UNO DE LOS NUESTROS

SETIÉN y LLAMAZARES. Uno de los nuestros

 AVISO A NAVEGANTES
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La imputación judicial del ex alcalde SETIÉN por la enajenación de la plaza de España ha provocado tres tipos de reacciones  y declaraciones típicas y tópicas por parte de los correligionarios y funcionarios del partido: prietas las filas, solidaridad ciega y descalificación del denunciante. Es de manual. Pero en nuestro municipio ya conocemos bien el ritual porque hubo sonados precedentes con peripecias que se asemejan mucho. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones: el "caso Gullón" y el "caso plaza de España" tienen trayectorias similares. ¿Acabará este último como el primero? Naturalmente no lo sabemos, pero lleva exactamente la misma puesta en escena. La negativa a reconocer por parte del portavoz de IU de que la plaza de España fue enajenada por el ex alcalde en aportación a una sociedad mercantil privada, es la evidencia más clara de que nos hallamos ante empecinados personajes de nuestra política local que consideran que somos idiotas. Un verdadero insulto a nuestra inteligencia.

Pero, veamos el nítido paralelismo entre las reacciones del caso plaza de España y el famoso "caso Gullón", así como sus sorprendentes concomitancias.

Arropando a uno de los nuestros

PRIETAS LAS FILAS

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Era 1989 y lo que luego sería conocido como el "caso Gullón" saltó a la prensa. Una querella presentada por un particular tres años antes contra el entonces alcalde del PCE y varios funcionarios más del Ayuntamiento, así como contra el gerente de PRYCA, les acusaba de cohecho, prevaricación, apropiación indebida, etc. La reacción del PCE local y regional, los cargos municipales, los correligionarios y demás simpatizantes, fue la de acudir raudos a la llamada gregaria de la manada para arropar al alcalde en multitudinaria rueda de prensa. Allí, además de proclamar su inocencia a todos los vientos y rodeado de los suyos en una exhibición de fortaleza y unidad, acusó a elementos de la intolerante derecha de estar detrás de la operación de acoso y derribo. Ninguno de los cargos que lo arroparon en aquella ocasión se ocuparon de conocer bien la verdad, solo sabían que estaban allí en un acto obligado de solidaridad con un compañero que, por el solo hecho de serlo, no solo tenía que ser  inocente sino inmaculado. Es la fe de carbonero de los correligionarios y militantes. Una fe ciega en la inocencia del agraviado camarada, cualquiera que fuese la fechoría de la que se le acusase. Es la llamada de la banda en defensa de uno de los nuestros. Poco importa la verdad y que una persona y su familia estuvieran sufriendo los atropellos más indecentes. Lo que importaba era eso: la defensa numantina de lo hecho por uno de los nuestros que necesariamente y por ello, debía de estar bien hecho. Lo demás no importaba. ¿No suena esto igual que ahora? Sostenella y no enmendalla. Uno de los nuestros nunca se equivoca y mucho menos delinque. Es el primer síntoma de la impunidad: no admitir la más leve autocrítica y cerrar filas hasta el mismo infierno. Una mal entendida solidaridad equivocada y dañina.

EL PRECEDENTE DEL  "CASO GULLÓN"

(desde 1986 a 2007 y aún colea)

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El conocido como "caso Gullón" en nuestro municipio marcó un hito de la incapacidad de una organización política (entonces el PCE) para conseguir reconducir hacia la racionalidad, lo que no era sino una impresentable acumulación de decisiones arbitrarias (y como luego sancionó el Tribunal Supremo, delictivas) que hubo de sufrir un ciudadano de apellido Gullón (pero que podíamos ser cualquiera de nosotros) en lo que fue un verdadero calvario para él y su familia. Tanto que murió en el intento al poco de iniciar su solitaria y desproporcionada lucha, que debieron de continuar sus herederos. Ahora se solidarizan con los desahuciados, pero tomen nota del escrache administrativo a que fue sometida esta familia.

Y así, sin ayuda de nadie, el señor Gullón inició una larguísima y desigual batalla judicial contra todos los atropellos sufridos por una alianza infernal que traía causa de una venganza: la de PRYCA y el entonces alcalde Enrique GUERRA.

Como el señor Gullón había presentado un interdicto contra las obras de PRYCA en 1983, el asesor fiscal de la poderosa multinacional francesa le buscó las vueltas y encontró, en la persona del entonces alcalde (que esperaba recibir de la cadena de distribución nada menos que 100 millones de pesetas para el Ayuntamiento), un aliado ideal con el que perpetrar la venganza contra aquel osado ciudadano que consiguió paralizar por unos meses las obras. Y así, fue denunciado por el asesor de la gran superficie por no haber abonado un impuesto de transmisiones por la compra de su finca un buen montón de años antes. Y se quedó sin finca. Pásmense los desahuciados.

 "ABSOLUTA TRANSPARENCIA"

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El Ayuntamiento inició rápidamente un procedimiento de recaudación ejecutiva y luego un embargo contra la finca del ciudadano Gullón, y el recaudador consiguió registrar en el registro de la propiedad la finca y luego embargarla por impagos de unos 7 millones de pesetas de liquidaciones tributarias ya prescritas. Para, finalmente, en una supuesta subasta celebrada en agosto de 1986, adjudicarse la finca el Ayuntamiento omitiendo la notificación al embargado. Por una deuda prescrita de 7 millones de pesetas, el Ayuntamiento se adjudicó una finca que, según su propietario, valía 100.

Poco tiempo después la finca, que ya figuraba inscrita como propiedad municipal, fue vendida directamente por el propio alcalde a un asiduo contratista de obras municipales, en pago de deudas por importe de 39 millones de pesetas. Y pocos meses después, el nuevo propietario de la finca del señor Gullón contratista y amigo del alcalde, la transmitió a su vez a otra empresa filial suya por 9 millones de pesetas. 

Es decir, por una deuda prescrita de 7 millones de pesetas, la familia Gullón había sido desposeída de un finca valorada en al menos 39 millones, y luego, el nuevo propietario, simulando una venta ficticia a una filial suya, trabó la finca con una operación hipotecaria como si fuera un tercero de buena fe con el objeto de impedir así que su legítimo propietario recuperara su propiedad.

A todo esto, el señor Gullón había afianzado y recurrido la deuda, comunicándoselo fehacientemente al alcalde y al Ayuntamiento. Pero no le hicieron ni puñetero caso. El señor Gullón veía con zozobra e impotencia cómo la maquinaria administrativa arrollaba sus más elementales derechos y se había puesto en marcha hasta despojarlo de su propiedad, sin que importara nada ni se dieran los responsables municipales por aludidos ni por notificados. Haciendo oídos sordos incluso a resoluciones administrativas y judiciales que daban la razón al señor Gullón. La finca pertenecía oficial y registralmente a un tercero y por lo tanto podía darla por perdida.

Anuncian una investigación que no investigará nada

 DE NUEVO UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN...QUE NO INVESTIGA NADA. ¿Les suena..?

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Se anunció a bombo y platillo la constitución de una comisión de investigación acordada y propuesta por unanimidad en un pleno municipal, celebrado precisamente en el teatro García Lorca. Y en medio de una expectación escenificada como una demostración de fuerza desafiante, proclamaron la inocencia del alcalde y responsabilizaron a los medios de la derecha de una persecución sañuda contra una fuerza política genuina y auténticamente de izquierdas. Y no faltaron tampoco graves alusiones contra el gobierno del PSOE de entonces, al que acusaban también de interferir contra el PCE por el éxito de la huelga general ¡de 1984! Todo bastante delirante con tal de no reconocer que habían metido la pata y bien.

Y en aquella ocasión la oposición también se arrugó. Empequeñecida, acomplejada, dividida y desorientada, lo fió todo a una Comisión de investigación, que, naturalmente, no investigó nada. Solo tuvo una reunión para concluir que no había nada que reprocharle al alcalde. Esto ya lo hemos vivido hace poco también.

Un juez que no se dejaba impresionar

UN JUEZ QUE NO SE DEJÓ PRESIONAR ...

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A pesar de proclamar su inocencia y de todos los gestos y puestas en escena de desagravios públicos al alcalde por parte de los suyos, la maquinaria subterránea del partido no las tenía todas consigo y puso en marcha un plan B para intentar parar el golpe.

Una conocidisima abogada militante del PCE hizo una llamada telefónica a un amigo suyo, casualmente entonces presidente de la Audiencia Nacional. El objeto de la llamada: interesar a su amigo para que llamara al juez instructor (entonces de Alcalá de Henares) y sugerirle que cerrara el caso. Pero el juez de instrucción ni se dejó sugerir ni tampoco intimidar por la llamada de tan ilustre colega. Al contrario. De ahí que anunciara en la prensa que no admitiría presiones políticas. Y no las admitió, desde luego. Solo ocurrió que la instrucción duró nada menos que doce larguísimos años hasta que fue acordada la apertura del juicio oral. Es decir, procesados los imputados, entre ellos el alcalde. Mejor dicho, el ex alcalde, pues para entonces hacía años que ya había dejado de serlo. 

En algún rincón polvoriento de algún desvencijado armario del vetusto edificio de los juzgados de instrucción de Alcalá de Henares, durmió durante años y años el sumario que, aunque declarado secreto, según declaraciones del propio juez a la prensa contenía "datos terroríficos".

La sentencia final del Supremo ¡veinte años después!

Y LA SENTENCIA DEL SUPREMO

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No fue hasta el año 2006 cuando el Tribunal Supremo hizo algo para reparar, al menos en parte, las calamidades que se habían hecho sufrir a la familia Gullón. A la sala de lo penal llegó el caso después de que fueran absueltos todos los querellados (el ex alcalde incluido) por la Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia dictada en 2004 que no pasará a los anales de la jurisprudencia por ser precisamente un modelo. La Audiencia provincial absolvía de todos los cargos a los encausados porque no consideró probado que hubiera una relación entre los 100 millones que PRYCA pagó al Ayuntamiento, y el cambio de actitud de éste respecto de su oposición a su localización en San Fernando. Tampoco consideró probado que existiera trato de favor al señor alcalde por un buen descuento en la compra de un coche, en un concesionario amigo del contratista asiduo del Ayuntamiento. Ni tampoco que hubiera razón para sospechar nada anómalo porque los obreros del contratista y amigo del alcalde, fueran los mismos que reformaron su nueva casa en Madrid. O que la aparición de unos cheques ingresados en la cuenta corriente de la mujer del alcalde procedentes de la empresa del contratista municipal, tuvieran origen venal. Ni que, desde luego, la transmisión de la finca de la familia Gullón al contratista  amigo del alcalde y hecha mediante una opaca transmisión directa, guardara relación alguna con la simulación de una subasta pública que nunca existió. En definitiva, que nada había de reprochable en la conducta de los inculpados y fueron absueltos. Es de imaginar la terrible desesperación de los herederos de la familia Gullón. Y la impotencia, claro está,

Menos mal que unos años después, en el 2006, fue el Tribunal Supremo el que, al menos en parte, enmendó la plana a la Audiencia Provincial y puso algo de sensatez en este caso que, circunstancias políticas que lo rodearon aparte, es un ejemplo de auténtica vergüenza para la justicia. A lo largo de casi veinte años, un ciudadano desposeído ilegalmente de su propiedad por la venganza cómplice y prepotente de un alcalde, haciéndole el juego sucio a una poderosa multinacional de la distribución, tuvo que soportar numerosos pleitos judiciales, gastarse ingentes cantidades de dinero en abogados y peritos, y, sobre todo, luchar desesperadamente contra el calamitoso funcionamiento de nuestra justicia penal, experimentando durante muchos años la desoladora sensación de vivir una pesadilla terrible en un país tercermundista.

La sentencia del Tribunal Supremo fue contundente no obstante. Llama la atención la presencia del Ayuntamiento de San Fernando en este pleito, y su asistencia por una abogada bien conocida: Dª CARMEN CRIADO. El Supremo condenó e inhabilitó al alcalde (veinte años después, se dice pronto) y otros dos funcionarios (alguno ya jubilado muchos años antes). Eso sí, les rebajó mucho la pena por dilaciones indebidas ¡de la propia justicia, claro! Y ordenó al Registro de la Propiedad anular todas las inscripciones y transmisiones y reponer la propiedad a sus legítimos dueños: la familia Gullón. El Ayuntamiento de San Fernando fue condenado como responsable civil subsidiario. La responsabilidad civil pedida por los herederos del señor Gullón la cifraban en 200 millones de pesetas. Ah, y el ponente de la sentencia del Supremo no fue un magistrado carcamal de la derecha, sino el conocido y muy progresista magistrado Martín Pallín, a la sazón, visto en un acto electoral reciente en apoyo precisamente del diputado de IU señor Llamazares.

Sabemos, eso sí, que en los años siguientes hubo intentos de ejecutar la sentencia, pero no sabemos a cuánto asciende la indemnización pagada si es que así ha sido. En todo caso, si ha sucedido lo ha sido bajo el mandato ya de D. JULIO SETIÉN, que, junto con su asesora de confianza Dª CARMEN CRIADO, conocen bien las secuelas del caso. Pero, a juzgar por la trayectoria del "caso plaza de España", mucho nos tememos que no hayan aprendido mucho la lección. O sí, porque al fin y al cabo, es probable que piensen que, en el peor de los casos, hay una larguísima trayectoria por los atribulados juzgados españoles hasta llegar al Supremo, y no hay que preocuparse porque si hay alguna sanción, será inocua, tardía y siempre, siempre, acabará pagando el Ayuntamiento. Es decir, todos nosotros. Así funciona realmente este perverso sistema.