AVISO A NAVEGANTES
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En un reciente barómetro demoscópico del CIS, preguntados los encuestados sobre 16 profesiones salieron como las peor valoradas las de periodistas y jueces. Por ese orden. No preguntaron sobre los políticos, claro. Lo de los periodistas es comprensible porque no conocemos una profesión que tenga peor opinión de sí mismos. Y lo de los jueces también. Pero, veamos por qué tenemos los justiciables tan mala opinión de la justicia. Es decir, de los jueces.
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LA QUERELLA
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El día 28 de marzo IU, junto con otras organizaciones suponemos que satélites, interponía en la Audiencia Nacional una querella contra varios empresarios y cargos del PP por todo un elenco de hasta diez supuestos delitos cometidos por los querellados.
La querella se basa en lo esencial en la publicación por el diario El País de lo que se conoce como los "papeles de Bárcenas", y en su relación, según los querellantes, con lo que se conoce como el "caso Gürtel", cuyas diligencias de instrucción están abiertas desde el año 2008 y las lleva el juzgado número de 5 de la Audiencia Nacional. A pesar de estar estas diligencias abiertas y ser conocidas por IU pues se citan profusamente en su escrito, no se persona en la causa ya abierta, sino que presenta una querella nueva que por turno cae en el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional.
Y EL AUTO DE ADMISIÓN
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A pesar de la proverbial lentitud de la justicia española, IU obtiene un éxito extraordinario pues consigue que al día siguiente, el 1 de marzo, le sea notificada la apertura de diligencias por el titular del juzgado, el magistrado GÓMEZ BERMÚDEZ. Y muy pocos días después, el significativo día 11 de marzo, ya tenían el auto de admisión de la querella y la orden de practicar urgentes y perentorias diligencias; hasta un total de trece, con la típica, expeditiva y conminatoria jerga judicial.
Nada que objetar a tan rapidísimo éxito por parte de IU y sus conquerellantes, todo lo contrario. Salvo por un pequeño detalle que, sinceramente, nos deja una mala sensación. La querella de IU lo es en el ejercicio de la acusación popular. Es decir, no son directamente perjudicado por los presuntos delitos de los que acusa. Esto obliga al juez a fijar una fianza al querellante que ejerce esta acusación. Sin embargo, oh sorpresa, el señor magistrado titular del juzgado número 3 no ha fijado fianza alguna a IU admitiendo la querella sin más exigencias. ¿Olvido o deferencia?
En el Auto se motiva la competencia, invocando su señoría, entre otras cosas, por el evidente daño que los hechos denunciados pueden causar en la economía nacional al ser algunas de las empresas denunciadas cotizadas en bolsa. Pasmados nos quedamos. IU y el juez Bermúdez tratando de salvar la economía nacional y la contización de estas empresas en el Ibex.
Sea como sea, es evidente la suerte de IU, pues el juez no le ha pedido ni siquiera un simbólico euro como fianza. Y esto solo podemos atribuirlo a un olvido por parte de su señoría, pues es bien sabido que la justicia española "es igual para todos". O eso, o una comprensible deferencia para los querellantes dada su precaria situación económica con el fisco.
Y OTRO AUTO
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Desde luego, sea como sea, han tenido más suerte que nosotros, pues el señor magistrado del juzgado número 5 de Coslada, D. LUIS MIGUEL ARROYO, sí que nos puso a nosotros una fianza de 10.000 euros, como exigencia previa para admitir nuestra querella contra el alcalde de IU y otros del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. ¿Será que nosotros somos ricos y no tenemos problemas con el fisco? ¿O tal vez que lo que nosotros denunciamos no tiene incidencia en la economía nacional sino solo en el patrimonio común del municipio y en el humilde patrimonio de un puñado de familias? O, ¿cómo funciona esto? ¿a delitos más graves menos fianza? Inexplicable justicia española.
Pero no queda ahí la cosa, sino que el señor Alcalde por medio de su representante y cargo de su confianza, Dª CARMEN CRIADO, que actúa como su abogada aunque le paguemos todos el sueldo, le pide al juez que nos imponga una fianza de nada menos que de 50.000 €. Con un par.
Y eso que el artículo 20.3 de la Ley Orgánica del Poder judicial dice, que no podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita. Pues esta fianza que a nosotros sí se nos impone (y que IU pedía que se multiplicara por 5), lo impide. Este es el lamentable estado de cosas: política, justicia y periodismo (éstos se hacen llamar el cuarto poder) desgobiernan nuestras vidas desde hace mucho. Y así nos va.
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He aquí por qué los ciudadanos tenemos tan mala opinión de la justicia española: lenta, burocratizada, errática, caprichosa, desigual, politizada, etc. Es decir, cualquier cosa menos justicia. Este poder esencial del estado democrático y que además debería de ser independiente, no tiene remedio ya. Y sería mejor cerrarlo que mantener la ficción.
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