BIENVENIDOS AL REINO DE LA IMPUNIDAD
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Para aquellos que nos siguen, ya conocerán por nuestras entradas anteriores que hoy se celebraba el juicio por un posible fraude de una subvención de 900.000 euros que el Ayuntamiento concedió a la empresa PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Y que han desaparecido en el marasmo de la quiebra de dicha mercantil mixta de la que eran presidente y consejero delegado, precisamente, el entonces alcalde Setién y el también entonces concejal de urbanismo Joaquín Martínez.
Este asunto, como también comentamos en otras entradas, proviene de una denuncia de nuestra asociación a la Fiscalía en el año 2015 y que, luego de estudiarla, la remitió al Juzgado competente de Coslada donde, tras una larga instrucción y apreciando indicios de criminalidad, se dictó la apertura del juicio oral que, finalmente, se ha intentado celebrar hoy y para el que estábamos convocados como testigos propuestos por la Fiscalía.
Sin embargo, finalmente no se ha celebrado juicio alguno porque la señora Magistrada Juez del Juzgado nº 4 ha acordado la prescripción de los delitos que era lo que, al parecer, las defensas han alegado y finalmente ha prevalecido. O, en román paladino: carpertazo judicial y a otro asunto.
¿JUICIO A PUERTA CERRADA?
Ciertamente no sabemos con exactitud qué es lo que ha pasado puesto que, salvo los encausados y las partes personadas incluido el Ayuntamiento, no hemos tenido acceso al juicio porque no nos han dejado pasar.
Por otra parte, nunca habíamos visto en el acceso a la sala de vistas mayor número de abogados socialistas en ejercicio de concejales o en ciernes. Los cuáles lo celebraron todos con alborozo y gritos de satisfacción como si hubieran ganado el juicio cuando en realidad lo que ha sucedido simplemente, es que los delitos habrían prescrito y, por lo tanto, el caso se ha quedado sin juzgar en el fondo del asunto.
Resulta descorazonador pero, ha de saber usted sufrido contribuyente, que de los fondos municipales en San Fernando de Henares, pueden desaparecer impunemente 900.000 euros porque, sencillamente, quienes montaron una administración paralela para eludir los controles de los interventores de fondos y de la ciudadanía so pretexto de una empresa "privada", eran los mismos que tenían la obligación de reclamar su justificación y reintegro pero nunca lo hicieron. Es más, ni siquiera lo denunciaron a tiempo en el Juzgado.
Por eso es un insulto a todos los contribuyentes este desolador caso paradigma de la impunidad de la corrupción rampante que nos asola, y que no tiene su correlativo castigo sencillamente porque este país funciona así. Ah, y estos señores en breves meses van a pedirles el voto a todos ustedes de nuevo. Pues eso, voten y paguen impuestos para esto.
Nuestra asociación va a poner una denuncia ante la Oficina Antifraude de la Unión Europea contando con pelos y señales este paradigma de la impunidad que, como tantos y tantos casos, asola nuestro país. También aportaremos la sentencia que se dicte lógicamente además de otras medidas.
Y si elegimos la OLAF es, precisamente, porque ya no confiamos para nada en las instituciones nacionales y mucho menos en la Oficina Antifraude del gobierno central, después de presenciar una nube de abogados y cargos del PSOE festejando la prescripción como si los encausados fueran unos de los nuestros. Desgraciadamente, vivimos en un país donde la norma es la impunidad; un verdadero y pestilente patio de monipodio plagado de farsantes que viven de la política.
En próximas entradas expondremos detalles de este caso que le van a poner los pelos de punta. No se lo pierda. Al menos que no quede por falta de información.
MÁS MADERA (DE JUZGADOS) QUE ES LA GUERRA
CASO PLAZA DE ESPAÑA: EL ESPERPENTO QUE NO CESA
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Y no acaba ahí la cosa. Ayer conocimos un Auto dictado por el Juzgado nº 6 de lo Mercantil que lleva el concurso de acreedores precisamente de la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, por el cual se autoriza la venta al Ayuntamiento de San Fernando de Henares de 176 viviendas, 157 trasteros, 267 plazas de garaje, 51 locales comerciales y 606 plazas de garaje subterráneas en la plaza de España. Aquí lo tiene ustedes.
O dicho de otra forma, ni el comprador sabe realmente lo que compra ni el vendedor sabe realmente lo que vende. Hay quién dé más en este inconcebible esperpento. Ah, y tengan en cuenta una cosa, que la autorización de la venta lleva la firma de todo un señor magistrado y viene extendido en papel con membrete de la administración de Justicia.
¿PUEDE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADQUIRIR INMUEBLES AL POR MAYOR Y SIN SABER SIQUIERA LO QUE ADQUIERE A UN VENDEDOR QUE NO SABE LO QUE LE VENDE?
Rotundamente NO. Pero estamos en San Fernando de Henares, donde una plaza pública se halla introducida en el tráfico jurídico mercantil desde 2008, y nadie del Ayuntamiento sabe ahora dónde está (así lo tienen manifestado en otros procedimientos judiciales), pero que el administrador concursal se la vende ahora al Ayuntamiento camuflada en la finca registral número 31.183. Como lo oyen y como lo leen. De antología oigan.
Es de primero de concejal. Una administración pública no puede comprar inmuebles a lo loco y mucho menos al peso. Pero es que, este acuerdo es, además de un atropello a la legalidad, un rotundo ridículo pues, como decimos, ni el vendedor (el administrador concursal) sabe lo que vende ni el comprador (el alcalde Corpa delegado por el pleno), sabe tampoco lo que compra.
Prometemos más detalles sobre esto en un futuro porque es también el paradigma del funcionamiento anómalo de este país. Cuando una administración pública en connivencia con una entidad bancaria y un administrador concursal, incapaz de hacer un inventario de la masa activa pero con un voluminoso crédito contra la misma, sustituyen todos la ley por su voluntad. Inenarrable todo. Voten, voten y luego paguen pero no se quejen, sufridos contribuyentes.
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