TRADISA, OTRA VERGÜENZA (I)

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El PGOU aprobado en el año 1988, clasificaba este suelo como NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN por INTERÉS PAISAJÍSTICO. Su destino era la plantación de árboles para crear un anillo verde a lo largo de los Acitares de la Vega del Jarama. Así lo recogían las Directrices Territoriales de COPLACO, que eran vinculantes.

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Sin embargo, y a pesar de no permitirlo el PGOU, en septiembre de 1988, es decir, apenas un mes después de estar el PGOU en vigor, el Equipo de Gobierno constituido entonces por el PCE y el PTE, aprobó un Convenio Urbanístico por el cual se comprometían a autorizar la gigantesca Campa de Vehículos (200.000 m2), cuatro naves y demás instalaciones. A cambio, TRADISA pagó diez millones de pesetas y la matriculación de sus camiones. Es necesario recordar que el PGOU prohibía estas instalaciones en este lugar.

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En el año 1999, y tras una licencia "provisional" otorgada en 1996 para burlar las resoluciones judiciales habidas hasta entonces, se toleró el funcionamiento de dicha actividad "provisional" por el Equipo de gobierno de IU. Unos años después, también esa licencia "provisional" fue anulada por otro Tirbunal. Nuestra asociación pidió su ejecución, pero el Equipo de gobierno nunca la ejecutó. ¿Por qué razón?

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Los trabajos de movimiento de tierras comenzaron en 1990, y lo hicieron con una simple licencia municipal. También se otorgó una licencia de segregación. Dado que el suelo estaba clasificado como rústico, era preceptiva la autorización de la Consejería de Agricultura de la CAM, pero nunca fue solicitada ni tramitada por el Ayuntamiento. Era evidente que no podía ser concedida por la Consejería.

La verdadera peripecia de esta finca y las licencias de TRADISA, comienzan con este hombre, RAFAEL ONIEVA ARIZA, propietario de La Casa Grande de Torrejón y promotor en su día del Polígono Industrial de San Fernando (inacabado) entre otros. Él era el propietario de esta finca. Un banco se la había embargado y la única salvación era su reclasificación. El Equipo de Gobierno de entonces así se lo prometió durante la tramitación del PGOU, pero finalmente no fue posible saltarse las Directrices de COPLACO. No obstante, la finca fue comprada por TRADISA a pesar de saber que no podía instalarse esta campa porque lo impedía el PGOU. ¿Cómo es esto posible? Este personaje sebe bien la razón, pero no la cuenta en su libelo autobiográfico.

Este peculiar personaje, muy conocido en San Fernando y Torrejón, ha tenido la "deferencia" de contar parte, sólo parte, de esta peripecia en una curiosa autobiografía editada por él mismo en el año 2001. Ahí se queja amargamente de haber tenido que malvender su finca de 650.000 m2 a TRADISA en 125 millones de pesetas (eso es lo que dicen los documentos públicos al menos). Onieva afirma que tras la reclasificación del nuevo y flamante PGOU, dicha finca vale ahora (entonces) unos 3.200 millones de pesetas. Nunca una infracción urbanística pudo ser más lucrativa.





En la página 68 de su curioso librito autobiográfico, viene a reconocer que le "cambiaron la ordenación de rústico a urbano" en este caso y como excepción (eso dice él, claro). No tiene recato en afirmar que siempre se cumple el dicho (suyo, claro), de que "dura más un solar que un Alcalde o un Concejal". Y aquí está la prueba. Gobernaba entonces el PCE.

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TRADISA, LA VERDAD DE UN LAMENTABLE ATROPELLO A LA LEGALIDAD
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Estos días está en información pública un Proyecto de reparcelación aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado día 8, correspondiente a una unidad del Plan Parcial del sector SUP-I-2. Dicho así, es probable que muy pocas personas logren localizar este sector, pero se trata de las gigantescas instalaciones de TRADISA, la empresa de transportes que tras una azarosa y rocambolesca sucesión de oscuras maniobras, tiene abierta desde 1996, una gran campa de vehículos en el paraje conocido como Vaciabotas, junto a las instalaciones de CAMPSA. Estas instalaciones carecen de licencia porque fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero a pesar de ello, su actividad ha sido tolerada por el Ayuntamiento durante muchos años. Fue producto de una gravísima infracción urbanística perpetrada con licencia municipal, razón por la cual se ha tolerado su irregular funcionamiento. Ahora, con el nuevo PGOU, TRADISA fue "premiada" con una reclasificación de todo el ámbito de la finca (650.000 m2), y para su desarrollo constituyeron una nueva división a la que llamaron TRADISA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, SL. Los antecedentes de esta lamentable actuación municipal se remontan a 1989, pero su peripecia, por constituir un claro paradigma de ciertos comportamientos políticos, merece la pena ser conocida porque tiene su continuación hoy. (continuará)

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