domingo, 23 de septiembre de 2018

EL SAQUEO DE LAS ARCAS MUNICIPALES QUE NO CESA



UNA CORPORACIÓN DE IRRESPONSABLES
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El pasado jueves se celebró el pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre en el que el equipo de gobierno sometía a la aprobación del pleno los Presupuestos del ejercicio de 2018, que sin embargo fueron rechazados por toda la oposición con el resultado de 15 votos en contra por 5 a favor del equipo de gobierno.

Ya es una muestra del formidable desgobierno de este equipo, que se presenten unos presupuestos para el ejercicio de 2018 cuando prácticamente solo quedarían dos meses del año desde su entrada en vigor y, en todo caso, deberían de comenzar a presentar precisamente los de 2019. A lo largo del año pues se ha funcionado con los presupuestos prorrogados de 2016 y mediante el abusivo recurso sistemático a expedientes de modificación de crédito.

Precisamente uno de esos expedientes de modificación créditos aprobado en el pleno del mes de julio fue alegado por nosotros, y de ello dimos cuenta en una entrada anterior. Nuestras alegaciones pretendían ser una llamada de atención sobre el saqueo de las arcas municipales que se está produciendo con el caso plaza de España y, para más escarnio, con alocados fallos judiciales que van a dejar en la más absoluta indigencia para muchos años la economía municipal.

Naturalmente estas alegaciones nuestras son un pérdida de tiempo porque ni al equipo de gobierno, parapetado tras los informes técnicos, le importan mucho, ni tampoco a la oposición le interesa nada que no sea el mantenimiento de un estado de cosas que ya resulta insostenible a estas alturas del mandato electoral. La desestimación de nuestras alegaciones a ese punto lo fueron con los votos de los cinco miembros del equipo de gobierno. Por su parte hubo un voto en contra de la propuesta del equipo de gobierno del concejal no adscrito Félix IZQUIERDO (el único que se salva de la enmienda a la totalidad, y que en solitario demuestra llevar las cosas más estudiadas y preparadas que todos los demás), que, con la abstención de todos los catorce concejales restantes salió adelante la propuesta del gobierno. Es preciso decir que la abstención no es un voto contra lo que se cree en general, sino simplemente eso, que se abstiene de votar como si la cosa no fuera con ellos. 

Pero mientras todo esto sucedía en el pleno, van cayendo una tras otra ejecuciones de sentencias del TSJ de Madrid cuyos fallos y repercusiones no pueden sino dejarnos totalmente perplejos y al borde del espanto. 

Vamos a continuación a explicar con números el formidable negocio que han hecho algunos de los afectados por la actuación de la plaza de España, en tanto que socios privilegiados de la mercantil mixta, a costa de un Ayuntamiento desarbolado en el pasado por unos equipos de gobierno (de IU y PSOE entre 2007 a 2011) de irresponsables que pusieron en marcha una diabólica actuación plagada de irregularidades y sin tener ni idea de sus consecuencias. Y, por el contrario, un equipo de gobierno actual que según su programa electoral iba a auditar la deuda, pero que han acabado pagando irresponsablemente también el formidable agujero financiero dejado por los anteriores ahora corregido y aumentado, porque son presos de su absoluta impericia en las gestión de este aparatoso problema, su desistimiento más flagrante y su táctica de camuflaje consistente en hacer seguidismo de unos técnicos ausentes o mudos sin embargo cuando los hechos sucedieron en el pasado.

Es absolutamente necesario que salten a la palestra grupos políticos para las próximas elecciones que promuevan la urgente auditoría retrospectiva de lo que ha pasado con el caso plaza de España, tanto con los anteriores equipos de gobierno como con el actual. Y ello porque con la intervención activa de los anteriores y la inacción de los actuales, el agujero financiero y patrimonial en que va incurrir el Ayuntamiento por causa de unos gestores irresponsables, cuya actividad se ha limitado simplemente a dejar que se vayan pronunciado los tribunales sin poner en marcha una sola de las muchas prerrogativas e instrumentos legales que el Ayuntamiento tiene, ha adquirido ya visos de un alarmante estrangulamiento próximo de la finanzas públicas a la vuelta de las próximas elecciones. Y es que, por indigencia, por desconocimiento o por pereza, la responsabilidad del agujero económico que le están creando a la Corporación alcanza también a este periodo de 2015 a 2019.

Es verdaderamente escandaloso lo que está ocurriendo y la comprobación día a día de la inacción de todos y muy significativamente del equipo de gobierno, cuya única iniciativa ha consistido en un endeudamiento brutal del Ayuntamiento, y a cuya costa y por la manifiesta impericia de unos gobernantes bisoños e inexpertos, unos pocos se van a  forrar injustamente hasta el escándalo. 

Veamos uno de estos casos de ahora mismo con fallo reciente y ya firme, que nos va a costar un riñón a todos los contribuyentes, sin que el equipo de gobierno haga otra cosa que aplicar estos fallos a un insuficiente préstamo de 35 millones obtenido del denominado Fondo de Impulso Económico. Obviamente el impulso económico lo será de un reducido grupo de personas beneficiarios de escandalosas transferencia de rentas tan clamorosas como injustas. Porque después de todo esto, tanto el Ayuntamiento (prácticamente quebrado) como los paganos de estos desmadres, somos objetivamente más pobres por esa causa mientras unos cuantos habrán multiplicado exponencialmente su fortuna.

CÓMO REALIZAR FORMIDABLES PLUSVALÍAS A COSTA DE UN AYUNTAMIENTO DE IRRESPONSABLES

EL PARADIGMÁTICO CASO DE PLAZA DE ESPAÑA 7

CUADRO I


CUADRO II



Este caso que vamos a comentar se corresponde con lo acordado por el TSJ de Madrid muy recientemente, e ilustra muy bien el extraordinario negocio que algunos socios de la mercantil PESF va a realizar a costa de endosarle al Ayuntamiento, es decir, a todos nosotros, como administración actuante al fin y al cabo, un tremendo e inagotable agujero económico cuyo monto exponencial final solo podrá conocerse dentro de un buen puñado de años.

EXPLICACIÓN A LOS CUADROS DE ARRIBA

En el cuadro I exponemos los cálculos sobre la finca original de la plaza de España 7 propiedad de un matrimonio que, aunque declara vivir en las viviendas de dicho número, en realidad eran vecinos de Madrid. Se trata de dos de las viviendas catalogadas y un patio pero cuya concordancia registral con la realidad es dispar. En otras palabras, sus titulares carecían de títulos que acreditaran ser propietarios de la totalidad de las superficies que decían aportar. Esta discordancia provocó que, como en otros numerosos casos, fueran emitidas más participaciones del capital social que metros del suelo realmente aportado.

Todo esto lo resolvieron en su día mediante el reconocimiento sin más en los convenios firmados y de las superficies medidas para el caso, cuestión esta a la que se atiene el TSJM. Así, mientras en el catastro figuraba solo una finca de 1.015 m2 sobre la que se habían levantado dos viviendas de 160 m2 cada una, en el convenio se reconocían superficies de hasta casi 1.300 m2. De la misma forma, se reconocían a favor de los propietarios unos importes en concepto de realojos de 1.800 €/mes y 2.500 €/mes en concepto de lucro cesante de no se sabe bien qué actividad. Y ello como se ha dicho a pesar de que vivían en Madrid y no en las viviendas de la plaza.

Dado que el TSJ de Madrid fijó pues a 2.666 €/m2, el fallo final ha supuesto reconocer una indemización a pagar de 3,6 millones de euros, más el 25 % en concepto de ocupación ilegal así como el interés legal de dicho importe ¡desde la ocupación del bien en 2009! En total, el Ayuntamiento habrá de pagar a estos propietarios 5,5 millones de euros menos el importe de los avales (0,770 M€) que sin embargo ya habían ejecutado.

Sin embargo, estos propietarios habían cobrado anticipadamente una serie de importes cuya justificación es claramente inaudita. Así, nada más constituirse la sociedad cobraron 257.384 € en concepto de indemnización por 80 m2 cuadrados de buhardilla que, según ellos, no se les habían reconocido en el convenio. Este importe en realidad fue abonado por una de las sociedades de los administradores de WOODMAN llamada RESIDENCIAL ALPERCHINES SL, constituida en prestamista de PESF SL y por cuyo importe le cobró los correspondientes intereses a la sociedad mixta. En realidad, este importe reclamado injustificadamente y pagado sin más, no es otra cosa que un pacto secreto mantenido con los administradores de PESF para conseguir la firma del convenio de estos propietarios para el pleno de 28 de mayo de 2008.

Asimismo, les fueron reconocidos importes por realojos por 1.800 € (900 € por cada vivienda) así como 2.500 € al mes en concepto de lucro cesante. Sin embargo, estos propietarios no vivían en dichas viviendas como ocurrió con otros muchos, sino que vivían en su propia vivienda en Madrid. Y de la misma forma, se desconoce qué negocio o actividad mercantil o comercial desempeñaban en dichas viviendas como para cobrar 2.500 euros al mes por lucro cesante

Todo lo anterior hace que estos señores hubieran cobrado ya antes de la sentencia firme, la cifra de 1,19 millones de euros incluido el aval que habían ya ejecutado y que les había pagado Bankia con cargo a una cuenta pignorada de PESF. En total pues, la suma del importe reconocido en la sentencia ya firme y los importes cobrados por estos señores antes, asciende a nada menos que 5,8 millones de euros, de los cuales 4,68 millones de euros han de ser abonados por el Ayuntamiento en breve.

EL PATIO MÁS CARO DEL MUNDO

El Cuadro II recoge la repercusión por metro cuadrado tanto de las viviendas aportadas como del patio, calculado sobre los importes ya percibidos más los que van a percibir del Ayuntamiento en cumplimiento de la sentencia. Llamamos la atención de la repercusión sobre cada metro cuadrado del patio que se le reconoció y que asciende a 7.035 €/m2. Es, sin duda, el precio más alto del mundo por metro cuadrado de un patio.

¿Y QUIÉN VA A PAGAR LAS FORMIDABLES PLUSVALÍAS OBTENIDAS POR ESTOS SEÑORES?

Pues obviamente el Ayuntamiento. Es decir, todos los contribuyentes.

Los cálculos posteriores del Cuadro II establecen de manera clara, cuáles habrían sido las plusvalías obtenidas por los propietarios si esta actuación la hubieran ejecutado por su cuenta. Es decir, por compensación. Y cuáles habrían sido las plusvalías que habrían de haberle correspondido al Ayuntamiento si se hubiera ejecutado la actuación por este sistema.

Así, los propietarios hubieran obtenido unas plusvalías de 1,7 millones de euros aplicando los valores deflactados de la sentencia si la ejecución hubiera corrido a cargo de ello mismos, y el Ayuntamiento hubiera percibido el importe correspondiente a su 10 % que en euros y con los mismos valores sería de 0,505 M€. 

Por el contrario, las plusvalías brutas que estos señores van a percibir después de todo el formidable desaguisado por expropiación y con empresa mixta de por medio, ascienden como se puede comprobar a nada menos 4,098 MM de euros descontando el justiprecio o valor de lo aportado. Mientras que al Ayuntamiento le va a costar la broma y solo para este caso, 4,6 MM de euros. Es decir, de percibir 0,570 millones de euros a tener que pagar 4,688 millones de euros.

La inactividad del equipo de gobierno nos va a costar un ojo de la cara y la ruina del Ayuntamiento. Y la frivolidad de la oposición o de casi toda la oposición porque en justicia habrá que salvar al soldado Félix IZQUIERDO, nos llevarán al mismo sitio. Por eso, es necesario que en la próxima legislatura sean investigados y auditados ambos periodos: los correspondientes al 2007 - 2011 y los del 2015 - 2019. Porque no es posible que haya un desistimiento tan cómplice e irresponsable con el saqueo al que se está sometiendo al Ayuntamiento como el del equipo de gobierno actual. Y eso que estos señores utilizaron el reclamo electoral de que iban a auditar las deuda. Ya vemos lo que han hecho y lo que están haciendo. Nada. Pagar y callar.

domingo, 16 de septiembre de 2018

CASO PLAZA DE ESPAÑA: EL AYUNTAMIENTO Y BANKIA SE LÍAN





EL MOLINO CONTRA EL MUNDO
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Sabido es que nuestra asociación tiene presentado un recurso contencioso contra el Ayuntamiento en el que pedimos, entre otras cosas, que sea anulado el proyecto de reparcelación y sus dos modificaciones de la UE-1, es decir, de la actuación urbanística conocida como de la plaza de España. También es sabido que están como codemandados tanto Bankia como la propia sociedad PESF SL, representada en la actualidad por el Administrador Concursal D. PEDRO MARTÍN MOLINA. Por cierto, el señor MARTÍN MOLINA es Doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos, ojo al dato.

Pero así como el Administrador Concursal de PESF SL pasa de todo y no se ha personado, lo cual da una idea del interés que tiene en defender los de la sociedad mixta, sin embargo Bankia sí está personada y ha contratado para defender sus intereses en el procedimiento los servicios de un pomposo despacho de abogados de Madrid denominado LUPICINIO INTERNATIONAL LAW FIRM. Ahí es nada oigan. Y la letrada de dicha firma que dirige la defensa de BANKIA se llama RAQUEL BARROSO ÁLVAREZ NARVÁEZ. 

Esta firma de abogados con sede en Madrid se presenta a sí misma como "...un despacho de abogados que anticipa y resuelve problemas jurídicos en España y el resto del mundo." Nada menos oigan.

Debemos aclarar que si bien podemos entender que encargos difíciles como este, los profesionales que son contratados han de hacer de tripas corazón y cumplir con las directrices de sus clientes, que en este caso son obviamente las de Bankia, sin embargo si ponemos el énfasis tanto en la firma de abogados como el nombre de la letrada se debe a que, sin venir a cuento y sin que medie provocación alguna, la señora letrada de Bankia nos insulta y descalifica e incluso casi nos injuria. Sin que se entienda ni poco ni mucho a qué viene tanta agresividad contra una modesta y humilde asociación como nosotros que solo se ha limitado a ejercer lo que le encomiendan sus asociados, sus estatutos y le habilita la ley . Tomamos nota pues señores de LUPICINIO INTERNATIONAL LAW y del mundo mundial.

EL NOMBRE DEL PROFESOR LASO EN VANO

La exquisita señora letrada de Bankia, para casi injuriarnos, utiliza una cita de corta y pega del ilustre urbanista (y Registrador de la Propiedad por cierto), D. JOSÉ LUIS LASO MARTÍNEZ, a propósito de un artículo crítico que publicó hace muchos años sobre el denominado "abuso de derecho" en materia urbanística (el abuso de derecho y la desviación de poder también por parte de la administración), a pretexto del contenido de un artículo del viejo y ya derogado Reglamento de Reparcelaciones de 1966. La verdad es que podía haberse ahorrado la cita, pero al parecer no pudo resistir la tentación y lo hizo. 

En efecto, la excelsa letrada de LUPICINIO INTERNATIONAL infiere que, puesto que estamos ejerciendo la acción pública, estamos abusando de esa prerrogativa legal que nos reconoce la ley, trayendo por los pelos la cita referida del señor LASO para arrear y vilipendiar la institución de la acción pública (una actitud beligerante contra esta institución tan de moda ahora), que tanto las leyes de suelo como la de Patrimonio Histórico conceden a todos los ciudadanos. Sin necesidad de acreditar un interés directo en los asuntos que se dirimen relacionados bien con el urbanismo bien con el Patrimonio histórico. Ambas acciones públicas se dan en este caso y nuestra legitimidad se ampara en estas disposiciones. Además de que en tanto que asociación, representamos también los intereses difusos de los ciudadanos.

Pero es que, además, se da la circunstancia de que hace tiempo tuvimos ocasión de conocer el señor LASO y recibir de él algunas lecciones magistrales acerca, precisamente, de la problemática de los Sistemas Generales adscritos o incluidos en las Unidades de Ejecución. Si la señora letrada de Bankia hubiera leído de verdad algunos de los muchos libros publicados por el señor LASO (algunos con su hijo, que por cierto, no hace muchos meses le ganó el pleito sobre la llamada Casa de Campo de San Fernando, que conocemos como el caso AENA, al Ayuntamiento de San Fernando de Henares), dejaría de utilizar su nombre en vano para traer por los pelos una cita de corta y pega extraída de un artículo muy viejo de los muchos que tiene publicados.

BANKIA Y EL ABUSO DE DERECHO

Como es sabido, la actuación de la UE-1 más conocida como de la plaza de España, fue financiada por la entonces Caja Madrid. Para ello, el 6 de julio de 2009 se celebró un consejo de administración de la Caja presidido por Miguel BLESA y formado por toda una pléyade de políticos metidos a banqueros. En ese consejo le concedieron a una sociedad insolvente y meramente instrumental del Ayuntamiento, sin empleados, sin sede propia, sin recursos propios y absolutamente descapitalizada, nada menos que siete préstamos hipotecarios al promotor por importe de 54 millones de euros para pagar unas obras que costaban 36 millones. 

Pero apenas tres años después de aquel consejo acordando la concesión de los préstamos por Caja Madrid, la sociedad estaba en quiebra y hoy en liquidación porque tiene un pasivo de más de 94 millones de euros. Y ¿si la sociedad PESF carecía de recursos propios y no generó ingreso alguno durante toda la actuación, cómo es posible que aparezcan esos 54 millones de euros totalmente dispuestos y sin embargo las obras no estén pagadas y haya numerosos acreedores que no han cobrado? Pues la respuesta es bien sencilla, por la negligente cooperación necesaria de Bankia que con su autorización y aquiescencia, permitió el desvío de varias decenas de millones de euros para otras cosas distintas a las previstas en los propios préstamos hipotecarios.

¡Esto si que ha sido un auténtico abuso de derecho señores de LUPICINIO! Porque por operaciones como esta Bankia también quebró y, cómo no, fue necesario un multimillonario rescate del Estado con impuestos públicos, es decir, de todos nosotros, para que una caja de ahorros tricentenaria, la más antigua de España, no desapareciera.

Deberían de ser los abogados de Bankia más rigurosos al menos y cuidarse de no ir por la vida con aire de prepotentes, insultando a la gente o haciendo juicios de intenciones porque, con toda seguridad, lo harán contra algún contribuyente al que le han sacado parte de sus impuestos para reparar lo que una manga de indeseables ha dejado en la ruina.


LA ATRIBULADAS COINCIDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO Y BANKIA

Bankia se adhiere plenamente a las tesis del Ayuntamiento presidido por la alcaldesa Catalina, manifestadas ya en su escrito de contestación a nuestra demanda. Hasta el extremo de que prácticamente se solapan y plagian. Y, además de poner en duda que la plaza de España sea un bien de dominio público,  como lo leen, suscribe párrafo por párrafo el escrito municipal afirmando que la actuación del Ayuntamiento entonces, en el 2009, fue plenamente ajustada a la legalidad.

Que esto no fue así, es decir, que el Ayuntamiento se saltó plenamente la legalidad urbanística tanto en la tramitación del proyecto de reparcelación aprobado por la Junta de Gobierno el 3 de julio de 2009, como en sus propias determinaciones, está al alcance de incluso un niño que solo sepa leer. Sin embargo, he aquí todo un rimbombante y carísimo despacho de abogados y nuestro querido Ayuntamiento, sosteniendo lo insostenible en sede judicial. Comprobemos pues el desvarío de ambas instituciones porque es también muy elocuente. Vean pues:

Esto  de abajo es lo que dice el proyecto de reparcleción respecto de las cesiones obligatorias al Ayuntamiento de viales y zonas verdes (en este caso la plaza de España):

ES DECIR, SEGÚN EL PROYECTO DE REPARCELACIÓN APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL 3 DE JULIO DE 2009 NO SE HACE NINGUNA CESIÓN AL AYUNTAMIENTO. CON UN PAR OIGAN

Pero esto es lo que dice la Ley de Suelo y el Reglamento de Gestión Urbanística.


PARECE QUE ESTÁ CLARO QUE LAS CESIONES OBLIGATORIAS DE VIALES, PARQUES, JARDINES PÚBLICOS, ETC. HAN DE SERLO AL AYUNTAMIENTO. COMO SE DICE, PARA LLEGAR A ESTA CONCLUSIÓN NO HACE FALTA MÁS QUE SABER LEER. NI SIQUIERA ESTÁ NEGADO A ENTENDER ESTO ALGUIEN QUE TENGA INCLUSO UN MASTER O UNA TESIS APROBADA POR LA REY JUAN CARLOS.


Y POR SI HUBIERA ALGUNA DUDA, ESTO ES LO QUE DICE EL TRIBUNAL SUPREMO AL RESPECTO. ESTAS CESIONES SE HACEN POR MINISTERIO DE LA LEY  LO DIGA EL PLAN O NO. ROTUNDO EL TS.


¿Y QUÉ ES LO QUE DICE EL PGOU?


PUES EL PGOU DICE QUE LA PLAZA DE ESPAÑA ES UN SISTEMA GENERAL VERDE PÚBLICO


Y, ADEMÁS, UN SISTEMA GENERAL VERDE QUE ESTÁ AL SERVICIO DE TODO EL MUNICIPIO Y NO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1. SOLO HACE FALTA SABER LEER SEÑORES.


¿Y QUÉ ES LO QUE LA ALCALDESA CATALINA SOSTIENE EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL ...?


... PUES QUE EFECTIVAMENTE LA PLAZA DE ESPAÑA ES UN BIEN DEMANIAL DEL QUE, ADEMÁS, ES TITULAR EL AYUNTAMIENTO. REPETIMOS, SOLO HACE FALTA SABER LEER.

PERO ¿QUÉ ES LO QUE LA ALCALDESA CATALINA SOSTIENE SIN EMBARGO EN EL CONTENCIOSO? PUES TODO LO CONTRARIO QUE EN EL CONCURSAL COMO PUEDE VERSE.


DICE LA ALCALDESA CATALINA EN NUESTRO CONTENCIOSO QUE EL PGOU CAMBIÓ LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL BIEN DEMANIAL Y POR ESO HUBO QUE APORTARLO A LA SOCIEDAD MIXTA PRIVADA. OIGAN, CON UN PAR.

PERO ¿QUÉ ES REALMENTE LO QUE DICE EL PGOU A ESTE RESPECTO?


PUES QUE LA PLAZA DE ESPAÑA ES UN ESPACIO LIBRE PÚBLICO. ES DECIR, LO QUE SIEMPRE HA SIDO. LUEGO NO HAY PUES CAMBIO JURÍDICO ALGUNO POR EL PGOU NI PODÍA HABERLO ADEMÁS. ¿DE DÓNDE SACA LA ALCALDESA CATALINA SEMEJANTE FALSEDAD?

NEGAR TODA EVIDENCIA

El Ayuntamiento y Bankia están empeñados en negar toda evidencia, sosteniendo algo que intelectualmente repugna: que un proyecto de reparcelación que acuerda no ceder al Ayuntamiento ni los viales, ni los parques, etc. cumple escrupulosamente la Ley de Suelo y sus Reglamentos.

La verdad es que o estamos presencia de una manga de ignorantes o de unos descarados manipuladores. Porque hace falta tener mucho cuajo para sostener la legalidad de lo acordado por la Junta de gobierno en su sesión de 3 de julio de 2009. Y mucho papo además para sostener una cosa en el concurso de acreedores y todo lo contrario en el contencioso.

El equipo de gobierno actual no se da cuenta de la oportunidad perdida que ha sido esta legislatura y lo pagará en las próximas elecciones. Y tampoco del inevitable ridículo que hace sosteniendo la pretendida legalidad del proyecto de reparcelación. Han tenido la oportunidad histórica quizás de poner negro sobre blanco y desenmascarar de una vez a toda esa patulea con siglas y apellidos que nos metieron en esto, y van a acabar el mandato justificando todos los desmanes porque han permitido hacer valer el criterio suicida de una abogada desarbolada por el problema y partidaria del sostenella y no enmendalla, que realmente hacer prevalecer el criterio político del sentido común y de la justicia. Y no todo este paripé impresentable al que naturalmente se ha sumado Bankia, en el sentido de que el repetido proyecto de reparcelación fue un dechado de pulcritud y respeto a la legalidad.

Un proyecto de reparcelación encargado al propio arquitecto que estaba confeccionando la modificación del PGOU (cosa que prohíbe el Colegio de Arquitectos) y que fue aprobado antes incluso de que se aprobara la Modificación Puntual. Que fue entregado en mano por los administradores de WOODMAN y no se registró en el Registro General. Que no fue sometido a informe técnico ni pasó por el Área de urbanismo y que se aprobó en solo tres días. Que no se sometió al preceptivo trámite de información pública. Y que agrupa el parcelario histórico y la propia parcela de la plaza de España cuando el PGOU no lo permite. Etc, etc, etc. Y todo este rosario de irregularidades es según la alcaldesa Catalina y la letrada de Bankia perfectamente legal tal y como sostienen en nuestro contencioso. 

Lo dicho, no sabemos bien si estamos en presencia de unos perfectos ignorantes o unos malvados. Sea como sea, desde luego ha sido una lamentable oportunidad de legislatura perdida.

sábado, 8 de septiembre de 2018

NADIE ESTABA ALLÍ (I)


SIN EMBARGO INSPECCIONABAN LAS OBRAS EN VERANO...




EN INVIERNO...




E INCLUSO DESDE EL MISMO DESPACHO DEL ALCALDE...

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JUNTOS Y EN COMANDITA

(O CUANDO EL EQUIPO DE GOBIERNO DE ENTONCES DE IU Y PSOE INSPECCIONABA LAS OBRAS ILEGALES DE PLAZA DE ESPAÑA)

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El caso plaza de España es uno de los mayores fiascos municipales habidos en los últimos veinte años en España. Es difícil encontrar un caso parecido y con consecuencias económicas tan letales y gravosas tanto para el Ayuntamiento como para particulares. Y todo esto sucedió entre 2008 y 2011, es decir, durante el gobierno de colación de IU y PSOE en aquellos años. Pero ahora nadie estaba allí o nadie recuerda nada e incluso pretenden hacernos creer que gracias a ellos los daños no fueron mayores. ¡Qué cara más dura!

Cuando se les interpela directamente ya sea en foros públicos o en comparecencias judiciales, afirman no recordar nada o tener solo una vaga idea o en todo caso dicen, en tono exculpatorio, que ellos no eran los responsables del día a día de las obras y de la actuación de la sociedad PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, sino que eso era cosa de "otros". Y cuando se les requiere para que digan quiénes eran esos "otros", balbucean y apenas saben señalar quién, pues la sociedad mercantil designada beneficiaria que también estaba administrada por ellos mismos, carecía de empleado alguno sin embargo. 

¿Cómo pudo pasar pues todo esto en una empresa que carecía de empleados y a la que no obstante le dieron y dispuso plenamente de 54 millones de euros para ejecutar unas obras que costaban 36 millones, y sin embargo acabó en concurso de acreedores con un pasivo de 94? No es que esto no tengan explicación, que desde luego la tiene, sino que de este estrepitoso fracaso en la gestión de la actuación nadie quiere hacerse cargo ahora. 

UN FORMIDABLE AGUJERO A LAS ARCAS MUNICIPALES QUE PAGARÁS TÚ

Esta actuación urbanística está plagada de irregularidades administrativas ordinarias y, según las investigaciones judiciales en las numerosas causas abiertas, también de presuntos graves ilícitos penales. Pero, independientemente de todo ello, lo que con toda seguridad sabemos ya es que toda esta inconcebible sucesión de decisiones adoptadas colegiadamente o en solitario, por un grupo de políticos aventureros metidos a promotores sin tener ni idea del asunto, ha causado y va a causar un formidable daño patrimonial al Ayuntamiento y a los particulares y empresas que, confiados en que era quien respaldaba y estaba detrás de la operación, han quedado atrapados en deudas impagadas de las que ahora nadie quiere hacerse cargo.

Nadie ha pedido disculpas por esta catástrofe que se nos ha venido encima en forma de deudas inabarcables que estrangularán inevitablemente las finanzas municipales de los próximos años, y dejarán más damnificados aún de los que ya hay. Pero sea cuál sea el balance económico final que ya sabemos será en forma de deudas multimillonarias, lo que es seguro es que lo pagará usted sufrido contribuyente. Durante los próximos veinte años pues, tendrá usted que dedicarle varios días al año de su trabajo para pagar este formidable agujero que le han dejado y le van a dejar al Ayuntamiento.

EL AYUNTAMIENTO DEBE EXPROPIAR POR INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL

Esta es desde luego nuestra decisiva y estudiada propuesta. 

Si en lugar de tener el equipo de gobierno actual y la desastrosa atomización de la composición del pleno municipal, hubiera un mínimo de consenso e inteligencia en los grupos para al menos intentar paliar este desastre, deberían  de tratar de activar los mecanismos legales que el Ayuntamiento tiene a su alcance para, en la medida de lo posible, evitar que todo el peso del escandaloso coste que estas actuaciones van a tener sobre las espaldas de los vecinos, recaigan en todo lo posible al menos sobre los activos de PESF SL expropiándolos por incumplimiento de los deberes urbanísticos y de la función social de la propiedad. 

Que esta actuación lleve paralizada desde 2011 sin que el Ayuntamiento haya movido un solo dedo al respecto y declarado formalmente ese incumplimiento, da una idea de las limitaciones que tienen quienes nos gobiernan. Porque no pueden decir desde luego salvo por puro desconocimiento, que el Ayuntamiento no tiene instrumentos legales para conseguir al menos paliar en muy buena parte este desastre si lo hacen a tiempo, en lugar de tener que endeudarse hasta las cejas con su inevitable suspensión de pagos próxima. 

Hay que tener en cuenta que la expropiación por incumplimiento de deberes urbanísticos no es una medida contra los activos de la concursada porque no supone una ejecución de su patrimonio, sino una transmisión coactiva de la propiedad o sus derechos (de PESF SL al Ayuntamiento) pero por el incontrovertible incumplimiento de la función social de la propiedad. Principio constitucionalmente consagrado que es directamente aplicable para cualquier promotor de una actuación urbanística que no cumple sus obligaciones, esté en concurso de acreedores o no.

¿Qué sentido tiene que el Ayuntamiento haya pedido un préstamo por importe de 38 millones de euros para pagar sentencias por responsabilidad patrimonial que pueden alcanzar incluso cerca de los 70 millones, si hubiera podido perfectamente con ese mismo dinero expropiar toda la actuación, o ejercer un derecho de tanteo sobre muchos de esos activos frente a la adjudicación al fondo buitre por 27,5 millones?

En fin, un desastre cuya inactividad y pasividad municipal imputable a toda la corporación pero con especial responsabilidad del equipo de gobierno actual, no hará sino agravarla aún más si no se reacciona a tiempo y con contundencia. 

Que el actual equipo de gobierno presente los pagos que ha realizado y aún le quedan por realizar en este caso plaza de España como un logro de su gestión, da una idea de por dónde andan de despistados los actuales gobernantes. Pero que por parte de la oposición no haya una solo iniciativa (aunque acabarán esta legislatura con cientos de mociones inútiles presentadas), para estudiar la expropiación de los activos de PESF SL por incumplimiento de la función social de la propiedad, deja a los pies de los caballos al próximo equipo de gobierno porque va a tener muy poco margen de maniobra (las elecciones son en apenas ocho meses) y desde luego sobrehipotecado al Ayuntamiento para los próximos veinte años. Aún estarían a tiempo si en lugar de pensar solo en las próximas elecciones, pensaran algo más en el pueblo. Pero mucho nos tememos que todo será inútil porque la suerte está ya echada.

miércoles, 5 de septiembre de 2018

EL QUINTETO DE LA MUERTE


DE IZQUIERDA A DERECHA: LA CONCEJALA CRISTINA PARRILLA DE IU, LA EX SECRETARIA DE PESF SL Y EX ASESORA DEL EQUIPO DE GOBIERNO DURANTE 19 AÑOS CARMEN CRIADO, EL EMPRESARIO Y EX ADMINISTRADOR DE WOODMAN VICTORIANO CUESTA Y EL EX CONCEJAL DEL PP JESÚS SÁNCHEZ YAÑEZ. FALTA EL MISTERIOSO EMPRESARIO DE VALLADOLID SANTIAGO CALDERÓN.


DEMANDA DEL INCIDENTE CONCURSAL PRESENTADO POR TODOS ELLOS EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE PESF SL EN 2017, QUE AHORA ACABA DE ZANJAR UN AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
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VARAPALO JUDICIAL

Un reciente Auto de la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, ha venido a zanjar de forma contundente toda una descabellada teoría vendida con insistente matraca por los actores arriba referidos, en el sentido de que en el concurso de acreedores de PESF SL debía de ser modificado tanto el inventario de bienes como la lista de acreedores porque - según la ex secretaria de la mercantil ahora en liquidación que también actuaba en este incidente como dirección letrada de todos los demás -, tanto la junta de partícipes celebrada el 19 de junio de 2012 como una sentencia del Juzgado 8 de lo Mercantil a resultas de una impugnación de dicha junta promovido por uno de los socios, incidían en dicho procedimiento concursal de forma decisiva. 

Dicha sentencia anuló efectivamente parte de los acuerdos de la junta pero no los demás puntos del orden del día. Lo que ha dado lugar a que la ex secretaria de PESF SL y todo el que ha querido comprarle el argumento, monte toda una causa belli contra un montón de codemandados, desde el Administrador concursal pasando por el Ayuntamiento e incluso contra el Ministerio de Hacienda "ad cautelam", en un ejercicio abusivo y tratando de obtener una suerte de confirmación judicial a toda una serie de decisiones adoptadas por los entonces administradores de la sociedad, contando precisamente con el asesoramiento de la propia ex secretaria pero que, como se ha revelado ahora, eran absolutamente descabellados.

En efecto, la ex secretaria, y con ella los acompañantes incluidos los dos concejales actuales que le han comprado el relato, han recibido un varapalo judicial poniendo la Audiencia Provincial negro sobre blanco en buena parte de la inconsistente demanda, que solo tenía por finalidad tratar de presentar lo que no era más que un pronunciamiento judicial del Juzgado 8 de lo Mercantil sobre la junta celebrada el 19 de junio de 2012, (donde se llegó incluso a acordar la disolución de la sociedad y la entrega de sus bienes a los socios, sin contar con los acreedores ni constituir una reserva legal como indican los estatutos), argumentando que la misma tiene alcance de convalidación de lo acordado en dicha junta y, por ende y a partir de eso, arrumbar con el concurso (que ya está en fase de liquidación), los propios procedimientos penales abiertos e incluso los contenciosos también.

La ex secretaria de PESF está invocando también dicha sentencia del Juzgado 8 de lo Mercantil como cosa juzgada en el contencioso que nosotros mantenemos contra el Ayuntamiento por el proyecto de reparcelación, donde intenta una y otra vez personarse sin conseguirlo. 

Es decir, sostiene la ex asesora del equipo de gobierno que actúa además como letrada de sí misma, que esa peculiar sentencia tiene efectos urbi et orbe hasta el extremo de pretender que el juzgado mercantil ya se ha pronunciado incluso sobre temas que solo están reservados lógicamente a los de la jurisdicción contenciosa o en su caso la penal.

Y en ese delirio obsesivo y compulsivo por tratar de contaminarlo todo con este particular argumentario, llega incluso a la conclusión de que dicha sentencia convalidó la adjudicación de los bienes a los socios en aquella junta, y quedó el Ayuntamiento como socio único y por lo mismo y desde entonces ya la sociedad no es insolvente (porque, según esta particular teoría el Ayuntamiento asumiría las deudas), el concurso (donde puede ser declarada culpable ella misma) ya no tendría sentido y los procedimientos penales tampoco porque ya no habrá delitos de administración desleal. E incluso las más de treinta sentencias ya firmes de los juzgados de los contencioso serían pura filfa porque a un simple juzgado de lo mercantil de Madrid no se le ocurrió anular el resto de los acuerdos de la junta de de junio de 2012. Pero olvidando u ocultando a todo el mundo, que dichos acuerdos fueron anulados luego por otra junta celebrada en 2013 y que, además, están siendo investigados en el juzgado de lo penal número 1 de Coslada por un presunto delito de alzamiento de bienes.

El Auto en cuestión de la Audiencia que ahora se ha conocido, no solo desmonta todo este descabellado argumentario utilizado en todo procedimiento en el que se ha personado o intentado personarse (que son en casi todos los abiertos), sino que viene a decir que ni la célebre junta de junio de 2012 ni la sentencia del juzgado 8 de lo mercantil, tienen virtualidad alguna sobre el concurso de acreedores.

El Auto, además, reprocha a los recurrentes que pretendan ignorar lo acordado en el concurso tratando de acomodarlo a su conveniencia, que hay una confusa desconexión entre los hechos y lo que se pide, que los concejales que promovieron el incidente (que fue rechazado de plano por el juez mercantil) no pueden representar al Ayuntamiento y, en fin, todo un duro alegato judicial contra lo que evidentemente era una temeraria iniciativa al servicio de un intento de exonerarse la propia ex secretaria. El Auto condena en costas al único apelante, que no es otro que CARFER 1959 SL, la empresa utilizada por Victoriano CUESTA para reclamar deudas a PESF SL por trabajos cuya realización están en cuestión y, además, está desparecida de su domicilio social desde hace varios años.

Nos tememos no obstante que los autores e impulsores de este estrepitoso fracaso incluidos los dos concejales que no se sabe bien qué pintan en este asunto, van a seguir dando la lata con esta matraca inasequibles al desaliento. Y, naturalmente, todo el despliegue informativo y de comparecencias en los medios para darle publicidad a sus pretensiones en su día, no es más que silencio y ocultamiento vergonzante ahora que ya hay un pronunciamiento judicial definitivo y que desmonta sin piedad todas las falacias en que se sustentaba el asunto. Por eso, por el silencio que guardan ahora que ya un severo tribunal ha juzgado (esto sí que es cosa juzgada ya) y desmontado para siempre un absurdo relato promovido solo para tratar de satisfacer la exoneración de la ex secretaria y ex asesora del equipo de gobierno, es por lo que lo damos a conocer nosotros. 

Pero ya no tienen muchas excusas ni darán cuenta al pleno. El mismo pleno de 16 de marzo de 2017 en el que el concejal no adscrito Jesús SÁNCHEZ presentó y defendió una moción que le habían preparado y que obtuvo solo tres votos de apoyo, pero cuya aventura ha acabado estrepitosamente estrellándose en una sección de la Audiencia Provincial.

De modo que por eso, porque todos los protagonistas de este sainete lo callan ahora, lo publicamos nosotros para general conocimiento.



viernes, 31 de agosto de 2018

LAS CUENTAS CLARAS Y AL PAN, PAN...





LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 2016 YA LUCE ASÍ EN EL PORTAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, REMITIDA EL 3 DE AGOSTO POR EL EQUIPO DE GOBIERNO



PERO EN EL ACTIVO DEL BALANCE, EN EL EPÍGRAFE CORRESPONDIENTE A INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO DE SOCIEDADES, APARECE SOLO EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMS PERO NO EL DE PESF SL.





CUANDO EL 9 DE JULIO DE 2008 FUE SUSCRITO POR EL AYUNTAMIENTO EL 49 % DEL CAPITAL SOCIAL DE PESF SL. ES DECIR, NADA MENOS QUE 9.175.996,80 € QUE FUERON DESEMBOLSADOS SEGÚN LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN


Y EL 2 DE ENERO DE 2009 FUE SUSCRITA UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE LA MISMA SOCIEDAD POR IMPORTE DE 1.993.928,40 € TOTALMENTE DESEMBOLSADO TAMBIÉN






EMPLAZADAS
(PARA QUE NO NOS TOMEN MÁS EL PELO)
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El Ayuntamiento tiene una participación societaria en la mercantil mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL de 15.932 participaciones (49 %) y por importe de nada menos que 11.169.925,20 €. Pero esta inversión realizada en 2008 y que viene a representar casi un tercio de todo el presupuesto municipal ordinario, ¡no aparece registrada en la contabilidad municipal!

Y es la alcaldesa la obligada a rendir las cuentas y quien firma la Cuenta General de 2016, con la responsabilidad legal de que las mismas sean veraces y reflejen la imagen fiel de la situación financiera de la corporación. Pero, junto con la concejala de Hacienda, afirman sin rubor que las cuentas municipales rendidas el pasado día 19 de julio al pleno, expresan la fiel imagen de la contabilidad municipal, y además todo el equipo de gobierno de SAN FERNANDO DE HENARES SÍ PUEDE las votó sin parpadear.

¿Cómo es posible este descaro, esta irresponsabilidad y esta frivolidad? ¿cómo es posible que esto señores, tras tres años y medio en el gobierno, no se hayan enterado que en la contabilidad municipal faltan por contabilizar 11,1 millones de euros, además de otros 4,6 correspondientes a un local que PESF SL le donó al Ayuntamiento en el año 2012? ¿Cómo es posible pues que falten en las cuentas municipales nada menos que 15,7 millones de euros por contabilizar, y el equipo de gobierno pretenda que nos creamos que esas cuentas son la expresión fiel de la situación financiera y patrimonial del Ayuntamiento? ¿Nos toman por tontos o simplemente menosprecian nuestra capacidad de análisis de unos estados financieros municipales que son cualquier cosa menos la imagen fiel?

EMPLAZADAS

Las alegaciones que presentamos a la Cuenta General de 2016 fueron desestimadas precisamente por los cinco miembros del equipo de gobierno en el pleno de 19 de julio, y es desde el año 2009 desde cuando este importe de la inversión en PESF SL no aparece contabilizada en la contabilidad municipal. Es decir, se arrastra desde entonces este mismo grave problema contable que el actual equipo de gobierno ha decidido camuflar bajo la alfombra; esa misma alfombra que la alcaldesa dice han venido a levantar y por esa razón está imputada.

Hay una cosa letal en la política como en otras facetas de la vida: la ignorancia enmascarada bajo un manto de arrogante soberbia. Se atreven a afirmar con descaro que, unas cuentas municipales donde faltan nada menos que 11,1 millones de euros en su activo, son correctas y fidedignas. ¡Hay que tener valor o un pésimo concepto de la capacidad de discernimiento de los ciudadanos!

Pues bien, si el Ayuntamiento suscribió nada menos que 15.932 participaciones de PESF SL por importe de 11.169.925,20 €, y este capital está totalmente desembolsado y lo fue mediante aportaciones no dinerarias, es obvio que en el año 2008 debieron salir de los activos municipales esos bienes con los que se pagaron esas participaciones, además de la plaza de España. Por ello, señora alcaldesa, la hemos emplazado, para que nos diga por escrito y con su firma, cuáles fueron esos bienes municipales entregados a PESF SL el 9 de julio de 2008. Es muy fácil, ordénele al secretario que expida esos certificados que le hemos pedido en el plazo que le da la ley, porque de otra forma, tanto usted como la concejala de Hacienda tendrán que comparecer en algún organismo o tribunal. Porque no hay derecho a que nos tomen por unos simples idiotas, cuando está al alcance de cualquiera comprobar que hay una grave omisión en la contabilidad municipal, y que es muy necio persistir en negarlo porque ni siquiera los anteriores tuvieron el valor de hacerlo.

Resulta simplemente un sarcasmo que usted, señora alcaldesa, haya promovido un incidente en el procedimiento concursal pidiendo al Juez de lo Mercantil que anule esas aportaciones, y sin  embargo ni siquiera las tenga contabilizadas en sus estados contables municipales. No hay nadie que entienda la lógica con la que usted se maneja en este proceloso asunto del caso plaza de España en el que, con sus iniciativas, va a conseguir enredarlo y complicarlo más de lo que ya está.

Le hemos pedido una cosa muy simple no obstante señora alcaldesa, movidos por la desafiante actitud de su concejala de Hacienda y de todo el equipo de gobierno al desestimar nuestras alegaciones parapetándose, además, tras la calculada displicencia de un informe emitido por la Interventora Accidental. Informe que, no siendo vinculante no obstante, ustedes lo han considerado como propio. Le hemos pedido pues que certifique el secretario municipal con su visto bueno de dónde salió la concesión administrativa, la urbanización, el aprovechamiento o los 8.266 m2 del subsuelo que, según las escrituras de constitución y ampliación de capital de la sociedad PESF SL, aportó y desembolsó el Ayuntamiento para suscribir el capital social de la misma.

Porque debería saber usted que, la verdadera razón por la que no es posible contabilizar estos importes en la contabilidad municipal se debe a que hay que contabilizar también la contrapartida correspondiente; es decir, de dónde salen. Y es metafísicamente imposible contabilizar correctamente bienes ficticios sin incurrir en un delito de falsedad. Porque ficticios son, señora alcaldesa, esos bienes que en las escrituras se dice aportó el Ayuntamiento, y lógicamente los responsables de la contabilidad municipal no pueden hacerlo y piden y exigen que alguien les diga de dónde salieron esos bienes aportados, porque en el Ayuntamiento nunca existieron. 

Es muy sencillo pues. Firme usted esos certificados que expida el secretario municipal y que le hemos pedido, o reconozca que esos bienes aportados por el Ayuntamiento son ficticios y no existen ni han existido nunca. Y ello en lugar de parapetarse tras informes mendaces o pedirle al Juez de lo Mercantil que los anule y le haga el trabajo sucio que usted ni quiere ni se atreve a hacer.

sábado, 25 de agosto de 2018

UN ESCÁNDALO MÁS



UN VOTO MUY PARTICULAR
***
En el último pleno celebrado el pasado día 19 de julio, el equipo de gobierno llevó un expediente de modificación de crédito que tenía por finalidad la suplementación presupuestaria para pagar una sentencia del caso plaza de España a uno de los afectados.

El asunto solo contó con una brevísima explicación de la concejala de Hacienda, quien ni siquiera dijo el nombre del beneficiario de la sentencia. Se limitó a exponer que era necesario suplementar ese crédito porque la partida de DERECHOS SOBRE BIENES EXPROPIADOS DE LA UE-1 no tenía fondos suficientes para atender la sentencia. Tampoco dijo el importe que había que pagarle. Y, lo más inquietante, este asunto no mereció una sola pregunta o intervención de nadie de la oposición. Nadie de los asistentes al pleno o que viera la sesión por la TV municipal entendería nada ni podía saber exactamente de qué iba esto. Las sesiones municipales de esta corporación pueden enzarzarse en diatribas y broncas por cualquier sandez, pero sin embargo pasan por encima de lo sustancial como por ensalmo.

La cuestión es que hay una condena al Ayuntamiento, una más, por parte de un tribunal y hay por lo tanto que pagar a alguien, pero a nadie interesó que se supiera a quién ni tampoco cuánto. Los concejales asistentes, todos, debían de estar sobreaviso porque nadie dijo ni mú entre la indiferencia y la resignación.

El expediente ha sido sometido a información pública y lo hemos alegado y explicamos el porqué.

LA PREVISIBLE RUINA MUNICIPAL

Tenemos que acostumbrarnos a esto en los próximos meses porque van a llover ejecuciones de sentencias como piedras en medio del marasmo general, y las arcas municipales van a quedar tiritando porque hay que pagar una descomunal deuda en forma de fallos judiciales a cual más escandaloso. Y el problema es que casi no nos vamos a enterar sino hasta que el Ayuntamiento quede en la ruina que será pronto.

En este caso el afortunado por la rueda de la justicia ha sido la mercantil INSTITUTO DE GESTIÓN CONTINENTAL SA, quien era propietaria de una cuarta parte de un proindiviso en el número 13 de la plaza de España. Y lo que hay que pagarle a estos señores por 54 m2 de ese proindiviso es nada menos que 199.032,76 €. Es decir, una repercusión por metro cuadrado de 3.652 €.

Haciendo un cálculo urgente y teniendo en cuenta que los propietarios afectados de la UE-1 aportaron aproximadamente unos 18.000 m2, el Ayuntamiento debe prepararse para pagar en los próximos meses nada menos que entre 65 y 70 millones de euros y solo en concepto de responsabilidad patrimonial. ¡Todo un escándalo!

Del inmueble de plaza de España 13, como se ha dicho, la propiedad de este afectado se corresponde con un proindiviso compartido con otras cuatro partes más. Lo insólito de todo esto pero que ya no nos extraña nada, es lo que sucede desde el momento en que se firma el convenio urbanístico de expropiación con los propietarios afectados del proindiviso (cinco en total, dos empresas y tres particulares) en mayo de 2008, hasta la ejecución de la sentencia ahora en 2018.

En efecto, suceden cosas tan raras que es un insulto además de un atraco, tener que pagarle en este caso a esta mercantil titular de solo 54 m2, nada menos que 199.032 euros del ala a costa de los impuestos municipales, sin que nadie pida explicaciones o responsabilidades. Es inaudito todo.

Las irregularidades detectadas por nosotros se remontan ya a la firma del convenio de expropiación; siguen hasta nuestros días y son las siguientes:

1.- Los propietarios del inmueble de plaza de España 13 solo tenían título de propiedad por 218 m2, y sin embargo se le reconocieron 404 m2, lo que hizo que se emitieran más participaciones sociales de la mercantil PESF SL que el suelo realmente aportado por ellos.
2.- A pesar de que todos los propietarios vivían en sus respectivas viviendas en Madrid o las sociedades tenían su domicilio social en la capital, se les reconocieron unos abonos por realojos en alquiler de 1.800 € al mes (900 € por cada vivienda).
3.- Para nuestros asombro, los tres propietarios particulares tienen reconocidos créditos a su favor por el Administrador Concursal de PESF SL, en concepto de realojos por importe de 1.100 €/mes cada uno.
4.- En el convenio urbanístico de expropiación aprobado por el pleno de 28 de mayo de 2008, aparecían una serie de espacios en blanco luego rellenados a mano, precisamente relacionados con el INSTITUTO DE GESTIÓN CONTINENTAL SA, cuyo representante compareció con unos poderes de fecha 9 de junio. Es decir, el convenio aprobado por el pleno municipal fue manipulado con posterioridad.
5.- INSTITUTO DE GESTIÓN CONTINENTAL SA es una sociedad dedicada al alquiler de viviendas y está vinculada societariamente a BITANGO PROMOCIONES SL, quien acumula numerosas sanciones por el cobro de sobreprecios en viviendas protegidas, y ha realizado operaciones con ese tipo de viviendas en Arroyomolinos, así como en una denuncia periodística que la relacionaba con empresas del ex jugador de fútbol y ex seleccionador nacional Fernando HIERRO, que al parecer también incurrió en la misma práctica.

Todo lo anterior, junto con el hecho de que no haya ni una sola afección al cumplimiento de los deberes urbanísticos en cada una de las parcelas y fincas de la UE-1 por omisión municipal, es lo que ha hecho que presentemos alegaciones a este expediente de suplementación de créditos.

Por si fuera poco, todos estos socios privilegiados de PESF SL se van a ir de rositas también cuando el Ayuntamiento subvencionó con 900.000 € a dicha sociedad, y sin embargo no han devuelto un euro a pesar de que la legislación sobre subvenciones indique que, si la sociedad es liquidada (cosa que se está haciendo con PESF SL), responden de su reintegro todos y cada uno de los socios. 

¿Cómo es posible pues, que se le paguen a estos señores nada menos que 199.032 € por 54 m2, y sin  embargo no se les reclame o se les descuente la parte proporcional del importe correspondiente a la subvención municipal que nunca devolvieron?


EL VOTO PARTICULAR DISIDENTE DE LA SECCIÓN 4 DEL TSJM

El magistrado presidente D. CARLOS VIEITES PÉREZ de la Sección 4 del TSJM, discrepa totalmente de sus otros tres colegas de la sección, por aceptar el método de comparación en lugar del residual para calcular el importe de la indemnización utilizado por los peritos. Y es que, ciertamente, a este magistrado le parecen escandalosamente elevados los importes que el Ayuntamiento ha de pagar por estos conceptos. 

Por su extraordinario interés y aunque puede parecer un asunto muy técnico, lo reproducimos:

VOTO PARTICULAR 

Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 260 de la Ley Organica del Poder Judicial formula voto particular el Pte. De la Sección Ilmo. Sr. Magistrado D. CARLOS VIEITES PEREZ, al disentir de la decisión adoptada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso administrativo nº 46/2017 . PRIMERO.- En la Sentencia de referencia del presente recurso se acoge como prueba pericial valida la realizada por D. Eliseo que obra en la Ejecución de Titulo Judicial 35/2016 que proviene del Procedimiento Ordinario 423/2014 que obtiene un valor unitario de 2.666/m2 por el método de comparación. Entendiendo el que suscribe que aunque no lo diga en su informe para llegar a ese precio unitario ha deflactado.


Lo cual no es correcto como hasta la saciedad ha establecido el Tribunal Supremo, por todas la de 14 de julio de 2014. En la cual establece de forma nítida y contundente que "no es de recibo calcular su valor en el momento en que se efectúa la pericia y deflactar luego la cifra así alcanzada, para descontar el incremento del nivel de precios habido entre uno y otro". En dicha Sentencia se analiza el método de comparación y se rechaza por deflactar. Siguiendo la constante doctrina jurisprudencial ya recogida en sentencias anteriores como la de 28 de Noviembre de 2011. SEGUNDO.- Efectivamente el artículo 24.2 de la Ley del Suelo de 2008 , establece como criterio para valorar el suelo edificado o en curso de edificación el de tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la legalidad por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o la construcción ya realizada. Ahora bien para que ese método de comparación pueda utilizarse ha de hacerse correctamente. Esto es utilizando comparables adecuados lo cual no ha hecho el perito D. Eliseo y no deflactando como ha realizado aunque no lo recoja su informe. Deflación que está recogida en los informes del resto de todos los peritos que han utilizado el método de comparación obteniendo valores casi idénticos al citado perito. Por lo tanto al no poderse utilizar el método de comparación correctamente; debemos de acudir al siguiente método previsto en el citado artículo 24.2 en su letra b) el determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada. Y si el suelo está sometido a actuaciones de reforma el método residual considerará los usos y edificaciones atribuidos por la ordenación en su situación de origen. TERCERO.- Por lo tanto debiéndose rechazar el método de comparación realizado por todos los peritos por deflactar que obtienen valores unitarios de 2.579,79 Euros /m2 la perito Dña. Encarna en el Procedimiento Ordinario 422/2014, D. Dimas en el Procedimiento Ordinario 423/2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 10 que obtiene un valor unitario de 2.664,88 Euros/m2 deflactando. D. Eleuterio , informe obrante en el Procedimiento Ordinario 422/2014 del Juzgado de lo Contencioso nº 3 que obtiene un valor unitario de 2.674,93 Euros/m2 también deflactando. Y el que ha tenido por bueno la Sala de perito D. Eliseo de 2.666 Euros/m2. Pericial de D. Dimas de 2.664,88 Euros/m2. Debemos de acudir al método residual. Y en este sentido tenemos dos pruebas periciales que creo que la Sala debería haber acogido como válidas, que son la de la perito Dña. Encarna que obtiene un valor por el método residual de 1.307,20 Euros/m2 o la del perito D. Gervasio , que obtiene un valor unitario de 1.585,29 Euros/m2. Precio Unitario que se acomoda al método residual calculado correctamente y obtiene un resultado más acorde con el valor real de los bienes inmuebles, tal y como la crisis económica puso de relieve al tener su origen en precios de inmuebles muy por encima de su valor real. Pte. De la Sección Ilmo. Sr. Magistrado D. CARLOS VIEITES PEREZ. Dado en Madrid, en la misma fecha de la Sentencia de la que se discrepa. D. CARLOS VIEITES PEREZ

Evidentemente no somos los únicos que estamos alucinados con este asunto. También al presidente de la Sección 4 del TSM de lo Contencioso le parece una barbaridad. Y a fe que lo es. El Ayuntamiento tendrá que hacer frente en los próximos meses a una cascada de ejecuciones judiciales de este tenor hasta que el cuerpo aguante. Pero nadie, absolutamente nadie, se da por aludido y mucho menos ha pedido disculpas.


ZONA CATASTRÓFICA

Es necesario repetir que estas deudas que aparecen ahora, que ha de soportar el Ayuntamiento y que pueden aproximarse a los 70 millones de euros, nada tienen que ver con las que aparecen en el concurso de acreedores, donde Bankia reclama 64 millones de euros, las empresas constructoras 20 millones, otros acreedores como el arquitecto director, la EMS, y varios proveedores reclaman créditos que pueden alcanzar los 15 millones de euros. Lo que unido a que el Ayuntamiento es deudor en el mismo concurso por cerca de 5 millones de euros, hace que estemos ya próximos a los 175 millones de euros en deudas que, en su mayor parte, habrá de pagar el propio Ayuntamiento. 

¿Cómo es posible todo este formidable desmadre de deudas multimillonarias por importe de 175 millones de euros, para ejecutar unas obras que costaban 40 millones y no tuvieron desvío presupuestario significativo? 

Sería mejor que declararan esta actuación como zona catastrófica, si no fuera porque no nos ha caído encima por un fenómeno natural, sino por una plaga en forma de políticos irresponsables que jugaron a promotores sin tener ni idea de lo que hacían, ni tampoco de las consecuencias de sus actos. De los que, por cierto, ninguno se ha hecho responsable ni ha pedido disculpas ni a título particular ni en nombre de los partidos que perpetraron este desastre, y que ahora, los actuales gobernantes que iban a auditar estas cosas, no solo no han auditado nada sino que se han convertido en el brazo ejecutor de los desmanes de los anteriores. Preparen pues el bolsillo los sufridos contribuyentes como siempre pasa.

martes, 21 de agosto de 2018

LA INVASIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN NUESTRO MUNICIPIO (II)


AÑO 1956. EN ROJO, LA FINCA DONDE LUEGO SE LOCALIZARÍA EL ACTUAL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. EN AZUL, EL CAUCE ORDINARIO DEL RÍO UNOS MESES ANTES DE LA RIADA DE AQUEL AÑO. COMO PUEDE APRECIARSE, EL RÍO ENTONCES DISCURRÍA POR BUENA PARTE DE LO QUE HOY ES EL RECINTO DEL POLIDEPORTIVO. Y EN AMARILLO, LAS FINCAS QUE LUEGO FUERON PROPIEDAD TODAS ELLAS DE UNA SOLA FAMILIA. LO CUAL EXPLICA LA RAZÓN POR LA QUE EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL FUE LOCALIZADO DONDE HOY ESTÁ Y NO EN OTRO LUGAR COMO EXPONEMOS A CONTINUACIÓN.



DELIMITACIÓN YA APROBADA DEL DOMINIO PÚBLICO EN ESTE TRAMO DEL RÍO POR LA CONFEDERACIÒN HIDROGRÁFICO DEL TAJO.


POR QUÉ EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL FUE LOCALIZADO EN UN LUGAR INADECUADO
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El polideportivo municipal fue localizado en el inadecuado lugar donde está, gracias a una azarosa coyuntura pocos meses después de celebrarse las primeras elecciones municipales democráticas de 1979, que en San Fernando de Henares fueron ganadas por el PCE con Ángel LUPIÓN como primer alcalde.

En aquellos momentos, el municipio apenas tenía un PGOU que se contraía al casco histórico y a unas zonas de ensanche, de las que caben destacar lo que hoy es Parque Henares, una populosa barriada que contó con un plan parcial antes de la aprobación de la Ley de Suelo de 1975 y que se desarrolló a lo largo de los años 70 y 80. Casi un millón de metros cuadrados y unas previsiones de 8.000 viviendas, lo que daba una densidad por Hectárea muy superior a la permitida por la nueva Ley de Suelo.

En ese contexto, el equipo de gobierno de entonces se propuso varias acciones, entre ellas la de tratar de paliar la falta de equipamientos en el municipio, algo que era muy común en casi todos los demás. 

Uno de los equipamientos que priorizaron fue el de levantar un recinto cerrado que agrupara una serie de instalaciones dedicadas fundamentalmente al deporte: piscinas, pistas de tenis, fútbol, etc. Pero el Ayuntamiento carecía de propiedades donde poder localizarlo. Hay que tener en cuenta que entonces, incluso el campo de fútbol donde jugaba el equipo titular del municipio llevaba el nombre de uno de los promotores locales: Sánchez Lorbada, y cuya propiedad era también del promotor del barrio del mismo nombre.

Así pues, el equipo de gobierno de entonces no le quedó más remedio que entrar en negociaciones con la familia que era la propietaria principal (y casi única) de todo el suelo vacante del municipio, y que, en líneas generales, se puede identificar por las flechas amarillas de la fotografía de arriba.

Dado que, como se dice, el PGOU de entonces no contenía grandes desarrollos previstos salvo lo que luego fue la zona del ensanche, el equipo de gobierno con su alcalde a la cabeza decidió pactar con la familia propietaria de casi todo el suelo vacante del municipio, acordando permutas y la obtención de suelo para colegios y otros equipamientos a base de comprometer con ellos futuras recalificaciones. Es el caso, por ejemplo, de los bloques que hoy se conocen como de las Coronas en lo que entonces era el límite de Madrid, que fueron levantados con licencia municipal incluso antes de que fuera aprobado el nuevo PGOU en 1988, a cambio de ceder una parcela anexa a uno de los colegios para su perentoria ampliación.

Uno de esos equipamientos que fue objeto de un convenio con la poderosa y casi única familia propietaria del suelo vacante, fue precisamente la del polideportivo municipal. Una parcela de 112.138 metros cuadrados y sobre la que hay hoy levantados 56.587 metros de construcción. Las negociaciones fueron duras y comprendieron otras concesiones a la familia de terratenientes locales. En el caso del polideportivo municipal, el Ayuntamiento no soltó un duro, pero sí reconoció a la propiedad adscribirlo cono un sistema general externo en lo que hoy es el SUE 5 (polígono Puerta de Madrid) en el polígono industrial, y unos derechos patrimonializables de 10.000 m2, que en cualquier caso no fueron recogidos en el PGOU sino hasta 1988.

Pero corría el año 1998 y sus propietarios no habían conseguido materializar el aprovechamiento reconocido en pago del suelo cedido del polideportivo, por vicisitudes del sector industrial donde estaba localizado como sistema general externo. Y es que el PGOU preveía la ejecución de este sector por expropiación, lo cual provocó una avalancha de demandas y juicios que acabaron mal para los intereses del Ayuntamiento, pues el PGOU de 1988 contenía un error fatal precisamente a costa del sistema general adscrito, ya que los tribunales consideraron que no debía ser adscrito a dicho sector porque no tenía exceso de aprovechamiento sino defecto. Un formidable lío a costa de un lamentable error del PGOU.

Estas sentencias dejaban el sistema general del polideportivo en el aire, pues obviamente sus propietarios no podían materializar el aprovechamiento reconocido en pago de la cesión de la parcela al Ayuntamiento. De forma que la propiedad demandó al Ayuntamiento pidiéndole nada menos que 400 millones de pesetas en concepto de indemnización o bien el retorno de la finca del polideportivo a su dueño inicial.

Todo aquel embrollo pudo acabar mal, pero he aquí la milagrosa aparición de la firma Toquero Express que, inopinadamente, desbloqueó el desarrollo del sector industrial, y con ello libró al Ayuntamiento del pago de 400 millones de pesetas o de tener que abandonar el polideportivo. Poco tiempo después otro milagro, el presidente de una de las unidades de ejecución más grande era precisamente un representante de la poderosa familia propietaria inicial de la finca cedida del polideportivo, quien, por fin, podía cobrarse el importe de la cesión de la parcela al Ayuntamiento. Y a fe que lo hicieron con creces. 

Curiosamente, el que fuera presidente de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución donde se localizaron las parcelas en pago del polideportivo y quien fuera también su secretario, son también las mismas personas que luego tendrían un gran protagonismo en el caso plaza de España a través de la mercantil WOODMAN SL. 

UN LUGAR INADECUADO

El lugar donde está localizado el Polideportivo no era apto para construir nada sobre él, ya que se trata de un suelo de aluvión invadido repetidamente por el río, formado por arenisca y echadizo proveniente de la existencia de canteras extractivas en su día. Y, además, forma parte de una zona inundable de las muchas avenidas del Jarama incluso después de la construcción de la presa de El Vado en 1960, como lo prueban varias inundaciones de 1962 y hasta de 1989. 

Así, por ejemplo, fue necesario prolongar los pilotajes del actual campo de fútbol a profundidades más que considerables hasta hallar el firme. Se trata pues de un suelo no apto para urbanizar ni siquiera como equipamiento. Su localización y construcción se hizo sin cobertura legal alguna y solo respondió al cruce de intereses con la propiedad mediante un paquete de convenios firmados en 1980. Hoy día sin duda no habría sido autorizada su construcción ahí.