EL CLUB DE LAS TARJETAS BLACK, APROBÓ LOS PRÉSTAMOS A PESF SL

BLESA ERA EL PRESIDENTE DEL COMITÉ FINANCIERO QUE APROBÓ LOS PRÉSTAMOS

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La sociedad mixta constituida en el año 2008 entre el Ayuntamiento y los afectados por la Unidad de Ejecución número 1, para ejecutar dicha actuación urbanística, gozó de extraordinarios e incomprensibles favores por parte de Caja Madrid para obtener financiación, aceptando incluso por parte de la entidad financiera como garantía de los préstamos hipotecarios nada menos que una plaza pública, la plaza de España, así como su subsuelo, ambos de titularidad municipal y por su carácter demanial, inalienables e inembargables. 

En efecto, el entonces comité financiero de Caja Madrid presidido por MIGUEL BLESA, autorizó nada menos que siete préstamos hipotecarios a PESF SL por importe de 54 millones de euros, con garantías ofrecidas de tres fincas de PESF SL, que sin embargo dos de ellas no podían ser ejecutadas. Se da la circunstancia de que cuatro de los seis miembros de aquellas fechas (2009) dicho comité financiero, son también los que se hallan imputados por el ya famoso caso de las tarjetas black de Caja Madrid. Unas tarjetas opacas fiscalmente y contra las que realizaron numerosos cargos de todo tipo cuya posible responsabilidad penal se investiga en la Audiencia Nacional. Junto a Blesa y bajo su presidencia, constituían el comité financiero también SÁNCHEZ BARCOJ (que era el vicepresidente del comité), y los vocales AMAT ROCA, PÉREZ CLAVER, ALCUBILLA POVEDANO Y SOBRINI BRUTO. Estos dos últimos no formaban parte del denominado "club de las tarjetas black". También actuaba como secretario de actas en algunas de las sesiones de este comité, el que fuera durante mucho tiempo vicepresidente de Caja Madrid y militante de Izquierda Unida, MORAL SANTÍN.

Como es sabido, PESF SL se encuentra en liquidación tras entrar en concurso de acreedores en junio de 2012. Recientemente el Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid que sigue el procedimiento concursal, autorizó precisamente la venta de los activos de dicha sociedad por 27,5 millones de euros a la sociedad PACÍFICA CAPITAL GESTIÓN SL, quien representa a su vez a un fondo buitre. Y ello con el acuerdo de la propia entidad financiera BANKIA sucesora de Caja Madrid. Las pérdidas pues a causa de esta operación para dicha entidad al margen de los intereses y demás gastos, pueden cifrarse en nada menos que 27 millones de euros. Sin embargo y extrañamente, esta operación no aparece en el listado de 350 operaciones irregulares ofrecido por los peritos judiciales del Banco de España en una de las causas judiciales abiertas en la Audiencia Nacional. Asimismo, hay dudas de que se hubiera suministrado al mismo Banco de España a través del CIRBE, la verdadera situación de mora de estos préstamos hipotecarios, existiendo por lo tanto sospechas de que en realidad este fallido no fue provisionado por BANKIA sino hasta varios ejercicios después, y de que, al igual que sucedió con otros casos, en realidad los administradores de BANKIA no declararon cuando debieron hacerlo, la verdadera situación de estos préstamos que, como se dice, al día de hoy representan nada menos que una pérdida para dicha entidad de 27 millones de euros solo de principal que no podrá ser recuperado.

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ENLACE RECOMENDADO: LOS CORREOS DE BLESA

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CARTA ABIERTA A UN AFECTADO (ANÓNIMO) Y II

INFORME SUSCRITO POR EL ARQUITECTO MUNICIPAL EN 2014 CON OBJETO DE CUANTIFICAR LAS APORTACIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DE PESF SL. COMO PUEDE APRECIARSE, EL TÉCNICO MUNICIPAL CONCLUYE SU INFORME AFIRMANDO QUE EL RETORNO DE LOS INMUEBLES PACTADO CON LOS AFECTADOS REPRESENTABA EL 82,74 % Y NO EL 51 %. EL AYUNTAMIENTO SOLO SE QUEDABA CON EL 17,26 % DEL APROVECHAMIENTO PARA FINANCIAR TODA LA OBRA. ES DECIR, ERA ABRUMADORAMENTE DESEQUILIBRADO Y POR ELLO INVIABLE ECONÓMICAMENTE.

INCOMPETENCIA Y POLÍTICA

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En reciente comparecencia como testigos en la causa que se sigue en el Juzgado 1 de Coslada, por parte de la defensa de Julio SETIÉN se insistía en obtener el testimonio de que el nombramiento de WOODMAN SL para gerenciar la sociedad mixta que finalmente él mismo presidió, fue adoptada por la presión empecinada de los afectados. En el colmo del despiste llegó a justificar la contratación de dicha empresa en el antecedente exitoso de dicha promotora en la promoción de la UE-3. Lo cual como se dice es grotesco.

WOODMAN SL es la única de las promotoras inmobiliarias en San Fernando con promociones en marcha en plena burbuja inmobiliaria - unas cinco entre 2005 y 2007 -, que no consiguió vender completamente su promoción. Es decir, la única que a estas alturas incluso y aun teniendo en cuenta que la promoción de la UE-3 (conocida como el barrio José  Alix) terminó en 2006, mantiene sin vender más de 40 viviendas de una promoción de 160, y más de 80 plazas de garaje. Y la razón de que sea la única que ya en aquel año no había conseguido vender sus inmuebles frente a las demás promotoras es bien patente: porque eran mucho más caros que los de las demás promotoras, a causa precisamente de los acuerdos ofrecidos a los propietarios de la viejas casas de regiones devastadas levantadas en la posguerra y en pleno franquismo.

Así pues, el interés de WOODMAN SL por "entrar" en la operación de la UE- 1 de una forma u otra, obedecía para sus administradores (inicialmente eran tres), a la necesidad de intentar colocarle a PESF SL el mayor número posible de sus inmuebles que, además, arrastraban una carga hipotecaria con Caja Madrid pavorosa de nada menos que cerca de 17 millones de euros entonces. ¡Esta es pues la verdadera razón por la que aparece WOODMAN SL en este asunto! Y desde luego en esto sí que hay que reconocerle éxito, pues no solo consiguió que el Ayuntamiento, representado por SETIÉN en una reunión de una denominada Mesa de Trabajo, plantara su firma aceptando la implicación plena de WOODMAN SL, sino que luego el propio pleno municipal lo sancionó en sus acuerdos de mayo de 2008. 

Y además, mediante esta operación consiguió también que le pagaran una pasta de nada menos que 4,2 millones limpios, sino que llegó incluso a tener vendidas a PESF SL las 40 viviendas que tenía sin vender mediante una rocambolesca operación de ampliación capital al final de la escapada (junio de 2012) con 14 millones de cargas hipotecarias. Incluso llegó a tener firmado un contrato de compraventa con el Ayuntamiento de 80 de sus plazas de garaje que tenía sin vender en la propia unidad UE-3 por importe de 1,3 millones de euros.

Pero es que, además, WOODMAN SL carecía de personal alguno para gerenciar la sociedad, lo que la obligaba lógicamente a subcontratar los servicios a prestar a PESF SL y por los que se le pagaron más de cuatro millones limpios. Y es que, ciertamente, también carecía de personal experto en materia de gestión urbanística. Pero consiguió arrancar del Ayuntamiento los compromisos necesarios para que la sociedad a constituir, PESF SL, se obligara pues a formalizar su contratación y a partir de ahí, a cobrar todo un pastizal que al parecer y por las manifestaciones realizadas en los juzgados y en las diferentes causas abiertas, ahora resulta que casi nadie del consejo de administración conocía.

Y obtenido pues el objetivo principal por parte de WOODMAN SL de meter la cabeza en la gerencia de PESF SL, solo quedaba nombrar un consejo de administración copado por los políticos, cosa que finalmente hicieron nombrando pues un consejo con siete miembros, de los cuales cinco eran electos de la corporación municipal. Algo que, además, la propia ley prohíbe por cuanto que, tratándose de una sociedad mercantil mixta privada, la regulación de quiénes pueden formar parte y quiénes no de sus órganos de administración, lo resuelve el viejo Reglamento de servicios de las corporaciones locales, que en su artículo 108 deja claro que ha de estar compuesto en al menos el 50 % de sus miembros, por técnicos. 

Y sin embargo ninguno de ellos lo era; es decir, que el consejo de administración de PESF SL incumplía palmariamente la ley. Al igual que lo incumplía nombrar al alcalde presidente y al concejal de urbanismo consejero delegado, pues el entonces en vigor artículo 58 de la ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada prohíbe precisamente también que formen parte de los órganos de administración funcionarios (incluidos los electos) que tengan funciones idénticas al objeto social de las mercantiles. ¿Qué hace pues nada menos que como consejero delegado el que era concejal de urbanismo, si todo el objeto social de PESF SL guardaba relación precisamente con sus funciones como concejal de la cosa?

Desconocemos quién ha sido pues la persona que ha diseñado todo este disparate, pero desde luego todo parece indicar que apunta a que los miembros de la corporación, los políticos electos, se plegaron sin pensarlo mucho (y sin pedir asesoramiento independiente) a las exigencias de los propietarios afectados que habrían conseguido así dos objetivos primordiales para ellos: que la gestión efectiva de PESF SL la llevara WOODMAN SL y sus administradores que representaba sus intereses, y, además, conseguir que una actuación encomendada por el Ayuntamiento a una empresa privada, estuviera literalmente plagada de cargos públicos y por lo tanto comprometido el propio Ayuntamiento con su alcalde a la cabeza, su concejal de urbanismo como consejero delegado, y el resto de cargos públicos electos municipales (que no eran técnicos precisamente como exige el Reglamento de servicios), copando todo el consejo de administración.

Esta es pues la realidad tal y como ha sucedido, y no como quieren interesadamente muchos (empezando por los afectados) hacernos creer. Se juntaron pues en este asunto dos premisas diabólicas: la incompetencia de los administradores de WOODMAN SL para gestionar adecuadamente la actuación urbanística, y la política, que incumplió la ley y usurpó en el consejo de administración puestos y cargos que solo podían legalmente ocupar personas con preparación técnica adecuada porque así lo establece la propia ley. Y esa combinación fue letal para el devenir de la empresa. De forma tal que bien puede decirse pues que aquellos polvos han traído estos lodos convertidos ya en un cenagal insoportable. 

LAS CUENTAS DE LA LECHERA

Recibimos a lo largo de todo este tiempo no pocos correos internos por parte de empecinados propietarios afectados, quienes nos reprochaban no solo nuestra línea crítica con la actuación tal y como estaba diseñada, sino descalificando también los datos y cálculos que ofrecíamos respecto de la situación real de la sociedad PESF SL, a la luz de la poca información que los administradores de la misma dejaban consultar (que era casi ninguna) a los propios afectados. Pero por más interés que pusimos en sacarlos de sus errores nada fue posible, sin duda influidos por los administradores y grupos municipales, y también por el optimismo del voluntarismo que les impulsaba a contestar en las redes sociales con proclamas y descalificaciones, tan gratuitas como miopes.

Y en todo este lamentable asunto hay una misma línea de actuación por parte de muchos de los propietarios que se sustenta en la idea de que, finalmente, tratándose de activos inmobiliarios que al fin y al cabo están ahí levantados, conseguirán hacer valer sus derechos sobre los mismos, y que, esos derechos, se los están reconociendo los juzgados de lo contencioso en sus diferentes y sucesivas resoluciones. Sin embargo no es así en absoluto y muchos de ellos incurren en notorios errores de los que solo se les sacará cuando vayan a ejecutar esas sentencias.

CARTA ABIERTA A UN AFECTADO DEL CASO PLAZA DE ESPAÑA (ANÓNIMO) I

AVISO A NAVEGANTES

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Un comunicante anónimo que dice ser afectado (y perjudicado) por la actuación de la plaza de España, nos remite el correo que reproducimos más abajo. No nos cabe duda de que, aunque anónimo, pueda ser uno de los afectados y además perjudicado. Pero dado que no conocemos con precisión su caso, no es posible determinar pues con exactitud y seguridad a cuánto asciende el monto de ese supuesto perjuicio. Aun concediéndole al comunicante el beneficio de su buena fe, incurre en su relato en toda una casuística llena de lugares comunes que manejan casi todos los afectados por el caso, consistente en la idea de que fueron manipulados y engañados por un conjunto de desaprensivos políticos y que, víctimas propiciatorias, se dejaron engañar por la creencia de que, al estar detrás el Ayuntamiento, nada les iba a ocurrir. Es, desde luego, una forma de verlo, pero no la única ni desde luego la nuestra ni en nuestra opinión la más acertada. El asunto tiene pues otras vertientes y otras premisas. Por eso, aprovechando este anónimo, nos vemos en la necesidad de hacerle un buen número de precisiones para que nuestros seguidores puedan entender qué ha pasado y el porqué de este desastre que inevitablemente acabará haciendo estragos en las cuentas municipales, y de paso en el bolsillo de todos los contribuyentes. Esto que describimos a continuación ha sido, según nuestra visión, lo que ha pasado con este lamentable y desastroso caso. 

CORREO ANÓNIMO DE UN SUPUESTO AFECTADO POR EL CASO PLAZA DE ESPAÑA

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(SE HA RESPETADO ÍNTEGRAMENTE LA SINTAXIS DEL COMUNICANTE)

[ EL MOLINO DE SAN FERNANDO] Nuevo comentario en el blog ÚLTIMA HORA: EL JUEZ DE LO MERCANTIL AUTORIZA LA V...

Anónimo

 

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vie 18:25

Usted

Buenas tardes , soy un afectado ,propietario de una casa en la Plaza de España, Un mal día a la alcaldesa de infausta memoria se le ocurrió la idea de expropiarnos nuestras casas para según ella rehabilitar el conjunto de la Plaza de España , al encontrar nuestra oposición , dado la irrisoria cantidad que nos ofrecía , pensaron ,asesorados por los Sres. Victoriano Cuesta y demás socios , la creación de la sociedad mixta Plaza de España San Fernando s.l., nos convirtieron en socios o accionista de la misma como única salida , el Ayuntamiento se quedaba con un 49 % de la misma y los propietarios el 51% se nos dijo que rehabilitarían las casas y nos las devolverían nuevas y habitables libres de cargas ectra. Para lo cual nos hicieron firmar un convenio .Al parecer todo muy legal , como eran el Ayuntamiento todos pensamos que no habría problemas en su realización ,pues no éramos gente de leyes ni banqueros y mucho menos constructores . Llego el día a primeros de 2009 y entregamos las casa , a cambio de unas obligaciones de la sociedad mixta que se reverterían cuando nos dieran nuestras casas eso si cediendo metros pues nunca nos darían la totalidad de metros , a cambio de el coste de la obra y demás . Muchos propietarios eran mayores y no disponían de dineros para rehabilitar sus casas por eso la mayoría estaban mal conservadas y alguna amenazando ruina ,¿ a quien se le ofrece rehabilitar su casa y devolverla sin coste , solo de los metros pertinentes ?, pues con la garantía del Ayuntamiento firma sin mas .

El presidente de la sociedad se AUTONOMBRA el alcalde y el consejero delegado el concejal de Urbanismo así como la secretaria Sra., CRIADO .

EN LAS POCAS JUNTAS ANUALES a las que se nos convoca no podemos preguntar ni se nos dan cuentas de nada , ah se nombra un representante de los propietarios en el consejo el SR. MURCIA, pero ellos tienen todos los votos menos uno , así que ya me dirán con un solo voto a donde vamos a ir en las juntas. A la mayoría nos dieron un aval según los metros aportados , hecho por Bankia , que se cobro a su vencimiento por no haber entregado las casas , mientras la sociedad nos dejo de pagar el realojo mensual para alquilar una vivienda hasta la entrega de las casas esto ocurrió en marzo de 2012. La sociedad entro en concurso en junio de 2012.

A partir de esa fecha hemos estado pasando por el calvario de no saber que va a pasar y por la sarta de mentiras de unos y otros.

Ah el aval tendremos que devolverlo cuando por una vía u otra nos den las casas tanto si accedemos a comprarlas al fondo buitre como si el Ayuntamiento nos las diera con su autoridad ,cosa muy improbable dada su incompetencia, 

Dicho esto no creo que nos hayamos enriquecido ninguno como se dice en este sitio , simplemente nos han quitado ,estafado, robado, casa, pisos locales y negocios por la ,mala gestión de los alcaldes y demás gentes de I.U. y si hubiera justicia lo tendrían que pagar con sus haberes o cárcel , y el Ayuntamiento como agente subsidiario. y de rebote tocara a todos los habitantes de San Fernando vía impuestos pues estos politicastros nunca se hacen responsables de nada.

Creo he aclarado un poco lo ocurrido y recomiendo a aquellos a los que vayan a expropiar algo , consulten con expertos abogados antes de firmar nada.

saludos y muchas gracias. "

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CARTA ABIERTA A UN AFECTADO

(CODICIA, INCOMPETENCIA Y POLÍTICA)

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Estimado afectado de PESF SL anónimo:

Tiene usted todo el derecho del mundo a estar indignado, pero abunda en la idea muy extendida entre todos los afectados, de que el Ayuntamiento les llevó por la fuerza a ustedes a una especie de inmolación colectiva bajo la amenaza de expropiación de sus casas, y que el acuerdo parasocial finalmente alcanzado (con la interesada cooperación de WOODMAN SL de la que hablaremos más adelante), fue contrario a sus intereses y por lo tanto han sido víctimas de la compulsiva perversión de unos políticos que les impusieron unas condiciones que luego no cumplieron, y como consecuencia de todo ello ha acabado la cosa como ha acabado. 

Esta visión un tanto ingenua y desde luego muy alejada de la realidad, se escucha de boca de casi todos los afectados como si de una consigna exculpatoria se tratara. No negamos desde luego la responsabilidad de los gestores de PESF SL y de los grupos municipales que formaban la Corporación en el momento de adoptar los acuerdos del 28 de mayo de 2008. ¡Fuimos los primeros en denunciarlo incluso en los juzgados! Pero lo que no es de recibo tampoco es que todos los demás; los que no formábamos parte de dicho pleno municipal en el que se acordó lo que se acordó, ni tampoco del grupo de afectados, tengamos algo que ver en el desastre y por ende estemos resignadamente abocados a pagar las consecuencias de esta calamidad que ha sido en todo caso la resultante de una tormenta perfecta protagonizada por ustedes, WOODMAN, y los responsables municipales exclusivamente. Es decir, la unión letal de la codicia de unos pocos, la incompetencia de los actores y agentes incorporados a la nefasta gestión de la actuación, y desde luego la mezcla de lo anterior con la política partidista que se arrastra incluso también en estos momentos. Lo cual lleva a la imposibilidad de gestionar adecuadamente los intereses generales y a conciliarlos con los particulares de ustedes. 

Y es que como la política (y sus soflamas) lo aguantan todo, es desolador comprobar como los mismos grupos políticos que han propagado este pavoroso fuego cuyo coste final aún no se sabe (solo se conoce quién habrá de pagarlo), son también los bomberos que ahora se rasgan las vestiduras ajenas y se ofrecen para sofocar las llamaradas. El escarnio deriva pues en esperpento. Es decir, se ofrecen a brindar soluciones mágicas en forma de un arreglo del estropicio que ellos mismos ayudaron a crear. Ignorando en todo caso que las posibles confusas soluciones que son capaces de articular solo con leves balbuceos, no es otra cosa que hacer lo que la vieja política del régimen franquista hizo tras la burbuja del desarrollismo con las empresas semipúblicas que habían resultado previamente esquilmadas: socializar las pérdidas. Es decir y por aplicarlo al caso, endosarle los enormes costes económicos de este espeluznante caso de incompetencia propia, al Ayuntamiento y por extensión a todos los contribuyentes.

LA CODICIA

La decisión de expropiar sus viviendas en la UE-1 no procede como usted erróneamente dice de la sola voluntad de la alcaldesa MUÑOZ en el año 2006, sino en todo caso del PGOU de 2002 aprobado provisionalmente, eso es cierto, en plenas vacaciones a finales de agosto del año 2001 con el solo objetivo de evitar que la nueva ley de suelo (que entraba en vigor en septiembre del mismo año), obligara a revisar de nuevo toda la documentación del PGOU. 

Pero en el PLAN GENERAL, estimado comunicante anónimo, se brindaba la oportunidad de que la actuación fuera acometida por ustedes por el sistema de compensación, cosa que finalmente no hicieron. Y aunque el mismo PGOU otorgaba un plazo de seis meses para que los afectados ejercieran ese derecho a ejecutar la actuación por su cuenta, ha de saber usted que la ley de suelo siempre permite a los afectados por una actuación urbanística por expropiación, liberar la misma de ese sistema en cualquier momento y proponer al Ayuntamiento sustituirlo por otro. Así pues y contra lo que usted afirma, no es cierto en absoluto que el sistema de expropiación fuera impuesto por nadie para esta Unidad de ejecución, sino que era el sistema que sustituiría la falta de actividad por parte de los afectados como por otra parte sucede en muchos casos.

El problema surgió pues luego, cuando pactaron ustedes y el Ayuntamiento el acuerdo final asesorados al parecer por los administradores de WOODMAN, y con la bendición también del resto de los grupos municipales. Acuerdo que finalmente se adoptó apenas seis meses antes de las elecciones de 2007. Y es que, entre otras cosas, ese acuerdo final no puede considerarse en absoluto que fuera para ejecutar la actuación por el sistema de expropiación propiamente dicho, sino más bien lo que acordaron fue hacerlo mediante un sistema de cooperación al revés. 

Es decir, que ustedes consiguieron algo insólito: que el Ayuntamiento se hiciera cargo en realidad de la gestión (que luego delegó en WOODMAN) y que, además, aportara bienes y derechos (unidades de aprovechamiento) que eran de todos los vecinos (el subsuelo de la plaza de España). Y ello con la sola finalidad de permitir la apropiación por parte de la sociedad de ese aparcamiento subterráneo de 604 plazas. Aparcamiento que el proyecto y el estudio de viabilidad preveían construir bajo la plaza de España y que el PGOU prohibía sin embargo. Y para que acabara pues siendo finalmente propiedad de la mercantil mixta, rindiendo unas plusvalías millonarias que en lugar de revertir en las arcas municipales y por lo tanto de todos, sirvieran para financiar (casi 20 millones de euros) el coste de los inmuebles que había que retornarles a ustedes sin que por lo demás ese coste se les repercutiera a ustedes ni un solo euro.

Esta actuación señor anónimo, se ha ejecutado sin embargo inspirada en el principio de la multiplicación de los panes y los peces, puesto que nadie, absolutamente nadie excepto Caja Madrid, ha puesto un euro físico para acometer la actuación. Es el sueño de todo promotor especulador puro en plena burbuja: promover una actuación inmobiliaria de esta envergadura pero sin poner un solo euro, y acudiendo al más brutal y exclusivo apalancamiento. Y acumulando, además, una gigantesca deuda (94 millones de euros de pasivo según el concurso de acreedores) que estaba prevista pagaran, cómo no, los consumidores finalistas. Es decir, los compradores últimos de las viviendas y locales, en esa ya clásica opaca transferencia de costes invisibles repercutidos al comprador final que obviamente no puede detectar . Pero eso sí, sufragada exclusivamente con la parte que le quedaba al Ayuntamiento, y que era la que realmente servía para financiar toda la actuación y a cuyo cargo iba también el coste total correspondiente a los inmuebles a retornar a los propietarios. 

Ahora bien, ¿cuál era la participación real de los propietarios en las plusvalías finales (unidades de aprovechamiento ya ejecutadas) en esta actuación? ¿era del 51 % como se afirma en el pacto parasocial? Pues no , rotundamente no. Un informe (¡por fin un informe oficial del Ayuntamiento!) firmado por el arquitecto municipal en el año 2014 a petición de la señora Interventora, pone finalmente negro sobre blanco: el Ayuntamiento en realidad solo recibía para la financiación de la actuación el 17,8 % de las unidades de aprovechamiento, y no el 49 % o el resto tras el retorno de 10.000 m2 como falsamente se dice en algunos de los documentos aprobados. Así pues, los propietarios, señor anónimo comunicante, recibían nada menos que el 82,2 % restante de las unidades de aprovechamiento en forma de inmuebles totalmente terminados y sin coste alguno para ellos, pero financiadas solo con el 17,2 % del aprovechamiento real adjudicado al Ayuntamiento. En esas condiciones, señor afectado, afirma el arquitecto municipal con rotundidad y firmeza, que era imposible ejecutar la actuación sin la quiebra de la sociedad constituida, por cuanto que todo fue un perfecto autoengaño desequilibrado abrumadoramente en favor de los propietarios que se quedaban nada menos que con el 82 % de las plusvalías de la actuación sin coste alguno para ellos. Y además dice también el arquitecto municipal, que en esas condiciones no era posible equilibrar las cuentas de la actuación y por lo tanto era inviable en San Fernando y en cualquier parte del mundo. Así lo afirma con total rotundidad. 

Por si fuera poco, a lo largo de toda la actuación, PESF SL ha sido objeto de un verdadero saqueo que la ha dejado sin liquidez cuando se acabaron las disposiciones de los préstamos hipotecarios, toda vez que fueron desviados grandes importes destinados al pago de las obras, hacia operaciones que en absoluto estaban previstas ni desde luego guardaban relación alguna con la ejecución de las construcciones propiamente dicha. 

Uno de esos escandalosos desvíos amigo propietario, lo constituye la partida de pagos por realojos y alquileres precisamente a los propietarios, cuyo importe gastado finalmente asciende según el cálculo de los propios asesores municipales nombrados por el alcalde MORENO en su día, a algo más de 6 millones de euros. Una buena parte de esos 6 millones gastados en realojos, lo han sido para crear un singular y escandaloso fondo de reptiles mediante el cual se le han pagado a no pocos afectados (desconocemos el número exacto) alquileres que no les correspondían según la ley de suelo o de expropiación forzosa, realojos exorbitantes, unas compensaciones e indemnizaciones millonarias, o unos lucros cesantes absolutamente fuera de lugar. Y esto último, eso sí es cierto, solo le ha tocado a unos cuantos; generalmente los que más protestaban o se quejaban. Con lo cual, ese fondo de reptiles nutrido con el dinero procedente de los préstamos y el generoso descontrol de Caja Madrid, ha servido pues para mantener la boca cerrada a mucha gente. Así han sucedido pues las cosas, señor comunicante. O cuando menos, esta es nuestra visión de la misma que, como puede ver, no coincide con la suya.

Al principio de la actuación nuestra asociación contactó con algunos de los afectados, tratando de advertirles y poner en su conocimiento algunos de los riesgos que nosotros veíamos con meridiana claridad en el devenir de la sociedad mercantil constituida. Y singularmente por la inexplicable sucesión de nombramientos y designaciones realizadas entre los gestores y gerentes. Pero nadie quiso escuchar desdeñando con un implacable comentario a nuestras advertencias: ¡a mí me da igual lo que hagan, mientra me paguen! Pues esto es lo que ha ocurrido señor anónimo afectado, que ustedes solo han comenzado a protestar y a pedir explicaciones cuando ha ocurrido eso; cuando han dejado de pagarles. O sea, cuando ya no había remedio.

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(PRÓXIMA ENTREGA: CARTA ABIERTA A UN AFECTADO DEL CASO PLAZA DE ESPAÑA II)

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LA INCOMPETENCIA Y LA POLÍTICA

RECUPERANDO LA PLAZA DE ESPAÑA - LOS DOCUMENTOS (I)

FOTOGRAFÍA INÉDITA PROCEDENTE DEL ARCHIVO REGIONAL HISTÓRICO DE MADRID, QUE MUESTRA SU ASPECTO TRAS UNAS OBRAS REALIZADAS EN LA PLAZA DE ESPAÑA EN LOS AÑOS SETENTA - ESTA FOTO TIENE UNA HISTORIA DETRÁS BASTANTE CURIOSA QUE CONTAREMOS EN OTRA OCASIÓN

EDICIÓN DEL INVENTARIO DEL DESLINDE Y AMOJONAMIENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN 1848, Y QUE PRUEBA LA EXISTENCIA Y TITULAR ENTONCES DE LAS PLAZAS Y PASEOS DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO

ORIGINAL DE LA ESCRITURA OTORGADA ANTE EL SEÑOR NOTARIO DE ALCALÁ DE HENARES EN 1888 D. GREGORIO AZAÑA (PADRE DEL QUE LUEGO SERÍA PRESIDENTE DE LA 2ª REPÚBLICA), DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS, POR LA QUE SE CEDÍAN POR EL ESTADO AL MUNICIPIO LOS PASEOS, CAMINOS Y ÁRBOLES

COPIA DEL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL ENTONCES SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE UN PLENO DE OCTUBRE DE 1888, QUE ACREDITA QUE HUBO UN ACUERDO MUNICIPAL PARA LA CESIÓN DE LA PLAZA DE ESPAÑA AL MUNICIPIO POR EL ESTADO

SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868 - 1874)

TRAS LA REVOLUCIÓN DE 1868 TAMBIÉN CONOCIDA COMO "LA GLORIOSA", FUERON DICTADAS LEYES EN VIRTUD DE LAS CUALES Y CON LA REINA EXILIADA YA, EL CONSEJO DE LA REGENCIA PRESIDIDO POR EL GENERAL SERRANO ORDENABA PUBLICAR LA LEY DE 1869 POR LA CUAL LOS BIENES DE LA CORONA PASABAN AL ESTADO PARA SU VENTA Y APLICACIÓN.

DECRETO DE LA REGENCIA DE 1869 POR EL CUAL SE ESTABLECÍA Y ACORDABA QUE LAS CORPORACIONES LOCALES PODÍAN PROCEDER A SOLICITAR LOS BIENES DE LA CORONA AHORA DEL ESTADO, QUE NECESITARAN PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS. ENTRE ELLOS, LAS CALLES Y TERRENOS NECESARIOS PARA SUS PLANES DE ENSANCHE. EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO REALIZÓ VARIAS PETICIONES; TAMBIÉN PARA QUE LE FUERAN CEDIDAS LAS CALLES, PLAZAS Y PASEOS

1903 - EL AYUNTAMIENTO DEL ENTONCES SAN FERNANDO DE JARAMA, ACUERDA QUE TENDRÁ DOS DISTRITOS: EL DEL AYUNTAMIENTO Y EL DE LA ESCUELA. TODA UNA CURIOSA NOVEDAD.

MUY IMPORTANTE LEY DE 1933 DE LA REPÚBLICA, EN VIRTUD DE LA CUAL SE CEDÍAN EN PROPIEDAD A LOS AYUNTAMIENTOS LAS CALLES, PLAZAS Y DEMÁS VÍAS. ESTO ACREDITARÍA QUE LAS PLAZAS Y CALLES DE SAN FERNANDO FUERON CEDIDAS POR MINISTERIO DE LA LEY, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR UN ACTO EXPRESO DE CESIÓN DEL ESTADO.

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AVISO A NAVEGANTES
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En el ejercicio de la ACCIÓN VECINAL SUSTITUTORIA del Ayuntamiento que detenta ya nuestra Asociación, hemos conseguido recopilar de los diferentes archivos existentes, documentación que acredita que la plaza de España no solo perteneció al municipio desde 1888, sino que necesariamente debió ser objeto de la correspondiente inscripción registral. Lo cual entrañaría que la plaza estaría doblemente inmatriculada en el Registro de la Popiedad. En los próximos días finalizaremos nuestra búsqueda, que culminará con la puesta de la misma a disposición de la Fiscalía con objeto de evitar que el Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid, consuma y perpetre el injusto despojo de un elemento no solo declarado BIC, sino central de nuestro municipio y propiedad de todos. Estamos trabajando pues contrareloj para aportar el mayor número posible de documentos a la Ficalía, y evitar con ello que sea entregada al fondo buitre. Seguiremos informando.

PREDICAR, DAR TRIGO Y TOMAR EL PELO AL PERSONAL

Está a punto de cumplirse el primer año en el poder de SAN FERNANDO DE HENARES SÍ PUEDE como responsable del nuevo gobierno municipal y, al menos nosotros, ya tenemos contundentes razones para decir que desgraciadamente nada ha cambiado mucho para el sufrido ciudadano que quiera ejercer sus más elementales derechos de acceso e información, sobre las cuestiones públicas en nuestro Ayuntamiento. 

SFHSP tiene varias páginas y cuentas en las redes sociales, donde nos ha venido dando cuenta desde su constitución de qué fines perseguían como grupo político, y al mismo tiempo cuáles eran sus prioridades. Muchas de sus proclamas que hoy, un año y varios meses después, andan colgadas por Internet, ya se nos antojaban entonces como música celestial cargada del mayor voluntarismo ingenuo que nadie viera nunca. 

Una de esas páginas es un blog en el que nos dicen quiénes son y, entre otras cuestiones, qué proponían al ciudadano acerca de cuestiones, por ejemplo, relacionadas con el acceso a la información y documentación municipal. Concretamente decían que su acción de gobierno sería el de una Democracia Directa y de Transparencia. Y para que no tuviéramos duda alguna respecto de qué querían decir nos lo aclaraban: "...que la gente tenga acceso a toda la información que le afecte para que pueda participar en la gestión de su municipio". 

Lo dicho, música celestial. Vamos pues a ver un pequeño test del grado de democracia y de transparencia que practican estos señores que, solo hay que escucharlos, están en la arrogante creencia de que esas cuestiones solo nos han sido dadas cuando han llegado ellos. Cuando, además de estar recogidos como un derecho ciudadano en numerosas normas de ámbito local, también lo están desde hace mucho tanto en nuestra Constitución como en nuestro derecho administrativo más viejo. No tienen ellos pues que concedernos nada graciosamente, es un derecho nuestro; de los ciudadanos. El suyo es solo un deber, el de facilitarnos dicha información. Veamos pues cómo cumplen ese deber nuestros intrépidos gobernantes de hoy.

Sin ir más lejos incluso en la muy reciente Ley de Transparencia de 2013, (sí, la del PP). Que en su artículo 12 regula el derecho de todos los ciudadanos al acceso a la información pública, y que la Ley 30/1992 (sí, la del PSOE) reconocía ya como el derecho de todo ciudadano a la obtención de copias y certificados. Y que ésta nueva ya recoge incluso el derecho a la obtención de copias de documentos cualquiera que sea su soporte. Y, además, regula también el plazo que tienen nuestras autoridades y dependencias administrativas para resolver las peticiones ciudadanas que generalmente es de un mes. Pudiendo no obstante en casos más complejos ser prorrogado por otro mes más. También señala esta ley que el incumplimiento reiterado de estas obligaciones por parte de las administraciones, también la local, entraña una infracción grave. 

Veamos pues cuántas infracciones graves han podido cometer estos nuevos gobernantes nuestros al menos con nosotros, en cuestiones muy sencillas y que además tienen por finalidad que puedan ser aportados esos documentos a otros organismos, los Tribunales de justicia o la Fiscalía.

El día 31 de julio del año pasado 2015 y con el número de Registro 8.993, se le pedía a la señora alcaldesa que en relación con el caso Plaza de España exigiera al Administrador concursal de la sociedad mixta, que procediera de inmediato a reintegrar al pueblo de San Fernando, su legítimo dueño, tanto la plaza de España como su subsuelo. Hasta el día de la fecha no se ha dignado contestar siquiera. Y es evidente que han transcurrido mucho más de los dos meses que otorga la ley.

En los otros dos escritos presentados el día 3 de marzo de este año 2016, se le pedía ya ejerciendo la ACCIÓN VECINAL SUSTITUTORIA, entre otras cuestiones varios certificados a la señora secretaria general municipal. Todos ellos relacionados también con el caso plaza de España. Es obvio también que han transcurrido ya más del plazo máximo de dos meses que otorga la ley.

Relacionados también con el caso plaza de España y con objeto de presentar diferentes documentos en los Tribunales de justicia y en la Fiscalía, le pedíamos también el día 3 de marzo de 2016 en otros tres escritos y entre otras cosas, que la señora Interventora municipal expidiera varios certificados, y que asimismo nos fuera puesto de manifiesto el expediente incoado a resultas del escrito primero de julio de 2015. Algo tan sencillo y fácil como te pongan de manifiesto el expediente con objeto, obviamente, de comprobar que no han hecho absolutamente nada. Este es el panorama pues tras más de dos meses transcurridos: ni se inmutan ni contestan.

Estos señores durante su campaña electoral, nos bombardearon con una orgiástica crítica contra los de la "casta" por su oscurantismo, su patrimonialización de la cosa pública incluidos los documentos públicos, y su círculo cerrado de administradores que más que estar al servicio de los ciudadanos, habían encontrado la fórmula detestable de acabar ocupando sus cargos como si tuvieran algún derecho de usufructo patrimonial sobre los mismos. Bueno pues visto lo visto y transcurrido ya casi un año, entre los anteriores y estos no hay en absoluto ninguna diferencia. Juzguen ustedes. 

Y lamentablemente una vez más se cumple el viejo dicho de que una cosa es predicar y otra dar trigo. Solo que en este caso, además, se ha tomado el pelo electoral al personal: todo sigue igual; todo es una despreciable indolencia por la que nadie responde. Y lo dicho, estos tíos creen que todo empezó a funcionar cuando llegaron ellos.

Y otra cosa, pierdan toda esperanza de que algo definitivamente cambie. No nos queda más remedio que acudir a los tribunales para conseguir que estos señores, que prometían hacer de los administrados el centro de su gestión, cumplan algo tan elemental y sencillo como poner de manifiesto un expediente. Simplemente bochornoso y decepcionante. 

CASO TRADISA: CERRANDO EL CÍRCULO DE LA IMPUNIDAD

EL PRÓXIMO VIERNES PONEMOS EN CIRCULACIÓN EL NÚMERO EXTRA DE MAYO DE NUESTRO BOLETÍN EL MOLINO DE PAPEL DEDICADO EN ESTA OCASIÓN AL CASO TRADISA. CONOCE TODOS LOS PORMENORES DE ESTE ASAMOBROSO CASO EN EL QUE NO HAN FALTADO PRESUNTOS SOBORNOS, GRAVÍSIMAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS SOBRE SUELO NO URBANIZABLE PERPETRADAS CON LICENCIAS MUNICIPALES, Y HASTA LA POSIBLE APROPIACIÓN DE MILES DE METROS CUADRADOS PERTENECIENTES AL ESTADO. PIDE Y RESERVA YA TU EJEMPLAR QUE TE REMITIREMOS A TU CORREO DESDE EL VIERNES EN EL NUESTRO:

elmolinodesanfernando@hotmail.es

AVISO A NAVEGANTES

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El nuevo y flamante equipo de gobierno de SAN FERNANDO DE HENARES SÍ PUEDE, ha desarrollado una febril actividad desde que tomó posesión respecto de este sector promovido inicialmente por la empresa de distribución catalana TRADISA (y que hoy tiene transferida a una de sus muchas filiales), implantada desde 1988 en nuestro municipio mediante una gigantesca e ilegal campa de vehículos en el paraje conocido como Vacíabotas, que hoy queda engullido por los nuevos desarrollos implantados al sur del viejo polígono Las Fronteras.

Primero publicando mediante edicto del concejal de urbanismo (en realidad se hace llamar de Desarrollo sin que se entienda el porqué) el propio Plan Parcial de SUP I 2 aprobado ya por los anteriores en el año 2013, para luego llevar a la Junta de Gobierno Local una modificación del Proyecto de Reparcelación cuya aprobación definitiva no parece haberse producido, y ahora, el pasado día 22 de marzo en una sesión urgente y extraordinaria también de la Junta de Gobierno, aprobar inicialmente una modificación puntual del propio Plan Parcial. 

Hemos presentado alegaciones a este acuerdo de la Junta de Gobierno, y previamente y ya en el lejano mes de marzo, le habíamos pedido a la propia Junta y a la alcaldesa copia de varios de los informes emitidos en alguno de estos expedientes. Pero siguiendo la pésima costumbre de los anteriores, llevamos ya casi dos meses esperando que nos remitan copia de esos informes que queremos aportar a la Fiscalía. Pero no nos los facilitan. Cometería el equipo de gobierno un gran error si finalmente se confirmara que en materia de transparencia y de respeto a los derechos ciudadanos de acceso a los archivos y documentos, son igual o incluso más oscuros que los anteriores. Porque si con este que nosotros denominamos "caso TRADISA", el nuevo equipo de gobierno mira para otro lado, ignora nuestras alegaciones, y sigue adelante con la modificación del Plan Parcial,  no solo cometerían un gravísimo error que combatiremos con todos nuestros medios, sino que estarían cerrando un círculo maldito de impunidad sobre este caso que durante muchos años han procurado mantener oculto los anteriores. 

Veremos pues si finalmente el equipo de gobierno tiene criterio propio y más luces que los anteriores, o simplemente se deja llevar por la inercia cómplice de quienes conociendo bien el caso, buscan por todos los medios echar toneladas de tierra sobre un asunto escandaloso que todo el mundo debería conocer. Esperemos pues que sean sensatos e inicien otro rumbo sobre este asunto porque, de otra forma, se precipitarán por los mismos siniestros abismos que los anteriores.

LAS TRIBULACIONES DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL

EL ADMINISTRADOR CONCURSAL DE PESF SL, EN CAPILLA...


AVISO A NAVEGANTES
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A pesar de las maniobras dilatorias de la representación del Ayuntamiento en la causa que se sigue en el Juzgado 1 de Coslada, en el sentido de pedir el aplazamiento de la comparecencia como testigo del Administrador concursal de PESF SL el pasado día 4 por ausencia del abogado municipal, la señora Juez no las estimó. Y pudo celebrarse por fin después de otro aplazamiento, la esperada y expectante comparecencia del controvertido administrador judicial de la sociedad mixta hoy en liquidación y, como se sabe, a punto de enajenar sus activos por 27,5 millones de euros a un fondo buitre.

Según ha podido saber EL MOLINO de fuentes próximas al caso, el señor administrador concursal acudió a esta cita judicial sin haberse preparado el caso, hablando solo de oídas como un mal estudiante que se presenta al examen sin haberse estudiado los temas, y con aire de superioridad profesoral haciendo alarde incluso de que conoce bien las prácticas contables indeseables exhibiendo además haber escrito libros sobre el tema. Y el resultado, sin embargo y siempre según fuentes próximas a las partes del caso, es que este señor y en particular en este concurso PESF SL, se sabrá bien la teoría pero su práctica como gestor concursal en este caso chirría por todos los lados y es otra cosa bien distinta.

LA MISMA CANTINELA TRAS LA QUE SE PARAPETAN TODOS

El señor administrador concursal fue sometido al parecer a toda suerte de preguntas incisivas, especialmente por las acusaciones, y si bien su actitud inicial fue de ejercer un papel de profesor como táctica para encubrir que el caso se lo conoce solo muy superficialmente, en realidad pronto tuvo que rendirse a la evidencia y puesto que era testigo y por lo tanto obligado a decir la verdad, se decidió por buscar la elusiva justificación de que no le suministraron toda la documentación los administradores iniciales. O bien de que se remitía en todo caso a sus informes, el plan de liquidación o a los miembros de su equipo que eran quienes realmente conocían y llevaban el concurso. O sea, según las fuentes próximas al caso, el administrador concursal dio todo un recital de largas cambiadas, respuestas evasivas bajo ropajes supuestamente académicos, cuando no incurrió en abiertas contradicciones.

Así, por ejemplo, aseguró que la contabilidad de PESF SL no era fiable, pero sin embargo no es lo que dice en sus informes provisional y definitivo. O de la misma forma aseguró - siempre según las fuentes próximas a las partes de la causa -, que había sido informado por el excalde MORENO de todo un rosario de irregularidades societarias y contables supuestamente perpetradas por los anteriores administradores, pero al mismo tiempo fue incapaz de citar una sola actuación por su parte para comprobar los hechos que le denunciaban.

Al parecer aseguró también que si no lo hizo fue porque no le facilitaron prueba documental alguna, cuando el exalcalde MORENO y los demás miembros del consejo de entonces, así como los dos técnicos municipales encargados por presidente de PESF SL de reconstruir los documentos, habían hecho un ímprobo trabajo de acopio de documentos desperdigados, muchos de ellos parciales, y desde luego le hicieron entrega de más de setenta grupos documentales junto con otros escritos que intentaban probar las denuncias que contenían sus escritos.

El señor administrador concursal ha seguido pues la misma táctica y el mismo guión de libro que las tres empresas auditoras que han intervenido en este caso: LAES NEXIA, KPMG y MACE MANAGEMENT SERVICES, consistente en decir ahora que no llegaron a emitir informes (cosa que además no es cierta), porque los administradores no les proporcionaban la documentación que pedían y necesitaban para hacer su trabajo. Sin embargo, todos ellos cobraron y facturaron sus emolumentos completos.

Este tipo de "agentes frontera" que intervienen desgraciadamente en todos estos procedimientos porque así lo impone la ley, no son otra cosa que parásitos legales que cobran una pasta por trabajos que o no hacen o los hacen mal, y luego, cuando se les reclama que depongan en las sedes judiciales, han aprendido la misma cantinela todos para eludir su propia responsabilidad o responden con premeditadas evasivas cuando huelen que por el fondo del caso pueden acabar siendo salpicados. Es una verdadera plaga parasitaria esta que nos invade; la aparición de todo tipo de agentes (como los propios administradores concursales) que tienen por función controlar o fiscalizar actividades económicas de mercantiles en las que se han podido desviar ingentes cantidades de dinero y hay numerosos perjudicados, pero cuyas auditorias o tareas de comprobación examinadas después se muestran como auténticas chapuzas que hacen aguas por todas partes.

Y aunque al parecer el señor administrador concursal también fue preguntado por la liquidación de los activos y su adjudicación al fondo buitre, las venta de los locales a una filial de IBERCAJA y otras cuestiones de calado, las respuestas siguieron siendo evasivas, contradictorias, y en no pocos casos abiertamente inciertas. 

No fue pues al parecer de gran ayuda esta esperada comparecencia del administrador concursal de PESF SL, ni para las partes ni para la señora Juez, sino de absoluta decepción. Pues lejos de aclarar muchas de las más controvertidas cuestiones que sobrevuelan en este caso como es el tema de los bienes de dominio público que hay en los activos de la sociedad, la suya ha sido una comparecencia para la que solo estaba preparado para ejecutar un trámite o una faena de aliño, pero nada más. Hasta el extremo de que al decir de las mismas fuentes próximas a las partes, en realidad al administrador concursal le importa muy poco la suerte de las decenas y decenas de acreedores grandes o pequeños que se van a quedar sin cobrar sus créditos.

LOS REALOJOS Y LA "CUESTIÓN SOCIAL"

Según esas mismas fuentes, el señor administrador concursal manifestó en varias ocasiones su preocupación y prioridad y la del propio juez de lo mercantil, en proporcionar el urgente realojo de los afectados que, según él, han perdido sus casas. Y con el señuelo de esa prioridad y a partir de esta formulación tan socorrida, ha podido quedar al descubierto todo un juego de falsas tribulaciones del administrador concursal, bajo cuyo manto pueda sin embargo perpetrarse una de las más descomunales injusticias que no es posible que ampare ninguna ley concursal sensata. Porque, evidentemente si lo manifestado por el señor administrador concursal en el sentido de que su prioridad y la del juez de lo mercantil, es realojar a los propietarios en sus viviendas ya ejecutadas, eso solo será posible hacerlo a costa las empresas que han construído las edificaciones, las que han suministrado los materiales, o las personas que han prestado sus servicios a PESF SL y sin embargo no van a ver un solo euro.

Es decir, que el señor administrador concursal se dedica a jugar frívolamente con los intereses económicos de muchos perjudicados que han puesto la pasta, pero va a quedar como un señor (y de paso el señor Juez de lo mercantil), porque van a reparar una "injusticia" pero a costa lógicamente de endosarle las pérdidas a otros acreedores que se van a quedar con dos palmos de narices. Ni el juez de lo mercantil ni desde luego el administrador concursal serán quienes se jueguen sus cuartos. Este gesto magnánimo al parecer enunciado por el administrador y compartido por el señor Juez de lo mercantil, se hará en todo caso con pólvora del rey. Y, desde luego, ignorando que priorizan realojar a los que al fin y al cabo eran socios de un mercantil y por lo tanto corriendo sus riesgos, que consiguieron no obstante involucrar al Ayuntamiento en esta alocada aventura donde si hay pérdidas pagarán otros (Ayuntamiento, constructoras, proveedores, etc), y si se gana ganan solo los propios socios que para algo tienen sus convenios blindados. ¡Qué fantástica forma de resolver la cuestión social del caso!

Y es que el disparate será mayúsculo si, efectivamente, el administrador concursal pretende llevar a cabo este asunto de la forma que al parecer ha planteado, porque, en el fondo, esto no sería otra cosa que una gigantesca estafa legal. A menos claro está, que el administrador desconozca realmente de lo que habla y en sede judicial se haya permitido un guiño populista y demagógico. Para encubrir además bajo el paraguas de la cuestión social de los realojados, todo el cúmulo de atropellos e irregularidades que han ido apareciendo bajo su administración, y que al parecer continúan en la fase actual de liquidación. Ya veremos como acaba este asunto y cuál es futuro del administrador concursal.

NUEVA CRÓNICA DE JUZGADOS

AVISO A NAVEGANTES

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Los numerosos procedimientos judiciales penales abiertos en los de Coslada en relación con el caso Plaza de España, genera casi semanalmente noticias de actuaciones, comparecencias y otros incidentes de todo tipo. Y si bien avanzan lentamente las investigaciones y mientras la causa abierta en el Juzgado 5 ha cerrado ya la instrucción (iniciada nada menos que en 2011 por nuestra primera querella), la del Juzgado 1 ha sido pedido por el Fiscal que sea calificada como compleja y por lo tanto no podrá ser cerrada antes de los próximos dieciocho meses (fue iniciada no obstante a primeros de 2014).

EL AYUNTAMIENTO PIDE APLAZAR LA COMPARECENCIA DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL

Una de las causas por las que estas instrucciones se eternizan en los juzgados, se debe muchas veces a peticiones e incidentes que dificultan o retrasan las decisiones judiciales, especialmente cuando son recurridas por las partes. En el caso de las Diligencias y Autos del Juzgado 1 los recursos anunciados provienen fundamentalmente de los querellados. Sin embargo, ahora hay un nuevo actor que lejos de ayudar al impulso de las actuaciones, viene justamente a retrasarlas sine die.

En efecto, el Ayuntamiento pretende incomprensiblemente aplazar la comparecencia precisamente del Administrador concursal de PESF SL (prevista para el próximo miércoles 4 y aplazada ya puesto que no asistió a la anterior de noviembre de 2015). 

La razón invocada por el Ayuntamiento es todo un pretexto, pues dice el nuevo abogado del Ayuntamiento, que "tiene ese mismo día varios juicios". Y esto es alarmante e intolerable si el Juzgado, efectivamente, accede a ello. El Ayuntamiento tiene obviamente más abogados distintos al actual designado por la alcaldesa personalmente para ésta y otras de las causas penales abiertas, que además asisten habitualmente a ellas y donde ya están acreditados. Y no se entiende bien la razón por la que el equipo de gobierno no confía en esos otros abogados y es solo exclusivamente el cargo de confianza política nombrado por la alcaldesa, quien ha de asistir a los interrogatorios. En unas causas en las que, además, el Ayuntamiento es responsable civil y no acusación.

Al parecer, el Ayuntamiento a través de su nuevo flamante representante aduce que la abogada anterior que habitualmente venía asistiendo a las comparecencias representando a la corporación (funcionaria de plantilla del Ayuntamiento), se halla de baja. Por las diferentes intervenciones de la oposición en los plenos (en el último incluso los grupos de IU y PSOE abandonaron el pleno municipal), todo parece indicar que la abogada que habitualmente representaba al Ayuntamiento se halla de baja. Eso es lo que al parecer notifica el Ayuntamiento al Juzgado. Sin embargo, todo parece indicar que la causa de la baja de esta abogada es una sanción o apartamiento cautelar ordenado por la alcaldesa.  

Y algo huele mal desde luego en este asunto. No conocemos lógicamente las causas por las que dicha abogada ha sido sancionada o apartada de estas causas, aunque por las manifestaciones hechas por los grupos de la oposición en el pleno, desde luego el asunto guarda relación precisamente con las causas y las intervenciones que dicha funcionaria ha tenido en la diferentes causas abiertas en nombre del Ayuntamiento. El asunto como decimos no solo huele mal, sino que puede tener desenlaces insospechados porque es absolutamente anómalo que en la causas penales (e incluso civiles) abiertas, la representación procesal del Ayuntamiento la monopolice una sola persona de la confianza política de la alcaldesa, y cuyo nombramiento, además, parece estar bajo sospecha y en todo caso legalmente cuestionado (y parece que con mucha razón) por la oposición. 

Hasta donde nosotros sabemos al menos, cabe decir que esta abogada ahora apartada ha defendido muy correctamente los intereses municipales en esas causas, sin que pueda reprochársele indolencia o desinterés alguno sino todo lo contrario. El nuevo equipo de gobierno no se da cuenta y no aprende en cabeza ajena, que muchos de los males que aquejan a los anteriores gobernantes que ahora andan por los juzgados respondiendo de sus actos, provienen precisamente de permitir, tolerar y fomentar, que una sola persona de la confianza política también, acaparara y monopolizara todos los asuntos judiciales. Nos tememos que van exactamente por la misma senda que los anteriores.

Ya veremos cómo acaba este asunto, pero no deja de ser un abuso que por querer monopolizar o por no confiar en los profesionales municipales, se pretenda acaparar y controlar todas las causas judiciales en una sola persona que, como es el caso, no solo no las puede atender adecuadamente como ahora se ve, sino que se pretende provocar nada menos que un nuevo aplazamiento de la comparecencia del Administrador concursal ad calendas graecas, haciendo con ello un gran favor al Administrador, pero un notorio daño a la investigación de la causa. No por algo la señora Juez lo había citado el primero precisamente para pasado mañana miércoles. 

Y desde luego es un quebranto para el resto de las partes que han venido pidiendo desde hace tiempo su comparecencia para ser interrogado, y el Administrador concursal se ha resistido injustificadamente. Ya veremos cómo acaba este asunto que, de momento, no parece que el Ayuntamiento juegue precisamente a favor de la causa, sino a favor del monopolio del caso de un solo abogado que además solo es de la confianza política de la alcaldesa y no de toda la corporación.

NUEVAS E IMPORTANTES DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

La señora Juez del 1 ha ordenado nuevas diligencias ahora dirigidas a la averiguación de la concreta intervención en el caso de varias de las empresas de WOODMAN SL y de VICTORIANO CUESTA. De la misma forma ha comenzado a requerir a varios de los bancos donde ha mantenido cuentas abiertas PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, con objeto de conocer detalles y movimientos de las mismas. También hay requerimientos a PAGARALIA para que informe de sus relaciones mercantiles tanto con PESF SL como con JOVICASA SL. Y de la misma forma a la alcaldesa le han llegado ya otros requerimientos del mismo Juzgado para que como responsable actual de la junta liquidadora de la EMS, aporte otras informaciones referidas al caso Plaza de España.

Así pues, las causas principales abiertas en los Juzgados de Coslada por el caso plaza de España se mueven. Aunque no faltan siempre incidentes que lo entorpecen (como el más reciente del Ayuntamiento) o lo retrasan más de lo deseable. Seguiremos informando.