos con las Juntas de Compensación de las zonas industriales). Cosa esta que, textualmente dijo, "no se le había ocurrido a los anteriores". 

(Esto explicaría también las prisas y los sucesivos acuerdos de la actual Junta de Gobierno Local, aprobando instrumentos de reparcelación de las Juntas de Compensación de esos sectores industriales y terciarios. Es desde luego el caso del SUP I 2 de TRADISA alegado por nosotros recientemente, pues los convenios firmados con la Junta de Compensación de este sector, permite obtener 1,9 millones de euros y aplicarlos a pagar la expropiación de la finca El Batán más conocida como La Vaquería del paseo de los Pinos. Nuestras alegaciones han sido rechazadas a pesar de la evidencia de existir indicios claros de posibles ilícitos penales cuando se clasificó este suelo por el nuevo PGOU. Iremos a los tribunales no obstante.)

Esta exhibición de autoelogios desplegada en el pleno del pasado día 21 de julio por el equipo de gobierno, sería de recibo en todo caso, si se hubiera presentado para decir que había revisado los acuerdos con CYTEC y que renunciaba a cobrar los 5,8 millones de euros que tiene reconocidos por convenio de octubre de 2010. O que renunciaba al menos a los 1,7 millones de intereses de demora. Pero no, el equipo de gobierno se autoelogiaba justamente por lo contrario: porque iba a completar el pago a CYTEC del exorbitante justiprecio acordado con el entonces equipo de gobierno de IU y PSOE de 2010. ¡Toda una hazaña, vamos! Es decir, porque iban a culminar el formidable disparate provocado por los anteriores. Y además afirmaron sin rubor también que ese pago no tendría repercusión sobre los vecinos, como si la dilapidación de nuestro patrimonio municipal no fuera una forma de repercusión.

UNA PERIPECIA JUDICIAL IGNORADA, Y UN FORMIDABLE ERROR TÉCNICO QUE COSTARÁ AL MUNICIPIO MÁS DE DIEZ MILLONES DE EUROS

Las instalaciones de la vieja QUÍMICA IBÉRICA datan de 1965, y contaban con todas las autorizaciones tanto municipales como autonómicas. Solo en los años noventa fue objeto de una denuncia al descubrirse que almacenaba en sus instalaciones varios centenares de bidones con sustancias peligrosas (esta industria química está considerada una industria peligrosa). Por este hecho fue sancionada y obligada además a retirar los bidones.

Por su parte, el PGOU de 1988 clasificaba este suelo como "no urbanizable", con la clara intención de obligar a la industria de buscar una relocalización ya que su presencia impedía la expansión de los núcleos residenciales de Parque Henares. No obstante lo cual y dado que la industria se había instalado con las autorizaciones pertinentes mucho antes, la expansión y ensanche de estos barrios limítrofes no eran posibles si dicha industria peligrosa no aceptaba relocalizarse en otra zona.

Es preciso advertir que no es que la industria que se había instalado allí en 1965, fuera incompatible con los zonas residenciales del borde de Parque Henares (un Plan Parcial que provenía de 1976), sino que las zonas de ensanche residenciales (en este caso muy particularmente la UG-5), eran y son manifiestamente incompatible con la industria química cuya peligrosidad obliga a que no pueda haber núcleo de población alguno a menos de 2.000 metros de distancia del complejo químico.

El PGOU actual aprobado en el año 2002, clasificaba esta parcela de CYTEC como no urbanizable y como un sistema general verde a obtener por el Ayuntamiento por expropiación. También se protegían sus construcciones recogiéndolas en el catálogo, como una muestra de la arquitectura industrial, cuyo autor precisamente es el célebre arquitecto especialista en este tipo de arquitectura, JOSÉ A. CORRALES GUTIÉRREZ.

CYTEC no aceptó la clasificación de suelo como no urbanizable por el PGOU de 2002, ni por supuesto la ordenación como sistema general de zona verde, así como la catalogación de sus instalaciones. Y por ello, en ese mismo año interpuso un recurso impugnando el PGOU y pidiendo, además, que el suelo fuese clasificado como urbano. Esta petición era clave en su recurso, ya que al ser clasificada su parcela (de 29.213 m2) como no urbanizable, suponía lógicamente atribuirle un valor o justiprecio por la expropiación muchísimo menor.

La exasperante lentitud de la justicia española hizo que este recurso admitido por el TSJ de lo contencioso de Madrid en 2002, fuera resuelto nada menos que cinco años después, concretamente en el 2007 y ello tras una vista celebrada y varios informes emitidos por peritos. El fallo del TSJM fue solo estimatorio en parte a favor de CYTEC, anulando el sistema general de la zona verde pero desestimando todo lo demás. Es decir, el suelo de la parcela de CYTEC según el Tribunal y contra lo que pretendía la empresa química, no era urbano sino en todo caso urbanizable. La demanda y pretensión más importante había sido rechazada por el Tribunal. 

CYTEC recurrió el fallo al Tribunal Supremo, insistiendo en la incorrecta clasificación del suelo que reclamaba lo fuera como suelo urbano. Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid (que también figuraba como apelada en el pleito por ser quien realizó la aprobación definitiva del PGOU), se oponían a las pretensiones de CYTEC que, naturalmente, buscaba afanosamente con estos recursos, conseguir una clasificación de suelo como urbano, y por lo mismo un justiprecio mucho mayor.

Y el Tribunal Supremo tardó otros cuatro años en resolver el pleito, fallando en el 2011 y confirmando totalmente la sentencia del TSJM. Es decir, según el Tribunal Supremo, nada menos que nueve años después, concluía que este suelo de la empresa química en nuestro municipio a pesar de llevar funcionando desde 1965, era en realidad suelo solamente urbanizable, no urbano.

También intervino el Jurado Provincial de expropiación en este asunto, con justiprecios igualmente disparatados e incluso contradictorios, pues incluso llegó a incoar dos expedientes expropiatorios diferentes. En fin, un verdadero dislate incomprensible, pero así funcionan las cosas en nuestra barroca burocracia.

Pero para cuando se produjo este fallo del alto tribunal ya había sido aprobada una nueva ley de suelo del Estado, la ley de suelo de 2007 que entró en vigor el 1 de julio del mismo año, que venía precisamente a suprimir esa clase de suelo intermedio, el suelo urbanizable, para considerarlo como suelo rural o rústico. Esta ley de suelo de 2007, trajo también otro cambio drástico en los métodos de valoración de suelo objeto de expropiaciones, pues pretendía evitar precisamente los formidables y escandalosos negocios que muchos habían hecho a costa de las expropiaciones a resultas de la ley de suelo de 1998.

Así pues y por aplicación de la nueva Ley de suelo de 2007 y de la sentencia de TS, la parcela de CYTEC en octubre de 2010 (fecha de la aprobación de convenio expropiatorio por el pleno) era un suelo clasificado como rural o rústico pues habían transcurrido ya más de tres años desde su entrada en vigor. Y por lo mismo, a efectos de calcular el justiprecio de este terreno, el Ayuntamiento tenía que aplicar el cálculo según dicha ley, de capitalización de rentas que es el que la ley fijaba como obligado para esa clase de suelo. Es decir, el utilizado para calcular el justiprecio de suelo agrícola. CYTEC siguió buscando no obstante conseguir un incremento en el valor de sus terrenos mediante pronunciamientos judiciales, algunos de los cuales son bien recientes de 2015.

Como se dice, los tribunales de justicia concluyeron que estos terrenos de CYTEC no eran urbano ni tampoco estaba urbanizado. Y por efecto de la aplicación de la nueva ley de suelo aprobada y en vigor desde 2007, ese suelo era rural o rústico y el cálculo de su justiprecio solo podía obtenerse aplicando las valoraciones para los suelos agrícolas. Además, una vez firme la sentencia del TSJM 2007 que confirmara el Tribunal Supremo en 2011, el Ayuntamiento debió promover una modificación del PGOU, ya que anulaba nada menos que el Sistema General verde previsto para esta parcela.

Sin embargo, incomprensiblemente, el equipo de gobierno de 2010, negoció un convenio (repetimos que no está sometido al trámite de información pública ni siquiera hoy), en el que acordó un justiprecio de 13,5 millones de euros, calculado en realidad como si el suelo fuera urbanizado contra lo que ya había acordado en 2007 el TSJM. Para ello se valió de un informe de tasación firmado por un técnico municipal de urbanismo, que consideró el suelo como urbano y por lo tanto aplicando un método residual estático, solo reservado por la ley esa clase de suelo. El resultado pues de esa errónea valoración contraria a la ley de suelo es un justiprecio totalmente disparatado e incorrectamente calculado, por cuanto que ignora que el suelo había sido clasificado por el TSJM como urbanizable y luego rural o rústico por aplicación de la nueva ley de suelo, y no urbano que era precisamente lo que perseguía CYTEC y los tribunales le negaron.

¿Qué pasó pues y por qué razón el técnico de urbanismo realizó estos cálculos aplicando normas equivocadas, y provocando con ello que el justiprecio de esta parcela se disparara hasta los 13,5 millones de euros, cuando lo correcto hubiera sido aplicar el método que la ley de suelo obliga para la clasificación del suelo rural, que habría fijado un justiprecio que en el mejor de los casos no hubiera superado los 3,5 millones de euros?

¿Se equivocó el técnico municipal o fue obligado o se le sugirió el justiprecio porque era el que aceptaría CYTEC para la firma del convenio? Realmente lo desconocemos, lo que sí es cierto es que este clamoroso error al aplicar un método de cálculo inadecuado, involuntario o intencionado, tiene y ha tenido un quebranto formidable para las arcas municipales que bien puede cifrarse en cerca de los diez millones de euros. 

Es preciso pues preguntarse una vez más por qué ocurren estas cosas tan disparatadas en nuestro Ayuntamiento, reveladoras además de la falta de control, el despiste de la oposición, y la frivolidad y ligereza con que se adoptan los acuerdos de esta naturaleza con repercusiones económicas tan importantes. Y también hay que preguntarse con inquietante perplejidad, ¿cómo es posible en este caso particular de CYTEC, que se le reconociera a la multinacional americana en el convenio aprobado el 14 de octubre de 2010 por el pleno municipal con los votos de IU y PSOE, justamente lo que los tribunales le estaban negando como era la clasificación del suelo como urbano?

Es todo incomprensible y un ejemplo más del formidable caos en que se ha movido la gestión urbanística en nuestro municipio, con decisiones como esta que, si bien es difícil de hacer reversible, al menos merecería la pena la constitución de una comisión de investigación para estudiar qué pasó. Porque es absolutamente inadmisible que se pague un justiprecio de 13,5 millones de euros por un terreno rústico pero considerado graciosamente urbano mediante un convenio que además no han publicado y solo conocen ellos. Por nuestra parte intentaremos ver si es posible revisar judicialmente este asunto, porque lo consideramos un verdadero escándalo que nos ha costado de momento, cerca de diez millones de euros que nunca debieron salir de las arcas municipales.

ARGUMENTOS AD HOMINEM

NOTICIA DE HACE ESCASOS MESES EN EL PROGRAMA MÁS VALE TARDE DE LA SEXTA, ACERCA DE LA DETENCIÓN DE KARENZI KARAKE, GENOCIDA RUANDÉS DETENIDO EN LONDRES Y RECLAMADO POR EL JUEZ ANDREU DE LA AUDIENCIA NACIONAL, ACUSADO DE HABER PROVOCADO LA MUERTE DE MILES DE PERSONAS EN RUANDA EN 1994, Y TAMBIÉN DE HABER MANDANDO ASESINAR A TRES MIEMBROS ESPAÑOLES DE MÉDICOS DEL MUNDO. 

EL REPORTAJE ELEGIDO POR ESTA CADENA DE TV PARA ILUSTRAR LA NOTICIA DE LA DETENCIÓN DEL GENOCIDA RUANDÉS, ES ESTA GRABACIÓN REALIZADA EN LOS CAMPOS DE REFUGIADOS DE GOMÁ EN 1994, CIUDAD FRONTERIZA DE RUANDA CON EL CONGO. LAS IMÁGENES OFRECIDAS LO SON DE QUIEN ENTONCES ERA ALCALDE DE SAN FERNANDO DE HENARES, LUIS ENRIQUE PIÑAS (EN LA FOTO). QUIEN, SIENDO MIEMBRO DE MÉDICOS DEL MUNDO, APROVECHÓ SUS VACACIONES COMO ALCALDE PARA IR A AYUDAR A SUS COMPAÑEROS DE LA ONG EN LOS CAMPOS DE REFUGIADOS DE LA TREMENDA TRAGEDIA DE RUANDA EN 1994. LUIS ENRIQUE CONTRAJO ALLÍ LA MALARIA, CORRIÓ GRAVES PELIGROS Y VIO CÓMO TRES DE SUS COMPAÑEROS DEL CAMPAMENTO HOSPITALARIO DE CAMPAÑA, EN PLENA CONCENTRACIÓN DE MILES Y MILES DE REFUGIADOS, MURIERON A MANOS DE LA GUERRILLA DEL GENOCIDA AHORA DETENIDO. NO OBSTANTE Y SIN ABANDONAR SUS TAREAS DE ALCALDE DE SAN FERNANDO DE HENARES, VOLVIÓ VARIAS VECES A ESTOS CAMPOS DE REFUGIADOS CON MÉDICOS DEL MUNDO. RECIBIÓ POR ELLO VARIOS PREMIOS POR ESTE GESTO. EN EL REPORTAJE SE LE PUEDE VER EN PLENA FAENA DE DESCARGA DE MEDICAMENTOS Y COMIDA. SE RETIRÓ DE LA POLÍTICA Y RENEGÓ POR LA FALTA DE ÉTICA DE LOS PARTIDOS Y MÁS CONCRETAMENTE DEL SUYO, EL PSOE. EN 1995 FUE FUNDADOR DE NUESTRA ASOCIACIÓN JUNTO CON OTROS SANFERNANDINOS, Y ESTAMOS ORGULLOSOS DE CONTAR TODAVÍA HOY CON ÉL COMO MIEMBRO DE NUESTRA DIRECTIVA.

PLENO CELEBRADO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EL EQUIPO DE GOBIERNO DE SAN FERNANDO DE HENARES SÍ PUEDE, EXHIBE UNOS CARTELES Y PRESENTA UNA MOCIÓN SOBRE LOS REFUGIADOS SIRIOS Y LA RECIENTE CRISIS. ESTOS TÍOS ESTÁN EN LA CREENCIA DE QUE SOLO ELLOS SON LOS ABANDERADOS DE LAS NOBLES Y HUMANITARIAS CAUSAS. ESO SÍ, NINGUNO QUE SEPAMOS HA ESTADO EN CAMPO DE REFUGIADOS ALGUNO. SOLO SON ACTIVISTAS DE CARTEL Y SALÓN.

DESPRECIAN CUANTO IGNORAN

Cuando en una controversia una de las partes tiene que acudir al recurso de argumentos ad hominem, es que ya no merece la pena perder más el tiempo. Que además se utilice el anonimato desde los comentarios del blog para descalificar las críticas, revela muy a las claras que además de tener la piel muy fina, como cargos públicos que son dejan mucho que desear. Esta práctica de descalificar ad hominem es muy utilizado por los espíritus totalitarios. Se trata de intentar desacreditar a quien critica, sin más argumentos que advertirle al crítico que él también tiene un pasado. Y después solo queda lanzar la calumnia o simplemente la maledicencia. Así funcionaron muy eficazmente desde Goebbels a Jesús Gil, por poner un ejemplo. También los anteriores gobernantes lo utilizaron.

En nuestra asociación participamos un grupo de amigos que compartimos unos mismos ideales: la máxima fidelidad posible a la ética de la responsabilidad. Y para intentar alcanzarlo hemos adoptado también un compromiso con nosotros mismos: no aceptar en la asociación a nadie que milite en un partido político o que pretenda compatibilizar su militancia partidista con su adscripción a la asociación. De ahí que llevemos el distintivo de "ASOCIACIÓN CÍVICA". Es decir, relacionada con el civismo y con la convivencia.

El máximo exponente para nosotros del componente ético cívico, fue uno de los fundadores de nuestra Asociación allá por el final de los años noventa y que también fuera alcalde de San Fernando de Henares entre 1991-1995. Un reportaje reciente de la cadena de TV, la Sexta, en su programa magazine político denominado MÁS VALE TARDE, seleccionó unas imágenes para ilustrar la noticia de la captura en Londres del genocida ruandés que había ordenado matar a tres médicos españoles de la ONG MÉDICOS DEL MUNDO, y nos brindó la ocasión de ver a nuestro fundador y amigo LUIS ENRIQUE, descargando medicamentos en el improvisado complejo hospitalario de Gomá, en Ruanda, en plena crisis de refugiados y matanzas en la frontera con el Congo. También murieron asesinados ocho misioneros. Una causa abierta en la Audiencia Nacional desde el año 2004, mantiene la esperanza de que el responsable de aquellos asesinatos rinda cuentas ante la justicia española.

Pero seguramente pocos, muy pocos o acaso nadie; ningún sanfernandino que viera este reportaje en la cadena televisiva de la Sexta, cayera en la cuenta o reconociera al que entonces era su alcalde que renunciando a sus vacaciones y sacrificando a su familia, fue con sus compañeros de la ONG MÉDICOS DEL MUNDO al corazón mismo de la tragedia en África y que se vivía en aquellos momentos en la tenebrosa frontera de Ruanda con el Congo donde murieron más de ochocientas mil personas. Voló allí para integrarse como voluntario en la plantilla del hospital de campaña levantado en medio de una masa ilimitada de refugiados, heridos o enfermos. 

La experiencia generosa de quien entonces era alcalde de San Fernando no fue entonces objeto de anuncio propagandístico alguno, y solo un grupo recudido de sus familiares y amigos conocía realmente dónde pasaba sus "vacaciones" el alcalde: en el campo de refugiados de Gomá. Solo luego de volver de varias de sus incursiones y conocida su presencia por la información fortuita de un periodista de RNE, su caso saltó a los periódicos y además fue galardonado con varios premios y reconocimientos por parte de entidades cívicas, nunca gubernamentales u oficiales.

Sin embargo, la miseria y el envilecimiento de la política; particularmente de la política intrapartidaria, le llevó a renunciar a presentarse a la reelección convencido entonces y mucho más hoy, de que el degradado ambiente de los partidos (incluido el suyo entonces, el PSOE), muy colonizado por tramposos logreros solo movilizados para alcanzar el poder, no era el mejor sitio donde debía estar quien había hecho de su vida pública un callado y humilde ejemplo de cívica y generosa entrega a los demás. Sobre todo en favor de aquellos que en aquel momento más estaban sufriendo como es el caso de la tragedia de los refugiados de Ruanda. Y ello aún a costa de sacrificar sus vacaciones y disfrutarlas con su familia.

San Fernando de Henares perdió un buen alcalde, pero sobre todo, un generoso e infatigable activista en favor de los más desfavorecidos. Su partido de entonces, inmerso en miserables luchas intestinas, perdió un militante ejemplar en medio de tanto mediocre oportunista. Pero nuestra asociación ganó un fundador y un socio del que no solo nos sentimos orgullosos, sino muy agradecidos de su entrega y desde luego y a pesar de sus dificultades de salud, de su siempre probada y generosa disposición a brindarnos siempre su mejor sonrisa a pesar de la adversidad.

***

Por el contrario, estos señores de PODEMOS o su sucursal SAN FERNANDO DE HENARES SÍ PUEDE, son sin embargo el contrapunto en su comportamiento, sus expresiones y sobre todo su actitud. Arrogantes sin causa y proclives a menospreciar a todo y a todos los demás, incurren en la idea de su superioridad moral y en la creencia de que nada existió antes de llegar ellos; que solo ellos encarnan los valores éticos y morales de la política, abrazando a veces con aspavientos y ridículos alardes publicitarios y propagandísticos de salón, causas y asuntos de los que lo más cerca que han estado ha sido por la televisión.

Lejos de mostrar estos gobernantes que tenemos, al menos un mínimo respeto por quienes formamos desde hace mucho tiempo parte de esta asociación, sin que a pesar de los injuriosos esfuerzos de nuestros debeladores consigan el objetivo de apartarnos de nuestra misión con malas artes y tendenciosas falsas noticias y otras difamaciones, se manifiestan con descalificaciones ad hominem y se lanzan por la pendiente que acabará despeñándolos a ellos no obstante, del  descrédito o la maledicencia sobre nuestra asociación, sus miembros o, lo más fácil, sus objetivos oscuros. Nada sin embargo que no hayan hecho o intentado ya los anteriores gobernantes.

En realidad, estos gobernantes de ahora, puestos ahí gracias a la combinación del tacticismo miope y la torpeza práctica de los grupos de IU y PSOE, se comportan con grave inseguridad pero con contumaz ahínco, tal y como se describe en la expresión más genuina de la política actual que parece inspirada en aquellos famosos versos de Machado: desprecian cuanto ignoran. Y no parece que tengan mucho remedio ya, porque han aprendido a representar muy recurrentemente lo más detestable de la política aunque sea pequeña como esta: la impostura de creerse la encarnación misma de lo mejor y más noble de la misma. Ya veremos cuánto dura esto, pero lo que de momento sí podemos constatar es que, a juzgar por sus actitudes y desplantes en los plenos y en otras manifestaciones, están en plena efervescencia de la siembra alocada de vientos. Pero no se han dado cuenta a lo que parece.

HABLAR POR BOCA DE GANSO

AVISO A NAVEGANTES

***

Hemos recibido un correo anónimo en referencia a nuestra entrada anterior y a nuestra denuncia a la Defensora del Pueblo. Dado que a pesar de tratarse de un anónimo el comunicante se arroga e incluso habla en nombre del equipo de gobierno y, desde luego, denota buen conocimiento del fondo de asunto, es por lo que concluimos que se trata obviamente de alguien que está muy cerca de la alcaldesa si no es ella misma. Pues bien, dado que el comunicante manifiesta inquietantes desvaríos al respecto y otras afirmaciones graves y contumaces, es por lo que lo reproducimos aquí con las precisiones oportunas que el anónimo comunicado merece.

O CUANDO LOS ASESORES AÚLICOS SUPLANTAN AL ASESORADO/A

***

ANÓNIMO RECIBIDO SOBRE LA ANTERIOR ENTRADA

"La secretaria accidental que ha tenido este ayuntamiento, tiene una trayectoria larga en el mismo y eran conocidas sus afinidades políticas. Actualmente hay un nuevo secretario, cuya objetividad se le presupone. Ahora bien, el tema de la ACCIÓN VECINAL SUSTITUTORIA solo se entiende en el caso de que el actual ayuntamiento y gobierno municipal, hagan dejación de sus funciones en el sentido en el que se plantea esa acción vecinal sustitutoria, en este caso, la recuperación de la titularidad y dominio público de la plaza de España, en lo cual, está trabajando el equipo de gobierno y sus asesores jurídicos, interponiendo las demandas y requerimientos correspondientes en los procedimientos judiciales abiertos allí donde corresponde. Se colige de la actitud del equipo de gobierno, alcaldesa y asesores, que la acción de esta asociación no encuandra plenamente con lo que se entiende más adecuado y conveniente para la defensa de los intereses del municipio en lo relativo al CASO PLAZA ESPAÑA, y que lógicamente, a ellos corresponde esa acción en defensa del interés general del vecin@s, sin menoscabo de las acciones de terceros. El equipo de gobierno entiende seguramente que este ayuntamiento no se ve en la obligación de facilitar certificaciones emitidas por secretaría para ser aportadas en procedimientos judiciales donde se ven comprometidos intereses municipales que sólo al ayuntamiento corresponde defender, máxime cuando se haya personado como parte perjudicada en ellos. La acción vecinal sustitutoria no es por tanto procedente, porque el ayuntamiento, no está dejando de defender el interés de los vecinos que representa, en el sentido, como se ha dicho, en el que dicha acción vecinal sustitutoria se plantea, que no es otro, que la recuperación de la titularidad y dominio público de la plaza, siendo como es, objetivo inequívoco de la acción de los servicios jurídicos que asesoran al gobierno municipal."

NOTA: SE REPRODUCE ÍNTEGRAMENTE EL ANÓNIMO RECIBIDO, INCLUIDAS LAS INCORRECCIONES ORTOGRÁFICAS Y SINTÁCTICAS.

CONTESTACIÓN DE EL MOLINO

Estimado amable comunicante anónimo. Dado que del contenido de su comunicado se desprende una gran familiaridad con lo que hace o deja de hacer el equipo de gobierno acerca de los asuntos por los que hemos manifestado nuestra queja a la Defensora del Pueblo, concluimos pues que usted forma parte del mismo o cuando menos es cargo de su confianza política. Deseamos pues contestarle haciéndole varias precisiones a algunas inquietantes afirmaciones que contiene, y que sin duda harían muy bien en rectificar.

1.- Su afirmación acerca de las afinidades políticas de la anterior secretaria (que estaría en la explicación de su cese reciente) nos resulta cuando menos sorprendente. Da la sensación de que ustedes, en este asunto de la plaza de España, ven fantasmas por todo los lados y no dudan en depurar a los funcionarios que han tenido algún protagonismo sobre el caso, en función de eso que ustedes llaman "afinidades políticas". Es decir, vienen practicando una suerte de depuración inquietante, pues exactamente igual hicieron ya con la letrada que llevaba la representación procesal municipal en las causas penales abiertas, y a la que además llegaron a sancionar. Sinceramente esto se parece más bien a toda una caza política de brujas.

2.- Pero independientemente de las afinidades políticas de la anterior secretaria (cuyo único reproche que podría hacérsele a nuestro juicio era su accidentalidad), realizó en su día un informe impecable acerca de la imposibilidad de que por el Ayuntamiento fuera ejercida la recuperación de oficio, ya que el bien demanial usurpado (la plaza de España y su subsuelo) se halla inscrito registralmente. Razón esta que según abundante jurisprudencia citada por la propia secretaria en su informe, obliga necesariamente al Ayuntamiento a acudir a la vía jurisdiccional. Su informe pues en ese sentido era perfectamente correcto, y por lo tanto el Ayuntamiento sabe al menos desde el año 2014 en que lo realizó, cuál es el camino a seguir porque precisamente así lo expuso la secretaria accidental de forma absolutamente acertada. Así pues, claro que el Ayuntamiento ha hecho dejación de sus funciones desde entonces.

3.- No corresponde al equipo de gobierno ni a sus asesores "encuadrar" lo pedido por nuestra Asociación, ni desde luego en función de lo que usted denomina los intereses generales. La norma legal habilitante (Ley de Bases de Régimen Local) que permite precisamente el ejercicio de la acción vecinal sustitutoria, pone de manifiesto, entre otras cosas, que la defensa del interés general no es monopolio de la corporación. Sin olvidar tampoco el ejercicio de la acción pública que podemos ejercer los particulares a veces, como es el caso, bien contra la inactividad del Ayuntamiento e incluso otras contra sus propias resoluciones. Reservada esa misma acción pública nada menos que en materias como el urbanismo, el medio ambiente o el patrimonio histórico. 

¿De dónde saca usted pues que los particulares no podamos defender el interés general incluso a veces contra decisiones y acuerdos del propio Ayuntamiento?

4.- ¿Y de dónde saca usted también que un equipo de gobierno pueda decidir arbitrariamente cuándo puede o no facilitar a los ciudadanos certificados a los que tienen derecho, para ser aportados a procedimientos judiciales? ¿Se atrevería usted a hacer que la alcaldesa dejara lo anterior resuelto y firmado en un documento oficial, y enviárnoslo como contestación oficial a nuestras peticiones? ¿De verdad cree usted que la ley le otorga al equipo de gobierno o a la alcaldesa ese margen de discrecionalidad tan abusivo como injusto, de decidir por su cuenta cuándo y a quién se le facilitan o no los certificados que piden? Si es así señor comunicante y el equipo de gobierno a lo alcaldesa comparten eso, entonces esto comienza a tener muy mala pinta.

5.- Sucede, señor o señora anónimo, que el ejercicio de la acción vecinal sustitutoria se activa automáticamente cuando ha transcurrido un mes desde que se pide, y nosotros lo hicimos hace ya más de un año. Concretamente el 31 de julio de 2015. Y que, transcurrido ese mes, el equipo de gobierno tiene la obligación legal de poner a nuestra disposición no solo cuantos antecedentes obren en los archivos municipales (cosa que es lo que se está pidiendo por cierto), sino a correr con todos los gastos en que se pueda incurrir a resultas de esa acción vecinal sustitutoria. No es una concesión graciosa señor/a asesor/a aúlico, sino una obligación legal que tiene el equipo de gobierno. No lo olvide.

6.- A menos claro está, que comprobemos precisamente mediante la intervención de la Defensora del Pueblo que lo que en realidad ha venido haciendo el equipo de gobierno, es omitir contestar maliciosamente (y por lo tanto incumpliendo las obligaciones que le impone la ley) a nuestras peticiones, que se formulan además en el ejercicio de un derecho ciudadano fundamental. Tenga pues por seguro señor o señora comunicante, de que si a resultas de la actuación de la Defensora del Pueblo descubriéramos que han actuado de forma maliciosa, tendrán la oportuna respuesta en el orden jurisdiccional correspondiente.

UNA OPOSICIÓN QUE TAMPOCO NOS MERECEMOS

Si el panorama con el equipo de gobierno es este manifestado en forma de arbitrariedad y menosprecio a los derechos ciudadanos más básicos, el de la oposición no es menos desolador. Y una parte de este comportamiento abusivo del equipo de gobierno para con derechos ciudadanos básicos, se debe precisamente a la débil e inoperante acción de la oposición, inmersa en sus luchas intestinas o en tacticismos de bajos vuelos.

A la nefasta atomización surgida del resultado electoral (cinco partidos), hay que unir ahora la división de IU partida en dos y actuando pues como dos partidos distintos, y la fuga de un concejal del PP ejerciendo de oposición a su propio grupo. Sin olvidar el inoperante ejercicio de oposición general, cuyo resultado práctico convertido en una especie de efecto placebo, solo se resume en una innumerable presentación de mociones y más mociones absolutamente inútiles por ser solo brindis al sol.

El PSOE e IU votaron a CATALINA como alcaldesa, y un año después se arrepienten y la reprueban de nuevo en un ejercicio propagandístico porque la reprobación de un concejal o de la alcaldesa es un gesto solo para la galería, ya que no tiene ningún efecto jurídico legal sobre el reprobado. Y así pasan los días con un minigobierno gobernando cómodamente desde la Junta de Gobierno Local, y compuesto solo por cinco concejales de un total de veintiuno. Y haciéndolo además a sus anchas y sin inquietud alguna, gracias a una oposición impotente y dividida que casi nunca se entera mucho de lo que están haciendo. No hay salida pues y estamos atrapados.

CUANDO SE BURLAN IMPUNEMENTE LOS DERECHOS CIUDADANOS

NO NOS MERECEMOS ESTO

***

El pasado día 3 de marzo (hoy hace pues cinco meses), presentamos como asociación en el Ayuntamiento una serie de escritos (cinco en concreto) dirigidos a la alcaldesa, con objeto de que ordenara que fueran expedidos por la señora secretaria municipal una serie de certificados relacionados todos ellos con el caso plaza de España.

Se le pedían esos certificados con objeto de aportarlos a los procedimientos penales abiertos, así como a los civiles y contenciosos que esperamos iniciar en breve en cumplimiento de nuestra misión de recuperar la titularidad de la plaza de España y su subsuelo para el municipio. Y ello en el ejercicio de lo que la ley reconoce a cualquier vecino bajo la denominación de acción vecinal sustitutoria, cuando la administración se olvida, se distrae o simplemente no quiere ejercer su obligación de recuperar un bien de todos que es propiedad en estos momentos de la sociedad mercantil PESF SL en quiebra, y está a punto de ser enajenada a un fondo buitre.

El reciente Auto del Juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid que lleva el concurso de acreedores de PESF SL, no deja títere con cabeza reprochando al Ayuntamiento que no haya iniciado hace años, desde que detectó la existencia ilícita de la plaza en el capital social de la mercantil mixta, ningún procedimiento revisorio que por otra parte solo puede iniciar el propio Ayuntamiento y que es al que nosotros nos proponemos sustituir. 

Es preciso advertir que no hay una sola norma jurídica en nuestro ordenamiento que permita a un particular tener en propiedad y en pleno dominio la posesión de un bien demanial, y mucho menos legitimidad para enajenarlo. Ni siquiera se reconoce esa facultad a los jueces mercantiles de los procediminientos concursales, cuya ley les otorga no bostante funciones exorbitantes.

DENUNCIAMOS LA ACTITUD DE LA ALCALDESA A LA DEFENSORA DEL PUEBLO

Tanto la reciente Ley de Transparencia como la vieja Ley de 1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, reconocen el derecho de todos los ciudadanos a obtener copias y certificados de los documentos y expedientes que obran en los archivos públicos. Y ese derecho tiene como correlato para las autoridades de las administraciones públicas, el de su deber inexcusable de facilitar esas copias y esos certificados en el plazo legal de un mes.

Han transcurrido pues ya no uno, sino cinco meses exactos desde que presentamos nuestros escritos, sin que la alcaldesa, Dª CATALINA, se haya dignado contestar ni tampoco explicarnos la razón por la que no lo hace. Por esa razón nos hemos visto obligados de momento, ha presentar una enérgica denuncia ante la Defensora del Pueblo por el comportamiento renuente de nuestra alcaldesa, cuyo estilo y actitud en estos mismos casos no difieren en absoluto del que practicaban con displicencia y desprecio los anteriores.

Una vez más queda de manifiesto que una cosa es predicar y otra dar trigo. Estos señores de PODEMOS o su versión camuflada de SAN FERNANDO DE HENARES SÍ PUEDE, llegaron con la arrogante exigencia de diferenciarse de los anteriores por anteponer las demandas ciudadanas y no desatender no ya sus reclamaciones más justificadas, sino sus derechos más elementales como es, por ejemplo, el de acceder a los documentos de los archivos municipales.

Y no puede usted administrar su puesta a disposición de los ciudadanos cuando se le pide a su antojo y capricho, cuando no utilizando un selectivo y discrecional criterio de acceso solo para sus correligionarios, como hemos sabido que ha sucedido recientemente autorizando a un conmilitante de su partido a consultar los expedientes del caso plaza de España sin al parecer tener legitimidad para ello además. Cuando a los demás nos tiene usted esperando a que se digne facilitarnos las copias y los certificados que le hemos pedido hace cinco meses ya. ¡Porque esos documentos y archivos no son de su propiedad, señora alcaldesa! 

Es lo que tiene pasar de la protesta y la cacerolada a sentarse en el sillón de mando, que pone a prueba y deja al descubierto que detrás de las protestas, ocupaciones y consignas, no había más que ruido y confusión oportunista, y un objetivo indisimulado: alcanzar el poder a toda costa porque una vez alcanzado ya poco le importan los ciudadanos y sus derechos. Que le quiten ahora ya lo bailao.

Esta misma arrogante forma de gobernar menospreciando los derechos más básicos de los ciudadanos fue, aunque usted no lo crea, lo que llevó a los anteriores a su situación actual. Parapetados en sus cargos y privilegios se creyeron los reyes del mambo y, al igual que el personaje de Machado, acabaron por ser víctimas de despreciar cuanto ignoraban. Y llevan ustedes el mismo camino porque ya es más de media docena de asuntos en los que ni saben ni contestan ni se dignan tampoco explicar por qué razón no atienden debidamente nuestros legítimos derechos de acceso a obtener copias y certificados. Mientras que correligionarios de su partido lo hace sin cortapisa alguna e incluso al parecer le ha puesto despacho y todo.

Sigan así Dª CATALINA y pronto comprenderán que despreciar olímpicamente los derechos ciudadanos en política, es un error que más pronto o más tarde se acaba pagando. De momento solo hemos acudido a la Defensora del Pueblo, deseamos pues que todo quede en una queja. Ya veremos.

LA CONJURA DEL CONSEJO

O CÓMO CAJA MADRID FABRICÓ UN FALLIDO (UNO MÁS) IRRESPONSABLEMENTE

***

Toda la operación urbanística de la plaza de España acordada entre los propietarios y el Ayuntamiento, descansaba sobre la idea de que había un banco, en este caso Caja Madrid, que financiaría toda la operación y por lo tanto correría con todos los riesgos. Y que ninguno de sus promotores incluida la corporación municipal, pondría o adelantaría ni un solo euro físico para la actuación urbanística. 

Diseñada inicialmente por el equipo de gobierno municipal de la alcaldesa Monserrat MUÑOZ en plena burbuja inmobiliaria de los años 2005 y 2006 mediante una concesión administrativa, esta fórmula contó sin embargo con la oposición feroz de un grupo numeroso de afectados que incluso llegaron a reventar un pleno, provocando sonoros altercados e insultos porque no aceptaban el justiprecio acordado por el Ayuntamiento. Justiprecio que estaba calculado sin embargo por el método de comparación (método en absoluto utilizable en operaciones urbanísticas por expropiación no obstante), y cuyos valores estaban extraídos precisamente del generoso precio de compra (valor de mercado pues) del edificio del Granero adquirido por el propio Ayuntamiento a unos de los propietarios unos meses antes. El Ayuntamiento pagó por esa adquisición del viejo Granero 600.000 € a tocateja. Lo compró directamente, ni siquiera lo expropió.

Si embargo, el equipo de gobierno de entonces de la alcaldesa MUÑOZ se arrugó alevosamente ante el envite de los propietarios, quienes no solo no aceptaban el justiprecio de la expropiación sino que, previas movilizaciones y protestas, contaban también con el apoyo explícito de los grupos municipales de oposición en aquellos momentos formada por el PP y PSOE. De esta forma llegaron al año decisivo de 2007, año electoral, con el conflicto enconado y la amenaza de tener que abortar este proyecto emblema empantanado y sin visos de solución. 

De modo que fue hacia el mes de marzo de 2007 cuando el equipo de gobierno representado ya por quien luego sería su candidato a alcalde aquel año, Julio SETIÉN, cedió a las presiones de los propietarios y de los grupos de la oposición y se plegó a todas sus exigencias que, en esencia, consistían como se ha dicho en que ellos no pondrían un solo euro y por el contrario recibirían gratis el grueso de las plusvalías de la actuación. Y, además, que sería el Ayuntamiento quien asumiría la representación a través del alcalde y del concejal de urbanismo que luego serían nombrados respectivamente presidente y consejero delegado de la sociedad mercantil a constituir para gestionar la actuación. Por supuesto, sería también el equipo de gobierno quien se encargaría de realizar las gestiones oportunas ante Caja Madrid para que pusiera toda la pasta de la operación.

En la mente de los responsables municipales no estaba no obstante ejecutar la actuación a través de la mercantil mixta, pues no la dotaron de trabajador alguno. Más bien lo que hicieron a través de esta sociedad meramente instrumental, fue dejar la gestión propiamente dicha en manos de otra sociedad que también había estado jaleando a los propietarios contra el Ayuntamiento: WOODMAN SL. La contrataron pues como gerente pagándole unos honorarios fabulosos de 4,3 millones de euros. Y fue, como se dice, precisamente en una reunión mantenida por el propio SETIÉN que luego sería alcalde, en marzo de 2007, con la mesa de trabajo constituida con los propietarios, quien aceptaría la incomprensible incorporación plena a la operación de esa promotora local que había conseguido infiltrarse entre los mismos propietarios, bajo el señuelo de luchar por sus intereses colectivos y con supuestos antecedentes satisfactorios como en la UE-3 (promoción de la calle José Alix). Si bien incomprensiblemente, WOODMAN SL tampoco tuvo nunca empleado alguno.

Todas estas cesiones y decisiones adoptadas y aceptadas por el equipo de gobierno de IU y la oposición en su conjunto en las puertas mismas de las elecciones de 2007, fueron las que luego, varios años después, acabarían por arruinar la operación con la segura repercusión para el Ayuntamiento cuyo impacto económico aún se desconoce pero será voluminoso.

APARECE CAJA MADRID COMO ENTIDAD FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

Y así fue cómo, poco a poco, nos adentramos ya en la nueva legislatura 2007- 2011 de infausta memoria, con SETIÉN de nuevo alcalde por IU y apoyado por el PSOE que a su vez entró en el gobierno municipal. Fue pues en mayo de 2008 cuando se adoptaron los acuerdos por el pleno municipal celebrado en plenas fiestas, cuando se aprobaron los convenios expropiatorios donde quedaban fijados los parámetros del pacto societario entre el Ayuntamiento y los afectados. También la constitución de la sociedad mixta pero con un pacto societario incluso reforzado ahora con otras disparatadas concesiones como aceptar lucros cesantes delirantes, compensaciones económicas descontroladas, así como alquileres por realojos para todos vivieran o no en las viviendas a rehabilitar.

Y en ese contexto que además era eufórico (SETIÉN en el pleno municipal lo calificó de histórico; no sabía bien él cuán histórico iba a ser ciertamente), entró en escena Caja Madrid que, curiosamente, vino inicialmente de la mano de WOODMAN SL. Quien luego se convertiría en la gerente de la sociedad mixta y, en aquellos momentos, la única de las promotoras locales con buena parte de la promoción de la UE- 3 sin vender, lo cual estimuló a sus socios que vieron una oportunidad magnífica para tratar de endosarle esos inmuebles sin vender a PESF SL dadas sus necesidades para los realojos. Pero dándose la casualidad precisamente de que la entidad que financiaba también la promoción de José Alix de WOODMAN SL era, precisamente, Caja Madrid. Quien además sabía muy bien que esta sociedad tenían más de la mitad de la promoción sin vender en ya pleno estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, y con un futuro negro para el riesgo propio de la Caja madrileña.

Es pues así como aparece Caja Madrid como entidad financiadora de la operación, ofreciéndose por intermedio precisamente de WOODMAN SL para otorgar los préstamos al promotor necesarios. Lo insólito de todo esto es que antes de quedar constituida la que luego sería sociedad mixta PESF SL, Caja Madrid realizó como se dice, todas las presentaciones y estudios iniciales tasaciones incluidas, a través precisamente de la mercantil de Ventura de Argumosa 22, que luego se las pasaba a su vez al Ayuntamiento y al alcalde. Todo parecía ir bien y en marcha. 

BLESA EN APUROS EN CAJA MADRID

En Caja Madrid entre finales de 2008 y principios de 2009 corrían vientos de bronca política, pues en su seno se había desatado una guerra entre los huestes del PP de Esperanza AGUIRRE y las de RUIZ GALLARDÓN, que amenazaba con destronar precisamente a Miguel BLESA, el amigo de AZNAR encaramado a la presidencia de Caja Madrid, y que se mantenía contra viento y marea mediante un insólito pacto con IU y CC.OO. Pacto que sirvió precisamente también para encumbrar a la vicepresidencia de la Caja a quien luego sería decisivo en la operación financiera de la actuación en nuestra plaza de España: MORAL SANTÍN a la sazón entonces militante precisamente de IU y miembro del Consejo a propuesta de dicha coalición.

CÓMO SE PREFABRICÓ LA PROPUESTA FAVORABLE DE LOS SIETE PRÉSTAMOS A PESF SL

Inicialmente a PESF SL le fue concedido un préstamo de trece millones de euros en lo que en el argot se conoce como préstamo suelo. Es decir, para la compra del suelo. Pero en este caso no era necesaria dicha compra ya que el suelo se había obtenido mediante una expropiación convenida. Esto ocurría a finales de 2008 ya metidos en plena depresión financiera por la burbuja inmobiliaria. Después, ya en el mes de julio de 2009, fue preparada la operación gorda de los siete préstamos hipotecarios por importe de 54 millones de euros, que por su importe y naturaleza solo podía aprobar el Consejo de Administración de Caja Madrid.

La Unidad de Admisión de Riesgos de Caja Madrid para informar favorablemente la operación, tuvo que hacer juegos de prestidigitación pues se trataba de una empresa, PESF SL, recién constituida y sin experiencia alguna ni balances financieros significativo que aportar. Solo contaba pues con la solvencia del socio dominante: el Ayuntamiento.

Esta Unidad calificó el rating de PESF SL como triple B (+BBB) y nivel de riesgos 3. Lo cual era una calificación más que solvente. Pero ¿cómo llegó la Unidad de Admisión de Riesgos a esta formidable calificación de solvencia para una sociedad mercantil recién constituida, con un equipo gestor sin experiencia alguna y como un primer balance de 2008 a todas luces insuficiente? 

La Unidad de Admisión, probablemente siguiendo alguna consigna de alguien, halló la solución mágica para crear una solvencia ficticia de PESF SL, al considerarla integrante de un grupo empresarial cuya cabecera matriz era el propio Ayuntamiento y cuyo grupo estaba constituido, además de por PESF SL, por la EMS también.

El analista de riesgos de Caja Madrid introdujo en el programa para calcular el rating de la sociedad mixta, no los datos económicos de PESF SL, sino los del Ayuntamiento correspondientes a los presupuestos ya liquidados de 2006 y 2007, así como al ejercicio de 2008 y 2009. De esta forma y ante el moderado endeudamiento de la corporación municipal, el informe del analista concluyó que era precisamente la capacidad de reembolso del Ayuntamiento la que garantizaba la viabilidad de la operación. Además, se afirmaba también que el propio Ayuntamiento se había comprometido a adquirir todos los inmuebles que al finalizar el periodo de carencia (tres años) no estuvieran vendidos. Este compromiso nunca fue acordado por los órganos correspondientes municipales, y desconocemos sin embargo si el entonces alcalde SETIÉN firmó algún documento o carta en ese sentido.

Así pues, la calificación triple B (+BBB) de PESF SL realizada por el analista de riesgos de Caja Madrid no se correspondía en realidad con la solvencia de la sociedad mixta, sino con la del Ayuntamiento.

EL CHANTAJE

La propuesta favorable de la Unidad de Admisión se basaba pues en una falsa solvencia de la sociedad PESF SL, ya que su calificación era en realidad la del Ayuntamiento y no la de la mercantil. Y, además, también en una falsa garantía municipal inexistente de adquisición de los inmuebles (y por lo tanto de subrogación de los préstamos) por parte del Ayuntamiento; de todos aquellos que al final de la carencia estuvieran sin vender.

Y con estas y otras condicionalidades que luego no se cumplirían tampoco, llegó la propuesta al Comité Financiero primero quien lo aprobó también, y lo elevó para la sesión del Consejo de Administración que se celebraría por la tarde el mismo día 6 de julio de 2009.

Hubo reticencias y objeciones para la concesión de estos préstamos a esta sociedad, especialmente al parecer por parte precisamente del propio Presidente BLESA. Pero dada su debilidad en el Consejo y la falta de apoyos de un sector de los representantes del PP, (justo por aquellas fechas se estaba tramitando una modificación de ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, con el solo objetivo de cesar al propio Presidente), muy rápidamente el Presidente notó el vacío sobre el que podía caminar. Y mucho más cuando su Vicepresidente, MORAL SANTÍN, militante de IU y nombrado a propuesta de dicha coalición, le advirtió sin ambages que, o se aprobaba aquella operación para una Ayuntamiento de IU, o dejaban de apoyarlo. Solo eran negocios y política.

Así fue pues como se autorizó esta operación que ha acabado con la sociedad quebrada, millonarias pérdidas para Caja Madrid, y una larguísima retahíla de damnificados también millonarios. Es desde luego una buena muestra de cómo se gestionaba Caja Madrid, cuyo Consejo de Administración por estas y otras trescientas operaciones inmobiliarias más según los peritos del Banco de España, revelan que era lo más parecido al puerto de Arrebatacapas. Y por lo que también la propia Caja hubo de ser intervenida. Ahora solo queda saber cuánto le va a costar la broma al Ayuntamiento.

REFINANCIACIÓN Y HUELGA DE HAMBRE

Corría finales de 2011 y principios de 2012 y PESF SL se hallaba en la más absoluta falta de liquidez. Había dispuesto ya de todo el principal de los préstamos hipotecarios a base de traspasar todo el tramo de ventas de los préstamos al tramo de las certificaciones, y sin que nadie al parecer lo advirtiera. Se encontraron de repente pues con que ya habían dispuesto de los 54 MM de € para unas obras que costaban 40 MM €, y aún así necesitaban todavía cerca de otros 35 MM €. ¿Cómo era esto posible?

Los responsables de Caja Madrid del seguimiento de esta promoción y su correcta aplicación, pertenecientes todos al área de la dirección de Negocio Promotor, aseguran que han hecho bien su trabajo y que el dinero había sido destinado correctamente a la obras de la promoción. Evidentemente faltan a la verdad. Sea como sea a primeros de 2012, las necesidades de refinanciación de PESF SL (en realidad era una ampliación de los préstamos) eran de nada menos que de 35 millones de euros más. 

Los responsables de PESF SL estaban angustiados y pidieron insistentemente una urgente refinanciación de la operación. Y los responsables de Caja Madrid le pidieron a su vez a PESF SL un plan de viabilidad donde expusieran claramente cómo iban a obtener los ingresos necesarios para hacer frente a la ampliación de los préstamos. Y, además, solo se accedería a ello por parte de Caja Madrid (ya por entonces era BANKIA), si toda la ampliación era debidamente avalada por el Ayuntamiento mediante aportación de los correspondientes certificados que acreditaran el acuerdo de los órganos municipales correspondientes. Es decir, del pleno municipal.

La operación de refinanciación fue llevada no obstante al Comité de Riesgos, si bien el monto de la operación fue rebajada hasta los 26 MM €. Pero para su formalización y disposición del dinero, era requisito imprescindible que la operación la avalara el propio Ayuntamiento.

El Ayuntamiento se hallaba tutelado desde 2010 por el Ministerio de Hacienda, dado que tuvieron que acordar una plan de saneamiento a causa de sus dos consecutivos remanentes negativos (déficit) de 2008 y 2009 por importe de cerca de - 11 millones de euros. Además, el Ministerio de Hacienda presionaba precisamente al Ayuntamiento en sentido contrario, conminándolo a que anulara precisamente los préstamos hipotecarios de PESF SL y otro que había concertado también la EMS. El Ministerio bramaba alegando que dichos préstamos no habían sido autorizados por ellos, cuestión esta que era preceptiva dada la situación económica del propio Ayuntamiento acogido entonces a un duro plan de saneamiento financiero.

Así pues, SETIÉN no se atrevió nunca a reconocer la situación ante el pleno municipal, y aunque intentó obtener el compromiso de los grupos de la oposición echándoles encima a los propios afectados, un grupo de los cuales llegó incluso a amenazar y a retener a los concejales de PSOE, sin embargo no obtuvo en absoluto el apoyo de estos grupos para garantizar como Ayuntamiento la ampliación del endeudamiento de PESF SL a 26 millones de euros más. Y, en esas circunstancias y aunque BANKIA ya había aprobado la operación y solo estaba a falta de que el Ayuntamiento prestara las debidas garantías, no las pudo presentar el entonces alcalde y presidente de PESF SL.

Con la tesorería de la sociedad ya estrangulada, una cascada de juicios cambiarios instados por los acreedores, impagados que superaban los 12 millones, los embargos de los activos de la sociedad ya en marcha y la propia presión de los afectados que solo querían sus casas, no le quedó más remedio al entonces alcalde SETIÉN que representar una huida hacia adelante y culpar a BANKIA de no pagar (no acceder a la ampliación que, como se dice, incluso estaba aprobada). Para ello puso en escena la farsa de la huelga de hambre al tiempo de acusar a BANKIA, tratando de forzar a la entidad financiera (que ya acumulaba en aquellos momentos, octubre de 2012, más de tres amortizaciones de las cuotas de los préstamos impagadas), a permitirles disponer de los 26 millones de euros aprobados pero solo pendiente de la garantía o aval municipal.

Y así fue pues cómo el entonces alcalde SETIÉN, desvió la atención de la opinión pública con un gran despliegue mediático, recogió apoyos de firmas de incautos bienintencionados o correligionarios solidarios pero muy desinformados todos, en una más de las farsas representadas a base de conseguir engañar a todo el mundo y haciendo correr la idea de que BANKIA no pagaba, cuando la realidad era que todo dependía precisamente del propio Ayuntamiento, que debía prestar una garantía real e irrevocable a primer requerimiento a favor de BANKIA. Pero, como se dice, el señor SETIÉN ni siquiera se atrevió a llevar al pleno el acuerdo que le exigía BANKIA. Mucha gente se tragó el cuento y firmó adhesiones sin tener ni idea de lo que realmente pasaba: que el entonces alcalde, impotente, prefirió la huida hacia adelante y montar el número de la huelga de hambre, antes de afrontar la realidad de una gestión desastrosa donde unas obras que costaban 40 millones de euros, no solo no pudieron ser financiadas disponiendo de la totalidad de los préstamos al promotor por importe de 54 millones, sino que aún necesitaban otros 35 millones de euros.

¿Qué fue pues lo que pasó con la desastrosa gestión de PESF SL? Los tribunales tienen la palabra y lo están investigando. Es una gran desgracia su exasperante lentitud no obstante. 

CRÓNICA (VERANIEGA) DE JUZGADOS

AVISO A NAVEGANTES (VERANIEGOS)

***

Las numerosas causas abiertas en diferentes juzgados y jurisdicciones por el caso PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, arrojan cada cierto tiempo una avalancha de resoluciones, autos o providencias de los diferentes juzgados, que preludian una vuelta de verano tras el inhábil mes de agosto con numerosas novedades y algunas de ellas sorprendentes e inesperadas.

Desde nuestra última crónica han sucedido muchas cosas en las procelosas aguas de los casos judiciales abiertos, y algunas de ellas las reseñamos aquí por su interés, trascendencia y para conocimiento general.

AUTO DEL JUZGADO 6 DE LO MERCANTIL

El juez de lo mercantil del Juzgado 6 de Madrid en el que se sigue el procedimiento concursal de la sociedad mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, ha dictado un Auto el pasado día once de julio a resultas de un incidente instado por el Ayuntamiento, en virtud del cual se declara competente para anular la aportación hecha por la corporación municipal a la sociedad mixta. Sin embargo niega esa competencia a otras dos peticiones que el Ayuntamiento le hacía en el mismo incidente, para que acordara la rectificación de los asientos del Registro de la Propiedad de aportación de la plaza de España, y al mismo tiempo de que se anularan dichos asientos, ordenara el mismo juez que le fuera devuelta dicha plaza al Ayuntamiento. Asimismo le pedía el Ayuntamiento al juez en vía declarativa, un pronunciamiento en el sentido de que era el titular real tanto de la plaza de España como del subsuelo. 

Así pues, tres eran las peticiones que hacía el Ayuntamiento al Juzgado número 6 de lo Mercantil, y dos de ellas las ha rechazado de plano en una resolución muy dura contra el propio Ayuntamiento, por cuanto que el juez denuncia en su Auto que no entiende la razón por la que la corporación municipal no ha procedido a revisar los acuerdos adoptados en su día. Y es ahora cuando pretende que sea él quien lo haga, cuando la sociedad ya está en fase de liquidación. Reprocha el juez muy duramente al Ayuntamiento por no haber acordado en todos estos años revisar y anular los acuerdos de cesión de la plaza, a través de los mecanismos revisores de cualquier administración para con sus actos ilegales. Y aduce, además, que para eso él no es competente puesto que es una asunto del orden y jurisdicción contenciosa y no civil.

Así pues, las pretensiones del Ayuntamiento de que el Juez mercantil del concurso le devolviera la plaza de España ha sido un rotundo fracaso. Tanto, que según nuestras noticias el Ayuntamiento ha decidido recurrir dicho Auto.

Sin embargo en la única cuestión a la que accede el juez mercantil de las tres que pedía el Ayuntamiento, sí puede tener gran trascendencia por cuanto que con toda probabilidad anulará la aportación hecha al capital social de PESF SL, con las consecuencias que eso puede tener tanto para el resto de los socios como, sobre todo, para el propio Ayuntamiento, que puede sufrir una auténtica avalancha de reclamaciones si el juez acordara definitivamente eso. Tanto por parte del resto de los socios como de los acreedores, por cuanto que en la práctica eso supondría tanto como que el Ayuntamiento habría engañado al resto de los socios, proveedores y acreedores.

Sorprende no obstante que el juez mercantil con evidente errónea información, afirme en su Auto que la aportación de la plaza de España fue realizada por el pleno municipal como si fuera una aportación patrimonial, lo que es absolutamente falso. Se ve que el juez o no se ha enterado aún de lo que ha pasado y cómo ha pasado.

Por otra parte, sorprende también que la alcaldesa, CATALINA RODRÍGUEZ, vaya por ahí declarando a los medios que el Ayuntamiento puede recuperar la plaza de España si finalmente el juez se pronuncia sobre el fondo del asunto suscitado por el Ayuntamiento. Cuando es todo lo contrario, el juez afirma en el Auto que su competencia solo alcanzaría a declarar la nulidad de la aportación hecha en su día al capital social, pero nada más. El afán por vender el oso antes de cazarlo haciendo creer a través de los medios cosas que no son por parte de la alcaldesa, se puede volver contra ella cuando el juez se pronuncie realmente que, en cualquier caso, no será precisamente una buena noticia para la corporación por cuanto que, al fin y al cabo, se trata nada menos de que el socio dominante de la sociedad habría engañado a los otros socios. Por lo que le pueden llover al Ayuntamiento como se dice innumerables reclamaciones económicas de todo tipo.

ADMITEN UNA NUEVA QUERELLA

Varios de los adjudicatarios de las 52 viviendas protegidas en el sorteo celebrado en junio de 2011, y que tuvieron que depositar 12.480 € cada uno para acceder a las viviendas protegidas de esa promoción de PESF SL, han presentado una querella contra los responsables municipales y de PESF SL por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida. Más de veintitrés de los adjudicatarios realizaron ingresos en PESF SL por importe de más de 220.000 € que habrían perdido al entrar en quiebra la sociedad, quedando atrapados en la liquidación y sin posibilidad tampoco de recuperar ese dinero en el procedimiento concursal donde están personados muchos de ellos, dada la clasificación que el Administrador concursal ha hecho de sus créditos como ordinarios. La querella la dirigen también contra BANKIA, ya que los depósitos que realizaron para la reserva de las viviendas que además no estaban calificadas cuando se hizo el sorteo, fueron ingresados en la cuenta ordinaria de PESF SL, cuando la ley exige que se depositen en una cuenta especial indisponible. La querella ha sido admitida inicialmente en el Juzgado número 1, quien acordó sin  embargo acumularla a la causa que ya lleva abierta desde primeros de 2014 a resultas de otra querella interpuesta por una de las empresas constructoras.

NO ADMITEN AL AYUNTAMIENTO COMO ACUSACIÓN

En otra de las causas penales abiertas, en este caso en el juzgado número 5 a resultas de la querella presentada por nuestra asociación en el año 2011, el Juez no ha permitido de nuevo que el Ayuntamiento se persone en la misma como acusación particular, advirtiéndole que solo puede hacerlo como responsable civil subsidiario, que es como ya lo estaba desde su personación en la causa cuando era alcalde Ángel MORENO. El Ayuntamiento, que se opone al cierre de las instrucción y pide que sean imputados otras muchas personas, ha recurrido esa resolución del Juzgado 5. Es preciso recordar que la alcaldesa, Catalina RODRÍGUEZ, acusaba a sus antecesores de desidia y abandono de los intereses municipales al no haberse personado como acusación y solo haberlo hecho como responsable civil. Es evidente que la alcaldesa desconoce notoriamente muchas de las vicisitudes de estas causas abiertas, y solo habla a humo de pajas con afirmaciones y proclamas que luego, cuando aterriza sobre la realidad, se tiene que tragar. Lástima que la oposición tampoco se entere mucho, y que no haga ver a la alcaldesa que en este asunto está dando muchos palos de ciego guiada solo por una obsesión: tratar de que el Ayuntamiento quede ciego con tal de dejar tuertos a los de la oposición. La frivolidad con que hace proclamas sobre asuntos que, o no conoce bien o no le informan bien, ya muy reiteradas, revelan una vez más y a la vista de esto, que el Ayuntamiento funciona como pollo sin cabeza. Tanto por parte del equipo de gobierno como por parte de la oposición.

ACUMULAN LA DENUNCIA DE LA ALCALDESA

La alcaldesa anunció allá por el mes de febrero de este año que presentaba una denuncia contra los anteriores consejeros delegados de la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO DE SAN FERNANDO SA, Manuel G. ROJO del PSOE, y Javier BLANCO de IU, por la venta de 20 locales comerciales de la promoción de Echeveste a PESF SL, por un precio inferior al valor de mercado según ella. Concretamenente los acusa de provocar unas pérdidas a la sociedad pública municipal con esa transacción de 3,1 MM de €. Lo que, según la alcaldesa que firma la denuncia en calidad de presidenta de dicha sociedad que hoy también está en liquidación, habría causado la insolvencia de la mercantil municipal. Sin embargo también esta denuncia ha sido acumulada a la causa que se sigue en el mismo Juzgado 1 de Coslada y que investiga en las diligencias previas a resultas de la querella de una de las constructoras en el año 2014.

LA FISCAL DE LA CUSA DEL JUZGADO 5, BUSCA AMPLIAR LAS IMPUTACIONES POR DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Aunque el juez del 5 que instruye la causa desde 2011 había cerrado la instrucción, sin embargo ha admitido una serie de diligencias complementarias pedidas por la Fiscal de esta causa por los delitos contra la ordenación del territorio, y de los que el juez que investiga aprecia indicios de criminalidad. La fiscal ha pedido ampliar las declaraciones inicialmente a solo dos miembros de la Junta de Gobierno local celebrada el día 3 de julio de 2009, en las personas del entonces alcalde SETIÉN, y del entonces concejal de urbanismo J. MARTÍNEZ, ambos ya imputados desde el inicio en esta causa. Estos interrogatorios se han celebrado ya la semana pasada. Asimismo el juez ha ordenado la práctica de varias de las diligencias complementarias pedidas por la fiscal, en las que se ordena al Ayuntamiento la remisión al juzgado de varios documentos. Así como que el secretario municipal remita varios informes. Por su parte y la vista del resultado de todo lo anterior, la fiscal pretende interrogar también como investigados y por lo tanto ampliar la imputación a todos los miembros de las Juntas de Gobierno Local del año 2009 que aprobaron el Proyecto de Reparcelación presentado por PESF SL, y que nunca fue sometido a información pública.

CITAN AL JUZGADO AL NOTARIO Y A LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

Por su parte el Juzgado 1 de Cosalada ha citado como testigos tanto al notario D. RAFAEL CERVERA, como a la entonces Registradora de la Propiedad de San Fernando de Henares Dª SARA FERNÁNDEZ, para el próximo día 26 de septiembre. Ambos fedatarios públicos fueron quienes intervinieron tanto en la escritura de constitución de la sociedad PESF SL como en la calificación de los asientos registrales en los que se aportaba la plaza de España. De momento, como se dice, comparecerán como testigos, si bien hay una gran expectación con estas comparecencias ya que son muchas las voces de las partes personadas y perjudicadas, que señalan a estos fedatarios como los responsables de que fuera introducida en el tráfico mercantil la plaza de España. Un bien de dominio y uso público que por su naturaleza inalienable e inembargable, estaba fuera del comercio de las cosas, autorizada sin embargo por estos fedatarios públicos. Seguiremos informando.